Las modalidades para adquirir un solar

Volumen 7, número 1

Investigación

CIENTIFICA

enero–julio 2013,

issn 1870–8196

Las modalidades para adquirir un solar para poblar en la Zacatecas del siglo xviii

MaRCeLinO CUesTa aLOnsO Unidad Académica de Estudios de las Humanidades Universidad Autónoma de Zacatecas

eUsTaQUiO CeBaLLOs DORaDO Licenciatura en Arquitectura Instituto Tecnológico de Zacatecas

mrcuesta@hotmail.com

2

Investigación

CIENTIFICA

Introducción Los registros existentes de los solares en la ciudad de Zacatecas muestran una variedad de datos que permiten hacer una reconstrucción de ellos.

Para poseer un solar existieron las modalidades de mercedes gratuitas, mercedes vendibles, compraventas, remates, donaciones, cambios y composiciones. En ese sentido, los libros de cabildo del siglo xvi muestran diez casos. La primera petición documentada data del 13 de enero de 1559, a solicitud del cabildo, para construir la casa del ayuntamiento; fue designado el lugar ubicado cerca de los asientos de Diego Hernández de Proaño y de la plaza principal, donde se corrían los toros. A manera de requisito, era necesario dejar una calle con el ancho estipulado por los comisionados del caso, Baltazar Temiño de Bañuelos y el contador.

Lo anterior supone que tanto las medidas del solar como las de la calle quedaban al libre albedrío de las autoridades.

Las peticiones terminaron en 1587, cuando el cabildo acordó vender solares y callejones con la intención de recaudar dinero y construir la casa que lo albergaría. Por tal motivo, el 7 de diciembre, Baltazar Temiño de Bañuelos compró un sitio en 200 pesos. El sitio se ubicaba junto a su casa, próximo a la plaza pública, la cárcel, las casas del Santo Oficio, las de Juan Agustín, Luis de Soto y Alonso de Herrera. La relevancia de este dato reside en que se trataba de una callejuela; es decir, se dio la facilidad de que calles y callejones fueran anexados a las propiedades particulares, posteriormente vendrían las peticiones para adquirir plazas y plazuelas, situación que perduró durante todo el periodo colonial.

Para el siglo xvii, existen registros en los libros de cabildo y las series denominadas casas y solares. Los primeros notifican quince peticiones del 9 de julio de 1610 al 15 de enero de 1681. En tanto, el expediente de denuncios de solares comprende trece solicitudes desde 1611 a 1699. Por lo general los libros de cabildo proporcionan datos escuetos; los expedientes más importantes están en las series porque desglosan la información con mayor precisión. Es a partir de 1611 y 1614 que sucedieron

ciertos eventos que continuarían durante el periodo colonial.1 En 1611, Andrés Sánchez Bravo pidió un solar convertido en muladar ubicado a un lado de su casa y de la Iglesia Mayor. El cabildo ordenó que se diera un pregón diario durante nueve días con la intención de encontrar postores y adjudicar el lugar a quien más dinero ofreciera; se desconoce el modo en que terminó el asunto. Referente al 24 de julio de 1614, el cabildo dictó dos disposiciones para reorganizar los solares. La primera consistió en que todos los que ocupaban solares debían exhibir el título de posesión, medida destinada a aquellas personas que tuvieran intenciones de edificar; en dado caso que hubieran construido sin el permiso y excedido de los límites de su terreno, se les cobraría o bien el edificio sería derribado.

La segunda disposición, continuación del año 1611, era recabar recursos para propios de la ciudad.

Así, el cabildo indicó que «a partir de esta fecha, no se haga merced de solar a ninguna persona de manera gratuita, que se le cargue alguna cosa de censo para esta ciudad».

Desde 1614 se tiene noticia de veinticuatro peticiones; sólo ocho indican el importe del solar, en las demás no hay constancia de que hayan pagado por ellos. En octubre y durante varios años (1617, 1619, 1623 y 1636) continuaron las visitas de las autoridades a los dueños de solares y se efectuaron composiciones de la ciudad. La solicitud de 1690 presentó una estructuración que fue repetida a lo largo del periodo colonial, la cual facilita entender el procedimiento de solicitudes; en ella cada apartado tuvo un subtítulo, además iniciaban con la petición y concluían cuando el escribano extendía el título de propiedad.

Merced Ésta era un favor que el rey concedía a sus vasallos.2 A nombre del rey, el cabildo del siglo xvi gra1 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Solares; subserie: Denuncios de solares; caja 1, expediente del año 1611; ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Actas de Cabildo, Libro de Cabildo del año 1614.

2 Diccionario de Autoridades, 1729, Madrid, Gredos, 1990, p. 549.

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

tuitamente mercenaba el solar al peticionario con el objeto de inducir el arraigo de la población en el lugar. En Zacatecas el primer expediente otorgado de las mercedes vendibles data del siglo xvii. Un siglo después, aunque persistían las mercedes gratuitas, la mayor evidencia documental indica que para tener acceso a un terreno se requería disponer de dinero. Al respecto, el peticionario de un solar describía la ubicación y las dimensiones del sitio que le interesara y por lo común el cabildo aceptaba la solicitud. La manera de gestionar y acceder a un solar para poseer la seguridad del suelo y poder edificar, atendía el siguiente procedimiento: petición, decreto, testigos, reconocimiento del lugar, medición, avalúo, merced, pago, posesión, título.

La petición escrita se dirigía al cabildo y comenzaba con el nombre del solicitante. Asentaba si era casado o no, exponía que estaba enterado de que existía un sitio baldío del cual daba la ubicación, mencionaba los motivos por lo que deseaba la merced e informaba qué tipo de edificación pretendía construir. Culminaba al expresar que estaba en posibilidad de pagar lo que le indicaran. El decreto se redactaba cuando el cabildo se reunía para dar lectura a la petición del solicitante. La reunión era presidida por el corregidor, quien ordenaba que el alarife de la ciudad reconociera, midiera y valuara el lugar; asimismo indicaba que el escribano citara al procurador general y a los vecinos más cercanos para que atestiguaran si estaban de acuerdo en que se concediera el sitio o si tenían alguna objeción.

Entonces, los testigos acudían a la oficina del escribano, daban sus opiniones y argumentos; luego firmaban. El reconocimiento, la medición y el avalúo del lugar eran efectuados por el alarife y el escribano al trasladarse al lugar. El alarife se encargaba de describir la localización del sitio, las colindancias, sus propietarios, la topografía, las medidas y su valor.

Una vez que el escribano recababa las opiniones de los vecinos, del alarife y del procurador, el cabildo se reunía, y si todo estaba correcto, en nombre del rey hacía merced del solar. Cabe destacar que el solicitante debía pagar el valor del sitio; el dinero recibido sería destinado por el cabildo hacia una empresa específica. En la entrega del terreno era designada una persona, en tanto que el escribano

issn 1870–8196

3

extendía el título de posesión correspondiente y se producía el pago. Para dar posesión se reunían en el lugar ante el escribano, el solicitante, la persona que entregaría el solar, los vecinos y los testigos. La ceremonia de posesión provenía del derecho romano Justiniano de la baja edad media española y del derecho germánico; 3 consistía en que el solicitante se paseaba por el solar, tiraba piedras, arrancaba hierbas, tomaba el lugar pacíficamente y sin contradicción de ninguna persona. El título describía gestiones realizadas, ubicación, dimensiones, colindancias, costo, nombre de los testigos y número de hojas.

Es pertinente aclarar que existieron mercedes y compraventa de solares, efectuadas a cambio de dinero; las primeras se refieren a tierras cuyo propietario fue el rey y el beneficiario un particular.

En cambio, en las compraventas, los involucrados fueron personas particulares.

Mercedes gratuitas Relativo a las adquisiciones gratuitas, había cuatro maneras de obtenerlas: 4 ser empleado del gobierno, pertenecer a una orden religiosa, ser descendiente de conquistadores y ser minero. Las mercedes gratuitas constan en los años 1725, 1735, 1713, 1743, 1717, 1712, 1788. En las alhóndigas se tenía por costumbre designar una pieza en la que habitara el alcaide, pero en Zacatecas no se había puesto en práctica por la falta de recursos económicos.

En el primer caso, Juan Severo Marroquín, alcaide de las alhóndigas, solicitó un solar el 27 de junio de 1735. La petición fue recibida por tres integrantes del cabildo: José de Ribera Bernárdez, teniente de corregidor; Diego López de Aragón, alguacil mayor, regidor perpetuo y procurador de la ciudad; y el escribano Manuel Antonio Chacón. Marroquín había localizado un sitio eriazo a extramuros de la ciudad, en la loma que subía hacia la hacienda de fundición de Francisco Javier Ortiz de Herrera, a orillas del Ana Rita Valero de García Lascuráin, Solares y conquistadores, orígenes de la propiedad en la ciudad de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, p. 235.

4 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 1, 1735, 1713, 1712 y 1717.

3

4

Investigación

CIENTIFICA

arroyo. El lugar medía 22 varas de frente de sur a norte, por 30 de fondo. Al norte lindaba con las casas de Álvaro de Macadán; al sur, existía un callejón de 5 varas de ancho frente a la casa de Catarina Inés.

Con el objeto de reforzar su solicitud, Marroquín le recordaba al cabildo que en circunstancias semejantes los empleados al servicio de gobierno habían recibido mercedes gratuitas. El encargado de resolver el asunto fue el procurador; quien abogó por Marroquín al exponer de manera amplia que desde el inicio de la construcción de la alhóndiga, éste había asistido con gran puntualidad y fidelidad a la edificación, buscando los materiales y los operarios sin recibir alguna remuneración. Así, el 6 de julio le fue asignado el lugar, por lo que Rivera ordenó al alguacil que diera posesión del sitio.

Asimismo, el escribano citó a las dos personas que colindaban con el lugar con la intención de que externaran su opinión; el 8 de julio, consintieron en que se asignara el terreno. El solicitante tomó posesión del terreno, los testigos fueron José Antonio López, Francisco Javier de Leos, Salvador Hinojosa, Manuel de Escamilla y Miguel Ángel Cabrera. Al visitar el sitio, el procurador sugirió que el callejón serviría para desagüe de las aguas de lluvia que bajaban del cerro, cuya longitud era de 30 varas y remataba en el poniente en el arroyo. Estos datos sugieren que la extensión de las vialidades fue determinada por la opinión de solicitantes y vecinos y por la finalidad que tendría la calle; en este caso, serviría para desalojar el agua de lluvia. En consecuencia, es posible afirmar que las dimensiones estuvieron a cargo de quien inspeccionaba el lugar (procurador, alarife o algún comisionado).

En adición, el tamaño consideraba la función que cubriría la calle: desalojo de lluvia, tránsito de personas o animales y circulación de carretas; es decir, no todas las calles presentan tales dimensiones por la topografía del terreno. De igual forma, el 26 de octubre de 1713, Francisca Rodríguez, viuda de Gabriel de la Torre, quien había sido alcaide de la cárcel, pidió un terreno de 30 varas en cuadro en el Cerro de la Carnicería que colindaba con la casa de Salvador Serrano y con un jacal. El corregidor Pedro de Castro y Colona, con base en los méritos del difunto, le concedió el lugar, del que tomó po-

sesión el 31 de octubre.

Sobre la concesión de mercedes gratuitas por pertenencia al clero se conoce el caso del presbítero Marcos de Miqueo, director de la Santa Escuela de Cristo. El 5 de junio de 1743 el doctor Juan Gómez de Parada, obispo de Guadalajara del Nuevo Reino de Galicia, del Nuevo Reino de León, de las Provincias de Nayarit, Californias, Coahuila y Texas, le concedió licencia para fabricar una iglesia con el nombre de la Preciosísima Sangre de Cristo, para la cual ya tenían un solar de 18 varas de frente localizado en la calle que va a la plazuela de Villareal y sale a la carnicería de Calera. La capilla requería un cementerio, pero el terreno no era suficiente, por tanto solicitaba que le otorgaran una merced de 4 varas de ancho por 18 varas de longitud de la calle aledaña, medidas acordes a las del solar que ya poseían.

El caso fue turnado al procurador Miguel de Moraña y Mendoza el 19 de julio. Al día siguiente, Moraña aseguró que la calle era bastante ancha, aunque se le quitaran las 4 varas seguiría conservando buenas dimensiones; no obstante, debían pedir la opinión de los vecinos, la condesa de San Mateo de Valparaíso, José de Bosi y José Benítez. El 22 los vecinos aceptaron la petición y ese día el cabildo mercenó el lugar. El alguacil mayor, Diego López de Aragón, dio posesión del terreno, el que se efectuó el 24 de julio ante los testigos, Miguel de Miqueo, asentista del real estanco de la pólvora, Francisco Javier Caballero Niño de Córdoba, Marcelino Baca y Miguel Badillo.

Por otra parte, la tercera forma gratuita data de 1717. El 27 de febrero, José de León de Viso y Prado, regidor perpetuo, respaldó su petición con el razonamiento de que era esposo de María de Arellano Zaldívar y Oñate. Ella tenía el privilegio de ser patricia de la ciudad y descendiente del conquistador Cristóbal de Oñate. Como las ordenanzas reales disponían que a los descendientes de conquistadores les franquearan sitios para labrar su casa, su familia carecía de un solar en el que pudiera edificarla, así que requería uno que medía 83 varas de frente por 40 varas de fondo, con la promesa de dejar un callejón que sirviera a la servidumbre de las casas colindantes y al desalojo de las aguas de lluvia. Dicho solar se localizaba hacia el Colegio de la Compañía de Jesús, la Plazuela de

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

Guillén, junto al Convento de San Agustín, detrás de las puertas traseras de las casas de Miguel González, Luisa de Rentería y José Ladrón de Guevara.

La solicitud fue recibida por José Gil de Araguzo, corregidor y general; Juan José Bernardo, alguacil mayor; y Andrés Sánchez de Somoza, fiel ejecutor.

Fueron citados los vecinos, el padre Prior del convento, Fray Marcos Coronel; José Ladrón de Guevara, hijo de Manuela Conchillos; Miguel González, maestro platero; y Luisa de Rentería. Tanto el procurador, Juan Antonio Pérez de Baños, como los vecinos estuvieron de acuerdo con la petición. El lugar fue medido por el alarife Domingo Lorenzo, que informó que el lugar era un basurero. El 2 de marzo el corregidor mercedó el lugar y le indicó al alguacil que le diera posesión ante los testigos Miguel de la Torre y Pedro de Veitia.

Por último, la cuarta vía gratuita fue la utilización de los privilegios mineros. Dicha modalidad fue empleada por Pedro de Salazar y Águila, capitán, caballero de la Orden de Santiago, vecino y minero de la ciudad de Zacatecas. El 23 de enero de 1712, Salazar invocó el privilegio, pues a fin de lograr el aumento de las minas debían mercedarle solares gratuitamente. En su opinión, las minas Cajoncillo, Los Isleños y San Miguel de Delgadillo, en Veta Grande, jurisdicción de Zacatecas, precisaban dos solares colindantes para cuadrillas: uno de 200 varas en cuadro y otro de 300 x 200 varas. El mismo día el corregidor mercedó el lugar, el alarife Pascual de Rivera lo midió y los vecinos dieron su opinión.

El 17 de febrero, ante el escribano y testigos, el teniente de Veta Grande José Sánchez le dio posesión.

Salazar se paseó por la tierra, tiró piedras, arrancó hierbas, la tomó en posesión de forma quieta y pacífica, sin ninguna contradicción. Si bien Salazar contaba con una gran influencia, puesto que obtuvo un terreno de 200 x 500 varas, poco a poco el privilegio minero se redujo, a tal grado que los terrenos les fueron vendidos o las solicitudes fueron rechazadas, como sucedió en 1718 y en 1790. Existió otra petición rechazada en 1800, pero fue aceptada en 1807.

issn 1870–8196

5

Solicitudes no aceptadas Por lo general, la información da cuenta que las solicitudes eran aceptadas, no obstante, hay tres casos denegados en 1790, 1800 y 1718. En 1790, Antonio de Echeverría, comerciante, dueño de una hacienda de beneficio por azogue, necesitaba terreno para la construcción de un molino en su hacienda,5 ubicada en la calle de Abajo, en colindancia con la Plazuela de San Juan de Dios. El lugar medía 39.5 varas de longitud, de oriente a poniente, por 14.75 varas de ancho. El 14 de abril la solicitud fue recibida por los integrantes del cabildo, el licenciado José María Arroyo, abogado de la Real Audiencia de México, miembro del Real Colegio de Abogados de la Nueva España, teniente letrado y asesor de la Intendencia de Zacatecas; José Francisco de Castañeda, alférez real y regidor; José Manuel de Bolado y Juan Francisco Joaristi, regidores propietarios. Acordaron que el procurador Manuel González Cosío y el alarife Rafael Bravo reconocieran el sitio.

La información dada por el alarife fue determinante en la negativa a la solicitud. El 20 de abril, Bravo declaró que al mercedar el lugar quedaría poco sitio para la plazuela y prácticamente desaparecería.

Además, se cerraría el tránsito hacia el puente de Santo Domingo. El 29 de mayo el cabildo turnó el caso al procurador, quien lo recibió el 1 de junio.

Siete días después, el procurador sustentó al alarife y remarcó que si se entregaba el espacio quedarían obstruidos al tránsito peatonal los dos accesos a la hacienda. Una calle ya estaba cerrada porque las carretas siempre estaban descargando utensilios propios para la hacienda. En consecuencia, el 14 de julio el cabildo definió que se negaba a hacer merced de la tierra, y lo notificó al solicitante el 6 de octubre, tras seis meses de discusión. Quizá el cabildo optó por cuidar el breve espacio libre que le restaba a la ciudad o bien el personaje no tenía la influencia suficiente para invocar los privilegios mineros.

Otro caso de negativa se presentó en el año de 1800; aunque por la insistencia del solicitante y el fallecimiento de quien le obstruía le fue concedido 5 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 2, 1790.

6

Investigación

CIENTIFICA

en 1807.6 Francisco Antonio Calderón, diputado del comercio, pretendía ampliar su casa ubicada junto a la plaza mayor con frente al poniente y que hacía esquina con el callejón de Solís. El 23 de julio solicitó al cabildo ese callejón, que medía 2 varas de norte a sur por 35 varas de longitud, de oriente a poniente.

El cabildo recibió la petición y comisionó a Miguel Bizcardo, procurador, síndico personero del común, que inspeccionara el sitio; cinco días más tarde, el procurador recibió el expediente y se citaron a los vecinos. José Antonio Bugarín, cura de la ciudad, se opuso, por lo que el peticionario desistió el 24 de septiembre. En mayo de 1803 volvió a registrarlo y de nueva cuenta le fue negado; en abril de 1807 lo solicitó una vez más. El alarife José María Molina fue designado el 11 de agosto para revisar el lugar: informó de las medidas del sitio y le asignó un valor de 176 pesos. El 20 de agosto le hicieron merced, mientras que el alguacil mayor, Francisco de Joaristi, le dio posesión. Dos días después el peticionario entregó el dinero al escribano de cabildo, quién lo transfirió al depositario de las rentas, Julián Ruiz.

Le devolvieron a Calderón 10 pesos y 4 reales para cumplir con el derecho de alcabala. Al respecto, la alcabala tenía un valor aproximado del 6 por ciento del valor de la compra.

También fue rechazada otra petición relacionada con una plazuela que solicitó el regidor, capitán y minero, Juan Calvillo de Guevara en 1718.7 Calvillo pretendía registrar un lugar en el que pudiera edificar casas, pese a que se trataba de la Plazuela del Maestre de Campo, puesto que ninguna persona había reclamado algún derecho o construido sobre ella. Según él, al estar desierto, el lugar quedaba registrable y al acuparlo se evitaría que tiraran basura enfrente de la iglesia. Añadía que como él era regidor, exigía ser atendido y preferido a cualquier otra persona que ofreciera dinero y estaba dispuesto a entregar la cantidad indicada en el avalúo.

El solar tenía un frente que iba desde la esquina de las casas del capitán y minero Antonio Martínez de Murguía hasta cerca del cementerio de la paahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 2, 1800.

7 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 1, 1718.

6

rroquia principal, la colindancia terminaba en un cimiento de cal y canto. En ese frente también se hallaba la casa de Diego Bernardo y Valdéz, capitán y caballero de la Orden de Santiago. Adicionalmente, Calvillo pedía que el alarife midiera el sitio, con la intención de asegurarse de las dimensiones correctas; la calle de entrada y salida de las casas de Martínez de Murguía y Bernardo y Valdéz; y el tamaño destinado al cementerio. De ese modo, el terreno restante sería de la propiedad de Calvillo.

La petición fue recibida el 8 de marzo por los integrantes del cabildo, José Gil de Araguzo, corregidor y general; Francisco Jobe, alguacil mayor; Andrés Sánchez de Somoza, regidor y fiel ejecutor. El corregidor ordenó que el procurador Juan Antonio Pérez de Baños reconociera el lugar, tomara la opinión de los vecinos más cercanos, en tanto que el alarife Juan Ramos medía y valuaba el sitio. El 2 de abril el licenciado Tomás Fraire de Somorrostro, abogado de las reales audiencias y comisario del Santo Oficio, se opuso al registro porque la Inquisición tenía casas junto a la plazuela. Además, la ausencia de viviendas se debía a que se trataba de un lugar público y una pequeña parte se utilizaría para la Capilla del Santísimo Cristo de la parroquia principal, incluso podían verse los cimientos construidos. Sugería al cabildo que cesara el registro o protestaría en forma más enérgica. Diego Bernardo y Valdéz también se opuso, argumentaba que su casa quedaría abandonada al ser obstruida por las futuras edificaciones; sabía que una parte había sido asignada para edificar la Capilla del Santísimo Cristo. Para él era importante conservar la plaza porque era usada en diferentes actividades públicas (juegos, lidias de toros) y comerciales entre los mineros, que acudían y adquirían sus respectivos avíos.

De manera similar, el 4 de abril, Antonio Martínez de Murguía se opuso. Indicaba que la plazuela era un lugar público, fungía como plaza de armas, y ya que la Capilla del Santísimo Cristo tenía la puerta hacia la plazuela no luciría, sin mencionar la zona preparada para su construcción formal. El mismo día, Eufrasia Banderas se opuso, pues le quitarían el lucimiento de su casa, demeritaría la vista de la Capilla del Santísimo cuando su edificación hubiese concluido. El 5 de abril, Manuel y Sebastián de

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

Altamirano y Castilla, presbíteros y mayordomos de la Cofradía del Santísimo Cristo, se unieron a la oposición. Relataron que la edificación de la capilla fue autorizada por el gobernador y presidente de la Audiencia del reino de Nueva Galicia, Antonio de Zeballos Villa Gutiérrez. Desafortunadamente no se edificó, pero pertenecía a la cofradía, incluso la puerta de la capilla daba hacia la plazuela, si se erigían las casas que pretendía el solicitante sólo quedaría un callejón que demeritaría la capilla.

Una vez recabadas las opiniones de los vecinos, el cabildo ordenó el 9 de abril que informaran al peticionario para que solicitara lo que le conviniera; el día 20 el escribano envió el traslado. Al recibir el documento, Calvillo pidió al cabildo justicia y que declarara ilegítimas las causales de las contradicciones; mencionó que las objeciones se debían en realidad a que al construir sus casas quedarían abandonadas las de los vecinos, si bien ellos debían considerar que la calle sería lo bastante amplia para que pudiera entrar y salir un coche. En adición, declaró inválido el argumento acerca del distanciamiento de la calle real, ya que según él nadie había obligado a los vecinos que compraran los solares tan retirados; pensaba que los habían adquirido allí por la colindancia del arroyo y por las ventajas que ofrecía tener una plazuela.

En su defensa, Calvillo hizo referencia a la localización de las plazas de acuerdo con las disposiciones de la Recopilación de leyes: debían asentarse en medio de la población y su tamaño debía ser de 200 x 300 pies de ancho; la plazuela en disputa no cumplía ninguno de esos requisitos. Teniendo en cuenta las consideraciones comunes, su registro le quitaría la fealdad que presentaba la calle real. Si nadie se atrevía a solicitar el sitio era a causa de su nombre: se creía que tenía propietario porque le llamaban la plazuela del Maestre; sin embargo, no lo tenía, de lo contrario no hubiera sido cedida al Santo Cristo.

Un argumento más rechazaba que allí se reunieran los mineros, la verdad era que se lidiaban toros, y él propuso que las corridas se efectuaran en la plaza de San Agustín. El 18 de mayo el cabildo recibió las opiniones de Calvillo, se turnó el caso al procurador Pérez y se le envió el expediente. La información no ofrece una conclusión del caso; pero fue rechazada

issn 1870–8196

7

pues hasta la fecha existe la plazuela del Maestre de Campo, frente al Palacio de Gobierno, denominada en la actualidad Plaza de Armas.

Mercedes vendibles Se han reportado 22 peticiones: una en 1724, 1730, 1743, 1749, 1753, 1773, 1784, 1785, 1794, 1799, 1800 y 1803; dos en 1736, 1797 y 1798; y cuatro en 1774. Las que sobresalen son las de los años 1724, 1743, 1749, 1773, 1774, 1784. El expediente de 1724 es relevante porque menciona un pozo de agua dulce, tan escasa en la ciudad, y hace referencia al término extramuros, aunque no existieron muros que limitaran la ciudad.

Leonardo Vázquez, vecino de la ciudad, tenía su casa a extramuros de la ciudad junto con un pedazo de tierra realenga localizado en el arroyo Fuentecillas.8 Como referencia, el sitio se ubicaba entre los dos caminos que subían a las huertas, cercano a una boca de agua dulce descubierta entre la casa de Juan de la Torre y su casa. Pretendía labrar una casa de morada,9 por lo que el 3 de marzo de 1724 el cabildo recibió su solicitud a través de sus integrantes, Martín Verdugo de Haro y Dávila, corregidor, teniente de capitán general, protector de las fronteras de San Luis Colotlán y Sierra de Tepeque; José de León de Visso y Prado, regidor decano; y Juan Antonio Pérez de Baños, procurador general.

El escribano Manuel Antonio Chacón notificó el asunto por escrito al procurador y alarife de la ciudad, Nicolás Lorenzo García, con la finalidad de que emprendiera un reconocimiento al lugar, tomara las medidas y lo valuara. El escribano hizo las notificaciones el 27 de marzo y el 24 de abril, respectivamente.

En el informe que presentó el alarife el 22 de mayo, aparte de incluir los datos del terreno, hizo énfasis en el tema del agua. Describió el terreno como áspero y barrancoso, de manera que al construir una casa tendrían que gastar una gran cantidad de dinero. Con el propósito de ubicar la orientación 8 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 1, 1724.

9 El término mina de agua dulce es utilizado también como boca de agua dulce, en este caso se empleará esta última expresión porque alude con mayor facilidad al agua de consumo humano.

8

Investigación

CIENTIFICA

del terreno se usaban expresiones como «el frente del terreno se compone de 60 varas que corren de oriente a poniente». El lugar medía 60 varas de frente y 80 varas de fondo; se hallaba en el camino que conducía a las haciendas e incluía una mina de agua dulce, que él no se atrevía a valorar porque no le correspondía opinar en lo relativo al agua; el terreno tenía un costo de 56 pesos y 2 reales.

Con seguridad el tema del agua era de gran trascendencia para las autoridades. En la reunión de cabildo del 3 de julio, a la que acudieron también el alguacil mayor Francisco Jobe Bernardo, el juez fiel ejecutor José Fernández de Bustamante Prieto y el depositario general Martín de Leucona, se convino en trasladar la información del alarife al procurador general, con el objeto de que externara su opinión y así informar al solicitante lo que procediera. El procurador accedió a entregar el terreno junto con la boca de agua, pero con restricciones en atención a la utilidad pública del agua: Vázquez tendría no sólo la obligación de mantener limpio el lugar y el líquido, sino de evitar el desperdicio, de lo contrario los pobres carecerían de agua dulce.

Enfatizó que los pobres que acudieran recibirían el agua de modo gratuito, mientras que los aguadores convendrían con Vázquez el dinero que pagarían.

El solicitante tendría el privilegio de aprovechar el agua gratis, en virtud de que él había registrado el lugar y cuidaría de que no arrojaran tierra u otras inmundicias.

En la sesión del 17 de julio, Andrés José Sánchez de Tagle, alférez mayor, dispuso que el solicitante dispusiera del solar, dejando libre el pozo de agua para que las personas pudieran utilizar libremente el agua. No obstante, sus compañeros regidores se opusieron, sostenían que debía entregarse la tierra y el agua. Es probable que les pareciera más acertado que alguien cuidara del agua permanentemente y evitara su extracción excesiva. Estos desacuerdos suponen que las autoridades no exploraban los lugares en los que manaba el agua ni se encargaban de conducirla por acueductos hacia los pobladores.

Finalmente, el corregidor mercedó el suelo y el agua, y ordenó al solicitante exhibir el dinero y entregarlo al ejecutor fiel José Fernández. Cinco días después, el alguacil mayor Francisco Jobe Bernardo dio po-

sesión: tomó de la mano al solicitante y en nombre de su majestad entregó el solar. Fungieron como testigos los vecinos Pedro de Orozco, Domingo de la Cruz y Dámaso Ruiz. El escribano entregó el título de propiedad el 7 de agosto.

Algunas ubicaciones de los solares aluden a las calles convertidas en accesos o salidas de la ciudad o que conducían a las huertas a orillas de la población, otras a la tierra yerma y despoblada. Cuando el alarife visitaba el lugar y lo describía, hacía mención al vocabulario generado por las referencias de la ciudad y el término extramuros. En Zacatecas no existieron muros o murallas que limitaran la ciudad, así que tales expresiones indican que los solares ocupaban cada vez más espacios del campo, de manera que la mancha urbana fue extendiéndose hacia las cercanías de las huertas, el Convento de Guadalupe, los Barrios de Indios, haciendas de beneficio, minas, arroyos, caminos y lomas. En el periodo medieval europeo la muralla fue el elemento urbano usado como defensa de las poblaciones, en el caso Zacatecas, sólo fue una expresión imaginaria.

La presencia común de las murallas estaba tan interiorizada en los habitantes españoles, que el término extramuros fue empleado a pesar de la inexistencia de muros circundantes.

La solicitud de 1743 permite saber cómo se efectuaban las medidas del solar y se obtenía su valor.

María Gertrudis Calle registró un solar para labrar vivienda, arriba del Barrio Nuevo, que medía de frente 62 x 74 varas de fondo y colindaba con tierras de Antonio Cristerna y las propiedades de Simona Calle y Nicolás García. Ella estaba dispuesta a aceptar el costo que le asignaran, teniendo en cuenta su lejanía del centro de la ciudad. El 24 de mayo fue recibida su solicitud en el cabildo integrado por el corregidor Felipe Rodríguez de la Madrid, marqués de Villamediana; Diego López de Aragón, alguacil mayor; Miguel de Moraña y Mendoza, alférez mayor, alguacil del Santo Oficio de la Inquisición; José García de Rodayega, juez fiel ejecutor; y Gregorio de Zumalde, depositario general. Efectuadas las diligencias de costumbre, los vecinos aceptaron la petición.

En la visita del alarife Bernabé Rivera, precisó que el lugar se hallaba a extramuros de la ciudad, al lado derecho del Barrio Nuevo y al oriente de la ha-

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

cienda de beneficio por fuego de Antonio Cristerna.

Las dimensiones y el avalúo los hizo de la manera siguiente: «las 62 varas de frente las valuo en 4 reales cada una, e importa 31 pesos; las 74 de fondo, a 2 reales cada vara, importando 18 pesos y 4 reales; que juntas una cantidad y otra, todo vale 49 pesos y 4 reales». Lo anterior quiere decir que se medía el frente y el fondo en unidad de longitud, sólo se consideraba el perímetro en dos de sus caras y multiplicaba por el valor de cada vara; posteriormente, se tomarían las medidas en unidades cuadradas.

El 31 de mayo fue enviado el expediente al procurador Moraña, quien constató que no había contradicción por parte de los vecinos, avaló el valor asignado por el alarife, ratificó la ubicación del lugar que no perjudicaba a la ciudad y observó que constituía una fuente de ingresos para el cabildo.

Por tal motivo, sugirió al corregidor que el lugar podía mercedarse, éste lo asignó el 5 de junio. Asimismo, ordenó que el registrante pagara el avalúo y el dinero se pusiera en el arca de propios de la ciudad. Por último, designó a Francisco Javier Niño de Cardona, teniente del alguacil mayor, para que le diera posesión. Ese día se efectuó el pago, y la toma de posesión se efectuó al día siguiente ante la presencia de testigos.

Por otra parte, la petición de 1749 informa de la asignación de un solar en tierras en litigio en el pueblo de indios del Niño Jesús. Teresa de Aguilar no tenía casa propia, por eso deseaba registrar un solar y edificarla. El sitio se hallaba a extramuros, en el camino que conducía al cerrillo a mano derecha, medía 52 varas de frente, que veían hacia el oriente, por 20 varas de fondo al poniente. Colindaba al norte con la casa de Manuel de los Santos, al poniente con la de Ana Inés de Mercado, esposa de Eusebio Cardona. El 7 de marzo la solicitud fue recibida en el cabildo, enseguida se le notificó del caso al procurador y alarife Bartolomé de Medina. El día 24 el escribano citó a los vecinos, quienes estuvieron de acuerdo con la petición.

Adicionalmente Manuel de los Santos declaró que durante más de diez años los habitantes del pueblo de indios del Niño Jesús sostenían un pleito pendiente en la real Audiencia por la propiedad de esas tierras. En la posesión del sitio uno de los

issn 1870–8196

9

testigos fue Juan Hilario, alguacil mayor del pueblo.

En la inspección hecha por el alarife, el 12 de abril, rectificó que la medida del frente era de 50 varas, cuyo valor total era de 13 pesos. Cinco días después, el cabildo recibió el avaluó, luego se turnó el caso al procurador, el cual dio el visto bueno y mandó que el dinero se colocara en el arca de propios. El 2 de mayo el corregidor hizo la merced, ordenando que el alguacil mayor diera posesión. La solicitante fue notificada de la decisión del cabildo, realizó el pago el 9 de mayo y de inmediato tomó posesión ante los testigos Anastasio de Rivero, Pedro Miguel de Lucio, José Antonio Rosales y Juan Hilario. Al día siguiente el escribano le extendió el título de posesión en diez fojas.

La solicitud de 1773 muestra las dimensiones del terreno para construir una hacienda de beneficio.10 Las hermanas María Antonia e Ignacia Lucía Méndez Hidalgo registraron un solar con la intención de construir una hacienda de beneficio. Sus dimensiones eran 40 varas de frente de sur a norte, por 65 varas de fondo desde oriente a poniente. Se ubicaba atrás de la calle que iba de la plaza principal al camposanto del Convento de San Francisco, en la caída del cerro, entre dos arroyos conocidos con los nombres de Treto y Oliva; colindaba al norte con una casa propiedad de la capellanía de los Guzmán y los Oliva, con la callejuela que daba a la calle de San Diego. El 12 de octubre el cabildo recibió la petición y la sacó a pregón. Existían dos formas de hacerlo: diariamente se pronunciaba un pregón durante nueve días o bien un pregón por tres domingos, porque era cuando se reunían más personas en la ciudad. En este caso se optó por la segunda alternativa. Cabe mencionar que si nadie contradecía la petición, se debía informar al corregidor. En tanto, el alarife y maestro mayor de arquitectura, Rafael Bravo, realizaría el avalúo.

El primer pregón se efectuó el 17 de octubre en voz del pregonero público Mariano Nieto, sin que alguna persona alegara derechos, situación que fue asentada por el escribano Miguel Rodríguez de Villagrán ante los testigos Luis Guijarro, Fernando de 10 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 2, 1773.

10

Investigación

CIENTIFICA

Villalta y Diego Terrero. Un nuevo pregón se pronunció el día 24. El expediente carece de conclusión, pero permite identificar las dimensiones que podía poseer una hacienda de beneficio y la ubicación de los solares; así, se tiene noticia que los arroyos de Treto y Oliva se encontraban próximos al convento de San Francisco. De igual modo se infiere que a través de los pregones se pretendía recaudar la mayor cantidad posible de dinero para el cabildo.

La petición de 1774 da cuenta de las maniobras llevadas a cabo por el alarife en la medición del solar: usó una cuerda y elaboró un croquis de la zona.11 El minero Miguel de Rábago registró un sitio en el que quería fabricar una casa, con medidas de 12 x 30 varas y que se localizaba entre tres haciendas de beneficio por fuego. Una de ellas había sido propiedad de Pedro Prudencio Rendón, pero a la fecha pertenecía al solicitante; otra era de Antonio Goicochea; y al lado sur, del otro lado del arroyo, estaba la hacienda de García. Pese a que su hacienda se hallaba a orillas del arroyo general hacia la parte del sur de la Noria del Perdido, en su solicitud no la incluía porque era un aguaje del vecindario. En ausencia del corregidor presidió la reunión el alcalde ordinario de primer voto Juan de Cerros, el 10 de junio. Ordenó que citaran a los colindantes para conocer su opinión; posteriormente el alguacil mayor, Francisco de Joaristi, acompañado del escribano Miguel Rodríguez Villagrán y de Rafael Bravo, alarife y maestro mayor de arquitectura, realizaron una vista de ojos del solar; posteriormente, si no existían perjuicios hacia terceros, el alarife lo mediría y valuaría. Un día después el alarife desempeñó su trabajo con cierta dificultad, en su informe mencionó que el lugar estaba tan barrancoso que era complicado llegar a él. Por vez primera, sus tareas facilitan información de su ubicación y tamaño gracias a que elaboró un croquis en el que se observa esta descripción: «corrieron por la parte del sur una cuerda que medida tuvo 17 varas de frente, al oriente 43 varas, de sur a norte 81 varas haciendo frente al arroyo general, al norte 13 varas, quedando medido y figurado por el alarife como se ve en el margen de este documento».

De forma semejante, el alarife José María Molina en 1806 empleó una cuerda al medir el Rancho del Cerrillo.12 El cordel con el que efectuaba las medidas de los terrenos equivalía a 140 varas lineales. Estas varas de medir debían ser revisadas anualmente por la autoridad a fin de que fueran válidas las cifras que proporcionaban. Como muestra, el alarife Bravo rectificó las dimensiones reportadas por el peticionario, las 81 varas que daban al frente del arroyo las valuó en un 1.5 reales cada una, las restantes, a 1 real; en total tuvo un costo de 22 pesos con 1.5 reales. El día 21 fue mercedado el lugar y el 25 el alguacil le dio posesión ante los testigos Pedro Prudencio Rendón, Antonio de Zúñiga y Marcos de Zúñiga.

Destaca también la petición de 1784 porque informa que la unidad de medida de los solares fue la vara cuadrada, en contraste con las varas lineales.

El comerciante Simón de Lezama era propietario de una casa baja cubierta de terrado en la calle de Abajo, su fondo caía al arroyo general, hacia el poniente; donde había un pedazo de tierra realengo de 6 x 3 varas, las cuales registraba con el objeto de ampliar su casa. El 4 de octubre fue recibida la solicitud y se ordenó al procurador Antonio Martínez de Cosío, el escribano Diego José Terrero y el alarife Rafael Bravo efectuaran una vista de ojos el día 6. Por primera ocasión el alarife procedió a utilizar la unidad de medida del sitio en vara cuadrada, en lugar de vara lineal, de manera que la superficie fue de 18 varas cuadradas, valuadas en 3 reales cada una, lo que dio un total de 6 pesos con 6 reales. El 8 de octubre el peticionario pagó el dinero al escribano, quien lo entregó al depositario de las rentas de propios, extendiéndole el título de propiedad en el mismo día.

Otro ejemplo ocurrió el 18 de mayo de 1803. Andrés Orsúa registró un solar de 12 varas en cuadro ubicado en el Cerro del Grillo, donde pretendía construir una casa. Colindaba al norte con casas reales, al sur con las casas de José Redondo. El intendente Francisco Rendón ordenó que José María Molina, alarife y maestro mayor de arquitectura, hiciera el reconocimiento del lugar, midiera y valuara.

El alarife hizo su trabajo el 1 de junio: precisó que el

ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 2, expediente del año 1774.

12

11

ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Denuncios, caja 2, 6 de agosto de 1806.

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

sitio se hallaba en el Barrio del Pedregoso y que por ningún viento había linderos, la superficie era de 144 varas cuadradas con valor total de 36 pesos; es decir, la vara cuadrada valía 2 reales. El 30 de junio le mercedaron el solar.

Compraventas Antes de 1549 los pobladores de Zacatecas no tenían necesidad de efectuar las operaciones de compraventa porque podían asentarse donde desearan, pues no existía autoridad que regulara el suelo. A partir de esa fecha inició esta modalidad, lo que puede constatarse con la llegada a la región en 1550 del primer visitador y oidor de la audiencia de Guadalajara, el licenciado Hernán Martínez de la Marcha, quien fue informado que los pobladores solicitaban solares y una vez obtenidos, los vendían.13 De acuerdo con las informaciones, dichas operaciones comenzaron en el siglo xvi. En 1588 María de Alba emprendió la compraventa de un terreno en la calle de Tacuba, junto al arroyo.14 Desde el 1 de abril de 1524 se tiene constancia de ventas en la ciudad de México. Ese año, Hernando López de Ávila y Hernando Martín fueron multados con 200 pesos por comprar un solar a Quevedo sin el permiso del cabildo.15 En Guadalajara, López afirma que las ventas constan desde 1611,16 pero debe tenerse en cuenta que si no hay informes más antiguos se debe a que los registros de las actas de cabildo empezaron en 1607.17 José Enciso Contreras, Ordenanzas de Zacatecas en el siglo xvi y otros documentos normativos Neogallegos, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, 1998, p. 454.

14 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Compraventa y traspasos, caja 1, 10 de enero de 1613.

15 Edmundo O’Gorman, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, siglo xvi, México, Fondo de Cultura Económica/ Departamento del Distrito Federal, 1970, p. 9.

16 Eduardo López Moreno, La vivienda social: una historia, Puebla, Red Nacional de Investigación Urbana, 1996, p. 68.

17 Juan López, Actas de Cabildo de la Ciudad de Guadalajara, volumen segundo, 1 de enero de 1636 al 18 de junio de 1668, Ayuntamiento de Guadalajara, 1984, [Guadalajara se fundó el 14 de febrero de 1542, pero] «el registro de sus libros de cabildo se conoce a partir del año 1607», la información se encuentra en la hoja de presentación que realizó el Presidente Municipal de Guadalajara el 15 de diciembre de 1984.

13

issn 1870–8196

11

En el periodo de estudio se identificaron ciento veintiséis compraventas. Ciento ocho fueron atendidas por los escribanos y dieciocho por el cabildo: una en 1724, 1725, 1728, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1746, 1750, 1754, 1755, 1758, 1774, 1775, 1780, 1788, 1800; dos en 1723, 1727, 1730, 1747, 1748, 1753, 1792, 1794; tres en 1731, 1778, 1791; cuatro en 1732, 1790, 1793; cinco en 1726 y 1801; seis en 1729 y 1773; diez en 1798 y 1799; once en 1796; y dieciocho en 1797. En su redacción, estas compraventas poseen características semejantes usadas por el cabildo y los escribanos de la ciudad; sin embargo, la información del cabildo es más completa en virtud de que brinda datos del alarife que visitó, midió y valuó el lugar, circunstancia que no sucede en los otros.

Las compraventas iniciaban con los primeros tratos de las personas interesadas. Una vez acordado el precio, redactaban un documento denominado carta de venta o papeles simples; posteriormente acudían con el escribano a formalizar el caso,18 quien elaboraba la escritura de venta.

Al llevar a cabo las operaciones de compraventa era necesario conocer los antecedentes del sitio: quiénes eran los dueños anteriores, cómo lo adquirieron, cuáles eran las referencias de ubicación, qué notario les escrituró, en qué fecha, cuáles eran las dimensiones, cuánto costó. Algunos criterios para determinar el precio del lugar consistieron en la cercanía o alejamiento del centro, proximidad a una iglesia, distancia de un arroyo o pozo de agua, la geografía del terreno, sus dimensiones y la limpieza del solar. En ese sentido, las compraventas tuvieron cuatro variantes: 1) atendidas por el cabildo en la población de españoles, 2) atendidas por el cabildo en los pueblos de indios, 3) atendiEl término carta de venta se utilizó desde el siglo xvi, cuando María de Alba afirmaba el 10 de enero de 1613 que en 1588 se posesionó de un terreno ubicado junto al arroyo en la calle de Tacuba y desde entonces tenía en su poder la carta de venta. ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Compraventa, caja 1, expediente del 10 de enero de 1613. ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Compraventa, caja 1, expediente del 22 de febrero de 1722 y 1726; relacionado con la venta que efectuó Cristóbal Ramírez a favor de Francisco Sillero y posteriormente Sillero vendió a favor de Melchor Ruiz. En tanto, el término papeles simples fue empleado por el escribano Miguel Alejo Ferrero en 1798. ahez, fondo: Notarías; serie: Miguel Alejo Ferrero, caja 3, 18 de agosto de 1798.

18

12

Investigación

CIENTIFICA

das por el cabildo en los órdenes religiosos, y 4) ante escribanos particulares.

Según los registros, todos los documentos mencionaban que el dinero ya había sido entregado por el comprador, el cual se hallaba satisfecho. Cuando el sitio tenía un valor mayor, le hacían donación de él. Además, la venta se encontraba libre de censo, hipoteca y enajenación. La toma de posesión se realizaba al elaborar la carta de compraventa, entonces el vendedor renunciaba a las diferentes leyes dictaminadas en Madrid, Las Partidas y aquellas que trataban de compras y ventas hechas más o menos en su justo valor. Si una mujer era la vendedora, renunciaba a las leyes que había en su favor: las del emperador Justiniano y las de Toro. Tanto hombres como mujeres vendedores juraban que no habían sido engañados para efectuar la venta. En las escrituras expresaban que daban poder a jueces y justicias del rey de cualquier parte, y en especial a los de la ciudad, con el propósito de que hicieran válida la venta de manera permanente, aparte de renunciar a ser escuchados en juicios.

Resulta pertinente añadir que las compraventas atendidas por el cabildo se integraban por cinco puntos: petición, auto, presentación de testigos, opinión del asesor y auto final. La petición consistía en que el vendedor presentaba un escrito dirigido al cabildo en el que manifestaba su deseo de venta.

Contenía el nombre del solicitante, declaraba la fecha y la forma en que se había hecho poseedor del solar que pretendía vender, anotaba el nombre y la fecha del escribano que había elaborado las escrituras, las medidas del sitio, su ubicación, así como el valor en el que deseaba venderlo, el motivo de la venta y el nombre del comprador. El auto comprendía la determinación del corregidor con base en la petición del solicitante. El cabildo recibía la petición y ordenaba que el solicitante exhibiera el título de posesión del solar o bien que presentara los testigos que avalaran la posesión del sitio. Las autoridades realizaban las indagatorias con la intención de asegurar la legalidad. La presentación de testigos se efectuaba cuando el vendedor no tenía los documentos comprobatorios como poseedor del lugar; así, los testigos afirmaban que el vendedor y sus antecesores eran los legítimos dueños del solar.

La opinión del asesor se recababa una vez que el cabildo reunía diferentes informes; uno de ellos eran los datos del alarife. Por orden del cabido, el alarife visitaba el solar, reconocía la ubicación, al describir dónde estaba el lugar generalmente retomaba los mismos datos del peticionario o aumentaba las referencias que pudiesen aclarar la situación del terreno: conventos, laderas, arroyos principales y secundarios, cerros, pueblos de indios, plazas y plazuelas. En adición, reconocía la topografía del lugar, consignaba si estaba limpio o era un muladar y le asignaba un valor. De acuerdo con esas aportaciones, se infiere que los solares se extendieron hacia el campo circundante pues en los textos aparece que se localizaban a la orilla de los caminos que salían de la ciudad con rumbo a las huertas o hacían referencia a ciertos personajes conocidos.

Los solares podían estar rodeados de espacios urbanizados (como casas) y era común que al establecer el sitio se mencionaran los nombres de los propietarios colindantes.

Otra etapa del proceso era la que desempeñaba el procurador de la ciudad con los diferentes vecinos, a quienes preguntaba si estaban de acuerdo o tenían alguna objeción para que la compraventa se llevase a cabo. Los comentarios eran valorados por el asesor que tenía que decidir si la venta procedía o no. Concerniente al auto final, comprendía la determinación del cabildo de hacer la compraventa. Para ello se basaba en los datos proporcionados por el solicitante, la información de testigos, el alarife, el procurador y la opinión del asesor. Si todo estaba correcto daba su aprobación; luego el comprador o el vendedor debían pagar el derecho de alcabala por la operación en la Real Aduana, el cual ascendía al 5 por ciento de la venta. Después, se extendían las escrituras al nuevo poseedor con los antecedentes del solar, desde los datos de la petición inicial, los testigos y el alarife; la ubicación y las medidas; el costo y el motivo de la venta. El vendedor enfatizaba que el precio era el verdadero; si costaba más, le hacía donación al comprador, que renunciaba a las leyes que le favorecieran para una futura reclamación. Por último, se asentaban los nombres del comprador y los testigos de la operación. Cuando los involucrados iniciaban las negociaciones y los

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

documentos se hallaban en orden, al escribano tardaba un día y en tres fojas redactaba las escrituras.

Compraventas atendidas por el cabildo en la población de españoles Dentro de esta variante existen diecisiete compraventas: una en 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1733, 1735, 1747, 1758, 1780 y 1793; y tres en 1729.

De ellas sobresale la compraventa de 1735 porque muestra la petición que hizo el minero Diego Carlos de Ledesma en 1713 para que dejaran enfrente de su propiedad un callejón de seis varas libres. En 1735 el presbítero Manuel de Alarcón y Cárdenas, al enviar su solicitud al cabildo, exponía que años atrás compró un solar a Cristóbal García y construyó allí su casa. La puerta falsa de su casa colindaba al norte con un solar; al sur y al poniente, con sitios de García; al oriente se ubicaba el solar solicitado, a la orilla del arroyo que bajaba del Convento de San Francisco. El 7 de julio la solicitud fue leída en el cabildo integrado por José de Rivera Bernárdez, conde de Santiago de la Laguna, teniente de corregidor; Diego López de Aragón, alguacil mayor, regidor perpetuo y procurador general; asistidos por el escribano Manuel Antonio Chacón.

Con la finalidad de verificar que García era el propietario de esos terrenos, el cabildo solicitó a través del escribano que presentara los títulos de sus propiedades. El 15 de julio, García envió dos escrituras en trece fojas; cuatro días después la información fue turnada al procurador, que debía externar su opinión. En una de las escrituras constaba que el 19 de abril de 1713, el mulato Diego de la Rosa, había registrado un solar eriazo de 12 x 20 varas para edificar su vivienda, en la calle que iba de la plaza pública al Convento de San Francisco, delante de las casas del capitán y minero Diego Carlos de Ledesma, en la ladera del arroyo principal.

Dicho registro fue recibido por el corregidor Pedro de Castro y Colona y por el regidor y juez fiel ejecutor Andrés Sánchez de Somoza. En la sesión de 1713 el escribano Manuel Gutiérrez de Ávila citó al capitán Ledesma para saber si estaba de acuerdo o tenía alguna objeción; en tanto, el alarife Pascual de Rivera inspeccionó, midió y valuó el lugar. Ledesma

issn 1870–8196

13

estuvo de acuerdo siempre y cuando delante de su terreno dejaran 6 varas libres. Su petición fue de suma relevancia, ya que en el transcurso de las distintas solicitudes es identificada de modo reiterado.

Se sustentaba en que como minero necesitaba una vialidad por la que pudieran transitar sus carretas para abastecer su casa. Su propuesta permite formular la hipótesis de que el ancho de las vialidades, llámense calles o callejones, se estipulaba según la necesidad de los pobladores, luego era avalado por el alarife en su reconocimiento del lugar, momento en el que los habitantes le exponían sus actividades de trabajo. Lo anterior le resta importancia al concepto moderno de que las calles de Zacatecas son angostas por la topografía del terreno; no hay constancia de que el alarife se quejase de las características de la zona para trazar las calles.

El 20 de abril, el alarife declaró que el valor del terreno era de 12 pesos, en virtud de que se hallaba en la ladera y el poseedor tendría que gastar dinero para resguardar la finca y evitar que las aguas de lluvia arrastraran la edificación. Con esa información el cabildo mercedó el lugar el 21 de abril y al día siguiente el solicitante tomó posesión. Como el nuevo propietario no sabía escribir, firmaron como testigos Juan Alonso de la Campa y Juan Martínez.

La escritura fue extendida el 26 de abril de 1713, los testigos fueron Diego de Guardiola y Marcos de Manjarréz. Dos años después, el 13 de febrero de 1715, de la Rosa le vendió el solar al capitán García en 24 pesos.

La otra escritura hacía constar que Juan Bautista de Bocanegra, albacea y heredero de Juana Ruiz Tostado, quien a su vez había sido heredera del alférez real Lorenzo Ruiz Tostado y de Elvira Pérez de Ortega y Bocanegra, le vendió a Ana de Rojo, esposa de Cristóbal García, un solar en la calle real que va de la plaza pública al Convento de San Francisco, a mano derecha, de 22.5 x 15 varas, las cuales remataban a la orilla del arroyo principal. El solar colindaba con los terrenos del capitán Diego Carlos de Ledesma y con la casa de Francisca de Saldaña.

La venta se efectuó en 80 pesos el 25 de enero de 1729 ante el escribano Gutiérrez de Ávila. De ese solar, Ana de Rojo vendió a Manuel de Alarcón y Cárdenas 12 x 15 varas el 25 de febrero de 1733; es decir,

14

Investigación

CIENTIFICA

se reservó 10.5 varas de frente por 15 de fondo. Por vez primera se conoce una subdivisión del suelo urbano a consecuencia del crecimiento interior de la ciudad.

Cabe destacar que los documentos fueron turnados al procurador, quien recomendó al alarife Nicolás Lorenzo García que midiera las tierras en compañía del escribano. Tal recomendación fue aceptada por el cabildo el 1 de agosto de 1735. Las medidas fueron trazadas por el alarife el 9 de agosto, en su informe concluyó que eran correctas las posesiones de la familia García. También identificó que el terreno solicitado por Alarcón medía 12 varas de frente por 8 de fondo y descubrió que al lado del terreno solicitado existía un sitio de 8 varas en cuadro perteneciente a la ciudad. Los días 11, 13, 16 y 22 de agosto el cabildo trató el caso y sugirió al procurador que debía darse por correcta la solicitud de Alarcón. Enseguida, el corregidor y general Julio Antonio de Ahumada ordenó al alarife que valuara el terreno.

El expediente no concluye el caso, pero es probable que Alarcón consiguiera el solar, puesto que García demostró que sus adquisiciones eran correctas y el cabildo atrajo para propios de la ciudad el excedente de tierra. De este caso se infiere que los esposos no tenían ningún problema en adquirir tierras en forma individual con el objeto de acrecentar el patrimonio, tener una ganancia económica y una referencia física, porque sus propiedades quedaron ubicadas en lo que después sería conocida como Plazuela de García.

Compraventas atendidas por el cabildo en los pueblos de indios A este rubro corresponden dos compraventas en el pueblo de indios de San José, en 1746 y 1747. Los indígenas estuvieron presentes desde el inicio del real de minas de los Zacatecas. Cuando el lugar alcanzó el título de ciudad, en la reunión de cabildo del 23 de enero de 1587, el procurador Alonso Sánchez solicitó que se pidiera al rey que se poblara de indios en los alrededores de la ciudad con la intención de que acudieran a las haciendas de beneficio. Los nombres de los pueblos de indios

empezaron a ser citados en los libros de cabildo a partir de 1609, momento en que la ciudad fue visitada por el licenciado Gaspar de la Fuente, oidor del Nuevo Reino de Galicia, quien indicó que a partir del año 1610, cada pueblo de indios en el mes de enero debería efectuar sus elecciones para designar a sus autoridades.19 Así, se conformaron los pueblos de Tlacuitlapan, San José, Tonalá–Chepinque y el Dulce Nombre del Niño Jesús. No obstante, el 28 de diciembre de 1806, el intendente interino, Peón Valdéz, informó al virrey que no eran estrictamente pueblos de indios: para tener esa clasificación los pueblos debían tener tierras de sembradío y cajas de comunidad.20 Es posible que sus afirmaciones fueran correctas, pero en atención a las designaciones dadas por el cabildo de Zacatecas con la denominación de pueblos, en este caso se les denominará pueblos de indios.

El gobernador del pueblo de San José notificó en 1746 que las compraventas de solares, de acuerdo con las disposiciones reales, sólo debían efectuarse entre indios.21 El 13 de septiembre de 1746, el gobernador Joaquín Infante, el alcalde Pedro de la Cruz, los regidores Marcos Rodríguez, Domingo Vicente y Julio Gamboa, eran los representantes del pueblo de San José, contiguo a la muy noble ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Fungían como portavoces para informar que habían vendido una tierra a Juan Andrés Ruiz, con medidas de 8 x 20 varas, con valor de 4 pesos. La tierra era propiedad del pueblo, se localizaba en la loma del cerro que sube al Convento de Nuestra Señora de las Mercedes, conocido anteriormente con el título de los Remedios. Colindaba con la casa del comprador, hacia el oriente con las tierras de Julio de la Peña, de origen indio, hijo y vecino de San José. La medida del frente se determinó a partir de un horno que Ruiz había fabricado en el patio de su casa, mientras que la medida del fondo era de oriente a poniente hasta unirse con el corral de la casa de María Francisca, a la que tamahez, Libro de Cabildo de la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, 1586–1614, ff. 244, 244v.

20 ahez, fondo: Intendencia de Zacatecas; serie: Zacatecas, caja 2, expediente 3.

21 ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y solares; subserie: Compraventas y traspasos, caja 1, 1746.

19

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

bién le habían vendido un terreno.

Al respecto, precisaban que «dicha venta hacemos arreglados a las reales cédulas de su majestad que dio para nosotros, que hablan que no vendamos a español, mulato ni mestizo, sino de indio a indio, como lo es el comprador». El gobernador no precisaba a que cédulas se refería, seguramente fueron las de los años 1563, 1576, 1581, 1589, 1600, 1646, y en la recopilación de 1681 en el libro vi, Título iii, leyes 21 y 22. Al finalizar la compraventa firmaron como testigos Domingo José, Andrés Gamboa y José Agustín, hijos y vecinos del pueblo. Ya que el gobernador no sabía firmar, en su lugar lo hizo el regidor Julio Gamboa; como escribano del pueblo de San José firmó Pedro López de Miranda.

De manera paulatina, las indicaciones de efectuar compraventas solamente entre indios, fueron diluyéndose. En Zacatecas se intensificó la compraventa después del año 1803, cuando la ciudad se dividió en cuarteles e integró a la población y el territorio. Thomas Calvo explica que entre 1789 y 1798 en la ciudad de Guadalajara un cura vendió una casa a un administrador de hacienda, avalado por el alcalde y los principales personajes del barrio indígena de Mexicaltzingo. Asimismo, en 1800, el administrador general de las alcabalas vendió una casa que construyó en tres solares comprados a tres indígenas del mismo barrio, con igual anuencia del alcalde indígena.22 Esos casos muestran que la incorporación del suelo indígena con el español fue promovida desde los puestos religiosos y civiles, al adquirir poco a poco propiedades indígenas.

Compraventas atendidas por el cabildo en las órdenes religiosas Concerniente a este tipo, únicamente se tiene el reporte de una compraventa en 1750. En el siglo xviii se encontraban asentadas las órdenes religiosas de San Francisco, San Agustín, San Juan de Dios, Nuestra Señora de la Merced, Santo Domingo y la Compañía de Jesús. A fin de que los religiosos puThomas Calvo y Guadalupe Briseño, «El escribano en la ciudad: entre solares y casas, Guadalajara siglo xviii», en: Rosalba Loreto López, coordinadora, Casas, viviendas y hogares en la historia de México, México, El Colegio de México, 2001, p. 59.

22

issn 1870–8196

15

dieran llevar a cabo una venta era obligación que recabaran licencia de sus superiores, un vez obtenida debían consultar con los padres del convento en dos ocasiones. Al estar de acuerdo todos los integrantes del convento, procedían a efectuar la venta.

En 1750, ante el escribano de cabildo y testigos, Fray Tomás de Silva, prior del Convento de Nuestra Señora de la Asunción de religiosos del Señor San Agustín, declaró que en 1688 Beatriz Zapata les donó una casa, ubicada en la plazuela inmediata a la calle que va para Chepinque, con la finalidad de rentarla y conseguir dinero para costear el gasto del aceite de la lámpara del Señor Sacramentado. La donación fue escriturada por el escribano público de la ciudad de Zacatecas, Diego Vázquez Borrego, el 11 de febrero de 1688. Para 1750 la casa se hallaba en ruinas, por lo que el lugar se consideraba como un solar.

Era de forma irregular, de 10 x 5 varas, más otras 5 x 4.5 varas adentro. El sitio colindaba al oriente con la casa de Nuestra Señora de la Soledad, venerada en el Convento de San Agustín, al poniente con un solar del comerciante Agustín Antonio García Salgado, que fungía como el comprador del solar.

El prior presentó ante el cabildo la licencia de venta, recabada el 18 de septiembre de 1749 en el Convento de Vicaría de San Nicolás, otorgada por el padre Fray Joaquín de Goizueta, rector provincial de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán del Nuevo Reino de Galicia. También mostró las dos consultas de venta aceptadas por los padres del convento con sede en Zacatecas, fechadas el 11 y 12 de mayo de 1750. La licencia precisaba que le concedían facultad para vender el solar, celebrar escrituras y demás documentos necesarios, previa consulta con los padres del convento como lo disponían las Sagradas Escrituras; las consultas iniciaban con el toque de la campana durante tres ocasiones con el objeto de reunirse. Ante el prior anterior, Fray Manuel Posada, se presentó García y expuso su deseo de vender su casa o comprar el solar, pues éste se había convertido en un muladar que le perjudicaba.

Posada no estaba facultado para realizar compras, pero emprendió las consultas necesarias para vender el solar. Por tal motivo, García limpió el solar, le construyó una barda y ofreció por la operación de compraventa la cantidad de 25 pesos.

16

Investigación

CIENTIFICA

Con esos antecedentes, los padres reunidos aprobaron la venta. En el documento se aprecia la firma de Tomás de Silva, Miguel de Espinoza, Blas Leal, José de Marquina, José Camacho e Ignacio Tello. Al día siguiente tuvo lugar la siguiente consulta, que coincidió con las opiniones del día previo. Conseguida la licencia y recabadas las consultas, De Silva vendió el solar y el escribano extendió la correspondiente escritura. En ella constaba que el religioso tenía en su poder el dinero de la compraventa, que renunciaba a las leyes que le fueren favorables y que el nuevo dueño había tomado posesión del lugar. Firmaron como testigos el abogado de la Real Audiencia Joaquín Antonio de Silva, Manuel Santa Ana, Manuel José Urizar Monzón, ante el escribano público mayor de cabildo Juan José Santos Muro.

Compraventas ante escribanos particulares En el periodo de estudio fueron identificados veinte escribanos involucrados:23 Manuel Gutiérrez de Ávila, Alonso de Coronado, Manuel Antonio Chacón, Domingo Antonio de Paiveta, Juan García Picón, Felipe González Calderón, Juan José Santos Muro, Manuel Antonio Suárez, Luis Francisco Sorrivas, Manuel Bastardo, Vicente de Escobar, Francisco Varela, Manuel Rodríguez de Villagrana, Juan José Díaz de Sandi, Juan José de Escobar, José Mariano de Cos, Diego José Ferrero, Miguel Alejo Ferrero, Pedro Sánchez de Santana y Manuel Joaquín Bonechea. Solamente se seleccionaron aquellos que por su extenso periodo de trabajo brindan un panorama de su actividad. Entre ellos se encuentran Manuel Gutiérrez de Ávila, de 1700 a 1735; Juan García Picón, de 1734 a 1756; Manuel Bastardo, de 1753 a 1781; y Miguel Alejo Ferrero, de 1787 a 1816.

Como se comentó con anterioridad, los escribanos atendieron ciento ocho compraventas: una en 1727, 1730, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1738, 1754, 1755, 1775, 1778, 1788, 1794 y 1800; dos en 1723, 1731, 1737, 1748, 1753 y 1792; tres en 1729, 1774, 1791 y 1793; cuatro en 1726 y 1790; cinco en 1801; seis en 1773; ocho en 1799; doce en 1796 y 1798; y diecisiete en 1797. De 23 ahez, Guía General del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, fondo: Notarias–Colonia.

la compraventa de 1723 se desprende información vital: datos de acaparamiento de tierra, subdivisión de solares, transacciones realizadas por un mestizo y el no saber firmar.

Tomás de Córdoba, mestizo, afirmaba que el cabildo le había mercenado 40 varas de tierra en cuadro el 30 de julio de 1716. El 19 de octubre de 1723 Córdoba se presentó ante el escribano Manuel Gutiérrez de Ávila con la finalidad de vender a Benito Gutiérrez 16 varas en cuadro de las 40 varas.24 El sitio se localizaba arriba de la mina del agua en la ciudad; lindaba con la calle real, con tierras de Córdoba y con el aposento de Luis de Chalas. En adición, afirmaba que el solar estaba libre de empeño o cualquier otro gravamen, por lo que renunciaba a las leyes que le favorecieran. El valor del terreno era de 36 pesos, los cuales ya le habían sido entregados y se daba por satisfecho. Como no sabía firmar lo hizo por él uno de los testigos, Felipe González Calderón, los demás testigos fueron Miguel de Moraña y Francisco Javier de Morales.

En 1726 se constató que la tierra estaba en manos de particulares, de manera que los mineros ya adquirían la tierra por compra y no a título gratuito, como se estilaba en los años anteriores. El 11 de julio de 1726, Manuela Bernal, viuda del capitán Pedro Díaz, vendió un sitio de 60 varas de frente por 12 varas de fondo al minero Cristóbal García. El lugar se ubicaba junto a la hacienda de fundición de García, en el camino que iba a la Veta Grande, con un valor de 51 pesos. El fondo del lugar remataba con el arroyo general. Indudablemente era un sitio adecuado para ampliar la hacienda, descargar los desechos hacia el arroyo o abastecerse de agua.

Conclusiones A lo largo del periodo colonial las autoridades municipales de Zacatecas otorgaron solares a los colonos de la ciudad con el fin de garantizar la continuidad de la ciudad. Las minas de plata constituyeron por mucho tiempo un aliciente importante para la atrac24

ahez,

1723.

fondo: Notarías; serie: Manuel Gutiérrez de Ávila, caja 8,

Volumen 7, número 1 enero–julio 2013,

ción de pobladores; sin embargo, la irregular productividad de las minas daba lugar a que muchos de los habitantes, al agotarse los filones, optaran por abandonar la ciudad. De ahí que las autoridades no dudaron en otorgar espacios dedicados al tránsito (calles) o al esparcimiento ciudadano (plazas) con tal de lograr la permanencia de sus pobladores. A los beneficiarios se les impusieron diversas condiciones para garantizar su permanencia, entre otras la de no poder vender los solares durante años, así como la obligación de edificarlos.

Con el tiempo el carácter efímero de algunas construcciones dio lugar a la aparición de nuevos terrenos baldíos que se convertían fácilmente en muladares o basureros, lo que ocasionaba relevantes carencias sanitarias en la ciudad. Esto obligó a establecer una serie de disposiciones para garantizar la higiene urbana. Por ejemplo, se obligaba a los dueños a cercar las fincas y a mantenerlas libres de basura.

Incluso, cuando no se cumplían dichas normas, se procedía a la expropiación y venta de los terrenos abandonados.

Desde el siglo xvii, y a medida que la traza urbana de Zacatecas creció, aumentó la frecuencia de ventas y compras de solares, en ocasiones para ampliar las infraestructuras próximas a las minas o construir nuevas viviendas. Para ello el cabildo tuvo que establecer los trámites oportunos que regularan el ejercicio de esas compraventas y adoptaron la reglamentación que se fue desarrollando en la ciudad de México.

Bibliografía aavv,

Diccionario de Autoridades, 1729, Gredos, Madrid, 1990. ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Solares; subserie: Denuncios de solares, caja 1, expediente del año 1611. ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Actas de Cabildo, Libro de Cabildo del año 1614. ahez, fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y Solares; subserie: Denuncios; 1735, 1713, 1712 y 1717, caja 1; 1718, caja 1; 1724, caja 1; 1773, caja 2; 1774, caja 2; 1790, caja 2; 1800, caja 2; 1806, caja 2.

ahez,

issn 1870–8196

17

fondo: Ayuntamiento de Zacatecas; serie: Casas y Solares; subserie: Compraventa y traspasos; 10 de enero de 1613, caja 1; 22 de febrero de 1722 y 1726, caja 1; 1746, caja 1. ahez, fondo: Notarías; serie: Miguel Alejo Ferrero, caja 3, 18 de agosto de 1798. ahez, Libro de Cabildo de la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, 1586–1614, ff. 244, 244v. ahez, fondo: Intendencia de Zacatecas; serie: Zacatecas, caja 2, expediente 3. ahez, fondo: Notarías; serie: Manuel Gutiérrez de Ávila, caja 8, 1723.

Calvo, Thomas y Guadalupe Briseño, «El escribano en la ciudad: entre solares y casas, Guadalajara siglo xviii», en: Rosalba Loreto López, coordinadora, Casas, viviendas y hogares en la historia de México, México, El Colegio de México, 2001.

Enciso Contreras, José, Ordenanzas de Zacatecas en el siglo xvi y otros documentos normativos Neogallegos, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, 1998.

López, Juan, Actas de Cabildo de la Ciudad de Guadalajara, volumen segundo, 1 de enero de 1636 al 18 de junio de 1668, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 1984.

López Moreno, Eduardo, La vivienda social: una historia, Puebla, Red Nacional de Investigación Urbana, 1996.

O’Gorman, Edmundo, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, siglo xvi, México, Fondo de Cultura Económica/ Departamento del Distrito Federal, 1970.

Valero de García Lascuráin, Ana Rita, Solares y conquistadores, orígenes de la propiedad en la ciudad de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.