Vol. 02. N° 18.
Noviembre 03 de 2017
ISSN 2500-5030
Observatorio S&D
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
OBSERVATORIO S&D 2017. Boletín digital. ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDENBogotá D.C., Colombia.
DIRECTIVOS
Director: Mayor Gener al Nicacio de J esús Mar tínez Espinel Subdirector: Br igadier Gener al J osé Wilson Alzáte Gómez Director CEESEDEN: Cor onel Oscar Mier Gr anda Jefe de Investigación: Teniente Cor onel (RA) Car los Alber to Ar dila Castr o, Ph.D (e). Editora: Er ika Paola Ramír ez Benítez M.A. (c) Asistente Editorial: Ser gio Luis Avendaño Castr o
El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales –CEESEDEN-, es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y análisis crítico producto de sus investigadores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra o el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales. Esta publicación tiene periodicidad quincenal.
¿Cómo citarnos? Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]
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CONTENIDO
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Estado y Crimen Organizado en América Latina. Claudia Garay Acevedo PhD ………………................................................................…...........05 El Caso Ortiz Hernández y otros vs Venezuela: Responsabilidad internacional por la muerte de un cadete de la Guardia Nacional Venezolana.
Jaime Cubides Cárdenas PhD (e) ……………………………………………………………………..07 Kurdistán: entre los retos reales e imaginarios. Jonnathan Jiménez Reina PhD (c) …………………………………………………………………....13 El programa de submarinos SEA1000: ¿Final de la dependencia estratégica? Sergio Avendaño Castro…………………….……..…………...…..…………………..……...……….17 El fin de la represión islámica extremista en Raqqa. Laura Alejandra Orjuela Rojas …….…………………….........................................................19
China bajo Xi Jinping; logros y desafíos bajo su mandato Sebastián Beltrán Valbuena.…………………………..…………………….....................................21 El aire del glifosato en el Viejo Continente. Sebastián Figueroa Sanabria………………………....….……..……………………………………...23 Epidemia opiácea, un abuso que tiene en alerta al país norteamericano. Camila Mosquera Pacheco……………………..……………...…................................….........…..25 Nigeria: condiciones que generan estabilidad al grupo terrorista Boko Haram. Karen Burgos Ávila…………………………………….....…..……………....................................27 Myanmar y su conflicto étnico. Karen Burgos Ávila…………………………………….....…..……………...................................29 Recursos Académicos Libros sugeridos…...…………………………………………...………………………………31 Artículos sugeridos..…………………………………………...……………….…………...….33
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Estado y Crimen Organizado en América Latina1. Claudia
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CEESEDEN Según Míguez (2016), las trayectorias de los criminales son diferentes a las de los rebeldes que se criminalizan; pero al final, ambas figuras terminan por adquirir un papel político en la sociedad a partir de regular el orden social de las comunidades periféricas y marginales. Situación que converge de manera literal con la noticia de la cadena BBC (2017), en la cual se enumeran a seis (6) de los países de América Latina como los que tienen peores índices de criminalidad en el mundo. Lo cual lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Ser Humano no busca el dinero a través de sus propias acciones, sino que busca lo que le provee el dinero. El poder dirigido hacia lo que dependiendo de cada una de las condiciones intrínsecas que provean su mentalidad, se convertirá en el medio para lograr lo que según sus intereses conceptualice como el Bien Común. En este entendido, la necesidad de adquisición de poder a nivel de Estado surge a partir de la ausencia, de lo que Aristóteles definió como justicia distributiva. Es decir, el otorgamiento de oportunidades de manera
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equitativa para todos los integrantes de un Estado, de un territorio permeado de poder. Este fenómeno abre la oportunidad a sus asociados, específicamente a los integrantes de las comunidades periféricas y marginales, de que al sentir sus Derechos básicos comprometidos por la ambición y corrupción de sus gobernantes, reconozcan al crimen como el medio de suplencia de las necesidades no cubiertas por la figura estatal. Fenómenos como las alianzas de la insurgencia y los criminales con las élites sociales, la imposición de justicia y orden por medios pacíficos o terroríficos, sin importar si logran una equidad real; terminan siendo aceptados por estas comunidades, convirtiéndose rápidamente en instituciones de influencia política, de manejo de poder y gobernabilidad. Alianzas que rotan sobre ejes de cooperación, legitimación, traición, asimetría y convergencia, con un único fin de la adquisición de poder, vista esta relación como un clientelismo consolidado desde la única oportunidad de acceso a ello. Un elemento fundamental en este fenómeno, es la influencia marxista-leninista en la ideología de la insurgencia, pues el fundamento de la crítica al capitalismo desde la opresión al proletariado por un Estado que es dueño total y absoluto de los medios de producción, conlleva a la idea de que los marginados al sentir esa opresión no tienen
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Artículo corto de análisis coyuntural vinculado al proyecto de investigación “Desafíos a la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia” Fase II del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), vinculado al grupo de investigación “Memoria Histórica, Derechos Humanos, DICA y Justicia reconocido y categorizado en (D) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. 2
Doctora en Derecho Internacional en la Universidad Alfonso X El Sabio, España. Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Especialista en Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados de La Escuela Militar General José Maria Córdova, Colombia. Abogada de la Universidad Santo Tomas, Colombia. Investigadora y Asesora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: ga5 rayc@esdegue.mil.co y/o claugaray@hotmail.com.
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otra opción que generar mecanismos y procesos que permitan suplir sus necesidades básicas. No obstante, esta visión dista en algunos puntos con la realidad latinoamericana, la historia ha demostrado que el uso sistemático de las practicas delincuenciales para financiar el crimen, sin que la unidad de mando y el compromiso ideológico de los delincuentes se descomponga. Puede ser muy débil cuando se ha pasado de una concentración a una desconcentración de poder en su organización, a partir de la presión ejercida por los organismos estatales, pues no se puede desconocer que el individuo por su naturaleza misma, siempre está en la búsqueda de la suplencia de necesidades y satisfacción de intereses propios, lo que generalmente proyecta la sublevación de los
mandos medios en la jerarquía de una organización de carácter estamental. Finalmente, es indiscutible la realidad al identificar que los rebelde-insurgentes y las mafias-criminales aunque poseen fines diferentes (la guerrilla el de derrocar al Estado y transformar a la sociedad en su conjunto; y las mafias el de, imponer regulación extractiva sobre comunidades periféricas a través de alianzas con el Estado), tienen un mismo interés: su imposición como autoridad. El dominar el orden local, consolidando de esta manera lo que todo Ser Humano busca desde su creación: la acumulación de poder, entendido este como el logro del bien común teniendo en cuenta una concepción y una esfera individual, como el cubrimiento de las necesidades básicas de él y de su conglomerado.
Referencias. Aristóteles, (2007). La Ética y la Política de Aristóteles. Roma: lampi di stampa. Míguez, D. (2016). Estado y Crimen Organizado en América Latina. El Ancora: Editores. América Latina con peores índices de criminalidad en el mundo. (2017). BBC. Recuperado de: https://goo.gl/zCU3MJ.
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El Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela:
Responsabilidad
internacional por la muerte de un cadete de la Guardia Nacional Venezolana1. Jaime Cubides Cárdenas PhD (e)2 CEESEDEN El 13 de mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) el caso de “Johan Alexis Ortiz Hernández” contra Venezuela. De acuerdo con lo indicado por la CIDH, el caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la muerte de Ortiz Hernández el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro. El joven Ortiz Hernández era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero -ESGUARNAC- y, de acuerdo a la CIDH, habría muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, en el contexto de una “práctica de fogueo” realizada con balas reales al interior de la instalación militar, como requisito para completar su formación como funcionario de la referida institución.
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De acuerdo a lo alegado, el Estado no habría dado respuesta de manera adecuada ni oportuna a las lesiones sufridas por Ortiz Hernández, al no contar con personal médico especializado, ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado hasta un centro médico. Según la CIDH, las supuestas graves omisiones e irregularidades incurridas en la investigación, así como la falta de debida diligencia, constituyeron factores de impunidad que habrían obstaculizado la determinación de la verdad y la eventual sanción a los responsables (Corte IDH, Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, 2017, párr. 1). El caso de Ortiz Hernández, se remonta a una petición que realizaron los padres del cadete el 15 de marzo del 2000, seguido a esto la CIDH el 25 de febrero de 2005 presenta informe de admisibilidad. El 6 de enero de 2014, se nombran defensoras públicas interamericanas a dos (2) abogadas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas -AIDP- para la representación ante la Corte IDH. El 29 de enero de 2015, se presentó informe de fondo de la CIDH ante el Estado Venezolano donde presenta las siguientes recomendaciones: i. [r]ealizar una investigación completa, imparcial y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el
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Artículo resultado del proyecto de investigación: “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia – Fase II”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. 2
Estudiante de Doctorado en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Abogado, y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista y Magister en Docencia e Investigación con énfasis en las ciencias jurídicas de la Universidad Sergio Arboleda y Magister en Derecho de la misma casa de estudios. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General 7 Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: jaimecubides@gmail.com.
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[…] informe, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de los hechos descritos; ii. [d]isponer de las medidas administrativas disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso; iii. [r]eparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el […] informe tanto en el aspecto material como moral, y iv. [d]esarrollar las medidas necesarias para asegurar que los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales sean protegidos debidamente en los cursos de capacitación y procesos de formación” (Corte IDH, Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, 2017, párr. 2). El informe de fondo de la CIDH fue notificado a Venezuela el 13 de febrero de 2015, otorgándole un plazo de dos (2) meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones; donde no se pronunció Venezuela sobre el asunto. Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. Por su parte, el 10 de septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convención Americana, la cual entró en vigor el 10 de
septiembre de 2013. De acuerdo con el artículo 78.2 de la Convención, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, tomando en cuenta que los hechos analizados son anteriores a la entrada en vigor de la denuncia de la Convención (Corte IDH, Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, 2017, párr. 13). Como lo afirma Ayala-Corao (2012) es evidente por tanto, que conforme ha quedado argumentado, la denuncia de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos CADHconlleva una regresividad inconstitucional, al excluir y restringir las obligaciones internacionales del Estado Venezolano, de respeto, garantía y protección de los derechos reconocidas en dicho instrumento internacional, así como particularmente el derecho de protección ante los órganos internacionales previstos en el mismo (Ayala-Corao, 2012, p. 78). En la doctrina venezolana (Anaya, 2017) (Brewer-Carías, 2017) (Centeno & Mata, 2017) advirtió que, la decisión de denunciar la CADH es contraria a la supremacía constitucional de los tratados relativos a Derechos Humanos (art. 23); la disposición sobre estados de excepción (art. 339); el derecho de petición internacional (art. 31); el principio de progresividad de los derechos humanos (art. 19) y el principio rector de las relaciones internacionales basadas en los derechos humanos (art. 152). Más recientemente, el 14/01/2016 la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Mediante el cual exhortó, a todos los
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jueces y tribunales de la República, así como también a todos los funcionarios del Estado venezolano a cumplir y ejecutar en forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos antes referidos, dictados por organismos internacionales de protección de Derechos Humanos; y a interpretar las decisiones, resoluciones, opiniones, medidas o actos antes referidos siempre de manera garantista y respetando el espíritu de protección de derechos (Espinoza, 2017, pp. 200-201). En este sentido, la CIDH como órgano competente del Sistema Interamericano, para promocionar y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, es una de las fuentes de obligada referencia en los análisis de situación de Venezuela. En su Informe Anual 2015, señaló que sufre problemas estructurales en acceso a la justicia e independencia judicial. Aspectos como la provisionalidad de los jueces, su vulnerabilidad en la permanencia del cargo de los jueces, y las limitaciones al Código de Ética son indicadores de este deterioro. Asimismo, la CIDH emitió en el año 2015, varias decisiones en seguimiento a las sentencias que conoció antes de que el Estado denunciara la CADH. En este sentido, tres (3) de esas sentencias desarrollan ampliamente el contenido del derecho de justicia, y las diferentes acciones que debe emprender el Estado para cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía que en la actualidad quebranta continuamente (Louza, 2017, pp. 121-122). La Corte IDH declara responsabilidad internacional a Venezuela por violación a los
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derechos de la vida y la integridad personal, a la garantía de juez natural, a los derechos de las garantías judiciales y protección judicial en el caso de Ortiz Hernández. La Corte IDH, dispone como forma de reparación: 6. Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación. 7. El Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones y el proceso penal en curso, así como abrir las investigaciones que sean necesarias con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández en un plazo razonable, en los términos de los párrafos 192 y 193 de la presente Sentencia. 8. El Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron con su actuación a la demora del proceso y a la denegación de justicia y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley prevea, en los términos del párrafo 194 de la presente Sentencia. 9. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que las víctimas o sus representantes, en particular el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Zaida Hernández de Arellano, cuenten con las debidas garantías de seguridad para continuar con su búsqueda de justicia, en acuerdo y coordinación
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con las mismas, en los términos del párrafo 195 de la presente Sentencia. 10. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el párrafo 199 de esta Sentencia. 11. El Estado debe realizar las publicaciones y la radiodifusión indicadas en los párrafos 203 a 205 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 209 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe designar con el nombre de Johan Alexis Ortiz Hernández una promoción de egresados de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, de conformidad con lo establecido en el párrafo 212 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe, de acuerdo a la naturaleza y finalidad de cada ejercicio en el ámbito de la instrucción militar de los estudiantes de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, establecer de forma expresa el tipo de municiones a utilizarse y, en su caso, justificar de forma estricta la necesidad militar de utilizar balas reales en un ejercicio en concreto, de conformidad
con lo establecido en el párrafo 217 de la presente Sentencia. 15. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 235, 239, 246, 247, 248 y 255 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 260 a 265. 16. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de los párrafos 259 y 265 de esta Sentencia. 17. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 205 de la presente Sentencia. 18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. (Corte IDH, Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, 2017, p. 78). Este caso fue competencia de la Corte IDH porque no estaba en vigor la denuncia del 2013 por parte de Venezuela, además los hechos datan de 1998, en la etapa de la CIDH
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duró el procedimiento aproximadamente quince (15) años, Venezuela no se pronunció sobre el informe de fondo que emitió la CIDH y por eso el caso llego ante la Corte IDH, declara la responsabilidad internacional de Derechos Humanos. La condena hacia el Estado venezolano, constituye unas obligaciones internacionales que deben ser cumplidas y acatadas por Venezuela, de conformidad con los mismos actos que hizo la asamblea venezolana en el año 2016. Es importante, recalcar que el Estado venezolano debe, de acuerdo a la
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naturaleza y finalidad de cada ejercicio en el ámbito de la instrucción militar de los estudiantes que van a ser miembros de la Fuerza Pública, establecer de forma expresa el tipo de municiones a utilizarse y, en su caso, justificar de forma estricta la necesidad militar de utilizar balas reales en un ejercicio en concreto. Siguiendo la doctrina interamericana, este sería un estándar internacional aplicable para todos los Estados parte que tengan instrucción militar para futuros miembros de la Fuerza Pública.
Referencias. Anaya, A. (2017). Los regímenes internacionales de derechos humanos: la brecha entre compromiso y cumplimiento. REVISTA IUS (México), 11(40). Ayala-Corao, C. (2012). Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela. Revista Europea de Derechos Fundamentales/ European Journal of Fundamental Rights, (20), 45-82. Brewer-Carías, A. R. (2017). Los efectos de las presiones políticas de los Estados en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso de denegación de justicia internacional y de desprecio al derecho. Ars Boni et Aequi, 12(2), pp. 51-86. Centeno, J., & Mata, G. (2017). Hegemonía comunicacional y libertad de expresión en Venezuela. El caso RCTV. Revista mexicana de opinión pública, 22, pp. 35-53. Corte IDH (2017). Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela. Sentencia de 22 de agosto de 2017 (fondo, reparaciones y costas). Espinoza, A. (2017). La interpretación y ejecución de sentencias de los órganos internacionales sobre derechos humanos. Estudio comparativo en Alemania, España y Venezuela. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica, 170. Louza. L. (2017). La estrecha y necesaria relación entre independencia judicial, Estado de derecho, el respeto de los Derechos Humanos y democracia. Venezuela como caso de estudio. Acta Sociológica, 72, pp. 95-127.
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Kurdistán: entre los retos reales e imaginarios1. Jonnathan Jimenez Reina PhD (c)2 CEESEDEN Hace tres (3) años, en la edición 31 de fecha del 03 de septiembre de 2014 del Observatorio S&D, el autor del presente artículo publicó un documento llamado “El posible surgimiento del Estado del Kurdistán” . En dicho artículo, el argumento principal era que el Estado del Kurdistán podría surgir teniendo en cuenta el apoyo internacional que ha venido gozando gracias a su papel en el conflicto sirio (Jiménez, 2014). Sin embargo, en la actualidad, dichas posibilidades se han visto representadas en hechos reales, principalmente en el Kurdistán Iraquí, región en la cual se presentó un referéndum independentista. El referéndum kurdo fue convocado por el líder kurdo y presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, quién decidió mantener y avanzar con el referéndum sin importar la presión internacional, las amenazas vecinas y la oposición política interna (Espinosa, 2017a).
Gracias a esa decisión, el referéndum arrojó un resultado del 92% por el “Sí”, el 7,27% por el “No” y el 1,21% de “Votos Nulos” (“El ‘sí’ a la independencia […]”, 2017). Las autoridades kurdas, después de este resultado, han expresado su intención de entablar un dialogo con Bagdad para realizar un proceso de independencia que sea beneficioso para ambas naciones. Pero, ante la posibilidad de pérdida de soberanía del territorio constitucional, el gobierno iraquí no se sentará en la mesa (Carrión, 2017). La posición que se defenderá en estas líneas es que dicha intención de independencia es supremamente difícil, por no decir que imposible. Es cierto que las naciones tienen el derecho de auto-determinarse, y que la Comunidad Internacional debe respetar dicho derecho. Sin embargo, estas acciones deben realizarse en el marco de la legalidad, principalmente, de obediencia a los principios y orientaciones constitucionales que tiene el Estado. Un ejemplo de esta buena práctica, es el referéndum de independencia de Escocia en 2014. Dicho referéndum, se gestó del acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido (Inglaterra,
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Artículo resultado del proyecto de investigación: “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia – Fase II”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. 2
Candidato a Doctor en Seguridad Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED-, España. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Investigador y asesor de publicaciones científicas del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Asistente editorial de la revista científica Estudios en Seguridad y Defensa del CEESEDEN de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Docente de la Metodología de la Investigación en el Curso de Estado Mayor -CEM- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: jimenezrj@esdegue.mil.co y/o jonnathan_jimenez008@hotmail.com. 13
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Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y el Gobierno Escoces (autónomo pero no independiente). Este acuerdo gozo de legalidad y de los medios electorales para realizarse. Al final, los resultados arrojaron un 55,3% por el “No”, un 44,7% por el “Si”, y una participación del 84,6% (“Resultados del referéndum de independencia […]”, 2014). En términos reales, y como se anticipó en el documento publicado en el Observatorio S&D en el 2014, a pesar de que la votación de la población del Kurdistán Iraquí3 arrojara un alto porcentaje por la independencia, esta no se puede declarar o ejecutar de manera efectiva. Esta noción obedece al análisis de los diferentes factores: a) El factor político es el más fuerte pero no inamovible. Si bien la región autónoma del Kurdistán iraquí posee un gobierno autónomo y fortaleza dentro del modelo democrático, existen disputas internas que imposibilitan un gobierno de unidad nacional que pueda consolidar dicho objetivo político en su totalidad. Ejemplo de esto, es la renuncia del líder kurdo y promotor del referéndum, Masud Barzani (Espinosa, 2017b). b) El factor económico. La región autónoma del Kurdistán Iraquí posee grandes fuentes para la explotación de petróleo. Sin embargo, la mayor riqueza del crudo está ubicada en la ciudad de Kirkuk. Esta ciudad está catalogada como “territorio en disputa” puesto que no pertenece al territorio de la
región autónoma, pero ha estado controlada, desde el 2014, por las fuerzas kurdas (peshmergas). En las últimas semanas, El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ordenó al Ejército que recuperara los territorios ocupados por las tropas kurdas en 2014, cuando los soldados iraquíes salieron huyendo ante el avance del Estado Islámico (ISIS). Pero para sorpresa de muchos, dentro y fuera de Kurdistán, los Peshmerga, los idealizados combatientes kurdos, no presentaron resistencia. Ni siquiera en Kirkuk, la ‘Jerusalén’ de los kurdos y una rica provincia petrolera de la que el Gobierno de Erbil4 extraía el 50% de sus ingresos (Espinosa, 2017c, párr. 6). c) El factor social. La población kurda está dividida. Los resultados del referéndum arrojaron una mayoría abrumadora por el “Si”, varios de los sectores políticos están en contra de las decisiones del gobierno impulsor del referéndum. La división en la población es evidente debido a los más recientes fenómenos presentados en el territorio. Por ejemplo, Bafel Talabani, heredero del líder y fundador del partido Unión Patriótica de Kurdistán, afirma que el referéndum ha sido el peor error de la
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Incluyendo otras localidades que no pertenecen a dicha región autónoma pero que están bajo el control de los ‘peshmergas’ por el conflicto contra la amenaza del Estado Islámico. 4
Capital de la región autónoma del Kurdistán Iraquí 14
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historia kurda. La principal crítica es que se realizó un proceso erróneo porque no se trabajó con los aliados. Trabajamos con Estados Unidos y Reino Unido para encontrar una alternativa. En el último momento propusieron una solución casi perfecta, un documento para negociar con Bagdad durante dos años y si no se alcanzaba un resultado, contar con el apoyo internacional para un referéndum de independencia (Espinosa, 2017c, párr. 4). d) El factor militar. El Kurdistán cuenta con fuerzas de seguridad denominadas ‘peshmergas’. Estas fuerzas están constituidas principalmente por militantes kurdos que fungen, en un principio, como fuerzas de autodefensas, y por voluntarios civiles que tienen el mismo objetivo. Estos han gozado, últimamente, de gran apoyo de parte de potencias occidentales debido a su papel en contra del Estado Islámico. Sin embargo, no cuentan con capacidades para enfrentar posibles enemigos del Kurdistán. Enemigos nacientes como históricos. e) La Comunidad Internacional. En primera instancia, no apoyó el referéndum ni la creación del Estado. No reconoció el resultado final de la herramienta electoral y democrática de auto-determinación. Por otra parte, la nación kurda, históricamente, ha estado sola en la región. Si llegase a
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consolidarse la independencia, el naciente Estado tendría como enemigos naturales a sus vecinos y no contaría con apoyo internacional. Iraq ha mantenido relegados a dicha población por diferencias históricas y étnicas. Misma situación que se ha representado de parte de Turquía, Irán y Siria. En hechos actuales, el Gobierno iraquí ha cerrado el espacio aéreo de la región a los vuelos internacionales, controlando los principales aeropuertos (Llorente, 2017), Irán y Turquía han realizado un frente común en contra del surgimiento del Kurdistán como Estado y han establecido medidas como el cierre de los oleoductos que pasan por sus territorios para la exportación del crudo kurdo (Falahi, 2017). Hasta Rusia ha clasificado el referéndum como un error estratégico de dicha nación (“Rusia: los kurdos de Irak […]”, 2017). Para finalizar, la aplicación y consolidación efectiva del Estado kurdo tiene más elementos en contra que a favor. Es coherente la posición que manifiesta que era mejor llevar a cabo un dialogo fluido y con confianza con Iraq, que hacerlo de la manera ilegal (visto desde la perspectiva constitucional del Estado iraquí) y de manera independiente. Los costos políticos de dicha acción han sido muy elevados, empezando por el abandono o falta de apoyo internacional para dicha iniciativa y por la pérdida de confianza y de influencia kurda con Iraq y el territorio que controlaban por la coalición contra el Estado Islámico. Si bien, Israel es el único que abiertamente ha expresado un tipo de apoyo, es muy difícil que esté dispuesto a desestabilizar, en términos políticos, la región frente a sus vecinos y potencias regionales con las cuales compite. En
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tiempos venideros, se espera que suceda lo mismo que ha sucedido con la aventura catalana de independencia. Se reafirma que los postulados estato-céntricos de Hobbes y
Maquiavelo siguen vigentes, y que los gobiernos y el Estado como sujeto mantendrán el control territorial sin importar las acciones que deban realizar.
Referencias Carrión, F. (2017. Octubre, 25). El Kurdistán iraquí congela los resultados del referéndum de independencia para abrir la vía del diálogo con Bagdad. El Mundo. Recuperado de https:// goo.gl/SwCKb3 El ‘sí’ a la independencia gana por más del 92% en el referéndum kurdo. (2017. Septiembre, 27). La Vanguardia. Recuperado de https://goo.gl/gLZ3Kn Espinosa, A. (2017a. Septiembre, 23). El líder kurdo de Irak mantiene el referéndum de independencia pese a las presiones. El País. Recuperado de https://goo.gl/KWrsr5 Espinosa, A. (2017b. Octubre, 30). El polémico referéndum independentista obliga al líder kurdo de Irak a dejar el poder. El País. Recuperado de https://goo.gl/7K6wfg Espinosa, A. (2017c. Octubre, 23). “El referéndum ha traído el mayor desastre de la historia kurda”. El País. Recuperado de https://goo.gl/8DK1tS Falahi, A. (2017. Octubre, 04). Irán y Turquía cierran filas para rechazar un Kurdistán independiente. El País. Recuperado de https://goo.gl/jzkGXQ Jiménez, J. (2014. Septiembre, 03). El posible surgimiento del Estado del Kurdistán. Observatorio S&D, 31. Recuperado de https://goo.gl/fTkMMu Llorente, J. (2017. Septiembre, 29). Iraq cierra el espacio aéreo del Kurdistán a los vuelos de carácter internacional. La Gaceta. Recuperado de https://goo.gl/uMxu5D Resultado del referéndum de independencia en Escocia. (2014. Septiembre, 19). El País. Recuperado de https://goo.gl/hSiGLF Rusia: los kurdos de Irak se equivocaron al convocar el referéndum. (2017. Noviembre, 02). Sputnik. Recuperado de https://goo.gl/eAANey
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El programa de submarinos costo de esta estrategia significó que Australia SEA1000: ¿Final de la dependencia aportaría tropas para luchar en las guerras de sus aliados, lo cual explica parcialmente cómo un estratégica? Sergio Avendaño Castro - CEESEDEN Ubicado entre los océanos Índico y Pacífico, Australia es uno de los países más prósperos del mundo. Gran parte de esto lo debe al comercio que, por la naturaleza de su geografía, se lleva a cabo principalmente por transporte marítimo. De acuerdo con un documento publicado por el gobierno australiano en 2013, el “país-continente” era – en ese momento – la quinta nación naviera1 del mundo en términos de tonelaje de carga enviada y kilómetros recorridos. En los últimos años, Canberra ha tenido un fuerte interés nacional y económico en mantener la seguridad dentro y fuera de su mar territorial, ya que la interrupción o interferencia con la navegación internacional operando en la jurisdicción marítima australiana tendrá un efecto inmediato y perjudicial sobre su economía nacional y competitividad exportadora (Australian Government, 2013, p. 3). Durante gran parte de su historia, Australia ha dependido de grandes potencias para garantizar el flujo marítimo de sus rutas comerciales. En su libro titulado Dangerous Allies, el ex–Primer Ministro Malcolm Fraser criticó la persistente política de dependencia estratégica australiana – primero con Gran Bretaña, luego con Estados Unidos – donde Canberra le apostó a un aliado poderoso como el mejor medio de asegurar su prosperidad y seguridad (Fraser, 2014). El
país tan aislado geográficamente pudo verse involucrado en escenarios bélicos de Europa, África y Asia. La dependencia estratégica implica el lineamiento con la potencia aliada, resultando en una considerable dificultad de llevar a cabo una agenda propia en política exterior. La dificultad que esta situación significa para Australia, podría ilustrarse con su principal socio comercial, China. Con un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor a finales de 2015 entre ambos países, China es el principal mercado de exportación (valorado en $93 billones2 en 2016) y la principal fuente de importaciones (valorada en $62.1 billones en 2016) (Department of Foreign Affairs and Trade, 2017). Sin embargo, el reciente escalamiento por las disputas en el Mar Meridional de China ha aumentado tensiones entre Washington y Beijing, comprometiendo a Canberra de alinearse con su principal aliado, incluso si ello va en detrimento de sus relaciones con su principal socio comercial.
Fuente: Australian Defense Business Review (2015)
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Traducido del término anglo-sajón “shipping” para referirse al transporte marítimo.
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Bajo la escala numérica anglo-sajona o escala corta, donde la cifra en dígitos para billón se representaría en 10 9. 17
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Tomando en cuenta lo anterior, Canberra ha considerado mejorar las capacidades submarinas de la Fuerza de Defensa Australiana a través del proyecto Future Submarine Program (SEA1000). El Libro Blanco del 2009 sugirió un futuro submarino con mayor alcance, resistencia y amplitud de capacidades frente aquellas de la actual flota de la Clase Collins. Posteriormente, el Libro Blanco de 2016 anunció que la adquisición de doce (12) futuros submarinos con esas características había iniciado. Los primeros productos entrarían en servicio alrededor de la tercera década de este siglo, y la adquisición completa de la docena culminaría para el 2050; en lo que sería el programa de obtención para la defensa más ambicioso en la historia de Australia, representando una inversión en el orden de 50 billones de dólares australianos (Department of Defense, 2016). Si bien es remota la posibilidad de guerra entre China y Estados Unidos, los análisis geopolíticos se basan en capacidades
y no en intenciones, ya que los escenarios pueden cambiar dependiendo de un gobierno de turno. A demás, las tensiones entre ambas potencias también se pueden expresar por medios comerciales que en últimas, repercutirían a Australia. Desde la teoría sobre gestión de alianzas de Glenn Snyder, la mayor dependencia hacia una alianza es un factor que debilita posición de un Estado en los procesos de gestión dentro de la alianza (Snyder, 1997, pp. 165-166). La dependencia, entre muchos factores, está relacionada con las capacidades que cada parte de la alianza aporta. Aunque Washington tiene una capacidad naval superior que la de Australia, el que Canberra por su parte mejore sus propias capacidades navales para garantizar por sí misma sus rutas marítimas la hace menos dependiente de una potencia. Dicho esto, sería precipitado suponer que el programa SEA1000 conllevará al final de la alianza entre los dos países, no obstante, puede contribuir para que Canberra haga notar a Washington los intereses de Australia al momento de lidiar con asuntos regionales.
Referencias Department of Immigration and Border Protection. (September de 2013). Guide to Australian Maritime Security Arrangements. A ustralian Government. Recuperated of: https://goo.gl/ pp8vwY Department of Defense. (2016). SEA1000 Australia's Future Submarines. A ustralian Government. Recuperated of: https://goo.gl/P6rQZK Department of Foreign Affairs and Trade. (2017). China country brief. A ustralian Government. Recuperated of: https://goo.gl/bYC5zM Fraser, M. (28 de April de 2014). Australia's dependence on a major power lies deep in our national psyche. The Guardian. Snyder, G. (1997). Theory: Alliance Management. En: Snyder, G. A lliance Politics. New York, United States of America: Cornell University Press.
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El fin de la represión islámica extremista en Raqqa. Laura Orjuela Rojas - CEESEDEN La dicotomía entre el Estado Islámico EI- y su política de terror, ha incursionado en sus inicios desde Medio Oriente y se ha introducido expansivamente en el Mundo Occidental. La operación del EI, tiene su origen en Irak y Siria, del cual se han desplegado núcleos extremistas alrededor del mundo en conformidad a la transnacionalización del terrorismo extremista, que aguarda miles de combatientes para asegurar la imposición del Califato Islámico. La dominación de estos territorios originó una lucha contra del terrorismo del EI, en el que Irak y Siria serían los escenarios comunes para la lucha, allí mismo donde el grupo extremista se fortaleció. Raqqa, proclamada por el EI como una de las capitales de su insurgencia luego de su conquista en 2014, fue liberada el pasado 17 de octubre del presente año. Lo anterior, gracias a la lucha de las Fuerzas Democráticas Sirias, encaminada en contra del EI, y quienes desde entonces fueron apoyadas por Estados Unidos para la recuperación de su territorio. El año 2014 constituyó el inicio de un nuevo período para el orden geopolítico mundial, pues en un breve lapso, irrumpió en la escena un nuevo actor, el EI, que aprovechando la situación política de Siria e Irak creó allí una configuración inédita de las relaciones de fuerzas en Oriente Medio (Ariel, 2016, p. 2).
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La derrota contrajo una guerra sangrienta que concluyó con la rendición de los combatientes extremistas que se concentraban en Raqqa y, desde donde perpetraban sus operaciones terroristas en estos territorios por medio de opresiones. EI también secuestró y vendió a mujeres y niñas como esclavas sexuales, sobre todo a mujeres de la minoría kurda Yazidi, traficadas a Raqqa desde el norte de Iraq”. (Tatum, 2017). El desafío que queda para Raqqa es reducir la capacidad de acceso del grupo terrorista, por medio de una estrategia de resistencia que impida que se vuelva a establecer. Luego de las masivas guerras concentradas allí, muchas personas emigraron, Raqqa se convirtió en una ciudad de la cual emergían combatientes a las filas del EI y además se consagraron bajo un sistema de autoridad en el que efectuaba una represión a la
Fuente: The Soufan Group, (2017)
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conducta de los habitantes. “El Estado Islámico ha perdido amplias zonas de territorio en Siria y en Irak este año, incluida su ciudad más preciada, Mosul, en el norte de Irak” (“Las FDS completan la toma de Raqqa […]”, 2017). La pérdida de Raqqa para EI en términos económicos y geoestratégicos, sugiere un importante golpe al grupo terrorista por la actividad de los pozos de petróleo que sostenía allí. Además, de todo el dinero que recaudaban tras la manipulación de sus actividades de comerciantes locales. Aunque la evacuación de EI de unos de sus principales lugares de instauración, no implica la finalización de sus operaciones en Medio Oriente, es importante señalar que para la región puede ser un primer paso en la mitigación del accionar extremista.
Para la agenda internacional, el tema de seguridad frente a este autodenominado Califato se ha priorizado debido a los diferentes ataques que han perpetrado en puntos claves de Occidente como Francia, Estados Unidos y Turquía. Esto sugiere que la estrategia expansiva del grupo ha sido desmesurada, y si bien se han concentrado en Medio Oriente, en países como Irak y Siria, están llegando a imponer sus ideales, y han convertido su presencia en una problemática transfronteriza. Esto significa que el proceso de eliminación de EI no se trata de concentrar los bombardeos debido al funcionamiento disperso de cómo opera el grupo terrorista. La culminación de sus operaciones en Raqqa, no significa el cese de su ideal extremista en otros lugares del mundo, pero si representa un avance en la lucha contra el EI.
Referencias Ariel, F. (2016). Estado Islámico: ¿Amenaza para el mundo o el surgimiento de un nuevo Estado? Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Recuperado de: https://goo.gl/Gv2LzH. Las FDS completan la toma de Raqqa, antigua 'capital' de Estado Islámico en Siria. (2017). Europapress Internacional. Recuperado de: https://goo.gl/CpuWFC Tatum, S. (2017). Las mujeres que ayudaron a expulsar a ISIS de una ciudad siria. Expansión & CNN. Recuperado: https://goo.gl/upgmNt
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China bajo Xi Jinping; logros y desafíos bajo su mandato. Sebastián Beltrán CEESEDEN
Valbuena
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El Congreso número XIX del Partido Comunista China -PCCh- se reunió el mes pasado, con el objetivo de designar a los funcionarios más importantes del gobierno durante los próximos cinco (5) años. El presidente Xi Jinping fue reelegido para un segundo mandato, lo importante de estas elecciones es que dentro de los nueve (9) escaños más importantes, que corresponden al Comité Permanente del Politburó, no se nombró, como tradicionalmente se venía realizando, a un funcionario que pueda verse como un eventual sucesor del presidente Xi. De lo que se puede inferir, que Xi puede estar queriendo que su gobierno se prolongue más de los diez años establecidos (“China congress: […]”, 2017). El análisis de este hecho resulta pertinente, en la medida que dicho Comité es el encargado de tomar las decisiones más importantes en política, es decir, las disposiciones que se toman en este instancia afectan todos los aspectos desde sociales, como económicos, políticos y militares. El gobierno del presidente Xi desde que está en el poder en 2012, ha encaminado a China de una distinta manera a sus predecesores, analizando dichos logros y se presentando aquellos desafíos que puede afrontar el gobierno en años venideros (“China congress: […]”, 2017). Ahora bien, la política de Xi se ha encaminado a solucionar algunos de los
problemas que más afectaban a China tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. De este modo, ha cambiado el objetivo de la política que venía haciéndose desde Deng Xiaoping, que se resumía en un crecimiento económico constante obtenido mediante un modelo de toma de decisión de carácter colaborativo que causaba un debate interno exhaustivo. Fue así que las primeras políticas de Xi, estuvieron encaminadas a frenar la corrupción interna del PCCh que afectaba la credibilidad del mismo, teniendo en cuenta la relevancia que tiene en el modelo político chino. La influencia de estas primeras políticas anticorrupción, está sustentada en la concepción de que la legitimidad del gobierno recae en la capacidad de entregar valores a la sociedad, sumado a un crecimiento económico y social. Esta visión sería reforzada a partir de la crisis del 2008 –crecimiento de la desigualdad y pobreza y una polarización política en Occidente- (Spence, 2017).
Fuente: BBC (2017)
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Otro punto en el cual el presidente Xi se enfocó, consistió en cambiar el enfoque de la agenda económica, dado que el crecimiento de dos (2) dígitos anuales estaba siendo cada vez más difícil. Por este motivo, para mantener desarrollo económico se tenía que implementar y profundizar una economía de consumo doméstico y no solo enfocada en la exportación. También se buscaba promover una cultura de emprendimiento e innovación, y responder al mismo tiempo, con las necesidades de una creciente clase media. Además de lo anterior, se tenía que expandir la influencia en la economía global, enfocándose en los países en vía de desarrollo y sirviéndose de la crisis económica de 2008 para consolidar su posición. Este expansionismo llevó a una gran inversión en recursos –inversiones y préstamos- que permitió obtener un poder de influencia en las políticas de esos países, principalmente África, Asia Central y Latinoamérica (Spence, 2017). Para finalizar, se mencionan algunos de los desafíos que se esperan que el gobierno del presidente Xi tenga que afrontar
en los siguientes cinco (5) años. En primer lugar, las tensiones diplomáticas en la región más próxima a China han ido en aumento en los últimos años, esto por el escalamiento del programa nuclear norcoreano que involucra una mayor participación china en razón de la asistencia que le presta al régimen de Kim. Pero las tensiones no solo se concentran en este hotspot, las tensiones con Japón, Filipinas, Taiwán y Vietnam respecto a disputas territoriales, han aumentado igualmente. Segundo, el crecimiento económico sostenido o al menos en términos positivos es vital para la estabilidad política china; el gobierno de Xi debe velar porque haya una economía dinámica y fuerte en los próximos años, reforzando su presencia en los escenarios internacionales, velando por los intereses chinos externos. Por último, legitimidad del PCCh es otro enfoque que también se debe priorizar, dado que de ser este negativo otros grupos políticos pueden tomar fuerza y amenazar la estabilidad política del país asiático.
Referencias China congress: No heir apparent as Xi reveals top leadership. (25 de Octubre de 2017). BBC News. Spence, M. (24 de Octubre de 2017). Empowering China’s New Miracle Workers. Council on Foreign Relations. Recuperado de: https://goo.gl/4LFYvm
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El aire del glifosato en el Viejo Continente. Sebastián CEESEDEN
Figueroa
Sanabria—
Hace pocos días, la Eurocámara votó una resolución para eliminar progresivamente el glifosato a finales del año 2022. Este herbicida de la compañía Monsanto, se ha extendido por la agricultura europea. La Comisión Europea ha accedido reducir el plazo de licencia para dicho herbicida, e intentando llegar a un consenso entre los países comunitarios. Donde no se llegue a un acuerdo, la Comisión será quien tomara la decisión final (“La CE reduce el plazo de […]”, 2017). En este contexto actual, llegar al consenso es un pilar para la toma de decisiones, donde se puede llegar afectar de manera relevante la agricultura en Europa. Francia e Italia indicaron que se opondrían a la reautorización, mientras la posición de Alemania aún no está del todo clara (Hakim, 2017). Se viven momentos de tensión en la agricultura europea. Puede llegar a romperse el uso tradicional del glifosato en gran parte del viejo continente, por sus posibles consecuencias relacionadas con el cáncer. Países miembros de la Unión Europea (en adelante, UE), decidieron no votar para extender la licencia del más famoso herbicida de Monsanto. Según las autoridades de la UE, la próxima reunión para tomar una decisión será probablemente en noviembre, los ambientalistas quieren una prohibición tan pronto como sea posible, mientras que el sindicato de los agricultores de la UE quiere
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una extensión de quince (15) años (“EU Nations Again […]”, 2017). Se evidencian en este contexto; dos agrupaciones con intereses opuestos frente al tema del glifosato, teniendo en cuenta los que está a favor y en contra hacia el uso del herbicida. Para ello, se trae a colación, la descripción de este: el glifosato es un ingrediente activo en algunos herbicidas, inhibe una enzima que es esencial para el crecimiento de una planta (…); todos los herbicidas de marca Round-up contienen glifosato como ingrediente activo y fueron desarrollados para controlar una variedad de malezas (Monsantoglobal, 2015). Es decir, que está enzima es el componente fundamental para que el Roundup, logre eliminar o controlar gran variedad de malezas en el campo. De ese modo, se determina que un argumento a favor de este producto es: garantizarle al agricultor un cultivo sostenible que maximiza el control de malezas, que puedan llegar a perjudicar la cosecha. Con ello derivan otros más nexos causales, como el que puedan llegar los alimentos del campo con más rapidez a los hogares de la ciudad. Ya que al maximizar el
Fuente: The New York Times (2017)
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control de la maleza, se reduce la estimación de perder la cosecha en algún punto de su producción, al perderla demoraría el proceso de manufactura y de venta. Por otro lado, están las consecuencias que conlleva el uso de este fungicida. Según la organización ambientalista Greenpeace (2015): desde hace décadas se viene denunciando los potenciales efectos dañinos del glifosato para la salud humana, pero no se han llegado a tomar medidas. En marzo de 2015, la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), ha calificado el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Los científicos han detectado este carcinógeno en el aire, la lluvia e incluso en cuerpos humanos (Greenpeace, 2015). Derivan varios nexos causales del glifosato, los que anteriormente se nombraron
a grandes rasgos, determinando que tanto de la parte que está a favor como la que está en contra se encuentran elementos y argumentos sostenibles. Lo que se observa en la balanza es; un factor de la economía europea (agricultura); y por el otro lado, el posible deterioro a la salubridad social y de la seguridad alimentaria. Los miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea tendrán la responsabilidad, de decidir hacia qué lado de la balanza dirigir el peso. Se espera que la decisión a tomar, sea para el bien de toda la comunidad y sus futuros proyectos. En relación a la seguridad alimentaria, se observa en este contexto, un posible escenario de miedo e incertidumbre frente a el proceso de obtención de los alimentos, y específicamente de su consumo, ya que se especula que el glifosato permea de alguna manera los víveres de cáncer.
Referencias EU Nations Again Postpone Decision on Weed Killer Glyphosate, (2017). The New Y ork Times. Recuperado de: https://goo.gl/V9zCcH Greenpeace, (2015). Glifosato, Impactos en la salud. Recuperado de: https://goo.gl/vfgCUx Hakim, D. (2017). Monsanto’s Roundup Faces European Politics and U.S. Lawsuits. The New Y ork Times. Recuperado de: https://goo.gl/4sE8Hk La CE reduce el plazo de renovación de la licencia del glifosato, (2017). Euronews. Recuperado de: https://goo.gl/hFMY6g Monsantoglobal, (2015). ¿Qué es el glifosato? Recuperado de: https://goo.gl/aG7Dsf
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Epidemia opiácea: un abuso que tiene en alerta al país norteamericano. Camila Mosquera CEESEDEN
Pacheco
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Durante más de diez (10) décadas, el gobierno estadounidense se ha encargado de cubrir políticas antidrogas y generar alianzas estratégicas con diferentes países como: Colombia, Ecuador, Bolivia entre otros, con el fin de promover una estabilidad dentro de su territorio. Sin embargo, con la creación de nuevas y más letales drogas, se ha salido de control el consumo en la población norteamericana, lo que ha puesto en alerta a su gobierno y sus aliados. Esta situación generó inconformidad en el mandatario estadounidense Donald Trump, por lo que tomó la decisión de declarar alerta de salud pública. Lo anterior, porque representa una amenaza a la seguridad de la población, y desafortunadamente, ya es una situación que no se ha podido controlar fácilmente por su propagación. “Los opiáceos son medicamentos que imitan la actividad de las endorfinas, que son unas sustancias que produce el cuerpo para controlar el dolor. Se consiguen únicamente con una receta médica” (Analgésicos Narcóticos, 2012). Cuando un medicamento se usa en abuso o con un fin diferente puede generar adicciones fuertes así como si se consumiera otra sustancia como cocaína, heroína, entre otras (Analgésicos Narcóticos, 2012).
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Es por este motivo, que el Presidente estadounidense tomó la decisión de declarar este abuso de drogas como una “emergencia de salud pública, de manera que no se destinarán nuevos fondos a la lucha contra los opiáceos, pero se ordenará a todas las ramas del Gobierno que dirijan sus actuales partidas presupuestarias a esa crisis” (“Trump declara 'emergencia de salud pública' […]”, 2017). La decisión tomada por Trump, indica que no solo está en sus manos generar la protección de su población, sino que la responsabilidad también está en cada uno de los miembros que conforman el gobierno estadounidense. Es claro que sin una buena política antidroga y campañas de concientización, este mal que no solo afecta al país norteamericano sino al mundo. Con la declaración de "emergencia de salud pública", el Gobierno también podrá dar fondos a los estados para el tratamiento de adicciones mediante sustancias como metadona, buprenorfina y naltrexona, lo que supone un paso
Fuente: Reuters (2017)
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importante porque algunos estados no financian esos medicamentos (“Trump declara 'emergencia de salud pública' […]”, 2017). ¿Qué es lo que ha incrementado el consumo de opiáceos en el país? Los funcionarios pusieron de ejemplo a los vecinos de los montes Apalaches en estados como Virginia Occidental y Pensilvania donde existen grandes índices de desempleo entre mineros y antiguos trabajadores del acero, lo que ha generado condiciones que pueden propiciar la adicción (“Trump declara 'emergencia de salud pública' […]”, 2017). Una solución para eso sería generar o incentivar el empleo, dado que disminuiría el riesgo de buscar otras alternativas por parte de la población, que se ve inmersa en la falta de oportunidades. Adicional a esto, el abuso de estas sustancias es el camino para el consumo de otras drogas más fuertes, lo que ocasionaría a su vez efectos más graves en la salud pública como la manifestación de los
efectos secundarios de esta droga, que dependiendo de la persona pueden ser mortales. Es deber del presidente y su gabinete tomar acción en una problemática de salubridad, que si no se controla puede desencadenar en el incremento de consumidores. Desafortunadamente, en los últimos años el abuso de esta droga ha dejado más muertes que las propias enfermedades como el Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH-, entre otras. Es claro evaluar que el abuso de drogas o farmacéuticos de manera ilícita, se reconoce como una amenaza en contra de la seguridad del país al aumentar el consumo se incrementan las redes ilegales para su obtención. Adicional a eso, el consumo ilegal va en oposición a los intereses del país norteamericano. “Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los opiáceos (entre los que se incluye la heroína) fueron responsables de 64.000 muertes en 2016”. Con este informe solo se conocen los impactos del 2010, sin contar los del 2017 que es donde se ha tenido un mayor número de muertes por el abuso del medicamento, lo que llevo a implementar la emergencia sanitaria.
Referencias Analgésicos narcóticos (opiáceos). (2012, Septiembre 17). Breastcancer. Recuperado de: https:// goo.gl/46UcU7 Trump declara 'emergencia de salud pública' por abuso de opiáceos. (2017, Octubre 26). El Tiempo. Recuperado de https://goo.gl/gTxpia
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Nigeria: condiciones que generan estabilidad al grupo terrorista Boko Haram. Karen Burgos Ávila — CEESEDEN “La fractura social existente en Nigeria está directamente relacionada con la política, el gobierno, la corrupción, la pobreza y la violencia” (International Crisis Group, 2014). Esta historia de agravios que repercute en la población y se acentúa en el norte del país, se remonta a la época de la colonización británica desde finales del siglo XIX hasta entrada la democracia en los albores del siglo XXI (Ruiz-Gimenez, 2015). El potencial económico procedente del petróleo, del que depende el 70% de la economía, ha convertido a Nigeria en la primera potencia económica de África desbancando a Sudáfrica, además de ser la octava potencia petrolera del mundo. Este hecho contrasta, con el desigual reparto de la riqueza entre los 186 millones de personas que componen la población (Santé, 2017). “Además, el país se ve fuertemente perjudicado por el nivel de corrupción política, que se sitúa en el puesto 136 del ranking mundial según Transparencia Internacional” (Tranparency International, 2017). Nigeria es un país frágil y abarrotado de conflictos, que han favorecido su inestabilidad desde la independencia en 1960. El separatismo de Biafra, que tanto afecta a la estabilidad política de la región, la piratería en el Golfo de Guinea, el conflicto del Delta del Níger, que afecta la economía de un país fuertemente dependiente del crudo, son
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ejemplos de ello. Entre la propia población han surgido también varios enfrentamientos a causa de la diversidad étnica y religiosa, que se configuran en torno a la rivalidad entre chiitas y sunitas, así como entre cristianos y musulmanes (Santé, 2017). Sin embargo, una de las más importantes preocupaciones del Estado nigeriano, junto con los sabotajes del Delta del Níger, es la actividad terrorista del grupo denominado Boko Haram. Este grupo armado ilegal, al igual que otros en África, se alimenta de las problemáticas socioeconómicas y, más generalmente, de la desesperación humana de toda una generación de jóvenes sin perspectivas reales de futuro y, sobre todo, de que se suman a conflictos étnicos existentes instrumentalizando las causas separatistas y creando alianzas de interés coyunturales con los secesionistas. Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores condiciones se puede decir que pese a las actividades económicas que desarrolla Nigeria, la mala gestión de los recursos, junto a la corrupción endémica por parte de los políticos, sumando la diversidad étnica y cultural entre el norte musulmán y el sur cristiano, genera una
Fuente: Kaplan (2013)
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brecha de desigualdad económica y social sin precedentes que sumen en la marginación a la población más empobrecida. Este hecho contrasta, con la relativa situación económica favorable del país gracias a los beneficios del crudo, y nos permite hablar de las condiciones que generan estos escenarios precarios y nidos de grupos terroristas como el Boko Haram. “Empíricamente, el riesgo de rebelión o el surgimiento de grupos terroristas está fuertemente ligado a tres condiciones económicas: corrupción, bajos ingresos promedios y bajo crecimiento del país” (Collier, 2013). Tanto el crecimiento económico lento como el crecimiento demográfico rápido, aumentan las posibilidades de aparición de grupos terroristas. Ambos fomentan el reclutamiento rebelde, presumiblemente. La
organización rebelde para mantenerse, busca crecer con bastante rapidez para poder hacer frente al Ejército. Por lo tanto, para un nivel de ingresos dado, si hay pocas oportunidades de empleo, pocas de educación y demasiados jóvenes en busca de trabajo, la organización rebelde puede cumplir su objetivo más fácil (Collier, 2013). Si el Estado rompe la capacidad de velar por la calidad de vida y la seguridad de sus ciudadanos, independientemente de su etnia o religión, es lógico que varias personas busquen refugio en otro tipo de entidades. El grupo terrorista se aprovecha de estos factores de inestabilidad en Nigeria. De esta forma, Boko Haram, como principal organización violenta del país, se presenta como un actor que desafía al Estado, en razón a que obtiene apoyo popular dado por los jóvenes descontentos con la situación precaria del país nigeriano.
Referencias Collier, P. (25 de agosto de 2013). Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas Universidad de la Salle. Recuperado de https://goo.gl/DoobnE International Crisis Group. (2014). Curbing V iolence in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency. Headquarters. Kaplan, S. (5 de febrero de 2015). How Inequality Fuels Boko Haram. Recuperado de https:// goo.gl/CFoDK6 Ruiz-Gimenez, I. (13 de abril de 2015). Más allá de la “barbarie” de Boko Haram ¿Qué pasa en el norte de Nigeria? Grupo de estudios africanos. Recuperado de https://goo.gl/4nKvqe Santé, J. M. (18 de enero de 2017). Nigeria, elenco de conflictos. Instituto Español de Estudios Estrategicos. Recuperado de https://goo.gl/imwJK7 Tranparency International. (25 de enero de 2017). Corruption perceptions index 2016. Recuperado de https://goo.gl/RX0UjQ
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Myanmar y su conflicto étnico. Karen Burgos Ávila — CEESEDEN El término "conflicto étnico" abarca hoy en día una amplia gama de situaciones. De hecho, puede sostenerse que el conflicto étnico en sí no existe. Lo que sí existe son conflictos sociales, políticos y económicos entre grupos de personas que se identifican mutuamente según criterios étnicos: color, raza, religión, idioma, origen nacional. A menudo, dichas características étnicas pueden ocultar otras características distintivas, tales como intereses de clase y poder político, las cuales, cuando se analizan, pueden resultar como los elementos más importantes del conflicto (Stavenhagen, s.f.). Sin embargo, cuando se utilizan las diferencias étnicas de manera consciente o inconsciente para distinguir a los adversarios en una situación de conflicto determinada, en particular cuando se han convertido en poderosos símbolos de movilización, como suele ocurrir-, la etnicidad se convierte efectivamente en un factor determinado de la naturaleza y la dinámica del conflicto (Stavenhagen, s.f.). Ahora bien, existe una minoría de 1,1 millones de personas que vive discriminada en el Estado de Rakhine o Arakan, en el oeste de Myanmar (la antigua Birmania), y contra la cual, periódicamente, se producen estallidos de violencia que provocan éxodos masivos hacia Bangladesh y otros países: como los acontecidos en 197778, en 1991-92 y en 2012. El motivo de esta persecución es racial y religioso: además de ser una etnia diferenciada, los rohingyá son
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musulmanes en un Myanmar mayoritariamente budista (Iriarte, 2017). Los musulmanes birmanos “rohingyas”, habitan concretamente en el norte del Estado de Rakhine, donde pese a concentrarse, siguen siendo una minoría, puesto que son aproximadamente un tercio de la población. La situación social, civil y política de los rohingyas ha ido de mal en peor con el paso de los años. El gobierno nacional niega su existencia como grupo étnico propio, no reconoce a los rohingyas como ciudadanos y a menudo los funcionarios gubernamentales les describen despectivamente como “inmigrantes ilegales de Bangladesh” o “bengalís”. En términos étnicos, sí es cierto que los rohingyas tienen ascendencia surasiática y que están vinculados con los bengalíes de Chittagong; al otro lado de la frontera con Bangladesh, cuya lengua también es similar a la de los rohingyas. Sin embargo, hay indicios históricos de que los rohingyas llevan en el territorio birmano desde el siglo VIII. Los miembros del grupo sufren importantes restricciones de sus derechos humanos y civiles y viven segregados en pequeñas comunidades en
Fuente: Hispantv (2017)
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Rakhine (Velázquez, 2016). En cuanto a restricciones, las familias rohingyas pueden tener un máximo de dos hijos, no pueden tener descendencia fuera del matrimonio y sufren graves limitaciones y multas a la hora de contraer matrimonio. Los miembros de esta comunidad no pueden viajar sin autorización gubernamental, y en caso de que intenten huir a otros países, son deportados o recluidos en campos de internamiento, sin derecho a asilo. Por si fuera poco, las autoridades tienen derecho a visitar e investigar los hogares de los rohingyas sin permisos previos, acciones que se han convertido realmente en un pretexto para violaciones, abusos y extorsiones (Velázquez, 2016). A primera vista, la mayoría de los conflictos étnicos parecen ser asuntos internos de las naciones-estados. Los grupos étnicos se enfrentan entre sí en el marco de una sociedad ya existente; o bien una etnia lucha por sus derechos con el gobierno central. Es posible que se pongan en tela de
juicio las políticas estatales e incluso que se modifiquen. También se presenta la posibilidad, de que se modifique la situación o el estatuto jurídico de una minoría étnica. En la medida en que el Sistema Internacional moderno se basa en el principio de la soberanía del Estado, existen Organizaciones No Gubernamentales que intentan velar por la protección de estos grupos étnicos, sin embargo, su labor no es suficiente para solventar las problemáticas que se presentan. Hay varias razones por las cuales un conflicto étnico puede desbordarse, a través de las fronteras nacionales y afectar actores externos. Es frecuente que un grupo étnico en conflicto, tenga miembros de la misma etnia en otros países. Tanto el Ministro de Asuntos Exteriores de Banglasdesh Abul Hassan Mahmood Ali, como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan han calificado estos hechos de “genocidio” y Bangladesh ha abierto sus fronteras a estos refugiados, y hace lo que puede para lidiar con la crisis.
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Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa. Compiladores: Sergio Avendaño Castro, Sebastián Beltrán Valbuena, Sebastián Figueroa Sanabria Camila Mosquera Gonzales, Laura Orjuela Rojas y Karen Burgos Ávila
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