Comunicación social en méx

Marco jurídico de regulación para los medios de comunicación en México Lic. Héctor Villarreal Ordóñez.

Antes que nada quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría Jurídica, la oportunidad para participar en esta interesante mesa sobre la cultura de la legalidad y los medios de comunicación.

El tema tiene una importancia especial, más aún en momentos en los que la agenda política y en general el debate público han puesto a los medios de comunicación como un asunto central, destacando la trascendencia de su función en la democracia y, con ello, la necesidad de modernizar las normas jurídicas que rigen sus relaciones con los poderes políticos, económicos y con la sociedad en general.

No hay duda, hay pruebas de ello en lo que hemos escuchado, que el marco jurídico para regular la comunicación en México es insuficiente y caduco; lo es ante el avance tecnológico y también lo es ante la creciente demanda de espacios de participación. Pero lo es también a la vista de que el dinero y otros intereses particulares han puesto obstáculos a través del espectro radioeléctrico a la adecuada consolidación de la democracia.

Por eso, las recientes reformas constitucionales surgidas en el Senado y aprobadas ya por la mayoría de los congresos locales para limitar la capacidad de influencia no regulada de los consorcios mediáticos en los procesos electorales parecen apuntar en la dirección correcta.

Si esos cambios logran llevarse a buen término, también a nivel de los ordenamientos secundarios, ayudarán para acotar a los poderes que, encarnados en las pantallas y micrófonos de la radio y la televisión, han desbordado ambiciones, expectativas y ganancias económicas.

A estas nuevas reglas se sumará, esperemos que para bien, el resultado que arrojen los esfuerzos que el Congreso Federal ha emprendido para revisar y modernizar específicamente las leyes en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.

A fin de cuentas, todas esas reformas podrán redundar en la existencia de normas jurídicas más modernas, más congruentes con la realidad política, económica y social del país que propicien un mayor apego de los medios electrónicos de comunicación en su operación cotidiana precisamente a la legalidad.

El concepto de legalidad ha sido definido desde diferentes enfoques, escuelas, posturas, pero más allá de la definición que se adopte, está claro que hablar de legalidad evoca al principio rector de un sistema social en el cual la ley es el punto de partida para regular las conductas que merecen ser tuteladas de manera formal por el derecho.

La legalidad implica el apego irrestricto a las normas tanto en el quehacer cotidiano de la autoridad como por parte de todos los que participamos de la convivencia social.

Ahora bien, en el marco de la ley los medios de comunicación están naturalmente obligados a conducirse con apego puntual a las leyes que los regulan, pero dentro de ello, está también cumplir con su función social, la cual -entre otros objetivoscontempla que la radio y la televisión deben ser precisamente promotores de la cultura de la legalidad entre los ciudadanos a los que llegan sus transmisiones.

Es decir, los medios no pueden limitarse sólo a cumplir con las disposiciones jurídicas que los rigen, sino que tienen la obligación de fungir también como agentes de divulgación y de promoción de los valores que dan cohesión y que animan el avance de la sociedad, entre ellos precisamente la cultura de la legalidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, la tolerancia y el resto de los valores propios de la democracia.

Y como dicen que la mejor manera para predicar es con el ejemplo, me parece que la forma en la que los propios medios se conduzcan constituye el más claro mensaje para promover estos valores.

Hoy, por ejemplo, observo que ha venido ganando terreno en ciertos ámbitos una percepción altamente crítica respecto de los medios de comunicación, desde la cual se hacen severas descalificaciones a su influencia en la vida de la sociedad.

Personalmente creo que algunas de esas críticas exceden lo que corresponde a sus verdaderas capacidades y alcances, pero al margen de ello, lo que sí es un hecho es que la percepción hipercrítica respecto de la actuación de los medios se funda en un muy bajo compromiso de los medios con las necesidades de su audiencia.

En días pasados, en el noticiero radiofónico que producimos y que transmitimos todas las mañanas desde el Instituto Mexicano de la Radio, conducido por el periodista Mario Campos, realizamos una mesa de análisis sobre diversos asuntos que atañen a la regulación y a la autorregulación en los medios de comunicación.

En esa mesa, el periodista y catedrático paraguayo, Benjamín Fernández Bogado, señalaba la falta de una mirada adulta en muchos medios en América Latina respecto de lo que significa el compromiso de informar. Él decía que la concepción de la idea de los medios como un poder ha desdibujado el enfoque de los medios como un servicio, lo cual está intensamente relacionado con el concepto de la ética que tiene que ver con el deber de contar la verdad y de hacer que la persona, es decir, el ciudadano que recibe la información y los contenidos se convierta él mismo en un poder informado y capaz, que pueda demandar, exigir, participar y al final del día hacer que nuestra democracia tenga un mejor sentido.

Por ello, decía Fernández Bogado, la aparente falta de entusiasmo hacia la democracia en ciertas partes de América Latina tiene que verse también como una responsabilidad de los medios de comunicación que no han realizado una labor correcta ni suficiente durante un largo tiempo.

En este sentido, el escritor colombiano Javier Darío Restrepo señalaba en aquella misma mesa radiofónica en el IMER, que en la medida en la que los medios resuelven el dilema entre conducirse como un servicio o como un poder, optando por lo segundo, por ser un poder, lo primero que deterioran es su propia credibilidad. Quizá ahí encaja perfectamente el dato del 42 por ciento que mencionaba Paco sobre los que no le creen a los medios de comunicación.

Señalaba también que cuando los consorcios mediáticos imprimen sólo una intencionalidad comercial a la manera en la que abordan la agenda pública, se alejan drásticamente de los intereses auténticos y de las necesidades reales de la población.

“El problema es sobre todo ético, explicaba Javier Darío Restrepo, porque el medio asumido como un poder se vuelve infiel a su auténtica naturaleza, que es la de reflejar la realidad y contribuir a su mejor comprensión.”

Abundaba que con ello viene el mencionado desaliento democrático, porque la gente carece de elementos adecuados para entender lo que está sucediendo a su alrededor, porque la información se le ofrece de manera sensacionalista sólo para hacer reaccionar a los sentidos y quizá con ello elevar los ratings, pero no para hacer reaccionar a la inteligencia ni mover a una participación informada. Y la democracia, estarán ustedes de acuerdo, se basa en una comprensión inteligente de la realidad.

Pienso entonces que otra vertiente de análisis y de trabajo para fortalecer la capacidad de los medios como promotores de la cultura de la legalidad, así como del resto de los valores de la democracia, es la vertiente que atañe a la instrumentación de mecanismos que comprometan a cada medio con un marco de referencia ético, que derive en un comportamiento más responsable y solidario hacia la ciudadanía.

Ya lo ha señalado la española Victoria Camps: “En una sociedad que aspira a la madurez democrática y a la autonomía de sus ciudadanos, las leyes no pueden preverlo todo, ni siquiera es deseable que lo hagan, pues al ser un tanto ambiguos los límites a la libertad de expresión puestos en las normas jurídicas, queda precisamente para el ámbito de la ética el indicar y respetar las fronteras entre lo permisible y lo inaceptable.”

En un entorno así, junto con las normas jurídicas modernas que requerimos, la ética debe ser -en mi opinión- también una herramienta muy valiosa para que los

medios realmente ofrezcan contenidos de mejor calidad y un periodismo responsable para cerrar el paso a los conflictos de interés.

Por supuesto que es valioso que en virtud de su trascendencia social ciertas aspiraciones éticas sean recogidas y tuteladas por el Derecho. En ese caso -pienso- estarían, por ejemplo, las garantías de la protección de la vida privada o el ejercicio del derecho de réplica.

Sin embargo, deberíamos asegurarnos de que, especialmente tratándose de un terreno tan cercano al ejercicio de las libertades, eso sea una excepción y no se convierta en una tendencia.

Pienso que es un error minimizar la influencia de los medios en la vida pública, pero creo que también es equivocado sobredimensionar o sacar de contexto sus supuestas capacidades para imponer unilateralmente conductas sociales.

Los medios inciden, pero no dirigen el pensamiento y la conducta personal ni colectiva. Y, por ello, enfatizar solamente la creación de leyes que los regulen puede resultar cuando menos insuficiente.

Para evitar eso, regular a los medios debe ir acompañado de un fortalecimiento de los sistemas educativos de los que dispone la sociedad, de la construcción de verdaderas condiciones de competencia entre los medios informativos, incluida sin duda la presencia sólida de alternativas de comunicación, como deben ser los medios públicos, que amplíen aún más las opciones y sirvan como contrapesos.

En fin, debemos hacer buenas leyes, pero también debemos promover consensos y un ejercicio más inteligente y más responsable de nuestra individualidad.

Pienso finalmente que una sociedad abierta y democrática sólo es viable si sus miembros cuentan con una sólida cultura de la legalidad, pero junto con el apego a las normas jurídicas bien diseñadas, la autorregulación debe ser el aporte ético y profesional de los medios de comunicación que mejore la calidad de sus contenidos, que dé credibilidad a la información que difunden y que los vincule mejor con las necesidades de su audiencia.

Muchas gracias.