Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa Vol. 03. N°16/2018 by Observatorio S&D

Vol. 03. N° 16

Octubre 5 de 2018

ISSN 2500-5030

Observatorio S&D

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto”

OBSERVATORIO S&D 2018. Boletín digital. ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) Bogotá D.C., Colombia.

DIRECTIVOS

Director: Mayor Gener al Fr ancisco J avier Cr uz Ricci Subdirector: Br igadier Gener al I.M. Oscar Eduar do Her nández Dur án Director CSEDN: Cor onel Milton Or lando Var gas Mar iño Jefe de Investigación: Teniente Cor onel (RA) Car los Alber to Ar dila Castr o, Ph.D (e) Editora: Er ika Paola Ramír ez Benítez M.A. (c) Asistente editorial: Felipe For er o Rodr íguez

El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y análisis crítico producto de sus investigadores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” o del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN). Esta publicación tiene periodicidad quincenal.

¿Cómo citarnos? Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]

CONTENIDO

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales. La Cooperación Internacional en Haití: Antes y Después del terremoto 2010 (III). Carlos Alberto Ardila Castro PhD (c)………...…...........................................................……05 La Crisis Migratoria Como Nueva Tendencia En Pactos Internacionales (III) Jaime Cubides Cárdenas PhD(c) & Natalia Andrea Torres Galindo..………...................... 09 Las Fuerzas Militares y la seguridad en los desastres naturales: Caso Indonesia . Farid Camilo Rondón Raigoza...……………...…..……..…………...…..……………….………..17 Servicio militar obligatorio y cohesión nacional: la apuesta de los Estados del Golfo (II). Rafael Pirazán Hernández..…………………...…..……..…………...…..……………….………..23 Somalia ¿Un estado fallido?: consideraciones para el análisis (I) Felipe Forero Rodríguez ...……………………..…..……..…………...…..….………..….............27 La elección del nuevo gobernador de Okinawa y la presencia militar de Estados Unidos en Japón. Andrés Castillo Montoya…...……………………..……..…………...…..………..………...……...31 Derechos Humanos y la inmigración en Europa. Andrea Carolina Coy Garzón..…………………..……..…………...…..………..………...……...33

Recursos Académicos Libros sugeridos…...…………………………….……………...……………………………..35 Artículos sugeridos..…………………………………………...……………………………...36

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La cooperación internacional en Haití antes y después del Terremoto 2010 (III)1 Carlos Ardila Castro, PhD (c). - Jefe de Investigación ESDEG2 Siguiendo con el desarrollo temático que ocupa el desarrollo del artículo, y analizando las diversas variables que intervinieron en la atención al desastre que sufrió Haití hace 18 años. En esta entrega se plantea cómo fue la cooperación internacional, evidenciada en la Unión Europea, América Latina y Estados Unidos. La cooperación internacional hacia Haití ha tenido diferentes directrices dependiendo de los intereses de cada uno de los actores que intervienen en dicho proceso. A continuación, se exponen tres de estos actores que habían intervenido en el contexto de este país antes que ocurriera el terremoto de febrero pasado así: i) Unión Europea La Unión Europea ha jugado un papel importante como agente de cooperación, pero se invita a una reflexión, que se justifica en las características del proceso de construcción europea. En un primer periodo, la

cooperación se centró en aplicar la condicionalidad política en los últimos años del periodo de Arístides condicionando esta ayuda propiciar cambios democráticos en el país. De la aplicación muy limitada de los instrumentos de cooperación, se puede deducir que, la Unión Europea no percibió la situación de Haití como una crisis urgente y no existió voluntad política para aplicar los instrumentos de cooperación disponibles en el momento. Esto puede significar que no hay interés geopolítico claro en una zona que no afecta directamente los intereses de los Estados que conforman la Unión. Pese a lo anterior, no hay que desconocer que la Unión Europea ha aportado un total de 217 millones de euros en ayuda (Gómez, 2005). La Unión cuenta con instrumentos a largo plazo y corto plazo para ser utilizados en casos como los de Haití. Los de largo plazo, se pueden enumerar como los siguientes: cooperación para el desarrollo, políticas comerciales, de derechos humanos, democratización, medioambientales, observación electoral y de control de armas. Los de corto plazo, se podrían mencionar como los siguientes: dialogo político, despliegue de observadores, intervención militar preventiva, apoyo iniciativas de paz,

Articulo corto resultado del proyecto de investigación “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia fase III”, que hace parte de la línea de investigación: Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. 2

Director de la Investigación. Doctorando en Educación de la Universidad Internacional Iberoamericana, Magíster Honoris Causa en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano”, Colombia. Magister en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. Jefe de Investigación de la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. Contacto: car5 losardilacastro@gmail.com y/o ardilac@esdegue.mil.co

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procesos de DDR, desminado, ayuda humanitaria, entre otros. De los anteriores se puede observar que su aplicación fue casi nula en dicho caso. ii) Latinoamérica. Resulta paradójico que en estos momentos que Haití sea receptor de cooperación sobre todo en el campo militar de un gran número de países latinoamericanos, cabe recordar que una vez independizado de Francia, el presidente Petion brindo ayuda a el Libertador Simón Bolívar para iniciar su empresa libertadora en el continente, siendo este país en el cual el libertador escribió su famosa Carta de Jamaica. En palabras de Isidro Sepúlveda Muñoz se explica como se viene desarrollando dicha ayuda (2005): La intervención militar para resolver la crisis de Haití ha significado para los países iberoamericanos un desafío y una oportunidad. Por primera vez una crisis internacional en suelo americano encontraba, bajo el mandato de Naciones Unidas, una respuesta específicamente regional. Respuesta tanto más compleja por las circunstancias que llevaba aparejada y por servir como puesta de largo de unas tendencias en las relaciones internacionales que recomponen sustancialmente el status quo regional y evidencian transformaciones de calado en la política continental. iii) Estados Unidos Los Norteamericanos tienen

una

larga

historia de intervención y cooperación en Haití, todo se remonta a la invasión que ocurrió desde 1915 hasta 1934, en estos diecinueve años de ocupación no se logró delinear y ni fortalecer el Estado. Desde este momento, Estados Unidos ha desarrollado una serie de estrategias orientadas a salvaguardar su interés nacional. De acuerdo con Pablo Gómez de Olea Bustinza (2005): Llama la atención, sobre todo en la gestación y desenlace de la crisis haitiana, un cierto desinterés o pasividad norteamericano en contraste con el potencial peligro desestabilizador en una región vecina, el riesgo migratorio y de seguridad que implica un Estado fallido en Haití. Ello quizás sería explicable por la reordenación de las prioridades de seguridad de los Estados Unidos tras el 11-S. Esto, explicaría la intervención tardía, aunque decisiva, de los Estados Unidos; y, sobre todo, la ya señalada pasividad durante la crisis que desembocó en salida Aristide. Sin embargo, la valoración norteamericana de riesgos en Haití parece haber cambiado ante la constatación de los peligros apuntados consecuencia de la disolución del Estado haitiano. La permanencia de un contingente militar norteamericano fuera del marco MINUSTAH y dedicado a labores de reconstrucción en Gonaïves muestra que empieza a preocupar en Washington el potencial riesgo de Estados fallidos cercanos por el peligro migratorio, los tráficos ilegales, e incluso por posibles repercusiones en la lucha contra el terrorismo

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internacional. Es evidente que se presentó cooperación de los actores relacionados en el presente artículo, pero se evidencia que cada uno de ellos, privilegio su interés nacional frente a la atención del desastre. De igual

forma, se evidencia que en la mayoría de los casos esta cooperación no es un acto de solamente generosidad en si sino un vehículo para privilegiar los intereses de dichos actores frente a un posicionamiento de poder dentro del Sistema Internacional.

Referencias. Gauthier, A. (2010). Haití: geopolítica revuelta después del terremoto. Boletín Elcano (124). Recuperado de: https://goo.gl/5Vnz29 García Encina, C. (2010). Haití: EEUU y la ayuda militar ante los desastres naturales. Boletín Elcano (124). Recuperado de: https://goo.gl/V3EE3g Instituto Español De Estudios Estratégicos. (2005). Crisis locales y seguridad internacional: El caso haitiano. Cuadernos de estrategia N° 131, Madrid. Malamun, C. (2004). Haití: España debe sí. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Recuperado de: https://goo.gl/hFVW8X

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Ayuda humanitaria en Haití

A comienzo de este año, Haití y sus socios internacionales hicieron un llamado a la comunidad internacional para lograr recaudar 252 millones de dólares para dar respuesta a desastres naturales y a la crisis humanitaria del país. Dicho llamamiento se hace con ocasión de la revisión del Plan de Respuesta Humanitaria Plurianual 2017-2018. Dicho plan está proyectado para prestar asistencia humanitaria a 2,2 millones de haitianos de los 2,8 que se estima necesitan ayuda (“Revisión del Plan […]”, 2018). Lo anterior resulta abrumador teniendo en cuenta que, a inicios de agosto del año en curso solo se había recibido 1,5 millones de dólares, lo que equivale a un 7% de lo que se necesita (Haití, la ayuda…2018). Hay que tener en cuenta que, la ayuda solicitada a comienzo de año no proyectaba una asistencia al total de personas que la requiere y los últimos llamamientos de ayuda se delimitan a las necesidades más extremas, no a un mínimo de dignidad humana.

Revisión del Plan de Respuesta Humanitaria para Haití asciende a 252 millones de dólares. (12 de Enero de 2018). Noticias ONU. Recuperado de: https://goo.gl/cTXaax Haití, la ayuda humanitaria en peligro de quedarse sin recursos. (2 de Agosto de 2018). Noticias ONU. Recuperado de: https://goo.gl/NLz76H 8

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La Crisis Migratoria Como Nueva Tendencia En Pactos Internacionales (III)1 2

Jaime Cubides Cárdenas - CSEDN & Natalia Andrea Torres Galindo3 – Universidad Católica de Colombia 1. Derecho humano al asilo: crisis regional, caso Venezuela. Según los reportes realizados por los diferentes países de América Latina, se encuentra que la problemática migratoria venezolana “radica en las políticas reduccionistas y airadas del chavismo, especialmente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” (Noticias Telemundo, 2018). Consecuentemente, esto ha provocado una crisis regional, pues los distintos países latinoamericanos, en especial Colombia, han satisfecho parcialmente esta problemática, pues, son cantidades exorbitantes de personas pasando las fronteras en búsqueda de mejores oportunidades de vida, lo cual dificulta esta

tarea, así lo afirma el columnista Pérez (2018) donde: El número de venezolanos en otros países de América del Sur se multiplicó por diez en los últimos cuatro años. Muchos cruzan a Colombia, en donde se instalan en situación precaria o abordan micros improvisados que los llevan a Ecuador y Perú. Quienes tienen más recursos viajan a la Argentina y Chile, México, Panamá y Costa Rica. No importa lo que fueron en su vida anterior, llegan a ganarse la vida. A partir de este grave escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- se ha pronunciado emitiendo un informe en el que “exhorta a la Organización de Estados Americanos a reconocer a los venezolanos migrantes como refugiados, ya que su salida forzosa de Venezuela responde a la intensa crisis humanitaria que se vive en dicho país” (CNN,

Artículo corto alineado al proyecto de investigación : “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia – Fase III”, que hace parte de la línea de investigación: “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. En colaboración con el grupo de investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en A1 por COLCIENCIAS, registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 2

Abogado, y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista y Magíster en Docencia e Investigación con énfasis en las ciencias jurídicas de la Universidad Sergio Arboleda y Magíster en Derecho de la misma casa de estudios, Doctorando en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente asociado e Investigador Senior y Líder del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” con código COL0120899 con Categoría A1 en Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias y el cual, está vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC). Contacto: jacubides@ucatolica.edu.co. 3

Auxiliar de investigación del Grupo de Investigación “Persona, Instituciones, Exigencias de Justicia” e integrante del Semillero de Investigación “Observatorio de Justicia Constitucional y Derechos Humanos” vinculado al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Estudiante de derecho de la misma casa de estudios. Contacto: natorres61@ucatolica.edu.co.

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2018), y también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR) catalogó oficialmente a los migrantes venezolanos como refugiados (ACNUR, 2018). Lo cual produce inmediatamente la acogida de los mismos, pero Colombia actualmente no se encuentra en total capacidad de garantizar estos derechos, toda vez que no cuenta con pautas normativas internacionales actualizadas y complementarias por las cuales regirse ni tampoco suficiente apoyo internacional. A continuación, se procede a desarrollar este aspecto. 1.1. Postura del Estado de Colombia Colombia y Venezuela son países delimitantes, y debido a la cercanía la población migrante venezolana acude al país colombiano, por ello, según el reporte hecho por la plataforma para la generación de paz en Colombia: A comienzos de febrero de 2018, Migración Colombia reportó un aumento del flujo de venezolanos que llegó a cerca de 37 mil diarios. El creciente volumen y su cada vez más precaria situación ya están provocando conflictos con la población local de frontera (…) Poco a poco, se agota la solidaridad inicial de esta población al

competir por recursos escasos y un mercado laboral deprimido, que ahora tienen que compartir con los venezolanos. (…) en respuesta al fenómeno, el propio presidente Juan Manuel Santos anunció (…) la implementación de una serie de medidas restrictivas como terminar con la expedición de la TMF y restringir el ingreso futuro de los venezolanos solo a aquellos que hayan logrado obtener previamente la TMF o tengan un pasaporte para solicitar el PEP. En la Venezuela actual, la expedición del pasaporte está colapsada y aunque se corrigiera esta situación, el precio de su expedición es inalcanzable para la mayoría, debido a la hiperinflación que no permite cubrir la subsistencia por más de seis días, con el salario mínimo (Pacifista 2018). De igual manera, frente a esta situación, el ACNUR aclaró que, los venezolanos adquirieron la calidad de refugiados para que puedan obtener los beneficios laborales, educativos y de salud en los países acogedores. Sin embargo, Colombia aún se encuentra muy restrictiva para conceder el asilo, por ejemplo, en el caso particular de una familia venezolana, se sabe que:

(Aclaración fuera de texto) Tarjeta Migratoria Fronteriza.

(Aclaración fuera de texto) Permiso Especial de Permanencia – PEP, el cual le permite al extranjero trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. 6

Órgano subsidiario con el mandato de proporcionar protección internacional a los refugiados en el mundo, además de asistir a los gobiernos y organizaciones privadas en la búsqueda de soluciones permanentes a la situación de los refugiados. Para mas información véase: Rea (2016). Retos actuales en la implementación de la ley sobre refugiados y protección complementaria en México: identificación, admisión y acceso al procedimiento de Asilo. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=402744477011 10

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Les informaron que como habían llegado sin pasaporte válido — documentos que el gobierno de Caracas les negó— no podían trabajar. Un funcionario colombiano sugirió que podían tratar de vender arepas en la calle, ilegalmente, mientras procesaban sus peticiones de asilo. Anteriormente este mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió a la región que tomara en cuenta a los venezolanos necesitados de protección humanitaria y pidió no expulsarlos y que les dieran autorización para trabajar (Wyss, 2018).

A este punto es donde surgen las siguientes afirmaciones: primero, los venezolanos ya tienen la calidad de refugiados y el Estado colombiano en muchos casos no les otorga asilo, segundo, los recursos para asistirlos en la mitad de los casos resultan precarios e insuficiente y tercero, el ACNUR habla de la no devolución de personas, pero esta medida ya no se puede practicar según se explicará más adelante, lo cual suscita a que Colombia está infringiendo esta prohibición. Es así cómo estas afirmaciones resultan ser los principales vacíos jurídicos en el tema para ejercer el derecho humano al asilo. Empero, Colombia cuenta con una alta gama de Pactos Internacionales que ratifican el derecho humano al asilo, es evidente que se quedan cortos a la situación

migratoria, ya que ostentan los vacíos jurídicos mencionados y por su antigüedad, no favorecen ni satisfacen las necesidades de las personas vulneradas por la actual crisis regional. Por tal motivo, se da desarrollo al siguiente acápite, que tiene el objetivo de proponer a partir de las nuevas tendencias en Pactos Internacionales la adopción de uno de ellos frente a este tema tan globalizado del asilo, que sea capaz de sistematizar efectivamente la situación para que no se vuelva un escenario trágico por la posible vulneración masiva de derechos humanos. 2. El derecho humano al asilo como nueva tendencia en Pactos Internacionales En el presente eje temático se desarrollará la propuesta de acoger un Pacto Internacional capaz de complementar la condición de los asilados o refugiados que actualmente presentan dificultades por los vacíos jurídicos en la institución del asilo. La necesidad de adecuar el derecho humano al asilo en América Latina será conforme a los problemas actuales de la región, caracterizados por el incremento de personas en búsqueda de mejores formas de vida, garantías efectivas a sus derechos humanos y el respaldo gubernamental del país al que acuden, de esta manera se evidencia que la nueva tendencia de proteccionismo en Pactos Internacionales se resume al derecho al asilo, el cual termina siendo de vital relevancia pues detrás de este se encuentran los demás derechos primordiales como la vida, la alimentación, la salud, el alojamiento, entre otros.

La atención humanitaria estará conformada principalmente en brindar alojamientos temporales, promoción y prevención en salud, agua y saneamiento, primeros auxilios físicos y psicológicos, para más información véase: Cruz Roja Colombiana operará Centro de Atención Transitorio para el Migrante en Villa del Rosario (2018). Recuperado de http://www.cruzrojacolombiana.org/noticias-y-prensa/cruz-roja-colombiana-operar%C3%A1-centro-de-atenci%C3% 11 B3n-transitorio-para-el-migrante-en

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De tal forma, los puntos que deben ser tratados en el Pacto Internacional que se plantea, son: En primera medida, evitar la consecuencia que deviene a partir del rechazo a la solicitud de asilo o del estatus de refugiado, la cual es, la devolución indirecta de las personas, pues si bien es cierto existen convenios, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que establece “Ningún país que se haya adherido a la Convención podrá negarse a acoger refugiados ni a devolverles a su país de procedencia cuando esto suponga un peligro para su vida” (ACNUR, s.f), los Estados niegan el ingreso de personas migrantes o incluso no les expiden licencias de trabajo temporales lo que les provoca inmediatamente que se devuelvan a su país de origen y se les mantenga su estado de vulnerabilidad. Por esto, siguiendo las recomendaciones hechas por el Comité Ejecutivo del ACNUR es necesario que se pacte que los Estados interpretarán los criterios para el reconocimiento de la condición de refugiado de la Convención y/o su Protocolo de 1967 y otorgaran formas complementarias de protección a las personas que no cumplen con dichos requerimientos (ACNUR, 2006), como por ejemplo prestarles atención humanitaria temporal, la cual consiste en “garantizar la subsistencia inmediata, (…) frenar la descomposición del tejido económico y

social, y sentar las bases para la rehabilitación y la recuperación temprana” (Gaitán, 2016, pp. 158-159), de los derechos humanos vulnerados a causa del rechazo. En segunda medida, se debe extender en América Latina la protección que los instrumentos internacionales e interamericanos otorgan a refugiados, a todas aquellas personas que huyen de su país a causa de agresión, ocupación o dominación extranjera, violación masiva de los derechos humanos, entre otras causales, por ejemplo, el doctor Ferrajoli habla que, el derecho al asilo “tradicionalmente ha estado reservado siempre solo a los refugiados por persecuciones políticas, raciales o religiosas, y no para los refugiados por lesiones del derecho a la subsistencia” (Como se cita en Agudelo & León, 2017, p. 22). Teniendo en cuenta que, a veces no es tan fácil adquirir dicho estatus porque los migrantes no cumplen con las condiciones taxativas impuestas en los diferentes Pactos Internacionales, o incluso mientras se le da el reconocimiento se puede estar peligrando sus derechos humanos, se debe replantear el marco de protección, todo con el fin de evitar la extinción de derechos y generar una estabilidad temporal mientras se les define su situación. En tercera medida, se deben realizar estrategias de apoyo económico entre los Estados parte, por ejemplo, Del millón de venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia 660.000 se han quedado en el país, de

Regresar al país de su procedencia 12

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acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno colombiano. El plan para financiar la ayuda alimentaria con carácter de urgencia para 350.000 migrantes en Colombia asciende a 46 millones de dólares (Programa Mundial de Alimentos como se cita en Noticias ONU, 2018). Es evidente, que el presupuesto para asumir esta responsabilidad es elevado y no justifica que sea una causal para evitar brindar ayudas humanitarias. Aunque existe la posibilidad de que el ACNUR ayude a reasentar a los refugiados en un tercer país, si no se pueden integrar en el país de asilo porque este no acepta la solicitud de refugiado, o que no se dé la repatriación voluntaria (ACNUR, s.f.). Es imperioso que se cuente con medidas más eficientes para no retardar el asentamiento de la persona en un Estado, pues las necesidades se deben satisfacer de manera inmediata. Esto se justifica, teniendo en cuenta que al enfrentar una crisis migratoria, los países normalmente no se encuentran preparados para asumirla, pero para evitar esto, se deben tener protocolos para atender efectivamente la situación de cada persona que ingresa al país, y de igual manera, es importante contar con respaldos financieros, para que tampoco se vean afectados los ciudadanos de los Estados acogedores, para que así se pueda mantener y fortalecer la economía. De esta manera, es trascendental estudiar la capacidad económica del país lo cual permitiría enfatizar la solidaridad internacional. 9

Y finalmente, en la creación de un Pacto Internacional se debe promover la sistematización de los principios y criterios contenidos en cada uno de los Pactos ya firmados anteriormente, con miras al perfeccionamiento de su aplicación, a la formulación de normas que sean posteriormente adoptadas por el ordenamiento interno de los Estados parte, y al fomento del uso de las reservas, justificadas en el contexto social en el que se encuentra cada uno de los países firmantes. Para esto, como explica el Coloquio de la Universidad Nacional Autónoma de México (1982) es relevante la participación y cooperación institucional de los órganos competentes de la Organización de Estados Americanos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para fijar las medidas necesarias actuales de protección a los migrantes, toda vez que estos son los expertos en la materia. El objetivo final de este Pacto Internacional seria, mitigar las consecuencias generadas por la migración, optando por brindar las ayudas humanitarias pertinentes para que, a mediano o largo plazo, los refugiados puedan regresar a su lugar de origen voluntariamente o puedan asentarse en el país de acogida de manera efectiva adquiriendo la calidad de nacionales. 3. Conclusiones La crisis migratoria ha existido desde hace mucho tiempo, pero se ha intensificado en los últimos años por culpa de las dinámicas sociales y políticas que se han practicado al interior de los países, como es el caso

Colombia, Brasil y Guyana.

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venezolano, a ello que, los únicos perjudicados son los ciudadanos que se ven en la obligación de irse en búsqueda de un nuevo Gobierno que les ayude a proteger sus derechos y continuar con una vida más digna. El problema actual no radica en la falta de normatividad, ya que como se aprecia a lo largo del escrito, se encuentra una alta escala de Pactos Internacionales que propician la garantía y respeto a los derechos humanos, el inconveniente está en que muchas de estas normas ya son dejadas en el olvido por los años que llevan en el ordenamiento y porque pierden validez jurídica, además se evidencian algunos vacíos jurídicos en la materia resumidos en, primero, los venezolanos ya tienen la calidad de refugiados y el Estado colombiano en muchos casos no les otorga asilo, segundo, los recursos para asistirlos en la mitad de los casos resultan precarios e insuficientes y tercero, el ACNUR habla de la no devolución de personas, pero esta medida ya no se puede practicar según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, lo cual suscita a que Colombia está infringiendo esa prohibición. En consecuencia, como Semillero de Investigación, dando solución a la pregunta de investigación planteada en un principio, se enfatiza en que, si se debe adoptar un Pacto Internacional sintetizado en la nueva tendencia de protección al derecho humano del asilo, sujetándose a la dinámica social de cada país y a partir de ese contexto, revisar detalladamente cómo serán las condiciones a las cuales debe sujetarse un individuo refugiado o asilado; por ejemplo, sería oportuno la expedición del Pacto Internacional que garantice las medidas

complementarias cuando no sea procedente la calidad de refugiado y de esta manera se le dé una protección extra a los derechos humanos de los migrantes, delimitando cada una de las posibilidades a las cuales tiene acreencia la persona solicitante y rechazada. En el mismo sentido, el Pacto Internacional debe fomentar la no devolución indirecta de la persona rechazada cuando no se acredite de manera literal que el solicitante salió de su país por problemas de raza, ideología, persecución, entre otras, reconociendo su situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, justificando su salida del país natal para que tenga posibilidades de poder asentarse por lo menos temporalmente en otro país y así recibir una mejor calidad de vida. El Pacto Internacional que se propone es un compromiso que todos los países latinoamericanos deben asumir, pero en especial de aquellos que son países delimitantes con Venezuela, pues al tratarse de Pactos Internacionales es importante contar con el apoyo de toda la comunidad. De igual manera es necesario promover en América Latina, la divulgación, enseñanza e investigación en los sectores educativos, laborales y de salud, de la normativa internacional y nacional sobre la protección de asilados o refugiados, pues este tema actual no es conocido por la población y genera en esta, inconformismo y rechazo debido a la creciente población migrante. por último, es necesario instar a la Organización de los Estados Americanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a las organizaciones no gubernamentales, y a las entidades nacionales, en que amplíen e intensifiquen su asistencia, para alcanzar el 14

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cumplimiento de las normas en materia de protección de asilados y refugiados en América Latina, así como, a que prosigan su laudable labor coordinando su acción, para evitar la propagación de una vulneración masiva de derechos.

Si no se implementa un Pacto Internacional actualizado a las problemáticas que se viven con esta crisis migratoria, se estarían vulnerando aún más los derechos humanos y se perdería credibilidad a la institución del asilo.

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Acciones de ONU y OIM frente a crisis venezolana.

El pasado 19 de septiembre, La Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR- y la Organización Internacional para las Migraciones OIM- tomaron a decisión conjunta de nombrar un representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos. Dicha responsabilidad fue asumida por el guatemalteco Eduardo Stein, quien “promoverá un enfo-

que regional coherente y armonizado a la situación de los venezolanos y trabajará para promover el diálogo y el consenso en la respuesta humanitaria” (“ACNUR Y OIM […]”, 2018). Esta acción se da en un contexto de crisis humanitario que ya deja ver sus consecuencias en toda la región. De esta problemática se tiene que, más de 2,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014, de los cuales se calcula que, un 90% permanecen en países de la región (“ACNUR Y OIM […]”, 2018). Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de construir estrategias multilaterales para hacer frente a esta crisis humanitaria que puede generar mayor inestabilidad al continente americano.

ACNUR y OIM nombran un representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos. (19 de septiembre de 2018). Noticias ONU. Recuperado de: https://goo.gl/6Midnh 16

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Las Fuerzas Militares y la seguridad en los desastres naturales: Caso Indonesia Farid Camilo Rondón Raigoza — CSEDN. El día 28 de septiembre se presentó un terremoto en las costas de la zona central del Archipiélago de Indonesia, causando amplias pérdidas humanas y económicas. En este caso, todas las capacidades institucionales nacionales e internacionales deben ponerse en práctica para poder mediar ante esta crisis. Por ello, ante este tipo de desafíos naturales, se abre un espacio para consideraciones epistemológicas y ontológicas respecto al concepto de seguridad, y el considerar, o no, un desastre natural como un problema de este tipo. El presente texto plantea los retos que tienen las Fuerzas Militares en los contextos de desastres naturales, teniendo en cuenta el desastre ocurrido en Indonesia, haciendo el parangón con Haití para ver las acciones realizadas por las instituciones castrenses. En ese orden de ideas, se exponen cuatro cortos acápites: primero, unas consideraciones teóricas sobre el uso del aparato militar en contextos de desastres naturales; segundo, una contextualización de lo ocurrido en Indonesia y del papel que han tenido en este momento coyuntural, las Fuerzas Militares; tercero, poner de presente algunas observaciones de relevancia respecto al caso de la catástrofe derivada del terremoto en Haití; y cuarto, un breve análisis y conclusiones.

De esta manera, respecto a los desarrollos conceptuales se señala que el concepto de la seguridad se ha venido ampliando paulatinamente en las últimas décadas (Vargas, 2012), por lo cual, se han posicionado dos conceptos fundamentales en los desarrollos teóricos latinoamericanos en el nuevo milenio; ambos impulsados por Organizaciones Internacionales. El primero, es el concepto de “seguridad humana”, el cual es impulsado por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, concentrándose en la concepción de la persona como objeto central de protección, acompañando al Estado en esta posición; por ello, se basa en una visión amplia de las amenazas, teniendo estas diferentes dimensiones y diversos campos de acción, los cuales no se reducen al militar (Moloeznik, 2002); teniendo la posibilidad de Imagen 1. Zona donde ocur r ió el Tsunami y densidad de la población.

Fuente: BBC Mundo (2018).

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definirla como la garantía de los derechos humanos de las personas. Mientras que, por otro lado, se encuentra el concepto de “seguridad multidimensional” el cual es desarrollado por la Organización de Estados Americanos OEA-. Esta concepción busca “incorporar una combinación de problemáticas políticas, económicas, medioambientales y de seguridad humana” (Stein, 2009, p. 31). En ese sentido, esta definición de la seguridad multidimensional se deriva de una conceptualización más amplia como la comprendida por la seguridad humana, dirigiendo el debate sobre una concepción que se llega a salir de las mismas personas, dependiendo no solo de la resolución de sus mínimos de vida; sino que se amplía hacia mantener la supervivencia en condiciones para el desarrollo humano. De esta forma, se señala que, unas de las amenazas planteadas desde esta posición son “los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, Otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente” (Stein, 2009, p. 32). Por ello, es fundamental considerar a la persona dentro de un ambiente en el cual se desarrolla, pudiendo este generar amenazas o el sentido contrario. Por lo tanto, es necesario adaptar a las Fuerzas Militares al debate por la seguridad en las Américas, llevándolos a la protección de la naturaleza y, consecuentemente, hacer frente a los peligros que esta genera para los humanos, como lo son los desastres naturales. Diversos autores han señalado la necesidad de continuar con este tipo de debates, dando de forma específica la

discusión sobre el uso de las Fuerzas Militares en escenarios como las crisis, derivadas de un desastre natural (Cajina, 2010). Poniéndose dos posiciones en juego: la primera, referida a aquellos que se encuentran en contra de este tipo de determinaciones, afirmando que las Fuerzas Militares utilizan los roles tomados en este tipo de circunstancias para consolidarse en el orden interno (Cajima, 2010); tal y como pasa históricamente en cualquier escenario de crisis en Argentina, donde las Fuerzas de este país empiezan a reclamar mayor autonomía y funciones internas (Ugarte, 2003). Mientras que hay otra posición que propende por la intervención de estas Fuerzas y su uso en el escenario de una crisis (Bolaños, 2014; Martínez, 2006). Dentro de estos últimos se encuentra Ugarte (2003) quien señala: Que las Fuerzas Armadas empleen para tareas de apoyo a la comunidad el personal y los medios que utilizan para prepararse para la defensa, no constituye sino el uso beneficioso de una capacidad remanente que de otro modo se perdería. De esta manera, podemos plantear que ambos puntos tienen posiciones certeras. No obstante, al examinar con detenimiento las propuestas de estos autores, se puede determinar que la segunda es más acertada, dado que las Fuerzas Militares se preparan (en su mayoría) para la defensa del país y, por lo tanto, no pueden desarrollar todas sus capacidades a menos que exista un conflicto armado con otro país. Por ello, es fundamental que las Fuerzas Armadas puedan actuar de manera hibrida, teniendo un entrenamiento que les permita desarrollar actividades en caso de desastres

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naturales; dado que son una fuerza dinámica que puede ser aprovechada para el beneficio nacional y la recuperación del país. Asimismo, un aspecto importante a resaltar es que lo anterior se encuentra compaginado con la definición de seguridad que se maneja en cada país, dado que, por ejemplo, en el caso de los Estados de América, el concepto de seguridad multidimensional permite que el país utilice sus Fuerzas Militares para garantizar seguridad a cada uno de sus miembros. Ahora bien, esto encierra un aspecto problemático y es que se debe hacer control por parte de las autoridades civiles, ya que, de otra manera, todos los temas son objetos de seguridad, pasando a un especial ámbito militar; postulando como punto necesario que estas funciones solo sean asumidas en un contexto de crisis (Cajima, 2010). Ahora bien, como se señaló en la estructura del texto, el caso de Indonesia plantea características especiales de análisis dado que este país, al ser un archipiélago (el más grande del mundo, teniendo miles de islas), tiene que movilizar la mayoría de sus recursos de apoyo por vía marina hacia la ciudad de Palu. Asimismo, el terremoto se expandió por otras zonas nacionales e internacionales (principalmente de Malasia y Filipinas), lo cual dificulta que las ayudas se puedan centrar en un punto, y que los organismos de rescate puedan hacer colaboraciones con otros países. La catástrofe es de amplia magnitud al estar Palu (principal zona de la afectación) en una posición geográfica que magnifico el Tsunami al encontrarse en la zona posterior de la bahía (“'Bodies everywhere': Indonesia

[…]”, 2018), ser un destino turístico internacional y encontrarse a portas de realizar un festival (“Indonesia earthquake: Huge […]”, 2018); además, Indonesia es un país vulnerable que no puede tener una respuesta certera, así como no se ha podido determinar con facilidad las afectaciones que tuvo la catástrofe (“'Bodies everywhere': Indonesia […]”, 2018). Por lo anterior, es importante el impacto que puedan tener las Fuerzas Militares, dado que estas tienen la capacidad de reaccionar y cuentan con sistemas operativos como Buques y Aviones que deben ponerse a la disposición del país ante este tipo de tragedias. De esta forma lo ha hecho Indonesia, dado que, ante la dificultad de mandar ayudas de forma interna del país, han llevado a que se implementen aviones de amplia carga de las Fuerzas Militares, así como que los militares se encuentren elaborando tareas de recuperación de los cuerpos y de movilizar a los supervivientes a los hospitales, dentro de los que se resalta el militar (“Indonesia earthquake: Huge […]”, 2018; Karmini, 2018). Si bien existen amplias limitaciones en comunicaciones y en la movilización de maquinaria (“Indonesia appeals for […]”, 2018), y la situación no se ha solucionado con la participación del Ejército; no obstante, el que esta organización se ponga al servicio de la sociedad permite tener mayores posibilidades de actuación alrededor de la tragedia. Tal vez, con excepción de los órganos destinados a emergencias, las Fuerzas Militares son la institución del Estado con mayor preparación y logística para afrontar una crisis de este tipo en el orden nacional. Asimismo, el gobierno indonesio ha hecho un llamado a la comunidad internacional y ha aceptado la ayuda de la misma frente a la

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catástrofe (Karmini, 2018), lo cual pone otro punto en el debate y es el hecho de que estos países (China, Estados Unidos, y los europeos, etc.) cuentan con la capacidad de movilizar grandes cantidades de suministros y maquinaria pesada, pero solo por medio de un uso de sus Fuerzas Militares, las cuales, en su mayoría, tienen disponibilidad para hacer un apoyo hacia el archipiélago. Además, las Fuerzas Militares cuentan con bases alrededor del mundo (en el caso de los países más grandes como Estados Unidos y China) que les permitirían tener un mejor despliegue estratégico en la zona. Por otro lado, las Fuerzas Militares de estos países se conjugan en muchos escenarios internacionales, como pueden ser las Fuerzas de Estados Unidos con algunas Europeas por medio de organizaciones como la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN-, lo cual lleva a que puedan desarrollar de mejor manera sus actividades en la arena internacional al existir estándares de actuación consolidados; cabe recordar que las Fuerzas Militares, por su vocación a la defensa nacional, se encuentran cercanas al exterior y, por lo tanto, tienen más capacidades en el momento de colaborar en una crisis extranjera. Además, las Fuerzas Armadas cuentan con diferentes especialidades, como ingenieros o médicos, que les permite generar una protección integral de las personas y poder realizar diversas actividades, más allá de llevar suministros a la zona afectada. Un caso representativo del papel que pueden desempeñar los militares en Indonesia se puede encontrar en el caso de Haití, en el cual se puede visualizar las

capacidades de colaboración de los militares en el orden internacional. Para empezar, se debe señalar que este terremoto ocurrió en el año de 2010, teniendo una fuerte repercusión en la zona de la capital, Puerto Príncipe, destruyendo la mitad de las estructuras dentro de la ciudad (“Haití, cinco años […]”, 2015). Para dimensionar la magnitud de la ayuda que recibió Haití por medio de los militares, se puede rescatar el apoyo por parte de las Fuerzas estadounidenses, dado que se afirma al respecto: La respuesta al terremoto de Haití en 2010 fue el esfuerzo humanitario internacional más grande en toda la historia de las Fuerzas Armadas de EE. UU. Éstas comenzaron a movilizarse inmediatamente y a brindar ayuda a la iniciativa internacional de respuesta y socorro. A los pocos días, la Fuerza Aérea de EE. UU. reabrió el aeropuerto internacional de Haití. Naves de la Guardia Costera de EE. UU. arribaron al lugar y comenzaron a entregar insumos de emergencia y a evacuar a los ciudadanos estadounidenses. Más de 22.000 efectivos de EE. UU. estuvieron en el pico más alto de la misión de Haití. De ellos, unos 14.000 estuvieron en tierra y aire tripulando barcos, operando 58 aeronaves y 15 embarcaciones cercanas, en tanto que 8.000 soldados, pilotos, infantes de Marina y guardacostas estuvieron en tierra (“Haití, cinco años […]”, 2015, párr. 2). Al igual que Estados Unidos, diferentes Ejércitos del mundo (principalmente de

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América) hicieron presencia en la región para colaborar llevando suministros, en operaciones de infraestructura o de trabajo con la población. Otro ejemplo de ello, es Colombia, el cual destino a sus fuerzas a que llevaran suministros y un campamento médico para la población, cumpliendo diversas misiones con Fuerzas como el de Canadá e Israel (“Misión cumplida”: Fuerzas […], 2010). Otro caso es Ecuador, el cual destinó miembros de sus Fuerzas para apoyar temas como desarrollo de vías y limpieza de fuentes hídricas para consumo humano (“FF.AA. incrementan […]”, 2012). Entre otras Fuerzas internacionales, se debe hacer mención especial a la presencia de Naciones Unidas en la crisis, la cual se encuentra basada en el despliegue de los cascos acules como Fuerza de apoyo que se va a mantener en el país (“FF.AA. incrementan […]”, 2012). Si bien la situación de Indonesia no es tan crítica como lo fue el terremoto de Haití, dadas las dimensiones que tuvo este última al ubicarse en un país pobre y en una zona de alta densidad poblacional, la realidad

es que los militares, tanto nacionales como internacionales, pueden jugar un papel fundamental en la recuperación del país frente al desastre, dado que estos tienen mayores capacidades que son útiles en el momento de que se presente una crisis. Ahora bien, respecto al peligro que representa el que la seguridad se convierta en un tema clave en la sociedad, este debe implicar mayor análisis, dado que en el caso de Haití se presenta una continuación de las Fuerzas en el proceso de estabilización del país (en este caso internacionales por medio de los cascos azules). No obstante, es improbable que esto suceda en un país como Indonesia, dado que este cuenta con mejores capacidades para recuperarse de forma interna (por insuficientes que sean), así como le ha dado una amplia importancia a sus órganos de rescate los cuales priman por encima de los militares. En ese orden de ideas, los militares no cobrarán la importancia que se espera tengan en el nivel nacional después de superada la crisis, pero si son una fuerza que permite que la crisis sea superada a un menor costo.

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Servicio militar obligatorio y cohesión nacional: la apuesta de los Estados del Golfo (II). Rafael Pirazán Hernández - CSEDN En la primera parte de este texto se presenta una breve revisión sobre la tendencia hacia la adopción de sistemas de servicio militar obligatorio en los países del Golfo Arábico, resaltando los diversos objetivos de esos proyectos, que no se limitan al fortalecimiento militar en el sentido más tradicional, sino que incluyen metas como la generación de identidades nacionales más sólidas, cohesionar sus sociedades y reinventar la relación Estado-ciudadano, en términos más recíprocos. En esta ocasión, se analiza el caso de los Emiratos Árabes Unidos -EAU-, que cuenta con particularidades que vale la pena destacar, en un intento por enfatizar el alcance multidimensional de las relaciones cívicomilitares y, puntualmente, plataformas como el servicio y militar. En los EAU la conscripción obligatoria es reciente y, de acuerdo el análisis de la medida, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad de Estados Unidos -CSIS-, esta fue implementada con la intención de “construir el país”, más allá de construir las Fuerzas Militares. El CSIS relata algunos elementos novedosos del caso como la intención de utilizar el servicio militar como herramienta para revitalizar el mercado laboral en industrias críticas o para fortalecer la supervisión gubernamental y el conocimiento de la población. Además, prevé los posibles

escenarios para la evaluación del impacto del proyecto y resalta la importancia de no descuidar las dinámicas de género y otros elementos sociales que jugarían un rol determinante en la gestión del servicio como terreno de ingeniería social (Alterman & Balboni, 2018). Respecto a lo primero, es destacable la identificación de industrias en la economía emiratí que podrían beneficiarse de la capacitación de personal durante el servicio militar. La amplitud de esta gama de sectores económicos dependerá también de las capacidades, habilidades y aptitudes que sean desarrolladas desde la doctrina y el entrenamiento que reciban. En la actualidad, las labores militares van más allá del entrenamiento físico y el dominio de armamentos y técnicas de combate, incluyendo nuevas formas de inteligencia, comunicaciones, gestión de talento humano y las áreas más vanguardistas de la ingeniería, la medicina, la robótica, entre otras (Alterman & Balboni, 2018). Esto permite que el servicio se

Fuente: CSIS (2018). 23

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proponga como una plataforma de aprendizaje y desempeño multidimensional, que puede explotar los talentos y conocimientos de quienes participen y brindarles capacidades de utilidad fuera de la esfera militar. Como se mencionó, uno de los casos emblemáticos al respecto es Israel, donde la conscripción se ha concebido de una forma similar (Harel, 2012). El proyecto en los EUA también apuesta por servir al fortalecimiento del escrutinio gubernamental, entendido como la cantidad y calidad de información de la que las autoridades estatales disponen sobre la población. La posibilidad de contener a una porción poblacional relevante como la de hombres - y en algunos casos, mujeresjóvenes, bajo constante observación, es sin duda útil en tanto permite la identificación de rasgos comunes, tendencias y percepciones que, a su vez, dan lugar a conclusiones en temas tan variados como economía, política, seguridad, cultura y psicología social (Alterman & Balboni, 2018). Esto, en definitiva, tiene un valor estratégico incalculable para un Estado que se ha dado la tarea de intervenir la sociedad que gobierna, para gestar en el largo plazo una nación estable. Es claro, como lo anota el CSIS, que los efectos sólo serán evaluables en el largo plazo, pero hay algunas métricas que pueden asociarse directamente con el éxito de los objetivos descritos, por ejemplo: la inserción laboral, el crecimiento económico diferenciado por sectores, los flujos de emigración y algunos más subjetivos como la percepción y aprobación de las autoridades y las relaciones entre los civiles y las Fuerzas

Militares. Para que exista un impacto en tantas áreas, como se pretende desde el diseño del proyecto, jugarán roles fundamentales algunas disposiciones logísticas, como el tiempo de duración del servicio, que debe ser suficiente para formar a quienes lo prestaren de la forma deseada; y algunas de carácter social, como la inclusión de la población de todos los Emiratos, desde los más prósperos y cercanos a los gobernantes, como los más alejados de estos. Para esto último, será crucial examinar, los incentivos para la participación que, pese a ser obligatoria, puede hacerse cada vez más voluntaria; así como el sistema de excepciones, que en muchos casos terminan propiciando el desentendimiento de los sectores más privilegiados de la población (Alterman & Balboni, 2018) También en el plano social, el CSIS hace hincapié en la importancia de las dinámicas de género. De acuerdo con The Huffington Post, en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en el mundo, hay más mujeres en la vida militar que en cualquier otro punto de la historia, incluyendo tiempos caóticos como las guerras mundiales del siglo pasado (“Women in the Military […]”, 2018). El papel de las mujeres es cada vez más relevante y las lógicas que propician los roles de género en la esfera militar son determinantes (Alterman & Balboni, 2018). Si el proyecto en los EUA propende por forjar una identidad nacional y moldear las características de la sociedad emiratí, debe entender que las dinámicas de género en la ejecución del servicio pueden traducirse en dinámicas sociales en el futuro y, adicionalmente, aunque la participación de mujeres es baja, esta enriquece los ejercicios

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de conocimiento de la población y escrutinio gubernamental, abordados algunas líneas atrás. La adopción de la conscripción obligatoria en los países del Golfo es una tendencia casi general. No obstante, la minucia en cada caso particular permite entender la diversidad que esconden las páginas de proyectos que, a simple vista, pareciesen un engrandecimiento de las milicias, al estilo más antiguo. Generalmente, cuando alguien se encuentra frente a un titular que enuncia cómo un país emprendió

la práctica del servicio militar obligatorio, se abalanza sobre el tema con análisis inmediatos que versan sobre -y no es sorpresa - amenazas de seguridad, conflictos internacionales, poderío militar y la tradicional “distensión” en las Relaciones Internacionales. Más allá de eso, al menos en los casos aquí plasmados, subyacen objetivos que se hacen lugar en la economía, cultura y sociedad, haciendo evidente el papel multidimensional, y no restricto, de las Fuerzas Militares como institución estatal.

Referencias Alterman, J. B., & Balboni, M. (2018). Citizens in Training: Conscription and Nation-building in the United Arab Emirates. Retrieved from https://goo.gl/i48pKq Harel, A. (2012). The IDF Must Remain an Army of Conscripts, for Now. Retrieved from https:// goo.gl/jrQ65J The Huffington Post. (2017). Women In The Military: Through The Decades. Retrieved from https://goo.gl/fwEGe1

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Fortalecimiento de las Fuerzas Militares Colombianas Las Fuerzas Militares en Colombia se han consolidado en diferentes ámbitos de la seguridad interna, siendo una institución con amplias capacidades para atender diferentes problemáticas sociales. En ese orden de ideas, se puede rescatar las habilidades que han desarrollado respecto a la movilización de fuerzas para la atención de una emergencia en el territorio colombiano; dado que: Se realizan coordinaciones entre Comandos de Divisiones, brigadas o batallones, con los departamentos de Policía y algunas agencias del Estado comprometidas en la atención de la calamidad, para definir frecuencias, indicativos, directorio de microondas y líneas comerciales, que faciliten la proyección y ejecución del plan de comunicaciones para la contingencia de las situaciones de desastre o emergencia (“Soldados colombianos comprometido […]”, 2013).

Por lo cual, las Fuerzas se consolidan para poder hacer frente a las diferentes emergencias (incluyendo las ambientales) que pueda tener el país. La más reciente es la ocurrida en la ciudad de Mocoa en el año de 2017, en la cual las Fuerzas Armadas tuvieron un papel fundamental en las ayudas dadas a los pobladores, movilizando 1.120 miembros y varias aeronaves con ayudas (“Fuerzas Militares brindan […]”, 2017).

Soldados colombianos comprometidos en situaciones de atención y prevención de desastres (11 de marzo de 2013). Ejército Nacional de Colombia. Recuperado de: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=253684 Fuerzas Militares brindan apoyo a colombianos damnificados en Mocoa (1 de abril del 2017). ElMundo.com. Recuperado de: http:// 26 www.elmundo.com/noticia/Fuerzas-Militares-brindan-apoyo-a-colombianos-damnificados-en-Mocoa/349547

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Somalia, ¿Un Estado fallido?: consideraciones para el análisis (I) Felipe Forero Rodríguez – CSDEN La República Federal de Somalia está ubicada en el extremo oriental del continente Africano, tiene una extensión de 637.657km2 (“Datos básicos […]”, s.f). Desde la perspectiva geográfica, su ubicación es privilegiada al tener salida directa al Golfo de Aden, el cual es la entrada al Mar Rojo y un paso obligado para atravesar el Canal de Suez (“El canal de […]”, 2015):

La media de barcos que lo cruzan al año (con datos desde el 2.000) es de 17.100 barcos (con un tiempo medio estimado de cruce entre 11 y 16 horas sin contar esperas) con un peaje medio recaudado de 3.900 millones de US$ (sale a una media de 228.000 US$ por barco). Señalar que la mayoría de barcos que lo cruzan corresponden a petroleros y sabiendo de las necesidades energéticas del mundo en este combustible se entiende lo que una crisis en el canal podría provocar a escala mundial. En este enlace podéis observar el número de barcos que lo atraviesan según el mes y el año y una noticia antigua al respecto del petróleo.

Sin embargo, en el caso de Somalia, se presentan unos desafíos, lo que significa un mayor esfuerzo para hacerle frente tanto a la piratería como al extremismo religioso. A esto hay que añadirle la complejidad social y

cultural que alberga este territorio, dado que cohabitan 4 clanes mayoritarios y otros grupos poblacionales: i) Haawiye: 25% de la población, constituido por los subclanes Abgal, Ajuran, Degodia, Habr Gedir, Hawadle y Murosade; ii) Isaaq: 22% de la población, constituido por los subclanes Eidagalla, Habr Awal, Habr Toljaala, Habr Yunis; iii) Darood: 20% de la población, constituido por los subclanes Dulbahante, Majertain, Marehan, Ogadeni, Warsangeli; iv) Raxanweywn: 17% de la población; v) el clan Dir: 7% de la población constituido por los subclanes Gadabursi e Issa; vi) el clan Digil: 3% de la población; y, un 6% de minorías étnicas

Imagen 1. Sistema de Clanes Somalí y villas piratas

Fuente: Hamza & Priotti (2018).

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(“Somalia`s Comlpex Clan […]”, 2012). La composición de Somalia, a pesar de ser ideal para construir un Estado cohesionado por compartir una etnia, cultura, lengua y religión, se encuentra dividida por la estructura de clanes anteriormente descrita. El elemento de clanes, es pues, el elemento identitario por excelencia en Somalia y este determina las relaciones con otras dinámicas somalíes como lo son la piratería y el extremismo religioso (“Somalia`s Comlpex Clan […]”, 2012). Así mismo, Somalia alberga a AlShabbaab, una agrupación yihadista letal de África sub-sahariana. Fundado en 2006, su nombre traducido del árabe quiere decir La Juventud o Movimiento Mujahideen Jóven. En su génesis, era el ala militar de la Unión de Cortes Islámicas (o Unión de Tribunales Islámicos), una alianza de cortes de línea dura Sharia del sur de Somalia, quienes se constituyeron como rivales de Parlamento Transicional Federal. Al-Shabbaab está afiliada a al-Qaeda desde 2012 (“Al-Shabaab: Who […]”, 2018). Adicionalmente, Somalia se disputa el primer lugar en cuanto a piratería marina con Indonesia y Nigeria (“Which Country has […]”, 2013). De acuerdo al Banco Mundial (2013) como lo refiere Hamza & Priotti (2018), los pagos por rescates a piratas somalís en el periodo 2005-2012 asciende un aproximado de entre 339 y 413 millones de dólares. Frente a lo anterior, hay que resaltar que:

La transmisión de energía es particularmente importante porque es

estratégica para los principales mercados occidentales de la Unión Europea y América del Norte. De hecho, la globalización del mercado de la energía y su distribución desigual entre países y continentes están impulsando el comercio creciente entre las regiones productoras y los polos de consumo. Estas modalidades singulares hacen que el mercado sea extremadamente sensible al cambio. En este sentido, el transporte marítimo desempeña un papel clave. Este mercado energético ha respondido en particular a la piratería marítima en el Golfo de Adén y el Océano Índico. El vínculo entre la captura de un petrolero por los piratas y la reacción del mercado petrolero es evidente (Hamza & Priotti, 2018).

Las problemáticas y características hasta el momento mencionadas, hacen necesaria la consideración de la categoría Estado fallido. Como bien lo refiere Stewart Patrik (2007) teniendo en cuenta la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: “Los estados débiles y empobrecidos y las áreas no gobernadas no solo son una amenaza para su gente y una carga para las economías regionales, sino que también son susceptibles de ser explotados por terroristas, tiranos y delincuentes internacionales” (Casa Blanca, 2006). Así pues, cabe llamar la atención sobre el requerimiento de estudiar las relaciones existentes entre Estados fallidos y amenazas, tanto domésticas, como regionales y globales.

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En el caso particular de Somalia, se presentan varios desafíos que permiten concluir la imposibilidad de consolidar un Estado con instituciones occidentales en un contexto de unidad étnica, cultural, lingüística, que, se supone facilita la cohesión, termina desembocando en dinámicas que generan inestabilidad no solo en su funcionamiento

interno, ni tampoco únicamente en la región, sino también a escala mundial. El análisis se profundiza respeto al ámbito doméstico en la segunda entrega del presente artículo, en donde se tendrán en cuenta: información y datos, que permitan determinar la situación en los aspectos, político y socioeconómico.

Referencias. Al-Shabaab: Who are the East African jihadi group and what are their goals? (2018). Independent. Recuperado de: https://goo.gl/XQVCV8 Datos básicos de Somalia. (s.f). Infolaso. Recuperado de: https://goo.gl/9uGV4s El Canal de Suez. (2015). W ordpress. Recuperado de: https://goo.gl/yQCGUU Hamza, F. R., & Jean-Philippe Priotti. (2018). Maritime trade and piracy in the gulf of aden and the indian ocean (1994–2017). Journal of Transportation Security, pp.1-18. doi:http:// dx.doi.org/10.1007/s12198-018-0190-4 Patrick, S. (2007). “Failed” States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. International Studies Review, 9(4), pp. 644–662. https://doiorg.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1111/j.1468-2486.2007.00728.x Somalia´s Complex Caln Dynamics. (2012). Fragile States. Retrieved from: https://goo.gl/ mK7B1r Which Country Has the World's Most Pirate-Infested Waters? (2013). The Maritime Executive. Retrieved from: https://goo.gl/H41wYE

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La Piratería La Organización de Naciones Unidas (s.f.) define a la piratería en la Convención sobre el Derecho al mar, a partir de acciones concretas. Así, se considera:

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: i) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar

no sometido a la jurisdicción de ningún Estado; b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

Sin embargo, estas prácticas antiguas, más que la ONU. Las primeras referencias históricas se remontan al siglo V a.C. De ese periodo data la referencia a la llamada ‘Costa de los Piratas’, que se ubicaba en el Golfo Pérsico. Aunque no se empleaba el término como tal, en la mitología griega permite evidencia prácticas piratas por parte de los distintos Héroes (“Historia de la […]”, 2017). Los egipcios, también hacían referencia a los piratas, se referían a estos como los Pueblos del Mar. Lo anterior, en tanto el primer acercamiento fue de tipo invasivo, por

vía marítima y con la finalidad de saquear (Mondfeld & Haces, 1978).

Historia de la piratería. (18 de octubre de 2018). Historia-Biografía. Recuperado de: https://goo.gl/W8MdfF Mondfeld. & Haces, L. (1978). Piratas. Barcelona: Círculo de Lectores. Naciones Unidas. (s.f). Convención sobre derecho al mar. Recuperado de: https://goo.gl/61Mght

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La elección del nuevo gobernador de Okinawa y la presencia militar de Estados Unidos en Japón. Andrés Castillo Montoya - CESDN Durante los últimos años, la reubicación de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Futenma ha representado un problema político de alta complejidad para el gobierno de Japón, para las Fuerzas Militares americanas y la diplomacia de los Estados Unidos en Asia. El plan, que busca trasladar la base militar de la ciudad de Ginowan a la villa de Henoko, encontraría mayor resistencia debido a la elección del nuevo gobernador de la prefectura de Okinawa, el señor Danny Tamaki, un acérrimo opositor de la presencia militar americana en la región (Yamaguchi, 2018). Futenma, la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos más grande en Asia Pacífico (Denyer & Kashiwagi, 2018), se encuentra en el centro de Ginowan, una población que cuenta con aproximadamente 93.661 habitantes. De los 50.000 militares americanos en Japón, la isla de Okinawa alberga a 19.000 marines y la base a 3.000 (“Fierce Critic […]”, 2018). Para el Pentágono, este complejo no sólo es vital para la defensa de Japón, sino para el mantenimiento de la paz y la proyección del poder americano a lo largo de la región (Denyer & Kashiwagi, 2018). Según el Teniente General Eric Smith, actual comandante de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Japón, la base provee una fuerza militar creíble para soportar la diplomacia, tranquilizar a los aliados y asegurar la libertad en los mares, además de responder a las tensiones con China y Corea del Norte y a las necesidades humanitarias producto de causas ambientales como los tifones en Filipinas y los terremotos

en Japón (Denyer & Kashiwagi, 2018). Hay que recordar que Washington ha mantenido una fuerza militar en Japón, desde su derrota al final de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Como parte de los términos de rendición, a Tokio no se le permitió formar sus propias defensas, sino que las recibiría por parte de los Estados Unidos a cambio de acoger bases americanas en su territorio. Sin embargo, para los habitantes de la isla, son más los perjuicios que los beneficios provenientes de la presencia de los militares, quienes han estado implicados en numerosos escándalos hasta la fecha. Su proximidad a tantas personas, escuelas, parques y conjuntos residenciales condujo al Secretario de Defensa de los Estados Unidos en 2003, Donald Rumsfeld, a declararla “la base militar más peligrosa del mundo” (“Fierce Critic […]”, 2018). En 1995, se produjo un caso de abuso de autoridad (McCurry, 2018). En 2004, un helicóptero se estrelló en el edificio de una universidad (Denyer & Kashiwagi, 2018). En 2017, la ventana de un helicóptero se cayó en pleno vuelo, hiriendo a un niño que jugaba en el parque de una escuela. También en 2017, un soldado confesó haber cometido un delito de abuso contra una mujer, crimen por el que fue sentenciado a cadena perpetua (“Fierce Critic […]”, 2018). Ambientalmente, la reubicación de la base representa amenazas para la ecología, como polución, deforestación y una fuente de peligro para las especies. Los opositores de este proyecto aseguran que, el traslado destruirá el delicado ecosistema marino del área y pondrá en peligro las especies locales (McCurry, 2018). Asimismo, se han reportado derrames tóxicos de las instalaciones militares que contaminan las bahías y los ríos de agua31

Observatorio S&D - Vol. 03. N° 16 – Octubre 5 de 2018 potable para los habitantes. Desechos como gasolina, químicos y aguas residuales contaminan de forma considerable. Por ejemplo, el bosque de Yanbaru, subtropical con 11 especies endémicas, fue candidato a ser seleccionado en la lista de Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO por su exclusividad biológica; no obstante, alberga un centro de entrenamiento selvático americano (Dias, 2018). En este sentido, Danny Tamaki ha dicho que les pedirá a los gobiernos americano y japonés cerrar la base de Futenma, regresar Okinawa y expulsar la estación aérea de la isla. También busca reducir la presencia militar en la isla y revisar el Acuerdo de Estado de las Fuerzas, el cual concede a los militares americanos ciertos privilegios legales. No obstante, estos objetivos podrían ser difíciles de alcanzar, porque el gobierno central tiene mayor autoridad que el local sobre asuntos de la alianza entre Washington y Tokio (Yamaguchi, 2018). Si bien es posible que la presencia militar de los Estados Unidos en Japón garantice seguridad y defensa para la isla y respuesta ante emergencias naturales, Tokio debe asumir un papel de liderazgo y autoridad para proporcionar a la prefectura de Okinawa y a sus habitantes un ambiente de tranquilidad, en el que no se vean

amenazados ni los ecosistemas, ni la seguridad personal de los residentes. Estados Unidos debe implementar mayor control sobre la conducta de los militares y rectificar su comportamiento frente a los residentes. Asimismo, las bases militares no pueden poner en peligro los recursos naturales ni la fauna y flora de la región. Tokio debe exigir a Washington mayor responsabilidad sobre su gestión militar en su territorio, considerando que étnicamente e históricamente los habitantes de Okinawa vivieron los efectos de la guerra y demandan una resolución diplomática de las diferencias y una convivencia libre de armas, bombas y conflicto en su propio territorio. De hecho, es importante resaltar que Okinawa es una de las cinco zonas azules en el planeta, lo que significa que su población vive más tiempo que el promedio mundial porque su estilo de vida es más saludable y sufren de menos enfermedades. Por estos motivos, se recomienda una revisión de los acuerdos contractuales para que no se pongan en riesgo ni en amenaza la salud y la convivencia pacífica de los habitantes de Okinawa, su medio ambiente y su cultura. Por supuesto, Tokio debe respetar la decisión popular de los residentes de Okinawa y debe priorizar su bienestar a la importancia geoestratégica de las bases militares en Japón.

Referencias Denyer, S., & Kashiwagi, A. (2018). In Japan’s Okinawa island, U.S. military bases take center stage in election. The W ashington Post. Retrieved from goo.gl/9HKHPv Dias, T. (2018). US military bases in Okinawa threaten its people and ecosystems. The Ecologist. Retrieved from goo.gl/QE3QnU Fierce Critic of US Military Bases Elected as Governor of Okinawa. (2018). Sputnik News. Retrieved from goo.gl/oCXSf4 McCurry, J. (2018). Japan: US military base critic voted in as Okinawa governor. The Guardian. Retrieved from goo.gl/APAoUW Yamaguchi, M. (2018). AP Explains: The new Okinawa governor and US military bases. Star 32 Tribune. Retrieved from goo.gl/imYksB

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Derechos Humanos y la inmigración en Europa. Andrea Carolina Coy Garzón CSEDN La globalización, ha sido un fenómeno que ha permitido el desarrollo de los países a escala mundial en diversas cuestiones como: comercial, cultural, tecnológica, social, entre otras. Sin embrago, la globalización también ha permitido el desarrollo de problemáticas que han surgido de los conflictos internacionales. Una de estas problemáticas ha sido la inmigración de personas a países distintos de su país de origen, cuestión que actualmente se ha convertido en una crisis humanitaria. Esta crisis migratoria, ha sido un gran reto para la Comunidad Internacional debido a que, esta se debe encargar de la gestión de los flujos migratorios en países de origen, tránsito y destino, y como dichos países se ven afectados (Ferreira Rodrigues & Ferreira, s.f.). La Unión Europea -UE-, es uno de los destinos más transitados por inmigrantes, es por esto que se analiza el régimen jurídico a nivel internacional: cómo es la gestión de flujo de los inmigrantes dentro de la UE y; qué medidas ha tomado para que los derechos de los inmigrantes no sean violados y no tengan un mal trato en dicho territorio. Dentro del régimen jurídico que se ha establecido a nivel internacional frente a la problemática migratoria se encuentran; el Alto Comisionado para los Refugiados en 1921, el cual fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y; tiempo después, la creación de la Organización Internacional para los refugiados por parte de las Naciones Unidas que, tiene como objetivo, promover la

protección internacional de los refugiados, con el propósito de velar por los derechos y el bienestar de ellos en otro territorio (Consuegra, 2017). Es importante tener en cuenta que cada Estado tiene soberanía dentro de su territorio nacional, de esta manera cada estado puede tomar las medidas que precisen oportunas dentro de dicho territorio, siempre y cuando no se realice ningún tipo de violación de los derechos humanos dentro este estado, justificado en la soberanía del país. Entre estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR- y la Convención de 1951 hubo un acercamiento en el Protocolo de 1967, resaltando que el estatuto de ACNUR y en la convención de 1951 la definición de refugiado en el contexto internacional es bastante similar (Consuegra, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior ACNUR rige la protección internacional de los refugiados bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, dicha protección para los refugiados se encuentra contenida en el Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios Para Determinar la Condición De Refugiado, el cual entro en vigor hace 60 años. Dentro de este manual se contemplan diversas clausulas las cuales determinan la condición en la que se encuentra el refugiado, si este se encuentra en calidad de refugiado, si se encuentran en posibilidad de recibir ayuda y protección internacional adicionalmente de determinar el factor de porque ha emigrado de su país. Dicho manual es una guía o directriz para tratar dicha problemática por parte de funcionarios gubernamentales (ACNUR, 2011). El año 2015 para el continente Europeo fue el inicio de una crisis migratoria

Observatorio S&D - Vol. 03. N° 16 – Octubre 5 de 2018 debido a que este fue el año en el que se recibió un alto número de refugiados, consecuencia de la guerra que se vive en Siria, en Afganistán, Eritrea con Etiopia y en Irak, situaciones que han obligado a gran cantidad de personas de dichos países a desplazarse en búsqueda de seguridad y protección. Teniendo en cuenta esto se considera como refugiado como la persona que emigra a otro país por motivos de violencia; raciales, nacionales, religiosos, pertenencia a un grupo social o político según lo estipulado en la Convención de 1951.Es importante resaltar que a la UE llegan gran cantidad de inmigrantes y la mayoría de los que llegan no pueden ser considerados como refugiados, lo cual se ha convertido en una problemática, debido a que analizar la situación individual de cada inmigrante se ha convertido en una problemática más, debido a la gran cantidad de inmigrantes que buscan asilo en este continente (Consuegra, 2017). Frente a dicha situación, la UE no tiene una normatividad en la que todos sus estados se pongan de acuerdo con la situación de muchos refugiados, por lo cual, algunos de sus estados han tomado la decisión de tener

un mayor control fronterizo cerrando algunas fronteras. Las políticas de control tomadas por varios países de la UE no han respetado lo contemplado en la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y lo acordado con ACNUR debido a que no se les brinda el apoyo necesario a los refugiados. La UE ha buscado la forma de evadir la responsabilidad frente a refugiados, creando un pacto con Turquía en el cual se crean lugares de retención de inmigrantes en Turquía y que son financiados por la UE. (ALDUNCIN, 2017) Los países de la UE frente a dicha problemática implementaron un acuerdo para aplicar un sistema de cuotas, sin embargo, dicho acuerdo no ha tenido un adecuado control, lo que ha generado que no sea una solución, y lo que iniciaron a realizar fue expulsar a muchos de los refugiados que se encuentran en la UE. (ALDUNCIN, 2017) Es importante resaltar que, los países de la UE actúan bajo sus propios intereses, por esta razón todos los países deberían buscar una solución conjunta que les permita brindar ayuda y protección a los refugiados, creando una política común para evitar que esta problemática de la crisis humanitaria aumente.

Referencias Ferreira Rodrigues, T., & Ferreira, S. (s.f.). Gestión migratoria en la Unión Europea: respuestas a crises. Recuperado de https://goo.gl/aMHpSY ACNUR. (2011). Manual de directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado. Recuperado de https://goo.gl/zfNtCc Alduncin, A. M. (2017). La Crisis de los Refugiados en Europa. Recuperado de https://goo.gl/ J19mxG Consuegra, P. S. (2017). El Derecho Internacional y la crisis de los Refugiados en Europa. Recuperado de https://goo.gl/pRvjRE Verdú, A. (2017). Vidas en conflicto: Quince contextos, cinco problemáticas, docenas de historias: un mosaico humanitario. Plataforma. Zlobina, A., & Páez, D. (2018). Aculturación y comunicación intercultural: El caso de inmigración en España. Recuperado de https://goo.gl/9bgwWE 34

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Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa. Compiladores: Rafael Pirazán, Carolina Coy, Felipe Forero, Andrés Castillo, Farid Rondón.

Kaldor, M. (2018). Global security cultures. John Wiley & Sons.

Iokibe, M. y Minohara, T. (2018). The History of US-Japan Relations: From Perry to the Present. Palgrave Macmillan. Retreieved from goo.gl/ oYd6r1

Payá, C. (Ed.). Terrorismo como desafío a la Seguridad global. España: Thomson Reuters Aranzadi

Lewis, M. A. (2017). Equatorial Guinean Literature in its National and Transnational Contexts. University of Missouri. Retrieved from: https://goo.gl/g7zTdk

Roldan Barbero, J. (2017). La Seguridad Nacional en España. España: Tirant.

Observatorio S&D - Vol. 03. N° 16 – Octubre 5 de 2018 Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa. Compiladores: Rafael Pirazán, Carolina Coy, Felipe Forero, Andrés Castillo, Farid Rondón.

Kussrow, S. (2018) Misiones principales y secundarias de los ejércitos: casos comparados latinoamericanos. RESDA L. Recuperado de: https:// www.resdal.org/assets/regional_final_esp.pdf

Green, M. J. (2018). More Important than Ever. Renewing the U.S.-Japan Alliance for the 21st Century. CSIS. Retrieved from: https://www.csis.org/analysis/ more-important-ever

Guevara, D., Silva, D. & Villegas, O. (2018). Las relaciones entre memoria histórica militar y educación. El caso de las fuerzas militares de Colombia en el posacuerdo. Reflexión Política V ol. 20(39), pp. 49-64.

Alterman & Bolboni (12 de marzo de 2018). Citizens in Training: Conscription and Nation-building in the United Arab Emirates. Recuperado de: https:// goo.gl/98Hi1K

Cárdenas, J. (2018). The United States Needs Help Putting Pressure on Venezuela. Foreign Policy. Retrieved from goo.gl/91NVPu

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