SEGURIDAD Y JUSTICIA Rescatan gendarmes a comerciante extorsionada por la Unión Tepito

José Ángel Somera

En despliegue operativo realizado en el Centro Histórico gendarmes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fueron detenidos dos presuntos integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito” como posibles responsables de retener a una comerciante, a quien exigían una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad física y su negocio, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC mencionó que los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban recorridos de reconocimiento en la citada colonia, en atención a diversas denuncias ciudadanas por la comisión de delitos, a través de la frecuencia de radio fueron alertados de una persona que fue retenida por dos sujetos que viajaban en una motocicleta color negro con blanco.

Apuntó, por lo que de inmediato los policías implementaron un dispositivo operativo de búsqueda y localización, al llegar a un estacionamiento público ubicado en la calle República de Brasil, observaron cuando obligaron a la mujer a abordar un vehículo color gris con placas de circulación del Estado de México, por lo que con las medidas precautorias del caso ingresaron al sitio y con comandos verbales pidieron a los tripulantes que bajaran de la unidad.

Comentó, una vez que la mujer fue resguardada, les indicó a los gendarmes que los dos jóvenes momentos antes llegaron a su local de venta de extensiones para el cabello localizado en el Eje 1 Norte y la calle República de Argentina, donde la amenazaron de atentar contra su vida si no entregaba una cantidad de dinero y se iba con ellos.

La afectada narró que por temor abordó la unidad en la que la llevaron al estacionamiento donde la forzaron a subir a un vehículo, mientras seguían con las amenazas y la exigencia de una suma de dinero para dejarla ir y que siguiera con sus ventas.

La dependencia local indicó que por lo anterior, los dos hombres, uno de 27 años de edad y un joven que dijo tener 16 años fueron detenidos, junto con el vehículo, la motocicleta y dos teléfonos celulares que les aseguraron luego de una revisión preventiva, los tras- ladaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Secuestro, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Añadió, tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 27 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2021 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. En tanto que, el joven de 16 años, tiene con un ingreso al mismo sistema por el delito de robo a transeúnte en la vía pública sin violencia en el año 2021. También se tuvo conocimiento que la motocicleta cuenta con varias carpetas de investigación por los delitos de secuestro y extorsión, por lo que quedó bajo custodia junto con el predio y el automóvil.

Además, se pudo saber que los detenidos posiblemente forman parte de una célula de la Unión Tepito que opera en la zona centro de la Ciudad.

Por otra parte, la SSC informó que en relación con un video que circula en redes sociales, en el que se observa que cinco personas viajaban, sin la autorización correspondiente al interior de la cabina del conductor de un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, “el hecho ocurrió el pasado 3 de mayo del presente año en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, donde cinco jóvenes fueron sorprendidos por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignado a la vigilancia de esa estación, dentro de la cabina por lo que les indicó que salieran”.

En

La juez 37 de los Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino Concepción Chávez Díaz, dio a conocer que en juicios de 30 días los juzgados en esa materia ordenan los pagos por daños suscitados por choque de automóviles, por lo que recomendó contar con una póliza de seguro de vehículo, ya que evita a los conductores en caso de causar daños materiales a otro automotor, terminar en el mejor escenario, ante un juez Cívico, y en el peor, ante un juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) que podría sentenciarlo a pagar los perjuicios, incluso ordenando poner a remate el carro involucrado u otro bien.

Chávez Díaz recordó que por reformas legales de 2008 este tipo de incidentes se sacaron del ámbito del Ministerio Público, es decir, de la materia penal, instancia en la que se llevaba a cabo un proceso muy tardado, lo que representaba mucha dilación para los afectados.

Mencionó, así se implementaron los juicios en los que se demanda el pago de daños culposos causados con motivo de tránsito entre vehículos, de los cuales actualmente conocen los jueces civiles de proceso escrito, quienes deberán emitir su resolución en un plazo máximo de 30 días naturales.

Aclaró, estos asuntos sólo llegan al PJCDMX previo conocimiento de un juez cívico, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, el cual se encargará de determinar qué conductor es responsable, una vez tomadas declaraciones a las partes, a testigos y a los peritos pertenecientes a esa instancia, no particulares, a fin de garantizar imparcialidad.

Aseveró, “sin embargo, cuando el responsable se niega a pagar, a pesar de la determinación del juez Cívico, en esa misma instancia se le entrega al otro conductor un formato de demanda que se remite ante el juez civil, para que, tras un proceso sumario de 30 días naturales se emita una sentencia, periodo

Se contradice FGJCDMX en señalamientos a alcalde de Benito Juárez

Tras dar a conocer los audios donde el testigo clave de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un empresario inmobiliario, involucra al alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada Cortina en la continuación del modus operandi del cártel inmobiliario en la demarcación, el vocero de la institución Ulises Lara López ahora aclara que no hay una indagatoria formal en su contra.

Lara López, manifestó que de ser necesario Taboada Cortina si sería citado a rendir testimonio ante el Ministerio Público adscrito a ese caso, “pero en calidad de testigo”.

Señaló, el también exdiputado local no tiene abierta ninguna carpeta de investigación en su contra, por los hechos por los que fue procesado el excoordinador del PAN en el Congreso local y exdelegado en Benito Juárez Christian Damián Von Roehrich de la Isla.

El vocero de la fiscal Ernestina Godoy en una entrevista televisiva, insistió en que “no hay alguna acusación formal contra el alcalde sino que se trata de los señalamientos públicos de un testigo, por lo que no hay una persecución política contra el alcalde Taboada Cortina”. en el cual se mantienen asegurados los vehículos, que pasan a resguardo del PJCDMX”.

Aseveró, “no hay una investigación, una carpeta abierta en contra del alcalde de Benito Juárez, los señalamientos es resultado de la declaración ministerial del desarrollador inmobiliario de City Towers, quien decidió fuese pública, en el momento que hemos señalado tengamos una información puntual, ya lo estaremos llamando ya sea de imputado o de testigo”.

Manifestó, “en la investigación han surgido una serie de hallazgos, testimonios y pruebas que eventualmente pueden vincular no solamente al servidor, sino otras personas que estén en algún sentido vinculados a estos actos”.

Indicó, “en el caso de los señalamientos no se está violando la presunción de inocencia, ni el proceso de investigación, ya que dicho señalamiento puede ser desechado por algún juez a través de actos aprobatorios presentados por el alcalde”.

Indicó, el vehículo de quien resulte responsable de los daños no se libera hasta en tanto no se garantice el pago, o en su defecto las partes convengan la liquidación del adeudo.

Aseguró que en la mayoría de los casos el que resulta responsable a consideración del juez cívico no impugna esa resolución en el juicio por el pago de daños culposos causados con motivo de tránsito entre vehículos. En caso contrario, detalló, se tienen que desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, periciales de tránsito terrestre y de mecánica, incluso llevarse a cabo careos, lo que sirve para que el juez del PJCDMX emita su sentencia.

“Cuando llega a nosotros (el caso) es porque no quisieron pagar; básicamente es un procedimiento muy sumario, es un procedimiento de 30 días naturales más el emplazamiento; entonces, en verdad, es mucho más rápido, eficiente, y creo que la reforma fue de lo más acertada”, consideró.

Advirtió, también es importante que el demandante verifique si el otro conductor es el propietario del vehículo con el que se causaron los daños, porque, en caso de que no sea así, el automotor no podrá ser rematado, aunque se encuentre a resguardo del órgano judicial, lo que dificultará la ejecución de la sentencia.

Niegan amparo a mujer relacionada con secuestro de hijo de activista

El VIII Tribunal Colegiado en materia penal negó conceder el juicio de garantías solicitado por la defensa de Brenda Quevedo Cruz quien este año cumplirá 16 años en prisión por su probable participación en el secuestro y desaparición del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, recurso legal con el que impugnó que un juez no quiso ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) que continuara con la indagatoria sobre la supuesta tortura que sufrió tras su detención en 2007.

En la sesión del Tribunal federal el magistrado ponente Jorge Isaac Lagunes Leano, expuso que consta en autos que fue materia de debate el tema de tortura en la audiencia, pero la asesora federal fue omisa en señalar qué elementos existían para que el Ministerio Público Federal continuara con la indagatoria.

Refirió, el juez de control detectó que este tema ya había debatido por una autoridad judicial distinta que resolvió en definitiva que no existía la conducta, de la forma en que fue planteada, sin embargo, el tema relevante “es que consta en autos que la propia Brenda Quevedo manifestó a la autoridad ministerial que no quería ser evaluada por los médicos o los peritos”, que se llevaron para constatar si existía o no evidencia que había sido torturada.

El magistrado ponente recordó que lapropia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que la negativa de ser evaluado constituye un impedimento para continuar con la indagatoria en un delito de tortura, existen un sinnúmero de precedentes nacionales e internacionales para salvaguardar la dignidad de las personas que son víctimas de tortura, pero si finalmente quien solicita la apertura de la diligencia en la audiencia no es capaz de proporcionarle los datos suficientes para justificar la pretensión que se quiere, por lo que no hay razón para que un juzgador resuelva de una manera que no esté justificada.

En noviembre de 2020, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México. Esto derivó en la carpeta de investigación FED/ FEMDH/UNAI-MEX/0000333/2020, la cual quedó radicada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, de la FGR. En enero del presente año, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso de Brenda Quevedo.