Nº 127. VERANO, 2012
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en este número... IGLESIA A FONDO "Deplorable" es la palabra con la que todas las instituciones definen la realidad carcelaria en América Latina. A través de la pastoral penitenciaria, la Iglesia trata de ayudar a cambiar esta grave situación.
14 PRIMER PLANO
Pese al silencio casi absoluto que los medios de comunicación brindan a la Rep. Centroafricana, este país vive una de las peores crisis humanitarias de todo el planeta.
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INFORME Apenas se les ve, ni se les escucha. Pero los pueblos indígenas representan el 6% de la población mundial. Su estilo de vida se ve ahora amenazado ante la insaciable ambición de multinacionales.
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y además... 7 TRIBUNA
Voluntarios misioneros
10 EL OBSERVADOR GUATEMALA COLOMBIA
20 ASÍ VA EL MUNDO MYANMAR - MALÍ SIERRA LEONA
36 ENTREVISTA
Joaquín Alegrías , misionero de África
40 ANIMACIÓN MISIONERA
43 CARISMAS
Misioneras Hijas del Calvario
46 CULTURA La Mar de Músicas vuelve su mirada a África
52 EN EL OBJETIVO 54 MISIÓN VIVA
Maite Oiartzun, misionera de Nuestra Señora de África
56 MISIÓN VIVA
Cristóbal Mª Barrionuevo, misionero en Japón
EDITORIAL
¿Quién busca el enfrentamiento religioso?
E
l domingo 17 de junio, el grupo islamista Boko Haram perpetraba un atentado contra la catedral de Cristo Rey de la ciudad de Zaria, en el estado nigeriano de Kaduna. Ese mismo día, a la misma hora y en la misma ciudad, otro terrorista lanzaba el vehículo bomba que conducía contra la iglesia evangélica de la Buena Nueva. Un tercer templo –una iglesia pentecostal– era también atacado, en esta ocasión, en la propia Kaduna, capital del estado. El balance de estas tres deflagraciones fue de al menos 48 muertos y 150 heridos. Más recientemente, varios ataques perpetrados supuestamente por musulmanes armados de la etnia fulani en el estado de Plateau, en el centro del país, dejaban al menos 104 muertos; entre ellos, cincuenta, en su mayoría de mujeres y niños, cuyos cuerpos fueron encontrados en la Iglesia de Cristo de Nigeria, adonde huyeron para buscar refugio. Entre tanto, en Kenia, el domingo 1 de julio, dos sangrientos atentados, uno contra la catedral católica de Garissa y otro contra la African Inland Church, se cobraban hasta 17 víctimas y más de medio centenar de heridos. Desgraciadamente, los capítulos de violencia contra los cristia-
nos en estos dos países africanos han dejado de ser excepcionales. Obispos y misioneros de ambas naciones se han apresurado a señalar, con buen criterio, que “no estamos en presencia de una guerra religiosa” y que “identificar a los musulmanes con terroristas sería un error imperdonable, que beneficiaría a quien quiere fomentar el terror”. De he-
que pudiese desembocar en una guerra de religión. Y, cuando se indaga algo en el asunto, los nombres que siempre salen responden a minoritarios grupos integristas vinculados con Al Qaeda, como Boko Haram en Nigeria, Al Shabaab en Somalia y Kenia, o AQMI en Malí. Un integrismo que busca derramar sangre cristiana para sembrar odio y miedo, pero
Desgraciadamente, los capítulos de violencia contra los cristianos en Nigeria y Kenia han dejado de ser excepcionales. cho, hemos oído cómo la comunidad musulmana se ha comprometido a formar equipos de voluntarios para proteger iglesias de Kenia. Y en otro país africano, como Malí, que también ha visto recientemente cómo se perseguía en sus ciudades norteñas a los escasos cristianos que vivían en ellas, han sido las propias familias musulmanas la que han acogido en sus hogares a sus vecinos cristianos, para protegerles de los radicales islamistas. Pero, independientemente de esta más que oportuna precisión, está claro que alguien está empeñado en provocar a los cristianos, en busca de la excusa perfecta
que también atenta contra la concepción más moderada y mayoritaria del islam, al cual provoca un daño irreparable, al proyectar de él una imagen ligada a una violencia, un autoritarismo y unas prácticas –lapidación de adúlteras, prohibición de que la mujer acuda a la escuela, destrucción de monumentos religiosos...– abocadas al fracaso en el seno de unas sociedades en las que, aunque cueste conseguirlo, se busca que primen valores como la justicia social, la libertad, la paz, la mutua comprensión, los bienes morales... Una búsqueda en la que todos deberíamos estar, por el bien de la humanidad.
DIRECTOR Alfonso Blas REDACCIÓN Rosa Lanoix, Rubén Azuara DISEÑO Antonio Aunés COLABORADORES Anastasio Gil, Rafael Santos, Dora Rivas, Montserrat Vilaseca, Antonio José Molina, José Beltrán, José Carlos RoTERCER MILENIO dríguez, José Ignacio Rivarés, Volusiano Calzada, José Ramón Carvallada, María Jesús Sahagún, Carmina Sofía Fernández, Juana Gómez, Joaquín Martínez, Julio César Vidal, Vicente Marqués Ruiz, Lourdes Gabilondo DOCUMENTACIÓN Ana Fernández ARCHIVO FOTOGRÁFICO Antonio Aunés, Rafael Santos FOTOGRAFÍAS Efe, Missio SUSCRIPCIONES Roberto Murga DEPÓSITO LEGAL M-48558-1999 ISSN 1695-1034 IMPRESIÓN Gráficas Dehon. PP. Reparadores. C/ La Morera, 23-25. Torrejón de Ardoz, Madrid. Tfno: 91 675 15 36
IGLESIA A FONDO Chequeo a la realidad carcelaria en AmØrica Latina Las cárceles en América Latina son "deplorables". Así de rotundo. Y en todos los países. Sin excepción. Desde México, hasta Argentina. Pocas veces un tema generará comentarios tan unánimes. Todos opinan lo mismo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Iglesia, los propios Gobiernos y, obviamente, los presos que las sufren y sus familias. El
“Porque estuve preso, y me visitasteis...” sistema penitenciario hace agua por todas partes, y los penales, más que centros para rehabilitación, son, por desgracia, "escuelas para aprender a delinquir", tal y como denunciaba ya el documento conclusivo de Aparecida en 2007. 14 misioneros
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racias a Dios, los prisioneros se rindieron, porque estaban a punto de suicidarse… Hemos tocado fondo. ¿Hasta cuándo permaneceremos en estas condiciones deplorables?”. El pasado 18 de mayo, el obispo auxiliar de San Pedro Sula (Honduras) y presidente de la Pastoral Penitenciaria de este país, monseñor Rómulo Emiliani, ponía, de nuevo, el grito en el cielo por la situación de las cárceles. Acababa
de salir de una de ellas, a la que había sido llamado de urgencia para tratar de mediar entre los presos y evitar un baño de sangre. Lo logró. “Había una lucha de poder sobre la forma en que deben ser manejadas ciertas cosas, y esto provocó el enfrentamiento”, explicó el prelado claretiano, de origen panameño. “Podría haber sido peor –añade– porque todo el mundo estaba en pie de guerra para defender sus territorios. (…) El hecho es que la cárcel local, así como
bablemente constituya la mayor tragedia carcelaria a nivel mundial. En Comayagua, un penal “modelo”, considerado el mejor del país, con capacidad para 250 personas, estaban recluidas 852, más de la mitad de ellas a la espera de juicio. Y en condiciones indignas de seres humanos, con entre 100 y 110 presos “viviendo” en 75 metros cuadrados (un espacio concebido para albergar a 20 personas), y durmiendo “en literas dispuestas en forma de nichos unas encima y al lado de otra, en un área no superior a los 80 centímetros cuadrados”. La tragedia llegó de noche. Se desencadenó un incendio –fortuito según el fiscal, intencionado según algunas informaciones perio-
la gran mayoría de las del país, no cumple con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y una rehabilitación –debido a la superpoblación y al mal estado de la infraestructura–, y es urgente construir otra, porque el sistema actual es una bomba de tiempo”. En la pelea entre bandas en la que medió monseñor Emiliani murió un preso y otros 11 resultaron heridos. Una desgracia, sí, pero, bien mirado, “poca cosa”, habida cuenta de lo que viene aconteciendo frecuentemente por esos lares. Una “minucia”, por ejemplo, comparado con los 13 muertos que había habido dos meses antes, el 29 de marzo, también en San Pedro Sula; o con los 66 reclusos y tres familiares que perdieron la vida en la cárcel de El Porvenir en abril de 2003; o con los 107 con-
Familiares de las víctimas de la prisión de Comayagua muestran su rabia e indignación por la tragedia.
En Comayagua, un penal con capacidad para 250 presos, había 852 en el momento de la tragedia. victos que, igualmente en San Pedro Sula, murieron en 2004 en un incendio; o con las ¡361 personas! que murieron carbonizadas en el desastre de Comayagua, el pasado 14 de febrero… Este último suceso dio la vuelta al mundo. Y con razón, porque pro-
dísticas–, y la autoridad penitenciaria decidió no abrir las puertas para evitar que los presos se fugaran. Los bomberos tardaron en llegar y, cuando lo hicieron, tuvieron que esperar, además, a que la situación estuviese bajo control. El resultado, el consabido: más de NÚM. 127, VERANO DE 2012
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350 muertes en una cárcel en la que, como en las demás, no existía siquiera un protocolo de actuación en caso de fuego o de desastre natural. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (un organismo dependiente de la CIDH) lo dijo muy claro en su informe, publicado tras visitar en abril varios centros penitenciarios de este país. En las cárceles hondureñas hay “sobrepoblación” y “hacinamiento”; los presos no tienen una alimentación y asistencia médica “adecuada”; las condiciones de higiene y salubridad son “deplorables”; faltan instalaciones para atender a las visitas (“incluida la conyugal”); los presos no están seleccionados por categorías; y lo que es más grave: 1) hay sitios en que ni siquiera están separados hombres y mujeres, y 2) las autoridades han delegado aspectos esenciales de la administración de los penales en los propios reclusos. La conclusión es obvia y rotunda: “Honduras carece de un verdadero sistema penitenciario”.
Drama generalizado
Aun siendo todo esto grave, muy grave, que lo es, lo realmente preocupante es que lo que ocurre en Honduras no es la excepción, sino la regla, lo común en la mayoría de las cárceles de América Latina. Las denuncias de hacinamiento, falta de infraestructuras adecuadas, malos tratos a presos, control de las prisiones por parte de reclusos organizados en bandas, insuficiente alimentación, falta de atención médica, ausencia de programas de rehabilitación y de prevención, abuso de la detención preventiva, etc. figuran siempre en los informes de los organismos encargados de velar para que se garanticen los derechos hu16 misioneros
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Aproximadamente la mitad de la población reclusa de América Latina se encuentra en espera de juicio. manos también en las prisiones. Un objetivo este que dista mucho de cumplirse a día de hoy. El primer derecho que están violando los Estados –responsables, al fin y al cabo, de los penales– es el de garantizar la vida de los reos. Y es que se cuentan por cientos los convictos que mueren cada año entre rejas. Las cifras de los últimos meses hablan por sí solas: 361 víctimas en febrero en Comayagua, otras 44 ese mismo mes en la cárcel de Apodaca (Nuevo León, México), 13 más en marzo en San Pedro Sula… Y no es que este esté siendo un año atípico: solo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hubo 117 muertos en 2009, otros 133 en 2010 y cerca de un centenar más
en 2011. En las prisiones de Venezuela –de las peores del continente también– se registraron en 2010 nada menos que 476 muertes, y en 2011, otras 560. Más de 90 víctimas mortales dejó el 8 de diciembre de 2010 el incendio del penal de San Miguel en Santiago de Chile. Y 25 más el motín de junio de 2011 en la cárcel venezolana de El Rodeo I... El goteo es constante. El jurista mexicano Carlos Ayala Corao ha calculado que, aproximadamente, “cada tres años mueren el número de reclusos correspondiente a la totalidad de un penal”, es decir, entre 1.500 y 3.000 personas. ¡Ahí es nada! El problema del hacinamiento tampoco admite discusión. En Honduras, país al que hemos to-
mado como referencia en este reportaje, hay unos 12.000 convictos malviviendo en unas prisiones que tienen capacidad, a lo sumo, para 8.000. Pero es que en la vecina El Salvador, cuyas 19 cárceles tienen más o menos el mismo aforo conjunto, hay ¡25.742! Lo que quiere decir que el hacinamiento allí supera al 300%. Y lo mismo puede decirse de Guatemala que, con 6.700 plazas, tiene 13.039 presos, o de Venezuela, cuyos 35 penales están diseñados para albergar a lo sumo a 14.500 personas, y acogen a más de 49.000. Brasil es el país con mayor número de reclusos de toda América Latina... y el cuarto del mundo. En sus cárceles y comisarías están encerradas unas 514.000 personas. Sí, en comisarías también, y en cualquier estructura cerrada que pueda ser utilizada para recluir provisionalmente a alguien (a veces hasta contenedores y viejos autobuses), porque las cárceles
están saturadas. México y Colombia son los siguientes en la lista. En el primer país, sus 419 cárceles albergan a 231.510 internos, mientras que en Colombia la población penitenciaria supera las 91.000 personas, distribuidas en 142 centros. Les siguen Argentina (63.000 reclusos), Cuba (57.337), Chile (52.000), Venezuela (49.000) y Perú (44.000). En total, el número de personas privadas de libertad en América Latina sobrepasa el millón doscientas mil. Y lo peor es que la cifra sigue incrementándose. De hecho, Brasil ha triplicado su población penitenciaria en apenas 15 años.
Motivos de esperanza
Así están las cosas. Hacinamiento, corrupción, “autogobierno”... y, también, abuso de la detención preventiva. Aproximadamente la mitad de la población reclusa en América Latina está, en efecto, a la espera de juicio, y por
tanto cumple una condena que aún no ha sido impuesta. La lentitud de la justicia es también algo común, en parte porque los delitos son tantos que los jueces no dan abasto. Las cifras asustan. Honduras, por ejemplo, es el país con la mayor tasa de homicidios del mundo: 86 por cada 100.000 habitantes. Un promedio de 20 personas son asesinadas allí cada día. Y no muy a la zaga le andan países como El Salvador (con una tasa de 72), Venezuela (64) o Guatemala (39). Se cree que en Centroamérica una de cada 50 personas muere antes de los 32 años por violencia vinculada, sobre todo, al narcotráfico y al crimen organizado. Muchas de esas muertes se deben a las maras, o bandas criminales callejeras. En El Salvador se produjo en mayo un hecho insólito, muy difícil de entender por aquí: nada menos que una conferencia de prensa, desde la cárcel, de los jefes de las maras NÚM. 127, VERANO DE 2012
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“Salvatrucha MS13” y “La 18”, dos de las más sanguinarias. La ocasión bien lo requería porque en esa comparecencia se hizo un anuncio que invita al optimismo. Los pandilleros, “para contribuir a la pacificación del país”, se comprometieron a poner fin a “todas las formas de reclutamiento involuntario de personas”. Los colegios –dijeron– “ya no serán considerados como zonas en disputa territorial, lo cual permitirá que alumnos y maestros puedan desempeñar sus actividades educati-
Miles de personas han hecho de la atención a los presos y a sus familias el centro de su compromiso cristiano. vas con toda normalidad y que los padres de familia se liberen de toda preocupación”. Y concluían su buena nueva con una petición a la primera dama del país: “Venga a conocernos y encuéntrenos un trabajo digno para alimentar a nuestros hijos e impedir que también ellos hagan esta vida”. Este esperanzador “gesto” se ha producido dos meses después 18 misioneros
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de que ambas organizaciones declarasen –gracias a la mediación de la Iglesia– una tregua que en seguida ha hecho descender el número de homicidios. Nada raro, si se tiene en cuenta que se estima que son responsables del 90% de los asesinatos que se cometen. Hay otras noticias que invitan al optimismo. La más importante, la prohibición desde el 1 de junio,
en Venezuela, de la venta de armas de fuego a particulares. No es asunto baladí: el 98% de los homicidios que sangran a la nación (¡159.000 entre 1998 y 2011!) se cometen con pistolas, revólveres, fusiles, escopetas, etc. en manos de la ciudadanía. En este país, el Gobierno de Chávez ha anunciado también la construcción de 24 nuevas cárceles, ocho de las cuales deberían estar acabadas y en funcionamiento en marzo de 2013. También en Brasil el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha prometido crear 48.000 nuevas plazas carcelarias. Un motivo más de optimismo lo encontramos en Chile. Allí, para reducir el hacinamiento, el Gobierno del presidente Piñera aprobó en abril una ley que concede el indulto a más de 6.000 presos condenados por delitos menores o que ya disfrutaban de beneficios penitenciarios. Se les exige, eso sí, que no vuelvan a delinquir. En caso contrario, a la nueva con-
dena se le añadirá el tiempo conmutado de la anterior. La mejor noticia, no obstante, el verdadero motivo de esperanza, lo constituye, y con diferencia, la pastoral penitenciaria, los miles y miles de personas anónimas (capellanes, agentes de pastoral, voluntarios) que han hecho de la atención a los presos y a sus familias el centro de su compromiso cristiano. Su labor no tiene precio. Y eso que muchas veces la tienen que ejercer en medio de grandes obstáculos y dificultades. En México, por ejemplo, donde hay más de 4.000 agentes de pastoral que visitan las prisiones al menos una vez por semana, el director de la Comisión Pastoral de Prisiones del Episcopado, Pedro Arellano, denunciaba el año pasado en un encuentro de trabajo que cuando denuncian la corrupción, la tortura, el hacinamiento o el maltrato a los internos, los agentes son “represaliados”. ¿Cómo? Impidiéndo-
les el acceso a las cárceles o favoreciendo a otras religiones o creencias. En este mismo país, el gobernador de un Estado llegó a prohibir que el obispo pudiese entrar durante tres años a las prisiones de su jurisdicción porque había dicho públicamente que los animales del zoo estaban mejor alimentados que los presos. El documento de Aparecida, citado ya anteriormente, no solo criticó en su apartado dedicado a los detenidos (puntos 427 a 430) la inhumanidad de los centros penitenciarios. Denunció también, proféticamente, la injusta realidad, el vigente orden establecido, que golpea principalmente a los pobres y los conduce a la prisión. Los encuentros internacionales de Pastoral Penitenciaria inciden mucho, y con razón, en este punto. En un documento de la Pastoral Penitenciaria del Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile) para el Congreso Mundial
que la International Comisión of Catholic Prison Pastoral Care celebró en Camerún en agosto de 2011, puede leerse: “(…) El proyecto del Evangelio de Jesús difiere totalmente del proyecto del sistema imperante que día tras día propone más cárceles, más encierro, más injusticia, más pobreza. A ello nos referimos cuando expresamos que nuestra misión debe ser cuestionadora del sistema imperante, de esa globalización sin solidaridad de la que nos hablan nuestros obispos en Aparecida, y que genera exclusión”. Y más adelante, añade: “El aumento del número de presos y la construcción de cárceles en nuestros países no son hechos aislados, tienen que ver con este modelo social que excluye y considera descartables a muchos que ‘esconde, guarda, deposita, aísla’ en establecimientos penitenciarios que no son otra cosa que escuelas para aprender a delinquir y depósito de seres humanos de los cuales el Estado no se ocupó desde la infancia. Por eso (…) vemos fundamental y urgente que los Gobiernos de nuestros países prioricen e inviertan en una educación pública de calidad, especialmente para los sectores más pobres y marginados”. A veces da la impresión de que cuando se produce una tragedia como las de Comayagua o San Pedro Sula, con decenas de muertos, el desastre, a ojos de la opinión pública, fuese menor por tratarse de delincuentes. Olvidamos que son también personas. Y que, para los cristianos, no son la venganza y la muerte las que tienen que tener la última palabra, sino la reconciliación y el amor, que permiten dar otra oportunidad a quienes se arrepienten de corazón. JOSÉ IGNACIO RIVARÉS NÚM. 127, VERANO DE 2012
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PRIMER PLANO
República Centroafricana
EL ENFERMO CRÓNICO La de la República Centroafricana está considerada como la segunda crisis humanitaria del mundo, aunque de este país se hable muy poco. Heredero de una historia reciente de violencia y depauperado por propios y extraños, sus habitantes se debaten entre la pobreza y conflictos que no terminan por remitir. 24 misioneros
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epública Centroafricana. Muy raramente encontraremos alguna noticia en los medios de comunicación españoles sobre este país, lo cual no quiere decir que en él no ocurran cosas importantes, incluso muy graves. Un informe publicado en abril de este año por OCHA (la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU) califica su situación como “la segunda peor emergencia humanitaria del mundo, después de Somalia”. Algunos de los datos de las agencias que asisten a la población más vulnerable “cantan”: dos tercios de la población no tienen acceso al agua potable o a cui-
dados médicos, un tercio de los niños no van a la escuela, y los que tienen la suerte de acudir se encuentran con maestros no cualificados que tienen que atender a un promedio de 95 niños por clase. La esperanza de vida ronda los 45 años, y se calcula que un 42% de la población está subalimentada. Basta mirar a cualquiera de las listas oficiales, como el Índice de Desarrollo Humano o las tasas de mortalidad infantil en el mundo, para ver que el país figura siempre entre los últimos cuatro o cinco lugares de cualquiera de estos indicadores. Ninguna de estas clasificaciones tiene que ver con causas na-
turales. No estamos aquí en una tierra desértica, sino en un territorio de bosques abundantes y terreno fértil, bendecido por constantes lluvias. El país, gran productor de diamantes, oro y maderas, tampoco está falto de recursos. El problema de fondo tiene que ver con la existencia de un Estado fallido que no consigue asegurar los servicios básicos a su población y, mucho menos, gestionar los múltiples conflictos que germinan, desaparecen aparentemente por algún tiempo y rebrotan de este a oeste; conflictos que se ceban en una población que sufre constantes abusos contra los derechos humanos, violencia contra las mujeres y reclutamiento de niños en grupos armados de diversa calaña. Cerca de 150.000 centroafricanos viven hoy en campos de refugiados en países vecinos, a los que hay que sumar otros 100.000 desplazados internos que han huido de alguna de las bandas armadas que les hacen la vida imposible. Eli Noutoukama es uno de ellos. Vive en uno de los campos de desplazados de Obo, una pequeña localidad del sureste del país, que, además de su población autóctona, acoge a cerca de 10.000 personas que durante los últimos tres años han huido de los ataques del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en siglas inglesas). La infame guerrilla ugandesa, liderada por Joseph Kony, en busca y captura por la Corte Penal Internacional, se infiltró, en 2009, en las selvas de las prefecturas de Mbomou y Haut Mbomou desde sus guaridas de la vecina República Democrática del Congo, tras las masacres de Navidad de 2008. Desde entonces ha matado a cientos de personas en poblados esparcidos por vastos territorios, sin protección de ninguna fuerza de seguridad. Muchos otros
cientos de personas permanecen desaparecidas, después de ser secuestradas por el LRA para obligarlas a combatir entre sus filas, o bien hacer de porteadores y –en el caso de las chicas– de esclavas sexuales de sus comandantes. Eli recuerda muy bien el ataque masivo a su aldea natal el 3 de agosto de 2009, en el que mataron a una de sus dos esposas. Hoy la situación de seguridad ha mejorado algo, gracias, sobre todo, a la ofensiva de soldados ugandeses que persiguen al LRA y que han conseguido debilitarlo. Pero ni él ni ninguno del resto de los desplazados de Obo u otras localidades vecinas, como Rafai, Mboki, Djema o Bambouti, puede volver a sus poblados
de origen. Cada mañana, la mayor parte de los adultos parten con sus azadas para cultivar parcelas de terreno, no más allá de los cinco kilómetros que los militares han demarcado como zona considerada segura. En la mayoría de los casos, se trata de campos de cultivo que pertenecen a otras personas. A Eli lo eligieron los desplazados hace dos años como líder de su comunidad, y muy frecuentemente tiene que mediar en conflictos sobre tierras que no terminan nunca. La última vez que hubo un reparto de ayuda humanitaria fue en 2010. En esta situación, sorprende poco que los desplazados coman solo una vez al día. La etnia zande, a la que pertenecen, tiene una tradi-
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En las últimas décadas la lucha por el poder ha desatado una sucesión de golpes y motines militares. ción de consumados cazadores de la selva, pero hoy día nadie puede aventurarse por bosques peligrosos, donde se arriesga uno a ser asesinado a machetazos por alguna de las bandas del LRA. Así las cosas, la carne ha desaparecido de su dieta, antaño equilibrada y suficiente.
Golpes, motines y rebeliones
La historia reciente del país ha tenido pocos momentos de estabilidad y ninguno de prosperidad. Conocido durante los tiempos coloniales como territorio del Ubangui-Chari (por sus dos ríos principales, que hacen de frontera natu26 misioneros
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ral al sur y al norte, respectivamente), los franceses lo administraron, con un humillante sistema de trabajos forzados, como una inmensa finca, en la que explotaron caucho y maderas preciosas en abundancia. Su independencia, en 1960, empezó con mal pie, al morir en un extraño accidente de aviación Barthélemy Boganda, considerado como el padre de la patria. Desde entonces, las últimas décadas han conocido una lucha por el poder, que se ha mostrado en una sucesión de golpes, contragolpes y motines militares. Primero, de David Dacko contra Abel
Goumba. Después, del primo de Dacko, el general Jean-Bedel Bokassa, quien, tras hacerse con el poder, se proclamó emperador en 1976 en una fastuosa ceremonia inspirada en la coronación de Napoleón. Cuando Francia se cansó de él, apoyó un golpe de Estado en su contra, que llevó nuevamente al poder a David Dacko, quien a su vez fue derrocado en 1981 por el general André Kolingba. En 1990, tras la caída del comunismo en Europa del Este, se formó en Centroáfrica un importante movimiento cívico en favor de la democracia y, en 1993, con una fuerte ayuda de la comunidad internacional, se celebraron las primeras elecciones libres, que fueron ganadas por Ange-Félix Patassé. El nuevo presidente tuvo que hacer frente a violentos moti-
tó el derrocamiento gracias al apoyo de cientos de milicianos de Jean-Pierre Bemba –que cruzaron el río desde la orilla congoleña del río Ubangui, enfrente de la capital– y de soldados libios. Bemba está siendo juzgado hoy en la Corte Penal Internacional de La Haya por las atrocidades cometidas durante aquellos años por sus tropas en Bangui y sus alrededores, unos hechos que muchos habitantes de las barriadas de la capital todavía hoy recuerdan con horror. El general François Bozizé, a quien Patassé acusó de estar detrás de la rebelión, huyó al vecino Chad, y en 2002 lanzó un ataque sorpresa, que las tropas de Bemba no consiguieron, esta vez, detener. Al año siguiente, Bozizé se hizo de hecho
nes en 1996 y 1997, acompañados de saqueos y una escalada de tensiones étnicas. Varios países africanos enviaron una misión militar para garantizar la seguridad. Esta misión fue reemplazada más tarde por una fuerza de paz de la ONU, conocida como MINURCA. Patassé volvió a ganar las elecciones en 1999, y dos años más tarde reprimió duramente un ataque rebelde en Bangui. Patassé evi-
con el gobierno de la nación, y, aunque ha ganado las elecciones celebradas en 2005, no ha podido evitar que una miríada de grupos rebeldes haya surgido en distintos rincones del país. A finales de 2008, con un fuerte apoyo de Naciones Unidas (que cambió su fuerza militar MINURCA por otra de estabilización, conocida como BINUCA), tuvo lugar en Bangui un “diálogo político inclu-
sivo”, con el fin de pacificar el país. Desde entonces, algunos grupos rebeldes han aceptado integrarse y deponer las armas, pero otros prefirieron mantenerse al margen. La sopa de letras de organizaciones insurgentes, activas o no, repartidas por casi todo el país parece no tener fin: CPJP, APRD, FDPC, UFDR, MLJC, FPR... El último en sumarse a este infame club ha sido el LRA ugandés. A ellos hay que añadir otros grupos armados, como cazadores furtivos y bandidos que hacen ganancia en río revuelto; sobre todo, los conocidos como “cortadores de carreteras”, que desde hace años lanzan ataques sorpresa contra vehículos y despojan a los incautos viajeros de todas sus pertenencias. Además, no raramente son las propias fuerzas gubernamentales (conocidas como FACA) las que cometen extorsiones contra la población. Los expertos en seguridad dicen que la situación ha mejorado en el último año, aunque con matices. El este y partes del norte de Centroáfrica se consideran como zonas de peligro elevado, el oeste y el centro como regiones de peligro moderado, y solo Bangui y las provincias del sur parecen gozar de una seguridad algo más razonable. El último episodio de esta historia de conflictos y conspiraciones tuvo lugar a primeros de junio de este año, cuando el presidente Bozizé destituyó a su sobrino, el todopoderoso ministro de minas Sylvain Ndoutingai, uno de los hombres más ricos del país, a quien se acusó de estar preparando un golpe de Estado.
Un Estado fallido
Pero esta historia de golpes y grupos armados bien podría considerarse como el síntoma de un problema que está en el fondo NÚM. 127, VERANO DE 2012
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PRIMER PLANO
de esta situación tan volátil, y es la existencia de un Estado fallido, algo que viene de lejos. El país apenas tiene una red de carreteras que permitan las comunicaciones, no existen industrias (con la notable excepción de la fábrica de la omnipresente cerveza Mocaf) y los servicios públicos esenciales solo se sostienen con pinzas, gracias a las 40 agencias humanitarias que operan en el país con limitados recursos. Por no tener, la República Centroafricana no tiene ni población, o casi. Su territorio es algo más grande
Cerca de 150.000 centroafricanos viven hoy en campos de refugiados en países vecinos. que Francia, pero está poblado nada más por 4.400.000 habitantes, de los cuales cerca de la mitad necesitan ayuda alimentaria. Sus recursos naturales, notablemente los diamantes y el oro, proporcionan grandes ganancias a las compañías extranjeras que los explotan y a una élite de centroafricanos bien situados, que sacan su buena tajada de estos negocios. Hay también reservas de caza con 28 misioneros
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albergues de lujo, adonde acuden en aviones privados jeques árabes, millonarios norteamericanos y miembros de aristocracias europeas. El comercio, hoy como ayer, sigue en manos de la influyente comunidad libanesa, que tanto preocupa a Israel, por su supuesto apoyo económico a Hezbolá. Muy pocos de los beneficios de estas actividades económicas llegan a los cientos de miles de personas
que sobreviven con el trapicheo del pequeño comercio en los barrios populares de Bangui, como el Kilomètre 5 o el PK 12; o a los campesinos del interior, que ven cómo un grupo armado tras otro les roba sus cosechas. Además, desde hace varios años, la fiebre del diamante ha causado muchas rupturas familiares y ha traído más pobreza a quienes acuden a las canteras para probar fortuna. Los que pasan el día con el agua hasta la cintura, cribando la tierra con la esperanza de encontrar el brillo de alguna piedrecita como un grano de arroz, recibirán solo una pequeña comisión, si tienen la suerte de encontrar el preciado tesoro. Huelga decir que muchos vuelven a sus hogares con los bolsillos vacíos y enfermos, después de haberse gastado los pocos francos de ganancia en alcohol y prostitutas. A principios de mayo, la captura del número tres del LRA, el general Caesar Acellam, fue ampliamente difundida como una se-
Una Iglesia todavía frágil
L
ñal de que la estrategia contra esta insurgencia en el este del país está dando buenos resultados, sobre todo desde que el año pasado el presidente Obama diera luz verde al envío de asesores militares norteamericanos para ayudar en la lucha contra los rebeldes ugandeses. Pero incluso si mañana el mismo Kony fuese detenido y todos sus guerrilleros se rindieran, quedaría aún sin resolver la cuestión de fondo de qué hacer con el corazón de África. Un corazón que se extiende desde Centroáfrica al este, en el Sur de Sudán, y al sur, en la República Democrática del Congo, y que padece una enfermedad crónica de difícil curación: la existencia de enormes zonas de jungla habitadas por millones de personas dejadas a sus propios recursos, con ausencia de instituciones públicas fuertes que aseguren servicios esenciales y con la esperanza de vida más baja del planeta.
os católicos en la República Centroafricana representan un 25%, más o menos el mismo porcentaje sumado por las distintas Iglesias protestantes. Los musulmanes llegan al 15%, aunque su influencia aumenta a marchas forzadas. Una buena parte de la población sigue creencias animistas. Si bien la presencia de los primeros misioneros en el país se remonta a 1909, cerca de mediados de siglo había en Centroáfrica un solo sacerdote local, Barthélemy Boganda, el padre de la patria, que, tras casarse, se dedicó a la política. En 1970 solo había once curas centroafricanos; nada extraño, si se piensa que el primer seminario se abrió
en 1983. Estando así las cosas, sorprende poco que la gran mayoría de los prelados hayan sido misioneros extranjeros, entre ellos, el comboniano español Mons. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. Desde mediados de los años noventa, las vocaciones, tanto sacerdotales como a la vida religiosa, aumentan de forma constante. Durante los últimos años, las nueve diócesis de la Iglesia católica han sufrido fuertes tensiones, que han supuesto una prueba de fuego para sus comunidades. En 2009 el Vaticano obligó al arzobispo de Bangui y al obispo de Bossangoa (entonces presidente de la Conferencia Episcopal) a dimitir por "faltas graves". Un número
importante de sacerdotes locales protestaron e incluso estuvieron a punto de hacer la que hubiese sido la primera huelga de curas en la historia de la Iglesia. Tres años después, las aguas parecen haberse calmado; sobre todo, tras el nombramiento de cuatro nuevos obispos para las diócesis de Bangui, Bossangoa, Berberati y Alindao. Tres de ellos son centroafricanos (dos religiosos y un diocesano) y otro es de Ghana (este último, de la Sociedad de Misiones Africanas). A pesar de estos problemas internos, la Iglesia ofrece a la población un camino de esperanza y servicios esenciales, como escuelas, centros de salud y otros servicios sociales de importancia.
JOSÉ MANSO ORTIZ NÚM. 127, VERANO DE 2012
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INFORME
Hostigadas por aquellos que tienen el poder. Así han vivido durante siglos las poblaciones indígenas. Antes, bajo la amenaza de la colonización y de los caciques. Ahora, amedrentadas por la sed insaciable de las multinacionales en su deseo de producir a costa de hacerse con la selva que habitan, la tierra que cultivan y la cultura que custodian desde hace siglos. Frente a esta situación, la Iglesia, más allá de crear una pastoral indígena, ha trabajado y trabaja para hacer visibles a estas comunidades, que representan el 6% de la población mundial y que comienzan a contar con instrumentos para defender sus derechos. Y también, los del planeta.
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n los años 60, los indios xavantes fueron expulsados de su selva, en la región brasileña de Mato Grosso. Ya en la Conferencia Mundial del Clima que acogió Río de Janeiro en 1992, la empresa italiana AGIP respondió a las denuncias de expropiación que se acumulaban sobre ella y mostró su voluntad de devolverles esta tierra. Un gesto que no se materializó hasta 2004, cuando los xavantes se convertían en propietarios de esta reserva de 165.241 hectáreas, no sin problemas con los hacendados y campesinos que habían ocupado su espacio. Lamentablemente, a su regreso –en el que han contado con el apoyo de Manos Unidas– 30 misioneros
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estos nativos se toparon con que el 90% de la selva amazónica que sus ancestros habían mimado había sido destruida. Cuatro décadas para rozar un punto de no retorno. Esta parece ser la dicotomía entre buena voluntad y realidad que recoge la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, tras más de 20 años de negociaciones. Por primera vez se reconocía el derecho a la libre determinación de estos pueblos, su derecho a la propiedad de la tierra, junto con los recursos y derechos colectivos. Llegaba casi dos décadas después de que la Organización Mundial del Trabajo (OMT) les
dotara del primer instrumento legal para defenderse ante los tribunales. “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”, reza el artículo 3 del Convenio 169 de la OMT, que data de 1989, en el que también se apunta que “no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados”. A este documento se encomiendan todas las comunidades locales que, de una manera u otra, se sienten amenazadas cuando una multinacional –véase Pluspetrol en el sureste de Perú– logra hacer-
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se con el control de la región en la que han habitado desde hace siglos, para explotar las reservas de gas, pues sus habitantes no cuentan con contrato o acreditación alguna más allá de su acervo cultural. O las desencantadas con un Gobierno, como el boliviano, que, pese a ejercer de abanderado de sus derechos, cambia de tercio cuando el empeño por subirse al carro del desarrollo exige la construcción de una carretera que atraviesa la selva de sus ancestros y les divide como pueblo, como cultura. Este marco legislativo internacional se ha revelado como el punto de partida de unas enrevesadas batallas legales que, en la mayoría de los casos, no se han saldado con victorias determinantes de estos pueblos indígenas, que agrupan a 370 millones de personas y representan el 6% de la población mundial. “La mayoría de los países ya han firmado acuerdos, establecido
leyes nacionales y apoyado la Declaración de las Naciones Unidas. Hay que seguir, sin embargo, exigiendo que los Estados cumplan con sus obligaciones y compromisos en todas las acciones, finanzas y políticas de desarrollo, y que establezcan los arreglos apropiados a nivel nacional, para que se implementen estos acuerdos”, defiende Onel Masardule, del pueblo kuna y portavoz de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Tradicional de Panamá.
Formación integral
“Entre los retos actuales se encuentra mejorar el acompañamiento a la población, para que conozcan cómo defenderse con el fin de que se reconozca su tierra; lo que se traduce en un mayor apoyo administrativo para que la ley sea más comprensible y accesible a su realidad, esto es, liberar el papeleo, para que ellos se puedan desenvol-
Con una cifra próxima a los 370 millones de personas, los pueblos indígenas representan el 6% de la población mundial.
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ver en estas situaciones”, asegura Henar Gutiérrez, responsable de la Fundación Acción Marianista para el Desarrollo, quien apunta a un asunto tan evidente como olvidado: las distancias. “Para un indígena, desplazarse más allá de la municipalidad para rellenar un formulario o entregar un documento supone un coste imposible de asumir”. De ahí que el trabajo de esta fundación eclesial se centre en una formación integral en la que no solo se busca ofrecer talleres ocupacionales –donde los profesores hablan tanto el castellano como la lengua originaria, el techí en el caso de la región guatemalteca de la que acaba de regresar Henar–, sino que, paralelamente, se les enseña a desenvolverse en el registro de sus hijos, cómo arreglar litigios por ocupación de un territorio... Se trata de poblaciones muy vulnerables. Sufren, por un lado, el acoso de los actores locales, y, por otro, el del Gobierno correspondiente, que no duda en modificar leyes si la propuesta de una empresa resulta más rentable que mantener la promesa de respeto dada a la comunidad.
El misionero comboniano Juan Antonio Fraile en compañía de un grupo de indígenas pigmeos.
En Brasil, el principal informe anual sobre violencia indígena, que corre a cargo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), denuncia que, entre 2003 y 2011, un total de 503 nativos fueron asesinados en medio de pleitos de propiedad o por incursiones ilegales de empresas en sus reservas. Su principal preocupación radica en el aumento de los suicidios en las aldeas, “por la desesperación de los indígenas ante la omisión por parte del poder público”. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil también ha calificado de “auténtico genocidio” la discriminación y asesinatos que están sufriendo, en concreto, los guaraní-kaiowá. La situación de los mapuches en Chile no es mucho mejor, como denuncia el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial Risopatrón, que ha pedido su “reconocimiento constitucional”, para que puedan defenderse de los recientes ataques policiales que ocurren cada vez que salen a la calle para reivindicar sus derechos. “En algunos países son los grupos armados, ligados al contrabando y la drogadicción, los que hostigan a los poblados”, relata Gutiérrez, que explica: “A través del miedo, les obligan a abandonar su zona de referencia, que suele coincidir con zonas selváticas profundas, lo que permite a estos grupos esconderse y cultivar la coca. Basta el asesinato de un niño para que el pueblo responda con la huida del territorio”. Henar ha podido comprobar cómo han sufrido en persona esta situación en Guatemala y en Colombia, donde ha trabajado para la citada Acción Marianista. “Otro de los puntos clave es el reconocimiento de su memoria histórica, que pasa por no olvidar el horror sufrido por estos pueblos. Resulta un pilar clave para
restaurar su ser y hacer. En Guatemala, la diócesis de Alta Verapaz ha dado un paso al frente en este sentido, con relación al conflicto interno que vivió el país en las últimas décadas. Cuando se descubrió que el Ejército estaba hostigando a las familias que decidían hacerse las pruebas de ADN para descubrir si los cadáveres de las fosas comunes eran de sus familiares, con lo que eso implicaba para los militares, el Obispado decidió ceder instalaciones para cotejar
esos análisis respetando la intimidad de las familias, lo que ha hecho que muchas de ellas pierdan el miedo ante posibles represalias”.
Respaldo eclesial
Este es solo un ejemplo del compromiso adquirido por la Iglesia desde hace décadas para defender los derechos de aquellos que se han quedado sin tierra, que ven amenazada su identidad como pueblo. Porque, cuando sobre el papel no tenían derecho alguno, NÚM. 127, VERANO DE 2012
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y el término “ecología” era tan solo un tecnicismo, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos se empapaban de la manera de vivir, contemplar y obrar de los indígenas, haciéndose como ellos. Y mucho antes de que se crearan organismos internacionales, tanto desde Roma como a pie de misión, se velaba por su dignidad. Y no como meros espectadores. Durante 12 años, el comboniano Juan Antonio Fraile ha trabajado codo con codo con los pigmeos en la República Democrática del Congo, lo que le ha hecho descubrir “hasta dónde puede llegar la marginación. Son los últimos, los más despreciados en el país. Hasta tal punto que muchos bromean y aseguran que se encuentran entre el chimpancé y el hombre. Incluso se les quiso excluir del censo en las primeras elecciones del país. Han vivido tantos siglos de opresión, que resulta complicado hacerles cambiar de mentalidad y lograr que crean que se deben hacer valer”. Educación y sanidad son los pilares del trabajo en las escuelas rurales que regentan los misioneros, para que logren esquivar la alta mortalidad, que amenaza con hacerles desaparecer, y para que puedan tener herramientas para hacerse valer. “Si no son capaces de conocer, defender y reclamar sus derechos, estoy convencido de que desaparecerán como pueblo. Este acoso les ha llevado, sin necesidad de ser nómadas, a abandonar sus territorios originarios para avanzar al interior de la selva. El problema es que la deforestación y la explotación les están dejando sin más selva”. Unos 25 años después de que los combonianos abrieran sus primeros centros de formación para estas comunidades, aquellos niños son ya padres –algunos, incluso, profesores y comadronas– 34 misioneros
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conscientes de lo que la defensa de sus raíces puede beneficiarles. Este es uno de los motivos por los que los indígenas han querido reivindicarse como protagonistas de la cumbre climática Río+20, celebrada a finales de junio en la capital brasileña, afrontando esta cita con el temor de que esa “economía verde” que han abanderado los líderes políticos se traduzca en una privatización del bosque. Y es que, más que ninguna otra población, ellos se presentan como víctimas directas del calentamiento
La sobreexplotación de la naturaleza está arrebatando las tierras a los indígenas y amenazando su identidad como pueblos. global y de la destrucción de la capa de ozono, pues su relación íntima y cotidiana con la naturaleza les hace padecer la explotación de esa tierra que para ellos es sagrada y de cuya diversidad biológica se sienten guardianes. Así, frente a la concepción occidental de la propiedad individual y la idea de que la naturaleza está al servicio de los intereses del hombre, estas comunidades tienen lo que Neva Collings –una de las mayores expertas en aboríge-
nes australianos– viene a describir como “una conexión espiritual, cultural, social y económica” con la naturaleza, que hace que la sientan como parte de su ser y que les lleva a la identificación con la tierra que cultivan o los animales que la habitan; muy lejos de la visión del espacio en el que viven como un bien que explotar a su antojo. De ahí el sentido de marchas como las llevadas a cabo en Bolivia en contra de la construcción de una carretera y de la brutal repre-
“Las raíces de un pueblo no se pueden perder”
“C
sión policial ejercida, o protestas como las protagonizadas hace unas semanas por 300 indios, campesinos, pescadores y ecologistas en la región amazónica de Altamira, donde se construye la central hidroeléctrica de Belo Monte. La obra, que tendrá un coste de 10.600 millones de dólares, causará daños irreparables en el río Xingú, afluente del Amazonas, pues obligará a inundar más de 500 kilómetros cuadrados de selva, lo que llevará a 50.000 personas a abandonar sus hogares. “En el caso del indígena, para acabar con su cultura, basta con quitarle la tierra. Sin la tierra el indio no sobrevive”, explica el líder indigenista Carlos Terena. No se puede olvidar, por ejemplo, que los indígenas ejercen de cuidadores de más de 7.000 lenguas que corren el riesgo de desaparecer casi en su totalidad en el próximo siglo, en la medida en que resultan invisibles para aquellos que toman las decisiones en el planeta. Cerca del 97% de la población mundial habla el 4% de los idiomas, mientras que solo un 3% habla el 96% restante.
Un acervo cultural desprotegido, que únicamente es la punta del iceberg de su marginación social. Los indígenas constituyen el 15% de los pobres del mundo y representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales. Por poner un ejemplo, sólo en México, de los 15,7 millones de indígenas que habitan el país, ocho de cada diez viven en la pobreza. En Estados Unidos, un indígena tiene 600 veces más probabilidades de contraer tuberculosis, y su esperanza de vida es hasta 20 veces inferior a la de aquel que no es indígena. Lo denuncia el único estudio global amparado por la ONU que existe hasta la fecha (data del año 2008), y lo pone de manifiesto la Iglesia. Así, el cardenal Claudio Hummes, presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonía, no se cansa de repetir una y otra vez cómo “los indígenas deberían poder decidir lo que es importante para ellos. Por lo general, no es así; sus tierras son invadidas, y ellos, pisoteados”. JOSÉ BELTRÁN
uando en los 70 llegué a Colombia y comenzamos a trabajar en Nauta, en plena selva, lo hicimos sin pretensiones ni grandes proyectos, sino desde la humanidad y la obediencia", relata la agustina misionera Ángeles Bernardo, que hoy, cuatro décadas después, siente "gratitud por el continuo discernimiento en el que hemos vivido". Una labor callada, desde un proceso de inculturación permanente, que les llevó a pasar desde un trato diario con sus vecinos indígenas, a crear un centro de capacitación, que no funciona solo como escuela para la formación de jóvenes y adultos, sino como espacio de integración social y recuperación de la lengua nativa, el cocama. "Hay que ser lo que se es. Esta es mi máxima cuando se trata de abordar los derechos de los nativos. Por eso, las raíces de un pueblo no se pueden perder. De ahí la importancia, más incluso que del idioma, del pensamiento. Aquel que se acerque a estos pueblos debe hacerlo con el respeto a su manera de pensar", asegura, mientras recuerda cómo a su llegada "utilizar el cocama era signo de confrontación y violencia frente al castellano, mientras que ahora se vive como una riqueza de diversidad cultural". "Los indígenas comienzan a estar orgullosos de sus orígenes y a sentirse autónomos", explica a sus 80 años esta misionera leonesa. NÚM. 127, VERANO DE 2012
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