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Efectos económicos evitados con la NO aprobación de la Contrarreforma eléctrica
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Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que buscaba reformar la Constitución Política, en materia de energía discutida el pasado mes de abril en la Cámara de Diputados, no alcanzó la mayoría calificada. · Ante este panorama, no solo las finanzas públicas se habrían visto afectadas en caso de su aprobación, sino también los consumidores finales y el medio ambiente, incumpliendo en las metas de los tratados de París. El cambio constitucional enviado por el ejecutivo implicaba modificar1 el criterio de despacho de energía eléctrica. Dado que la CFE genera energía a costos hasta 252% mayores al sector privado, desmantelar el despacho económico en costos marginales se traduciría en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno Federal al dejar de despachar plantas que operan con menores economías de escala. · Por otra parte, la reforma cancelaba permisos, solicitudes pendientes y contratos otorgados a participantes del mercado. La cancelación no preveía qué pasaría con los participantes del mercado. Esta alta discrecionalidad, conllevaba una alta probabilidad de la salida de oferentes. La falta de certidumbre hubiera reducido los incentivos de los privados para realizar nuevas inversiones, por la perspectiva de no recuperarlas. La propia CFE incurriría en costos adicionales para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas. La ineficiencia conocida de CFE se trasladaría al sistema completo, negando la garantía de ahorro alguno para el usuario. · En lo que respecta a la estructura legal de CFE, la Contrarreforma eléctrica, buscaba revertir la separación horizontal y vertical de la CFE, es decir, se planeaba que CFE se constituyera como el único actor que podía comprar (monopsonio) y suministrar (monopolio) energía, lo cual eliminaría las posibilidades de competencia en el mercado de generación. Con esto, adquiriría un poder de discriminación hacia los privados en las actividades de transmisión y distribución eléctrica, reduciendo las opciones para los consumidores. · Para el caso de los Certificados de Energía Limpia (CEL), se tenía planteado desaparecer estos instrumentos que funcionan como el principal incentivo para expandir la capacidad instalada renovable en México. La CFE no tiene capacidad instalada limpia para aumentar la participación de las energías renovables en la medida que el país lo requiere. La desaparición de los CELs extremaba la inviabilidad de que México cumpla con su compromiso en materia de transición energética de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024, plasmado en el Acuerdo de París. · La Contrarreforma eléctrica buscaba desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Desaparecer a los órganos reguladores del sector energético en México
es pernicioso para el desarrollo del sector, pues hubiera generado un clima de incertidumbre entre los participantes –públicos y privados– de la industria eléctrica, que se hubiera traducido en bienes y servicios de baja cantidad, mala calidad y precio subóptimo. La Contrarreforma eléctrica hubiera aniquilado la neutralidad competitiva y hubiera generado en automático un conflicto de interés, cuando la CFE se opusiera, como empresa, al interés general. · Sin precedente en el mundo, la Contrarreforma eléctrica hubiera permitido que la CFE, además de actuar como monopolio, fuera a su vez el “regulador” sectorial. Sin precedente en el mundo, el esquema que se proponía abdicaba todas las funciones de política pública que caen en la esfera de dos Secretarías de Estado (Secretaría de Energía y Secretaría de Economía, para el caso de las políticas industriales de toda la cadena de valor de la electricidad) y las deposita en una empresa, la CFE. Sin precedente en el mundo, la CFE, empresa del gobierno, se hubiera erigido como el único participante de un “mercado” de ficción, agudizada por que la Contrarreforma eléctrica también establecía la incorporación inmediata del CENACE a la CFE, regresando también automáticamente al esquema en el que CFE decidiría sobre las compras y el precio de la energía de generadores privados. En efecto, ni en los sueños más profundos e íntimos, de los hombres más poderosos del mundo, se había extrapolado tal intención de concentración de poder y discrecionalidad de una empresa de servicios, mismo, que se evitó al desechar la Contrarreforma eléctrica. · Uno de los puntos de alto impacto regulatorio en la iniciativa de reforma era transformar a CFE en un órgano del Estado2. Esto hubiera dado pie a la hiper centralización del poder de la CFE. No generaría valor económico y rentabilidad con sostenibilidad. Actualmente no existe tal figura en el derecho administrativo. · Al hablar de impactos económicos, se hubieran experimentado un incremento de precios en el subsector de electricidad equivalente a 30%, que implicaría un aumento general en los costos de insumos intermedios del sector eléctrico de 20.4%, con su respectivo impacto en los precios generales de la economía. Despachar en último lugar a las plantas de generación eólica y solar hubiera incrementado los costos anuales entre 1,350 y 2,750 millones de dólares. Para 2022, Hacienda anticipó subsidios a las tarifas eléctricas por 73 mmdp, 0.5% (410 mdp) más que los presupuestados para 2021. Aunque estudiosos señalaron que el subsidio necesario para CFE sin reforma debería ser de más de 120 mmdp. Lo anterior, sin tomar en cuenta que la propia Secretaría de Hacienda del propio Gobierno no cumple con las asignaciones autorizadas, para el subsidio eléctrico, por la Cámara de Diputados. En los últimos tres años fiscales el sobre ejercicio fue en promedio de 32% o 29 mmdp.
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1. IMCO https://imco.org.mx/wp-content/ uploads/2021/10/20211001_Iniciativa-de-reformaconstitucional-CFE_Boleti%CC%81n.docx.pdf 2. MÉXICO EVALÚA https://www.mexicoevalua.org/ los-graves-e-innecesarios-danos-que-podria-causar-una-nueva-reformaenergetica/