Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa Vol. 04. N°7/2019

Vol. 04 N° 7

Mayo 10 de 2019

ISSN 2500-5030

Observatorio S&D

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa

OBSERVATORIO S&D

2019. Boletín digital.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) Bogotá D.C., Colombia.

DIRECTIVOS

Director: Mayor General Jaime Agustín Carvajal Villamizar Subdirector: Contralmirante Orlando Grisales Franceschi

Vicedirector de Investigación: Coronel Fernando Enrique Farfán Castro Director CSEDN: Coronel Oscar Mario Ramírez Villegas Editora: Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez M.A. (c) Asistente editorial: Mateo Andrés Roa Suárez & Juan Pablo Monzón Torres.

El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y el análisis crítico producto de sus investigadores.

Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” o del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN). Esta publicación tiene periodicidad quincenal.

¿Cómo citarnos?

Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]

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CONTENIDO

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales.

¿Se justifica una intervención militar en Venezuela?: Una mirada política, humanitaria y militar de la responsabilidad de Colombia frente a la crisis venezolana. (Parte III)

Andrés M.F González-Saiz.…….......................………………………………….……………..05

De lo virtual a lo físico Juan Pablo Monzón-Torres............................................................................................................8

Memoria, perdón y reconciliación Nasly Rocío Cárdenas-Rodríguez..................................................................................................9

Estados Unidos y la nueva distensión Mateo Andrés Roa-Suarez……………………...……………………………………………..…12

El problema estratégico del Estado disfuncional y colapsado Vicente Torrijos & Juan Martin Londoño....................................................................................13

Recursos Académicos Libros y Artículos …...…………………………….……………...……………………………..17

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¿Se justifica una intervención militar en Venezuela?: Una mirada política, humanitaria y militar de la responsabilidad de Colombia frente a la crisis venezolana. (Parte III)1.

Andres M. F González Saiz2 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral.

Rafael Reyes Prieto”. Un artículo científico dividido por secciones, se entrega la parte III, acerca de la responsabilidad del Estado colombiano en la crisis del vecino país venezolano, analizando los ámbitos político, militar y humanitario. Una segunda parte marcada por un análisis de factores inherentes a la respuesta de la pregunta inicial.

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Investigador de violencia y justicia transicional. Candidato Doctoral en Antropología Cultural en Rutgers, The State University of New Jersey, USA. Magister en antropología Social de Goldsmith, University of London, UK. Antropólogo de la Universidad de los Andes, Colombia. Actualmente realiza en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” una etnografía acerca de la cultura militar en Colombia,

I. Impactos humanitarios.

Pese a la intencionalidad humanitaria del -R2P-, descrita anteriormente en la segunda parte de este artículo, la mayor parte de las intervenciones internacionales han estado lejos de tener un impacto positivo en las sociedades donde se han llevado a cabo, ya que esta doctrina fue originalmente concebida para la prevención de crisis humanitarias, y no como un mecanismo reactivo a las mismas. Autesserre (2016) experta en construcción de paz y profesora de Ciencia Política de la Universidad de

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Columbia, menciona que la prevención es menos costosa y “menos intrusiva que una intervención militar cuando la población se encuentra en peligro inmediato de violencia física. Además, cuando una crisis ha hecho erupción, muchas veces es muy tarde y difícil proteger a la población de manera adecuada.”3 Esto ha sido el caso contrario a las motivaciones y desarrollo de las operaciones militares internacionales de los últimos veinte años, las cuales se han caracterizado bien sea por una reacción de último minuto ante situaciones que pudieron prevenirse con antelación si se hubieran tomado medidas políticas y económicas adecuadas.

Durante la intervención humanitaria realizada en el Congo, por ejemplo, la manera como el -R2P- fue implementado conllevó al incremento de altos índices de violencia a nivel local debido a que las intervenciones realizadas estuvieron enfocadas únicamente en el nivel nacional, desconociendo las tensiones y conflictos existentes en sectores de la población ignorados por el discurso oficial.

Primero, -MONUSCO- fue principalmente un asunto militar, y al carecer de un claro direccionamiento civil fue una iniciativa dirigida a reaccionar ante la crisis, en vez de enfocarse en su prevención. Para Autesserre (ibid. 35-36) el fracaso de esta intervención se debe principalmente a que “los actores militares están entrenados y equipados para reaccionar a las crisis. Ellos no están entrenados y equipados para las medidas diplomáticas, económicas, y sociales que se requieren para prevenir.” La falta de 3

Traducción propia

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capacidades de las fuerzas militares para realizar acciones de prevención efectiva, aunado a la ausencia de personal civil con conocimiento del contexto político y cultural local, que permita una caracterización efectiva de las motivaciones que alimentan determinado conflicto son tan solo algunas de las limitaciones concretas que evidencian la debilidad sistemática de este tipo de intervenciones, por lo menos desde una perspectiva humanitaria. Muchas de las organizaciones internacionales que realizan funciones humanitarias en países como Colombia, Venezuela, Irak, o el Congo suelen privilegiar el conocimiento técnico de sus funcionarios sobre el conocimiento local acerca de la violencia. La falta de conocimiento local, junto a las deficientes técnicas de recolección de datos utilizadas por estos funcionarios conllevan a la promoción de modelos universalmente aplicables, con un enfoque de arriba hacia abajo, los cuales irremediablemente fallan al no dar cuenta críticamente de las razones que motivan la violencia en lo local (Autesserre, 2014).

En el caso de Libia, las fuerzas de la OTAN- fueron mucho más allá del mandato autorizado por las resoluciones 1970 y 1973, las cuales autorizaban medidas que tuvieran como objetivo la protección de la población civil. Sin embargo, al replantear el embargo de armamento descrito en la resolución 1970 este objetivo es desdibujado, y por el contrario se evidencia el interés por tomar partido a mano de las fuerzas rebeldes para derrocar al régimen de Gadafi. Los más de

9700 bombardeos reportados y dirigidos contra las tropas de Gadafi son un claro ejemplo de cómo estas medidas resultaron afectando irremediablemente a la población civil contrario al objetivo inicial de protección, bajo el cual fue legitimada esta intervención (Terry, 2015). Aún más preocupante fueron las medidas de protección discriminatorias que dejaron a la población simpatizante del régimen a merced de las fuerzas rebeldes, lo cual resulto en serias violaciones a los -DDHH-, permitiendo inferir que las motivaciones concretas de quienes participaron en esta intervención estarían dirigidas hacia un cambio de régimen más que una intencionalidad humanitaria (Borger, 2011; Kuperman, 2013). Hay que tener en cuenta, que en el caso de una intervención militar la coalición internacional solo podrá conducir operaciones dirigidas contra blancos que represente un riesgo real e inminente para la población civil. La medida de exclusión aérea adoptada por medio de la resolución 1973 puede entenderse como una medida de carácter humanitaria, cuyo fin era la de prevenir la entrada de mercenarios, armamento, y equipos militares para las partes en pugna. Sin embargo, los objetivos de los bombardeos realizados por la coalición internacional difícilmente podrían catalogarse como un riesgo real e inminente (Terry, 2015).

Por otro lado, no solamente las intervenciones militares tienen un alto costo humanitario, también las sanciones económicas suelen impactar negativamente a la población civil, el caso venezolano es un

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claro ejemplo de esto. En el 2015, desde la administración Obama en los Estados Unidos, se implementaron sanciones económicas como la congelación de los activos de los miembros del gobierno venezolano, sanciones que tomaron un rumbo mucho más agresivo durante el 2017, cuando la administración Trump decidió ampliar el alcance de estas hacia sectores estratégicos de la economía venezolana (Pieper, 2019). La ampliación de estas sanciones trajo a su vez el menoscabo en las condiciones de vida de la población civil como fue señalado en el más reciente informe del relator especial de la ONU, Idriss Jazairi, para el caso de

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Venezuela, donde se menciona que estas “(…) pueden llevar a la inanición y la escasez de medicinas, [y] no son la respuesta a la crisis en Venezuela”, y en ese sentido, Jazairi menciona que “la coerción, ya sea militar o económica, nunca debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano” (Kohut, 2019). En este sentido, si la preocupación frente a la situación humanitaria es realmente sincera, las medidas que están siendo adoptadas por Colombia no contribuyen de manera eficaz a una pronta resolución de las tensiones políticas y sociales en Venezuela, ni tampoco una restauración real del Estado de derecho. Esta situación es aún más compleja al contemplar los costos militares de un conflicto armado internacional.

Tales costos son analizados en la siguiente parte de este artículo.

Referencia.

Autesserre, S. (2014). Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention. New York: Cambridge University Press.

Autesserre, S. (2016). The responsibility to protect in congo: the failure of grassroots prevention. International Peacekeeping, 23(1), 29-51.

Borger, J., Traynor, I., & MacAskill, E. (2011). Gaddafi family deaths reinforce doubts about Nato’s UN mandate.

The Guardian. Recuperado de: https://bit.ly/3032AcL Kohut, M. (2019). Las sanciones a Venezuela atentan contra los derechos humanos de personas inocentes. Noticias ONU: Mirada global, Historias humanas. Recuperado de: https://bit.ly/2HLj5oO Kuperman, A. J. (2013). Lessons from Libya: How Not to Intervene. Quarterly Journal: International Security.

Pieper, O. (2019). ¿Qué sanciones pesan actualmente sobre Venezuela? DW. Recuperado de: https://bit.ly/2X1Rl2Z Terry, P. C. (2015). The Libya intervention (2011): neither lawful, nor successful. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 48(2).

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De lo virtual a lo físico

Fuente: Foreign Policy (2019).

Si bien la disputa armada con trasfondos religiosos entre Israel y Palestina tiene ya una historia reconocida desde ya hace varias décadas, en esta ocasión este hecho no llama la atención en mayor medida por un nuevo ataque, sino principalmente porque es la primer respuesta física y militar de un Estado a un ataque cibernético. Hecho que no es menor, ya que la respuesta a estos ataques normalmente era fortalecer los sistemas de ciberdefensa de los Estados ante estas nuevas amenazas.

Ahora bien, este hecho abriría otro debate. En los últimos años ha tomado relevancia más amplia, el hecho de que se realicen ciberataques para afectar a las infraestructuras críticas de ciertos Estados, resultaba más beneficioso porque los autores de estos ciberataques no tenían que exponerse físicamente para realizarlos sino simplemente entrar en el ciberespacio y los realizaban pero, con esta primera respuesta física de Israel se establece la disyuntiva de si estos ataques son realmente efectivos en cuanto a costo-beneficio.

Referencias.

Groll, E. (2019). The Future Is Here, and It Features Hackers Getting Bombed. Foreign Policy.

Recuperado de: https://bit.ly/2WCzCOK

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Memoria, perdón y reconciliación1 Nasly R. Cárdenas Rodríguez2 - CESDN

Sobre el articulo y el autor 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”.

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Candidata a Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Investigadora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.

La Memoria Histórica Colectiva tiene un sentido y objetivo profundo que va más allá de la remembranza y narrativa de hechos ocurridos bajos los cuales víctimas de guerras y dictaduras crean una identidad. Teniendo en cuenta que, en la actualidad colombiana se cuenta en el ejercicio de construcción de memoria con valiosos relatos y diferentes verdades que recogen las experiencias vividas por excombatientes, militares, víctimas y aquellas víctimas que no son víctimas, en la praxis estos insumos deben ser usados para reconstruir un tejido social minado por el largo conflicto no internacional que los colombianos han vivido.

Por tanto, el perdón y la reconciliación, que no pueden ser entendidas

Fuente: Las2orillas (2016)

como sinónimos, juegan un papel importante en el uso correcto y natural que hace posible la vocación de la memoria histórica colectiva.

Para lograrlo, además de la disposición de aceptación mutua entre adversarios, el Estado debe ser involucrado como un actor directo en los procesos de reconciliación de la población y formar parte en el acompañamiento debido a víctimas y victimarios, garantizando tanto los canales de justicia como los de reparación, pues esta función sólo puede ser ejecutada por el Estado pues si se aleja de la reconciliación de ambas partes, en el momento que vive Colombia, se puede convertir en un obstáculo de los procesos de reconciliación que puedan surgir en el postconflicto. (Barragán y Arias, 2018, p. 97).

Así las cosas, la reconciliación supone una mirada a una futura convivencia, por lo que es necesario que se den los mecanismos de encuentro voluntario, aceptación mutua en-

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tre víctimas y perpetradores; de esta forma el perdón constituye la superación de sentimientos que llevan a la venganza, el odio y las retaliaciones, propiciando la reconciliación (Barragán y Arias, 2018, p.

96). El perdón y la reconciliación deben establecerse juntos debido a que la víctima puede de forma unilateral perdonar, alejándose de deseos como la venganza, por lo que restablecer relaciones para la víctima es un precio caro que puede no tener intensión de pagar por causa de su sufrimiento (Barragán y Arias, 2018, p. 96).

Ahora bien, lo significativo de la reconciliación es que el tránsito a la paz y a la convivencia y a un futuro compartido lo deben dar juntos víctima y victimarios, en ese sentido se debe asumir que “el proceso de reconciliación es deseable para ambas partes y no solo para quien ha sido receptor del daño” (Barragán y Arias, 2018, p. 96). En esta línea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presenta dos categorías de reconciliación: la reconciliación social y la reconciliación política: Mientras la víctima busca empoderamiento (tras experimen-tar sentimientos de inferioridad en relación con su autoestima, su percepción de control y su honor) el perpetrador persigue aceptación por parte de la comunidad tras experimentar ansiedad en torno a la exclusión social causada por el señalamiento de violar las normas morales de la comunidad. Así, la víctima busca recuperar su poder y el perpetrador su imagen moral. (Barragán y Arias, 2018,

p. 97).

Fuente: Las2orillas (2019) La empatía que genera la escucha efectiva de ambas partes, permite a la víctima poner la culpa de los hechos victimizantes de los que fue sujeto, en otros espacios diferentes al perpetrador, facilitando el proceso de perdón y reconciliación. Sin embargo, este ejercicio de empatía es un magno esfuerzo por parte de la víctima que se enfrenta a escuchar a su victimario justificando sus actos y defendiéndose, además de exponer su propia su verdad. Por lo que es necesario que, como se dijo más arriba, el Estado provea de los espacios correctos y los canales de competencias ciudadanas necesarias para que este proceso no sea contraproducente y no signifique ni la revictimización, ni la desconfianza del excombatiente.

El Ministerio de Educación Nacional define las competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2010), Para Barragán y Arias (2018) las competencias ciudadanas que guardan estrecha relación con

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la reconciliación son: resiliencia, expresión asertiva, memoria personal y colectiva, manejo de emociones, empatía, confianza, consideración de diversas perspectivas y escucha activa y positiva (p. 98).

Lo que se propone por tanto es que no se entienda la construcción de memoria histórica colectiva como la búsqueda de una única verdad, ni estar de acuerdo con el otro, sino que la escucha del otro permita un proceso de reorganización a partir de la experiencia vivida, de esta forma se llega a un proceso narrativo que no se limita ni al archivo, ni a la réplica sin sentido del pasado que perpetúa sentimientos de odio en la sociedad.

Referencias.

Barragán, F. E. (2018). Reconciliarnos: una manifestación de ciudadanía para propiciar desde la escuela.

Infancias Imágenes, 1(18), 95-104.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Competencias Ciudadanas. Recuperado de https:// bit.ly/2CZ1cuZ

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Estados Unidos y la nueva distensión

Fuente: US Navy (2019).

Pese a que la guerra fría acabó hace ya casi 30 años, aun -en pleno 2019- las luchas de poder de los diferentes polos de poder del mundo, siguen más vigentes que nunca. Los portaviones de Estados Unidos en las cercanías del Estado iraní; mas allá de una maniobra de disuasión, obedece a la lucha de poder directa con Rusia. Desde la guerra comercial con China, pasando por la situación venezolana y ahora el patrullaje de portaviones, representan acciones contra los aliados de Rusia y la Rusia misma (caso Venezuela).

Estados Unidos se reafirma como “rector” del mundo. Una política que va en contra posición del discurso proteccionista del presidente Donald Trump. Existen dos posibles explicaciones importantes para este comportamiento; una de ellas es la imperante necesidad de seguir demostrando fuerza en un sistema internacional cambiante y en el cual Rusia recuperó poder político (caso Venezuela) después de un par de décadas. La segunda explicación podría interpretarse como una reacción de temor y de demostrar ya no solo poder, sino superioridad, en un entorno que le resulta ajeno, en donde Estados Unidos se ha visto superado en varios campos.

Referencias.

Seligman, L. (2019). The U.S. Can’t Escape the Middle East. Foreign Policy. Recuperado de: https:// bit.ly/2Hbz1hS

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El problema estratégico del Estado disfuncional y colapsado1 Vicente Torrijos2 & Juan Martin Londoño3.

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‘Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. El presente texto tiene como objetivo realizar un estudio acerca del concepto de ‘Estado disfuncional’, en relación con la gobernabilidad del Estado, un asunto de particular importancia estratégica. Para tal fin, se pretende una contraposición de las ideas de algunas teorías con hechos concretos para explorar nuevas concepciones acerca de los ‘Estados fallidos’, promoviendo un debate más fecundo en términos de seguridad y defensa. Para tales efectos, el texto se compone de tres partes: la primera, intenta esclarecer los vicios de las definiciones actuales; la segunda, trata de encontrar una definición más ponderada y la tercera, replantea el concepto, a modo de conclusión.

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Profesor Investigador en la Escuela Superior de Guerra.

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Estudiante de la Universidad del Rosario.

En primer lugar, de acuerdo con Ruiz (2011) hay un problema esencial en la definición de ‘Estados fallidos’. Este concepto se ha insertado en la política exterior de países como Estados Unidos para denominar un conjunto de Estados con unas características comunes que son supuestamente peligrosas, ya que coinciden con una falta de control interno que puede dar lugar a un nicho de amenaza terrorista y de crimen transnacional organizado. El término ha adquirido una cuota considerable de subjetividad para diferenciar a los ‘Estados exitosos’ contra aquellos que ‘no son

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exitosos y son riesgosos’ siempre en el marco etéreo de lo que puede considerarse como un Estado bien construido. Este esfuerzo por definir Estados ‘confiables’ y ‘desadaptados’ ha acarreado, por lo menos, tres problemas específicos: En primer lugar, para ser operacionalizada, una noción tan compleja como la de ‘Estado fallido’ se vale de otras aún más complejas, como la de ‘democracia’, por lo cual, se genera una creciente ambigüedad analítica. En segundo lugar; las definiciones que se han ido elaborando, se ha querido cuantificar el fenómeno, forzando a las ciencias sociales a su límite investigativo, que en estos casos es más cualitativo, dando paso a diversos problemas de enfoque. En tercer lugar, se tiende a medir a los países con variables que no son propias de su naturaleza (el fenómeno de ‘peras y manzanas’) de tal forma que se crea una predisposición negativa entre los analistas, haciéndose difícil la unificación de lenguajes para el entendimiento en diferentes contextos.

Con estos problemas de definición y debido a que hay múltiples interpretaciones, a ciertos Estados les resulta relativamente fácil recurrir selectivamente a algunas categorías para tratar de intervenir sobre aquellos a los que catalogan como un foco de criminalidad y terrorismo. En tal sentido, ellos utilizarían los criterios imprecisos de las definiciones para imponer sus intereses, ejercer mayor influencia o justificar sus iniciativas expansionistas. En consecuencia, resulta necesario reflexionar, redefinir y debatir el concepto de ‘Estado fallido o disfuncional’ en el marco de

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la teoría para poder entender mejor de qué trata el fenómeno.

Ahora bien, se puede ver que existen dudas de que en realidad exista el ‘Estado fallido’ propiamente dicho y que este concepto sea el más preciso para clasificar a ciertos países dentro de unas lógicas comunes, se dice que, incluso, que sería preferible utilizar otros términos, más ajustados a la tradición, como ‘Estado en guerra’, Estado debilitado’ e, incluso, ‘Estado en crisis’. Con todo, el estudio del fenómeno puede ser útil porque, más que vago o improcedente, es altamente complejo, y en esa complejidad reside su valor.

Dicho de otro modo, el concepto de ‘Estado fallido o disfuncional’ sería un tipo general y sus diferentes adjetivos, como ‘Estados débiles’, ‘Estados en guerra’ y ‘Estados colapsados’ serían los diferentes grados en que se vería definido. Así pues, un Estado en el cual los componentes estructurales de sus instituciones sociales se han fracturado, puede ser clasificado de modo distinto a aquel que, al fragor de un conflicto, logra que sus instituciones reporten cierto grado de satisfacción de necesidades. Entonces, se puede lograr una aproximación equilibrada mediante la siguiente definición preliminar que permite entender cómo; “los Estados fallidos son lugares marcados por una intensa violencia que perdura, generalmente en forma de guerra civil o conflicto interno de otra naturaleza, y donde el Estado ya no es capaz o no tiene la intención de desarrollar las funciones básicas de un Estado-nación en el mundo moderno.” (Ruiz, 2011, p. 209).

Figura 1. Imagen representativa del conflicto en Somalia

Fuente: Foreign Policy (2017).

Por otra parte, se pueden considerar dos formas de medir el éxito de un Estado: por la capacidad de cumplir sus funciones naturales y por su voluntad para hacerlo (Tokatlian, 2008). En cuanto a la capacidad para cumplir con las funciones inherentes al Estado, ya se había mencionado la necesidad de proveer mínimos como seguridad y justicia. De aquí se desprende que hay una gradualidad en lo capaz que el Estado puede ser al proveer bienes públicos, aunque, obviamente, nunca sea totalmente efectivo en la provisión.

Así pues, la capacidad de un Estado en términos de gobernabilidad traducidos en recursos para lograr esta repartición (instituciones establecidas y recursos destinados a ellos) junto con una aptitud tangible para lograrlo, caracterizan qué tan bien constituido está. Ahora bien, si el Estado tiene unas instituciones establecidas y definidas, con una estabilidad importante para que pueda desarrollar su trabajo y reparte bienes públicos más allá de los mínimos, el Estado es ‘fuerte’ o ‘estructurado’ ; pero si no tiene ins-

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tituciones bien definidas, no tiene los recursos y cumple apenas con lo mínimos, sería un Estado ‘débil’ ; y si solo tiene instituciones nominales y no puede cumplir con los mínimos, es un Estado ‘colapsado’, que se sume en la precariedad y el caos.

No obstante, también el Estado se puede medir por la segunda variable, esto es, la voluntad que tiene para cumplir con las funciones inherentes a su naturaleza. En la medida en la cual esta voluntad se empieza a hacer efectiva y se plasma en la realidad mediante instituciones y acciones, el Estado ya no sería del todo fallido y podría decirse que está ‘en construcción’ después de una situación inicial de colapso.

Tampoco se puede dejar de lado un tema que el mismo Tokatlian menciona, es decir, la legitimidad del Estado. Cuando un Estado es poco legítimo entre sus ciudadanos, no satisface las necesidades ni inspira las expectativas y deseos de la población. De esta manera, las funciones del Estado no son propias de un debate y una gestión colectiva sino de la imposición arbitraria de quien controla el poder, por lo cual no coincide con una repartición de bienes efectiva ni adecuada. Así pues, se genera un malestar entre la población insatisfecha y las instituciones impuestas, propiciando un terreno fértil para el conflicto interno o el derrocamiento de las instituciones imperantes.

Normalmente, esto se relaciona con el régimen que caracteriza el Estado y la forma en la cual se llegó al poder, siendo los regímenes impuestos y autoritarios aquellos que cumplen en menor medida con las funciones

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básicas ante la población. Esto no significa que todos los Estados autoritarios sean Estados fallidos, pero sí aquellos que tienen más problemas en la distribución de bienes públicos requeridos por la población, con lo cual, pueden ser ‘débiles’ y caer fácilmente en el colapso, aunque durante largo tiempo se hayan exhibido como potentes e influyentes.

A su vez, no se puede obviar en el estudio de los Estados disfuncionales o fallidos la variable que se había sugerido en la definición enunciada al comienzo: la existencia de violencia al interior del Estado. Aunque cabe un debate con el autor sobre el hecho de que la violencia no es determinante para un Estado fallido, sí se acepta que las facilidades con las cuales reparte sus bienes públicos dependen de la mayor o menor presencia de focos o brotes de violencia en el territorio. Es mucho más difícil garantizar la seguridad de la población en un conflicto interno o en una zona Figura 2. Figura representativa del conflicto colombiano en los años 90

Fuente: El Nuevo Diario (2017)

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controlada por agentes no estatales, que en un ambiente de estabilidad regulada. Aunque han existido Estados que en medio de conflictos crónicos, prolongados y entrelazados han logrado niveles muy interesantes de estabilidad y equilibrio (Colombia, por ejemplo), lo cierto es que se les dificulta su labor y tiene que esforzarse en gran medida.

Cabe concluir que el concepto de Estado disfuncional o fallido no es del todo erróneo en su utilización, sino que está mal comprendido por el trajín que se le ha dado, casi siempre sin atender a su complejidad y, en muchas ocasiones, dejándose guiar por criterios ideológicos. Así pues, se puede entender que este concepto abarca un sinfín de clasificaciones que ayudan a entender qué tan exi-

toso o retraído es un Estado. Por otro lado, nunca se va a cumplir en totalidad este fin, pero el hecho de que se pueda pasar de unos mínimos a otros bienes adjuntos (como el bienestar económico) ayuda a entender mejor el estatus del Estado. Para aquellos que aún no gozan de esa fluidez, se puede ver cómo las capacidades con las que cuenta el Estado para cumplir con esa repartición y la voluntad con la cual está tomando las decisiones, ayuda a definir mucho en qué punto de funcionalidad se encuentra el Estado y si tiende a debilitarse o a afianzarse.

Por último, la existencia de violencia al interior permite entender qué dificultades adicionales tienen los Estados para salir de sus situaciones precarias. En definitiva, este marco es tan solo un esfuerzo por dar objetividad al problema y no dejarlo solo como un instrumento para etiquetar y condenar gobiernos pues, en sentido evolutivo, la comunidad internacional siempre podrá ofrecer esperanza a aquellos países que se empeñen en superar las disfunciones, por muy graves y penosas que ellas sean.

Referencias.

Ruiz, F. (2011). ¿Estado o concepto fallido? Problemas que plantea la noción de falla estatal y los índices que intentan medirla. Recuperado de: https://bit.ly/302WSYe Tokatlian, G. (2008). La construcción de un "Estado fallido" en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/302WSYe

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Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa.

Compiladores: Mateo Andrés Roa Suarez & Juan Pablo Monzón Torres

Mejías, S. (2019). La transparencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas para combatir el crimen organizado. Recuperado de: https:// bit.ly/2H8xA3C

SIPRI launches reports on the new external security politics of the Horn of Africa region. (2019). SIPRI, Stockholm Internacional Peace Research Institute. Recuperado de: https://bit.ly/2H9J45D

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Hannah, J. (2019). It’s Time for Saudi Arabia to Stop Exporting Extremism. Stockholm International Peace Research Institute. Recuperado de: https://bit.ly/2IY7rXo

Hornung, J. (2019). With Little Fanfare, Japan Just Changed the Way It Uses Its Military. Nombre de la Revista o periódico. Recuperado de: https:// bit.ly/2WyOZHY

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Observatorio S&D - Vol. 04. N° 7 – Mayo 10 de 2019 Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa.

Compiladores: Mateo Andres Roa Suarez & Juan Pablo Monzón Torres

Erasto & Komzaite & Topychkanov, T, U, P. (2019).

OPERATIONALIZING NUCLEAR DISARMAMENT VERIFICATION. SIPRI (3), pp 1-24.

Melvin, N. (2019). THE NEW EXTERNAL SECURITY POLITICS OF THE HORN OF AFRICA REGION. SIPRI (2), pp 1-32.

Wezeman, S. (2016). MILITARY CAPABILITIES IN THE ARCTIC: A NEW COLD WAR IN THE HIGH NORTH?. SIPRI. pp 1-24.

Erastro & Cronberg, T, T. (2018). OPPOSING TRENDS: THE RENEWED SALIENCE OF NUCLEAR WEAPONS AND NUCLEAR ABOLITIONISM. SIPRI (5), pp 1-12.

Zárate, Joseph. (2019). Guerras del Interior. Lima, Perú. Debate.

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Observatorio S&D - Vol. 03. N° 01 - Febrero 9 de 2018

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