¿Por qué pagamos aranceles?

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BREVE HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN CHILE: ENTRE MILITARES, NEOLIBERALES Y GREMIALISTAS Antes de 1973, el financiamiento de la Educación Superior se realizaba mediante la aprobación anual de la Ley de Presupuesto. En aquel entonces, la mantención y expansión de la Educación Superior era el reflejo de un plan de desarrollo del país que contemplaba expresamente aspectos económicos, sociales y culturales. Con la llegada de la Dictadura, la estructura del país sufrió una profunda transformación, denominada por el gobierno de facto “refundación nacional”, la que se tradujo en lo que también ellos denominaron “política del shock”. En palabras de los asesores del régimen significaba “darle un huevo frito a un recién nacido” (Büchi,2008). La Junta Militar carecía de proyecto como estamento, sin embargo, a través de la violencia de Estado y consecuente desarticulación de la organización social, sirvieron como parteros de la novedosa estructura económico-jurídica (vigente hasta hoy) síntesis del neoliberalismo de Hayek y Fridmann y del gremialismo de Jaime Guzmán.

El texto que sirvió de guía de estas nuevas transformaciones se llamó “Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno”, más conocido como “El Ladrillo”. El texto fue desarrollado por los economistas de la Facultad de Economía de la PUC que habían sido parte de un programa conjunto desarrollado por dicha casa de estudios con la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, en la que habrían “respirado de la teoría del libre mercado”(Büchi:2008). Estos jóvenes fueron conocidos como los “Chicago Boys”. El texto adquirió forma definitiva en mayo de 1973, y tras dos semanas de asumida la Junta Militar, ya se habían multicopiado 200 ejemplares entre los altos oficiales.

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El “Ladrillo”, en un capítulo referido a los “Aspectos Económico-Sociales”, dedicó escuetos, pero no menos significativos párrafos al tema de “Política Educacional”, que desde ese entonces otorgaría los argumentos sobre las “grandes ventajas” que tendría cobrar el valor real de la educación superior, lo que a su vez significaba eliminar el financiamiento estatal de la misma. Lo dispuesto en ese texto marcaría hasta el día de hoy la base del sistema de financiamiento de la Educación Superior.


“ El cobrar el valor real de la educación superior a los educandos tendría grandes ventajas; entre ellas podemos mencionar: 1. El financiamiento de las universidades y escuelas técnicas o profesionales mejoraría sustancialmente, con lo cual podrían aumentar su capacidad y mejorar la calidad de la enseñanza impartida.

2.Al vivir cada Institución Educacional de sus propios ingresos, se verían obligadas a cuidar la calidad de sus servicios pues sus educandos elegirían a las mejores.

3. Dado el costo de la educación, los educandos desplegarían al máximo su esfuerzo para aprovecharla; de esta manera dejarían de existir los alumnos eternos y los que van a las universidades a ilustrar su holgazanería.

Este sistema de cobrar el valor real de la educación superior tendría que ser complementado con becas y préstamos de largo plazo. Las becas deberían ser para los más talentosos habida consideración de su incapacidad económica.”

En una primera etapa este sistema deberá extenderse a las universidades para, posteriormente, abarcar a la enseñanza técnica. Es posible que el cambio resulte extremadamente brusco para la mentalidad imperante en el país, por lo cual podría procederse de inmediato a elevar sustancialmente el costo de las matriculas y a otorgar paralelamente un crédito a 15 o 20 años plazo para financiar ese costo, el que seria servido en forma reajustada con los ingresos futuros del profesional o técnico beneficiado. Los préstamos se otorgarían en forma general para financiar el 70% u 80% del costo directo de la educación y las becas se otorgarían en forma calificada para los sectores de menor ingreso.” Fragmento de “El Ladrillo”.

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Como podemos constatar, las razones expuestas por el Ladrillo ni mejoraron el Financiamiento de la Educación Superior, ni autorregularon la Calidad, ni brindaron aquellas notables ventajas psicológicas al educando producto de “pagar por estudiar”.

De hecho, como ya se sabe, somos el país con el más gravoso y desigual sistema de financiamiento, uno de los peores en “calidad” comparativamente con modelos internacionales, y el que más angustia, producto del endeudamiento, ha generado a miles de estudiantes y familias.

La intención original era la de desfinanciar totalmente a las Universidades Públicas (estatales o no estatales) dado que se quería abrir el sistema educativo como un nuevo “mercado”. Para ello se la despojó del campo de los “derechos sociales” y se la inauguró en el “campo de los bienes y servicios”. Se comenzó a cambiar el lenguaje, y los primeros diagnósticos sobre las Universidades Públicas, que hoy conocemos como Tradicionales, se remitían a sostener que aquellas tenían el “monopolio” de la instrucción superior.

LA APERTURA DE UN MERCADO

Para abrir un “Mercado” competitivo, se requería incentivar la participación de nuevos “agentes” (universidades); por ello se desfinanció (descapitalizar) a las 8 Universidades Públicas ya existentes (para no establecer “favoritismos” entre los agentes), lo que por la complejidad de dichas entidades no podía hacerse sino de manera gradual.

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Se inauguró una tentadora normativa para la constitución de controladores, y que fuera lo más básica, permisiva y desregulada posible, pues requisitos muy “aparatosos” o “burocráticos” desincentivan toda atracción de nuevos flujos de capital (Ley de Universidades, LOCE).

Por las razones anteriores, fue necesario evitar cualquier tipo de fiscalización, dando así origen al sostenido aumento de instituciones privadas de precaria infraestructura y estándares de calidad.

Se promovió la diversificación de la oferta, autorizando la apertura de carreras y títulos cortos tanto de pregrado como de posgrado, e impartición de carreras de modalidad vespertina (lo que se conoció como “Autonomía”) cuyos efectos se traducen en la sobrexplotación del “mercado laboral” de ciertas profesiones y la apertura irresponsable de carreras con difusas posibilidades de empleo.


Es así como pasamos de tener 8 universidades hasta 1973, a 60 al año 2012, resultado de la repentina vocación educativa de las familias y grupos de interés vinculados directa e indirectamente con el Régimen Militar,que hoy en día también alcanzan a personeros de la “Concertación de Partidos por la Democracia”, quienes también se han sumado a la noble “empresa” educativa, como controladores, accionistas o socios. Todos elloshan visto aumentado considerablemente, producto de su actitud emprendedora, sus fortunas personales. Todo lo anteriordicho anteriormente no opaca lo suculento que

resultó el Sistema Crediticio instalado bajo la Presidencia de Ricardo Lagos para la Banca a través de los créditos CORFO y Crédito con Aval del Estado.

En este sentido, vinculándolo con lo primeramente descrito, el Sistema de Educación Superior todavía vigente, parangonado al anterior existente a la Dictadura Militar, y en general al de cualquier país con una mediana responsabilidad y consideración por su sistema educativo, manifiesta una dramática dislocación entre su razón de ser real constatable (afán de lucro) y el desarrollo de un proyecto de país y sociedad.

$ EL DRAMA DEL FINANCIAMIENTO $

En este contexto, las universidades públicas como la Universidad de Concepción –en vulneración flagrante a cualquier labor universitaria científica autónoma, crítica, independiente y formadora de sujetos para la sociedad esperable- han debido orientar su funcionamiento de manera fundamental a la despiadada “competencia fratricida” (entre instituciones y académicos) para la obtención de recursos dependientes del mercado, como también a vincularse o crear “sociedades satélite” o “asociadas” con fines de lucro, para el mismo propósito. Sin perjuicio de lo anterior, la más importante forma de financiamiento (por su envergadura) recae en el pago de “aranceles universitarios”, cubriendo el 83% de los costos de la Educación Superior según informe 2009 de la OCDE, y que se traducen en las sempiternas deudas para nosotros estudiantes y familia.El “Arancel Universitario” entonces, dada la estructura antes explicada, significa el principal sostenedor financiero del sistema universitario.

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LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN RESPONSABILIDAD EN NUESTRA LUCHA

La mayor parte del tiempo desde la vigencia de la última estructura de educación superior impuesta, las directivas universitarias en general, han mantenido un silencio cómplice con el sistema de financiamiento, y no somos injustos al sostener que en vez de tomar posiciones claras y activas frente a las autoridades gubernamentales como muchas veces se han comprometido, han preferido cargar de manera progresiva, excesiva e inexplicable los aranceles a sus estudiantes. En el caso de la Universidad de Concepción, pese a las deudas en las que se encuentra sometida por Créditos o por la diferencia económica que asume (como toda universidad) entre el arancel real y referencial, se encuentra en condiciones de relativa ventaja: es la tercera mejor favorecida por los aportes del Estado (27.000 mil millones de pesos) (Mineduc-2;2012), la quinta con mayores ingresos por razón de prestación de servicios (10.305 millones de pesos)(Mineduc-2;2012); y benefactora directa de Lotería (10.000 millones de pesos aproximados) (Balance 2009). Pese a lo anterior, ni siquiera estamos entre las 10 universidades que más invierten y reinvierten respecto de todas las universidades del país (Mineduc-1;2012). Otro dato importante, y como lo señalara el Rector Sergio Lavanchy en una entrevista a Radio ADN en noviembre de 2011, el aporte por concepto de “Aranceles” para la Universidad de Concepción, constituye

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aproximadamente el 40% de sus fondos totales anuales (63% promedio de las universidades)(Mineduc-2;2012), cuestión bastante ventajosa respecto de la mayor parte de las universidades del país. Otro punto, hasta el día de hoy “aparte”, es aquel relacionado con las empresas asociadas a la Corporación Universidad de Concepción: La comunidad estudiantil de manera responsable y comprensiva, no ha acusado ni sospechado sobre el mal uso que pudiera dársele a la red corporativa por parte de directivos u otras personas involucradas para la obtención de algún lucro, aprovechando los mecanismos elusivos que permite conveniente la legislación. Es por ello que desde el 2009 se ha pedido a las autoridades pertinentes transparentar con detalle y desglose sus finanzas, como correspondería a cualquier institución seria que administra y gestiona fondos públicos y aportados directamente a través de aranceles por quienes lo solicitan. El presente año, y con el más puro afán democratizador, se vuelve a solicitar lo negado, de tal manera que todos podamos contar con los antecedentes suficientes que funden cualquier decisión que se adopte en torno al delicado tema arancelario.

LO ESTRUCTURAL Y LO LOCAL

Tras todo lo antedicho, se deja constancia de que la “cuestión educativa” y su manifestación en el campo del financiamiento de la educación superior, tiene raíces profundas en la estructura económico-jurídica ilegítimamente impuesta en una sangrienta Dictadura Militar del cual no es responsable la Universidad de Concepción. Para derribar aquello, hemos luchado por construir una educación alternativa... y seguiremos luchando. Esto no excluye, dadas las razones presentadas, que permitamos que mientras no exista un sistema distinto, se corte por “lo más delgado”, que en definitiva implica sobrecargar a nuestras sacrificadas familias con – reiteramos – inexplicables alzas arancelarias, sobretodo en atención a la posición cómoda o silente que ha caracterizado a los directivos de la Universidad frente a los Gobiernos de turno, a las ventajas únicas que tiene la Universidad en el esquema general, y a todos los antecedentes enunciados. Al día de hoy, lo que se conoce es que se pretende realizar un “Congelamiento Real”, es decir, reajustar el valor de los aranceles con los valores del IPC, lo que es para todo sentido común una falsa ilusión, en un contexto donde lo único que se reajusta son los gastos y no los ingresos.

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Fuentes:

Büchi. H. “La transformación económica de Chile: El Modelo del Progreso” Editora El Mercurio-Aguilar. 2008. Estados financieros de las Universidades. 1ra Entrega. Mineduc. 2012. Estados financieros de las Universidades. 2da Entrega.Mineduc. 2012.


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