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MILLONES DE DÓLARES QUE NO SE SABE A DÓNDE VAN Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com
Aun con la reunión que grupos comunitarios, ambientales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), sostuvieran con el congresista Raúl Grijalva sobre los criterios y procesos para la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en techos a personas de bajos recursos y discapacitadas, las organizaciones guardan reservas sobre cómo será el proceso de desembolso de los $1,000 millones asignados. Además cuestionaron una asignación mayor para la reconstrucción del actual sistema energético.
“Definitivamente no sabemos, el Departamento de Energía Federal anunció que para este verano estarían emitiendo unas solicitudes de propuesta para esos mil millones”, confirmó a CLARIDAD la licenciada Ruth Santiago, sobre cómo será el desembolso.
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La licenciada Santiago participó de la reunión con el congresista que se llevó a cabo a mediados de la última semana de junio en la sede del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), en Santurce.
No obstante, denunció que, para los grupos de la sociedad civil, es cuestionable el porqué se están asignado los $1,000 mil millones para la población con diversidad funcional y de bajos ingresos versus la asignación de $20 mil millones o más al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USCI, siglas en inglés), para reconstruir el mismo sistema “fósil, centralizado dependiente de la importación de combustible que no generamos aquí, que nos endeuda por qué tanto dinero para reconstruir lo mismo”.
La licenciada Santiago, denunció que recién descubrieron que el USCI está proponiendo usar $20,000 mil millones para supuestamente proveer plantas de gas (llamado gas natural que es el gas metano) y/o diésel por cinco años para supuestamente estabilizar el sistema.
“Con esos $20 mil millones podríamos proveerle sistemas de placas a la mitad de la población o más. Placas en techos con baterías y para los condominios hacer micro redes con techos alrededor para que tengan suficiente energía”, reclamó.
Según reveló la petición que han visto hace referencia de que las plantas se van a ubicar en la planta de Palo Seco, Cataño y en la planta de San Juan. En el caso de San Juan, apuntó que la planta estaría cerca del puerto de gas de New Fortress Energy (NFE). Más aun, denunció que el USCI le pretende comprar el gas a NFE. Al respecto trajo a la atención que el puerto de NFE es una construcción ilegal ya que no cuenta con el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, siglas en inglés).
“Construyeron un terminal de gas en la bahía de San Juan que ahora ya el tribunal reiteró la decisión de la agencia de que New Fortress tenía que haber solicitado autorización de FERC y no lo hizo y ahora están sometiendo la solicitud después haber construido el terminal y con esa gente es que el Cuerpo de Ingenieros está haciendo negocios, eso no tiene sentido que una agencia federal esté haciendo negocios con otra agencia que el mismo gobierno declaró que actuó ilegal”.
Agregó que la petición del USCI parece venir de la Oficina de Savannah, Georgia, lo que es bien raro porque casi siempre todo lo relacionado a Puerto Rico del USCI proviene de la oficina de Jacksonville, Florida.
Otro aspecto cuestionable que salta a la vista es el conflicto de intereses, dado al hecho de que la empresa Genera, que desde el 1 de julio es quien opera la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, es subsidiaria de NFE.
“Cuánto dinero va a coger el NFE. Está por ambos lados de la transacción que es un conflicto de intereses. Por un lado, va a operar las plantas y tiene un contrato para suplirle el gas que no lo han hecho constantemente a la AEE para las dos unidades 5 y 6 de San Juan y ahora por otro lado va a estar operando otro contrato para operar esas plantas”. Reparó que el USCI tiene que saber que Genera es una subsidiaria de NFE. “Es un negocio redondo para NFE, no es algo que redunde en el interés publico, ni que sea casualidad”.
La activista, miembro del Consejo de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, indicó que todas estas interrogantes le fueron presentadas al congresista Grijalva quien dijo que iba a investigar sobre las razones de este negocio. Para la licenciada Santiago quien está también detrás de este negocio es FEMA, que le interesa reconstruir el sistema para las compañías privadas.
Ante estas circunstancias por el momen- to, además del planteamiento a Grijalva, los grupos comunitarios están examinando todas las alternativas que entiendan necesarias para lograr que los fondos federales no puedan ser “para hacernos mas dependientes y mas vulnerables. Puerto Rico no tiene que ser un desastre tras otro, hay formas de pararse, de tener una seguridad energética que no es en la que están invirtiendo estas agencias federales, y de Puerto Rico”.
Al respecto apuntó a que las mismas agencias federales se están apartando de la política pública del presidente Biden que dice que para el 2035 en toda la nación estadounidense, que incluye a los territorios no incorporados, se supone que estemos en el 100% de energía renovable, por lo que actualizar la red eléctrica con plantas nuevas fósiles no lo va a lograr. Reveló que la recién la reunión pública que se hizo del Consejo de Justicia Ambiental de Casa Blanca este punto se dijo varias veces.
La licenciada Santiago, quien además participó de la reunión que grupos comunitarios sostuvieron el año pasado con el presidente Biden, y en otras reuniones con la secretaria del Departamento de Energía, no dejo pasar por alto que este departamento dijo en enero que Puerto Rico tiene de cuatro a seis veces el potencial de generar todo el sistema de energía del país con placas en techos, es decir que no hay justificación, para la petición de estas agencias.
“Aunque lo pidió la oficina de Savannah, Georgia no se sabe ni cómo se llegó a esta acción, quiénes estuvieron empujando esto. No descartó que probable sea el gobierno de Puerto Rico, el gobernador porque siempre se ha caracterizado por pedir nuevas plantas fósiles y no cree en la energía renovable distribuida”, manifestó.