Sector Eléctrico
El largo camino hacia la transición energética II
Ana Laura Barrón analaura.barron@ethos.org.mx Especialista en Derecho Financiero por la UNAM. Investigadora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
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n el PRODESEN 2020-2024 se plasma la visión gubernamental de una política energética soberana bajo regulación de la SENER, en la que se promueva una transición energética gradual y ordenada. Este programa establece que las metas de participación de energías limpias en la generación eléctrica son la base de la planeación energética nacional, sin embargo, se apuesta por la generación hidroeléctrica a gran escala y la generación nuclear, ambas bajo el control de la CFE. A pesar de la reducción de un 8% de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación con respecto al año anterior, gran parte de los recursos del PEF destinados a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático han sido etiquetados para proyectos de la empresa productiva del estado. Su plan de negocios 2021-2025 prevé una cartera de proyectos por más de 60 millones de pesos para este año, alrededor de un 20% más que en 2020. De estos, la mayor proporción sería destinada a la generación eléctrica, a través de la construcción de centrales de generación, en su mayoría, de ciclo combinado (térmica). Con estas determinaciones, el gobierno federal busca dar preponderancia en el mercado a la CFE. Pero esta no ha sido la única estrategia para lograrlo. En mayo de 2020 la SENER publicó la ‘PolítiAcceso Energía 219
Semana 07
Febrero 2021
ca de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional’, en adición al ‘Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS COV2 (COVID19)’ del CENACE, publicado en abril del 2020. Ambos instrumentos tenían como objetivo intrínseco favorecer la operación de la infraestructura de generación de CFE y limitar el acceso al mercado a los generadores privados de renovables, a través de la imposición de nuevos requisitos y restricciones para el otorgamiento de los permisos a cargo del regulador, bajo la justificación de la necesidad de garantizar el suministro eléctrico durante la emergencia sanitaria. Esta política fue controvertida ante el máximo tribunal de nuestro país por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), al considerar que atenta contra la competencia y acceso libre y no discriminatorio al mercado, principios garantizados por la Reforma energética a nivel constitucional. En días pasados la SCJN ha declarado esta política ‘parcialmente válida’, aduciendo la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones. El tercer evento de relevancia nacional es la reciente presentación de una iniciati-