Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa Vol. 04. N°1/2019

Vol. 04. N° 01

Febrero 15 de 2019

ISSN 2500-5030

Observatorio S&D

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa

Sin detrimento del conflicto con otros grupos armados y la transformacion de violencia de las disidencias de la extinta guerrilla FARC-

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto”

OBSERVATORIO S&D 2019. Boletín digital.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) Bogotá D.C., Colombia.

DIRECTIVOS

Director: Mayor General Jaime Agustín Carvajal Villamizar Subdirector: Contralmirante Orlando Grisales Franeschi Director CSEDN: Coronel Jairo Iván Sánchez Gutiérrez Jefe de Investigación: Coronel Fernando Enrique Farfán Castro Editora: Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez M.A. (c) Asistente editorial: Mateo Andrés Roa Suárez

El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y el análisis crítico producto de sus investigadores.

Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” o del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN). Esta publicación tiene periodicidad quincenal.

¿Cómo citarnos?

Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]

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CONTENIDO

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales.

Hacia una perspectiva antropológica de la seguridad de las fronteras.

Andrés Manuel González PhD (c) ……...………...…................................................................05 La explosión separatista.

Vicente Torrijos PhD (c) & Juan Martín Londoño..……......................................................... 09 Tránsito a la Paz: Colombia 2016—2019.

Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez MA (c)...…..……..…………...…..……………….………..13

Recursos Académicos Libros sugeridos…...…………………………….……………...……………………………..16

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Hacia una perspectiva antropológica de la seguridad de las fronteras 1.

Andrés Manuel González2

El recrudecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela ha tenido como consecuencia un incremento en la atención frente a la situación de las fronteras compartidas con el vecino país. Sin embargo, la defensa y control de las fronteras no es nada nuevo. En 1648, como consecuencia de la Paz de Westfalia, se configura la primera infraestructura jurídica que permitirá el desarrollo de relaciones diplomáticas debidamente reglamentadas bajo los conceptos de soberanía nacional e integridad territorial. Tal documento delimitó el accionar militar, político y económico de las potencias europeas, condenando las guerras de agresión en relación con sus pares europeos, a raíz de esto fue posible el tránsito de una sociedad feudal —la cual entendía el territorio como propiedad hereditaria del monarca— hacia una sociedad de Estados

nacionales —donde el territorio se transforma en bien inalienable del cuerpo político—.

Eminentemente jurídicos en su naturaleza, los conceptos de soberanía nacional e integridad territorial son estructurados como abstracciones geográficas y sociológicas, pues el espacio físico es parcelado en unidades administrativas las cuales existen en documentos legales, pero que no “existen” materialmente en el territorio vital de las comunidades que lo habitan.

Buscando materializar tal abstracción jurídica, los puestos de frontera son construcciones artificiales por medio de las cuales se manifiesta la infraestructura gubernamental de los Estados Nacionales. Esta materialización de las fronteras tiene a su vez efectos reales en la vida de estas comunidades, una de ellas es la generación de lo que se entiende como identidad nacional. Sin embargo, como señala el antropólogo francés Marcel Mauss (1934), esta identidad nacional, entendida como el comportamiento cultural alemán, francés, o colombiano es mucho más complejo de lo que

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Artículo corto de análisis alusivo a la representación de las fronteras del Estado colombiano. Entendidas éstas como lugares donde existen aproximaciones que van mas allá de los conceptos clásicos de seguridad y defensa. Se exploran también las causas de la poca presencia del Estado en estas zonas del país.

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Investigador de violencia y justicia transicional. Candidato Doctoral en Antropología Cultural en Rutgers, The State University of New Jersey, USA. Magíster en Antropología Social de Goldsmiths, University of London, UK. Antropólogo de la Universidad de los Andes, Colombia. Actualmente realiza en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” una etnografía acerca de la cultura militar en Colombia como parte de su pasantía doctoral.

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Observatorio S&D - Vol. 04. N° 1 – Febrero 15 de 2019 parece a primera vista. La identificación del colombiano como “colombiano” solo es posible en oposición a otro grupo. En ausencia de un “otro” con el cual establecer una comparación, la identidad nacional es usualmente reemplazada por otras formas de identificación regional o de grupos de interés.

En un mundo globalizado esto es aún más evidente.

Al contrario de pensar el fenómeno de un mundo globalizado como la flexibilización de aduanas y capitales financieros de los últimos treinta años, este fenómeno es también de vieja data. La importación de recursos naturales tras el Descubrimiento de América en 1492 hacia las potencias europeas, así como la consolidación del tráfico de esclavos generó una de las actividades económicas más rentables de la época (Martínez, 2012). Para el siglo XIX, la piratería, el contrabando de personas, así como las tensiones diplomáticas entre Estados Nacionales, serían estructurados como afrentas a la soberanía nacional. No obstante, el concepto de soberanía nacional corre el riesgo de sacrificar la complejidad de la realidad social, en favor de variables discretas y cuantificables, cuyos indicadores muchas veces se quedan cortos para identificar problemáticas sociales de carácter cualitativo y experiencial, a diferencia de un enfoque cuantitativo e institucional.

Dicho lo anterior, a la discusión de fronteras se añaden los conceptos de seguridad y defensa. Entendidos en relación al aspecto físico de la violencia y al desarrollo de condiciones óptimas para una sociedad de mercado, estos conceptos han

experimentado transformaciones históricas, así como una considerable variabilidad cultural, política, e ideológica. No es de extrañar que la antropología, disciplina académica encargada de estudiar las prácticas sociales y culturales de grupos humanos nooccidentales, se interesase por lo que hoy es entendido como los estudios de seguridad. En este sentido, la antropología entiende la seguridad desde la producción y mantenimiento del orden social, incluyendo también el manejo de amenazas frente al bien social (Goldstein, 2015).

Buscando ser lo suficientemente amplía e incluyente de otras formas históricas y culturales de entender la seguridad, la antropología ofrece un panorama mucho más complejo de la experiencia de la vida cotidiana en las zonas de frontera. Por ejemplo; ante la creciente tendencia en Estados Unidos y Europa por adoptar medidas policiales y militares en las fronteras para hacer frente al crimen transnacional organizado, varias etnografías contemporáneas llaman la atención a las limitaciones prácticas de tales medidas.

Jusionyte (2018) y de León (2015), en sus respectivas investigaciones entre Estados Unidos y México, señalan que tales medidas no han desestimulado la migración ilegal, ni el tráfico de narcóticos a través de la frontera; por el contrario han generado que gran parte de estas economías ilegales sean más rentables.

No es sorprendente que en el año 2013 la agencia de noticias estadounidense –ABCdocumentara que los principales beneficiarios de tales estrictas medidas migratorias en la

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frontera hayan sido quince empresas privadas, las cuales asumieron multimillonarios contratos para el monitoreo satelital, biométrico, procesamiento de servicios informáticos, así como la administración y manejo de centros de detención (Hesson, 2013). De esta manera, la migración ilegal y el narcotráfico, entre otros, no ha sido eliminado sino desplazado a otros puntos de frontera, sin que por ello se haya conseguido desarticular a las organizaciones criminales que operan en el área.

En cuanto al tráfico de drogas Jusyonite (2018) da cuenta de la manera en que algunos funcionarios de medios de los servicios de seguridad, así como de los servicios de atención de emergencias, que cooperan con estas organizaciones

Figura 1. incautación de gasolina ilegal por miembros de la Policía Nacional

Fuente: Colprensa (2018)

delincuenciales, situación que es ampliamente conocida por quienes viven en las zonas de frontera. De manera similar, Nordstrom (2007) señala muy a pesar del desarrollo tecnológico y legislativo frente al contrabando marítimo, que este continúa llevándose a cabo con impunidad a través de puertos legales.

Aterrizando la discusión al caso colombiano se hace necesario aproximarse a la problemática de la frontera desde la experiencia de la vida cotidiana de las comunidades locales. Primero, no es posible hablar de “la Frontera”. El modelo centralista que ha caracterizado al Estado colombiano presenta dificultades a la hora de entender la complejidad de la(s) zona(s) de frontera(s), las cuales se han convertido en zonas permeables y frágiles. En este punto es importante señalar, que a diferencia de una “ausencia de Estado”, se presenta una falta de articulación entre las instituciones del Estado. Es innegable que la mayor parte del territorio nacional ha contado con la presencia más o menos estable de la Fuerza Pública, sobre quienes han recaído funciones estatales qué no son de su competencia constitucional.

Sin embargo mientras no sean intervenidas integralmente las condiciones estructurales como el desempleo y la falta de seguridad laboral, social, educativa, y afectiva, las cuales estimulan la participación de los ciudadanos en economías ilegales —mucho más rentables económica y socialmente que la oferta laboral legal— la actuación de la Fuerza Pública será limitada.

Segundo, la construcción de indicadores de seguridad en estas regiones presenta problemas epistemológicos y metodológicos críticos.

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Principalmente debido a que los indicadores estadísticos sobre los cuales se construye política pública son asumidos como representación objetiva de la realidad. Sin embargo es importante, a nivel metodológico, entender qué está siendo medido y qué no por estos indicadores.

De esta manera, muchas problemáticas encontradas por funcionarios del Estado a nivel local no son reportadas o representadas dentro de tales indicadores. Esto se debe a las expectativas generadas por el nivel central del gobierno, pero también se ven afectados por la competencia institucional y los recursos de diferentes sectores del Estado, lo cual genera la desarticulación de sus diferentes estamentos. Tercero, se hace necesaria una articulación mayor a nivel local de tales estamentos. Esta articulación debería surgir del nivel local, subiendo hasta el nivel

nacional, y no a la inversa. Sin embargo, es de vital importancia darle un mayor peso al ciudadano de a pie, así mismo al funcionario estatal, por las razones antes mencionadas.

Esto se debe a que los contextos regionales y municipales son muy diferentes entre sí, a pesar de contar con amenazas y riesgos similares.

Para que esto sea posible es de vital importancia replantear los conceptos de seguridad y defensa, no como modelos globales aplicables mediante moldes conceptuales. En este sentido se busca pasar de entender la criminalidad y delincuencia como un problema moral y legal, a uno sociológico y económico, para así poder entender el problema en una mayor magnitud y complejidad

Referencias De León, J. (2015). The Land of Open Grave: Living and Dying on the Migrant Trail. Oakland, United States: University of California Press.

Goldstein, D. (2015). Anthropology/ies: Moving beyond disciplinary approaches to security. In: P. Bourbeau, (Ed.). Security: Dialogue Across Disciplines. Cambridge, England: Cambridge University Press, pp.45-61.

Hesson, T. (2013). 15 Companies That Profit From Border Security. abc News. Retrieved from https://abcnews.go.com/ABC_Univision/Politics/15-companies-profit-border-security/ story?id=18957304 Jusionyte, I. (2018). Threshold: Emergency Respondes of the US-Mexico Border. Oakland, United States: University of California Press.

Martinez, J. (2012). The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law. New York, United States: Oxford University Press.

Mauss, M. (2007[1934]). Techniques of the Body. In M. Lock & J. Farquhar (Eds.), Beyond the body proper: reading the anthropology of material life (pp. 50-68). Durham, England: Duke University Press.

Nordstrom, C. (2007). Global Outlaws: Crime, Money, and Power in the Contemporary World.

Berkeley, United States: University of California Press.

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La explosión separatista1 Vicente Torrijos – Investigador CSDEN2

Juan Martín Londoño3 En este texto se reflexiona sobre la probabilidad de las secesiones desde una perspectiva económica, donde los agentes inmiscuidos en el proceso hacen un análisis continuo de costos y beneficios para decidir qué harán frente a los dilemas que se les plantea. En ese orden, se busca entender cuáles son las variables principales para el estudio de la voluntad de secesión en un Estado dado.

Dicho lo anterior y a modo de hipótesis, las variables principales de respuesta son las siguientes; (1) las capacidades y recursos relativos, (2) los beneficios percibidos y (3) los costos percibidos que están enmarcados en un contexto, esto es, la disposición de las partes en el proceso de secesión.

En primer lugar, hay que entender qué se entiende por secesión.

En términos generales, una secesión vendría siendo la separación de una parte del pueblo o del territorio de una nación; no obstante, este proceso se diferencia de las lógicas independistas en cuanto a que no se quieren destruir todas las instituciones anteriores del

sistema que se deja sino que la porción separatista quiere dejar el Estado actual para establecer uno nuevo con instituciones parecidas o (en su defecto) unirse a otro que le ofrezca mejores condiciones de las que se tiene en ese momento determinado. Así pues, en un primer momento es necesario ver como esto significa que los Estados cobijen población de diferente herencia histórica, social, política y económica que le complique la aplicación de la soberanía sobre todos los territorios.

En este punto, el Estado tiene que realizar un ejercicio diferenciado de control para poder mantener el orden en las esferas críticas de la sociedad. No obstante, la misma realidad muestra que los intereses de los Estados no son siempre los mismos que los de la variada población agrupada en ellos. Es decir, los pobladores de una cierta zona en el territorio de aquel Estado querrán invertir más en industria, pero la política del Estado puede ser (por ejemplo) de carácter agrícola, en tal punto, las sanciones a las actividades de esa zona entrarán a chocar con los intereses de los pobladores y se generará un disgusto entre la población. Así se tiene entonces el germen de las secesiones.

Por lo anterior entra en juego la primera

Artículo corto de análisis coyuntural acerca de la posibilidad de una secesión, sus ventajas y desventajas, el abordaje se hace desde una perspectiva económica, basada en tres premisas: (1) las capacidades y recursos relativos, (2) los beneficios percibidos y (3) los costos percibidos que están enmarcados en un contexto determinado.

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Profesor Investigador. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.

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Politólogo Universidad del Rosario, Colombia.

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variable analítica, es decir, las capacidades y recursos relativos de los actores. Cuando alguien tiene el poder absoluto porque posee los recursos y capacidades, quienes están bajo su mando se verán sumisos ante los mandatos del que se considera poderoso. Empero, ¿qué pasaría si la diferencia del poder no es tan grande entre los actores?, ¿qué tal si una zona que se encuentra bajo el Estado tiene un desarrollo en esta esfera mayor que el resto del territorio y del Estado mismo?; en este momento surge entonces la posibilidad de desafiar la soberanía ya que si la zona afectada tiene unos recursos y capacidades suficientes como para movilizarlos y desacatar los mandados estatales, lo hará en orden de permitirse un mayor bienestar de acuerdo con la racionalidad de sus acciones.

Así pues, cuando la zona encuentra que no hay otra manera de liberarse de las limitaciones al crecimiento económico y al bienestar de su población, los gobernantes locales no temblarán al decidir separarse de aquel Estado, ya que tienen los recursos necesarios para formar otro. Por su parte, el actor estatal no hará mucho, debido a que las grandes capacidades del actor local lo disuaden de cualquier acción posible.

Ahora, a medida que los recursos y capacidades del actor sujeto a la soberanía empiezan a decrecer, es más fácil que los gobernantes y pobladores de la zona se vean disuadidos de separarse. Dicho esto, si el poder de ambos actores es similar, los actores locales todavía tienen la posibilidad de separarse a la vez que el actor central se verá tentado a luchar por mantener la soberanía; en este caso, es muy probable que exista una secesión en cuanto a que los poderes son tan

similares que existe la esperanza de una situación mejor. Ya cuando los recursos y capacidades empiezan a disminuir muy por debajo de los propios del actor estatal, los actores locales no tendrán la esperanza de separarse debido a la poca posibilidad de éxito en tal empresa, resulta más racional, en términos de coste/beneficio, mantenerse en el Estado.

Asimismo, la segunda variable, la del beneficio percibido, tiene mucho que ver en el estudio del fenómeno. En este punto, Robert Young hace un importante estudio en su texto “Transition costs in secessions, with a brief application to Sctoland”, en él muestra unas gráficas donde los agentes locales empiezan a sopesar los beneficios a largo plazo de separarse del Estado. Lo anterior explica, a la vez, que no toma los beneficios a corto plazo ya que son negativos, dados los costos en que se incurre con el proceso separatista. No obstante, hace hincapié en que si el tiempo en el cual se proyecta que se va a recuperar la economía no está tan lejos y se empiezan a reportar ganancias cercanas, los actores locales se verán muy persuadidos a empezar procesos secesionistas.

Si por el contrario la recuperación económica y las ganancias se ubican en un tiempo lejano, como 50 años, o incluso si la población percibe que no va a existir ganancia alguna, lo más probable es que estos agentes piensen quedarse en el Estado actual. Por ejemplo, el hecho de que la soberanía sea manejada por los agentes locales es un hecho que provoca alegría y honor en los pobladores, convirtiéndose en una razón para separarse.

Paralelamente, también hay que considerar que si el Estado percibe que los

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(De derecha a izquierda) Figura 1. movilizaciones de la población civil a favor de la separación de Cataluña del Estado español Figura 2. Movilizaciones relativas a la independencia de Quebec , provincia de Canadá

Fuente: El observador hispano

Fuente: La Gaceta (2017).

beneficios de mantener el territorio unido Estado. (luchar para que no se separe) es mayor que El segundo, los costes fiscales, se los costos propios de enfrentarse al proceso refiere a aquellos costos propios del separatista, el Estado se verá altamente funcionamiento estatal: imponer nuevos persuadido a realizar acciones inmediatas. En impuestos junto con el endeudamiento y su dado caso, si no se necesita mucho el manejo. Cuando el Estado se endeuda mucho territorio, se le puede dejar partir si no se le y es incapaz de cobrar los impuestos, se ve en percibe como amenaza. De la misma manera, problemas de déficit, y si impone altos Young (2014) explica cómo existen también impuestos puede desestimular a la población unos costos inherentes a los procesos y/o desincentivar la inversión y de esta secesionistas. El autor los divide en 3 tipos de manera desincentivar el crecimiento costos: de transacción, fiscales y de económico. incertidumbre.

El tercero, los costos propios de la El primero, los costos de transacción, incertidumbre, son aquellos que se refieren al hacen referencia a todos aquellos en los riesgo hacia el futuro, es decir, el riesgo de cuales se incurre en el proceso secesionista: que las nuevas políticas públicas terminen creación de nuevas instituciones siendo peores que las del anterior Estado; el gubernamentales; la división o creación de riesgo de default en el cual la economía no instituciones y fuerzas del orden, e incluso responda al nuevo cambio y se desplome casi los costos para que el sector privado se instantáneamente o con tortuosas adecúe a los nuevos cambios. Estos costos convulsiones periódicas; o el riesgo generan un trauma en la población y en el monetario, en el cual la divisa que se utilice nuevo agente estatal que pueden ser bastante sea incontrolable y se pierda la confianza, o altos, desatando crisis económica y una desconfianza en la inversión dentro del nuevo Sin detrimento del conflicto con otros grupos armados y la transformacion de violencia de las disidencias de la extinta guerrilla FARC-

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que se pierda la autonomía del manejo monetario para ponerse a disposición de otra moneda y otro Banco Central.

Todos estos costos están presentes en las consideraciones tanto de los agentes locales como de los centrales, pues la separación de una fracción de la población o del territorio puede generar un traumatismo que pide nuevas instituciones y puede desestabilizar el sistema político y económico en ambos casos. Debido a la evaluación de costos de cada parte, se verán disuadidos o empoderados para actuar. Por último, se tiene una variable que termina por afectar a las otras: la disposición de las partes en el proceso de secesión. Esto es importante porque, como explica Young (2014), la disposición que las partes manejen frente a la posibilidad de una secesión establece un sistema de pagos diferentes. Es decir, si las dos partes se encuentran en una disposición conciliadora, diplomática y cooperativa, el proceso puede ser pacífico hacia una separación que mantiene las relaciones entre los Estados y permite un crecimiento mutuo.

También puede ocurrir que los agentes centrales propongan nuevas condiciones más favorables a los agentes locales y ellos se verán provocados para mantenerse en el Estado, evitando así los costos propios de la secesión. No obstante, si las partes se

encuentran en una posición no conciliadora, dispuesta a la violencia, el fenómeno puede generar conflicto y guerra a gran escala, terminando en mayores costos para ambas partes y en la peor de las situaciones posibles.

En definitiva, los procesos de secesión y fragmentación de los Estados están altamente relacionados con procesos de decisión racional de las partes involucradas, de tal modo que un análisis basado en variables económicas puede ayudar a establecer la disposición de las partes al conflicto o la cooperación. Cabe recordar que en su mayoría esta valoración se basa en la percepción de cada agente sobre sí mismo y el futuro, dada la consideración del desarrollo actual de cada agente y las percepciones de coste/beneficio como las variables que modifican la acción.

En medio de todo, se encuentra la disposición de los agentes frente a la secesión y de qué forma responden a las acciones de su contraparte, siempre a sabiendas de que cada parte tiene agencia en las decisiones que toma.

Este estudio sirve entonces para abrir el debate y poder establecer las posibilidades dentro de situaciones tan complicadas, para poder intervenir en el momento adecuado antes de que se rompa la delgada línea del bienestar para dar paso a la violencia.

Referencias.

Liscow, Z. (2011). Why fight secession? Evidence of economic motivations from the American Civil War. Retrieved from https://bit.ly/2tksGbW Young, R. (2014). Transition cost in secessions, with a brief application to Scotland. Retrieved from https://bit.ly/2GqkWy3

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Tránsito a la Paz: Colombia 2016 – 20191 Nasly R. Cárdenas Rodríguez- CESDN2 Desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC - EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), la transformación de esta en partido político y la constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, los colombianos han empezado el difícil tránsito hacia la paz3, en un entramado no muy claro entre justicia y venganza, pues la percepción de los ciudadanos de lo que está ocurriendo en el país –sobre todo en lo que tañe a justicia y reparación– es que la JEP tiende a beneficiar a los más poderosos y a quienes fueron victimarios4.

Asemejar la justicia transicional con esa idea es peligroso para la sociedad nacional, puesto que en la búsqueda de un castigo (social) y de reparación, se puede llegar a caer en el error de una justicia con tintes de venganza en declive del perdón y de la muy importante cohesión social, perpetuando en el tiempo las condiciones de víctimas y victimarios.

Es imperativo entender la justicia especial implantada en Colombia –más allá de la funciones, objetivos y alcances– pues el mencionado tránsito, víctima y victimario lo tienen que hacer juntos –es decir todos los colombianos sin importar su pasado– por 3

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tanto, además de reparar a las víctimas, también se debe garantizar que el victimario sea reestablecido de su dignidad y derechos fundamentales como ciudadano colombiano, insuficientemente garantizados por los castigos penales.

Por lo anterior, la definición de justicia transicional corresponde a las necesidades del cambio que debería hacer la sociedad colombiana: Es un conjunto de medidas que diferentes países han utilizado para dar solución a las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de (De arriba abajo) Figura 1. Culminación del proceso de paz con FARC Figura 2. Dinámicas actuales concernientes al proceso de paz y La JEP

Fuente: BBC (2016).

Fuente: Policía Nacional (2019).

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Aunque sea muy poco el tiempo –finales del año 2016 y principios de 2019– para hacer un balance de “¿cómo vamos?”, se relaciona la percepción del autor de este escrito basado en su vida diaria: el descontento de la sociedad se basa en el poco castigo penal de los exguerrilleros y el acceso que se les ha garantizado como fuerza política en el país.

1

Artículo corto de análisis coyuntural sobre la percepción de los colombianos desde la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera hasta el primer bimestre de 2019. Visión desde la justicia transicional.

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Candidata a Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia, Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Investigadora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Sin detrimento del conflicto con otros grupos armados y la transformacion de violencia de las disidencias de la extinta guerrilla FARCReyes Prieto”.

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guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en un conflicto armado. En esos contextos se hace necesario un mecanismo temporal para que los responsables rindan efectivamente cuentas por sus acciones y garanticen a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La justicia transicional pone en el centro a las víctimas, escucha sus relatos sobre el daño sufrido y les reconoce sus derechos (Conozca la JEP, 2016, p. 3).

Los buenos planteamientos y la adecuación de la justicia transicional al ordenamiento estatal, se denota igualmente en la definición propia que colombianos han hecho de la misma, la Jurisdicción Especial para la Paz es: El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La JEP, como mecanismo de justicia transicional, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, y hasta el 1 de diciembre de 2016 (Conozca la JEP, 2016, p. 2).

Ahora bien, para alcanzar eso que se conoce como “Paz estable y duradera” se debe tener en cuenta que la ausencia de un conflicto bélico, o el terminar de una guerra sólo se puede entender en términos de un estado de tranquilidad al interior de los grupos, es decir en términos de paz negativa (Cabello, 2013), por lo que entender las

manifestaciones, características y fenómenos de las guerras es esencial para alcanzar la paz positiva, entendida esta como la situación en la que las necesidades humanas básicas están cubiertas, existe justicia social y un correcto desarrollo (Cabello, 2013), por tanto, la paz debe ser un escenario alejado de la simple ausencia de conflicto, pues es un proceso progresivo a largo plazo, que implica a la sociedad civil en su conjunto y que se debe expresar a través del Estado.

Una vez se dan las condiciones mínimas para la edificación incesante de justicia social, y la satisfacción de las necesidades humanas básicas (Concha, 2009), se da paso a la reducción de la violencia cultural y estructural. Johan Galtung5 define la violencia estructural como la “violencia indirecta originada por la injusticia y la desigualdad derivadas de la propia estructura social, ya sea dentro de la propia sociedad o entre el conjunto de las sociedades” (Muñoz, 2005).

Siguiendo entonces la definición del conflictólogo y la entrevista hecha a Cristoph Harnisch, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja el pasado 10 de febrero de 2019, en la cual se dejó en claro que en el país hay un Conflicto Armado No Internacional (Castrillón, 2019), se hace una llamada clara a incentivar métodos de inserción de paz positiva en la sociedad colombiana, una cultura de paz que se aleje de la violencia cultural, entendida esta última como aquella que “por costumbre o por las pautas educativas de la sociedad, justifica o incluso

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Exponente de la conflictología.

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permite las injusticias cometidas, viéndolas como algo natural, por lo que la violencia cultural sirve de sustento teórico, filosófico y práctico de la violencia estructural” (Muñoz, 2005).

Si bien en Colombia, se logró dar por terminado uno de los escenarios que ha puesto al país en un contexto de conflicto armado interno, la transición hacia la paz se debe ir construyendo paulatinamente, desde las cátedras para la paz, hasta las políticas públicas que garanticen el goce de derechos humanos a todos los colombianos. Para que este proceso de paz logre lo anteriormente expuesto, se debe tener siempre en la mira el Principio de la Libertad de John Rawls “cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales compatible con un esquema similar de libertades para otros” (2012). Es decir que la libertad de la víctima para gozar de la restauración de sus derechos y libertades debe ser igual que la libertad del victimario de gozo en su reinserción a la vida civil –esto sin ir en detrimento del pago penal que debe hacer por los hechos cometidos y que es materia propia de la JEP–.

De la mano con lo expuesto por

Rawls, está el hecho que las diferenciaciones, no permiten la garantía de los derechos humanos y por el contrario pueden ser discriminatorios, tal y como lo ha demostrado la historia, entre la diferencia que se ha tenido en la garantía de derechos entre hombre y mujeres, musulmán y no musulmán, y más recientemente entre víctima y victimario.

En conclusión, la transición de la guerra a la paz es un proceso lento, para algunos doloroso, pero ese proceso debe garantizar el disfrute de los beneficios de la justicia de todos por igual, el rótulo de víctima no puede ser promovido por la Memoria Histórica ni por el derecho de las víctimas a la verdad, por el contrario, la Memoria Histórica debe ser rediseñada para que esté al servicio de la cohesión social y no de la diferenciación entre víctima y victimario. La historia es importante, es la que forja el futuro y le da sentido al presente, no se trata de olvidar ni de impunidad, se trata de que el recuerdo no condene a ningún ser humano a la indignidad y que la justicia se aleje de la moral en el momento de repartir beneficios iguales para todos aquellos que participen en el paso de la guerra a la paz. Sólo así la justicia seguirá con los ojos vendados.

Referencias Cabello, P. A. (2013). Irenología. San Nicolás de los Garza, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Observatorio S&D - Vol. 03. N° 01 - Febrero 9 de 2018

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