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Contrarreforma en el sector eléctrico

Frecuentemente señalo la urgencia que existe como país de transitar hacia sistemas de generación de energía más limpios que puedan mejorar la situación ambiental en términos de los efectos en el cambio climático. Por lo cual subrayo la necesidad de contar con un sector energético que cuente con una economía social, que comprenda el respeto a los derechos del usuario final, pero también la posibilidad de contar con cooperativas, colectividades, etc., que apoyen a las organizaciones no lucrativas. También he subrayado que esas actividades tienen que comprobar su efectividad en temas energéticos, demostrando que las pequeñas comunidades energéticas y los prosumidores son una opción en México. En razón de eso, veo con preocupación la iniciativa de reforma energética como un regreso al pasado, a hace cuarenta años cuando el Estado lo abarcaba todo y la producción energética de privados era limitada, y lo peor del caso, no veo una economía social, veo que se pretende entregar el diseño de la política pública a una empresa, que aunque sea del estado, es una empresa. La iniciativa refleja la visión ambigua del debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el diseño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), dramáticamente sigue culpando al modelo energético anterior, a la Reforma Energética del 2013, es decir a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Pero no lo saben explicar, o se montan en la historia del auto abasto y los productores independientes (PIEs) aunque revolviendo los conceptos, para pegarle también a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a todo pues. El gobierno acierta en parte, dado que en el sexenio anterior (peñanietismo) se erró al implementar el modelo completo del sector energético. Ciertamente el afán del peñanietismo de “proteger” a la CFE, a los legados, y al mismo tiempo implementar el MEM fue un chasco y generó un bodrio complejo, lleno de inequidades entre CFE y los privados. Habría que ver solamente la implementación de la estricta separación legal para CFE y su nula exigencia para la iniciativa privada; se pueden enunciar errores garrafales como haber equiparado el CTCP, costo total de corto plazo, con el PML, precio marginal local, donde el regulador decidió darle los mismos costos a los proyectos de la LSPEE y a los nuevos de la LIE, y la CFE en medio manteniendo incluso el bodrio y asumiendo los costos de los PIEs o la intermediación, que ridículamente representa a los autoabastos en el nuevo MEM. Así, nos podríamos pasar páginas y páginas señalando los errores de implementación de los peñanietistas, pero también nos la podríamos pasar señalando cómo esos temas se subsanaban con buena regulación o sencillamente reformando consensuadamente los artículo transitorios 12 y 17 de la LIE, pero bueno, ya que el Ejecutivo Federal propuso su incitativa de reforma constitucional, comento lo siguiente: De entrada, la iniciativa atenta contra la competencia, (y como sabemos la competencia favorece las tarifas competitivas), pues solo busca fortalecer a CFE. No es una reforma

social, por que no fortalece la participación de la sociedad o sus derechos en el sector. No aumentar las tarifas manteniéndolas con subsidios no es social, es trasladarle al contribuyente una decisión política. Social seria darle capital de la CFE a sus 46 millones de usuarios, implementar políticas de género, desarrollar estrategias de inclusión social, de combate a la pobreza energética, de atención a consumidores vulnerables y dotarlos de acceso a la justicia ante su suministrador, pero son temas que les pasan de largo. Dicen que no hay empresas buenas o malas, solo incentivos, pues CFE nunca ha tenido incentivos, de ahí sus perdidas y su falta de innovación, más bien ha sufrido las limitaciones en el conocimiento del político en turno, pobre CFE. El grado de incertidumbre, al que la iniciativa somete a los privados, a las empresas generadoras, pone en riesgo su existencia (la inversión existente), pues de aprobarse la iniciativa quedarían cancelados permisos y contratos hechos dentro de la LSPEE y la LIE, sin diferenciar, cuando la última sí privilegiaba la competencia y la transición a las energías más limpias y renovables. Peor, la iniciativa es una amenaza para la inversión futura energética y para todos los sectores, ya que, si llega a aprobarse, iría en contra de los tratados interna-

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El grado de incertidumbre para las empresas generadoras pone en “ riesgo su existencia“

cionales que se han firmado, lo que provocaría consecuencias en las relaciones de México al exterior. Esta iniciativa podría, por ejemplo, poner en riesgo la participación de nuestro país en el T-MEC, lo cual traería consecuencias económicas aún más graves en cuestión de exportaciones. Por lo que, de aprobarse, no sería posible mantenerla a largo plazo y las siguientes administraciones tendrían que lidiar con las consecuencias del diseño de políticas públicas aisladas del mundo. A corto plazo, esta reforma podría tener resultados económicos catastróficos, ya que los costos podrían ser muy altos, con los que toda la industria se vería perjudicada. La industria se vería afectada por tener que pagar por energía en sus más altos precios, pues ya no podría diseñar soluciones propias o diversas, sino que solo tendría la opción de comprar toda su electricidad a CFE, y todos

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