Opcion 280 peque by PERIÓDICO OPCIÓN

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AÑO 14

QUINCENARIO

Bitácora de un artista Alberto Carcelén 40 años de creación pictórica Retrospectiva del 5 al 14 de junio de 2014 CCE Guayas Sala: Araceli Gilbert

El arte está de luto El martes 13 de mayo, en horas de la tarde, la muerte arrebató a la capital al “diablo quiteño”, al “hombre orquesta”, a Fabián Velasco, bien conocido en el mundo artístico, pero bloqueado por el sistema y los entes gubernamentales. Velasco, el irreverente artista, fundó el grupo de teatro “Los Perros Callejeros, y posteriormente con en su segundo y último grupo formado por él y sus hijos, mostró a sociedad su pasión por el arte en las calles y plazas de Quito por varias décadas. El Quincenario OPCIÓN expresa sus condolencias a la familia Velasco y a la comunidad teatral ecuatorial por tan irreparable pérdida.

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N o 280

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 2 | 3 POLÍTICA. Un Código Laboral que reafirma el statu quo. Entrevista al presidente UGTE

D E L A / O S E C U AT O R I A N A / O S P O R L A V E R D A D

22|23 | POLÍTICA El Fondo Monetario Internacional y la elevación de los combustibles.

US$ 0,30

12|13 ESPECIAL Consulta Yasuní: Informe de la Comisión Mixta de Alto Nivel.

POLÍTICA

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

Un Código Laboral que reafirma el statu quo POR Redacción OPCION

El 1 de mayo, en honor al Día Internacional del Trabajo, el actual ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, entregó el borrador del nuevo Código de Relaciones Laborales en manos de la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, en el marco de la convención de Alianza País que se realizó en la ciudad de Esmeraldas. El proyecto de 558 artículos engloba temas que deben ser objeto de normativas específicas, como es la seguridad social y que se menciona en el Art. 5, en el cual se excluye a los trabajadores autónomos de la seguridad social mientras en el Art. 13 se incluye a todos. Algunos juristas y sindicalistas coinciden en que el borrador contiene solo generalidades e infinidad de incoherencias, así como la involución del Estado de derecho en caso de aprobarse. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, expone su criterio en este tema: ¿El borrador de Código de Trabajo cubre las expectativas de los trabajadores? Las propuestas recogidas por los dos ministros anteriores y Carlos Marx Carrasco, van acordes con la política aplicada por la revolución ciudadana, en el marco del proyecto de cambio de la matriz productiva, y no recogen ni respetan los derechos humanos y las garantías que la misma Constitución otorga a los trabajadores y jubilados. El gobierno ha dicho que es un código revolucionario, ¿ustedes así lo consideran?

Ese borrador no tiene nada de revolucionario y progresivo, al contrario es regresivo, donde derechos de los trabajadores serán vulnerados, ya que se plantea entregar solo el 35% de su salario básico por concepto de jubilación patronal, pero no se trabaja por garantizar una jubilación digna como establece la Constitución. ¿Cuál sería la estrategia del régimen para afectar a la jubilación patronal? Se plantea que se reemplazaría por bonificaciones con lo que se eliminaría la jubilación patronal, en el caso del sector público, que en otras palabras es otra forma de liquidar en forma inadecuada a los trabajadores por los años laborados y con valores irrisorios; lo que se debe plantear es la estabilidad laboral y una jubilación patronal universal. Las reformas planteadas en lo político, ¿qué significan? Con eliminar los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución y convenios internacionales, no se garantiza la estabilidad laboral, la jubilación, la contratación colectiva, la libre sindicalización. El Código creado en la década de los 30 garantiza derechos, ¿pero ya no es hora de modernizarlo? Por eso los trabajadores presentamos nuestro proyecto en la Asamblea Legislativa, que no ha sido tramitado. El del gobierno no moderniza sino que retrocede en derechos conquistados a lo largo de estas décadas. Con la aplicación de distintas leyes afecta los derechos; está en ese camino el Código

de la Producción, que habla del salario digno, está el COOTAD que menciona que si el municipio no tiene recursos no puede negociar ningún contrato colectivo, dando más garantías a transnacionales que pretenden “invertir” en el país y presionan al gobierno para que flexibilice las políticas laborales, que se elimine la huelga o la contratación colectiva, o el derecho a formar la organización. El proyecto resta el derecho a la sindicalización? Es la exigencia de los empresarios a pretexto de más productividad, y se propone los sindicatos por ramas o por actividad, que serán conformados por 90 trabajadores mínimo. Pero no concordamos cuando se menciona que no se firmará la contratación colectiva si la tercera o cuarta parte de los agremiados no está de acuerdo. La UGTE plantea que se debe establecer el respeto a la organización ya establecida

José Villavicencio | Presidente de la UGTE

16 AL 31 DE MAYO 2014 como son los comités de empresa o sindicatos. Entonces estaría en auge la flexibilización laboral? Sí; se ha regresado a la contratación precaria, discrecional, que le da opción al empresario que establezca la jornada de trabajo, que es de 40 horas y de lunes a viernes, pero el gobierno plantea que puede ser de lunes a domingo y sin pago de horas extras o extraordinarias por el trabajo en fin de semana o pasada la jornada habitual. Con esas atribuciones el empresario jamás tendrá que pagar horas suplementarias, dejando de lado la integración familiar; por lo tanto no es de beneficio social este código. La mensualización de los décimos es conveniente? El presidente ha manifestado que en el tema de la mensualización de los décimos no cederá, sin embargo también ha dicho que se socializará, lo que no se ha dado; pero nadie nos ha preguntado si deseamos que nuestro patrimonio, que está blindado por la Constitución, que señala que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, sea mensualizado. Lo que se quiere mostrar es que mensualmente el trabajador cubre el pregonado salario de la dignidad, y que hay un incremento de salarios, que no es cierto. No estamos de acuerdo con que se distribuya sin autorización del trabajador los décimos, los fondos de reserva y otros valores, que no son parte de un salario sino complementos. Para la mensualización se han tomado como referencia estudios técnicos y matemáticos, pero no la situación social real, para ver la realidad de los perceptores presentados por el gobierno, que ocultan la existencia de miles de madres que son cabeza de familia y a a las que no alcanza el “salario digno”, porque no tienen otro ingreso o perceptor en el hogar.

Esta modalidad aplicable solo para el sector público, lo convierte también en un instrumento discriminatorio. ¿Lo califica como atentatorio a la Constitución? Sí, ya que la Constitución es reconocida como una de las más garantistas y con este borrador de Código Laboral, que pretende dar cabida y beneficios solo a los empresarios, se vulnera la Carta Magna, y por lo tanto los derechos adquiridos que ella garantiza. ¿Cómo se afecta el derecho a la huelga? La huelga está consagrada en la Constitución y en convenios internacionales, y en los contratos colectivos como último recurso para hacer respetar los derechos de los trabajadores, pero en el proyecto del gobierno se propone que la huelga se dé fuera de la institución, a un kilómetro, con lo cual la presión de los trabajadores se diluye. El pretexto es no afectar la productividad, mientras se afectan los derechos de los trabajadores, ya que se establece que solo se podrá iniciar una huelga por despido de los dirigentes. y los demás donde quedan? ¿A quién se favorece con esta política? Al sistema capitalista, con reformas que contribuyen a su fortalecimiento, de manera que se favorece a los empresarios y monopolios nacionales y extranjeros. No hay una política que respete los derechos de los trabajadores y los convenios internacionales, por el contrario se incrementa el acoso laboral en este gobierno, es una política similar a los gobiernos anteriores. ¿Cuál es la situación de los trabajadores autónomos?. La propuesta no es coherente, se queda en generalidades, ya que no existe relación de dependencia con las empresas que les proveen los productos que comercializan.

EDITORIAL

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

No todo lo que se vende afuera se consume adentro Durante las

últimas semanas, los ecuatorianos hemos sido objeto de una agresiva campaña publicitaria mostrando al presidente Correa con la birra y la toga, atuendos simbólicos de quienes obtienen el doctorado Honoris Causa, título honorífico que conceden las universidades a todas aquellas personas con méritos excepcionales, por sus contribuciones a las artes, a las letras o las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. Los atributos que han destacado quienes apadrinaron este nombramiento son las contribuciones a la educación y a la reducción de la pobreza. Hay que reconocer el buen trabajo que han hecho en este sentido los funcionarios de la Cancillería y los pu-

blicistas del gobierno para posicionar a nivel internacional la imagen del Presidente, no cabe duda que la combinación de producto y atributo ha sido bien manejada: un Presidente que ha logrado el “milagro ecuatoriano”. Tal parece que el impacto buscado con todos estos reconocimientos del mundo académico es que los ecuatorianos pensemos que no hay nada más maravilloso que seguir gobernados por tan ilustre Presidente, quizás el único con tantos honoris causa. Sin embargo, no todo lo que se vende afuera es lo que se consume adentro. Mientras el mandatario recibía su nuevo honoris causa en Chile, en el litoral ecuatoriano miles de madres de familia deambulaban con lágrimas de indignación, buscando un cupo para el ingreso de sus hijos a las escuelas y estos niños, lejos

de contar con establecimientos confortables y seguros, tuvieron que iniciar clases en campamentos improvisados; y qué decir de los miles de jóvenes que se quedaban fuera de las universidades. Mientras afuera se exhiben cifras de un país maravilloso, casa adentro cerca de dos millones de pobres sobreviven con un bono de 50 dólares mensuales; y se ha iniciado un plan, en concordancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la elevación del precio de los combustibles, la electricidad y la eliminación del subsidio al gas. Mientras afuera se habla de democracia, casa adentro se configura un gobierno dictatorial, que persigue y encarcela a quienes lo critican, que amenaza con invadir militarmente los territorios ancestrales del pueblo Sarayaku y

Algunas personas son tan

falsas que ya no son conscientes de lo que piensan, dicen y hacen militariza poblaciones como Intag, cuyo pueblo defiende el derecho a su tierra y se opone a la minería a gran escala. El derecho de participación de la ciudadanía, que reclamaba una consulta popular fue impedido fraudulentamente al anular las firmas del colectivo Yasunidos, impidiendo que el pueblo se pronuncie democráticamente, con su voto, sobre un asunto de gran impor-

tancia como es la explotación del Yasuní. Casa adentro, la persecución política crece y se acentúa la criminalización de la protesta social y de la pobreza, los espacios y derechos democráticos garantizados por la Constitución se restringen cada día, dejando como camino que las calles y plazas sean los espacios de expresión de los pueblos y sus organizaciones.

“Es cuestionable la afectación a los derechos de participacion en Intag” POR David Rosero Consejero del CPCCS

Los sucesos que acon-

tecen en este sector de Intag, provincia de Imbabura a propósito de la intervención de la Empresa Nacional Minera y el desplazamiento de la policía a la zona que ha amedrentado a los habitantes y no ha contribuido a una solución al conflicto que podría afectar a la

naturaleza y a los pobladores del sector. “Soy partidario de la deliberación pública, del debate, de la discusión y análisis de los problemas en donde la autoridad no imponga sus reglas sino que preste oídos a las demandas ciudadanas. En Intag se hace lo contrario

y se encarcela a los dirigentes comunitarios como Javier Ramírez para quién solicito su inmediata libertad, eso no es democracia”. ¨Perseguir o emitir órdenes de prisión contra los dirigentes no soluciona el conflicto en Intag, al contrario lo atiza más y peor aún cuando

la ciudadanía se ve imposibilitada de opinar o plantear propuestas, nosotros como Consejeros de Participación estamos para promover y velar el cumplimiento de la participación que garantiza la Constitución y la ley, por ello considero que urge abrir espacios participativos y trans-

parentes sin la imposición autoritaria de la minería a gran escala en territorios donde sus habitantes sienten que corren riesgo sus vidas por la destrucción de la naturaleza y los impactos ambientales que los procesos mineros ocasionarían¨.

OPINIÓN

16 AL 31 DE MAYO 2014

Correa: Dos “pinchazos” al mejor estilo de Lucio Gutiérrez POR Segundo Buendía

En enero del 2003, a pocos días de haberse posesionado como Presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez dictó sus primeras medidas económicas, entre las cuales estuvo la subida del precio de los combustibles, a los que se refirió Lucio no como un paquetazo, sino apenas como un “pinchazo”, pues la subida fue del 39% para la súper y 32% para la extra y, se preparaba a las primeras negociaciones con el FMI, que le pedía estas medidas como requisito para un préstamo de US$500 millones. En estos primeros días de mayo, Correa acaba de hacer algo parecido. Previamente, se había anunciado en abril que el Banco Mundial, al que Correa en años precedentes lo había rechazado y, -organismo que tiene un centro de arbitraje, el CIADI, que a su vez tiene que resolver el caso OXY-, había dado el visto bueno para un préstamo por US$ 1.000 MILLONES.

Correa, entonces, anuncia 2 medidas, 2 “pinchazos”, que curiosamente coinciden con lo del préstamo, ¿acaso el Banco Mundial se volvió de la noche a la mañana BONACHÓN? ¿y éste nada tiene que ver con los “pinchazos”?. La primera desición de Correa tiene que ver con los combustibles: las gasolinas súper y extra bajarán en 2 octanos, la súper de 92 a 90 y, la extra de 87 a 85. Si tú, ecuatoriano, tienes un auto, al que le tanqueas con gasolina súper, el vehículo te rinde digamos unos 50 km por galón; pero si decides cambiarte a extra, tu mismo carro te rendirá 40, tal vez 43 km por galón. Entonces es claro que ahora, al reducirse 2 octanos en las gasolinas, tú tendrás que poner mayor cantidad de gasolina, pues el rendimiento de los carros será inferior, así de simple. Dicho de otra manera, ¡se ha incrementado, el precio de las gasolinas! ¿Nos creyeron tontos? El segundo “pinchazo”

Los gobiernos que regresan a las prácticas antiguas, ya están obsoletos tiene que ver con la subida de las tarifas de energía eléctrica. En efecto, se acaba de anunciar que se subirá 1ctv. por kv.hora, de 8 a 9 centavos en las tarifas residenciales, es decir un 12,5%, a más del aumento de 2 ctvs. para la tarifa comercial. Esta subida plantea a su vez otros dos problemas: Primero, si como dice el Conelec esta subida afectaría solamente a 1,5 millones de usuarios, no así a esos 2,5 millones que tienen la tarifa de la dignidad, quiere decir que las 2,5 millones viven en Gustavo Reyes Caricatura e Ilustraciones Avispa | Kata Radio Opción Mayra Caiza Santiago Vinueza Stalin Vilatuña

EL EQUIPO Quincenario de opinión y análisis. Director Ramiro Vinueza

Corresponsales Venezuela | Noel Martello España | Yolanda Casternado Europa del este | Zoe Petrova Opción opina a través del editorial. El contenido de los demás artículos corresponde exclusivamente al punto de vista de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de este medio de comunicación.

Coordinadora Amparo Sigcha

Paola Pacheco Luis Merino Consejo editorial Oswaldo Baez Edgar Isch Guido Proaño Marcelo Andocilla Arturo Quishpe Remo Cornejo Francisco Garzón

Equipo de Redacción José Villarroel Nancy Rosero

Dirección: Sta. Prisca Oe3-26 y Pasaje San Luis Of. 102 - 103 Telf.: 2282011 | Quito - Ecuador

Editor Franklin Falconí

Los Trabajos que aparecen en Opción pueden ser reproducidos, siempre que se cite la fuente y la fecha de la edición

la pobreza, es decir el 62,5%, lo cual contrasta con los datos que señala el INEC, de que la pobreza ha disminuído, con datos del 2013 al 17,7% en el sector urbano y que no supera el 25,55% en el promedio global. ¿Cuál de los dos datos es el correcto? Pero hay un segundo problema y este sí es extremadamente grave. Con el denominado cambio de la matriz energética se pasará en poco tiempo al uso generalizado de la energía eléctrica, en cocinas, duchas, etc pues el gas ya no será subsidiado. Algunos ecuatorianos pensábamos que con éste cambio se iban a reducir las tarifas eléctricas hasta unos 4 centavos, que es la tarifa de los pobres, que el actual gobierno ha calificado como de la Dignidad, pues al 2016, en que estarán en funcionamiento todas las centrales hidroeléctricas, el 95% será cubierto por la electricidad hidroléctrica, que en promedio no rebasa los 3 centavos el kv-hora. Entonces para el 2016 Correa se apresta a ejecutar ya no un tercer “pinchazito” sino un verdadero “PINCHAZOTE”. Un verdadero PAQUETAZO.

kata

POLÍTICA

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

El TLC europeo eterniza la dependencia POR Paúl Suntasig

Con la finalidad de com-

prender lo que implica el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, se realizó el foro: “Quien gana, Quien pierde”, el jueves 8 de mayo del 2014 a las 17 h 00 en el Auditorio del Banco Central del Ecuador. Este acuerdo de negociación de Ecuador con la Unión Europea es un proceso que se está adelantando y lleva 10 años de negociaciones, mencionó en su intervención Genaro Baldeón, Viceministro de Comercio Exterior. Este es un acuerdo político y de cooperación, sostiene, y dice que la Unión Europea tiene un sistema de preferencias arancelarias con los países en desarrollo. Para ser parte de esta negociación, Ecuador se ha comprometido a respetar una serie de instrumentos vinculados directamente con los Derechos Humanos y las relaciones comerciales, señaló el viceministro. Este acuerdo contiene 14 títulos que vinculan directamente con las instituciones de comercio de mercancías, de servicios, de contratación pública, de propiedad intelectual y de desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Para Cristian Espinoza, de la Cámara de Comercio Ecuatoriana, Ecuador está cercano al tema de comercio, ya que anteriormente se realizaron negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y asegura que para una negociación de esta magnitud hay que tomarse el tiempo necesario. ¿Quién gana y quién pierde?, para Espinosa

las negociaciones se realizan porque ambos saben que ganan, aunque considera que se necesita reflexionar mucho sobre lo conveniente de las negociaciones; sin embargo, afirma que de las dos partes va a ganar más y otra menos. Alberto Arroyo, de la Red Mexicana de Acción frente al libre comercio, sostuvo que estos tratados no son exclusivamente de comercio, “el problema es que solo pocos artículos son realmente de comercio, el resto son de “disciplinas” como lo llaman”, desde su propia experiencia en México agrega que las exportaciones tienen poquito valor agregado extranjero. Diego Borja, expresidente del Banco Central del Ecuador, durante su intervención hizo cuestionamientos refiriéndose a los textos del Acuerdo Comercial, al cual no han accedido, y el único que a su criterio se encuentra informado es Baldeón, Viceministro de Comercio Exterior, obviamente porque están involucrados en las negociaciones. Los cuestionamientos de Borja son en el aspecto político, afirma que este no es un acuerdo para el desarrollo, es un TLC, ya que tiene característica de un Tratado. Remitiéndose a los textos del Acuerdo con la EU, mencionó el Artículo 329, en el cual se propone qué es lo que se debe negociar; en el Art. 4 que trata de los objetivos se habla de la liberación progresiva del comercio de mercancías y de servicios, el creciente flujo de inversiones, la liberalización del pago de corrientes. Por estos argumentos enfatizó que

este no es un Acuerdo Comercial, es un TLC, en el que obviamente no saldrá favorecido el país. Cuestionó que no se han dicho las cosas por su nombre y que de esta manera no se ha permitido al pueblo ecuatoriano que se pronuncie por lo que se ha pronunciado históricamente, que es la oposición radical a un TLC con Estados Unidos y que a su juicio es uno de los argumentos por el cual el gobierno de la revolución ciudadana ganó el 2006. Uno de los perdedores en un proceso de TLC, según las apreciaciones de Borja, es la transformación de la matriz productiva. ¿Por qué razón? ¿las personas que están involucradas hoy en el comercio se cambiarían de actividad a la biotecnología, la nanotecnología como plantea la matriz productiva?; y añade que el 83.2 % de las exportaciones a la Unión Europea son de 10 productos que son materias primas y básicas. Lo que se

El librecomercio y una falsa democracia, solo incrementan la desigualdad y aumentan la pobreza. está haciendo es consagrando y eternizando la condición de país dependiente. ¿Qué incentivo económico podrían tener para trasladarse de la producción de banano o preparados de atún?, no hay un incentivo económico, probablemente estemos haciendo un acto de borrar con una mano lo que hicimos con la otra. La enorme inversión en Yachay sería dinero tirado a la basura, en un sentido social; no se trata de menospreciar, por eso es contradictorio consagrar un carácter

dependiente de la matriz productiva y plantearse un TLC con Europa, añadió. Finalmente, estableció Borja que en el aspecto Constitucional considera que las negociaciones que han llevado Perú y Colombia de aplicarse en el Ecuador estarían violando varias normas constitucionales, como: compras públicas, propiedad intelectual, soberanía alimentaria, régimen de desarrollo; para aplicar este Acuerdo tendrían que cambiar la Constitución.

La visión distinta sobre las negociaciones del TLC con EU, muestran que el Ecuador solo pierde.

DDHH

16 AL 31 DE MAYO 2014

Sarayaku: la resistencia de un pueblo POR PAÚL SUNTASIG

Sarayaku,

pueblo

kichwa que se encuentra relacionado directamente con la naturaleza, guardan el vínculo sagrado de respeto a la Pachamama y de solidaridad entre sus miembros, a la hora de compartir lo hacen todos sin distinción alguna. Este pueblo originario, con prácticas ancestrales y con su cosmovisión indígena amazónica, está ahora envuelto en una polémica por la protección que brindó en su territorio a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; a esos ciudadanos se los acogió de manera solidaria. Mientras tanto, el gobierno no ha visto con buenos ojos esta acción, por lo cual ha exigido que se entregue a los tres sentenciados. En la cadena nacional realizada por la Secretaría de Comunicación, luego de un sobrevuelo y posterior intento de aterrizaje, se manifiesta que no les permitieron entrar; en fotografías tomadas por varios medios nacionales, según el ministro José Serrano se muestra a Jiménez, Villavicencio y Figueroa con personas armadas a quienes calificó como grupos paramilitares, lo cual posteriormente fue desmentido por José Gualinga, dirigente sarayaku asegurando que “no son grupos paramilitares, son las personas de la misma comunidad quienes brindan seguridad a sus pobladores”. Según José Gualinga, los sobrevuelos en territorio Sa-

rayaku provocaron temor en la gente, la angustia se hizo presente en niños, mujeres y ancianos; al referirse al anuncio de la requisa de armas, sostuvo que ellos no tienen nada que esconder, que son escopetas antiguas que usan dentro del grupo WIO, y con respecto a la desintegración de este grupo señaló que no hay nada que desintegrar, que este es un grupo que se encuentra regulado por el CODEMPE, además es una policía comunitaria que resguarda a su pueblo, y que todas las nacionalidades poseen escopetas. Señaló que lo que el gobierno hace es un atropello ya que solo a Sarayaku se le presiona por la tenencia de armas. Sin embargo, el discurso del ministro Serrano no convence al dirigente del pueblo Sarayaku, quien lo defendió en el 2006 en el gobierno de Lucio Gutiérrez por la acusación de tenencia de armas dentro de su territorio; para el dirigente Sarayaku, dentro de su convivencia y cosmovisión, las armas, que solo incluyen escopetas y lanzas, son para la utilización en la caza y desmiente que son grupos armados. Ante esto, Marlon Santi, ex presidente de la CONAIE, en un comunicado hecho público dijo que el Estado tiene todas las facultades de hacer sus operaciones y, sostiene que no están en contra del ingreso, sino que esto debería coordinarse con los miembros de la comunidad, ya que sostiene que no se puede irrumpir y romper con la tranquilidad del pueblo. La entrada de

la fuerza pública, en el territorio que es lo que se ha estado gestando, significaría para el pueblo una invasión, ya que nadie puede entrar y destruir nuestra forma de convivencia pacífica, señaló. Patricia Gualinga, dirigente Sarayaku, dice que su cosmovisión viene de una línea yacha o de hombres de sabiduría, para ellos la selva es vida y está viva, por ello asegura que un enfrentamiento provocaría un desequilibrio, y hace hincapié en que su pueblo debe ser respetado por los gobiernos de turno. Asevera que los gobiernos deben tener una mentalidad amplia, considera que el logro de tener una Constitución de un estado plurinacional, multicultural, con derechos, debe servir para que se respete a los pueblos como es el caso de Sarayaku; para ella, el gobierno debe tener disposición para poder escuchar y respetar las prácticas ancestrales que se tiene dentro de

las comunidades. Patricia Gualinga añade que el pueblo de Sarayaku se ha venido enfrentado desde siempre a la extracción petrolera y hoy en día el caso de los tres sentenciados a quienes su pueblo ha protegido de una persecución ha causado gran revuelo. Mario Melo, doctor en jurisprudencia, con respecto a la tenencia ilegal de armas, sostiene que este es un pueblo pacífico que no actúa al margen de la ley y señaló que hablar de grupos paramilitares es un tema bastante complejo que no se podrá encontrar dentro de una comunidad indígena.

Patricia Gualinga En los actuales momentos el pueblo Sarayaku, a través de sus máximos dirigentes, ha dicho que se necesita dialogar para que puedan ingresar las fuerzas policiales; sin embargo, Melo sostuvo que los tres dirigentes sentenciados ya no se encuentran en su territorio.

Un pueblo, puede resistir a una invasón militar , y con dignidad a la sobervia.

La organización del pueblo Sarayaku, ha sido causal para que el gobierno ordene estrategias mlitares para su control.

POLÍTICA

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

¿Qué estado, qué derecho? POR Soc. Fausto Giraldo

Los gobiernos cuando

ven rechazadas sus políticas recurren a la frase de que hay “violación del Estado de derecho”, como mecanismo para disuadir y condenar, principalmente, la movilización social. El actual régimen del Ecuador no es la excepción, pues así ha calificado la posición asumida por la comunidad de Sarayacu de proteger al asambleísta Cléver Jiménez y dos de sus colaboradores. El Estado al que hacen referencia estos gobernantes es lo que autores como Groppali definen: “Estado es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un territorio con un poder de mando supremo representado éste en el gobierno”. Pero una definición más completa la dice Carlos Marx: “El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no el cómo”. Es decir, es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en

un territorio determinado, para cuyo ejercicio requiere de la configuración de una superestructura legislativa, jurídica, cultural, ideológica y militar, esta última como mecanismo de sometimiento de las poblacionales en base al “derecho” implementado como norma de convivencia social. Por otro lado, “Derecho” se podría decir que es el orden normativo e institucional de una sociedad cuya base son las relaciones sociales existentes, que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dado. Así, quien gobierna establece la base jurídica o las normas que sujetarán el denominado convivir social a través de la legislación. Recordemos que en el 2008 las y los ecuatorianos, en base a una propuesta que planteaba principalmente conducir a la sociedad en la búsqueda del denominado “buen vivir”, aprobó una nueva Constitución como norma jurídica superior que regularía las relaciones de este “supuesto” nuevo Estado, sin embargo en la implementación del andamiaje jurídico las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones perdieron coherencia entre los postulados constitucionales y los contenidos normativos. Por tanto he aquí el primer hecho de violación del denominado Estado de Derecho. La Constitución de la República manifiesta en su Artículo 1, sobre los principios, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos

(…)”. Y en concordancia con ello el Artículo 6 manifiesta: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”. Más adelante señala: “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” (Constitución 2008, Art. 11, Nrl 2). Cuántas ocasiones he-

mos escuchado mediante las denominadas sabatinas, cadenas y spots o cuñas cómo el gobernante induce mensajes de discriminación violentando lo mencionado en el párrafo anterior, sin que ninguna institución o autoridad sancione transgresiones a los derechos. No se puede olvidar epítetos como “gordita horrorosa”, “coloradita”, “mafiosos”, “izquierda infantil”, “drogadictos y alcohólicos”, “retardados mentales”, limita-

16 AL 31 DE MAYO 2014 ditos; entre otros que vulneran y denigran la condición humana de las personas. La Constitución “declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. Con la decisión de explotar el ITT Yasuní, ¿no se violenta otra vez el Estado de Derecho? El derecho a la educación en condiciones dignas y de accesibilidad para todas y todos está siendo negado a cientos de miles de niños y adolescentes que hoy tienen límites y dificultades en obtener un cupo escolar o a los miles de jóvenes que no han podido ingresar a la educación superior; así también el negado derecho de las amas de casa o mujeres embarazadas a la seguridad social ya que no hay decisión política del gobierno para generar la norma jurídica que permita su afiliación. El Estado está violando el bien más preciado del ser humano y de una sociedad: “la libertad”, se presentan como defensores pero en realidad vulneran permanentemente este derecho. El precepto constitucional de que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”, es incumplido. Eso de la “iniciativa popular” y el “ser consultados” se derrumban con lo acontecido en la revisión de firmas recolectadas por YASUNIDOS para promover una consulta popular sobre la explotación petrolera en el ITT Yasuní; el poder público respectivo, llámese organismo electoral, habría sucumbido frente al

público pronunciamiento gubernamental de que “en los planes del gobierno no está la consulta popular”. Es más, el organismo electoral, quien anuló la posibilidad de la Consulta en un proceso calificado de poco transparente, amenaza con criminalizar esta iniciativa de los Yasunidos. Se vulneran así los derechos de participación democrática. El derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones está negado, pues se ha criminalizado la opinión, la protesta y la lucha social; jóvenes, maestras, líderes sociales e indígenas, comunicadores y periodistas, medios de comunicación, gente común del transitar diario en las vías, y otros, son objeto de juicios por emitir su pensamiento crítico a la política del régimen. Encarcelados, enjuiciados, linchamiento mediático y más expresiones persecutorias son fiel reflejo de la violación de los derechos democráticos alcanzados con mucho esfuerzo y lucha. “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario” no existe para el ciudadano común afectado por la autoridad pública, sin embargo el poder exige cárcel y compensación económica cuando este es mencionado en una opinión. El Decreto ejecutivo numero 16, mediante el cual se regula la organización social y se desaparece a la organización de hecho, es una violación flagrante al Estado de Derecho, pues a más de irrumpir y echar abajo los Artículos 95 y 96 de la Constitución que determinan el res-

peto a la autodeterminación de la organización de la sociedad, vulnerando la participación ciudadana, terminan con lo dispuesto también en la norma suprema referente al derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Violando este y otros derechos apresaron a los 10 de Luluncoto, reunidos para discutir la defensa del agua y de la vida. Podría enunciarse muchos más aspectos relacionados con esta violación al Estado de Derecho. Si la Constitución dispone aspectos que permanentemente son violados; si las leyes, re-

glamentos, decretos, acuerdos y resoluciones no son concordantes con la Constitución; si las instituciones y entidades públicas hacen caso omiso a las disposiciones y se “rebuscan” o crean argucias jurídicas para impedir el convivir social y judicializan las libertades bajo el tenor de las alocuciones presidenciales; si la participación ciudadana es condicionada a la institucionalidad y no a la autodeterminación popular; si el pensamiento diferente simplemente es encarcelado y censurado, ¿estamos ante la ausencia de un Estado de derecho?

Un Estado diferente es el que sí aspiramos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, en el que los derechos de vida sean respetados por todas y todos, en el que las relaciones sociales sean principalmente de distribución equitativa de la riqueza que se genera por el trabajo y las normas regulen no la sanción sino el derecho colectivo y apuntalen la construcción de una sociedad del vivir común, más allá del territorio como espacio geográfico y un gobierno como órgano de administración de una propiedad que no le pertenece como es la existencia humana.

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DERECHOS HUMANOS

Las pruebas del fraude, según los Yasunidos POR Amparo Sigcha

“Es un fraude todo lo ac-

tuado por el CNE y las evidencias que tenemos muestran muchas irregularidades que ellos cometieron” aseguró Pedro Bermeo, uno de los voceros de Yasunidos, desde su sede, el viernes 9 de mayo, al referirse al proceso de verificación de firmas y al informe técnico entregado por el CNE el 8 de mayo pasado. “No se puede hablar de transparencia cuando desde el inicio de las actividades y de la formación del colectivo hubo agresiones, persecuciones, plagios (diseños y formularios) y suplantaciones de recolectores, y cuando el presidente del organismo Electoral estuvo de juez y parte en el proceso, (mostró un video con declaraciones del funcionario sobre los efectos mínimos de la explotación en el ITT y sobre las intenciones de Yasunidos)”, aseguró el joven ecologista. Mientras la presentación gráfica rodaba, Bermeo indicó cómo se violentó la cadena de custodia, se trasladaron las cajas de firmas a un recinto militar, se señaló que varios supervisores del CNE eran recolectores de firmas del movimiento País; además cuestionaron el poco tiempo que se tomaban para verificar la autenticidad de las firmas (3 firmas en un minuto). Preguntaron ¿por qué no existen grabaciones de la gente que trabajó en este proceso pasado la medianoche, sin la presencia de delegados del colectivo? Señala Bermeo que se descartó formularios por la diferencia de tamaño del papel (3 o 5 milímetros) menos

del establecido, por fechas, y lo más grave es la presencia de fojas que no estaban con el registro que el CNE colocó el 12 de abril a los más de 100 mil formularios entregados por Yasunidos, además de la supuesta ilegibilidad de las cédulas de varios recolectores, en las que se pudo ver claramente sus datos. Rechazan el informe aprobado por unanimidad (8 votos) del CNE, en el que se menciona que de las 599.103 firmas revisadas, 359.761 firmas son válidas y 206.504 fueron rechazadas. Por su parte el Vicepresidente de ente electoral, Paúl Salazar, aseguró que se tomarán las debidas acciones (legales) ante la Fiscalía por supuesto engaño de Yasunidos. Además informó que se entregará toda la información que el colectivo necesite, siempre y cuando sea mediante un recurso administrativo. Pedro Bermeo desmiente

a Salazar, ya que dice que más de 25 peticiones legales se han presentando para que se publiquen las supuestas irregularidades, pero no tienen respuesta alguna; además está el boletín del 3 de mayo en el que consta que son 50 mil firmas las rechazadas, y dos días después fue modificada la cantidad en 200 mil firmas rechazadas por no cumplir con las 15 formalidades que formaron parte del proceso de verificación y que no fueron impuestas a los partidos políticos el año pasado, cuando se comprobó que Alianza País tenía más de 500 mil firmas falsas. “La democracia y el Yasuní están en peligro de extinción” resaltó Gabriela Guales, ya que el CNE no está respetando el derecho a la participación, no se está demostrando independencia de parte del CNE al oponerse a la consulta y lo que representa; “solo queremos que

mentira es la única verdad que hay en la boca del necio La

la población se exprese si está de acuerdo o no con la extracción del petróleo del Yasuní y que se respete la democracia”, manifestó. Expertos se suman a la causa Marcos Martínez, jurista y grafólogo con una amplia trayectoria, ex asambleísta constituyente de A. País, miembro de la Comisión Mixta de Alto nivel para analizar el proceso llevado a cabo

Los voceros de Yasunidos temen que la vida del Yasuní y de la democracia se pierda

por el CNE, menciona que es lamentable lo ocurrido, ya que no se requiere ser grafólogo o grafotécnico para comprender los hechos tan vergonzosos observados. Al parecer a este tema se lo puede analizar desde distintos lados, el jurídico, el técnico y el político. En lo jurídico asegura que el CNE no puede determinar la autenticidad de las firmas sino analizar la similitud o disimilitud de una firma, ya que la declaratoria de falsedad solamente puede ser emitida por un juez penal en sentencia de última instancia. “Las atribuciones del CNE se limitan a ver la diferencia mas no la autenticidad, ya que según el reglamento de verificación de firmas de junio 2013 menciona que al CNE le corresponde verificar la similitud o disimilitud, pero para octubre de ese mismo año, se cambia el concepto de similitud por autenticidad, a pesar de que la Corte Constitucional en su dictamen no dice nada sobre tema”. “Por lo tanto, el CNE se está arrogando funciones de un juez de lo penal y emite su criterio a conveniencia; ha-

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Marcos Martínez | Grafólogo blan de similitud o verificación, poniendo en duda miles de firmas, y lo más lógico y rápido sería publicarlas para que el ciudadano, en un tiempo perentorio, diga si es o no su firma, y no como determinan los supuesto grafólogos en 30 segundos y menos un ciudadano un ciudadno sin estudios previos en el tema quien determine la similitud o disimilitud de las firmas”. Se prevaricó en este tema, cuando Domingo Paredes opinó sobe cosas técnicas, y por la falta de conocimiento y la parcialidad política. Para el grafólogo son tres inconstitucionalidades que se han cometido en el tratamiento de la verificación. En lo técnico El CNE no cuenta con un sistema informático que contenga 3 registros para la comparación, solo se compararon las firmas escaneadas con el formulario; tampoco contaban con una lupa, o lámparas reflectoras, todo fue hecho “a ojo de buen cubero”. Según el experto, solo para la verificación de una fir-

ma se requiere entre 15 y 20 días, y contando con más de una decena de firmas anteriores y posteriores a la fecha de investigación; expertos y peritos en la materia, comenta, en el país existen solamente 9 acreditados, por lo tanto los 30 que fueron parte del proceso de verificación del CNE no contarían con la experticia del caso, simplemente pueden ser estudiantes de criminalística, a más de los 200 ciudadanos contratados que tuvieron esa labor delicada, y que contaron con la presencia de los verificadores internacionales, y del defensor del pueblo que no se han pronunciado aún. Asegura Martínez que todos deben responder ante la justicia, porque invalidaron miles de firmas aut´nticas. Lo sorprendente, dice, es que en tres días los verificadores revisaron 579 mil firmas, en promedio 2995 firmas diarias cada uno y en 40 segundos por firma, y en un minuto y 16 segundos, sin comer ni dormir, lo que significa un “record mundial”... Con un tono irónico dice que la “eficiencia” rompió to-

das las barreras para el objetivo, solo superado por el Juez Juan Paredes, que en 33 horas estudió 5000 fojas y elaboró la sentencia de 156 fojas. ¿Trabajo extra? Como Yasunidos, señaló Martínez, desde el momento en que se rompió la cadena de custodia no nos responsabilizamos de que la “liga de la justicia” (Batman, Superman, etc) haya firmado, y se mez-

clen con las firmas de otros colectivos que se encontraban en el mismo sitio y bajo los mismos responsables. Pero lo que también llama la atención, que entre broma decían los verificadores, es eso de que “ahora de noche me toca ir al hueco”, entonces nos preguntamos: qué y dónde era ese el “hueco” y que se hacía ahí?, trabajaban a deshora ¿en qué actividades? La parcialidad de este tipo de gente se debe in-

vestigar, iniste Martínez. Dice que no se puede confiar en las instancias gubernamentales, que no existe un Estado de derecho sino un Estado de facto, donde los jueces hacen lo que se les dice en las sabatinas. ”Solo queda la movilización ciudadana y las cortes internacionales, ya que tarde o temprano se juzgará a los responsables, incluso a los 200 contratados por el CNE” concluye.

ESPECIAL

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Consulta : informe de la comisión mixta de alto nivel POR Redacción Opción

La Comisión conformada por Arturo Villavicencio, Carlos Larrea, Farith Simon, Elsie Monge, Marcos Martínez, Nina Pacari, Patricia Gualinga y Ramiro Ávila, quienes buscaron reunirse con los consejeros del CNE, sin tener respuesta, estableció las siguientes irregularidades:

Irregularidades observadas y denunciadas 1. Los primeros puntos que hemos logrado constatar de nuestra visita al sitio de verificación de firmas y que hemos receptado por parte del equipo de verificación del movimiento Yasunidos, son los que enumeramos a continuación: 1. En cuanto a los formularios y las firmas: Los formularios de firmas y las firmas contenidas en ellos son desechadas por cuestiones de forma: (1) Formularios desechados por estar impresos a ambos lados: 101. (2) Formularios con problemas de impresión, más pequeña: 470. (3) Formularios impresos en papel más pequeño (periódico): 126. (4) Formularios mutilados o manchados: 20. (5) En el 90% de estos casos tales mutilaciones o manchas NO afectan a la integridad del documento. (6) Formularios con fecha ilegible: 91. (7) Formularios con fecha fuera de rango: 54. (8) Formularios sin numeración:

53. (9) Formularios desechados por datos relacionados al recolector: 7.100. (10) En este grupo encontramos casos que se desechan por falta de copias de las cédulas o errores en información de recolectores. (11) Formularios desechados porque faltan firmas o números de cédula del recolector o sus datos son ilegibles (como copia borrosa). (12) Firmas eliminadas porque los apellidos constan en el casillero de nombres o viceversa, sin que exista un criterio único al respecto. (13) Firmas eliminadas aduciendo que el orden de los nombres no es el que consta en la cédula. (14) Firmas eliminadas aduciendo que el número de cédula consta en el casillero asignado al apellido. (15) Firmas eliminadas por errores ortográficos en los datos del firmante. (16) Firmas eliminadas debido a que nombres y apellidos del firmante no son legibles. (17) Formularios y firmas invalidadas al constatar alteraciones no en relación a la verificación directa

con el documento, sino en relación a lo que había constatado el verificador en pantalla en la fase anterior. (18) Firmas invalidadas porque algunas señoras firman con el apellido de casadas precedido por el “de” y no constan de ese modo en la cédula. (19) Firmas invalidadas debido a que los nombres y apellidos están borrosos en el documento escaneado, cuando esta duda podría aclararse acudiendo al documento original. (20) Firmas eliminadas por supuestos grafólogos que ordenan anular registros por detalles en los rasgos de las firmas. (21) Afirmación de que hay 100 cédulas repetidas, 10 ilegibles y 2 de menores de edad. Cuando se entregaron las cédulas no había cédulas repetidas. 2. En cuanto al proceso de verificación de firmas y formularios: Un modelo de verificación que no garantiza la transparencia y el proceso auténtico de veeduría ciudadana del proceso de verificación de firmas y formularios. (22) Ruptura de la cadena de custodia y apertura de la caja sin presencia

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de Yasunidos. En este momento podría haberse producido un fraude. Salida del CNE de cajas con fuerza pública y forcejeos. Dificultades para que los miembros del colectivo Yasunidos puedan ingresar al recinto donde se está realizando el proceso de verificación de firmas y formularios. No dejan ingresar con celulares, computadores ni nada que pueda facilitar el proceso de verificación de firmas. Maltrato a los verificadores de Yasunidos. El número máximo de representantes de Yasunidos debidamente acreditados que podían ingresar al recinto militar era de 16 personas. En ningún caso es más del 10% del personal del CNE. Esta información ha sido corroborada públicamente por el mismo CNE. En el local donde se efectúa el proceso de verificación de la consistencia de nombres y números de cédula entre los formularios presentados y los registros estatales, se encontraban 200 terminales de computadora en red, manejadas por 200 empleados

temporales del CNE, aparentemente contratados en forma temporal específicamente para estas funciones, con un entrenamiento previo corto. (28) Estos empleados califican la validez de los registros, con decisiones de trascendencia para el proceso, en un tiempo medio de 10 segundos por cada registro. En total se evaluaban en el recinto aproximadamente 20 registros por segundo por un equipo de 200 personas. (29) El grupo de supervisión de Yasunidos, compuesto por un máximo de 16 observadores, no puede físicamente evaluar estas decisiones ya que en el mejor de los casos pueden observar a 15 empleados, quedando los restantes 184, equivalentes al 92%, en capacidad de calificar la validez de los registros sin control alguno, y con un entrenamiento y calificación al parecer mínimos para tomar decisiones de esta trascendencia.

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Conclusiones y Recomendaciones 1. El proceso de verificación de firmas y formularios para realizar la consulta popular no reúne las condiciones para ser calificado como compatible con los principios democráticos que deben garantizar la adecuada participación y supervisión ciudadanas en un tema de tanta trascendencia nacional y global. 2. Lo único que en esta primera etapa se debe verificar es que las firmas correspondan a los nombres de los ciudadanos que respaldan la consulta. En consecuencia, los objetos de análisis en cada formulario deberían ser las firmas contenidas en el documento en el que consta

la solicitud de Consulta Popular con el siguiente texto: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?” Solo deberían desecharse las firmas cuando estas NO sean AUTÉNTICAS, para lo cual se debería determinar con exactitud cuáles son las tipicidades de la firma auténtica del individuo, y luego comparar la firma dubitada con firmas anteriores y posteriores. Dejando a un lado la consideración de que una firma solo puede ser declarada falsa dentro de un proceso penal. El sistema que tiene el CNE no puede determinar que una firma es auténtica o falsa. A lo sumo, lo que no

es concluyente, pueden sospechar que una firma es parecida o disímil a la firma de la cédula. 3. Es necesaria una verificación independiente de la validez de los registros presentados, empleando un procedimiento de muestreo, que incluya una muestra de entre 37.500 y 75.000 registros personales de los firmantes, seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, y que confronte los nombres y números de cédula de los firmantes con los registros públicos, verificando su compatibilidad. Este proceso puede ser adecuadamente evaluado caso por caso por una comisión de expertos con reconocimiento técnico y moral nacional e

internacional. Como resultado, se puede obtener en pocos días una estimación del número total de registros válidos, con un margen de error muestral muy pequeño e inferior al 1%. Finalmente se puede probar estadísticamente la hipótesis de que el número de firmas sea inferior al mínimo requerido por la ley para la convocatoria a consulta, que alcanza aproximadamente 582.000 firmas válidas. Esta probabilidad, acreditada por una comisión de expertos, tendrá un valor ético alto, y contribuirá a calificar la validez de los procedimientos y resultados impulsados por el CNE. 4. En cuanto a lo observado, el procedimiento de verificación, si es que

existe, es caótico, no existen normas claras ni protocolos, es arbitrario, contrario a la Constitución, que establece que los derechos no podrán ser restringidos, en la mayoría de los casos la verificación está sujeta a la subjetividad arbitraria de los funcionarios. 5. Los verificadores contratados por el CNE no son peritos acreditados. Debiendo además señalarse que el examen sobre la autenticidad de una firma se la hace en base al estudio grafotécnico que implica el análisis riguroso de firmas anteriores y posteriores a la dubitada, siendo necesario además la comparecencia del individuo y otros parámetros técnicos y no solo la comparación. Quien determina la falsificación de una firma es el juez en sentencia ejecutoriada de última instancia, en base a un informe pericial científicamente ejecutado. 6. Una sugerencia práctica sería que el CNE publique los nombres y apellidos, números de cédula de quienes considera que su adhesión está en duda, indicando que de ser así se acerquen a las oficinas del CNE a impugnar dichas firmas en un plazo perentorio, luego del cual si no existen impugnaciones las firmas deberían validarse. 7. Es nuestro criterio que no se puede sacrificar la voluntad de los firmantes por requisitos de forma. El principio constitucional de no restricción de los derechos y de interpretación en el sentido amplio y que más favorezca al ejercicio de los derechos, debe prevalecer. Consideramos que un caso tan sensible de interés nacional, como éste, en el que el ingreso al Parque Nacional Yasuní significaría un probable etnocidio y el evento de desaparición forzada de personas y el peligro de una grande y única biodiversidad, las formas, los términos, los plazos y los reglamentos tienen relevancia secundaria.

AL TROTE DEL LLAMINGO

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¡Birlados! “Este gobierno es de los jóvenes de la Patria”, afirmaba el candidato Insultán hace fechas, cuando quería granjearse la simpatía de guambras y guambros, de mijines y mijinas. “Si quieren tener voz y voto en la República de Absurdistán, ganen las elecciones”, eso tan dijo el Presidente Insultán, mas cuando se presentó la ocasión actuó como actuaron en la larga y triste noche neoliberallos celebérrimos padres de la componenda, Llegó la hora de tomarle la palabra. Agrupados en un colectivo de jóvenes denominados los Yasunidos, los jóvenes, hombres y mujeres recogieron más de setecientas mil firmas para que el Consejo Nacional Electoral llame a consulta popular para ver si se deja o no el crudo del Yasuní bajo tierra. Sabido es que, suponían de que el Gran jefe del movimiento de la bandera verde moco no darían paso a la petición. Que el mal de Absurdistán es que no aparecen nuevos líderes tan dicen los académicos y los politólogos aduladores del Insultán, quienes al mismo tiempo no quieren dejar la teta y acto seguido, según las viejas prácticas de la partidocracia, birlan el esfuerzo de la gente humilde, echando mano de leguleyadas: que el papelito no era ese papelito, que el esfero con el que se ha firmado no es de punta fina, ni made in China tampoco, que el formato no es formato sino más bien deformato, que había mejoresmente que… y así un celemín de argumentos fallutos que lo único que buscan es bloquear el asunto. Lo que queda claro, mis

panas, es que este gobierno le choleó a los jóvenes. “Que hagan nomás la consulta para volverles a ganar otra vez”, dijo el tarimero horroris causa en una de sus sabatinas; pero luego de la derrota electoral del 23 de Febrero de 2014, nunca aceptada por los ñañitosh, el Insultán arrugó y salió a decir en la prensa corrugta que la vaina se había politizado demasiado. Ele, aura ¿quién es el que tiene en el cerebro un zapato? Tal vez ignora el Insultán, el postgraduado en Lovaina e Illinois, que todo acto del ser humano es político. Economista como es, aura lo único que necesita es cushqui y más cushqui y por eso endeuda más al paisito para sostener la farsa de que la roboilusión avanza. Dice que con el petróleo del Yasuní la República de Absurdistán va a salir de la pobreza, la misma perorata con la que los neoliberales del siglo XX anterior y los sociolistos del siglo XXI hicieron chichirimicuis la economía del país. “A veces el Presidente supera la autoridad electoral” había dicho el Dominique Paretes que a todas luces se ha prestado para que responda a los intereses electoreros del patrón de Barsurandelet, quien lo había puesto allí y ya iba siendo hora de que le pagara el favorcito. Que en Absurdistán se garantizaba la libertad de expresión decían, que se garantiza el derecho a la resistencia también decían, por eso la nueva Partidocracia de la lista 35 llama a consulta popular para saber si el gallo es el de los huevos o la gallina, o si la vaca se olvidó que era ternera, o en su defecto si el pueblo quiere tomar chucula

con maqueño en vez de máchica colada; pero para asuntos trascendentales que afectaran a los pueblos ancestrales y no contactados como los Huaorani y los Taromenane simplemente se dice que eso no estaba en los planes del gobierno de turno y punto. La triste realidad es que Absurdistán está endeudado hasta el cogote, que el petróleo del Yasuní está prepagado para

las corporaciones chinas. Que zapateen nomás, que chillen y pataleen los Yasunidos, los ecologistas infantiles, los pelafustanes, los cuatro pelagatos y los dos o tres indios emponchados con plumas, acá en Absurdistán se hace la santa voluntad de patrón blanco, ojiverde su mercé. En todo caso lo que hay que ponderar es la berraquera de los panas, sea como sea es el primer paso para que el pueblo

pierda el miedo. El Insultán hoy debe saber que el pueblo algún día despertará y hará un asado con esa caterva de borregos que ganan de balde en la Asamblea Nacional. Un gobernante que no honra su palabra, que birla (quitar algo a alguien de forma engañosa y sin que se dé cuenta) a los jóvenes y a los ancianos no merece el más mínimo de los respetos.

CULTURA

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Con Gabriel en Riolila POR José Villarroel Yanchapaxi

Conocí a

Gabriel hace años, cuando en Riolila no había televisión, ni discotecas ni internet. Lo encontré una tarde olor a perra mojada en la biblioteca del colegio a donde solía ir a matar el tiempo. Carmen Álvarez, una hermosa dama de ojos color miel, había conseguido un lote de libros en donación de alguna Agencia de Cooperación, entre los que sobresalían las obras de un tal Gabriel García Márquez que por entonces resultó ser para mí una revelación, acostumbrado como estaba a leer la literatura indigenista de Jorge Icaza y del grupo de Guayaquil. Por entonces yo borroneaba famélicos poemas que casi nunca los leía o escribía cartas de amor por encargo para los enamorados. Hoy, andando la vida, muchos de ellos me dicen que soy el culpable de su desgracia o de su desgracia con felicidad según sea de ver. Gabriel tuvo la genialidad de mostrar el Macondo que habita en el inconsciente, ese bello absurdo que a veces sale a flote y lo negamos nomás porque no es nada placentero hacer la foca como dicen los muchachos; mostró que la realidad a pesar de lo terrificante que puede resultar también puede ser mágica. De algún modo, me recordaba a mi abuelo César, que vestido de poncho y alpargatas contaba sus cuentos de aparecidos al morir de las tardes, a la luz del candil, cuando volvíamos de picar cabuya para las vacas, pastorear las ovejas o de recoger el estiércol del ganado para abonar los guasines, mientras en el fogón, en una yana caldera, hervía un aguado

de gallina. Fue en mi adolescencia que leí La Hojarasca, el primer libro que Gabriel García Márquez empezó a escribir cuando tenía diecinueve años. Allí borroneó un lugar fantástico por el cual sería conocido por todo el mundo y ganaría el premio Nobel de Literatura: Macondo. Para el filósofo ecuatoriano Agustín Cueva, Macondo es: “en cierto sentido, la materialización de la infancia, individual y social, la nostalgia de esa etapa lúdica y aproblemática que la memoria busca perpetuamente fijar en una especie de tiempo eterno, cristalino; mas también es un espacio de degradación, de desgaste, sujeto a la acción de un `tiempo líquido´ que todo lo corroe”. Ya en la Pontificia Universidad Católica de Quito, de los jesuitas, me dio por escribir cuentos y novelas que aun guardo en una maleta de madera que mi madre me compró para ir a hacer el servicio militar obligatorio, del cual me escamoteé alegando que era sordo de chulla oreja. Los libros de Gabriel García Márquez me acompañaron gran trecho de mi vida universitaria, incluso en esas etapas en que andaba con ojos de perro azul y nadie me regresaba ni a ver, tal como reza la canción: “qué mala suerte que tiene el pobre/ que hasta los perros le andan mordiendo”; y parece que la soledad es una sarna emperrada que uno no se cura ni bañándose con mastuerzo. Es entonces cuando me veo atrapado por El Coronel no tiene quien le escriba, El General en su laberinto, El Otoño del Patriarca, los cuentos de Los

funerales de la Mama Grande y La Mala Hora, textos en los que Gabriel García Márquez intenta recrear los mecanismos del poder tradicional y su ideología ya que toma en cuenta el ejercicio terrorista de aquel poder, pues vive la violencia como un mal endémico en la sociedad colombiana, una violencia que, como anota Agustín Cueva: “Constituye el pan de cada día y no sólo sirve como mecanismo de dominación terrorista, sino como palanca de acumulación originaria dentro de un capitalismo verdaderamente salvaje(…) la presencia del capital en su forma imperialista, que sólo puede ser sinónimo de depredación”. Cien años de soledad, es sin duda la obra maestra de Gabriel García Márquez, marca un antes y un después en la literatura latinoamericana pues hace una ecuación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario en una suerte de engarce del Nudo Borromeo. Hay una complicidad entre el narrador y sus personajes, esa complicidad en que lo inverosímil se vuelve protagonista -eje del relato que a la par decanta una concepción cultural propiamente latinoamericana - El realismo mágico, al igual que el Psicoanálisis, se ocupa de cosas aparentemente triviales y sencillas pero que a la vez son importantes cuando no determinantes para los hombres. La concepción del tiempo en la obra garciamarquiana es circular, aquello nos remite al mito del eterno retorno de Mircea Eliade; un tiempo y un espacio legendarios en donde los personajes crean nuevos imaginarios, nuevos sentidos,

sin soslayar el impacto de los conflictos del poder político y el devenir histórico; ese hálito de soledad que empata con el desamparo de un pueblo (el latinoamericano) todavía con mentalidad parroquiana. El Psicoanálisis podría encontrar muchas obsesiones en la psique de ese Macondo sinónimo de soledad subyugante que depende de los estados de

tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, Del amor y otros demonios, Doce cuentos peregrinos, Memoria de mis putas tristes, etc. Cada uno de nosotros tiene su propia historia interior, su propio Macondo. Yo he preferido llamar Riolila a ese desfiladero de lo inconsciente quizá porque sé cuánto mi escritura le debe al colombiano

ánimo de los personajes y ¿por qué no? del narrador, pues, a su modo, todo psicoanalizante es un narrador y todo psicoanalista es un escuchador de relatos que a su tiempo pudiera transformarse en escritor. El tema del amor y la muerte es permanente en obras como La increíble historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, El amor en los

que nació en Aracataca y que a estas horas en el más allá estará recreando su Valledupar con un vallenatico de Rafael Escalona, un aguardientico paisa y rodeado de centenares de Pilar Ternera, Úrsula Iguarán y Fermina Daza. De seguro “vivirá para contarla”, aun después de muerto, en esas constelaciones desconocidas.

PAÍS ADENTRO

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

El proyecto de ley del COOTAD, es centralista e inconstitucional POR Natasha Rojas

El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo consta de dos capítulos, seis títulos, sesenta y siete artículos, cuatro disposiciones generales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Este documento fue elaborado por una consultora española a un costo de 95.000 dólares. Esta propuesta, parte del proyecto político del gobierno de Rafael Correa para controlar los Gobiernos Autónomos Descentralizados, junto al Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, y la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, limita el proceso de descentralización de los gobiernos locales y constituye una respuesta a la derrota electoral sufrida el 23 de febrero que dio como resultado un cambio en la correlación de fuerzas en la dirección de los gobiernos descentralizados (GADs). Esta norma en lo fundamental tiene como objetivos: Implementar un instrumento legal para viabilizar el proyecto político de modernización del capitalismo. Crear una estructura con suprapoderes para controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados. Limitar la autonomía y capacidad de decisión de los GAD´s; Intervenir los gobiernos locales. Incorporar una nueva categoría de uso de suelo rural para la intervención extractivista de recursos naturales. Facilitar el control y apropiación del uso del suelo de las élites

económicas afines al gobierno en contraposición con las élites económicas que tradicionalmente han controlado principalmente las grandes ciudades. Crear una estructura con suprapoderes para controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados El Art. 55 del proyecto crea la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo y el numeral 1 contempla que es un “órgano colegiado dotado de autonomía para el ejercicio de sus funciones”, y el numeral 3 en su literal b) señala

que estará compuesto por “La máxima autoridad de los ministerios o entes rectores de las políticas de planificación nacional y de medio ambiente, o las personas en quienes deleguen”. Con lo que claramente se determina la composición mayoritaria por los representantes del gobierno central. El Art. 57 crea la Superintendencia del Territorio y el Suelo que en su numeral 1 señala que constituye un “organismo técnico de vigilancia y control de las actividades, sean públicas o privadas, que inciden sobre el territorio y usan u ocupan el suelo y de los servicios públicos”. Orga-

La politica es perfecta pero tiene un gran defecto:

¡quién la práctica! nismo con el que el gobierno central intervendrá discriminada y punitivamente en el desarrollo de las actividades de los gobiernos autónomos

descentralizados que tengan una posición crítica e independiente. Limitar la autonomía y

16 AL 31 DE MAYO 2014 capacidad de decisión de los GAD´S El Art. 14 literal b) establece que para la aprobación de los planes de ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados deberán “Consultar con el gobierno central (…) su omisión es causa de nulidad del plan”. Este articulado anula la autonomía, la capacidad de decisión de los gobiernos locales, dando paso a la imposición y chantaje del gobierno central. El Art. 16 numeral 1 expresa que “La remisión al gobierno central debe cursarse a los entes rectores, cuya autorización o informe favorable será obligatorio para poder aprobar alguna determinación del plan, y a la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, quien se encarga de trasladársela a los ministerios y entes rectores representados en su composición”. Con lo que a más de centralizar la toma de decisiones se burocratiza y se pone filtros en la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, afectando el funcionamiento ya complejo de los gobiernos locales. Intervenir los gobiernos locales El Art. 58 numeral 1 indica que “la Superintendencia puede actuar de oficio, por denuncia o requerimiento ciudadano o por petición razonada de otro órgano u organismo público…” lo que va de la mano con el Art. 59 numeral 1 que determina la potestad de que “La Superintendencia puede dictar una resolución por la que asume la competencia de control”. Articulado que permite dar paso a la política de persecución a las autoridades locales que discrepen con el actual régimen, con el solo hecho de que una persona denuncie supuestas irregularidades, con lo que esaSuperintenden-

cia asumirá las competencias que le interesen al gobierno. Incorporar una nueva categoría de uso de suelo rural para la intervención extractivista de recursos naturales. En el Art. 25 literal c) se manda que el “Suelo rural para aprovechamiento extractivo: es el destinado por la autoridad competente a actividades extractivas de recursos naturales”. Con lo que se daría paso a la política extractivista del actual régimen y limitar la acción de los gobiernos locales que han expresado y resuelto a través de ordenanzas la defensa del agua, la vida y los recursos naturales, como es el caso de los prefectos Salvador Quishpe, Paúl Carrasco, Guadalupe Llori, Marcelino Chumpi; los alcaldes Rodrigo Quezada, Jomar Cevallos y varios representantes de Juntas Parroquiales Rurales. Esto se viabiliza a través del Art. 8 en donde se determina que “el gobierno central puede aprobar planes estratégicos de ordenamiento territorial con el objeto exclusivo de regular la localización espacial y el impacto territorial de los proyectos nacionales de carácter estratégico”. Y el Art. 20 numeral 3 establece que “… los proyectos estratégicos aprobados por el gobierno central (…) primarán sobre los restantes planes de ordenamiento territorial”. Con lo que expresamente se violenta la autonomía de los gobiernos locales al aprobar planes de ordenamiento territorial paralelos, desconociendo las competencias de los GAD establecidos en la Constitución y en el COOTAD. Otros aspectos a considerar Art. 2.- Se reconoce la unidad geográfica e histórica

del territorio, pero se desconoce la existencia del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Art.- 7.- Se determinan “parámetros obligatorios para fijar las superficies mínimas de los predios productivos en el suelo rural, de acuerdo con su modelo económico productivo y ambiental…” Lo que significa desconocer la realidad socioeconómica de los cam-

pesinos e indígenas, interviniendo en la estructura de la propiedad campesina. Art. 45.- La creación del Banco del Suelo está dirigida a la expansión inmobiliaria, dejando de lado los proyectos de vivienda de interés social, lo que evidencia que el objetivo fundamental es la disputa por la tenencia de la tierra con las élites locales. Art. 51.- Con este artículo se pretende incrementar

las rentas de los gobiernos locales mediante nuevas cargas impositivas. Por ello es necesario exigir a través de diversos mecanismos que se archive este proyecto de ley ya que no busca resolver los problemas existentes de tenencia de la tierra, como señala el gobierno, sino controlar, sancionar y limitar la acción de los gobiernos autónomos descentralizados.

PAÍS ADENTRO

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

Invación policial causa malestar en Intag POR MAYRA TOAPANTA

Zona de de Íntag, ubicada en el occidente de la provincia de Imbabura, con un aproximado de 13.000 habitantes; reconocida por cualidades ecológicas especiales, una condición inigualable de riqueza natural que se ve afectada con la explotación minera, que puede tener graves consecuencias sobre la flora, la fauna y la población que habita en el lugar. Por este motivo desde hace algunos años muchos de sus pobladores, han iniciado procesos de resistencia frente a la amenaza a la biodiversidad que les rodea. Íntag está integrada por seis parroquias rurales del Cantón Cotacachi: Apue-

la, Cuellaje, Peñaherrera, Vacas Galindo, Plaza Gutiérrez y García Moreno. En esta última se ubica la comunidad de Junín, lugar donde el pasado 8 de mayo a las tres de la tarde, en la entrada a esta comunidad, se dio una invasión por parte de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y funcionarios de la empresa estatal Codelco, escoltados de una masiva presencia policial, agentes de fuerzas especiales e inteligencia, autoridades como el gobernador de la provincia de Imbabura y Shisella Morales del Gobierno Parroquial de García Moreno, un total aproximado de 300

uniformados; que ingresaron a Junín para establecer campamentos que permitan recolectar muestras de agua, aire, suelo, flora y fauna para documentar el estudio de impacto ambiental para obtener la licencia. Ana Flores, representante del Colectivo Unidos por Íntag, comenta: “Creemos que 19 años de resistencia no son en vano; ahora denunciamos públicamente sobre la intervención agresiva de la Enami y la Codelco, que por cierto tienen las mismas prácticas de intervención agresiva hacia Junín”. Además manifiesta que con todo ese poder institucio-

La resistencia es la

virtud de un pueblo que nunca se calla ante la injusticia del poder . nal enfrentado desde el Estado hacia los pobladores, “seguiremos haciendo opinión pública; nuestra resistencia ha sido pacífica, la Constitu-

La organización del pueblo ha hecho retroceder al gobierno con sus proyectos de minería a cielo abierto, a ejecutarse con la empresa ENAMI EP.

ción de la República nos ampara”. Sin embargo, con ánimo de preocupación cree que el derecho a la resistencia y los derechos de la naturaleza

16 AL 31 DE MAYO 2014 están siendo vulnerados. El Colectivo Unidos por Íntag actualmente se encuentra en un momento de análisis sobre lo que está sucediendo, para que no se genere más violencia; lo que sí tienen muy claro y así lo afirma su representante, es que “la comunidad de Junín continuará haciendo una vigilancia permanente y seguirá resistiéndose ante esta invasión”. Polibio Pérez, presidente del Consejo Comunitario de la Parroquia García Moreno, manifiesta: “lo que sí nos preocupa es que el Gobierno Nacional ha venido comunicando que la empresa minera tiene la autorización; sin embargo, quiero desmentir esto, porque no tiene la debida aceptación como se menciona; hablan de que tenían todo pero no tienen nada”, expresa. Además define este acto de ingreso como salvaje porque agredieron a las perso-

nas, a las esposas, a niños y a quienes se encontraban en aquel lugar; rompiendo la seguridad que esta comunidad tenía. Al respecto, Pérez dice: “son ellos quienes han invadido nuestro territorio, la Constitución Política es clara, tiene que haber consenso, pues si se quiere hacer una actividad de esta naturaleza debe haber consentimiento de la comunidad para generar acuerdos y en ningún momento se ha socializado; obviamente, nunca se nos ha escuchado, lo único que quieren y que queda demostrado es que a través de la fuerza intentan imponernos un proyecto minero hecho por ellos”. Según Pérez, como representante siempre ha deseado sentarse en una mesa de diálogo con las autoridades de gobierno para analizar que en Íntag no solo existe el potencial de cobre, sino que también hay otras alternativas

El impedimento al ingreso a la zona de INTAG fue un hecho que se trató de ocultar, por parte de las autoridades nacionales económicas de las cuales hay estudios; se tratan de modelos, modelos distintos de desarrollo sustentable, como es el caso hidroeléctrico. Actualmente la zona de Íntag está militarizada, y para sus representantes esta

es la minería supuestamente “responsable” del Gobierno Nacional que haciendo uso de la fuerza pública “invade nuestras comunidades; este es nuestro territorio, es nuestra casa”. Por lo tanto, expresa que van a hacer uso de la fuerza

organizada; pues, como dice, son campesinos pero también tienen poder; “queremos denunciar al país y al mundo este acto, no vamos a permitir que hagan lo que quieran; están provocando a los pobladores”, afirma.

José Cueva, representante del consorcio de Toisan en Íntag. Diálogo con el Estado “De parte del gobierno no hay ningún interés por dialogar con Íntag y ya lo han demostrado, nosotros hemos pedido oficialmente el diálogo a través de las autoridades electas de Imbabura. Se envió una carta firmada con los cinco alcaldes y el prefecto de Imbabura al presidente. Esa carta se entregó el lunes pasado y se hizo pública. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta: la respuesta del Gobierno fue entrar con 300 policías a Íntag”. “Nosotros denunciamos ante la opinión pública esta desproporcionada agresión contra una comunidad pacífica. Toda la zona de Íntag está sitiada, no hay como trasladarse de un pueblo a otro sin ser requisado por la policía. Sin embargo, no han encon-

trado una sola arma, ni ha habido un solo intento de violencia de parte de las comunidades. Hay una resistencia pacífica”. Controles Los policías hacen la revisión en cada cruce de caminos. Están en la entrada de Junín, en Chalguayacu; están desde Cuicocha impidiendo el paso de vehículos, el pasado sábado se prohibió el paso de los buses de la cooperativa Otavalo. Tuvieron que devolver los pasajes a quienes ya habían comprado, bajo el pretexto de que están entrando muchas personas a Junín. Es casi un estado de sitio sin haberse declarado en emergencia. Acciones: Nosotros estamos plan-

teando un diálogo sin ningún tipo de chantajes, sin nada de por medio, que sea transparente y permita llegar a una situación de conceso; y que a través de ese diálogo podemos plantearle al Gobierno por qué pensamos que la minería es una mala decisión; creemos que la decisión de hacer o no minería es una decisión del pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular; no puede haber diálogo si hay una imposición de por medio, el tema debe estar abierto al debate. Considero que cualquier decisión debe ir en el ámbito de la democracia, que se supone que es en el que vivimos, dice Cueva. Minería La agencia japonesa ya realizó hace más de 6 años la exploración para determinar

la existencia de una mina de 318 toneladas con 0.7 % de contenido de cobre, es decir 2.2 millones de toneladas de cobre. Esas son cantidades ciertas que existen. Nosotros tenemos que discutir esa explotación desde ahora, no desde cuando se empiece a hacer. La gente que apoya el proyecto minero es porque están apoyando la posibilidad de una fuente de trabajo; en realidad no es un apoyo a la minería ideológicamente hablando, es un apoyo a tener trabajo. Pero hay que considerar que la minería no genera fuentes de trabajo en su gran mayoría, mucho menos en la fase de exploración. En los términos de referencia que entregó la Enami EP dicen que necesitan 30 personas para la etapa de exploración

y cerca de 800 en la explotación. Raúl brito, ingeniero de ENAMI EP Los trabajos de recolección de muestras continuarán dos semanas más al menos. Lo que ha concluido es la fase de recolección de agua con la Senagua. Lo que viene es recolectar la información física de suelo, biótica, calidad de aire. La policía se va a quedar durante toda la etapa del muestreo y también los técnicos; realmente, Enami está ahí para quedarse. Al momento seguimos acampando en Junín, de hecho nuestra intención es quedarnos en forma permanente durante toda la fase de exploración avanzada.

POLÍTICA

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

Rafael Correa fue duramente interpelado en la Universidad de Santiago POR Comunicaciones Olc/ Chile

Con lienzos y volantes

fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio. Representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, denunciaron las políticas pro extractivistas que está sosteniendo el gobierno ecuatoriano, contra los procesos democráticos y de autodeterminación que han impulsado los territorios para defender sus formas de vida y sus ecosistemas. Las comunidades y organizaciones reprimidas por el gobierno de Correa en Ecuador, informaron del grado de militarización que vive hoy en el territorio de INTAG para permitir que la estatal chilena CODELCO ingrese y haga los estudios necesarios para transformar el cantón ecológico Cotacachi en una localidad minera, arrasando con la cosmovisión y las formas de vida local. Del mismo modo, ayer, la empresa china Ecuacorrientes ha penetrado en la localidad de San Marcos derrumbando la escuela y la parroquia para instalar un tranque de relaves en un territorio

antes intocable por ser zona de frontera, pero que gracias a los buenos oficios de Chile y a la voluntad entreguista de los gobiernos del continente, fue liberado a la actividad minera mediante un tratado minero binacional entre Perú y Ecuador, en la misma línea del que fuera suscrito pioneramente entre Chile y Argentina en 1997. La voluntad política del gobierno ecuatoriano de entregar prebendas sociales a costa de la depredación de los bienes comunes que constitucionalmente se comprometió a defender, se expresa también en la licitación, a fines del año pasado, de tres bloques petroleros en el Parque Nacional Yasuní, reserva ecológica en la que habitan pueblos indígenas no contactados y que la sociedad civil ecuatoriana había determinado proteger, mediante una revolucionaria propuesta que represaría el petróleo del subsuelo a cambio del 50% de lo que el Estado hubiese recibido por explotarlo. Esta iniciativa era revolucionaria pues suponía comprender que la vida no tiene precio, que la responsabilidad de disminuir la emanación de gases de efecto invernadero era colectiva y que la creatividad mundial debía invertirse en buscar alternativas que nos permitan transitar hacia otras formas de relación con la naturaleza. Sin embargo, dando muestras de soberbia ideológica imperdonable, Correa desconoció este acuerdo, y hoy incurre en una serie de arbitrariedades para invalidar y bloquear un legítimo y masivo proceso de

la saolidaridad con los pueblos de INTAG y del Yasuní se expresó nuevamente en Chile. consulta. Si bien hubo intentos de invisibilizar la acción por parte de la seguridad de Correa, autoridades intermedias de la Universidad hicieron valer el derecho a la libre expresión y apelaron a la falta de jurisdicción de las fuerzas represivas ecuatorianas para actuar en Chile. Fuerza Intag, fuerza Yasuní, fuerza a las comunidades que defienden el agua y

la vida contra la cultura de muerte que empresas como Codelco y Enap, en compli-

cidad con el Gobierno de Correa, están sembrando impunemente en los territorios.

El progreso de un país no se mide con los discursos

16 AL 31 DE MAYO 2014

¡Qué doble moral! POR Guido Proaño A.

Para Rafael

Correa la sobrevivencia de los pueblos no contactados es menos trascendente que una pelea de gallos, incluso la función que cumple como Presidente de la República parecería considerarla de menor jerarquía. Si eso no es así, entonces la incoherencia marca la pauta en la gestión presidencial. Esa conclusión surge al observar la conducta gubernamental frente a dos temas que han captado la atención en estas semanas: el pedido de consulta popular por el caso Yasuní-ITT y la eventualidad de introducir en la Constitución la figura de la reelección presidencial indefinida. Correa ha sido tajante: no hay necesidad de consulta popular, pues, en el primer caso, asegura que él tiene atribuciones para decidir sobre la explotación petrolera, y en el segundo caso sostiene que basta que la Asamblea apruebe una enmienda constitucional. Recordemos que para decidir el funcionamiento de casinos o si se mantienen las peleas de gallos convocó a referéndum en abril de 2011. Con ese estilo que expresa prepotencia y menosprecio, en abril pasado, respecto del Yasuní manifestó no tener miedo al pronunciamiento popular, pero que no caerá “en la trampa de estos colectivos que se hacen llamar sociedad civil”. “Yo también soy sociedad civil”, dijo, y no encontró un argumento mejor para desacreditar el pedido que “el tema se había politizado” y que de no ha-

ber sido así “probablemente hubiera llamado a consulta popular”. Sin embargo, su malabarismo verbal no puede ocultar una decisión tomada con antelación. El 15 de marzo el presidente exclamó: “por qué consultar sobre decisiones que tengo toda la atribución para tomar constitucionalmente”. El asunto quedó claro en ese momento y el Consejo Nacional Electoral, CNE, no hizo otra cosa que tomar cartas para cerrar el paso al pedido de consulta suscrito por más de 750 mil ecuatorianos. El seguimiento al discurso presidencial en este tema nos permitiría abundar en informaciones y detalles de cómo Correa ha manipulado el asunto con sobrado cinismo. Mas, hay un punto que no debemos obviarlo. El 8 de enero de 2011, en una de las consabidas sabatinas, Correa anunció que “llamará a consulta popular si la iniciativa Yasuní-ITT fallara”. ¿Cómo califica el presidente a esos cambios de opinión? …Ah, sí: ¡Qué doble moral! El hecho es que en las filas gubernamentales hay miedo al pronunciamiento popular respecto del tema Yasuní y de la misma reelección presidencial. Los resultados de los comicios del 23 de febrero advierten el descontento existente en amplios sectores de la población. Alrededor del 72% de ecuatorianos votaría a favor de mantener intocado el Yasuní, de acuerdo a estudios de opinión, y una nueva derrota electoral podría provocar la pérdida del control que

en la actualidad el gobierno tiene sobre la población en base a mecanismos clientelares y coercitivos, y el descontento social reprimido se expresaría en manifestaciones abiertas de protesta. Impedir la consulta popular es un mecanismo de autodefensa gubernamental; pero todo tiene su costo. Esa actitud antidemocrática no hace más que fermentar el descontento que más temprano que tarde romperá el dique que lo retiene.

La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica. Bertrand Russell

Mediante una consulta popular se detuvo la muerte de toros y gallos, no así la vida del Yasuní .

ECONOMIÍA

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO 2014

El Fondo Monetario Internacional y la elevación de los combustibles El 27 de marzo del 2013, David Lipton, Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, presentó en el Peterson Institute for International Economics en la ciudad de Washington, el estudio denominado “Las lecciones e implicaciones de la reforma de los subsidios energéticos”, (Energy Subsidy Reform – Lessons and Implications). Se trata de un plan global que establece, por un lado, la eliminación de los subsidios a los combustibles, al gas de uso doméstico, a la electricidad y al carbón; y por otro, que los usuarios paguen impuestos como por cualquier otro producto de consumo. El alcance de estas medidas tendrá un efecto catastrófico, sobre todo para los millones de pobres en el mundo, sin embargo para el FMI el hecho que haya poblaciones descontentas con estas medidas no debe detener las reformas. Para los pobres, dice Lipton, hay que buscar medidas que atenúen los efectos del alza de los combustibles. No importa el plazo, dice el funcionario del FMI, pues el tema de los subsidios se viene discutiendo por décadas, lo importante es que debe empezarse ahora; y establece una estrategia con seis componentes para una reforma (eliminación) exitosa de los subsidios energéticos, lineamientos que al parecer los ha adoptado el gobierno de la revolución ciudadana en el Ecuador. Veamos estos componentes Primer componente: “El respaldo público puede obte-

nerse formulando en forma detallada un plan integral de reforma. Esto incluye una exposición clara de los objetivos a largo plazo, como el logro de la plena liberalización de precios y la mejora de la calidad de los servicios”. La idea es que los gobiernos persuadan a la gente para que asuma que con la eliminación de los subsidios las cosas mejorarán, que habrá “crecimiento económico a largo plazo”, que “los servicios de salud y educación pueden mejorar”, que disminuirá la contaminación ambiental. En realidad es toda una ofensiva de engaño y manipulación pretendiendo hacer ver que los pobres saldrán favorecidos. Hoy en el Ecuador se vuelven a escuchar estos viejos argumentos fondomonetaristas y neoliberales para convencer de que la eliminación del subsidio al gas, a los combustibles y seguramente también a la electricidad es conveniente El segundo componente: es “una estrategia de comunicación de gran alcance. Esto implica informar al público sobre la magnitud de los subsidios y los posibles beneficios de su reforma, como por ejemplo el margen para incrementar los gastos prioritarios en sectores sociales”. El gobierno ecuatoriano tiene gran empeño en mostrar la magnitud de las cifras del subsidio a los combustibles (alrededor de 5 000 millones de dólares) como insostenibles y que al liberar estos recursos se podrá destinarlos a los más pobres. Nada más falso, pues aún ahora que el gobierno ha

contado con grandes recursos económicos, la infraestructura escolar sigue deficitaria, se han rebajado o congelado los recursos para las universidades públicas, en los hospitales faltan médicos y medicinas, el presupuesto para el desarrollo agropecuario es casi nulo y

tenemos cerca de 2 millones de pobres recibiendo un bono de 50 dólares mensuales. Y si nos atenemos a la experiencia de 30 años de ajustes económicos ordenados por el FMI, incluida la elevación de los combustibles, estos sirvieron para el pago de deuda exter-

na. Hoy no habrá diferencia. Por ello no es gratuito que el Banco Mundial le ofrezca un nuevo crédito al gobierno de mil millones de dólares. El tercer componente: “Que los aumentos de precios se realicen de manera

16 AL 31 DE MAYO 2014 escalonada y en la secuencia apropiada”. Conforme a esta receta el gobierno de Correa ha establecido que habrá una eliminación gradual del subsidio al gas durante los próximos 3 años hasta cambiar el uso de gas domestico por las cocinas electrónicas, mientras que las gasolinas y diesel se manejaran por un sistema de cupos. En estos días se anunció la rebaja del octanaje de las gasolinas súper y extra, sin que rebaje el precio, lo cual de hecho es una elevación del precio de estos combustibles. El gobierno ha ofrecido que durante estos tres años los usuarios recibirán un subsidio de 100 KW/h, hasta que se complete el cambio de las cocina a gas por las electrónicas, sin embargo, al terminar este período este incentivo se terminará y los usuarios verán cargados 100 kilowatios mas a su planilla, con los cual se terminara también la tarifa de la dignidad (100 KW/h para la sierra y 130 para la Costa). El aumento gradual de los combustibles y de la electricidad busca hacer que la gente acepte estas medidas sin que haya mayor reacción, mientras el gobierno toma medidas para justificar la elevación del costo de la vida en general. El cuarto componente: consiste en “mejorar la eficiencia de las empresas estatales para ayudarlas a aligerar la carga fiscal. Esto puede lograrse mejorando la información sobre los costos y, en base a ella, fijando incentivos y metas para medir los resultados. También puede ser útil abrir la competencia para lograr un desempeño mejor”. En esencia y a mediano plazo, su estrategia, es la privatización de las empresas estatales petroleras y de electricidad El quinto componente: En cierta medida, dice el FMI “el más crítico… es la

implementación de medidas compensatorias para proteger a los pobres. Lipton señala que las transferencias focalizadas, monetarias o cuasimonetarias, como los vales o cupones, son la alternativa preferida. Las transferencias en efectivo les dan a los beneficiarios la flexibilidad de comprar la cantidad y el tipo de energía que mejor satisface sus necesidades, o de optar por otros bienes y servicios. A la vez, eliminan la necesidad de que los gobiernos participen directamente en la distribución de energía subsidiada a los hogares, algo que a menudo es sumamente costoso y propenso a un uso indebido. Cuando las transferencias de efectivo no son posibles, se pueden ampliar otros programas mientras se desarrolla la capacidad administrativa. Aquí, se debe conceder prioridad a los programas en curso que pueden ampliarse con rapidez, incorporándoles quizás algunas mejoras para lograr una focalización más eficaz. Entre algunos ejemplos, podemos mencionar comedores escolares, obras públicas y transporte urbano subsidiado, la eliminación de los aranceles cobrados por las escuelas primarias y secundarias estatales, servicio de asistencia social. Esto es nada más que

buscar compensaciones al aumento de la pobreza. El sexto componente de esta estrategia del FMI para eliminar los subsidios consiste en “despolitizar la fijación de precios de la energía, a fin de que la reforma pueda ser duradera”. Es decir, que el Estado no intervenga en la fijación de precios y estos se manejen de acuerdo al mercado internacional, vale decir de acuerdo a cómo lo establezcan los monopolios que controlan la producción y comercialización de la energía. Por ahora el gobierno de Correa ha iniciado el plan con la eliminación del subsidio del gas y a

medias con las gasolinas. Ya veremos en el mediano plazo qué pasa con la electricidad, ya que en el 2018 la demanda probablemente superará a la oferta y estará eliminado todo tipo de subsidio sobre todo a los más pobres; de seguro se hablará de nuevos reajustes con el argumento de hay que cubrir costos de producción y operación como se argumentó para el alza de la tarifa eléctrica producida hace pocos días en el país. En suma, concluye Lipton, “los subsidios a la energía son un problema grave, pero que tiene solución(…) Reducirlos no es tarea fácil, pero muchos países ahora ven

los beneficios de hacerlo y se proponen intentarlo. Con una planificación adecuada, medidas compensatorias concebidas con cuidado y un buen plan de comunicaciones, la reforma es posible. De hecho, algunos ya la han logrado. El FMI dirigirá la atención a este tema y ayudará a los países que quieran seguir avanzando por esta senda. Nuestro lema será: la reforma de los subsidios es necesaria, pero es mejor realizarla siguiendo el camino correcto aunque no sea el más rápido” Parece que el FMI encontró en la revolución ciudadana, lo que no tuvo en los gobiernos neoliberales.

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AÑO 14

QUINCENARIO

Bitácora de un artista Alberto Carcelén 40 años de creación pictórica Retrospectiva del 5 al 14 de junio de 2014 CCE Guayas Sala: Araceli Gilbert

N o 280

ECUADOR | 16 AL 31 DE MAYO DE 2014 2 | 3 POLÍTICA. Un Código Laboral que reafirma el statu quo. Entrevista al presidente UGTE

D E L A / O S E C U AT O R I A N A / O S P O R L A V E R D A D

22|23 | POLÍTICA El Fondo Monetario Internacional y la elevación de los combustibles.

US$ 0,30

12|13 ESPECIAL Consulta Yasuní: Informe de la Comisión Mixta de Alto Nivel.