Encinas 2

Marzo del 2012

Nº2

DEFENDAMOS LA ESENCIA PEDAGÓGICA DE LA CANTUTA 14 de de mayo mayo 2012 2012 14 Se cumplen cumplen 107 107 años años de de la la inauguración inauguración de de la la Escuela Escuela Normal, Normal, Se antecesora de de la la UNE UNE en en la la que que estudió estudió J.A. J.A. Encinas Encinas antecesora

1905: REFUNDACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE VARONES Hace 107 años empezó el funcionamiento regular de la Escuela Normal de Varones, antecesora directa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La ceremonia inaugural aconteció el domingo 14 de mayo de 1905, en el local provisional que se le concedió en la Calle del Corcobado, ubicado en el Cercado de Lima.

Concurrieron al acto solemne el entonces Presidente de la República, doctor José Pardo y Barreda, el ministro de Instrucción Pública doctor Jorge Polar y su Director Encargado, doctor Isidoro Poiry, entre otros altos funcionarios.

Actualmente, este local lo ocupa el Colegio Nacional Mixto Nº 1049 Juana Alarco de Dammert, (Jr. Cusco Nº 426.

Lima). El 23 de mayo del 2012 se cumplen también 45 años de la conversión de la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle en Universidad.

“El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. El error de muchos reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar ésta sin conocer las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la medida que las leyes económicas y sociales les han consentido.” (J.C.Mariátegui)

Grupo Académico Encinas EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN GENERAL Y DE LA UNE EN PARTICULAR EN LA COYUNTURA ACTUAL ANTECEDENTES

1. De la independencia a fines del siglo XIX Durante el siglo XIX la República no marcó una ruptura sustancial con aquel proyecto de colonización y negación de las m a t r i c e s primigenias; antes bien, significó la Manuel Pardo profundización del desarraigo. Con el advenimiento de la revolución industrial y su legitimación epistémica mediante la filosofía positivista medidas según los patrones de vida eurocéntricas y la fetichización de la ciencia como un tipo de saber apodíctico y, por lo mismo, sustraido de toda elección y libre de presupuestos valorativos, la Universidad no tardó en adoptar acríticamente aquella ideología, reforzando su rol de extirpadora de saberes alternativos en nombre del progreso.

El 6 de julio de 1822 el Libertador José de San Martín fundó la primera Escuela Normal del Perú. La Constitución de 1823 consideró a la instrucción como una necesidad común y la República “la debe igualmente a todos los individuos”. Fue la Constitución Vitalicia en 1826 la que exigió de inmediato una educación para todos. Sin embargo, mayor importancia tuvo la instrucción pública en el texto de la Constitución de 1828.

Pero, fue durante el gobierno de Gamarra que se promulgó el Plan de Instrucción General de 1829 para las universidades y colegios, con normas que permitieron reorganizarlos.

Castilla, en su primer gobierno, promulgó el Reglamento de Instrucción Pública para las Escuelas y Colegios de la República en 1850. En su segundo gobierno, en 1855, se aprobó otro con un contenido liberal. La política educativa de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, representó uno de los más importantes esfuerzos realizados para modernizar la educación. El 18 de marzo de 1876 se aprobó el Reglamento General de Instrucción cuya vigencia se truncó por motivo de la guerra con Chile. Cáceres, pese a la difícil época que le tocó gobernar, promulgó el 3 de noviembre de 1886 un nuevo Reglamento General de 2

Instrucción. Durante el gobierno de Piérola se nombró una Comisión para la elaboración del Proyecto de Ley en 1895, con autorización legislativa del 20 de setiembre de 1899. Como resultado de ello se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción por el gobierno de Eduardo López de Romaña el 9 de marzo de 1901.

2. La República Aristocrática: 1895 a 1919 A fines del siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX, se constituyó la época de oro de la vieja oligarquía peruana. Bajo el impulso de una extraordinaria E. Guzmán y Valle d i n a m i z a c i ó n mercantil, una fracción propietaria ligada a la exportación, las finanzas, el comercio y la especulación logró organizarse políticamente a nivel nacional. Aunó su peso político a través del control directo del aparato estatal: Gobierno, Parlamento, Poder Judicial, Universidad, etc. Jorge Basadre la denominó la República Aristocrática.

Durante este período, José Pardo, actualizó la reforma educativa aprobada durante el gobierno de su padre Manuel Pardo en 1876, promulgando las leyes Nº 74 (27-IX-1905) y Nº 162 (05-XII-1905). El 14 de mayo de 1905 inauguró la Escuela Normal de Varones, antecesora de la UNE La Cantuta, en el local provisional que se le concedió en la calle del Corcobado, en Lima. En abril de 1909, Enrique Guzmán y Valle, es nombrado profesor de la Escuela Normal de Varones. Y desde 1915 hasta su muerte (1923) fue el Director. El 28 de enero de 1918 Pardo promulgó la Ley Nº 2690 que nombró una Comisión para la revisión del proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Primaria y Secundaria, y para la formulación de un Plan de reforma de la Educación Superior. El segundo gobierno de Pardo duró hasta el 4 de julio de 1919.

3. La Patria Nueva: 1919 a 1930

J. C. Mariátegui

A lo largo de la década de 1920, a causa del fracaso político civilista las clases medias irrumpieron violentas en la mediación política, desplazando al viejo grupo oligárquico domi-

nante al tiempo que el Estado amplió sus bases sociales y el capital extranjero se consolidó en nuestra economía.

Con el desarrollo del aparato estatal se marcó el inicio a una vertebración física y política del país. Se desarrollaron las vías de comunicación y se extendieron las suprefecturas, juzgados, puestos militares, policiales y se impulsó la educación en todos sus niveles.

Augusto B. Leguía fue presidente del Perú entre 1908 y 1912 y 1919 a 1930.

A su segundo período de gobierno lo denominó “La Patria Nueva”. En este período se promulgó la Constitución de 1920. Así, durante el oncenio, surgieron las dos grandes tendencias que asumieron el liderazgo ideológico del país en adelante: el Apra y el movimiento socialista. El primero, negando la posibilidad histórica de que la burguesía desarrolle capitalistamente este país, y otorgando en cambio a las capas medias la iniciativa histórica de la transformación social, en tanto la vertiente socialista consignó a la clase obrera y trabajadora en general como la fuerza destinada a ser el eje de una revolución que conlleve a la solución de los grandes problemas nacionales más allá de las fronteras del capitalismo. Incapaces de enfrentar con alternativas propias a estas fuerzas políticas, dotadas de una definida orientación doctrinaria de proponer dentro de los cauces propios proyectos de desarrollo que plantearan solución a los graves problemas del país, Leguía recurrió constantemente a la represión.

En este contexto se produjo la reforma universitaria que abrió las puertas a todo género de inquietudes.

La Universidad no tuvo temor de señalar rumbos variados a la creciente ambición de conocimientos de los estudiantes. Leguía promulgó la Ley Orgánica de Enseñanza el 30 de junio de 1920 y el Estatuto Universitario el 23 de julio de 1928, de contenido autoritario porque no consideró las conquistas estudiantiles de la reforma ni la creciente ambición de conocimientos de los estudiantes. El 17 de agosto de 1929 se promulgó la Ley Nº 6636 que transformó la Escuela Normal en Instituto Pedagógico.

4. El retorno de la vieja oligarquía al poder político: 1930 a 1962 Gobierno de Sánchez Cerro En 1929 la crisis llegó al corazón de la economía mundial capitalista y el millonario flujo de dólares se detuvo. El edificio leguiísta se derrumbó. El 22 de agosto de 1930, el teniente coronel

Grupo Académico Encinas Luis M. Sánchez Cerro se levantó en armas en Arequipa. Tras el derrocamiento de Leguía, presidió una Junta Militar hasta marzo de 1931. En octubre de ese mismo año se convirtió en presidente constitucional, tras ganar el proceso electoral. A la caída de Leguía, hubo un retorno de los viejos cuadros civilistas y en muchos de ellos la nostalgia de recuperar su antigua situación de privilegio. La vieja oligarquía recurrió, en alianza con los sectores encaramados en los aparatos políticos, fundamentalmente, en el ejército y la policía, al golpe militar, a fin de silenciar a través de la represión al movimiento popular, sea este reformista o revolucionario. Pero el país que encontraron fue distinto al que dejaron.

Los sectores medios y las clases populares habían crecido, estaban más organizados, esgrimieron alternativas ideológicas de signo distinto a todo aquello que fue el contexto ideológico que predominó durante la República Civilista.

El gobierno de Sánchez Cerro, promulgó el Decreto Ley Nº 7029 el 6 de febrero de 1931 que aprobó el Estatuto Provisorio p a r a l a Universidad J. A. Encinas Nacional Mayor de San Marcos que admitió y estableció las exigencias planteadas por la reforma como el cogobierno y la tacha a los profesores. Sin embargo, la reforma se inició y pretendió cumplir su misión en un ambiente económico, social y político contradictorio. En ese contexto fue elegido rector de San Marcos José Antonio Encinas.

Posteriormente la universidad fue recesada y Encinas deportado. La vieja oligarquía retomó el poder en la década de los treinta. En este período se aprobó la Constitución Política de 1933. Asimismo, la Universidad en general careció de los cuadros intelectuales y dirigentes estudiantiles capaces de comprender, continuar y consolidar la renovación requerida por el movimiento de reforma y de consagrarse a realizarla.

En consecuencia, este movimiento quedó detenido en el Perú. El 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro fue asesinado en el Hipódromo de Santa Beatriz después de pasar revista militar a las tropas que se dirigían a la frontera, a raíz de la guerra con Colombia.

Gobierno de Óscar R. Benavides A la muerte de Sánchez Cerro, Benavides, por acuerdo del Congreso, asumió la presidencia hasta 1936. Al anularse las elecciones de 1936, se constituyó el Gobierno Provisorio bajo la presidencia de Benavides hasta 1939. Durante su gobierno se incrementó la intervención estatal en la economía y las relaciones laborales. A la creación del Banco Agrícola en 1931, se sumó la del Banco Industrial en 1936. Posteriormente, se dio una ley de promoción de la industria a efectos de financiar íntegramente proyectos industriales. Otro sector de mayor intervención del Estado fue el de las políticas sociales, especialmente en educación y salud pública. No fue casual esta intervención. Las movilizaciones de los sindicatos de los años veinte y treinta y los reclamos de los partidos políticos incluían pedidos de mayor acceso a la educación, la seguridad social y la salud. Estas eran vistas como derechos que el Estado debía brindar a cualquier ciudadano peruano. Todo ello permitió la creación de un Ministerio de Educación y otro encargado de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social en 1936.

En ese mismo año se formó una seguridad social para los obreros que cubría sus gastos de enfermedad, maternidad, invalidez y vejez.

Benavides promulgó el Estatuto Universitario el 28 de junio de 1935.

Esta ley de tipo autoritario, análoga a la de 1928, suprimió la mayor parte de las conquistas estudiantiles de la reforma que se plasmaron en el Decreto Nº 7029 promulgado por Sánchez Cerro en 1931.

Primer Gobierno de Manuel Prado Benavides entregó el mando presidencial al banquero Manuel Prado en 1939. Prado, en su primer gobierno, trató de promover limitadamente la industrialización E. Barrantes nativa y la atracción del capital norteamericano; el papel del Estado en la economía; el crecimiento del mercado interno; la mantención de bajas tasas de interés y el establecimiento de impuestos directos. Su gobierno estableció un control de precios a los productos de primera necesidad, salarios mínimos y aumento de sueldos y salarios; la Segunda Guerra Mundial favoreció las exportaciones de los minerales y se mantuvo

un mismo tipo de cambio después de 1940. Se preocupó por renovar la educación en todos sus niveles. El 1 de abril de 1941 promulgó la Ley Orgánica Nº9359 en la cual se consideró el marco legal para las universidades.

Gobierno de Bustamante y Rivero Bustamante asumió a la presidencia en 1945. Aunque no existía un programa económico c l a r o , Bustamante, quiso reforzar la presencia del Estado; orientar la E. L. Valcárcel economía al mercado interno; promover la industrialización; y atraer al capital extranjero en mejores condiciones para el país.

Asimismo fue persistente en el reconocimiento de los derechos laborales; brindar acceso a la educación y a la salud pública y a redistribuir la riqueza nacional a través de la regulación de precios e importaciones por parte del Estado. Por ejemplo, se decretó el salario dominical; congelamiento de alquileres; aumento de sueldos a los empleados públicos y la gratuidad de la educación secundaria. Promulgó el 24 de abril de 1946 el Estatuto Universitario derogando lo establecido en la Ley Orgánica de 1941 la cual, estableció temporalmente, hasta el 31 de julio de 1946 “el derecho de tacha”.

Sólo entre 1945 y1948 el país vivió un respiro democrático. Durante estos años los partidos políticos proscritos como el APRA volvieron a la legalidad.

Sin embargo, la crisis económica y los enfrentamientos políticos motivaron un golpe militar en 1948 dirigido por el General Manuel A. Odría en franca alianza con los agroexportadores.

Gobierno de Manuel A. Odría De 1948 a 1950, Odría presidió la Junta Militar de gobierno. En las elecciones de 1950 fue elegido presidente constitucional cuyo período culminó en 1956.

La coyuntura económica mundial, marcada por la guerra de EE.UU con Corea y la reconstrucción de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, estimuló en nuestro país un W. Peñaloza

3

Grupo Académico Encinas vigoroso crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera. En el ámbito educativo se estableció un programa que se denominó el Servicio Cooperativo Peruano-Norteamericano de Educación. En este período se construyeron las Grandes Unidades Escolares locales para la educación secundaria. Aunque se mantuvo vigente la Ley de Educación Nº 9359 durante el gobierno de Odría, el Consejo Nacional de Educación redactó el Plan de Educación Nacional el que fue aprobado el 13 de enero de 1950. El Plan abordó las cuestiones concernientes a la educación Primaria, Secundaria y Técnica. Asimismo la educación Normal, dedicada a la formación del personal docente y administrativo en todos los niveles. No se consideró a la Educación Superior Universitaria.

En 1952, se construyó en Chosica la ciudad universitaria de La Cantuta, que fue inaugurada el 6 de julio de l953 como sede de la Escuela Normal Central, cuyo primer director fue el doctor Walter Peñaloza Ramella.

El 31 de diciembre de 1955 se promulgó la Ley Nº12502 que incluyó en el artículo Nº 393 de la Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359 como Instituto de Enseñanza Superior a la Escuela Normal Central de Varones, con la denominación de Escuela Superior de Varones “Enrique Guzmán y Valle”.

El régimen de Odría llegó a su límite económico y político; las exportaciones declinaron; el desempleo y la inflación aumentaron y las protestas frente a los abusos se generalizaron.

Nuevamente salió elegido Prado en las elecciones para el período 1956-1962.

Segundo gobierno de Prado El segundo gobierno de Prado continuó en líneas generales con la tónica económica de combinación de populismo y liberalismo. Las e m p r e s a s Jorge Basadre extranjeras explotaban el petróleo, hierro y cobre.

La oligarquía consolidó su dominio en la agricultura de exportación a través de los latifundios azucareros y algodoneros ubicados principalmente en la costa norte y central del país. Prado promulgó el 8 de abril de 1960 la Ley Nº 13417 que mantuvo el cogobierno y declaró de necesidad pública y perentoria de la creación de Ciudades 4

Universitarias. Con su dación La Cantuta perdió transitoriamente la categoría universitaria. Sin embargo, se continuó con la desconexión entre la Universidad y nuestra realidad, lo cual se reflejó en los contenidos curriculares básicos como en la subsecuente inadecuación de su oferta profesional a las necesidades y demandas estratégicas de nuestra sociedad.

En julio de 1962, Prado fue derrocado por un golpe militar presidido por el general Ricardo Pérez Godoy, primero y después por Nicolás Lindley.

El gobierno militar convocó a elecciones en 1963.

5. Surgimiento y desarrollo del reformismo: 1963 a 1975 Con el tácito apoyo de las fuerzas armadas, F e r n a n d o Belaúnde ganó las elecciones para el período de 1963-1969. El paquete de reformas que A. Salazar Bondy incluía el arreglo de la cuestión del petróleo, especialmente con el enclave de la International Petroleum Company, IPC, en Talara; la integración de la selva mediante la extensión de las carreteras penetración y una vía, que atravesase de sur a norte, denominada “La Marginal”; una reforma agraria limitada; obras de vivienda popular y apoyo a la industria nacional levantaron grandes expectativas. Al final, estas se diluyeron por falta de financiamiento y por la oposición de la vieja oligarquía.

El 23 de abril de 1965 el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 15519 promulgada por Belaúnde. Ésta devolvió a La Cantuta su rango universitario y autonomía. Es más, la Escuela Normal Superior se convirtió en la Universidad Nacional de Educación. La crisis de 1967 marcó el comienzo del fin. La aguda crisis política derivada de la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso determinó la intervención de las fuerzas armadas.

Hasta 1968 la economía peruana era básicamente de tipo primario exportador. La base industrial y la producción para el mercado interno eran débiles y el país dependía de importaciones para la satisfacción de las necesidades de consumo de la creciente población urbana. La intención del gobierno militar era desarrollar la política conocida como “industrialización por

sustitución de importaciones”. La dictadura militar duró doce años: 19681980. El programa de reformas se desarrolló básicamente durante la “primera fase” bajo la presidencia del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). El eje de las mismas fue intensificar el masivo traspaso de la propiedad de los principales recursos productivos hacia el Estado. La comercialización de bienes claves para el comercio internacional (minerales y alimentos) también fue controlado por el Estado.

En suma, toda la actividad de exportación, los sectores de acumulación de la economía y los que brindaban servicios estratégicos para el desarrollo y la seguridad nacional pasaron a control del Estado. Se promulgó la Ley de Reforma Agraria en 1969. En el campo educativo y cultural, el gobierno militar reconoció el quechua como idioma oficial junto al castellano. Se emprendió una reforma educativa dirigida por distinguidos intelectuales quienes trataron de encaminar la nueva organización educativa a despertar la creatividad, la crítica y la iniciativa; y proporcionar a los estudiantes secundarios una formación técnica para el empleo industrial y en el comercio.

El 18 de febrero de 1969, el Gobierno Militar promulgó el DecretoLey Nº 17437, como Ley Orgánica de la Universidad Peruana, y el 21 de marzo de 1972 se derogó la Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359 y en su lugar se promulgó el Decreto-Ley Nº 19326. Este marco legal tampoco solucionó las necesidades y demandas de nuestra sociedad porque a mediados de los años 70 el proyecto político militar se truncó y además porque nuestro país se insertó en la economía mundial, con subordinación a los ejes de poder global, asumiendo el papel de proveedor de materias primas y mano de obra barata, reprimarizando su aparato productivo. Es en estas condiciones que la Universidad perdió toda relevancia.

El 29 de agosto de 1975 se produjo un golpe interno en las fuerzas armadas. Se inició la segunda fase presidido por el general Francisco Morales Bermúdez. Éste se encargó de convocar las elecciones para la Asamblea Constituyente en 1977 y las elecciones generales de 1980. Se aprobó la Constitución de 1979.

Fernando Belaúnde fue elegido por segunda vez para el período 1980 a 1985.

Grupo Académico Encinas

6. La crisis económica: 1980 a 1990 La tarea esencial de los sucesivos gobiernos en las últimas tres décadas fue crear demagógicamente nuevas universidades agudizando la crisis de la Universidad Pública. Esta situación, favorecida por el desinterés del Estado, condujo a su captura por grupos corruptos y académicamente mediocres, de interés clientelar sin proyecto de universidad ni de país.

El segundo gobierno de Belaúnde acometió medidas orientadas a restablecer el orden económico y la estabilidad política. Se dictaminó la austeridad del gasto fiscal, la reducción del rol del Estado en la economía, el fortalecimiento del sector privado a través de créditos y la promoción de la inversión extranjera. Sin embargo, estas medidas nunca fueron llevadas adelante con la suficiente decisión.

Esta situación determinó que se profundizara la crisis económica. El 18 de mayo de 1982 se promulgó la Ley General de Educación Nº 23384. En 1983 las Fuerzas Armadas fueron convocadas a combatir la subversión.

La Ley Universitaria Nº 23733, (vigente a la fecha), que se promulgó en diciembre de 1983, fue diseñada según el modelo reformista de Córdoba de la segunda década del siglo pasado. Ésta marcó el rumbo de la universidad peruana plasmando con retraso un programa antioligárquico que entendió la democratización, en primer lugar, como resguardo de su autonomía para definir los términos de su desarrollo, y, por otro lado, como promoción de la participación de los estamentos universitarios en un gobierno sustentado en mecanismos de decisión asambleísticos. Y, el 12 de diciembre de 1984 se promulgó la Ley del Profesorado Nº 24029.

A mediados de 1985 el Perú tuvo uno de los índices más altos de pobreza en América Latina y además enfrentaba los desafíos de la subversión terrorista. Sumado a ello una profunda crisis económica. No sólo nos referimos a los indicadores económicos, sino a la alimentación, nutrición, salud y, en general, a la calidad de vida del poblador peruano que había caído a niveles dramáticos. En este contexto, en las elecciones de 1985, Alan García fue elegido presidente.

Entre los principales sucesos que ocurrieron durante el quinquenio del régimen aprista está el descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en 1986. A partir de ese momento el

manejo económico cayó en un laberinto de controles y deterioros progresivos de los ingresos fiscales, lo que originó un déficit fiscal mayor del 5% del PBI a finales del régimen. El PBI real cayó 8,9% de diciembre de 1985 a diciembre de 1990. Y el PBI per cápita disminuyó en 17,9% durante el mismo período. El Inti desapareció luego de una ineficaz existencia. De 13.300 intis por dólar en julio de 1985, el tipo de cambio se disparó a 185 mil en julio de 1990, se hizo necesario su reemplazo por el nuevo sol, con una equivalencia de uno a un millón.

En su mensaje del 28 de julio de 1987, reveló públicamente la estatización del sistema financiero. En general se produjo una agudización de los problemas sociales y económicos del país. En este sentido, el peso de la inflación fue cada vez más agobiante y evolucionó al ritmo de los llamados “paquetazos”. Maestros, empleados públicos y diversos gremios protestaron por el creciente desabastecimiento de los alimentos. Al término de su mandato, García fue cuestionado por los actos de corrupción. Uno de los más comentados fue el del tren eléctrico, a cargo de una empresa italiana (la obra inexplicablemente quedó inconclusa como símbolo tangible de la improvisación y de la cuestionada conducta del gobernante aprista). Otro asunto fue el mal uso del controvertido dólar MUC (mercado único de cambios), que permitió hacer fortuna a más de uno de los cercanos colaboradores del presidente.

El epílogo de esto fue que por primera vez en la historia de la República, un ex presidente era sometido a una investigación parlamentaria, acusado de enriquecimiento personal ilícito durante su gestión. En materia educativa fue muy poco lo que se realizó durante este gobierno. El 19 de mayo de 1990 se promulgó la Ley del Profesorado Nº 25212.

7. La dictadura y la implementación de la política económica neoliberal: 1990 al 2000 En las elecciones de 1990 fue elegido presidente Alberto Fujimori para el período 1990-1995. Sin embargo, en abril de 1992 se produjo el autogolpe civil-militar. En este período se aprobó la Constitución de 1993, vigente a la fecha. Fujimori se mantuvo en el poder político hasta 1995. En las elecciones de este año fue nuevamente elegido para el segundo período de 1995-2000. Al igual que los gobiernos

anteriores enfrentó a la subversión. Sin embargo, las acciones militares que se ejecutaron fueron violatorias de los Derechos Humanos al consumarse los secuestros y asesinatos de dirigentes gremiales, docentes y estudiantes. A partir de 1990, la modernidad, para los sectores conservadores y neoliberales, se tenía que alcanzar desmantelando el Estado de bienestar y abriendo al mismo tiempo la economía a la competencia internacional, a través de las exportaciones competitivas con bajos salarios y con un Estado que concesionó enormes extensiones territoriales a la inversión extranjera.

El crecimiento liberado por las exportaciones primarias y no primarias dejó de lado el desarrollo enraizado en la expansión del mercado doméstico y no generó conexiones con el resto de la economía. La presión por crecer sobre la base de la expansión de la demanda internacional puso en competencia a los países en desarrollo por desmantelar los estándares regulatorios, agudizando en nuestro país la vulnerabilidad de nuestra economía a cambios en la demanda y a los flujos del capital internacional. Las exportaciones se concentraron en productos primarios y no tradicionales intensivos en mano de obra no calificada y barata. Es decir, que el patrón de crecimiento económico prescindió del mercado interno y se basó principalmente en factores externos: precios de intercambio favorables, demanda mundial creciente e inversiones extranjeras fundamentalmente para la explotación de nuestros recursos naturales.

En este contexto la Ley universitaria vigente sufrió múltiples modificaciones parciales a medida y presión de las circunstancias políticas. En noviembre de 1991 se promulgó el Decreto-Ley Nº 739. Ello ahondó su incoherencia. La disposición legal de mayor efecto en tal sentido fue la dación del Decreto Ley Nº 882, emitido por Fujimori en 1996, para facilitar la apertura de universidades privadas sobre la base de incentivar el lucro.

En ausencia de mecanismos mínimos de garantía pública de la calidad de la oferta educativa, aquella norma ahondó los efectos negativos del modo en que la Ley Nº 23733 definió la autonomía universitaria, convirtiéndola en una suerte de patente de corso que condujo a la proliferación de una oferta educativa universitaria deleznable que hoy inunda el país.

5

Grupo Académico Encinas Es un marco legal obsoleto para resolver los problemas que afronta hoy la universidad peruana y además porque no presta atención al tema de la calidad académica, justamente cuando por la irrupción de la denominada sociedad del conocimiento pasó a ser eje de definición del alcance democrático de la universidad pública. En las elecciones del 2000, Fujimori se hizo reelegir fraudulentamente; en noviembre del mismo año, a causa de la protesta popular generalizada por los actos de corrupción de su gobierno, huyó del país. Lo sustituyó transitoriamente Valentín Paniagua quien fue elegido por el Congreso.

8. El Perú del siglo XXI y la economía del libre mercado En el Perú del siglo XXI, predominan las transacciones hechas con dinero en mercados mayormente urbanos. En ese sentido limitado, son «modernas», pero la mayoría no son reguladoras, lo que implica que el Estado no controla el mercado ni pauta el comportamiento de los actores sociales y de los individuos y donde la economía genera más empleo fuera del ámbito formal. Enfrentamos una realidad donde ni la formalidad ofrece oportunidades para la mayoría de los peruanos, ni la solución la constituye el desarrollo de las economías paralelas que se basan en la cultura de la ilegalidad. Actualmente, han aumentado las exportaciones, las inversiones extranjeras y los ingresos tributarios del estado. Sin embargo, este tipo de crecimiento no reactiva ni dinamiza la demanda efectiva interna; no elimina la exclusión social, no articula y expande los mercados internos. El desarrollo productivo tiene que ver con la innovación y modernización tecnológica de las actividades industriales y agropecuarias. Lo que se requiere es un nuevo proceso de industrialización, que se sustente en el procesamiento de los recursos primarios, en la expansión de los mercados internos mediante infraestructura y en esquemas de financiamientos nuevos a través del desarrollo del mercado de capitales en moneda local.

En este contexto el gobierno de Alejandro Toledo, promulgó el 17 de julio de 2003 la Ley General de Educación Nº 28044. Y en el segundo gobierno de Alan García se promulgó el 11 de julio de 2007 la Ley Nº 29062 que modificó la Ley de Profesorado en lo referente a la Carrera Pública Magisterial.

6

Actualmente existen 140 universidades en el Perú. Un 70% aproximadamente son privadas. Sin responder a las reales necesidades del país, sólo entre los años 2009 y 2011 se crearon 15 universidades públicas. Además en los últimos cinco años del 2006 al 2011 se crearon 29 universidades privadas y existen más de 30 solicitudes para la creación otras nuevas universidades que se encuentran en evaluación en el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de UniversidadesCONAFU. Actualmente existen 38 filiales reconocidas (de grandes dimensiones) y muchas más funcionando informalmente. Todas las regiones cuentan con universidades públicas (en varias hay 2 o más), y en todas hay muchas privadas e incontables filiales. Por tanto, el problema principal no es de cobertura sino de calidad.

En esas condiciones, la investigación científica tiene escaso -y frecuentemente nulo- desarrollo. La crisis de la Universidad en el Perú es severa y tiene como base la carencia de políticas de estado para su desarrollo.

No obstante, si pensamos seriamente en el desarrollo nacional, el concurso de las universidades (sobre todo las públicas) es esencial. Lo confirma la experiencia de todos los países que lograron desarrollarse, pues ello es imposible sin producción de ciencia y tecnología y formación de una élite dirigente del más alto nivel, funciones que corresponden a la Universidad.

PROPUESTA: La reforma del sistema educativo nacional en todos sus niveles y la reestructuración académicaadministrativa de la universidad peruana dentro de los cauces de su autonomía.

La realidad peruana está crecientemente influenciada por la globalización, fenómeno que se manifiesta en lo económico y cultural, principalmente. El proceso J. M. Arguedas global genera operaciones internacionales con actividades que acatan o violan la normatividad legal sobre los cuales operan los mercados. En nuestro país se han desarrollado tres economías: la formal, la informal y la delictiva, donde la primera es limitada y débil y las otras dos cobran una alarmante vitalidad. Se requiere, por lo tanto, construir una

formalidad inclusiva incorporando a la informalidad y atacando la «delictividad» para que prime el sentido de confianza, justicia, responsabilidad y de respeto. Asimismo, buscar un equilibrio entre lo nacional y lo extranjero, lo nacional y lo global, lo empresarial y lo no empresarial. Y lograr que el comercio global sirva al desarrollo nacional.

En los tiempos actuales la Universidad y sus docentes deben preservar y reforzar las relaciones y el sentido de ciudadanía y por tal razón debe afrontar el reto de formar en valores nacionales, sociales y culturales. Motivo por el cual, ocupan un lugar decisivo en este escenario. Su situación histórica de generadora de competencias de alto nivel y de su certificación, comporta el riesgo de una revisión de su pertinencia a causa de la fragmentación de las fronteras de acceso al saber. Esto acarrea una transformación radical de la institución universitaria; se debe entonces reflexionar sobre las orientaciones, los modos de acción, la calidad de los servicios ofrecidos y la asignación de recursos.

Sin un proyecto universal abierto a diversas posibilidades, las relaciones humanas y las sociedades en general se reducirían a espacios de intercambio, de poder y de violencia. En todos los continentes se desarrollan estas nuevas configuraciones: la exclusión social, el individualismo, narcotráfico, racismo, la drogadicción, pauperización y la contaminación ambiental las cuales son efectos de una crisis a escala mundial profundizada por la política del libre mercado.

Se necesitan instituciones de educación superior con capacidad de producir conocimiento pertinente y de óptima calidad. Necesitamos evaluar cuidadosamente, sin mistificaciones, la actual situación de la universidad en general apreciando con objetividad sus debilidades y potencialidades. No es posible pensar un desarrollo social sustentable sin el concurso de la universidad, tanto para la formación de élites nacionales y regionales rigurosamente calificadas que conduzcan aquel proceso, como para la producción de saberes del más alto nivel que incorporen valor agregado a nuestra producción.

Por ello, es vital para los peruanos y peruanas contar con universidades capaces de asimilar el saber contemporáneo y adaptarlo a las necesidades

Grupo Académico Encinas del país y sus regiones, estableciendo nexos con la práctica social -en particular la producción material y simbólica- y nuestras raíces culturales.

La universidad pública tiene importancia decisiva para el desarrollo del país: no sólo porque contribuye a su democratización, promoviendo ascenso social mediante la formación de cuadros calificados, sin otra condición que su competencia académica, sino porque genera conocimiento en áreas de valor estratégico, que frecuentemente exigen alta inversión en capacitación y logística, como las ciencias básicas y las tecnologías, a las que la lógica cortoplacista del lucro con que en nuestro medio se tiende a fijar las prioridades en la inversión privada no podría atender. En una sociedad caracterizada aún por una injusta distribución de la riqueza, con contrastes sociales muy marcados y un grueso sector de la población en situación de pobreza o de pobreza extrema, la universidad pública facilita el ascenso social de los sectores menos favorecidos, al hacer posible su acceso a la educación superior sin otra condición que sus méritos y capacidad intelectual, con lo cual también permite un más amplio desarrollo de las potencialidades humanas con que cuenta el país.

En tal sentido, la función democratizadora de la universidad pública pasa ahora de manera decisiva por el cuidado de su calidad académica, la cual debe estar en relación directa con el desarrollo de la investigación, la capacidad de producir conocimiento en base a las necesidades y demandas actuales de nuestra sociedad que deben ser traducidas en un Proyecto Nacional de Desarrollo a corto y largo plazo.

Más allá de cuál sea la carrera profesional elegida, debe estar claro que la universidad no es una simple capacitadora de expertos, técnicos u operarios sino que contribuye a que sus estudiantes sean personas sapientes y honestas para que ejerzan a cabalidad sus derechos ciudadanos y cumplir con rectitud sus obligaciones.

Es importante que un sistema educativo sirva al desarrollo de un país y se adecúe a las necesidades que en él se presenten, al tiempo de orientar a los estudiantes hacia opciones que les garanticen un horizonte de vida seguro y constructivo.

El 40% de los estudiantes que ingresan a las universidades de nuestro país no terminan sus estudios.

En primer lugar por la falta de sintonía entre lo que una carrera larga de una parte ofrece y lo que ella exige al aspirante profesional.

Es frecuente hallar que, a la par se establece una educación de baja calidad exigiéndose una contraprestación económica considerable, fenómeno que se ha multiplicado en centros creados para lucrar y que asumen la enseñanza como instrumento para tal fin. También es cierto que la universidad en determinadas circunstancias se aleja de la vida concreta del trabajo de manera que los estudiantes encuentran, al término de sus estudios, algo muy diferente de lo que pensaron sobre lo que sería su labor profesional y sus oportunidades de crecer dentro de ella.

Frente a tal situación resulta necesario revalorar la formación en las carreras técnicas y de mando medio como opción que, asegurando la calidad, pueda en menor tiempo brindar educación pertinente y útil para la vida.

No obstante lo mencionado, es todavía una costumbre difundida entre los padres de familia el alentar o incluso presionar a sus hijos para que estudien carreras tradicionales como abogacía, ingeniería o medicina.

Esto se debe porque aún no se han transformado las nociones sobre el valor y el prestigio social de las carreras técnicas y de mando medio.

Finalmente, hay que precisar que las carreras técnicas no deben hallarse ajenas a una formación básica, de contenido humanístico. Precisamente, la reivindicación de esa orientación educativa debe contemplar como un elemento esencial la formación general de la cual hoy ellas prescinden.

Se necesita con urgencia una reforma de la Universidad, que debe traducirse en un nuevo marco legal para ella, que reemplace al actual que ha devenido obsoleto y perjudicial para su desarrollo. De no concretarse pronto, su crisis se profundizará con efectos de largo plazo, afectando también las posibilidades de desarrollo del país. La comunidad universitaria nacional y de la UNE en particular deben promover esta renovación, constituyendo un movimiento universitario (con docentes, administrativos y estudiantes), con un programa de cambio y voluntad política para llevarlo adelante. Que se defina una política de estado para el impulso de la Educación Superior; incremente su presupuesto; se implemente un sistema universitario nacional; se rediseñe normativamente sus mecanismos de representación

para la elección de sus autoridades y una gestión que refleje transparencia con indicadores de eficiencia y rendición de cuentas al país. La Universidad debe ser derecho de todo ciudadano; gratuita y de calidad. Debe precisar su autonomía como capacidad de definir sus normas de formación, independencia intelectual y financiera que le permita determinar el uso de sus recursos a fin de afrontar la autoevaluación y acreditación. Asimismo, la preservación de los valores universales de la humanidad deben ser los ejes de la Universidad actual, pues ya se encuentra condicionada por las tecnologías de la información. La cultura informática y los medios de comunicación social alteran la cultura escolar y académica. Pero el desafío central es el convertirse en intérprete de la evolución de las ciencias, las tecnologías y de las sociedades con el fin de plantear alternativas para un desarrollo inteligente y solidario. La Universidad debe ser expresión de un proyecto democrático, pluricultural, espacio de libertad y una instancia de conciencia crítica del saber universal a fin de que facilite repensar sus necesidades, organizaciones y formas de vida. Debe ser un espacio público que fomente la investigación y el saber sin ninguna restricción. Que propicie una sólida formación teórica, desarrolle el espíritu crítico y se cultiven las artes, el deporte, los saberes y desarrolle las potencialidades del ser humano.

En consecuencia, el rol de la Universidad en general y de la UNE, en particular, es dar respuesta a estos problemas que pasan por la continua construcción de un Proyecto de Estado-Nación el que mediante un gran movimiento de inclusión social, técnicamente orientada en base al Proyecto Educativo Nacional, se impulsen los cambios profundos a través del aparato estatal y con las instituciones comprometidas se enfrenten las fracturas y se plantee la reforma del sistema educativo nacional en todos sus niveles y la apertura de un nivel de 3 años de duración al término de la secundaria, para el estudio de carreras técnicas intermedias; y una reestructuración académicaadministrativa de la universidad, dentro de los cauces de su autonomía, acorde con las necesidades y demandas que exige nuestra sociedad en la coyuntura actual. Y que además, oriente una educación comprometida con su comunidad a través de un proceso de cambio permanente y mejora de la calidad educativa en beneficio de los pobres del Perú.

7

DEFENDAMOS LA ESENCIA PEDAGÓGICA DE LA CANTUTA

ŸLa Cantuta, como institución formadora de maestros, nació en los albores de la República. Como Basadre bien señaló, San Martín, al declarar nuestra independencia, dio al Perú una Bandera, un Himno y una Escuela para preparar maestros. Y esa Escuela es hoy La Cantuta, la institución que durante 190 años ha cumplido, con bajas y con altas, la señera misión que se le encomendó. ŸHace 107 años empezó el funcionamiento regular de la Escuela Normal de Varones, que iba a ser antecesora directa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La inauguración de la Escuela se consideró como un significativo avance para el desarrollo nacional y como una obra que redundaría en mayor simpatía para la gestión del presidente Pardo. Ÿ Hasta entonces, y con los avatares que sufriera la Escuela Normal a lo largo del siglo XIX, los maestros de escuela se formaban casi de manera autodidacta, al no existir formalmente una institución que los formara profesionalmente. La flamante institución se entendía como el lugar donde el futuro maestro adquiriría conocimientos y aprendería mantener un diálogo constante con sus compañeros, relación que le proporcionaría ciertas aptitudes válidas para su aplicación en la tarea educativa. Las instituciones formadoras de maestros de escuela –se decía entonces, como se diría hoytienen una importancia vital, toda vez que moldean al ser humano que adecuadamente instruido será parte del desarrollo y progreso de su pueblo.

Ÿ El 31 de diciembre de 1955 se promulgó la Ley Nº 12502 que elevó a la entonces Escuela Normal al nivel universitario, con autonomía e integrante del sistema universitario creado

desde 1949 por la ley Nº9359, tal como fueron establecidas, precisamente desde ese año, la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Agronomía.

Posteriormente, todas ellas fueron paulatinamente elevadas, también por Ley, a universidades.

ŸLa diversificación es, en primer término, una completa violación de la Ley que la designó específicamente como Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para la formación del magisterio. La imposición total de la diversificación repletaría a La Cantuta con múltiples carreras profesionales ajenas a su propósito, cuyos profesores, por la lógica de las instituciones universitarias, tomarían el control de la Universidad Nacional de Educación y ubicarían la formación de maestros, como sucede en todas las universidades, en una Facultad entre muchas otras. La diversificación entrañaría la muerte de la institución formadora de maestros. Tal desaparición no sólo sería simbólica. El presupuesto universitario se iría mayoritariamente a estas carreras, las que, además, son extremadamente costosas. Y se tendría que, en vez de luchar por más recursos para mejorar la preparación de los maestros, esforzarnos por más presupuesto para preparar ingenieros y demás carreras incorporadas. Ÿ¿Qué ventajas tendría la imposición de la diversificación en La Cantuta?

Ninguna. Pues habría que construir todo para las otras carreras, no sólo aulas, sino también talleres, laboratorios y paraninfo, en un terreno que ya está repleto de construcciones. Los posibles alumnos de esas carreras superarían largamente a los alumnos que se preparan como maestros, pues las estadísticas de todas las universidades nos revelan que los postulantes se orientan en cantidad a otras carreras antes que a la educación. La Cantuta fue construida para albergar 1000 alumnos (incluidos los centros de aplicación). Con algunos edificios adicionales, hoy tiene aproximadamente cerca de 6000 estudiantes. La diversificación de la Universidad Nacional de Educación esconde el proposito de crear otra institución utilizando sus actuales instalaciones, y a la vez aniquilar a la institución formadora de maestros pues su verdadera misión y visión quedaría desvirtuada.

Ÿ El compromiso de La Cantuta con la sociedad y el Estado es afirmarse

como institución pedagógica y recuperar el liderazgo en la formación de educadores. La misión central de la UNE es preparar docentes que sean profesionales justos, honestos, autónomos, cultos, democráticos, que no permitan la violencia ni el atropello o la injusticia y que contribuyan con todos los medios a su alcance a la consecución del progreso de su comunidad y el desarrollo de nuestra sociedad y por ende a la justicia social, que es la base de la convivencia armónica de los peruanos.

Ÿ Proponemos que, una vez reafirmada esa misión principal (también con el inicio de una carrera de Gestión Educativa y Pedagógica, para formar directores y subdirectores), nuestra universidad realice primero un prolijo estudio, y luego un amplio debate sobre la pertinencia de dar cabida o no en la estructura de la UNE a algunas carreras afines a la Educación, por ejemplo, Especialistas en Problemas de Aprendizaje, Tutoría, Convivencia Escolar, Intervención Psicoeducativa; Sociología Educacional, Antropología Social, Fonoaudiología, Comunicación Social, Arte y Diseño, Informática aplicada a la Enseñanza, entre otras. ŸRechazamos las pretensiones de la actual gestión que, en lugar de fortalecer y mejorar la calidad académica – administrativa de la UNE generan y propician la diversificación eliminando con ello la esencia pedagógica de la UNE

Ÿ

¡Defendamos la esencia pedagógica de La Cantuta! Al Perú sí le interesa la formación del magisterio. La Cantuta es, por su origen y por su historia, patrimonio cultural del Perú. Es la institución de los maestros peruanos establecida para dignificarlos y dignificar la carrera magisterial. El título de Alma Máter del Magisterio Nacional, que los maestros del Perú le dieron, perdería todo su sentido. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle debe pervivir.

Diversificarla es acabar con ella.

ADHESIONES Los docentes, estudiantes y graduados que estén de acuerdo con el contenido del presente documento o que deseen formar parte del Grupo Académico Encinas pueden expresarlo con un breve mensaje por correo electrónico dirigido a: Prof.

David Aguilar Berrospi (David_aguilarb@yahoo.es) o a Prof.

Humberto Vargas Salgado (huvarsal@yahoo.es) con la indicación de nombres y apellidos, DNI, Facultad y teléfono de casa o celular.