11.4 Lic. Ana Rosa Miranda Nava

Panel 11.

Lic. Ana Rosa Miranda Nava

. Reflexiones en torno a la Despenalización y Legalización del Uso de Drogas . Marco Jurídico . Ley General de Salud . Código Penal Federal . Despenalización . Legalización . Ventajas . Desventajas . Postura . Conclusiones

El uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, así como sus consecuencias, son fenómenos crecientes en el mundo, debido a que tanto los países productores de drogas como los de tránsito corren el riesgo de convertirse en consumidores, lo que genera mayores problemas de salud, de gobernabilidad, de cumplimiento de las leyes, de convivencia y de paz social.

Aunque las sustancias psicoactivas se consumen desde hace miles de años, en los últimos decenios el problema de la droga ha cobrado ciertas características claves por las rápidas transiciones socioeconómicas en varios países.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud pública y, en el adecuado desarrollo y estabilidad social de una nación.

En nuestro país, el consumo de drogas se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, ya que tradicionalmente su lucha se centraba contra quienes las traficaban, es decir, se enfocaba a combatir el tránsito de cualquier tipo de droga, sin embargo ahora la lucha se centra también en el aumento del consumo interno, así como en la violencia que se genera por la ocupación de las plazas.

Es así que, hoy es primordial emprender, además, una lucha integral, permanente, amplia e intensiva dirigida a reducir el tránsito y la demanda, para disminuir sus efectos en la población.

Por lo anterior, esta situación resulta un tema complejo dado su permeabilidad en todos los extractos sociales y de gobierno. Al contextualizarse como una problemática social, tendremos por tanto la necesidad de implementar un conjunto de acciones articuladas para su posible control y eventualmente su erradicación, mediante políticas públicas racionales y eficaces.

Las sociedades han tenido y tienen la responsabilidad de controlar los comportamientos individuales que se consideran generan o pueden generar efectos socialmente nocivos. Es en este sentido que cada sociedad ha establecido formas de control que están de acuerdo con sus normas legales y aspiraciones sociales.

En el pasado el control de las drogas fue un asunto local, sin embargo y debido a la globalización se ha desarrollado una normatividad internacional que establece un tratamiento represivo mínimo común en todo el mundo. En este sentido, en nuestro país existen también marcos normativos que tienen como objeto regular y atender la problemática de las adicciones.

Es así que, a nivel internacional existen instrumentos jurídicos que el estado mexicano ha signado, entre los cuales se encuentran: La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.

El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Los marcos normativos anteriormente expuestos tiene como objetivo principal el regular y combatir el uso indebido de drogas mediante una acción internacional coordinada, establecen un sistema de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas así como medidas integrales contra el narcotráfico, incluidos los métodos contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento del control de precursores químicos.

Además ha establecido acuerdos y convenios bilaterales de cooperación con diversos países para combatir el tráfico ilícito y el uso indebido de sustancias, la farmacodependencia y los delitos contra la salud.

Por lo que respecta al ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° establece que “toda persona tiene derecho a la salud”.

Asimismo en el 2009, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas a la Ley General de Salud, que coloquialmente se conoció como la “Nueva Ley de Narcomenudeo”, la cual tiene como objeto establecer con certeza, la cantidad de drogas para el estricto consumo personal de un adicto, a través de una tabla que establece las cantidades.

Por lo que establece un marco jurídico claro y preciso para prevenir y combatir la farmacodependencia, el narcomenudeo y el narcotráfico, delimitando competencias al definir lo que le corresponde realizar a la Federación y a las entidades federativas.

En este sentido, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha elaborado un estudio respecto de dichas reformas en el cual menciona diversas políticas que se desprenden de las mismas y que son: 1.Reglamentar la participación de agentes infiltrados para narcomenudeo.

2.Determinar el procedimiento a seguir en casos de narcomenudeo.

3.Promover alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o procedimiento a prueba para atender casos de simple posesión de droga.

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Difundir entre los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia el contenido de la reforma y facilitar su implementación.

Promover la creación o actualización de un padrón de instituciones de atención a farmacodependientes.

Organizar bases de datos estatales de farmacodependientes.

Organizar una base de datos de averiguaciones previas Capacitar a los operadores.

Difundir a la sociedad los alcances y límites de la reforma e implementar novedosos esquemas de comunicación en la prevención de las adicciones.

Evaluar los resultados.

De lo anterior se desprende que estas modificaciones a la Ley General de Salud, constituyen un importante avance desde varios puntos de vista: Fortalecen la prevención y atención de la farmacodependencia; Facultan a las entidades federativas para atender el narcomenudeo y a la Federación para combatir el narcotráfico;

Posibilitan vínculos de coordinación e inteligencia entre autoridades locales y federales y: Establecen un marco de legalidad y certeza para definir la cantidad de droga en posesión para consumo personal que queda despenalizada.

Ahora bien, el consumo de sustancias de conformidad con la Ley General de Salud queda regulado de la siguiente manera: LEY GENERAL DE SALUD El artículo 478 de la ley en mención establece que: “El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley (centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, etc.). La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos.”

Así mismo el precepto legal 479 refiere que: “… se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente”:

Como podemos ver en México el consumo de drogas es legal, en los términos y condiciones que establece la Ley General de Salud, de tal manera que ningún mexicano puede ser criminalizado por consumir las dosis que están especificadas en dicha ley.

Ahora bien, ¿Qué establece la norma sustantiva en materia de narcóticos?

EL CÓDIGO PENAL FEDERAL El artículo 195 bis, segundo párrafo, dispone que: “El Ministerio Público Federal no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea: I.Medicamentos que contengan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

II. Peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades propias”.

Sin embargo, también contempla su último párrafo, lo siguiente: “La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento.”

De tal manera que efectivamente se despenaliza el consumo de narcóticos señalados en la Ley General de Salud, pero continúa la política restrictiva en cuanto a la producción, tráfico y comercio de drogas.

Una vez analizado el marco normativo es importante determinar qué implica la despenalización y la legalización de drogas:

La despenalización consiste básicamente en realizar aquellos cambios que permitan que cualquier persona, siempre y cuando tenga la necesidad y la prescripción médica, ya sea porque es farmacodependiente o requiere del narcótico por cuestiones de salud, podrá poseer una cantidad autorizada de droga.

Es decir, significa dejar de lado la criminalización de un individuo que sufre adicción a las drogas y enfocar los esfuerzos y políticas públicas para enfrentar el problema de las drogas.

Legalizar las drogas sería legitimizar la venta, esto es, permitir que establecimientos mercantiles como cafés, farmacias o tiendas de abarrotes pudieran tener en almacén una determinada cantidad de droga para su venta libre, mientras que los consumidores podrían acudir a ellos para comprar legalmente hasta cierta cantidad.

La legalización de las drogas sería un proceso mucho más complejo, que implica abrir una nueva industria para el consumo masivo. Los que alientan esta opción, aseveran que se acabaría con el narcotráfico y la violencia que implica el mismo.

Sin embargo es importante mencionar que diversos estudios han manifestado que la legalización de las drogas no reduciría la violencia ni el crimen organizado.

Es en este sentido que, el tema de la despenalización y legalización de las drogas, ha sido abordado a nivel internacional, por la importancia que representa atenderlo, para el adecuado desarrollo de cada unos de las naciones.

Así mismo, por lo que respecta a América Latina, el debate se abre por la necesidad de terminar con la ola de violencia que se genera con el crimen organizado y la lucha por controlar los mercados, que es la problemática más lesiona y vulnera la seguridad y tranquilidad de la población.

No podemos dejar de lado algunas reflexiones que se han puntualizado en este panel abordando los aspectos a favor y en contra de la siguiente forma:

Pondría fin a la parte lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente.

Reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición.

Haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal.

Acabaría con un foco importante de corrupción.

Inadecuada información que se difunde a la población respecto de la despenalización y legalización de las drogas. Lo cual origina que se especule sin fundamento las ventajas y desventajas que conlleva la aplicación de esta propuesta.

Se debe desarrollar la capacidad de respuesta para atender a los pacientes consumidores, la cual debe ser adecuada al problema, ya que la oferta de tratamiento la mayoría de las veces resulta inadecuada.

La Ley General de Salud establece las dosis y las sustancias que se pueden consumir, sin embargo, resulta incongruente que la venta de dichas sustancias sea ilegal; ocasionando con esta circunstancia el acercamiento de la población al mercado negro. En este sentido resulta necesario que exista congruencia respecto de legalizar toda la línea de producción o penalizarla.

Debe de existir un aparato y un control riguroso respecto de las medidas regulatorias para la venta de las sustancias psicotrópicas. Así mismo resulta indispensable que exista una coordinación entre los países, en el caso del estado mexicano especialmente con los que se encuentran en el continente americano, para poder implementar la despenalización y legalización de las drogas.

Sin embargo, como en todos los debates existen puntos de vista diferentes, que debemos tomar en cuenta para llegar a políticas públicas racionales, pero sobre todo eficaces y que generen acciones, programas y estrategias que atiendan la problemática social desde su origen y no sólo desde uno de sus lados, de tal manera que es importante abordar nuestra posición desde el punto de vista Institucional.

Las disertaciones en torno de la problemática de la producción, tráfico, comercio y consumo de drogas, inició hace muchos años. Las investigaciones realizadas desde los ámbitos locales e internacionales, así como el conocimiento cada vez mayor del tema y sus repercusiones nos llevan a aceptar que no existen soluciones drásticas ni tampoco remedios de acción inmediata, sean estos de origen médico, educativo o jurídico.

Ahora bien partiendo del punto de vista que la política gubernamental tiene que estar enfocada a asegurar el bienestar de cada uno de los gobernados, resulta contradictorio aprobar la aplicación de políticas que a la vista y con la aceptación del Estado, afecten o dañen la integridad física, psicológica y moral del ser humano.

Es en este sentido, se considera que la despenalización y legalización de las drogas traería como repercusiones el aumento del uso y abuso de las mismas; por lo tanto las consecuencias se verían reflejadas, en una afectación a la sociedad en general, pero principalmente a los grupos considerados de mayor vulnerabilidad como son los adolescentes que de acuerdo a las encuestas realizadas por algunos centros de tratamiento indican que el consumo se concentra en la mayoría de los casos, en un rango de edad de entre 15 a 24 años.

Es decir, resulta importante concientizarnos respecto de esta situación ya que los jóvenes también son grupos que se encuentran con mayor riesgo de adentrarse en el mundo de las drogas, sea por necesidad de pertenencia, curiosidad o por la propia vulnerabilidad que implica ser persona en desarrollo.

En base a lo anterior, es relevante destacar que las iniciativas de despenalización y legalización traerían implicaciones políticas y sociales que impactarían de manera negativa la situación nacional.

Por lo que, el Estado como garante de la estabilidad social a través de una forma de gobierno efectiva, debe aplicar políticas públicas eficientes y eficaces que afronten el problema; ya que se ha comprobado que los países que han aprobado dichas iniciativas han obtenido más perjuicios que los beneficios que se esperaban.

Ahora bien, algunos aspectos que han sido considerados perjudiciales respecto del tema que se está abordando, son:

Si se aprobara la venta aumentaría significativamente su consumo, de lo contrario, si la venta y el consumo de un producto está prohibido o controlado, entonces el precio para obtenerlo es más alto, debido a que quién lo vende debe gastar más para evadir a la autoridad, obteniendo como resultado que a elevados precios la demanda sea menor.

Por la naturaleza de las adicciones, la gente es capaz de hacer cualquier cosa para satisfacer su necesidad. Así que permitir que siga aumentando el consumo de estas sustancias cambiaría negativamente la actitud de las personas, lo cual sería un paso atrás en el desarrollo y la búsqueda por el bien común.

México no es un país en el cual la población esté suficientemente informada y consciente sobre la naturaleza de las adicciones, lo que se favorece con la construcción cultural de la población mexicana no permite profundizar ni conocer suficientemente sobre algunos tópicos, como lo son: la sexualidad, violencia de género y las propias adicciones, lo que genera sean considerados como temas tabúes, lo cual aumentaría la problemática. Ya que en países donde se han implementado políticas liberales en cuanto a las drogas y que quizá hayan sido exitosas, se debe notar que los niveles educativos y de información al respecto son más altos.

Como se podrá observar conforme a lo anteriormente expuesto es evidente que la aprobación de medidas de corte permisivo traerían como consecuencia resultados negativos; ocasionando que las acciones que el Estado pueda aplicar para atender el problema resultarían insuficientes y muy costosas.

Así mismo se descuidarían aspectos prioritarios del país como son: desarrollo económico, educación, salud, alimentación, entre otros.

Es así que, de acuerdo a lo antes mencionado se considera que es inevitable mantener una constante búsqueda del bienestar común, a través de políticas nacionales e internacionales que permitan prevenir y disminuir la producción, comercio y consumo de drogas.

El consumo de drogas es uno de los problemas de salud que han despertado mayor interés en las últimas décadas, la enorme magnitud que ha ido adquiriendo, así como la gravedad de los costos personales y sociales que conlleva, han fortalecido la necesidad de abordar este comportamiento, que constituyen lo que desde el ámbito de la prevención social se considera como conducta problema.

La estrategia que desde el punto de vista de la prevención social del delito se propone es: El plantearse como meta la erradicación de estas para que deje de ser un problema de salud pública, a pesar de ser una meta difícil de alcanzar, vale la pena realizar esfuerzos que permitan en lo posible acercarse a ella, con el fin de controlar este problema que aqueja al mundo entero, lo cual se puede alcanzar a través de la vía educativa y al mismo tiempo combatir la producción y el tráfico de estupefacientes.

Analizando el origen de este problema a través de instrumentos que permitan conocer los factores de riesgo que están ocasionando que la sociedad y los grupos que se consideran de mayor vulnerabilidad se estén involucrando en el consumo de sustancias psicotrópicas. Una vez identificando las causas que originan esta problemática, resulta evidente que se pueden obtener mejores resultados y con un menor derrame de recursos la aplicación de políticas públicas en materia de prevención que permitan que la sociedad alcance una mejor calidad.

Para lo cual podemos concluir y coincidir que en materia de adicciones se requiere hacer énfasis en la prevención ya que las medidas o acciones de tipo preventiva resultan más efectivas que las de tipo represivo.