Baterías

El largo camino hacia la transición energética II

Ana Laura Barrón

analaura.barron@ethos.org.mx Especialista en Derecho Financiero por la UNAM. Investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

En el PRODESEN 2020-2024 se plasma la visión gubernamental de una política energética soberana bajo regulación de la SENER, en la que se promueva una transición energética gradual y ordenada. Este programa establece que las metas de participación de energías limpias en la generación eléctrica son la base de la planeación energética nacional, sin embargo, se apuesta por la generación hidroeléctrica a gran escala y la generación nuclear, ambas bajo el control de la CFE. A pesar de la reducción de un 8% de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación con respecto al año anterior, gran parte de los recursos del PEF destinados a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático han sido etiquetados para proyectos de la empresa productiva del estado. Su plan de negocios 2021-2025 prevé una cartera de proyectos por más de 60 millones de pesos para este año, alrededor de un 20% más que en 2020. De estos, la mayor proporción sería destinada a la generación eléctrica, a través de la construcción de centrales de generación, en su mayoría, de ciclo combinado (térmica). Con estas determinaciones, el gobierno federal busca dar preponderancia en el mercado a la CFE. Pero esta no ha sido la única estrategia para lograrlo. En mayo de 2020 la SENER publicó la ‘Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional’, en adición al ‘Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS COV2 (COVID19)’ del CENACE, publicado en abril del 2020. Ambos instrumentos tenían como objetivo intrínseco favorecer la operación de la infraestructura de generación de CFE y limitar el acceso al mercado a los generadores privados de renovables, a través de la imposición de nuevos requisitos y restricciones para el otorgamiento de los permisos a cargo del regulador, bajo la justificación de la necesidad de garantizar el suministro eléctrico durante la emergencia sanitaria. Esta política fue controvertida ante el máximo tribunal de nuestro país por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), al considerar que atenta contra la competencia y acceso libre y no discriminatorio al mercado, principios garantizados por la Reforma energética a nivel constitucional. En días pasados la SCJN ha declarado esta política ‘parcialmente válida’, aduciendo la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones. El tercer evento de relevancia nacional es la reciente presentación de una iniciati-

va de reforma ‘preferente’ por el ejecutivo federal a la Ley de la Industria Eléctrica. Iniciativa, que los conocedores en el sector han catalogado como una auténtica ‘contrarreforma’ energética. Mismo objetivo, diferente vía, aunque no resulta sorpresivo para muchos, toda vez que AMLO ha manifestado públicamente su interés por revisar las disposiciones constitucionales y proponer reformas en este campo. A través de esta se busca favorecer la participación de la empresa estatal en el Sistema eléctrico nacional y establecer nuevas condiciones para los participantes que impidan el desarrollo de prácticas desleales, aún a costa del rezago de postergar/segregar a los productores renovables (quienes estarían después de la generación de las subsidiarias). Lo preocupante de esta propuesta es que no abona a la transición energética toda vez que presenta medidas ‘retroactivas’ en el cumplimiento de algunas de las obligaciones previstas en la LTE, tales como la de otorgar Certificados de Energías Limpias sin depender de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas, eliminar la obligatoriedad de las subastas para el Suministrador de Servicios Básicos y obligar Lo preocupante de esta propuesta es que no abo“ na a la transición energética, toda vez que presenta medidas ‘retroactivas’ en el cumplimiento de algunas de las obligaciones”

a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley, de acuerdo con criterios aún no del todo claros. El aparato legislativo cuenta con 60 días para analizar, discutir y deliberar sobre la pertinencia de materializar esta propuesta de ley. Pero, ¿dónde quedan los usuarios? esos agentes que hasta ahora hemos sido espectadores de este escenario de incertidumbre jurídica y crisis económica. Las pequeñas grandes batallas del sector energético se han librado entre la administración estatal y los participantes del mercado, so pena de que las decisiones actuales comprometen en gran medida el futuro económico, ambiental y social de millones de mexicanos: la transición energética debe ser justa y resiliente. 2/3