Número 0 – Año 1 Mayo - Julio de 2011 Publicación bimensual del
¿Paramilitares?...que los hay, los hay La utilidad del proyecto paramilitar: Las Bacrim y Doctrina de acción conjunta Continuismo de la parapolítica en Caldas Procesos de investigación y mecanismos de impunidad vigentes del Estado colombiano La Galería de la Memoria en Bogotá: Un paso hacia la reinvindicación del futuro De lo que fuimos y somos para ser Exilio El desarrollo de la “consolidación democrática”: Caso Montes de María Hacia el Congreso Nacional de Tierra (Agua), Territorios y Soberanías
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Número 0 – Año 1 - Mayo - Julio de 2011 Publicación bimensual del
Contenido
Revisión de textos: Julián Carreño Fotografías: Archivo MOVICE, Proyecto Colombia Nunca Más, Raúl Vidales, Equipo ISSAC, Carlos Eduardo Parra, Equipo Protección MOVICE, Dario Ghilarducci, Dexpierte y Guache, Medellín Antifascista, Capítulo Argentina y Capítulo Estado Español. Familias: Katherine Soto, Jaime Gómez, Guillermo Rivera Portada: Archivo MOVICE Concepto Gráfico: O.V.M. Procesos Editoriales ovacam@hotmail.com Revista elaborada en el marco del proyecto “Preservación de la memoria de las víctimas de lesa humanidad en Colombia, como aporte a una cultura de paz y respeto por los derechos humanos” ausipiciado por
Los contenidos de esta revista no reflejan necesariamente las posturas de las organizaciones auspiciadoras.
Editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¿Paramilitares?...que los hay, los hay. . . . . . . . . . . 5 La utilidad del proyecto paramilitar: Las Bacrim y Doctrina de acción conjunta. . . . . . . 11 Continuismo de la parapolítica en Caldas . . . . . . 19 P oema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Procesos de investigación y mecanismos de impunidad vigentes del Estado colombiano . . . 25 La Galería de la Memoria en Bogotá: Un paso hacia la reinvindicación del futuro . . . . . 29 De lo que fuimos y somos para ser Exilio . . . . . . . 35 El desarrollo de la “consolidación democrática”: Caso Montes de María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Hacia el Congreso Nacional de Tierra (Agua), Territorios y Soberanías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 P oema : L a
amordazada voz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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49
Editorial
L
a revista En M6vida está diseñada para ofrecer información y análisis pedagógicos sobre los hechos del acontecer nacional e internacional que atraviesan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, de las víctimas de crímenes de Estado de Colombia. En M6vida es un altavoz con el que los diferentes capítulos cuentan para difundir ampliamente sus agendas, debates, inquietudes, apuestas, iniciativas y reflexiones sobre estos temas, escribiendo artículos, comentando aquellos publicados, proponiendo temas e investigaciones.
paramilitar; la pertinencia del Congreso Nacional de Tierra y Territorio; el Exilio Político; análisis de casos sobre “la consolidación democrática”, los mecanismos de impunidad en los casos Jaime Gómez y Guillermo Rivera, y el continuísmo de la parapolítica en Caldas. Esperamos que estos contenidos resulten pertinentes, alienten el debate y la reflexión colectiva así como el intercambio entre capítulos en Colombia y diversas partes del mundo donde el Movimiento tiene presencia activa. La revista En M6vida adopta su nombre de la campaña que el MOVICE adelanta cada año el seis de marzo, día internacional de las víctimas de crímenes de Estado, fecha que es una apuesta por la vida, en que las víctimas recuerdan con su propia voz que sus demandas, sueños y esperanzas son protagonistas de la historia de este país, y que la memoria y la dignidad son sus apoyos.
Esta primera prueba piloto de la revista cuenta con la participación del Equipo Técnico, estudiantes que realizan la pasantía en el MOVICE, el Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, el Grupo de Investigación, Seguimiento, Sistematización y Análisis de Contexto del MOVICE-Grupo ISAAC y la contribución de los capítulos regionales Sucre y Bogotá. Este número 0 trata aspectos de actualidad, entre ellos: la historia de la Galería de la Memoria del capítulo Bogotá; el análisis de la actual presencia
Agradecemos sus comentarios y propuestas: prensa@movimientodevictimas.org investigacion@movimientodevictimas.org
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Foto: Archivo del MOVICE
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¿Paramilitares?... que los hay, los hay G rupo ISSAC - M ovice
Hoy
capturados por conformación de ‘grupos delincuenciales’2; el siguiente informe correspondiente a julio de 2006 -es decir tan solo dos meses posterior a la supuesta desaparición de los grupos paramilitares-, da cuenta de la existencia de al menos ocho ‘grupos emergentes’ que operaban en Nariño, Norte de Santander, Meta, Vichada, Cesar, Putumayo, Chocó, Córdoba y Tolima es decir, en casi todos los puntos cardinales del país; en marzo de 2007 se contabilizaban al menos 17 ‘Bandas Criminales’ y en abril de 2008 las Bacrim eran 23.
después de cinco años de la
Luis Carlos Restrepo AUC ya no existen”1, no es
declaración de
“Las
difícil concluir que acuñar el término
BACRIM
fue una estrategia diseñada
específicamente para ocultar el temprano fracaso del proceso de desmovilización.
Este
documento desmitifica tres
Estos datos exponen el posicionamiento del nuevo término al interior del Estado que fue replicándose en los medios de comunicación, y además reflejaría, que el inició de esos grupos que el actual gobierno y diferentes analistas determinan como distintos, se fraguó en menos de 30 días y que su expansión por el territorio nacional tardó sólo dos meses y tuvo un progreso sostenido durante dos años.
postulados sobre la actual presencia paramilitar.
Mito 1:
E
los grupos paramilitares ya no existen
l primer informe “Control y Monitoreo de Grupos Desmovilizados” elaborado por la Policía Nacional en junio de 2006, menciona que 11 desmovilizados fueron
El último informe expedido por la Policía Nacional que incorpora
1 Discurso del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, 17 de abril de 2006.
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Policía Nacional (2006) “Primer informe de control y monitorio, grupos desmovilizados” Página 13.
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información sobre las BACRIM dentro del seguimiento de la política de desmovilización es expedido en agosto de 20093, en éste se certifica que desde el año 2006 fueron capturados 6.764 miembros pertenecientes a estas bandas, de los cuales 1.023 eran desmovilizados, es decir el 15%, a partir de esta estadística, concluiría que estos grupos son conformados por una minoría de desmovilizados -porcentaje que diferentes funcionarios sostienen se encuentran dentro de los estándares internacionales de reincidencia en conductas delictivas- pero esto lo que efectivamente significa es que 15% de las personas capturadas tenían un carnet del CODA4 como ya es de público conocimiento, dentro de ellos hay varias trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, miembros de pandillas, desempleados y sicarios que se “desmovilizaron” y no necesariamente de sus actividades habituales para recibir los beneficios del programa. Dadas las irregularidades que comienzan a hacerse públicas, cabe la pregunta ¿cuántos de las 31.671 personas desmovilizadas colectivamente pertenecían a los 13.500 paramilitares que existían antes del proceso de negociación?5 ¿Quiénes de éstos nunca se desmovilizaron? Si éste fuese 3
La inclusión de información de las BACRIM dentro de los informes de seguimiento de la desmovilización, señala una relación íntima entre los dos fenómenos que se quiso romper a partir del informe de septiembre de 2009, a partir del cual no hacen ninguna referencia a las bandas emergentes. Esta simbiosis se da también en el Anuario estadístico del Sector de Seguridad y Defensa 2003-2009, donde las acciones operacionales contra Autodefensas y Bandas Criminales son unificadas.
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Este carnet es una certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas, que le permite el poseedor acceso a beneficios como la salud, jurídicos, socioeconómicos (proyecto productivo), educación.
5
Los estimativos respecto al número de paramilitares que existían antes de la negociación son variables, sin embargo estos nunca excedieron los 20.000. Están los 13,500 que calcula la casa de Nariño en: 26 septiembre de 2004, El Tiempo, La paramilitarización de Colombia; o los 15.000 o 16.000 combatientes que reconoce Ernesto Baez a un Pasquín en 7 febrero de 2011.
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un porcentaje significativo a nivel de mandos medios explicaría en parte, cómo no se afecta el porcentaje de las reincidencias y cómo las estructuras paramilitares siguieron intactas; esto facilitaría comprender también, porque en las distintas regiones nunca se sintió un cambio sustancial en sus operaciones de control social, político y militar. Continuando con el análisis de los informes estatales vale la pena destacar el informe “Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad de febrero de 2011” en el cual a partir de la claridad que los resultados operacionales contra las bacrim se contabilizan a partir de enero de 2007 (sólo ocho meses después de la supuesta desmovilización) se ratifica que a febrero de 2011 se han realizado 10.984 capturas contra miembros de las bacrim6, esto sumado a las 4.200 hombres que según dice el ministro Vargas Lleras componen7 estos grupos, nos permitiría acreditar al menos 15.184 hombres, cifra similar a los paramilitares que se buscaban desmovilizar en 2002. No hay manera de explicar racionalmente esta expansión espontánea y de crecimiento exponencial partiendo del hecho que los paramilitares se desmovilizaron. La actual presencia paramilitar no sería posible sin valerse de estructuras militares, experiencia de hombres, apoyo de la fuerza pública, de coaliciones políticas, del conocimiento de las rutas para el tráfico no sólo de estupefacientes sino de armamento, la permanencia de sistemas estatales de impunidad que se continuaron o se activaron con las acciones violentas posteriores a abril de 2006 y con el apoyo económico de 6
Ministerio de Defensa (2011) “Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad” Página 59,
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El Heraldo, 4 mil hombres harían parte de la estructura de las bacrim: Mininterior; 01 abril 2011. Esta cifra se duplicó, en el último año pues en julio de 2010 el DAS afirmaba que eran cerca de 2.000 personas. El Tiempo DAS revela identidad y dónde actúan nuevas bandas criminales. 03 de julio 2010.
multinacionales como la Chiquita Brands; no debemos olvidar que en el año 2009 la Fiscalía General de la Nación logró evidenciar que a través de diversas maniobras financieras, esta compañía continuó aportando económicamente hasta el año 2007 a empresas fachadas de los paramilitares8. Estos indicios conducen a que la estrategia paramilitar nunca se desestructuró. Sí, es innegable que algunos paramilitares se desmovilizaron y, en un porcentaje menor, se encaminaron hacia un proceso de reinserción a la vida civil, pero también es cierto que un número de ellos pago con su vida por no seguir el circo de la desmovilización al que fueron inscritos y hacen parte de la escalofriante cifra de 3.000 desmovilizados muertos, una buena parte en Antioquia, Córdoba y Sucre.
Mito 2: Las “bacrim” narcotráfico, sin fines
son bandas dedicadas al contra insurgentes
Estas afirmaciones no son una novedad, no son características que pueda determinar que la presencia paramilitar sea distinta. En primer lugar, en el año 2004, anterior a la supuesta desaparición de los grupos paramilitares, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia reconocía que los grupos paramilitares controlaban al menos el 40% del tráfico de drogas9, época en la que, según el Departamento de Estado de EEUU, Colombia producía el 80% de la cocaína que se consumía en el mundo10. 8
El Espectador, Chiquita sigue en Colombia, 9 de mayo 2009
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Declaraciones del entonces embajador de EEUU William Wood para el diario El Tiempo, 8 de febrero de 2004, Citado en War and Drugs in Colombia, Informe sobre América Latina No. 11, 27 de enero de 2005, International Crisis Group pág. 23
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Foto: Archivo del MOVICE
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Op Cit. pág. 8
En este sentido, el gobierno nacional debería ser más escrupuloso respecto a centrarse sobre el carácter narcotraficante de estos grupos, pues deja en evidencia un fracaso adicional al de la desmovilización, el fracaso de la política antinarcóticos, pues ni la extradición, ni la muerte de anteriores capos de los carteles del Valle y Medellín o del los líderes del paramilitarismo han logrado frenar tal comercio. En cambio sí se ha extraditado la verdad como lo afirman los mismos comandantes que se encuentran en las cárceles norteamericanas. Resulta al menos curioso que la insistencia en el carácter meramente narcotraficante y de delincuencia común de la actual presencia paramilitar, no se refleje en los mismos estudios de gobierno, por ejemplo en el Anuario Estadístico del Sector Seguridad y Defensa 2003-2009 los resultados operacionales contra los narcotraficantes son distintos a los de la delincuencia común y distintos a los de Autodefensas y Bandas Criminales que sí se encuentran bajo el mismo ítem. En segundo lugar, respecto a la inexistencia de un carácter contrainsurgente, basta revisar que anterior al 2006 no lo eran tampoco, su acción de confrontación con las guerrillas era mínima, las acciones paramilitares: masacres, amenazas, torturas, desplazamiento forzados, control territorial no sólo para el tráfico de narcóticos sino en beneficio de grandes transnacionales y proyectos políticos, se concentraba principalmente contra población inerme, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, defensores de derechos humanos, activistas de izquierda y sindicalistas. Hoy en día sin embargo se quiere restar visibilidad a este tipo de acciones políticas cometidas por la actual presencia paramilitar, reactivándose, como se mencionó, viejos y nuevos sistemas de impunidad, por ejemplo, a partir de abril de 2006 cuando desaparece del léxico estatal el término “accionar
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paramilitar”, cientos de entidades públicas se negaron sistemáticamente a recibir denuncias donde el autor material eran las AUC, y la mayoría de nuevas capturas no se da por estos crímenes de lesa humanidad, sino son reducidas a concierto para delinquir, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas, y porte ilegal de armas. A pesar de estas fisuras, no se requiere mucho empeño para evidenciar que su accionar no es distinto, basta una revisión somera a las acciones por las cuales se ha capturado a miembros de los denominados “Paisas”: homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas o revisar las denuncias de las revictimizaciones de los últimos cinco años, donde los procedimientos, objetivos, métodos y estrategias de terror son iguales y sobre todo la impunidad sigue siendo la misma, con tendencia a aumentar en particular cuando las comunidades se empiecen a oponer a las “locomotoras”, que el actual gobierno impulsa y que sin duda impactaran de manera nefasta el medio ambiente, el desarrollo social y la pequeña economía del país.
Mito 3: La
nueva presencia paramilitar no tiene una
estructura nacional o federal como su antecesora y no son apoyadas por las del
Fuerzas militares o entidades
Estado
Con esta reducción se intenta mostrar que la estrategia paramilitar era uniforme y homogénea en el país antes de 2006; nada más alejado de la realidad. El paramilitarismo en Arauca era distinto al de Antioquia y al del Valle; en unos casos los paramilitares contaban con un robusto cuerpo militar, en otros casos era soldados que salían de la legalidad cambiando sus brazaletes; también existían varias tendencias y tensiones en una misma región, son históricas las guerras
entre Buitragueños de Marín Llanos y el Bloque Centauros de Miguel Arroyave en la frontera entre Casanare y el Meta, y en la Sierra Nevada de Santa Marta siempre hubo disputas entre el Bloque Norte de Jorge 40 y Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo; hoy las disputas continúan entre los Cuchillos y los Macacos, Ratrojos y Urabeños, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es innegable la reingeniería del fenómeno, pero ésta responde a los permanentes cambios que la estrategia paramilitar del Estado tuvo desde sus inicios. Es obvio que la estrategia de control social, político, cultural y económico se consolidó en varios lugares lo que hace innecesario el mantenimiento de gruesas estructuras paramilitares, predominando el uso de cuerpos élite. El punto de fondo es que la estrategia sigue siendo funcional a los propósitos políticos y macroeconómicos, a pesar de las farsas persecuciones contra sus integrantes, el alto número de capturas en nada ha influido para frenar su crecimiento que continúa como espuma.
Foto: Archivo del MOVICE
del proceso, la inutilidad de la desmovilización de los paramilitares sin que se intervinieran las estructuras político, militar y económicas que los sostuvieron, sus voces fueron ignoradas y la consecuencia hoy implica la malversación de millones de dólares en una desmovilización que no existió y un conflicto que continua generando víctimas. El estribillo del anterior gobierno “logramos desmovilizar más de treinta un mil paramilitares” queda desvirtuado pues ni paramilitares ni desmovilizados. Toda la argumentación anterior refuerza los motivos por los cuales “El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común”12.
Las alianzas para la planeación y desarrollo de falsos positivos, el tráfico de drogas, la coautoría de crímenes de lesa humanidad con las fuerzas militares sigue siendo vigente, ejemplos de ello los sonados casos del Batallón Junín y del Gaula de Córdoba11, del Batallón Boyacá de Nariño, Batallón 43 Efraín Rojas en el Vichada, la Brigada 30 en Ocaña por mencionar sólo algunos casos. Que además se suman a los sistemas de impunidad activados por las fiscalías regionales, Acción Social, la Justicia Penal Militar, y otras tantos instancias e instituciones del Estado. Las víctimas de Estado, en particular las víctimas de la estrategia paramilitar, denunciaron desde el inicio 11
12
El Tiempo, Militares vinculados con bandas emergentes deben responder a la justicia, dice Ministro de Defensa. Abril 17 2008
MOVICE, Declaración política V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 12 de marzo 2011.
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Foto: Archivo del MOVICE
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La utilidad del proyecto paramilitar Las Bacrim y Doctrina de acción conjunta Camilo Villa Romero Equipo Jurídico MOVICE
la
“Seguridad Democrática” y la “Prosperidad para Todos” son pasos consecutivos donde la estrategia paramilitar cumple un rol determinante en los procesos de la concentración de la tierra y la legalización del despojo.
E
n abril de 2006, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo en su discurso en la ceremonia de desmovilización número 341 expresó que con la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil de los hombres del Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare, se podía decir que formalmente dejaban de existir las AUC. Con esto se envió un mensaje que hoy ya nadie cree, Colombia sería un país libre de paramilitarismo.
Águilas Negras y Los Paisas. Todos ellos aparecieron en zonas en las que hacían presencia los bloques y frentes de las AUC, controlan y regulan el cultivo y el tráfico de la coca a tal punto que la geoposición de estos grupos coincide con los mapas de ubicación de las AUC y con las zonas de cultivo de Coca. Se ha estimado que estos grupos tienen entre 6.000 y 10.000 hombres que tienen presencia 360 municipios del país2.
A la fecha según cifras oficiales, el registro de eventos violentos así como las aéreas de operaciones y el radio de movilidad de grupos narco paramilitares ha aumentado. Ya son parte de la vida nacional grupos como los Rastrojos, los Urabeños, las
Discusiones Históricamente se han promovido una serie discusiones y debates acerca de la naturaleza y la caracterización del fenómeno paramilitar en Colombia, unas veces porque
1
Ceremonia de desmovilización del Frente de los Llanos y del Frente Guaviare de las AUC en la Inspección de policía de Casibare, jurisdicción del municipio de Puerto Lleras (Meta), citado por CCJ 2010. Consultado en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
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INDEPAZ, V Informe sobre narcoparamilitares en 2010.
fueron promovidos directamente por el Estado a modo de autodefensas3, otras, porque intentaron aparecer como iniciativas de autoprotección privada4 y otras más, respecto de la caracterización de un tercer actor autónomo que no actuaba precisamente en contra del Estado5. Lo cierto es que hoy parece que volvemos a este ambiente gaseoso, en el que no queda claro cuál es el papel que cumplen estos grupos en la vida nacional.
Luego se intentó otra fórmula en la que se permitía crear “empresas especiales de vigilancia y seguridad privada” [Convivir 1994-1997] planteando que estas deberían operar con fines de autoprotección y no ser involucradas en la estrategia de defensa y seguridad junto a la Fuerza Pública. El mismo Ever Veloza alias “HH” en versión libre dijo: “No nos digamos mentiras, todas las Convivir eran nuestras”. La misma Corte Constitucional tuvo que declarar su inconstitucionalidad.
En general estos debates giraron en torno a la forma como el Estado debería relacionarse con la población civil teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado, a sus propósitos y vocación contrainsurgente, al grado de coordinación y unificación de los grupos paramilitares y fundamentalmente su relación con el narcotráfico y la delincuencia común.
Por último una etapa [2002-2011] en la que se pretendió borrar del vocabulario oficial la palabra “paramilitar” bajo el entendido que pasadas las ceremonias de desmovilización colectiva ya no se debía utilizar más este término en el país. Paradójicamente fue cuando más protagonismo político tuvo el paramilitarismo y el militarismo en el país, cual fuere, los dos períodos del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para la primera etapa [1965 -1989] en donde se estableció legalmente la figura de “autodefensas” invocando la necesidad de grupos civiles que apoyaran a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las guerrillas, se advirtió entonces, por parte de la Corte Suprema de Justica el craso error que había creado esta tesis de la acción conjunta y el aprovechamiento de la población civil en la política de defensa y seguridad del Estado6. Después de la prohibición del mantenimiento de estos grupos, sus crímenes fueron públicamente señalados como actos de sicariato y de justicia privada, justo como sucede hoy día.
3 4
Decreto Legislativo 3398 de 1965, Ley 48 de 1968. Decreto 356 del 11 de febrero de 1994.
5
Las verdaderas intensiones de los paramilitares.
6
Sala Plena de la Corte suprema de Justicia, sentencia del 25 de mayo de 1989.
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El presidente Uribe Vélez logró, en cuatro meses después de su posesión, que se produjese la declaratoria del cese de hostilidades por parte de los paramilitares. Al parecer existía un preacuerdo con estos grupos y el precandidato Uribe en 2001, ya que no es fácil explicar cómo las AUC después de negarse en varias ocasiones a iniciar si quiera diálogos de paz con anteriores gobiernos, decidiera en tan poco tiempo aceptar un proceso de desmovilización y dejación de armas, teniendo como antesala el fracaso de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARCEP. Lo cierto es que si no existía un preacuerdo fue evidente una relación de confianza mutua. Meses después comenzarían las ceremonias de desmovilización colectiva. Sin embargo, y a pesar del corto tiempo que transcurrió de la posesión del nuevo presidente, los paramilitares pasaron, de ser 12.000 hombres en armas reconocidos por el gobierno Pastrana a aproximadamente 35.000 que finalmente se desmovilizaron según reportes oficiales.
Al momento de la desmovilización ya la presión internacional se había convertido en un obstáculo para el posicionamiento del país en el ámbito internacional. Se necesitaba una iniciativa que posibilitara mejorar la percepción de confianza y seguridad en el país. Sólo esto llamaría la atención de los flujos de inversión. Se hacían necesarias las nuevas reformas, era imperioso que se resolviera el problema de la inseguridad jurídica en que se encuentra aun la propiedad rural, que se dieran las condiciones para que se creara por fin un mercado de tierras que permitiría lo que el Banco Mundial ha llamado “la movilidad de la tierra” para referirse a las reformas que generan las condiciones para que la propiedad rural esté soportada por un ambiente de seguridad jurídica apto para los negocios, esto abriría las puertas del campo a los procesos de extranjerización de la tierra y de las fuentes hídricas. La estrategia paramilitar, ayer y hoy, ha combinado la coordinación de estos grupos con la Fuerza Pública7, el apoyo de poderosos sectores de la sociedad en el ámbito político y económico y evidentemente su vocación narcotraficante y criminal. Tomar conciencia de esto como sociedad, implica entender que el fenómeno del paramilitarismo no se agota en su expresión armada, sino que necesariamente tendrá que hacerse evidente su base apoyo político, económico y mediático. Este precisamente fue el primer artilugio que permitió reducir el “proceso de paz” con las AUC a la declaratoria de cese de hostilidades, las ceremonias de 7
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha condenado al Estado Colombiano por crímenes cometidos por los grupos paramilitares y ha establecido el grado de su responsabilidad: 19 comerciantes (sentencia del 5 de julio de 2004); masacre de Mapiripán (sentencia del 15 de septiembre de 2005); la Granja y el Aro (sentencia del 1 de julio de 2006); y masacre de la Rochela (sentencia del 11 de mayo de 2007).
Foto: Archivo del MOVICE
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desmovilización colectiva y las versiones a puerta cerrada en los procesos de “Justicia y Paz”. Por una parte el Estado intentó con este proceso desligar, por lo menos simbólicamente, a la Fuerza Pública del paramilitarismo y al mismo tiempo emprender un proceso de reconstitución de la política de seguridad en la que se sigue aprovechando las bondades de la irregularidad pero esta vez con las Fuerzas Armadas y su nueva imagen y nuevos bríos, resultado de la centralidad que tomó la política de “seguridad democrática” y los golpes propinados a la insurgencia. La legitimidad que se logra por vía de la confrontación y la demostración de la fuerza se consolida con el control de los territorios estratégicos. Por esto se introdujo la categoría de grupos armados privados que actuaban ilegalmente contra la insurgencia o que en defendían en sedición la institucionalidad o el status quo. Esto suponía un grado de independencia pero también una intencionalidad política, esta última serviría para intentar calificar sus crímenes por fuera de la delincuencia común. La utilización de tropas irregulares como mecanismo oficial de lucha contrainsurgente8 fue utilizada como ariete en contra de la misma población que ha sido expuesta a una dinámica de “enemigo interno” en la que no se distingue entre la población civil y combatientes, sino entre aliados y enemigos. Aumentar el involucramiento de la población civil en labores y tareas militares fue un ajuste al modelo post-desmovilización, introducido por el presidente Uribe al interior de su política
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Una extensión en la ilegalidad de la policía política, en el mundo de la “no regla”. Es precisamente el mundo de la irregularidad al interior de los conflictos armados.
14
de “Seguridad Democrática”, de allí la implementación de iniciativas como “la red de informantes y cooperantes” y la de “los soldados campesinos”. En el mismo sentido la política secreta de recompensas por positivos militares que creó incentivos al interior de las Fuerzas Armadas para mejorar el desempeño militar, y seguramente como complemento de la estrategia de fortalecimiento de la Fuerza Pública previendo el vacio que se produciría por la desmovilización de los paramilitares. Como resultado de esta iniciativa gubernamental se produjeron miles de asesinados que fueron hechos pasar por guerrilleros en lo que mal llamaron los “falsos positivos” o las “ejecuciones extrajudiciales”. Nunca se ha querido renunciar a la irregularidad y la ilegalidad como herramienta Estatal porque no hay como combatir a un enemigo irregular sino con métodos irregulares. Lo mismo pasa con el involucramiento de la población civil al interior del conflicto porque es parte de la estrategia general. De allí que en el proyecto escrito en el 2005 “Colombia 2019” se estipulara que, en el marco de la “Doctrina de acción conjunta” se tendría que avanzar necesariamente del “control militar del territorio al control social del territorio”. La relación entre Estado y población se da en el marco de la consolidación de las acciones militares. Mírese la insistencia de ese gobierno en permitir que la fuerza pública realizase labores humanitarias y acompañara en algunas ocasiones acciones inscritas en la política social. Existe la necesidad después de recuperar el territorio militarmente de generar confianza y legitimidad del Estado frente a la población.
Hay un elemento clave que ayuda a entender la necesidad de promover métodos irregulares en la guerra. Mire usted que los manuales de contrainsurgencia9 hablan de la base social que se relaciona, alimenta y soporta a las estructuras guerrilleras, de este entendimiento se concluyó que en materia de estrategia contrainsurgente se debía aplicar la máxima militar de “quitarle el agua al pez”. Es de la lógica que, la Fuerza Pública no podrá, sin riesgo de desprestigio, tener como objetivo militar a población civil, cosa que sólo puede asumirse desde la irregularidad del paramilitarismo. Digamos aquí que los paramilitares han representado una relación de subcontratación (outsoursing) de los costos en materia de violaciones a los derechos humanos. El arma del terror y el miedo que permite la irregularidad, apunta a construir precedentes de autoridad desde la ilegalidad y generar control social, político, cultural y territorial. Pero retomemos el acercamiento al fenómeno paramilitar hoy. Así como la irregularidad y la ilegalidad tienen sus ventajas en el plano de la guerra, porque no tomar ventaja en un plano igualmente estratégico, el económico. Elementos como el precio de la tierra sufrieron distorsiones generalizadas, que fueron aprovechadas por empresas interesadas en comprar tierra a precios de “zona de guerra”. En perspectiva, esta práctica viene a ser una inversión a mediano plazo, teniendo en cuenta que subsiste la posibilidad de que estos negocios sean considerados validos, bajo la salvaguarda en que se ha convertido la calificación de “terceros de buena fe exenta de culpa” a quienes compraron en zonas en las que el despojo 9
Manual de contraguerrilla de 1979 de 1979, el manual de combate contra bandoleros o guerrilleros (Resolución No. 0014 del 25 de junio de 1982, EJC -3-101/82) y el reglamento de combate de contraguerrilla (EJC-3-10/87). Foto: Archivo del MOVICE
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de tierras fue generalizado y conocido públicamente, pero que no se pudo demostrar su mala fe en la adquisición. O mejor aún, los proyectos de inversión consolidados, como el cultivo de la palma, el monocultivo de gran extensión destinado a la producción de biocombustibles y en general los proyectos de explotación de riquezas naturales apalancados por el Estado, han quedado protegidos por la figura del “derecho de superficie” que permite privilegiar las inversiones realizadas sobre los predios despojados frente a el derecho que tiene la población desplazada de retornar a su sitios de origen. Simultáneamente al proceso de legalización del despojo, el Estado sigue cumpliendo su papel en el agenciamiento. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 75% de la propiedad rural está representada en baldíos, se hace necesario que la destinación de estos predios y la orientación de las adjudicaciones estén a tono con el proceso de reorientación del negocio del campo. En el plan de desarrollo del Presidente Santos se elimina la “unidad agrícola familiar” que no permitía adjudicar baldíos en grandes extensiones. Vivimos un proceso de reorganización y reorientación de las actividades económicas en la que se busca integrar las reformas de fomento de la inversión extranjera y la primarización de la economía rural junto con el resultado del despojo y la apropiación de rentas a sangre y fuego del pasado. “Acumulación por desposesión”10 mucho más rentable 10
David Harvey, el nuevo Imperialismo “acumulación por desposesión”, consultado en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf
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e indiscutiblemente ventajosa, si se tiene en cuenta además, que siempre ha existido una presión histórica por parte de los recursos provenientes del narcotráfico a la economía legal. La inversión venga de donde venga es buena.
Lecturas
recomendadas
Libros Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. 2004. La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores. Primera edición. Bogotá, Colombia. Informes Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Sin justicia y sin paz, verdad fragmentada, reparación ausente. Balance de la aplicación de la “Ley de Justicia y Paz”. Octubre de 2009. Comisión Colombiana de Juristas. Colombia. La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la Ley 975 de 2005. Marzo de 2010. INDEPAZ. V Informe sobre narcoparamilitares en 2010. Artículos Camilo González Posso ¿desmonte del narcoparamilitarismo?. Publicado en serie El Embrujo, Sin democracia, sin derechos. Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Dario Ghilarducci
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Foto: Archivo del MOVICE
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Continuismo de la parapolítica en Caldas José Castro Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y Contra l a Impunidad
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Pero para poder acercarnos a la forma en que se expresa la continuidad del paramilitarismo a través de estas formas de capital, es necesario comprender la manera en que se expresa en cada región, sus alcances, límites y posibilidades.
a continuidad de los grupos paramilitares después del fracaso de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, se expresa con su continuidad en el campo político, económico y simbólico; en cada uno de estos campos, la continuidad del paramilitarismo es evidente. En el campo político, sus alianzas y acuerdos con congresistas y senadores de todo el país, ha posibilitado la continuidad del proyecto paramilitar como política de Estado. En el campo económico, los paramilitares, a través de las diferentes formas de capital, han posibilitado su financiación y su control en diferentes zonas del país, siendo cada vez más visible. En el campo simbólico, el temor generalizado y el silencio impuesto, ha permitido que los crímenes que han cometido y siguen cometiendo, aun permanezcan en la impunidad.
En el departamento de Caldas, desde las elecciones de 2002, las relaciones entre los grupos paramilitares y el campo político son evidentes. En este primer momento, que puede ser de transición, surgen alianzas constantes entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Frente Cacique Pipintá con el poder local. Estas relaciones se hicieron evidentes en diferentes subregiones del departamento, particularmente en el oriente y el norte, donde se encuentran los municipios de La Dorada, Victoria, Norcasia, Aguadas y Samaná, zonas donde el proyecto paramilitar se empezó a posicionar y a extender por todo el departamento.
Su control, evidente en diferentes zonas del país, implícito en otras, nos hace pensar en la continuidad de los grupos paramilitares, no sólo a partir de lo evidente, sino también a partir de lo que a primera vista no percibimos (el capital político y simbólico tienen esta característica).
En las elecciones de 2006, se presenta un momento de posicionamiento, donde los paramilitares ya no sólo se limitaron al poder local, sino que extendieron sus alianzas y
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su poder territorial por fuera de estos límites. De esta forma, como lo presenta Verdad Abierta, las relaciones entre los grupos paramilitares y los representantes a la Cámara o al Senado de la República fueron evidentes, entre ellas se encuentran las relaciones entre Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique con los más importantes líderes de las AUC. En medio de estos acercamientos hablaron de la posibilidad de financiar sus campañas, así como de conformar una organización de estudiantes universitarios y de las personas con las que compartirían sus curules. Hoy ambos representantes se encuentran detenidos por concierto para delinquir. Verdad Abierta también hace referencia a las relaciones que se presentaron entre los representantes al Congreso de la República por el Partido de la U y los grupos paramilitares, entre los que se encuentran Oscar Iván Zuluaga, ex senador de la República y ex Ministro de Hacienda; Mauricio Lizcano, ex representante a la Cámara y actual senador; y Adriana Gutiérrez, quien renunció a su curul por supuestas faltas de garantías ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, las relaciones entre las diferentes expresiones políticas del departamento y los grupos paramilitares, se expresaban en diferentes reuniones que sostuvieron, sus alianzas para ganar las elecciones y la forma en que debían integrarse sus curules. Para las elecciones de 2011, momento en que la relación entre el capital político y los grupos paramilitares se ha hecho de nuevo evidente, a través de los candidatos que se han lanzado para la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales y las alcaldías de los demás municipios. De esta forma, se han presentado para estas elecciones diferentes candidatos relacionados con los grupos paramilitares e incluso algunos condenados por concierto para delinquir. El caso más relevante, se encuentra en el Foto: Archivo del MOVICE
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municipio de Aguadas, donde la hermana de Ernesto Báez, uno de los comandantes del frente Cacique Pipintá, se ha lanzado como candidata a la Alcaldía.
Los candidatos que podrían recibir el apoyo del Partido de la U y del Partido Conservador, serían el diputado del departamento Carlos Aguádelo, así como el ex acalde de Marquetalia, Luis Alberto Giraldo, quien fue elegido como mejor alcalde de Colombia.
Frente a las elecciones para la alcaldía de Manizales, han sido diferentes las alianzas que se han presentado entre el Partido de la U, representado por Mauricio Lizcano y Jaime Cesar Zuluaga, hermano del ex ministro de hacienda, con el partido conservador, representado en el departamento por Luis Emilio Sierra, mientras que el sector representado por Omar Yapes y Arturo Yepes, tienen como precandidato a Fernando Gómez Chica, quien ya fue candidato.
De esta forma, los precandidatos tanto a la Alcaldía de Manizales como a la Gobernación de Caldas, particularmente del Partido Conservador y del Partido de la U, son candidatos nuevos, sin mucha trayectoria política y sin vínculos evidentes con los grupos paramilitares. No obstante, la continuidad del proyecto paramilitar no se encuentra tanto en los candidatos, sino más bien en los responsables de cada partido en la ciudad, cuyas alianzas son imposibles de negar.
Sierra tiene entre sus candidatos a la alcaldía de Manizales, dentro del acuerdo con la U, a Gabriel Hernán Ocampo, quien es gerente de una empresa de aseo en la ciudad y a la gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Manizales, Luz Adriana Moreno Marmolejo. También podrían aspirar el concejal Ignacio Gómez Álzate, igualmente de la corriente sierrista. Respecto a las elecciones para la Gobernación de Caldas, se encuentran como precandidatos Fernando Mancera, quien aspiró a la Alcaldía hace cuatro años con el aval del Partido Convergencia Ciudadana (hoy PIN) y quien se ha presentado esta vez como candidato independiente, al igual que Jorge Enrique Rojas Quiceno. Para la Gobernación de Caldas, también se sostiene la relación entre el Partido Liberal y el Partido de la U, mientras que el Partido Liberal, representado en el departamento por Ferney Tapasco, Emilio Enrique Ángel y Adriana Franco, aun no se ha puesto de acuerdo en lanzar un solo candidato. Así mismo, el Partido Verde, al igual que el PDA, tiene la firme intención de presentar candidato propio.
Foto: Archivo del MOVICE
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CortesĂa Familia Soto
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P oema Katherine Soto
Se acerca la noche Huele a escalofrío Veo niebla Siento calor Llamas que los rodean Impacientes y voraces Queman sus cuerpos rápidamente. El tiempo pasa y no hago nada Sus cuerpos arden en el paraíso de la agonía, Deseando sus vidas, Pero ya es tarde. El se los lleva como mar entre la tierra, Sucumbe sobre el humo que aspiran sus bocas. Resistir la melodía que disparan sus voces, Es el canto del silencio de quien no la escucha. Todo termina aquí Cuando siento que estoy solo Viendo el cañaduzal quemándose.
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Cortesía: Raúl Vidales
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Procesos de investigación y mecanismos de impunidad vigentes del Estado colombiano Diana M. Gómez Correal Shaira A. Rivera Gallo Movimiento de hijos e hijas Por la memoria y contra la impunidad
Q uien
tales como desaparición, tortura, asesinato y privación de la libertad. Esto ha implicado la configuración de un cuadro de impunidad en el que ni los móviles del asesinato, ni los actores materiales e intelectuales han sido identificados.
investiga arma el rompecabezas o es
una ficha más de la impunidad ?
J
aime Gómez fue desaparecido el 21 de marzo de 2006 mientras subía las montañas de las inmediaciones del Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Ese día, como solía hacerlo, partió de su casa para hacer ejercicio en el Parque. Luego de un arduo trabajo de búsqueda por parte de su familia, sus restos fueron encontrados el 23 de abril del mismo año, en una zona por la cual nunca caminaba y por la cual se le había buscado previamente con varios cuerpos de seguridad y rastreo especializados.
A pesar de estar abierta una investigación formal en la Fiscalía desde mayo de 2006, no se han realizado avances significativos en la investigación, teniendo lugar continuos retrocesos que incluso luego del reconocimiento por parte de Fiscalía en octubre de 2007 del homicidio, buscan negar las vulneraciones de las que Jaime Gómez fue objeto. Dos años después del fatal desenlace de Jaime, el 22 de abril del 2008, Guillermo Rivera, también fue desaparecido mientras trotaba a unas pocas cuadras de su casa. Si bien el 24 de abril del mismo año su cuerpo fue encontrado en un botadero de escombros vía al caserío el Totumo en la ciudad de Ibagué, para su familia y amigos estuvo desaparecido durante 82 largos días. Sólo hasta el 15 de julio se conoció la noticia de que su cuerpo se encontraba como NN en el cementerio
Durante su búsqueda y luego de que se encontraron los restos, las instituciones de seguridad del Estado encargadas de vigilar por los derechos de las y los ciudadanos, cometieron serias irregularidades que se han constituido en acciones deliberadas por parte del Estado colombiano para obstruir su búsqueda con vida y luego avanzar en el reconocimiento de que fue objeto de vulneraciones a sus derechos humanos
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San Bonifacio de Ibagué. Durante el tiempo que Guillermo estuvo desaparecido, una mujer se comunicó con la familia y le manifestó que había visto el momento en que un uniformado alto y joven lo subió a la fuerza a una patrulla de la policía. Aunque en las dos historias de desaparición forzada el mecanismo de búsqueda urgente se estableció desde el mismo día de las desapariciones, las instancias encargadas de la búsqueda y de la investigación de la desaparición, tortura y posterior ejecución extrajudicial, no han mostrado mayores avances hasta el día de hoy. En el caso de Guillermo Rivera, la policía se ha negado a dar información frente a los números de las patrullas y los nombres de los policías que patrullaron el 22 de abril a las 6:30 de la mañana en la zona por donde lo desaparecieron. Para el momento de su desaparición, Jaime Gómez se desempeñaba como asesor de la senadora Piedad Córdoba. Era reconocido por su trayectoria política, de especial
importancia, su permanente participación en el Sindicato de Trabajadores de la ETB. Por su parte, Guillermo Rivera era funcionario de la Contraloría Distrital de Bogotá y era el presidente del Sindicato de Servidores Públicos. Ambos eran deportistas, activistas políticos comprometidos con otro país y con los trabajadores públicos. Las similitudes que les unen no tienen que ver sólo con sus trayectorias de vida y lucha, sino también con la impunidad que cubre los hechos de sus desapariciones y asesinatos. En ambos casos es muy clara la acción deliberada del Estado, la cual incluye un mecanismo de búsqueda a personas desaparecidas que no funciona, acciones intimidatorias con la familia por parte de los organismos de seguridad, irregularidades en el levantamiento del cadáver, negación de las vulneraciones cometidas, y algunas otras más particulares, relacionadas con la desaparición y el posterior asesinato. Todas las estrategias descritas se dirigen a negar el derecho a conocer la verdad de los hechos y aplicar la justicia correspondiente.
Cortesía: Dexpierte y Guache
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Cuando en este país se habla de impunidad siempre hacemos referencia a la imposibilidad de conseguir justicia, debido a las acciones y estrategias de los victimarios para desviar las investigaciones o para que sencillamente nunca haya investigación, dejando los crímenes en total impunidad, como suele suceder cuando desaparecen a las víctimas. Es por eso que encontramos necesario decir que la impunidad es algo que va más allá de la ausencia de castigo. La impunidad en Colombia es toda una estrategia de terror para perpetuar el dolor que causa la violación de los derechos humanos en nuestra sociedad. Lo más absurdo y hasta aberrante es reconocer que la ejecución y prolongación de los crímenes de Estado en Colombia sólo ha sido posible a través de esta implantación de la impunidad en las instancias que se supone deben velar por buscar la justicia, a través de la creación de mecanismos que vulneran los derechos de las víctimas dentro de estas mismas.
Cortesía: Familia Gómez.
Cortesía: Raúl Vidales.
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En una de las bases de datos del proyecto Colombia Nunca Más, se encuentran clasificados 69 mecanismos de impunidad. Estos están clasificados en mecanismos de impunidad de derecho: donde se encuentran los mecanismos legales e institucionales que han tolerado, permitido o garantizado la impunidad. Y en mecanismos de impunidad de hecho: donde están los mecanismos propios de la preparación y ejecución de los crímenes, relacionados con la forma de realización y uso y abuso de las atribuciones legales. También están los mecanismos de encubrimiento utilizados por las instituciones y/o autores intelectuales tendientes a eludir o desviar la acción investigativa, los mecanismos de impunidad propios de la investigación, y los mecanismos propios desde el poder ejecutivo. La revisión de estos mecanismos ayuda en el análisis de las actuaciones de las diferentes autoridades judiciales o con funciones judiciales que colaboran a perpetuar la impunidad en las investigaciones. Con preocupación vemos como muta la desaparición forzada en Colombia, de forma que si antes los restos mortales no aparecían, ahora muchos familiares cuentan con ellos pero llevando a cuestas el desconocimiento de las vulneraciones a las que fueron objeto sus seres queridos. En los casos de Jaime y Guillermo, si bien sus despojos mortales fueron encontrados, la impunidad ayuda a configurar un cuadro en el que se niega la desaparición forzada y el status social y simbólico de víctimas de crímenes de Estado. Así es común que se quiera reducir un crimen político a un crimen pasional, y que emerjan otras vulneraciones como la del derecho a la privacidad y el buen nombre, además de las intimidaciones constantes a las que son objeto los familiares que continúan buscando los derechos a la verdad y la justicia.
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Foto: Carlos Eduardo Parra
La Galería de la Memoria en Bogotá: Un paso hacia la reinvindicación del futuro Lina Vela , Zaida Niño Estudiantes de Trabajo Social Universidad Nacional
“el pueblo tiene una memoria olvidadiza, acá no tenemos memoria, la galería hace parte de una visibilización de los hechos que han ocurrido a través del tiempo, porque dicen que acá no ocurren esos crímenes, que acá no hay impunidad, acá no hay injusticia, acá la verdad suena rampante. Entonces tenemos que demostrar con este tipo de actos que eso no es cierto, que todo es mentira” -Gloria Alvarado-
La Memoria
D
se resignifica en el amar y en el andar
icen que recordar es volver a pasar por el corazón, esto es volver a vivir, volver a sentir; eso es lo que hace la memoria: hacer perdurables para siempre las vivencias y rostros de los miles de hombres y mujeres que se han planteado la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas; también de aquellos y aquellas que han sufrido la violación de sus más elementales derechos, la memoria es un perpetuar en el presente y en el futuro de los ecos, de las voces, de las ideas, de los sueños y de los momentos que han determinado la existencia de los colectivos y procesos sociales. En este sentido, desde las estrategias del MOVICE, se ha buscado demostrar que los Crímenes de Lesa Humanidad han afectado no sólo a los familiares y a las personas que los
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Esa decisión de hablar de “memoria” en diversos espacios construye al sujeto político de nuestras reivindicaciones y nos permite avanzar hacia los escenarios de Verdad, Justicia, Reparación integral y Garantías de no Repetición, pues sólo así las memorias serán reivindicadas, y la historia de nuestro país será contada desde la verdad, permitiendo que nuestro futuro sea reivindicado e igualmente nuestro presente sea reafirmado, en este sentido:
Foto: Carlos Eduardo Parra.
han padecido, sino que han lesionado el tejido social, y por tanto han afectado a la humanidad en su conjunto: debemos solidarizarnos con el dolor de tantas víctimas, de tanta gente que han asesinado, estamos acá porque sentimos el dolor de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros compañeros, por eso estamos acá demostrando al pueblo una realidad. Si nosotros invadimos las calles, nos tratan de terroristas porque le “cerramos” el paso a la sociedad, necesitamos dar a conocer eso a nivel nacional e internacional con voz de aliento, mientras vivamos dentro no vamos a ganar espacio, eso lo ganamos es en la lucha - Claudio Tique-
la galería de la memoria para nosotras es importante, porque es contarle a este país: que el gobierno, los desaparecedores y los asesinos quieren borrar la memoria del pueblo colombiano, y no podemos permitir eso, es volver a repetir la historia, porque precisamente no cuentan la verdad de lo que está pasando para que la gente no diga nada, se olvide y le meten en la cabeza que acá lo que hay son terroristas, porque se ve la protesta social como el enemigo del gobierno, ¡no señor!, nosotros lo que queremos es verdad, justicia, reparación a las víctimas y memoria histórica, la realidad, que se cuente la verdad de lo que está pasando en este país, que no se engañe más a la gente, al pueblo colombiano con mentiras de que acá se está trabajando por la paz, que este país es una belleza cuando eso no es cierto, porque siguen los militares asesinando, siguen desapareciendo, lo que hacemos es contar la verdad de lo que está pasando en este país. Gladys. En este escenario se construye, se vivencia y se vive la Galería de la Memoria en Bogotá, un espacio lleno de resistencias, de amor, de reivindicaciones, de una vida que le
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planeación anual que realiza la Comisión de Memoria, teniendo en cuenta a las víctimas del capítulo, el contexto, las fechas que han marcado hitos y los actos públicos a desarrollarse, ello se socializa y se termina de construir con el capítulo, en este proceso se han llevado a cabo galerías como la marcha Jhonny Silva 5 años de impunidad, el Genocidio en Colombia sí existe, homenaje a la familia Mayusa, Mujer, 6 de Marzo, galerías en colegios, en las universidades de carácter público y privado.
pone zancadilla a la muerte y al olvido, es ante todo un espacio de denuncia de los múltiples asesinatos, desplazamientos, violaciones, genocidios, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad sometidos al olvido, es la posibilidad de generar con la sociedad procesos de reflexión colectiva frente a una realidad y hacer públicos los hechos y situaciones que deberían mantenerse vigentes en la memoria pública.
Galería
del
Capítulo Bogotá:
La galería se lleva a cabo el último viernes de cada mes en la carrera Séptima con Jiménez en el centro de la ciudad, en un espacio que es muy transitado, pero a la vez disperso, por eso existe una gran exigencia en cuanto a convocatoria y organización, ese día se llevan los pendones y pancartas que dan cuenta de quiénes eran las víctimas en su dimensión humana, familiar y política, en un principio
una
ventana para reivindicar la vida
Las galerías vienen de un proceso histórico desde la década del 80 abanderadas por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos con la intencionalidad de reconocer al otro y hacer colectiva su historia. El Capitulo Bogotá se ha venido construyendo desde el 2005, a partir de las conclusiones del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con la intención de cualificar, organizar y unir a las víctimas que se encuentran en la capital a través de un proceso pedagógico que se inició con el Diplomado Orlando Valencia. En el 2006 inspirados por la lucha y la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo se decide salir a las calles a construir memoria a través de la galería, al principio ubicados frente al Museo Nacional con pequeñas fotos de los familiares, algunos pendones y siluetas de pies que se pegaban en la vía para, para llamar la atención de los transeúntes. Luego la galería empieza un proceso de transformación y crecimiento donde se realiza algunos de los pendones y chapolas, en esta época por lo general las galerías giraban en torno a las coyunturas que atravesaba el país; hoy este espacio de encuentro, memoria y denuncia se desarrolla de manera temática partiendo de los ejercicios de
Foto: Carlos Eduardo Parra.
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este espacio de memoria era criminalizado por la seguridad privada, la fuerza pública y algunos ciudadanos que los señalaban de guerrilleros, enemigos de la paz y rencorosos, pero a través de su persistencia y su trabajo de pedagogía e innovación se ha logrado un posicionamiento político y una conquista del espacio público.
actualidad, llevamos ya nueve víctimas de los líderes que representan a las comunidades en el territorio chocoano y antioqueño, o el caso de la muerte de la juez de Saravena que visibilizó el caso de los niños asesinados en Arauca por las fuerzas militares” -Claudio- .
Paso a paso al futuro, fortaleciendo nuestras huellas
Es por ello que debemos convertir la Galería en un proceso público y pedagógico a través del cual podremos construir en la memoria, transformando la realidad de aquel que pasa por nuestro lado:
La innovación pasa por garantizar la presencia del sonido, porque se entiende que el audio es un elemento contundente en la trasmisión de las memorias (construye la oralidad y la narrativa), posibilitando que el ejercicio de denuncia transcienda y ambiente el reconocimiento de las memorias con música y consignas. Así mismo, se ha pasado de la “chapola” a los “separadores de hojas”, así como a otros elementos simbólicos y artísticos que permitan denunciar de formas diferentes las distintas memorias. El Capítulo Bogotá resalta el trabajo del Capítulo Santander, quienes en el V encuentro expusieron siluetas de las víctimas en un tamaño real, lo cual generó un impacto gráfico que humanizó y contribuyó a construir mayor sensibilización por parte del ciudadano de a pie. El fortalecimiento de la Galería es fundamental para mantener el debate continuo y oportuno acerca de los hechos sucedidos, por eso es importante ver que: a la galería le falta más participación de las víctimas, hay que sacar la galería a más espacios de la ciudad para que el pueblo tome ese conocimiento, aprecie lo que nos ocurrió y sigue sucediendo, porque esto no ha terminado, en vez de terminar está es fortaleciéndose, como se evidencia en la
Foto: Carlos Eduardo Parra.
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Foto: Carlos Eduardo Parra.
“Es necesario que hagamos muestras grandes para que se conozca a nivel internacional todo lo que está pasando aquí, porque nuestra voz es apagada por los medios de comunicación y a nivel internacional el gobierno tiene todas las facilidades para ir a decir algo que no es cierto, entonces es necesario que se escuche nuestra voz” -Gladys
Desde este tejido de muchas voces el capítulo Bogotá extiende una invitación a los diferentes capítulos para que sigan fortaleciendo las galerías de la memoria, con la participación de más víctimas y por medio de la incorporación de diversas estrategias: material audiovisual, radiofónico, pendones creativos, murales, esténcil, narrativas, vídeos, películas, llevadas a mas lugares, a más actos públicos, garantizando que la galería cumpla su objetivo político, social y cultural.
“Necesitamos la unión de las víctimas, que nos presentemos, sabemos que existe temor y miedo, pero pensamos que el reto más grande está en luchar por la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, porque la memoria es nuestro actuar organizadamente”. Capítulo Bogotá
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Foto: MOVICE, Capítulo Estado Español
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De lo que fuimos y somos para ser Exilio Capitulo Estado Español - MOVICE
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sperábamos poder detener el largo aliento de la injusticia, ese venido desde los mismos tiempos del grito de independencia y fundación de la república.
fin se dedicaron con cínico descaro a pagar escuadrones de amenaza y muerte, para que eliminaran la pujanza sindical que demandaba elementales derechos de dignidad y trabajo.
Confiábamos en ser parto de un estado nuevo de cosas, reconocimiento de los múltiples rostros del engaño y veto a su señorío tras de cada matanza.
Y la autoridad oficial desconoció nuestros pasos. Más aún, hizo de nosotros objetivo en su mirilla. Y las armas del Estado fueron eco vergonzoso de la saña con que detona la mafia y la ira de la tiranía. El gobierno hizo de la recompensa una fábrica tenebrosa de sicarios y las gentes del común fueron instrumento fácil de su ánimo dañoso con la disidencia política.
Luchábamos con ahínco, cada cual desde su lugar y condición, para que llegase la luz del alba y despertase los rincones dormidos de una Colombia entumecida, ya por la seducción de ladrones de oficio, ya por el pánico sembrado por milicias homicidas.
La propaganda antiterrorista taladrando implacable desde el monopolio mediático, esa propiedad estratégica de los que detentan el poder del cerrojo, trastocó la diferencia en terrorismo y la protesta en delito.
Fuimos cuerpo levantándose ante el atropello y la desidia: mano campesina, pecho obrero, saliva de abogado, sangre indígena, cabellera de monja, ojo de estudiante, rodilla de maestro, niño y madre. Fuimos estruendo cuando mandaron callar y canto coral en medio del miedo.
Así fuimos entonces una muerte prematura de la opción política que buscaba cambiar las cosas por la vía del debate de ideas; y los cuerpos torturados fueron arrojados a los ríos y por miles ocultados bajo la tierra baldía; otros, medio vivos, apiñados en calabozos grotescos junto a alimañas indecibles, sin garantía de defensa, ni sustento.
Nos convertimos en preocupación para glotones empresarios veneradores de la cifra a costa del hambre. Nos convertimos en molestia insoportable para inversores extranjeros que disfrazaron su codicia tras la falacia de confiar en la capacidad de trabajo y la vocación de paz de nuestro pueblo, y que al
Así fuimos entonces una huida inmensa desde el campo, una sarta de huérfanos y viudas buscando cobijo en el duro
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Foto: MOVICE, Capítulo Argentina
Foto: MOVICE, Capítulo Estado Español
asfalto de las ciudades; fuimos una avalancha denunciando el saqueo y la usurpación por la fuerza de nuestras tierras.
dentro del país continúan resistiendo a la desvergüenza de esa clase política, empresarial y militar que han hecho de la trampa y el delito un macabro estilo de gobierno. Hoy, desde un suelo distante al que nos recibiera un día como cuna terrena, acometemos sin pausa cómoda la labor de la denuncia del maltrato estatal y la exigencia de justicia.
Así fuimos entonces una explosión de rabia y pánico cruzando fronteras más allá de lo deseable y empezamos a aparecer en libros e informes de allá y acullá. La pesadilla se hizo estadística estrambótica y fuimos la fría versión numérica del propio fuego que acosaba nuestras vidas: treinta mil fosas comunes, cuarenta mil desaparecidos, cuatro millones de desterrados, diez millones de hectáreas arrebatadas a familias campesinas, decenas de miles de refugiados exiliados, centenares de miles de muertos en las seis últimas décadas. Y el horror abarrotando ordenadores, estantes y gráficas powerpoint. Así fuimos y así somos aún: un saldo rojo, déficit de justicia e inflación de impunidad. Hoy somos un inventario permanente de lo que quedó roto a cambio de engrosar la fila de los sobrevivientes; somos una expresión contable de madres, hijas y hermanos atrapados en una obligada despedida; allá y aquí somos seres familiares que crecen y mueren sin que los ojos cariñosos del pariente lo atestigüen. Hoy somos caja resonante para aquellas voces que día a día
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Kilómetros de geografía no han diezmado el sentimiento de respeto a la memoria de miles de vidas sacrificadas, pues comprobamos con desazón que a la impunidad estructural de un Estado como el colombiano, le corresponde también la complicidad estructural de otros estados como el español, que se presentan a sí mismos como adalides en el respeto a los derechos, pero que en realidad salvaguardan en un silencio lapidario o en un discurso canijo, el beneficio de sus cálculos comerciales, insensibles al sufrimiento y saqueo que significan para el pueblo llano de Colombia. Hoy constatamos además el endurecimiento de las leyes españolas que regulan el derecho al asilo, convirtiéndolo en un mecanismo inoperante, sin músculo verdadero para proteger la integridad de aquellas personas que son objeto de la persecución y del acoso arbitrario de autoridades, gobiernos o grupos ilegales.
Foto: MOVICE, Capítulo Argentina
Las sedes diplomáticas son ya oficinas plegadas al mandato de las gendarmerías y antes que actuar para la promoción del encuentro y reconocimiento entre los pueblos, fungen como murallas acorazadas, zanjas separadoras e inapelables para el ciudadano común; el gobierno colombiano además las ha convertido en verdaderos dispositivos de inteligencia policial desde donde se diseñan incluso campañas propagandísticas que hacen de la calumnia la antesala para la criminalización de quienes se oponen a la postura oficial. Hoy somos dolientes aprendiendo en la distancia; cada una y cada uno en el exilio somos intento de activación social, supervivencia económica y consolidación moral; cada una y cada uno trazamos una línea en el horizonte de los días y caminamos hacia ella descontando horas para el regreso; cada una y cada uno somos una contienda con la amnesia, un testimonio para la memoria y una escritura para la historia que detestan los verdugos. Somos un amor político, herido grave y que se debate entre la vida y la vida; no hay otro lugar para nuestro sueño sino el de la verdad y la justicia; somos un sol terco que alumbra y calienta allí donde se decreta frío y oscuridad.
Foto: MOVICE, Capítulo Estado Español
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Foto: Equipo Protecci贸n - MOVICE
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El desarrollo de la “consolidación democrática” Caso Montes de María Laia Bertran Equipo Protección - MOVICE
Este artículo centrado en la región de Montes de María (región entre Córdoba y Sucre), ilustra cómo con la estrategia de consolidación de la seguridad y el desarrollo, el Estado colombiano busca la militarización del territorio y la implementación de megaproyectos, mientras que las consecuencias para las comunidades campesinas de la región son el desplazamiento, la violación de sus derechos y la afectación de su autonomía. Antecedentes
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de la
“recuperación
consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas, sin que para contrarrestarlas se evidenciara un gran esfuerzo de los cuerpos armados oficiales.2 En abril de 2003, este decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional cuando se pronunció en contra la renovación del estado de emergencia y todos los decretos relacionados con él.
del territorio”
n 2002, al iniciar el gobierno de Álvaro Uribe y en régimen de “estado de emergencia”, el departamento de Sucre fue decretado junto con Arauca como “zona de rehabilitación y consolidación” para “garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil”1. Según Naciones Unidas “las zonas de rehabilitación y consolidación fueron establecidas y manejadas bajo la inquietante e injusta presunción de que sus pobladores civiles colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencionales omisiones (…) Puede afirmarse que los grupos paramilitares lograron 1
En 2004 nace la estrategia de los Centros de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que “coordina entre varias agencias las estrategias de recuperación social del territorio en las zonas recuperadas por la Fuerza Pública” y es liderado por la Presidencia de la República en zonas prioritarias escogidas, entre otros, por “su importancia estratégica y el desarrollo 2
“Una visión internacional sobre las zonas de rehabilitación y consolidación” Amerigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 25/07/2003
Decreto 2002 de 2002 Ministerio del Interior de Colombia.
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de operaciones militares que requieren como complemento la inversión social y generación de ingresos”3 Las zonas en donde opera el CCAI en 2011 son 11 y coinciden en su totalidad con zonas donde existen procesos de resistencia civil y/o proyecciones de monocultivos y/o importantes proyecciones de ampliación de infraestructura para la integración al mercado internacional, así como grandes proyectos de cooperación internacional como los Laboratorios de Paz de la Unión Europea. El CCAI dio origen el 20 de marzo de 2009 al Plan Nacional de Consolidación (PNC), “una iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional”.4 El Gobierno actual ha emitido la Directiva Presidencial 6 de 2011 que adelantará la revisión exclusiva de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) con el propósito, entre otros, de llegar a acuerdos interinstitucionales de consolidación en el marco de la Política de Prosperidad Democrática.
La
consolidación territorial como estrategia de
paz y desarrollo
El discurso de desarrollo y paz, estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la militarización, continúa presente en el país con la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 o “Prosperidad para
Todos”, que “tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido”5. En esta ley se habla de la consolidación territorial cuyo “direccionamiento estratégico será responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional (….) aprovechando y fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR)”. En la práctica esta consolidación se realiza en dos vías, por un lado haciendo que la fuerza pública realice tareas civiles como la construcción de vías o talleres de derechos humanos en escuelas, y que los civiles hagan tareas de inteligencia en programas estatales como la “policía por cuadrantes” o la “red de cooperantes”. Así, vemos que el enfoque principal de la consolidación es la militarización de los territorios para defender los intereses inversionistas en una región sumamente estratégica donde destacamos: • A nivel de infraestructura: el paso del oleoducto que va desde Caño Limón (Arauca) a Coveñas (Sucre) de 770 kilómetros de longitud y el proyecto vial más importante del país que conectará a Bogotá con la Costa Caribe; el sector 3 conectará a Valledupar con Carmen de Bolívar. Además de su cercanía a las zonas francas del Atlántico, donde se aplica un régimen tributario y aduanero especial a las importaciones y exportaciones. •
3
“Contrato Especial 048 para la realización de un taller negociación y manejo de conflicto en la zona de Ocaña (Santander)”. Acción Social 16/11/2006, Colombia. 4
http://www.fondoespanapnud.org/2010/06/colombia-recuperacion-socialdel-territorio-para-la-superacion-de-la-pobreza-diego-molano/
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A nivel de agroindustria: la productividad y la extensión de las áreas de cultivo atraen proyectos de monocultivo como la palma aceitera o la yuca para la producción
Proyecto de Ley No.179 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”
Zonas en donde operan los Centros de Coordinaci贸n de Acci贸n Integral
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de agrocombustibles. En 2007 se firmó el convenio de cooperación “Etanol Caribe Colombiano” entre la Alta Consejería para la Reintegración, la agencia de cooperación estadounidense USAID y Ethanol Consortium Board S.A. donde “se incluye el desarrollo de tres plantas (procesadoras de etanol) en Bolívar, Córdoba y Sucre con una inversión de 342 millones de dólares”6. En 2009 se inauguró la Planta de Almidones de Sucre con la esperanza de que Sucre se convirtiera en potencia productora de yuca en Latinoamérica.7 En 2006 la Federación Nacional de Biocombustibles había anunciado nuevos proyectos donde se producía etanol a partir de la yuca en Bolívar, Sucre y Córdoba8. Este modelo no es nuevo en la zona. En María la Baja, después de la supuesta desmovilización paramilitar en 2005, se impuso a la población retornada el cuidado de la palma aceitera como cultivadores en su propia tierra o como jornaleros. La militarización impulsa la situación de desplazamiento para tener acceso a los territorios para implementar la industria agro y extractiva y su infraestructura: - Según CODHES “el 32.7% de la población desplazada en 2010 en Colombia, proviene de las zonas en donde se desarrolla el “plan nacional de consolidación territorial”. De los 100 municipios que presentaron mayor tasa de desplazamiento forzado en Colombia el año pasado, 44 están en zonas CCAI. Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba fueron escenario del despojo de 749.968 hectáreas.”9 6
“Se firma contrato en el que trabajarán 1.500 personas en proceso de reintegración” Secretaria de Prensa de la Presidencia 18/12/2007. Colombia. 7
El tiempo, 18 de julio 2009.
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Federación Nacional de Biocombustibles. Fiebre de etanol. http://www.fedebiocombustibles.com/fiebre-etanol.html, noviembre de 2006.
9
“¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y
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- Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo “En San Onofre (Sucre), por los homicidios selectivos, las amenazas, los desplazamientos, las extorsiones, entre otras acciones delictivas, la población civil siente miedo y percibe una mayor inseguridad por la acción de los grupos armados ilegales. La comunidad expresa desconfianza hacía la autoridad porque observa que se mantiene la impunidad y la poca efectividad de los organismos competentes para investigar, individualizar, judicializar y castigar a los miembros de las autodenominadas Águilas Negras o los Paisas en este municipio.10
La consolidación de la negación de los proyectos de vida
El desplazamiento no sólo se da por mediante de actores armados, la compra masiva de tierras mediante el aumento de precio o el levantamiento de las medidas de protección del Incora sobre propiedades que por ser parte de una política agraria no pueden ser vendidas sin el consentimiento de los titulares, sino que implica el despojo masivo de campesinos de sus tierras. Recientemente ha entrado en juego en la región la propuesta del Gobierno de convertir a los Montes de María en zona de reserva campesina, situación que va a afectar los posibles retornos, tanto por los proyectos productivos que ya están en desarrollo, como por la militarización de los mismos (esta propuesta contempla que entre 2 a 3 hectareas van a derechos humanos en Colombia en 2010”. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Número 77, Bogotá, 15 de febrero de 2011. Codhes. 10
SAT nota de seguimiento N° 008-11 Primera Nota al Informe de Riesgo N° 029-09 Emitido 11 de abril del 2011.
Cortesía de: Medellín Antifascista.
entregarse al a las Fuerzas Militares). Teniendo además la incertidumbre de a quién le va a entregar el Estado las tierras y la constante violación a los derechos humanos de quienes luchan contra el control paramilitar y la impunidad reinante
en la región, y teniendo como antecedente importante el asesinato del líder campesino de la Finca La Alemania, Rogelio Martínez, por presuntos desmovilizados en zona de control de la Brigada de Infanteria de Marina Nº1.
La finca “La Alemania” es un predio de 556 hectáreas, que en 1997 fue adjudicado por el antiguo INCORA a 52 familias asociadas en la Empresa Comunitaria “Alemania”. Para acceder a dicho predio y para adquirir capital productivo sacamos un préstamo con la antigua Caja Agraria, el que estábamos pagando con puntualidad. En el 2000 fuimos desplazados forzosamente de nuestra finca y todos los bienes nos fueron robados por el grupo paramilitar “héroes” que hace presencia en los Montes de María. Debido al desplazamiento y al robo no pudimos seguir pagando los préstamos, razón por la cual el predio entró en un proceso de embargo y actualmente se encuentra en remate. En el 2007 se logró la protección de la finca por medio del Registro Único de Predios otorgado por el INCODER. Poco a poco los socios de la finca están retornando; sin embargo, no contamos con las garantías para que este retorno sea exitoso, por cuanto sobre el predio pesa una deuda y un embargo que no ha sido levantado y no contamos con todos los medios económicos para ponerlo a producir, aparte de que nuestras viviendas no se encuentran en buen estado debido al abandono que genero el desplazamiento por casi 10 años. Seguimos siendo objeto de amenazas e intimidaciones por parte de grupos paramilitares. Testimonio de la “PRIMERA AUDIENCIA CIUDADANA AGRARIA “ROGELIO MARTINEZ MERCADO” POR LA DIGNIDAD Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO Sincelejo, Sucre, 3 de diciembre de 2010
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Foto: Grupo ISSAC - MOVICE
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Hacia el Congreso Nacional de Tierra (Agua), Territorios y Soberanías Camilo Álvarez (Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad)
La TIERRA
es el medio por excelencia; la tierra, el agua y las demás formas de vida son todo lo
que compone donde habitamos, producimos, construimos nuestras relaciones, donde danzamos y cantamos, es en la tierra donde se reproduce nuestra vida y la de las demás especies, cuando
ESTRUCTURAL, tiene que ver con esta mirada, la tierra no propiedad o el lote, la casa o la parcela, LA TIERRA es el medio en el que se reproduce la vida, nuestra vida.
decimos que el problema de la tierra es es solamente el título de
H
ay momentos en los que es necesario emerger con fuerza para avanzar, proponer y posicionar las acciones que llevamos dentro, que hemos cultivado desde antes; ésta parece ser la idea que ha permitido juntar diversas organizaciones, plataformas, escenarios de unidad y convergencia al rededor de la propuesta del Congreso Nacional de Tierras (Agua), Territorios y Soberanías.
de un segundo Congreso Nacional Agrario de Organizaciones Nacionales Campesinas y Indígenas. La idea de articular en la acción los ejes de Tierras y Restitución, Soberanía alimentaria y Soberanía de nuestros bienes comunes, recogidos en las propuestas de unitarias y convergencia como el CONGRESO DE LOS PUEBLOS. Sumado a los acumulados que se encuentran en los puntos de plataforma de la MARCHA PATRIÓTICA.
Esta propuesta ha surgido de diferentes iniciativas de organización, movilización y experiencias concretas de trabajo desde diversos sectores y voces; Así, fuimos sumando la Conferencia Nacional de Tierras propuesta por el MOVICE, la idea de un Encuentro de Movimientos y Organizaciones frente a los mega-proyectos y la gran minería de la RECLAME, la idea
En un diálogo que apenas inicia, entre más de 60 organizaciones y con la lucha concreta como fundamento para unión de la palabra y la acción. El CONGRESO NACIONAL DE TIERRA, (AGUA), TERRITORIOS Y SOBERANIAS ha venido tomando forma como una apuesta que permita:
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Foto: Grupo ISSAC - MOVICE
a) Hacer un balance: dar cuenta de las tendencias y caracterizar el momento actual de lucha y el contexto con el nuevo gobierno. b) Explorar alternativas: visibilizar y potenciar las propuestas de las organizaciones y escenarios de unidad y convergencia. c) Comprometer acciones: construir y unificar un plan de acción.
Hasta hoy se han definido 5 ejes de trabajo que incluyen las realidades y problemas de todas y todos.
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Tierras y Restitución, Retorno, Recuperación, Resistencia y Redistribución. Para reconocer elementos críticos hacia la política del Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, Ordenamiento Territorial, Ley Integral de Tierras, Política de restitución de tierras, plan de choque, conflicto armado, narcotráfico, extranjerización de la tierra, política mundial frente a tierras, despojo y desplazamiento urbano e interurbano. Y para aportar elementos de las experiencias concretas, el mandato agrario, la Ley Alternativa de Reforma Agraria, la estrategia de zonas de reserva campesina, de comunidades de paz, comunidades en resistencia, experiencias étnicas, palenques, resguardos, consejos comunitarios, procesos de regreso, reubicación y resistencia.
Producción
y
Soberanía Alimentaria.
Para reconocer elementos problemáticos de el sistema mundial de producción de alimentos, TLC, nueva ruralidad, transgénicos, agro-combustibles, explotación de agrícola, pecuaria y pesquera. Y para compartir soluciones como los mercados campesinos, las redes de consumo consciente, el rescate y propagación de semillas nativas, campañas de dignificación campesina, producción agroecológica, planes de vida, planes de etnodesarrollo, declaración de Cochabamba de los derechos de la Madre Tierra. Agua,
bien común y lugar de vida.
Para identificar las políticas en cuanto a planes nacionales y departamentales de aguas, mega-proyectos y agua, represas, embalses e hidroeléctricas, agrocombustibles y agua. Ciénagas y ríos, manejo del desastre invernal.
Foto: Archivo MOVICE
Organización
Para sumar propuestas desde la red de afectados por las represas, los acueductos comunitarios, movimiento por la defensa del agua, las comunidades de pescadores y de habitantes de ciénagas y palafitos.
y plan de acción.
Para reconocer nuestra mirada sobre el momento actual, los retos y capacidades de organización y movilización. Para asumir compromisos de lucha y acción política, para proponernos avanzar en nuestras propuestas para responder al momento y generar un nuevo momento político para el país.
Bienes Comunes. Para debatir y cuestionar, las políticas y el manejo de los minerales, el agua, el aire, el petroleo, el oro; los planes de expansión y concesión minera a lo largo de país, megaproyectos y conflicto.
Llegando
Para sumar esfuerzos desde la Red Contra la Gran Minería, reservas especiales de minería artesanal, reservas forestales, planes alternativos minero-energéticos.
al congreso.
Luego de la realización del Seminario Nacional Preparatorio del Congreso los días 19 y 20 de Mayo en Bogotá, hemos priorizado:
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Foto: Grupo ISSAC - MOVICE
a) La necesidad de las articulaciones locales para sumarse al plan de acción frente a tierras y territorios. b) La conformación e impulso de coordinaciones regionales que dinamicen la convocatoria y acciones concretas. c) Continuar con reuniones de acercamiento y convocatoria con las demás organizaciones que luchan por los mismos objetivos. d) La preparación logística del Congreso a realizarse en Cali en Septiembre de este año. e) La preparación de una movilización central que ponga en público nuestras demandas y que posicione la agenda del congreso como propuesta ante este modelo de despojo y explotación.
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Fotografía: Archivo MOVICE
La amordazada voz… Renata Cabrales
La amordazada voz por fin se rebela la memoria es el eco de los que reclaman la balanza de un lado en el otro la espada cruzamos los brazos , las voces se apagan. El tren del olvido ha recorrido caminos ha intentado llevarse a nuestro enemigo así como el Fénix las voces se paran con lastimeros susurros la verdad nos reclaman. Las palabras ahogadas ahora se escapan sin escamarse se asoman, tras rebelarse con sus amenazas ya no las atajan pisando fuerte, luchan por imponerse. En honor a Los nuestros la Themis los vence La venda se quita y todos la aclaman la muerte, confirman, no es esa ausencia la muerte es el olvido, contra él la sentencia.
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