Presentará María Elena Pérez-Jaén demanda de juicio político contra Adán Augusto López

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño informó que presentará una demanda de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por violentar la división de poderes y evitar el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

En rueda de prensa, recordó que el pasado 12 de abril, en una grabación difundida por el medio de comunicación “Latinus”, con el periodista Carlos Loret de Mola, “el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en reunión a puerta cerrada con los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal Ávila, los instruyó a no nombrar a los comisionados del Inai, para que éste quede inoperante, razón por la que el secretario de gobernación es susceptible de juicio político”.

Pérez-Jaén Zermeño señaló que el primer responsable de esta debacle es el propio Senado de la República, ya que desde el pasado 31 marzo de 2022 debería de haber nombrado a una comisionada y dos comisionados, por lo que “se convirtió en una institución inoperante con sólo cuatro de los siete comisionados, ya que a partir del 1 de abril de este año no existe el quorum para que sesione el Pleno del Inai”.

Explicó que derivado de las presiones que se ejercieron en el Senado, el pasado 1 de marzo del presente año, por mayoría calificada, se realizó el nombramiento de dos comisionados, sin embargo, estas designaciones fueron objetadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien él tiene la facultad constitucional para objetar el nombramiento de los comisionados, esto debe realizarse de manera fundada y motivada con razones jurídicamente válidas, y no sólo por motivos subjetivos que lleven el único propósito de obstaculizar el desempeño natural e institucional del INAI”, apuntó.

Lo anterior, dijo “corrobora nuevamente el intento autoritario del Presidente de la República de quebran- tar a los organismos constitucionales autónomos, en su afán de centralizar el poder en sus manos, y el de transparencia, no podía quedar exento”.

Sostuvo que el secretario de Gobernación, de acuerdo con sus facultades legales, es quien tiene a su cargo la relación con los poderes de la Unión; al transmitir la posición del Ejecutivo Federal no solamente lo hace en su calidad de representante, sino también de participante en la posición política e institucional.

“En su posición está en plena capacidad para negarse a transmitir la indicación presidencial y oponerse a ella, y si en el caso no sucedió, es partícipe, con plena convicción y voluntad, de paralizar la vida institucional, particularmente del Instituto como organismo democrático, pues forma parte de una decisión política fundamental consagrada en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política, luego entonces, susceptible de ser una conducta sujeta de juicio político por todas las razones expuestas”, sostuvo.

La diputada panista punteó que, por las acciones del secretario de Gobernación, lo hace susceptible de demanda de juicio político, ya que según el artículo 109 constitucional “procede el juicio político cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Detalló que para que se configuren las causas del juicio político se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios causen “perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

En tal sentido, subrayó que debe valorarse si las expresiones del secretario “en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del Inai -reproduciendo y compartiendo las expresiones del