Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa Vol. 02. N°16/2017 by Observatorio S&D

Vol. 02. N° 16.

6 de Octubre de 2017

ISSN 2500-5030

Observatorio S&D

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

OBSERVATORIO S&D 2017. Boletín digital. ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDENBogotá D.C., Colombia.

DIRECTIVOS

Director: Mayor Gener al Nicacio de J esús Mar tínez Espinel Subdirector: Br igadier Gener al J osé Wilson Alzáte Gómez Director CEESEDEN: Cor onel Oscar Mier Gr anda Jefe de Investigación: Teniente Cor onel (RA) Car los Alber to Ar dila Castr o, M.A. Editora: Er ika Paola Ramír ez Benítez Asistente Editorial: Ser gio Luis Avendaño Castr o

El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales –CEESEDEN-, es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y análisis crítico producto de sus investigadores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra o el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales. Esta publicación tiene periodicidad quincenal.

¿Cómo citarnos? Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]

CONTENIDO

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales El Plan Victoria una oportunidad de desarrollo del Estado Colombiano—Segunda Parte (IV) Carlos Ardila Castro, PhD (e)……...……..…………………...…................................… .........…05 La Jurisdicción Especial para la Paz: Nuevos escenarios para la discusión jurídica en Colombia. Jaime Cubides Cárdenas, PhD (e).………........................................................................…..........07 Potencial escenario de influencia regional mexicana: ¿declive de la diplomacia petrolera venezolana en el Caribe? Sergio Avendaño Castro…..……………………..……..…………...…..…………………..…………....10 El Referéndum: Disputa entre el Gobierno Español y el Movimiento Independentista Catalán. Laura Alejandra Orjuela Rojas ….…………………….................................................................13 El efecto del veto migratorio en la lucha contra el terrorismo transnacional. Sebastián Beltrán Valbuena...………….…...…………...…………………….....................................15 China en la carrera espacial. Sebastián Figueroa Sanabria………………………....….……...…………..…..……………………….17 Filipinas: defender el país vs la violación de Derechos Humanos. Camila Mosquera Pacheco……………………..……………...…................................….........……..19 El Sahel: una amenaza fronteriza para España. Karen Burgos Ávila…………………………………….....…..…………….......................................21

Maestría en Estrategia y Geopolítica Ejercicios Militares Conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur: La chispa que puede encender la guerra en el Oriente Asiático. CT. Manuel Alexander Forero Buitrago……………………………...……..……………..…………..23 Departamento de Relaciones Cívicas y Militares ¿Posible injerencia del Estado Islámico en América Latina? Norman Daniel Blanco Cabra……………………………………………………….………………......27 Recursos Académicos Libros sugeridos…...…………………………………………...…………………..…………….29 Artículos sugeridos..…………………………………………...………………...……………….31 3

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El Plan Victoria una oportunidad de desarrollo del Estado Colombiano— Segunda Parte (IV)1. Carlos Ardila Castro, PhD (e) – CEESEDEN2 Continuando con la línea argumentativa que se ha desarrollado en los últimos tres (3) artículos, en los que se resalta la importancia de la unión entre las instituciones del Estado para lograr una sinergia que permita superar las afectaciones que al poder estatal presentan las amenazas, el accionar de grupos insurgentes y como esto se ve reflejado en la situación de Colombia (Marks, 2010). El presente artículo pretende exponer el desarrollo y las ventajas que el Plan Victoria ofrece a nuestro país y a la región. Como respuesta a los desafíos que se presentan con el proceso de negociación con los grupos insurgentes y la aparición de nuevos actores que afectan la Seguridad y Defensa del Estado, las Fuerzas Militares de Colombia desarrollaron un ejercicio de planeación estratégica denominado Comité de Revisión Estratégica e Innovación 5 (Comando General de las Fuerzas Militares,

2016). El cual dio como resultado la formulación de un plan denominado V ictoria, que se constituye en la herramienta de direccionamiento permitirá al conjunto del Estado neutralizar las nuevas amenazas para la nación (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016). Para realizar el análisis del contexto, se toman una serie de fenómenos externos que afectan la seguridad del Estado así: Los conflictos y estados frágiles, las ciberamenazas, los tráficos y el crimen organizado, la lucha por recursos naturales, y finalmente, las consecuencias de la proliferación de grupos y acciones terroristas a nivel mundial. De igual forma se analizó como estos fenómenos también tienen injerencia a nivel interno. En el ámbito interno se pudieron determinar dos (2) riesgos que actúan en convergencia para afectar los intereses estatales. Siendo el primero, los riesgos en seguridad y el segundo, los riesgos económicos; los cuales se pueden sintetizar en el continuo accionar con fines, en algunos casos económicos como en otros políticos, que buscan vacíos en el poder del Estado y maximizan su capacidad de afectarlos. Se puede observar dicho accionar en la Gráfica 1.

Artículo corto resultado del proyecto de investigación: “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia.. 2

Estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Internacional Iberoamericana, México. Magíster Honoris Causa en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “ Brigadier General Ricardo Charry Solano”, Colombia. Magister en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. Jefe de Investigación de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: carlosardilacastro@gmail.com y/o ardilac@esdegue.mil.co.

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Gráfica 1. Factor es conver gentes que amenazan los inter eses del Estado

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares (2016) La respuesta del Estado colombiano, debe estar orientada a neutralizar dicha convergencia de actores y fenómenos de inseguridad. Generando una convergencia de todos los poderes del Estado, con el fin de, como se evidencia en el escrito del profesor Thomas Marks (2010), se logre retomar la iniciativa y con ello se puedan articular todas las capacidades estatales. El Comando General de las Fuerzas Militares construye el concepto de Acción Unificada, logrando la convergencia de altos niveles de vida rural y urbana que logren quitar espacios a los actores criminales (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016). La Acción Unificada busca por intermedio de la articulación de la Fuerza Pública, generar una sinergia positiva en todas las instituciones del Estado y

sincronizar los esfuerzos tanto a nivel nacional, regional, departamental y municipal, así como los organismos de control, sector privado y sociedad civil (sintetizado en la Gráfica 2). Una vez alcanzada la Acción Unificada se puede evidenciar el aumento de la gobernabilidad logrando un control institucional del territorio que aumentara los indicadores de justicia, generara bienestar social, permitirá el desarrollo económico, se lograra incrementar la infraestructura vial, energética y de comunicaciones, permitiendo que se fortalezca institucionalmente el Estado y finalmente se logre una mayor percepción del seguridad. (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016). Como conclusión, la gran tarea a desarrollar por el Estado colombiano y en

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Gráfica 2. Acción Unificada del Estado

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares, (2016) especial por las Fuerzas Militares, es materializar los ejes de la acción unificada, trabajando principalmente en el fortalecimiento institucional permitiendo fortalecer la legitimidad, la seguridad jurídica y la construcción de la memoria historia. De igual forma, en la cooperación y el desarrollo, permitiendo llevar a cabo programas de desarrollo social y económico en zonas vulnerables, desarrollar misiones

humanitarias y de protección del medio ambiente y desarrollando una estrategia solida de cooperación internacional. Finalmente, en el control institucional del territorio desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales (Comando General de las Fuerzas Militares, 2016).

Referencias. CGFM. (2016). Comité de Revisión Estratégica e Innovación V – CREI V. Bogotá D.C.: Comando General de las Fuerzas Militares. Marks, T. (2010) Regaining the initiative: Colombia versus FARC insurgency. En: Marston, D&Malkansian, C.(2010). Counterinsurgency in Modern W arfare. Oxford: Osprey Publishing.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Nuevos escenarios para la discusión jurídica en Colombia 1. Jaime Cubides Cárdenas, PhD (e) CEESEDEN2

El actual proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- es ante todo de carácter político, como todos los procesos anteriores en la historia del conflicto colombiano. Por ello, es necesario articular estos acuerdos políticos para luego darles la forma jurídica que requiera la justicia transicional (Bernal, 2016, p. 53). La justicia transicional (en adelante, JT) es uno de los temas que más trascendencia tiene en los procesos de consolidación de democracias que han sufrido periodos de violencia o conflictos armados internos dentro de su historia (Cubides & Vivas, 2016, p. 67). Se debe partir de una consideración que por más básica que resulte, es muy ilustrativa y no se puede obviar cuando se habla sobre estos temas: los procesos de justicia transicional son siempre sui generis y por ello no se puede sostener que obedezcan a una lógica común como sucede en otras áreas del derecho (Medina & Torres, 2016, p. 166).

El Acuerdo Final firmado por Colombia crea una Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP) que no es del todo novedosa y tiene un antecedente cercano en el ámbito nacional. Con el objetivo de facilitar el proceso de paz, regular la desmovilización y reinserción de los miembros integrantes de los grupos armados al margen de la ley (guerrilla y/o autodefensas) y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación, el legislador del año 2005 expidió la ley 975 (conocida coloquialmente como la Ley de Justicia y Paz) que resultó insuficiente frente a las pretensiones del proceso de paz en La Habana (Cuba) con el grupo armado organizado al margen de la ley FARC.

Fuente: El Libre Pensador (2017)

Estudiante de Doctorado en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Abogado, y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista y Magister en Docencia e Investigación con énfasis en las ciencias jurídicas de la Universidad Sergio Arboleda y Magister en Derecho de la misma casa de estudios. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. Contacto: jaimecubides@gmail.com. 9

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Razón por la cual, se tramitó el acto legislativo 01 de 2012 (conocido como el marco jurídico de la paz), que se nutre de las experiencias dejadas por la Ley de Justicia y Paz, estableciendo otros puntos especiales, dentro de los cuales cabe destacar que: (i) autoriza la creación de mecanismos complementarios de carácter extrajudicial para la investigación, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, (ii) establece criterios de priorización y selección para la persecución penal de los máximos responsables –también implementados para el proceso regido por la ley 975-, (iii) habilita al legislador para ordenar la renuncia a la persecución penal de los casos que no sean seleccionados o priorizados y (iv) permite la reintegración política de los excombatientes de las guerrillas desmovilizadas (Hernández, 2017, p. 223). En conclusión, a efectos de garantizar los derechos de las víctimas y de ser consecuentes con los beneficios que se otorguen en el marco de la justicia transicional, pero también, de manera colateral, para evitar futuros problemas de constitucionalidad y de activación de competencia de organismos internacionales, es indispensable que se creen mecanismos que permitan sancionar el incumplimiento de las exigencias que hacen posible la activación de los beneficios de la justicia transicional. La solución no necesariamente debe ser idéntica a la adoptada en el marco de la ley

de justicia y paz, sin embargo, debe considerarse el endurecimiento de la sanción para tales casos porque, de otra forma, se pondría en riesgo el objetivo de lograr una paz estable y duradera (Caldas, 2016, p. 119). Según el Acto Legislativo 04 de 2017, en su artículo 5 señala la JEP estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Los objetivos que se enuncian dentro del Acto Legislativo enunciado son: satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas. Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional (Acto Legislativo 04, 2017, art. 5).

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Este componente es una novedad en el ámbito de transiciones, tanto en el mundo como en la historia colombiana. Tradicionalmente, las transiciones han terminado con la imposición de un tribunal de la parte vencedora a la parte vencida, o la negociación de perdones bilaterales. En Colombia, por primera vez, las partes negocian el fin de un conflicto armado en la que se auto imponen la obligación de someterse a un tribunal de justicia para rendir cuentas de lo ocurrido (Uprimmy & Guiza, 2017, p. 5). La JEP crea una nueva jurisdicción en Colombia que puede ser considerado un tribunal

transitorio que imparte decisiones en derecho (Cubides & Grandas & 2017), la discusión jurídica se constituye por los nuevos escenarios donde los núcleos problemáticos son las (i) penas, (ii) la conexidad de los delitos con los delitos políticos, (iii) las amnistías y los indultos, (iv) los derechos de las víctimas, y (v) la argumentación para adecuar las decisiones con las obligaciones internacionales en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario.

Referencias Bernal, J. (2016). Justicia transicional con saldo positivo: el reto del equilibrio entre justicia y paz en Colombia. Nova et V etera, 25, pp. 43-55. Caldas, L. (2016). Aproximación a los problemas fundamentales de la justicia transicional. Especial énfasis en las sanciones imponibles en el marco de la jurisdicción especial para la paz. Derecho Penal y Criminología, 37(102), pp. 105-120. Cubides, J., et al. (2016). Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Cubides, J & Grandas, A. (2017). La jurisdicción especial para la paz (JEP). Un Tribunal Ad- Hoc en Colombia. En: Rodríguez, D. & Velez, L. (2017). Sociedad y fuerza pública ante los retos de la paz justicia transicional, víctimas y consolidación democrática. Bogotá: Escuela Superior de Guerra - Editorial Ibáñez. Hernández, N. (2017). El “nuevo” acuerdo final para la paz a través del lente del derecho penal. Nuevo Foro Penal, 13(88), pp. 217-239. Medina, D & Torres, D. (2016). Primeros acercamientos al proceso de paz en la habana: ¿conveniente o desproporcionado? Universitas. Estud. Bogotá (Colombia) N° 13, pp. 155175. Uprimmy, R & Guiza, D. (2017). Reflexiones sobre la reforma constitucional que crea la jurisdicción especial para la paz y regula el tratamiento especial a Fuerza pública. Dejusticia. Recuperado de: https://goo.gl/UNBwne

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Potencial escenario de influencia regional mexicana: ¿declive de la diplomacia petrolera venezolana en el Caribe? Sergio Avendaño Castro - CEESEDEN Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética, formalmente constituido el 29 de junio de 2005 entre Venezuela y varios países del Caribe y Centroamérica. En este, las partes acordaron contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socio-económico y la integración de países del Caribe, mediante el empleo de los recursos energéticos; todo ello basado en los principios integracionistas de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América –ALBA- (SELA, 2013, p. 9). Estos países obtienen petróleo venezolano bajo mecanismos de precios flexibles, pagando cada envío por parte, y financiando el resto a bajas tasas de interés, o pagando el petróleo con bienes y servicios (Stargardter, 2017). Sin embargo, analistas como David Jessop (2015), han considerado que Petrocaribe fue concebido como un medio de Caracas para asegurar aliados políticos que dependen considerablemente de combustibles fósiles, ejerciendo influencia sobre ellos. La estrategia regional venezolana parecería estar motivada por el deseo de ver mayor desarrollo equitativo en la cuenca caribeña, en modos que reflejen su pensamiento social; y por otro lado, busca ampliar resistencia frente a lo que considera como presión ideológica y económica de Estados Unidos – EE.UU.- (Jessop, 2015). No obstante, mantenerse como el proveedor energético en 1

la zona puede resultar oneroso, la bajada del precio internacional del barril de petróleo resta rentabilidad para la petrolera estatal venezolana – PDVSA- de producir grandes cantidades cuando el precio era más alto. Además de los precios internacionales en los recursos energéticos, hay que tomar en cuenta las dificultades financieras domésticas que tiene el gobierno de Nicolas Maduro. De acuerdo con un informe de Stratfor, la reducida finanza pública de Venezuela es producto de haber usado PDVSA para financiar altos niveles de gasto social (Venezuela's Faltering Oil Sector Could Drag Down Petrocaribe, 2014), colocando mucha presión sobre la empresa estatal que representaba una parte considerable de los ingresos. En los últimos años, el declive de ingresos y producción de PDVSA ha reducido los envíos de Venezuela a los miembros de Petrocaribe. Mientras que en el 2012, los miembros del programa energético recibían 121.000 barriles de petróleo por día –bpd-, el año pasado solo recibieron 28.100 bpd (Stargardter, 2017). El informe también menciona las prioridades de exportación de Venezuela, aludiendo que el gobierno no dudaría en deteriorar los compromisos con Petrocaribe si estos amenazaran los compromisos de suministrar a Cuba o a su propio mercado doméstico (Venezuela's Faltering Oil Sector Could Drag Down Petrocaribe, 2014). Ante todo esto, el gobierno mexicano ha estudiado la posibilidad de tomar el rol de Petrocaribe y así aumentar su influencia en la región, incluyendo Cuba. Según un informe de Stratfor de este año, si México lograra este cometido sería un avance para Washington en

Mediante el instrumento jurídico e institucional suscrito en el marco del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe sobre PETROCARIBE. 13

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sus intentos de presionar el gobierno de Venezuela. Afectar la relación de Caracas con La Habana, podría reducir el acceso de Venezuela ha la inteligencia del gobierno cubano, privándolo de un crucial sistema de alerta temprana que concierna riesgos potenciales de EE.UU. (Mexico Sees an Opportunity in Venezuela's Struggles, 2017). También dice el informe, que podría alejar la lealtad que muchos Estados caribeños han tenido con Venezuela, permitiendo que EE.UU. pueda aumentar el apoyo para sancionar a PDVSA al condenar las acciones del gobierno de Venezuela como antidemocráticas en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos. Desde la geoeconomía, podría entenderse mejor cómo semejante movimiento por el gobierno mexicano podría aumentar la influencia política de este país en la zona. Según Pascal Lorot, la geoeconomía es el análisis de las estrategias de orden económico –especialmente comerciales–, decididas por los Estados en el contexto de proteger las economías nacionales o ciertos elementos bien determinados de estas, a conquistar ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la

producción o comercialización de un producto, sobre los cuales su posesión o control confiere a los detentadores un elemento de poder o de proyección internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013, p. 11). Aunque es prematuro decir que México hará esto, o que su estatal petrolera – Pemex – tiene la capacidad de reemplazar los envíos de PDVSA, la agudización de los problemas domésticos en Venezuela dificultará su capacidad como proveedor regional, dejando un vacío energético que puede ser aprovechado por el próximo detentor. Semejante provecho para México, de acuerdo con el Informe de Stratfor mencionado anteriormente, puede dar apalancamiento a este país para la eventual renegociación del Tratado Libre Comercio de Norte América (Mexico Sees an Opportunity in Venezuela's Struggles, 2017). Si bien no es clara la rentabilidad de asumir este rol, los elementos de poder y proyección como patrón energético en la región podrían darle cierta iniciativa, similar a la de Rusia, para avanzar en sus objetivos estratégicos a partir de su dotación energética.

Referencias Instituto Español de Estudios Estratégicos. (2013). Cuaderno de Estrategia 162: La inteligencia económica en un mundo globalizado. Ministerio de Defensa. Madrid: Ministerio de Defensa. Jessop, D. (13 de Noviembre de 2015). Venezuela’s changing Caribbean approach. A ntillean Media Group. Recuperado de: https://goo.gl/17hAiA SELA. (2013). A cuerdo de Cooperación Energética. Caracas: Secretaría Permanente del SELA. Stargardter, G. (23 de Agosto de 2017). Exclusive: Mexico studies supplying Petrocaribe oil if Venezuela govt falls - sources. Reuters. Recuperado de: https://goo.gl/gzayXg Stratfor Analysis. (2014). V enezuela's Faltering Oil Sector Could Drag Down Petrocaribe. Stratfor. Austin: Stratfor. Stratfor Analysis. (2017). Mexico Sees an Opportunity in V enezuela's Struggles. Stratfor, Austin. 14

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El Referéndum: Disputa entre el gobierno español y el movimiento independentista catalán. Laura Orjuela Rojas - CEESEDEN Uno de los pilares de la Unión Europea –UE- es el funcionamiento político resguardado por los derechos humanos y los principios democráticos; pero en la actualidad, un sentimiento nacionalista catalán reposa en España. La comunidad autónoma del noreste de la península ibérica se enfrenta a un referendo para manifestar su intención de separación de España, el cual fue declarado como ilegal por la justicia española. Este instrumento busca la independencia para recuperar la identidad catalana. “El movimiento independentista catalán ha utilizado múltiples herramientas para la movilización y proyección de su causa, propiciando de esa manera la transnacionalización de un movimiento que busca la consecución de un cambio a nivel nacional” (Trujillo, 2016, p. 92). La incertidumbre política y económica frente a una secesión de Cataluña del territorio español es latente. Cataluña tiene un valor económico para España y su perdida implicaría una alta afectación para la estabilidad del Estado español. Acorde a los intereses catalanes, la motivación persiste en que las condiciones de prosperidad de Cataluña están mas garantizadas sin España dadas las problemáticas sociales, económicas y políticas por las que atraviesa. Cataluña intentó lograr la independencia cuatro veces a lo largo de su historia, o para ser más exactos, en los últimos cuatrocientos años. Y en todas

fracaso por distintas razones (Onega, 2017, p.75). Es importante tomar en consideración el escenario en el cual Cataluña iniciaría, pues su separación implicaría la salida de la UE, incluyendo la necesidad de reorganización política y económica como el principal reto de soberanía si la lograse. Las opiniones están separadas y el referendo unilateral no cuenta con el aval español, esto ha provocado una serie de manifestaciones violentas que ha enfrentado a bandos de la justicia española y catalanes que están en contra del referendo; con los independistas que apoyan su consolidación. Frente a esto, Carles Puigdemon quien encabeza la generalidad de Cataluña pide mediación internacional. El problema del referéndum es la inconstitucionalidad de este, ya que atenta contra la legitimidad de la misma, si bien es un proceso democrático, el nacionalismo juega un rol que no encaja con su aplicación. Para Europa, estos movimientos separatistas son un síntoma que desestabiliza los principios de integración demócrata, y es un reto más al cual

Fuente: BBC, (2017)

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se enfrenta junto con la crisis económica y social. La situación de la ciudadanía europea en búsqueda de la separación, alentada por la inconformidad social resultado de las consecuencias adversas de la crisis financiera –el desempleo, la pérdida de pensiones y la reducción a los presupuestos en educación y salud– se ha generado por los ajustes estructurales y con ello se ha transformado la percepción ciudadana acerca de la Unión (Arce, 2017, p. 25). La UE ha catalogado a este referendo dentro de la ilegalidad y señala los hechos violentos originados durante el pasado domingo, donde la fuerza pública arremetió en contra de las personas que buscaban votar. De frente a este hecho, se convocó la doctrina Prodi, que en caso de formalizarse el referéndum, Cataluña será expulsado de la UE.

Por otro lado, la intención de la UE es sentar una negociación, que permita solventar las problemáticas que se pueden desplegar de los intentos de Cataluña para separarse de España. Con el 90% hacia el “si” del total de votantes que salieron el pasado 1 de octubre, queda por cuestionar las herramientas constitucionales que finalmente permitan su aplicabilidad, si se tiene en consideración que el referéndum en principio no fue legitimado por el gobierno español ni por la comunidad internacional ni por la mayoría de personas. Tomando como referencia el principio democrático, este solo fue soportado por el movimiento independista que corrió a las urnas a reafirmar sus intenciones de independencia. De acuerdo a lo último señalado por la Comisión Europea, es fundamental que el gobierno Español en cabeza del presidente Mariano Rajoy convoque una negociación que permita proteger la soberanía española.

Referencias Arce, L. (2017). La crisis económica de la Unión Europea y los movimientos separatistas + Brexit. InterNaciones. Recuperado de: https://goo.gl/u9G7BY Trujillo, J. (2016) Un nacionalismo más allá de las fronteras: la transnacionalización del movimiento independentista catalán. Barcelona. Revista Científiques de la Universitat de Barcelona. Recuperado de: https://goo.gl/UB3135 Onega, F. (2017) Qué nos ha pasado, España: De la ilusión al desencanto. España: Plaza Janés. Recuperado de: https://goo.gl/uqXETF

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El efecto del veto migratorio en la lucha contra el terrorismo transnacional. Sebastián Beltrán CEESEDEN

Valbuena

La administración del Presidente Donald Trump, emitió en la noche del domingo 22 de septiembre del año vigente, una extensión de su veto migratorio a nuevos países, incluidos Venezuela, Chad, Libia, Somalia y Siria. Dando continuidad a una política migratoria restringida y arguyendo que de esta manera, la seguridad nacional se aumenta al disminuir posibles ataques en suelo estadounidense por parte de radicales islámicos. En un principio, los vetos estaban enfocados hacia países de mayoría musulmana, pero en este nuevo decreto presidencial, se suman países en los cuales dicha característica no aplica como Corea del Norte y Venezuela (Laughland, 2017). Lo anterior es justificado, por las crecientes tensiones políticas y diplomáticas entre los países en cuestión. Ambos gobiernos han sido sancionados por autoridades estadounidenses, en ámbitos diplomáticos, económicos y políticos. Sin embargo, para el presente artículo llama la atención que dentro de los países sancionados se encuentre Chad, un aliado estratégico en la lucha contra el terrorismo en la región del Sagel (Campbell, 2017). Prueba de esto, es que Chad hace parte del Trans Sahara Counter Terrorism Partnership -TSCTP1-, cuya función es contrarrestar amenazas terroristas y prevenir la expansión del extremismo violento. El país 1

africano se encuentra rodeado por una región bastante inestable, en especial por actividades terroristas localizadas en Libia y Sudan (Mellen, 2017). Aquí es pertinente mencionar que ambos países tienen grandes crisis internas, que ha llevado a que células del terrorismo trasnacional se localicen ahí, especialmente del autodenominado Estado Islámico. Por otro lado, provee y es lugar del comando central de la coalición, que lucha en contra de otro grupo extremista islámica –Boko Haram- cuya base está localizada en Nigeria. Así mismo, la misión francesa que tiene como principal objetivo disminuir la amenaza terrorista en la región, tiene sus cuarteles en dicho país. Como parte de la coalición, los Estados Unidos a través de componentes de su Marina y Ejército, ha brindado entrenamiento y equipo a las Fuerzas Armadas de Chad, convirtiéndolo en uno de los más preparados, tanto en doctrina como en equipo de África Occidental (Campbell, 2017).

Fuente: Africom. (2015)

Asociación contraterrorista trans sahariana- traducción del autor. 17

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Del mismo modo, ha permitido instalar bases militares estadounidenses que apoyan a los intereses en regiones desde Somalia hasta Mauritania (Weddady, 2017). Tanto es así, que han participado en operaciones de alta categoría junto a tropas francesas, nigerianas y estadounidenses. Como por ejemplo, es el caso de su participación para la liberación de la región norte del Mali acompañando a tropas francesas. De igual manera, tuvieron participación mediante el envío de tropas al norte de Nigeria, para apoyar en la lucha contra Boko Haram (Weddady, 2017). Entonces resulta algo inquietante, la reciente decisión por parte de la Casa Blanca de incluirla es su veto migratorio. A pesar de argüir, que se hace por la falta de disposición por parte del gobierno chadiano en compartir inteligencia con entidades estadounidenses (Laughland, 2017). Sin embargo, dicha justificación queda con bases débiles en

razón de que el gobierno local no comparte información por falta de voluntad, sino más bien por una falta de gobernabilidad; explicada en su aparato estatal que hace que recolectarla sea bastante complejo. Si adicionalmente se analiza la decisión de excluir del veto a Sudan; el cual ha sido señalado por infracciones a los Derechos Humanos, por haber asilado a terroristas de alQaeda, como Bin Laden y tener aproximaciones con el gobierno de Teherán. Por consiguiente, la reciente decisión de incluir a Chad en el veto migratorio debería reconsiderarse ya que puede tener más efectos negativos que positivos. En la medida que este país es un aliado estratégico en la lucha contra el terrorismo en la región de África subshariana, causando que en vez de aportar a la seguridad nacional de Estados Unidos pueda disminuirla al permitir que en las regiones, que se mencionaron a lo largo de este escrito, se desarrollen células de grupos terroristas desde las cuales se pueden planear eventuales ataques.

Referencias Campbell, J. (2017). Counterterrorism Partner Chad Included in New Travel Ban. Council on Foreign Relations. Recuperado de: https://goo.gl/MzG8k7 Laughland, O. (25 de Septiembre de 2017). Trump's latest travel ban: what's new, who's covered, and why now? The Guardian. Recuperado de: https://goo.gl/F9MVyZ Mellen, R. (25 de Septiembre de 2017). Why Is Chad in Trump’s New Travel Ban? Foreign Policy. Recuperado de: https://goo.gl/7q2fG2 Weddady, N. (28 de Septiembre de 2017). Trump’s travel ban on Chad makes absolutely no sense. The Washington Post. Recuperado de: https://goo.gl/nwjf9J

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China en la carrera espacial. Sebastián CEESEDEN

Figueroa

Sanabria—

El periodo clave para el dominio o exploración al espacio, fue entre las décadas de 1950 y 1980, donde el gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética, competían para conquistar el espacio o lo que se denominaba como; carrera espacial. Ese periodo de tiempo, fue un catalizador para la ciencia y la tecnología, lo que promovió la innovación y los resultados científicos para entender mejor el cosmos y el espacio exterior. Actualmente, la República Popular China ha venido trabajando para el desarrollo de una estación espacial propia, la cual se proyecta para ponerla en funcionamiento en el año 2022. El programa espacial chino nació en el año de 1992, después del estadounidense o del ruso. En los últimos años, se ha acelerado su desarrollo con numerosos lanzamientos. El gigante asiático planea nuevas misiones a la Luna y a Marte, para el 2018 se estipula una misión hacia el lado oculto de la Luna (Hemisferio que no puede verse desde la tierra), mientras que para el 2020, se prevé una para el planeta rojo, para estudiar su atmosfera y superficie (Fontdeglória, 2017). De ese modo, China demuestra sus avances tecnológicos con miras hacia el desarrollo espacial, tiene previsto ser una nación dominante e independiente en el ámbito sideral, por medio de distintos planes o misiones a desarrollar en dicha área. Es esencial, para cualquier nación que busque una

hegemonía, poder, independencia y dominio en el Sistema Internacional, ser competente e innovador en todas las áreas que comprometen a las personas y a los Estados, entre esos campos esta la industria espacial. Ese campo actualmente mueve recursos económicos significativos. La inversión se está destinando en mayor magnitud al sector espacial. En 2016, la economía espacial global alcanzó un valor de US$329.000 millones, con el progreso de este sector los costes poco a poco se han ido reduciendo en comparación a los costes en su origen, los satélites se están volviendo cada vez más pequeños y su construcción, más económica, hay cerca de 1.500 en órbita (Bowler, 2017). Se deduce con lo anterior, que actualmente en la industria espacial, tanto el gobierno como el sector privado, están implicados para el progreso de este, se necesita que el sector privado inyecte capital y promueva la investigación, y no se reduzca el presupuesto, tal como expone el autor Fronfia (2011), al decir que,

Fuente: Administración Espacial Nacional China, (2017).

Específicamente la región del Vale do Javari donde ocurrieron los hechos, por el Río Jandíatuba cerca de la frontera entre Brasil y Perú. 2 Comparando con la población total de Brasil, que es alrededor de 200 millones de personas. 19

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En la otra cara de la moneda se encuentra el tejido empresarial cuyo papel es el de abastecedor especializado y de alta cualificación del Ministerio de Defensa. La reducción presupuestaria afecta a las empresas que componen esta industria a través de los contratos y de manera muy desigual, ya que el efecto depende del grado en el que los ingresos totales de las empresas dependen de la demanda del Ministerio. Puede verse como entra ostentar un papel importante “el tejido empresarial” como lo denomina Fronfia (2011), tanto en el Ministerio de Defensa, como en el campo espacial, ya que existen temas espaciales de seguridad nacional. Es vital dicho tejido, actualmente se piensa en comercializar viajes espaciales, así mismo, la excéntrica materia prima, transporte y demás costos, donde algunas empresas privadas se hacen cargo de suministrar. En el caso de China, puede tener otra perspectiva, ya que en esta Nación la

agencia espacial está dirigida por militares, diferente de la mayoría de gobiernos. De igual manera, han podido desarrollarse y demostrar rigurosos avances, poco a poco se adentrado más en el tema con resultados tecnológicos y con miras a mejorar cada vez más el campo espacial. Como por ejemplo, haber construido el radiotelescopio más grande del mundo; el cual tiene un diámetro de más de 500 metros, “el radiotelescopio chino es un poderoso símbolo del renacimiento científico del país, que en 2013 superó a Europa y se posicionó como la segunda nación que más investiga e invierte en ciencia” (Morelle, 2016). A manera de conclusión, el panorama actual para la tecnificación espacial en China ha sobresalido dejando rigurosos resultados, y a la vez deja mucho que esperar. En un corto periodo de tiempo, el país asiático ha logrado significativos avances y resultados en el campo, se tienen grandes expectativas de la nación, el que la agencia espacial de dicho país, sea dirigido por militares, ha dejado excelentes resultados en un periodo de tiempo no muy largo, ya que por lo general estas agencias no están dirigidas por el personal militar.

Referencias Bowler, T. (29 de septiembre del 2017). Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos: ¿quiénes lideran la nueva y feroz carrera espacial? BBC. Recuperado de: https://goo.gl/c6mquC Fontdeglória, X. (2017). China lanza al espacio su primera nave de carga, El país. Recuperado de: https://goo.gl/KXdKAL Fronfía, A. (2011). Presupuesto, tecnología e industria de defensa: una ecuación con tres incógnitas (ARI), Real instituto Elcano. Recuperado de: https://goo.gl/iT2KL2 Morelle, R. (2016). 5 proyectos descomunales con los que China quiere mostrar su poderío científico. BBC. Recuperado de: https://goo.gl/b2WQVJ

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Filipinas: Defender el país vs la violación de Derechos Humanos. Camila Mosquera CEESEDEN

Pacheco

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En aras por defender al país, reducir los índices de corrupción, de violencia, de lucha antidroga y demás problemas internos que se puedan presentar, durante el gobierno del presidente Rodrigo Duterte se han evidenciado ciertas incongruencias en su mandato. Por tratar de asegurar una estabilidad dentro de su territorio, el mandatario de dicho país ha optado por acoger ciertas medidas que han causado pánico y terror dentro del Estado. Teniendo en cuenta, que al obrar de esta manera está cometiendo violaciones a los Derechos Humanos -DDHH- de los ciudadanos. El pasado lunes el mandatario enuncio, “que puede matar a los "idiotas" que se resistan violentamente a ser detenidos, dos días después de que cientos de personas convirtieran el funeral de un adolescente asesinado en una protesta contra su mortífera guerra contra las drogas” (“Duterte autoriza a la policía […]”, 2017). Con los procederes del mandatario, está claro que existe una contradicción en su manera de actuar, pues aparte de las permanentes violaciones de los DDHH, también está afectada la seguridad de la población. No es necesario ultimar a miles de ciudadanos que han actuado en contra de la ley, para garantizar el cumplimiento de su campaña antidrogas. “Duterte, que se ha enfrentado a la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, Estados Unidos y la Unión Europea -UE-

porque criticaron las violaciones de los derechos humanos que se cometen durante su campaña” (“Presidente de Filipinas […], 2016). Relacionando lo anterior, con los altos índices de homicidios en el país, lo cual se considera una alarma inminente, dado que pone en riesgo la seguridad de la población, incluso del territorio. Cuando una parte de la población no se encuentra conforme con las disposiciones del mandatario, se generan ciertas disparidades entre los ciudadanos y el gobierno. Lo que sin duda, genera una desestabilidad política; que a su vez ocasiona rupturas dentro de sus mismas instituciones. Desde que el jefe de Estado, asumió el poder “ha dejado casi 13.000 muertos, la gran mayoría de ellos adictos o dedicados al tráfico de drogas a pequeña escala” (“Presidente de Filipinas […]”, 2016). Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la

Fuente: Univisión (2016)

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violación de otros derechos (“Conceptos clave sobre los DESC […]”, s.f). Sin embargo, con este caso se puede evidenciar que aunque las políticas antidrogas han servido para mitigar la corrupción, entre otros problemas sociales; ha generado una incongruencia, puesto que no puede garantizar la no violación de los DDHH, dado los altos índices de afectaciones que se han presentado con la implementación de esta política. En el momento en que una persona se compromete y jura a nivel nacional e internacional hacerse cargo de un país y proteger el territorio, no se prevé por ningún medio que las se generen acciones contra los DDHH, como en algunas ocasiones se evidencia en Filipinas. “La situación del

respeto a los derechos humanos en Filipinas es absolutamente inexistente. El presidente Duterte y su llamada guerra contra las drogas ha provocado ni más ni menos que una calamidad humanitaria” (García, 2017); una calamidad que si no se frena a tiempo, puede acabar con mayores conflictos dentro de su territorio. Lo que se ha conseguido con estas etapas, campañas y demás, ha permitido un fraccionamiento en el sistema de Seguridad dentro del territorio. Bajo ninguna circunstancia, se puede aceptar por parte de organismos internacionales la violación de los DDHH de una población. No se deben anteponer acciones sobre los DDHH de la población en general, eso va en contra de los lineamientos de Seguridad humanitaria por la que deben velar cada día los gobernantes de un país.

Referencias Conceptos clave sobre los DESC - ¿Pueden exponerse algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales? (s.f). Recuperado de https://goo.gl/b2jpLv Duterte autoriza a la policía a matar a los “idiotas” que se resistan a ser detenidos. (2017, Agosto 28). El País. Recuperado de https://goo.gl/hbZiLB Garcia, V. (2017, Enero 6). La situación en Filipinas es de auténtica calamidad humanitaria. Ser internacional. Recuperado de https://goo.gl/JSqCGi Presidente de Filipinas da un ultimátum a narcotraficantes. (2016, Octubre 28). El tiempo. Recuperado de https://goo.gl/1W7hWG

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El Sahel: Una amenaza fronteriza para España. Karen Burgos Ávila — CEESEDEN El Sahel es una gran franja que recorre África de oeste a este. En esta región geográfica se unen pueblos árabes, bereberes y africanos, de distintas formas de subsistencia y también de diferentes confesiones religiosas. Además, como factor agravante de la situación, las fronteras en la región son muy porosas y difíciles de controlar; la gran extensión territorial de los países hace que existan muchas zonas que escapan del control de los estados que componen el Sahel, caracterizados generalmente por la debilidad de sus instituciones (Martín, S.f). La debilidad de los Estados de la zona y el subdesarrollo económico, son algunos de los factores claves que propician la aparición y el asentamiento de organizaciones yihadistas radicales. Estas se entremezclan con redes de delincuencia organizada, en complejas relaciones que hacen de esta zona de África una de las más inestables del mundo (Fagin, 2017). Es necesario indicar que la muerte de Osama ben Laden en Pakistán, no implica necesariamente la desarticulación del terrorismo global salafista-yihadista. Tras la caída del que ha sido su icono desde finales de los años noventa, el poder podría ser transferido desde Al Qaeda central a sus grupos afiliados, produciéndose una «regionalización» del terrorismo global, y la aparición de varios centros. Uno de esos, se encuentra en los países del Sahel y ha

afectado ya a los intereses vitales de España, al ser capturados varios ciudadanos españoles por Al Qaeda del Magreb Islámico y exigir rescate por ellos (Centro superior de estudios de la Defensa Nacional, 2011). La falta de estructuras de Estado en muchos países que componen el Sahel, ha generado vacíos de poder en algunas regiones muy propicias para el asentamiento de grupos terroristas y otras bandas organizadas causantes de la desestabilización de la zona. Asimismo, hay que tener en cuenta que, para España lo que acontece en esta región tiene una gran importancia. En razón de esto, existen políticas que marcan la Seguridad y Defensa españolas, como son la Directiva de Defensa Nacional de 2012 y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, en ambos se concede a África un protagonismo especial (González, 2014). En este sentido, forma parte de los intereses nacionales españoles, tanto el mantenimiento de las políticas de cooperación en la lucha antiterrorista con los países del norte de África, como el respaldo y apoyo político y económico. También se tiene en cuenta, el fortalecimiento de los acuerdos que contribuyan a la lucha contra el crimen organizado que

Fuente: Acción Humanitaria (2014)

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actualmente se extiende por el Sahel subsahariano, que constituye un escenario excelente para la expansión de los vínculos entre los movimientos islamistas radicales, a la sombra de estas circunstancias. Indudablemente, las intervenciones internacionales en los conflictos que se han producido en el Sahel constituyen una acumulación de equivocaciones, la lista de despropósitos es larga, empezando por la decisión de intervenir, que normalmente se produce tarde, las estimaciones políticas no son realistas, las expectativas creadas sobre la acogida local y sobre una rápida democratización del país suelen ser ingenuas, la aportación de fuerzas es insuficiente, y por último, se suele desdeñar las tensiones internas de la sociedad, así como la capacidad de convocatoria de los insurgentes (Gonzalez, 2014).

Aunque la desestabilización de un país de la zona del Sahel puede constituir una amenaza capaz de ser analizada por sí sola, la región presenta un escenario en el que, dadas las características existentes de las amenazas, se puede concluir que estas son mayores a las partes que podrían hacerle frente. España podría afrontar las crisis que pueden poner en peligro su seguridad -como es el caso de las ocurridas en el norte de África y Oriente Medio (el Sahel)-, y ejercer el papel que por su poder económico y político le corresponde; pero para ello, debería reforzar su defensa involucrando esfuerzos conjuntos en el Sistema Internacional, generando un paso esencial para la coordinación de los esfuerzos de los diversos actores. (Centro superior de estudios de la Defensa Nacional, 2011).

Referencias Acción humanitaria. (15 de febrero de 2014). Acción humanitaria. Recuperado de https://goo.gl/ ZFNLzX Centro superior de estudios de la Defensa Nacional. (2011). Los intereses geopoliticos de España: panorama de riesgos y amenazas. Madrid: Ministerio de Defensa. Fagin, J. C. (13 de Febrero de 2017). El Sahel, amenazas de la nueva frontera. Instituto español de Estudios Estratégicos. Recuperado de: https://goo.gl/gcS5o7 Gonzalez, A. (27 de Noviembre de 2014). A que nos enfrentamos en el Sahel. Universidad de Granada. Recuperado de: https://goo.gl/Upb4wC Lavín, M. d. (2016). La negación de Derechos a las personas presas y exiliadas vascas: problemas para asegurar sus derechos sociales. Bogotá: Universidad del Rosario. Martín, M. Á. (S.f). Unirioja. Nin, M. C. (2014). Á frica al sur del Sahara: conflictos y degradación ambiental en el Sahel. Universidad Nacional de Colombia.

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Ejercicios Militares Conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur: La chispa que puede encender la Guerra en el Oriente Asiático. Manuel Alexander Forero Buitrago – Maestría en Estrategia y Geopolítica Este escrito busca mostrar la situación, que existe en relación a que Estados Unidos y Corea del Sur realicen el ejercicio militar conocido como Ulchi Freedom Guardian, dadas las condiciones del presente escenario del Sistema Internacional. Corea del Sur y su aliado de Occidente desarrollan en conjunto tres (3) ejercicios militares de simulación, en relación a la tesis de una posible invasión o reactivación de hostilidades. Las cuales se desarrollaban entre Corea del Sur y Corea del Norte, y están cesadas desde 1953, gracias a la firma del Armisticio Coreano, estos llevan por nombre Foal Eagle -FE-, Kye Resolve KR-, Ulchi Freedom Guardian -UFG-. El UFG es un ejercicio militar combinado entre Corea del Sur y los Estados Unidos, es la mayor implementación de comando y control computarizado del mundo, el cual se centra principalmente en la defensa de Corea del Sur de un ataque norcoreano (Ulchi-Freedom Guardian, 2017). El ejercicio se inició en 1976, y se realiza anualmente durante la segunda mitad del mes de agosto, es decir, que se desarrolla en un ambiente de relaciones internacionales cambiante y enmarcado en declaraciones ofensivas de parte y parte.

Históricamente, el desarrollo de estos ejercicios militares por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, ha traído como consecuencia que Corea del Norte justifique la práctica de ensayos nucleares. De esta manera, se generan tensiones que ponen en jaque al Sistema Internacional, ya son seis (6) ensayos nucleares realizados por Corea de Norte desde el 2006 (el primero fue en Octubre de 2006, lo siguieron el del 25 de mayo de 2009, 11 de febrero de 2013, 6 de enero de 2016, Abril y Septiembre 2016), después que fuera expulsado del tratado de no proliferación nuclear -NPT- (Espinosa, 2017). El UFG como ejercicio militar desarrollado en el periodo de Barack Obama, quien solía acudir a la Organización de las Naciones Unidas para sancionar al régimen norcoreano, estando en posición de dialogar con Corea del Norte siempre y cuando mostrara que había dejado a un lado sus ambiciones nucleares (“Corea del Norte no conseguirá […]”, 2012). Sin embargo, bajo este gobierno nunca utilizó amenazas de acciones militares, llegó a recurrir a medidas como ofrecer alimentos para alivianar la hambruna que pasa hoy en día su contraparte.

Fuente: 7th Air Force (2017)

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Actualmente, el gobierno de Donald Trump muestra otro tipo de acciones, el desarrollo del UFG puede llegar a desencadenar el rompimiento del débil equilibrio que se mantiene cerca al paralelo 38 y con ello traer consecuencias impredecibles más allá de la península Coreana. China ha anunciado que en caso de una acción militar por parte de Estados Unidos en contra de Corea del Norte, este saldrá en defensa de su vecino tal cual lo hizo en 1950. Sin embargo, si es Corea del Norte la que da el primer golpe se mantendrá neutral ante la respuesta que dicha acción cause de parte de Estados Unidos (“Decisión clave: las tres opciones […]”, 2017). Por otro lado, los demás actores del Sistema Internacional, específicamente: Francia, Rusia, Alemania, entre otros, han pedido cordura en las palabras y en las acciones. La falta de acción y el silencio Chino ha incomodado tanto a Donald Trump, quien ha recriminado la falta de presión para que Corea del Norte abandone su programa nuclear; como a Kim Jung Un quien ha calificado ese silencio como traición, además de casi estar de acuerdo con las sanciones recientemente impuestas por la ONU.

La mayoría de las potencias no ven viable que estalle una guerra entre Estados Unidos y Corea de Norte, sin embargo, no se pude dejar a un lado las características y rasgos de personalidad de los líderes de cada una de estas naciones. Como se dijo al principio del presente artículo, ya no es Barack Obama quien está rigiendo los destinos de Estados Unidos cuya política exterior fue más diplomática que la del magnate que lo sucedió. Como consecuencia, el menor movimiento mal planeado puede generar una disputa que nadie desea, así es como realmente el desarrollo del UFG puede ser la chispa que dé inicio a una bola de nieve que de darse tendría consecuencias inciertas. En consecuencia, y dado lo anterior sería prudente y racional que el UFG se cancelara y se diera paso al dialogo entre las partes para desescalar el lenguaje y las intenciones que lleven a la estabilización del Sistema Internacional en esa área del mundo. Sin embargo, la comunicación entre los actores de esta tensión es casi inexistente por no decir nula, sumado al carácter y radicalización ideológica de los jefes de Estado lo que no permite que este escenario de tensión desaparezca fácilmente.

Referencias Corea del Norte no conseguirá nada con provocaciones, dice Obama. (25 de marzo de 2012). CNN. Recuperado de: https://goo.gl/EBVEWn Espinosa, J. (2017). Un mirador a las pruebas nucleares de Corea del Norte. El Mundo. Recuperado de: https://goo.gl/9u2NnT Ulchi-Freedom Guardian (15 de mayo de 2017). globalsecurity.org. Recuperado de: https://goo.gl/ Eq21Rp Decisión clave: las tres opciones que maneja China si Corea del Norte y Estados Unidos entran en guerra. (11 de agosto de 2017). Infobae. Recuperado de: https://goo.gl/h47MHZ 26

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El rol de la Fuerza Pública en el postconflicto. Norman Daniel Blanco Cabra— Departamento de Relaciones Civiles y Militares. A partir de los acuerdos de paz logrados entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el gobierno de Colombia, y el eventual postconflicto ha planteado el papel que deben jugar las Fuerzas Militares en dicho escenario. Ya que al dejar atrás el conflicto armado, esto significa un cambio en las acciones a realizar, aunque las funciones sigan siendo las mismas. Es así que, por mandato constitucional, se le otorga a las Fuerzas Militares la finalidad de “defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Constitución politica de Colombia, 1991), empero, en este nuevo escenario las estrategias cambian, ya que el combate contra guerrillas insurgentes se verá reducido. Teniendo esto en cuenta, se ha planteado desde distintas corrientes el papel que tomarán las Fuerzas Armadas, identificando dos posibles escenarios: 1) debido a que las problemáticas que se esperan en este nuevo contexto son de carácter civil, se propone una disminución en el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento de la policía (Uribe López, 2014; Cardenas Sepulveda & Petro Gonzalez , 2014; & Garzón Galeano, Parra González, & Pineda Neisa, 2003); y 2) desde la otra orilla, se plantea que la disminución

del pie de fuerza militar no se puede dar en este escenario, puesto que es necesario enfrentar nuevas amenazas que aparecen como rezago del conflicto, tales como el crimen organizado, bandas disidentes de las organizaciones insurgentes y el narcotráfico (Maldonado, 2015; & Velásquez, 2015). Incluso, Velásquez (2015) propone la creación de una Guardia Nacional Rural, un cuerpo institucional que tendrá funciones tanto civiles como militares en las zonas más proclives a las nuevas problemáticas. A pesar de acrecentarse el debate sobre el papel de las Fuerzas Militares en el postconflicto y sus correspondientes reformas, es necesario tener en cuenta que debido a las dinámicas propias del conflicto armado. El Estado no ha logrado consolidarse a lo largo del territorio nacional, siendo así que su tarea fundamental – protección de la soberanía y la integridad territorial- no se ha dado de igual manera, sobretodo en territorios que estuvieron bajo el control de la guerrilla de las FARC. En este sentido, con la actual coyuntura, es necesario explorar nuevas estrategias para implementar la seguridad en los territorios y adquirir la confianza de la población, con el fin de cumplir las funciones encomendadas constitucionalmente. Sin embargo, logar este cometido requiere de un análisis profundo, debido a que no todos los territorios tienen las mismas problemáticas ni se enfrentan a las mismas amenazas, por lo que resulta imperioso buscan las estrategias adecuadas para llegar a los territorios, consolidarse y garantizar la seguridad. Es así que resulta necesario que las Fuerzas Militares se preparen para nuevas amenazas, ya que el postconflicto no implica en

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sí mismo la ausencia de conflictos en la sociedad, sino más bien la superación de uno de los problemas más relevantes, haciendo que afloren nuevos. Estos se pueden referir a situaciones que han estado por largo tiempo en la historia colombiana pero que habían sido invisibilizadas, como la falta de garantías para el ejercicio de la participación política a grupos opositores y el abandono del Estado de ciertas zonas del país. Como también se puede referir a nuevos problemas producto del escenario actual, tales como las posibles disidencias de la guerrilla, el control y la consolidación territorial, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero frente a este escenario resulta pertinente plantear la cuestión de hasta qué

punto son las Fuerzas Militares las llamadas a solucionar estas problemáticas, puesto que muchas de estas pasan por distintas instancias del Estado que van más allá de los servicios de seguridad. Además, como lo ubican los autores de la primera tendencia, existen amenazas de carácter civil, por lo que –al menos en el plano normativo- la Policía debería ser las encargada de asumir ese reto. No obstante, como lo señala Alejo Vargas (2006), debido a las dinámicas propias del conflicto armado interno, Colombia se caracteriza por tener una Fuerza Militar “policivilizada” y una policía “militarizada”, situación que impide establecer los límites entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, y con ello, los roles que debe cumplir cada una de las Fuerzas.

Referencias Cardenas Sepulveda, S. L., & Petro Gonzalez , I. (2014). Rol de las Fuerzas A rmadas y la Policía en el marco del posconflicto colombiano. Pereira: Universidad Libre. Garzón Galeano, J. D., Parra González, A. D., & Pineda Neisa, A. S. (2003). El postconflicto en Colombia: Coordenadas para la paz. Bogotá: Universidad Javeriana. Maldonado, C. E. (2015). Sobre la transformación en curso de las Fuerzas Militares en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario. República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá. Uribe López, M. (2014). Fuerzas armadas, postconflicto y seguridad ciudadana. Bogotá: Corporación Viva a Ciudadanía. Vargas, A. (2006). De una policía militarizada a una policía civil: el desafío colombiano en el postconflicto. Ciencia Política, 179-212. Velásquez, C. A. (2015). La fuerza pública que requiere el postconflicto. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

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Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa. Compiladores: Sergio Avendaño Castro, Sebastián Beltrán Valbuena, Sebastián Figueroa Sanabria Camila Mosquera Gonzales, Laura Orjuela Rojas y Karen Burgos Ávila De Sousa, S.; Saveiro, F.; Cuadrado, J.; Gil, A.; Gonzáles, L.; Láuzara, F.; Requena & Díez de Revenga, M. & Vivas, P. (2017). Globalización y cambios en la actual agenda de seguridad. Madrid, España: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Recuperado de: https:// goo.gl/8pNhii

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Compiladores: Sergio Avendaño Castro, Sebastián Beltrán Valbuena, Sebastián Figueroa Sanabria Camila Mosquera Gonzales, Laura Orjuela Rojas y Karen Burgos Ávila Cordesman, A. (11 de Septiembre de 2017). Afaganistan, Iraq, Somalia, and Yemen: Once Again, Is half a Strategy Better than None? Center for strategic and international studies. Recuperado de: https://goo.gl/ zfu7nD

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