Las Organizaciones Civiles en la Coyontura Electoral: by octavio galindo

Las Organizaciones Civiles en la Co yuntura Elect oral: Coyuntura Electoral: Me ogramas sociales Mettodología para el Blindaje de pr programas y Balance de las A gendas Ciudadanas Agendas CONTENIDO

Sylvia Gómez Tagle Pablo Lezama Marusia López Pilar Berrios DISEÑO Y FFORMA ORMA CIÓN ORMACIÓN

Primera edición, 2006 Esta publicación fue posible gracias al aporte de: INDESOL Secretaría de Desarrollo Social “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que paguen todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecido”.

Con Convvergencia de Organismos Civiles 20 de agosto No. 35 Col. Churubusco 55 44 66 38; 55 44 66 43 www.convergenciacivil.org.mx convregenciacivil@prodigy.net.mx convergencia@laneta.apc.org

ndice

Introducci贸n

Metodolog铆a para el blindaje de los programas sociales

Balance de la relaci贸n Gobierno/Organizaciones Civiles

Agendas Ciudadanas

Anexo 1: Principales Agendas Ciudadanas

ntroducción

inicios de 2006, Convergencia de Organismos Civiles A.C. se propuso reflexionar y desarrollar metodologías para el aporte de las Organizaciones Civiles a la formación de ciudadanía en el proceso de elecciones federales de este año, advirtiendo que sería un proceso complejo con múltiples aristas. Para ello, en coordinación con CESEM, MCD, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Fundación para la Cultura Política se dio a la tarea de sistematizar información útil para esta tarea de formación ciudadana. Los aspectos que se consideraron relevantes fueron: 7 7 7 7

Preocupación en torno al uso clientelar de los recursos públicos. La necesidad de hacer un balance de la relación entre Gobierno y Sociedad Civil en el periodo 2000-2006 Ubicar la trayectoria de los múltiples asuntos que se han colocado en las agendas ciudadanas, así como Avanzar en la discusión en torno a cuál sería el papel de las Ocs frente al cambio de gobierno.

En este trabajo, Sylvia Gómez Tagle, Marusia López, Pablo Lezama y Pilar Berrios retoman los primeros tres aspectos. En primer lugar, hacen un análisis de los programas gubernamentales de aspecto social que se han venido desarrollando en México, partiendo de las

observaciones que hace el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en los cuales hace hincapié de lo ambiguo que puede ser el otorgar este tipo de programas, ya que pueden ser usados con fines políticos; por lo anterior, se hace una serie de recomendaciones que pueden ayudar a que los programas sociales realmente cumplan con su fin. Se analizaron ocho programas que durante el Gobierno de Vicente Fox se implementaron a nivel federal: Oportunidades, Seguro Popular, Procampo, Apoyos Directos a la Comercialización, IMSS-Oportunidades, Tu Casa, Pibai y Hábitat-. Se hace una breve descripción de sus reglas de operación y se presentan algunas observaciones a éstas. A decir de los autores, los programas sociales se encuentran entre dos polos, por un lado se reconoce la importancia que estos tienen para combatir la pobreza y por el otro, su aplicación propagandista, partidista y como medios de coacción; este tipo de actos se pueden observar con mayor amplitud en zonas marginadas abusando de la necesidad y desinformación de la gente; este tipo de actos se deben erradicar para que, realmente, las acciones gubernamentales cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados. Para lograr este fin se habla de un “blindaje” de los programas sociales, en la que el individuo con todo la libertad de sus derechos puede acceder a estos programas sin que existan actos de presión o chantaje y sobre todo reconocer que los programas no son favores o dadivas, sino parte de sus derechos. Se proponen una serie de estrategias e instrumentos para monitorear los programas y que éstos sean utilizados en beneficio de la población. Algunos de ellos son la observación y difusión de la información, el papel de los funcionarios y de la población beneficiada. Por otra parte, para que la democracia se lleve a cabo es necesario la participación de toda la ciudadanía ya que no es privativo de algunos cuantos por lo cual se realizó un balance y perspectivas del quehacer ciudadano en la coyuntura. Se toca la importancia de las agendas ciudadanas en las cuales la incidencia de las organizaciones civiles ya sea de mujeres, indígenas, jóvenes etc. Ha sido fundamental para dialogar, o hablar de las experiencias que han tenido en distintos asuntos relativos a los derechos humanos, la democracia, los DESC, equidad, problemas del campo, migrantes, etc. Es decir, todos los ámbitos en los que se mueve las diferentes organiza-

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ciones civiles así mismo se hace un análisis de la forma que se relacionan entre ellas las organizaciones tanto interna como externamente y la relación que mantienen con el gobierno. Dentro de la agenda ciudadana nacional se hace una sistematización de las principales propuestas que se generaron de tres experiencias nacionales de construcción de agendas y plataformas ciudadanas que se caracterizaron por la pluralidad de organizaciones participantes: Poder Ciudadano, Agenda Ciudadana de Pátzcuaro y Agenda de Derechos Humanos 2006. Estos temas se dividen en temas transversales como son economía, Reforma del estado, derechos humanos, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, igualdad y equidad de género-edad, etnia y preferencia sexual; procuración de justicia en lo que se refiere a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, asilo y refugiados, pueblos indígenas, asesinato y agresiones contra periodistas. En cada uno de estos rubros se ve la problemática y las alternativas. El otro tipo de temas son los específicos en los cuales como los anteriores se ven la problemática y las alternativas, estos temas son la alimentación, acceso a una vida libre de violencia, el empleo, educación, medio ambiente, salud, vivienda y migración. Lo importante es que la articulación de las organizaciones civiles tiene la finalidad de que los derechos humanos sean respetados y sean llevados a cabo conforme a la ley y en caso de que sea necesario propugnar para que se hagan las reformas convenientes,. es por este motivo la importancia del diálogo que se debe mantener con el gobierno. Para lograr esto se hace una serie de recomendaciones o estrategias necesarias que ayudarían a reconocer los DHI como una demanda de la sociedad y no solamente de las organizaciones civiles. Por último vale resaltar la importancia de la participación de las organizaciones en los diferentes estados de la República con las cuales se discutió y retroalimentó esta propuesta.

INTRODUCCIÓN

etodología para el blindaje de los programas sociales

1 . Ant ecedent es Antecedent ecedentes

n México los estudios del PNUD, de muchos investigadores y la experiencia de las organizaciones sociales han demostrado que existe un vínculo entre resultados electorales y gasto gubernamental en programas sociales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denominó como “áreas programáticas vulnerables” a aquellos ámbitos normativos que, por su ambigüedad o por no contar con suficientes mecanismos de control, permiten márgenes de discrecionalidad que son susceptibles de ser utilizados con fines político-electorales. Por ello, el programa del PNUD concluyó que es indispensable establecer mecanismos que permitan vigilar el gasto público: 2

Revisar la información sobre la distribución del gasto ejercido y programado federal y de los gobiernos estatales y municipales al nivel geográfico más desagregado posible. Garantizar el fácil acceso público y la difusión de los programas sociales y de las reglas bajo las que operan, para dar a conocer los beneficios a los que tiene derecho la población.

Diseñar métodos de escrutinio del manejo del gasto público, con el fin de contrarrestar la tradicional opacidad gubernamental.

El PNUD analizó este año las normas de ocho programas federales: Oportunidades, Seguro Popular, Procampo, Apoyos Directos a la Comercialización, IMSS-Oportunidades, Tu Casa, Pibai y Hábitat. Estos ocho programas, que operan en todos los estados del país, representan alrededor de 64% de los recursos presupuestados para programas sociales federales para el 2006. El informe del PNUD recomienda prestar atención a los sujetos que inducen las prácticas clientelares desde el ejercicio del poder y también sus contrapartes de la sociedad, los gestores o intermediarios políticos: 9 Los servidores públicos encargados de la operación de los programas sociales. 9 Los ministros de culto religioso. 9 Los líderes vinculados a un partido o al gobierno. 9 Los gestores y operadores políticos que pretenden vincular el servicio con el voto ciudadano. Estos actores utilizan reuniones, asambleas, eventos religiosos, políticos, comunitarios o sociales, así como espacios de entrega de beneficios o de inscripción a programas y visitas domiciliarias para entrar en contacto con el público cuyo comportamiento electoral pretenden condicionar. El mismo criterio debe ser usado para investigar los programas estatales y municipales, donde existe un margen mucho más amplio de manipulación.

2. Inf ormación complementaria Información 2. 1 FFundament undament os Legales 2.1 undamentos

l artículo 30 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación señala que “… a las dependencias y entidades les queda prohibido, durante el proceso electoral federal de 2006, identificarse en ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos, así como apoyarlos o combatirlos con recursos federales y, especialmente,

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influenciar la decisión de los electores a través de propaganda o acciones identificables con objetivos distintos del cumplimiento de su función.” De igual manera, señala la obligación de entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el padrón de beneficiarios de los programas sociales y reportar mensualmente, a partir de febrero del presente año, la relación de incidencias en la entrega de beneficios, así como los cambios que ocurran en la operación de los programas. La Ley de Desarrollo Social prohíbe cualquier práctica discriminatoria en la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social, otorgando a los beneficiarios la capacidad para que puedan presentar quejas y denuncias, en caso de que los servidores públicos no respeten la normatividad.

2.2 La Contraloría Social y su papel en la transición

a ley reconoce a la contraloría social como un mecanismo para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos. De acuerdo a esta normatividad, vigente para los programas sociales, se deberían realizar las siguientes acciones: 2

Visitas y reuniones de presentación del “Programa de blindaje electoral”, tanto a funcionarios de la Secretaría en los estados como a autoridades locales y actores sociales en las entidades federativas. En estas reuniones se debe presentar el programa de blindaje con el propósito de contribuir al uso correcto de los programas sociales. Participar en las Jornadas para la Transparencia y la Legalidad, que consisten en reuniones abiertas con funcionarios, organizaciones sociales y público en general, conferencias, visitas a medios de comunicación y talleres de capacitación, con el propósito de convocar a los actores locales a la vigilancia de los programas sociales en procesos electorales. Supervisar la forma como se “reprograma” el gasto público y los apoyos a los beneficiarios, para dar certeza y evitar la manipulación política.

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

2 2

Observar el cumplimiento de la obligación del resguardo del parque vehicular desde el viernes previo al día de la jornada electoral a fin de evitar su posible uso electoral. Firmar convenios de colaboración y “concertación para la transparencia” con las delegaciones locales de la Secretaría de Desarrollo Social y diversas organizaciones públicas, gubernamentales para el desarrollo de acciones concretas que coadyuven a las acciones de transparencia, combate a la corrupción y protección de los programas sociales. Acudir a las convocatorias del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la observación electoral, así como el monitoreo y blindaje de los programas sociales. Realizar encuestas sobre la percepción de transparencia en las acciones de gobierno a los miembros de las organizaciones sociales y a los servidores públicos, con el fin de conocer la percepción sobre este tema, de los actores involucrados. Esto es muy importante porque puede tener una gran visibilidad en los medios y servir como un mecanismo que inhiba las prácticas clientelares tanto de líderes corruptos como de funcionarios públicos. Dar difusión a los manuales que producen Sedesol y otras dependencias con el fin de aprovechar sus materiales para desencadenar debates sobre el tema. Hay material didáctico que puede ser útil, y en su caso ser criticado por las organizaciones participantes como: Código de Conducta de Sedesol; el Manual Ciudadano: Sedesol a los ojos de todos; la Guía Rápida de los Programas de la Sedesol; el ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones; el prontuario para el Enlace Municipal, entre otros, que buscan la divulgación de normas de conducta e información tanto para el ciudadano como para el funcionario público. En los programas que cuentan con un modelo de contraloría social. Es necesario promover la participación en la mayor parte de los procesos. En el caso de programas que no cuentan con un modelo de participación ciudadana, incluso teniendo contemplada la figura en sus reglas de operación, es indispensable organizar debates públicos y acciones que demuestren la necesidad de poner en marcha modelos de vinculación con la ciudadanía.

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3. Inf ormación Sobre Pr ogramas Específ icos Información Programas Específicos 3. 1 Hábitat 3.1

us reglas de operación con procesos rigurosos para la ubicación de polígonos de pobreza basados en datos del Conapo y de información generada por la Sedesol. Sin embargo, la cobertura establecida por la normatividad se puede ampliar a nuevos centros urbanos dependiendo de la disponibilidad presupuestal y de los acuerdos celebrados con las autoridades estatales y municipales, lo que otorga un margen de discrecionalidad basado en la voluntad de las autoridades para convenir proyectos. Por lo tanto, sería positivo definir claramente una fecha límite para la selección de proyectos sujetos a financiamiento, lo anterior con el fin de que durante el periodo electoral no sean utilizados con fines proselitistas.

3.2 Suelo para Vivienda Social y Desarr ollo Urbano Desarrollo

as autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, pueden establecer criterios adicionales tanto para elegir como para dar prioridad a los proyectos. En estos casos sería conveniente cuidar que dichos criterios sean publicitados a fin de que las partes involucradas en la operación del programa conozcan de los mismos.

3.3 TTu u Casa

ste programa no especifica la manera en que se define al índice de desempeño de la instancia ejecutora (Fonhapo). En situaciones de desastre natural, se exenta el cumplimiento del procedimiento ordinario para la realización de obras, lo cual da lugar a un margen de discrecionalidad que se explica por la necesidad de la atención urgente a la población. Para estos casos, es importante poner atención en que se abran espacios a la

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

contraloría social, que permitan verificar que los recursos se utilicen para los fines del programa. Debe ponerse atención en la instancia que dará seguimiento a las quejas presentadas y al procedimiento específico para deshogarlas a fin de evitar que se diluyan las responsabilidades. Respuestas a las quejas y denuncias. Este es un tema fundamental porque de nada sirve la normatividad si no existen sanciones para quienes la violan. Se requiere hacer un seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas cuando menos en el último año. Describir los procedimientos que se deben seguir y a las instancias encargadas de resolver las quejas. Existe la percepción de que estos mecanismos no funcionan adecuadamente, lo que inhibe el interés de los beneficiarios en manifestar sus inconformidades. También existe temor de represalias por parte de las autoridades, lo que contribuye a crear un ambiente de escepticismo y pasividad que no refleja el grado de insatisfacción real de los beneficiarios de los programas sociales.

3.4 IMSS-Opor tunidades IMSS-Oportunidades

s necesario realizar campañas permanentes de difusión para informar a la población con derecho a ser beneficiaria de sus derechos económicos, sociales y culturales a fin de que se reduzcan las posibilidades de manipulación electoral. Poner atención a la figura del promotor o promotora. De acuerdo con el programa deben capacitar sobre la salud a las familias de su localidad, pero la evidencia empírica indica que este enlace es el más vulnerable, pues en algunas comunidades los promotores adquieren influencia sobre la población, convirtiéndose en potenciales activistas políticos. Se debe vigilar que el personal que otorga el servicio no induzca las preferencias partidistas. De igual manera que se establezcan mecanismos de defensa claramente definidos que permitan a la ciudadanía denunciar irregularidades cometidas.

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3.5 Opor tunidades Oportunidades

a entrega de los apoyos monetarios del programa se realiza por medio de instituciones liquidadoras, mediante entregas directas en efectivo en módulos de atención o depósitos en cuentas bancarias. Este procedimiento, en gran medida, garantiza la entrega puntual y directa a las familias beneficiarias, inhibiendo cualquier intento de manipulación o condicionamiento. Sin embargo, durante el tiempo de espera de las titulares, algunas autoridades o actores políticos convocan a reuniones paralelas aprovechando la entrega del apoyo del programa, capitalizando políticamente dichas reuniones.

3.6 Pr ocampo Procampo

xisten márgenes de discrecionalidad relacionados con la procedencia o la negativa de la reinscripción al programa, así como en el otorgamiento de los apoyos y la aplicación de los procedimientos específicos en los casos no previstos por la normatividad. Ante esta falta de especificidad en las reglas de operación, se hace necesario revisar que se difundan los criterios de decisión para dichos casos. Los recursos se asignan con base en el presupuesto autorizado, que por lo general es insuficiente para cubrir la demanda. En los convenios que se firman con los estados, se establece que los pequeños productores tendrán preferencia y se convienen los cultivos que recibirán el apoyo, considerando las sugerencias de los Consejos de Desarrollo Rural de los estados. Pero con frecuencia los beneficiarios carecen de los medios electrónicos para acceder a la información de manera oportuna y a la preparación técnica para entender y responder los formularios requeridos, lo que nuevamente opera en contra de los campesinos y a favor de la figura del “gestor”. La entrega de apoyos se hace directamente al productor por medio de cheques nominativos o transferencia de fondos, dando prioridad a esta última modalidad. La entrega de los recursos está sujeta a la presentación de ciertos documentos y generalmente ocurre fuera de tiempo. Lo anterior abre un margen de riesgo en el que el productor se ve forzado a acudir a un gestor para lograr el pago de los apoyos asignados.

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Debe observarse: que no se realicen eventos partidistas en ocasión de la entrega de apoyos; que los gestores se abstengan de participar; y que en los casos en que las autoridades locales estén facultados para otorgar subsidios, se defina claramente cuando se puede hacer uso de dicha facultad procurando que la entrega de recursos se lleve a cabo con un mes de anticipación a la fecha de las elecciones.

3.7 Segur oP opular Seguro Popular

ay que organizar campañas de afiliación y responsabilizarse de la documentación de las familias beneficiarias, para evitar que los gobiernos de los estados o municipios tengan un margen discrecional para modificar el tamaño del padrón sin haber cumplido con el procedimiento de afiliación establecido por la normatividad. La normatividad le otorga competencia a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para solicitar, mediante una verificación aleatoria, la documentación del padrón a los regímenes estatales, esta revisión, aunque se realiza periódicamente de manera administrativa, no cuenta con criterios transparentes para la verificación del padrón de beneficiarios así como respecto de la información proporcionada por los solicitantes. La Secretaría de la Función Pública con base en el acuerdo con el órgano interno de control estatal, podría hacerse cargo, señalando las medidas específicas para la continua evaluación de los movimientos del padrón, situación que deberá ser verificada por las organizaciones sociales.

3.8 Pr ograma de Apo os a la Comer cialización Programa Apoyyos Direct Directos Comercialización

ste programa presenta una asimetría entre la información con la que cuentan los productores (en muchos casos sin educación ni preparación técnica) y aquélla con la que cuentan los operadores del programa (conocedores de los procesos burocráticos) que propicia una “intermediación oficial” para la gestión de los apoyos. Esta intermediación

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se realiza a través de un “gestor”, quien con toda facilidad puede servir de agente para la manipulación política. El programa de Apoyos Directos a la Comercialización son operados a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de las delegaciones federales de la Sagarpa y de los distritos de desarrollo rural, en coordinación con los gobiernos de los estados. Su operación es relativamente sencilla, aunque se detectó que la confluencia de instancias provoca retrasos en la entrega de beneficios, por lo que se deberá poner atención a este aspecto.

3.9 Pibai

n sus reglas de operación se establece que la Unidad Administrativa Responsable (la Unidad de Coordinación y Enlace de la CDI) puede autorizar proyectos aún cuando la población objetivo no cumpla con los criterios de elegibilidad. Sin embargo, en el proyecto de lineamientos específicos 2005 se establece que la CDI vigilará que se cumplan los criterios de elegibilidad o, en su caso, se cuente con la “justificación social” debidamente estructurada y avalada a través de la firma del municipio, la autoridad local respectiva y el coordinador general del Coplade. Dicho criterio de “justificación social”, no está definido en las reglas de operación, ni en el proyecto de lineamientos, lo que permite interpretaciones facciosas en la definición de las obras y en la consiguiente asignación de recursos.

La normatividad del Pibai, establece un solo criterio para la priorización de los proyectos u obras a financiar denominado “obras de continuidad o en proceso”, no obstante se omite definir la manera en que se elegirán dichos proyectos u obras. En los lineamientos específicos del propio programa se detectaron dos criterios más: 1. Obras que fueron propuestas en años anteriores y que, por alguna razón técnica o de insuficiencia presupuestal, no pudieron apoyarse. 2. Obras que responden a necesidades de localidades indígenas elegibles y que se consideran prioritarias.

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La normatividad establece el seguimiento físico y financiero de las obras se realice de manera aleatoria o sistemática, de acuerdo a una metodología definida por la unidad de coordinación y enlace. Dicha metodología no se encuentra definida ni se ubica en la normatividad del programa por lo que resulta necesario indagar los criterios que se aplican y observar su transparencia. La cancelación del suministro de recursos no obedece a causas o criterios definidos lo que abre el camino de la discrecionalidad en el caso de la suspensión o cancelación de los proyectos. Esto permite la manipulación de las decisiones con un impacto electoral. Es necesario señalar el procedimiento utilizado por las autoridades competentes para la cancelación de los recursos, así como los mecanismos que tiene la dependencia ejecutora para impugnar la decisión de la CDI.

4. ¿En que consist e el Blindaje de los Pr ogramas Sociales? consiste Programas

rimero debemos preguntarnos por qué es necesario observar la aplicación de los programas sociales. Es posible afirmar que en México nos encontramos frente prácticas que violentan la libertad de las personas para elegir a sus gobernantes porque la pobreza y las condiciones de marginación en las que vive la mayoría de la población, permiten que los gobiernos obtengan un mejor rendimiento electoral --ahí donde sus partidos no lo tenían-- a través de la utilización de los programas cuyo único objeto debería ser el combate a la pobreza. También vulneran el derecho a los programas que tienden a dignificar las condiciones de vida de la población que se encuentra en desventaja socioeconómica. Además, muchos líderes sociales y gestores, que se hacen cómplices de la manipulación política de los recursos gubernamentales.

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4. 1 Obje tiv os Generales 4.1 Objetiv tivos El blindaje de los programas sociales puede verse desde varias perspectivas: 9 A largo plazo es necesario generar una cultura ciudadana que le permita a la población exigir el acceso de los programas que por ley le corresponden. 9 En la coyuntura actual se trata de emprender acciones que tengan impacto en la opinión pública con el fin de inhibir la utilización de los programas sociales con fines electorales. La coyuntura electoral de 2006 está por terminar, por ello lo más importante es lograr un impacto en los medios y la opinión pública para: 9 Inhibir las prácticas clientelares de los intermediarios políticos y los funcionarios públicos. 9 Dar un respaldo a la población vulnerable para que se atreva a denunciar las irregularidades en el manejo de los programas y no haga caso de las amenazas de los funcionarios. Este proyecto de redes de organizaciones sociales tiene esa gran virtud: ofrece cobertura nacional a todos los ciudadanos participantes de los hechos que se denuncien y saca del ámbito local la responsabilidad de encarar a la autoridad. tá sólo para def ender su vvo oto, ttodos odos lo apo yaEl lema debería ser: “el ciudadano no es está defender apoyamos, ttodos odos respaldamos su vver er sión de la realidad, ttodos odos denunciamos el abuso del ersión poder poder”” . El clientelismo inhibe la libertad ciudadana en México es una práctica muy extendida que se caracteriza por acciones como la compra del voto (a través de dinero o recursos en especie); la coacción del voto (por medio del condicionamiento y amenaza para la entrega, retiro o inscripción a los programas sociales o servicios y obras públicas); así como la firma de documentos y recolección de credenciales en días previos a la elección. Estas acciones se realizan con mayor incidencia en zonas marginadas y de pobreza extrema y entre sectores de la población altamente vulnerables, tales como indígenas, mujeres, adultos mayores y personas de baja escolaridad.

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

2 2 2

El “blindaje” de los programas sociales parte de la premisa de que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos y como tales corresponden a todas las mujeres y hombres. Los programas sociales son una obligación de los gobiernos. No constituyen dádivas de los gobiernos que deberían ser agradecidas por la ciudadanía, sino políticas mínimas exigibles por la sociedad. No deben interferir con las libertades políticas conquistadas por la democracia.

ormación 4.2. Obser Observvación y Difusión de la inf información Estrat egia Estrategia Por eso lo más importante de la estrategia de observación es: 9 Documentar los hechos con exactitud 9 Crear una red de información local y nacional para registrar y organizar esa información de inmediato, 9 Diseñar todo tipo de medios para darle difusión en los medios locales y nacionales.

4. 3 A ctividades de In Actividades Invvestigación

ay actividades fundamentales las cuales son: recabar la información y ordenarla, capturarla en un formato electrónico para analizarla, compartirla con otras redes sociales (y así multiplicar su impacto, darle la mayor difusión eficaz posible a través de correo electrónico y de todo tipo de medios.

Funcionarios y Líderes Entrevistas a los funcionarios públicos y a dirigentes sociales que son el enlace y con los que operan programas sociales en todos los niveles posibles. Estas entrevistas tienen dos finalidades, por un lado permitirán recabar información y detectar anomalías en la operación de los programas. Y por otra parte servirán para que los funcionarios “se sientan observados”.

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Población q ue debería ser benef iciada que beneficiada Entrevistas abiertas y encuestas dirigidas a conocer las experiencias de los beneficiarios de los programas sociales y de aquella población que aspira a ser beneficiario pero que no ha sido beneficiada.

4.4 R edes de Inf ormación Redes Información

ara sistematizar y difundir la información recabada es necesario crear grupos de análisis locales que se vuelvan interlocutores de la coordinación nacional.

2 2

Hay que invitar a participar a ciudadanos que tengan acceso a los medios y a todos los compañeros de organizaciones sociales interesados en trabajar en compartir sus reflexiones sobre la situación para mantener una comunicación permanente. Las redes deben ser reales (seminarios donde se discuta la situación) y virtuales a través de internet. Es muy importante una coordinación, no para filtrar los mensajes sino para sintetizar los puntos importantes para que la difusión se más efectiva. Nuestro compromiso en la coordinación nacional es mantener una red de monitoreo a través de correo electrónico que nos mantenga permanentemente comunicados. Los datos aparentemente inconexos de varias entidades pueden permitir formular un diagnóstico nacional de muchos problemas. Los coordinadores de las regiones tendrán que organizar la información de todas las organizaciones de su región. Estas redes deben generar mensajes dirigidos a todos los medios de comunicación promoviendo que los entrevisten, enviando cartas a la redacción de los periódicos, haciendo llamadas a los programas de radio y de televisión, dando conferencias de prensa, convocando a foros públicos de discusión. Todas las acciones se valen y todas se pueden realizar simultáneamente, con la participación de grupos de personas no muy grandes con capacidad de emitir opiniones.

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

4.5 Aspect os específ icos que se deben obser Aspectos específicos observvar

n los programas sociales hay que observar si los criterios en las reglas de operación son similares para todos los solicitantes o si hay privilegios para algunos y también si los funcionarios (de coordinación y enlace de los programas) dan a conocer los lineamientos para la asignación de recursos, con el fin de que, tanto los beneficiarios como las autoridades interesadas en obtener financiamiento para un proyecto, tengan más clara la operación del mismo. La observación debe cubrir los siguientes aspectos: 2 Las reglas de operación para esclarecer los criterios de elegibilidad y la selección de beneficiarios. 2 Analizar los procesos y determinar si son comprensibles para los usuarios. 2 Verificar que se difundan los criterios de selección de beneficiarios como los movimientos de los padrones de beneficiarios. 2 Comprobar si en las campañas de difusión de los programas sociales los beneficios se presentan como un derecho del ciudadano o como un «beneficio que otorga el gobierno». 2 Acercarse a los funcionarios encargados de los proyectos en todos sus niveles, para que nos informen que hacen y cómo lo hacer. 2 Una cuestión de gran importancia es observar como manejan los pasivos los administradores de los recursos. La verificación o dispensa del cumplimiento de compromisos por parte del personal de las diferentes dependencias involucradas en los programas no se preste al condicionamiento político. No sólo en la asignación de recursos sino en los plazos en que son realmente entregados a los beneficiarios.

Los ocho programas federales más importantes que se deben observar son: tunidades, Segur o P opular ocam po, Apo os a la Comer cialización, Oportunidades, Seguro Popular opular,, Pr Procam ocampo, Apoyyos Direct Directos Comercialización, Opor IMSS-Opor tunidades, TTu u Casa, Pibai y Hábitat. IMSS-Oportunidades,

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PR OYECT O DE FFORT ORT ALECIMIENT O CIUD AD ANO PRO YECTO ORTALECIMIENT ALECIMIENTO CIUDAD ADANO Enviar a fortalecimiento_ciudadano1@yahoo.com.mx

FUNCIONARIO Registro de información

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2. 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6

2.7 2.8

DATOS DEL OBSER VADOR OBSERV ORGANIZACIÓN NOMBRE de la persona que hace el reporte ESTADO CIUDAD TELÉFONO CORREO FECHA DATOS DE LLOS OS ENTREVIS TADOS ENTREVIST NOMBRE DEL ENTREVISTADO ¿Qué cargo ocupa? ¿Desde cuándo ocupa ese cargo? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Pertenece a algún partido? Si no contesta ¿se puede saber algo de sus simpatías por referencias que se tengan de esta persona? Dirección de la oficina Teléfono o correo del funcionario

NARRA CIÓN DE LA ENTREVIS TA NARRACIÓN ENTREVIST

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

NOMBRE DEL PR OGRAMA SOCIAL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILID ADES DEL PR OGRAMA DEBILIDADES PROGRAMA

3. 1 3.1

¿Quiénes son los beneficiarios?

3.2

¿Con qué criterios se les elige?

3.3

¿Hay claridad en las reglas de operación del programa?

3.4

¿Se puede saber con certeza quiénes son merecedores de los beneficios?

3.6

En el área de responsabilidad que le corresponde ¿cuántos son los beneficiados?

3.7

¿Dónde se encuentran?

3.8

¿Quién decide cuantos beneficiados debe haber y donde están?

3.9

Pedir un descripción amplia de los casos en que una persona o unidad familiar sale del programa. ¿Cómo ocurre eso?

3. 10 ¿Qué pasa cuando no se cumple 3.1 con el pago de compromisos adquiridos? 3. 11 ¿En cuántos programas puede inscribirse 3.1 una misma persona o unidad familiar? 3. 12 ¿Qué resultados ha dado el programa social 3.12 en términos de beneficio a la población?

LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA COYUNTURA ELECTORAL

PR OYECT O DE FFORT ORT ALECIMIENT O CIUD AD ANO PRO YECTO ORTALECIMIENT ALECIMIENTO CIUDAD ADANO Enviar a fortalecimiento_ciudadano1@yahoo.com.mx

BENEFICIARIO Registro de información

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2. 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6

2.7 2.8

DATOS DEL OBSER VADOR OBSERV ORGANIZACIÓN NOMBRE de la persona que hace el reporte ESTADO CIUDAD TELÉFONO CORREO FECHA DATOS DE LLOS OS ENTREVIS TADOS ENTREVIST NOMBRE DEL ENTREVISTADO ¿Qué programa recibe? ¿Dónde trabaja y cuál es su actividad? ¿Cuántos focos tienen en su casa? ¿Pertenece a algún partido? Si no contesta ¿se puede saber algo de sus simpatías por referencias que se tengan de esta persona? Dirección de su casa Teléfono o correo

NARRA CIÓN DE LA ENTREVIS TA NARRACIÓN ENTREVIST

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

NOMBRE DEL PR OGRAMA SOCIAL PROGRAMA

3. 1 3.1

¿Cómo llegó a ser beneficiario y desde cuándo? ¿Sabe cuáles son los criterios con los que se les elige? ¿Alguien lo recomendó o lo propueso? ¿Hay claridad en cómo funciona y las reglas del programa? ¿Se puede saber con certeza quiénes son merecedores de los beneficios? ¿A cuántos más beneficiaridos conoce? ¿Dónde se encuentran? ¿Quién decide cuántos beneficiados debe haber y donde están? Pedir un descripción amplia de los casos en que una persona o unidad familiar sale del programa. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué pasa cuando no se cumple con el pago de compromisos adquiridos? ¿En que otros programas está inscrito o le dan beneficios? ¿Qué otra persona de su familia está en un programa social? ¿Qué resultados ha dado el programa social en términos de beneficio a la población?

3.2

3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9

3. 10 3.1 3. 11 3.1 3. 12 3.12 3. 13 3.1

DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILID ADES DEL PR OGRAMA DEBILIDADES PROGRAMA

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PR OYECT O DE FFORT ORT ALECIMIENT O CIUD AD ANO PRO YECTO ORTALECIMIENT ALECIMIENTO CIUDAD ADANO Enviar a fortalecimiento_ciudadano1@yahoo.com.mx 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2. 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6

2.7 2.8

DATOS DEL OBSER VADOR OBSERV ORGANIZACIÓN NOMBRE de la persona que hace el reporte ESTADO CIUDAD TELÉFONO CORREO FECHA DATOS DE LLOS OS ENTREVIS TADOS ENTREVIST NOMBRE DEL ENTREVISTADO ¿Qué programa recibe? ¿Dónde trabaja o cuál es su actividad? ¿Cuántos focos tienen en su casa? ¿Pertenece a algún partido? Si no contesta ¿se puede saber algo de sus simpatías por referencias que se tengan de esta persona? Dirección de su casa Teléfono o correo

NARRA CIÓN DE LA ENTREVIS TA NARRACIÓN ENTREVIST

METODOLOGÍA PARA EL BLINDAJE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

alance de la relación Gobierno/Organizaciones Civiles

n términos generales, el gobierno federal más que abordar el tema de la Participación Ciudadana como un elemento fundamental para la Reforma del Estado, privilegió el marco legal específico y sectorial sobre innovaciones en materia de democracia participativa; la relación Gobierno-Organizaciones Civiles se circunscribió al nivel de consulta y no logró generar relaciones basadas en la asociación o control. Si bien, se aprobaron las Leyes de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los mecanismos que incorporan éstas son meramente Consejos Consultivos que han logrado colocar frente a diversas instancias de gobierno preocupaciones en torno a las problemáticas más sentidas por diversos sectores de la población, pero su capacidad de incidencia sobre decisiones de envergadura se ha visto anulada frente a la dinámica político-económica de pequeños grupos de interés. El referente civil que acompañan las acciones de gobierno, son un requerimiento que los organismos multilaterales prescriben a los Estados; para el gobierno mexicano no ha sido difícil cumplir con este requisito, ya sea a través de organizaciones generadas ex profeso o bien, atrayendo al espacio público una multiplicidad de organizaciones asistenciales, algunas más que otras, respetables en su quehacer, pero acríticas frente a un modelo que ha privilegiado a los individuos frente a las comunidades, el subsidio directo frente al capital social y la focalización frente a la universalización de los derechos.

La sociedad civil durante este periodo se transformó en la arena de la lucha ideológica, y hoy día, organizaciones con perspectiva empresarial se han colocado como las interlocutoras del gobierno federal. El mecanismo de “coinversión” ha sido utilizado para justificar un tipo de relación basado en la delegación, bajo una perspectiva sumamente restringida. La coinversión, en sentido estricto debe implicar no sólo poner en juego aportes monetarios y materiales a cambio de metas y productos; sino capacidad innovadora y creativa que permita a través de la sinergias encontrar alternativas de solución a nuevos y viejos problemas y esto pasa, no sólo por la transferencia de recursos públicos, sino por la apertura de espacios de deliberación, el desarrollo de acciones conjuntas y la experimentación. En este sentido, es urgente generar propuestas que persigan una mayor efectividad de la intervención de la sociedad en la vida pública; buscar la posibilidad de abrir nuevos espacios, con una reforma de Estado que permita crear figuras de democracia participativa, como pudieran ser: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, entre otras, así como revisar nuestro marco jurídico, en relación a la sociedad organizada para plantear las reformas necesarias que les permitan un pleno desarrollo y una mejor gestión. No hubo un necesario avance en la descentralización financiera, política y administrativa que acerque los espacios decisionales a la cotidianeidad de las comunidades, que posibilite exigir “cara a cara” el cumplimiento de las obligaciones del Estado en términos de respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales e integrales de la población. El principio justificativo de la democracia se basa en el derecho universal al desarrollo y éste sólo puede alcanzarse en una sociedad participativa, esto es, una sociedad que fomente un sentido de la eficacia política, que nutra la preocupación de los problemas sociales y contribuya a la formación de una ciudadanía madura, capaz de interesarse de forma constante por el proceso de gobierno a través de mecanismos de control que permitan dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del gobierno en sus ámbitos federal, regional y local. Para lograr esto, es necesario ampliar y diversificar las articulaciones entre actores con

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objetivos estratégicos similares, aunque dinámicas y tácticas diferenciadas: trabajadores, organizaciones sociales, civiles, campesinas, de mujeres, colectivos de jóvenes, académicos, etc. con la finalidad de rebasar la segura apertura de una enésima reforma electoral como salida inminente al conflictivo proceso electoral del 2006 y colocar en la agenda institucional, una segunda etapa en la Reforma del Estado, pero ésta con arraigo social.

BALANCE DE LA RELACIÓN GOBIERNO/ORGANIZACIONES CIVILES

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gendas Ciudadanas

a incipiente apertura democrática, hoy seriamente vulnerada, dada en nuestro país en la última década propició que numerosas y diversas organizaciones de la sociedad civil priorizaran la incidencia en políticas públicas, generando con ello cambios significativos en la relación sociedad civil gobierno. Dicha incidencia generó procesos nacionales de construcción de agendas y plataformas nacionales, estatales, municipales, sectoriales y temáticas, con las cuales se buscó incidir en las agendas de los gobiernos y sus políticas públicas. En 1994, la Convergencia de Organismos Civiles por la democracia, mediante la Comisión de Política Social, inicia un proceso de discusión entre organismos de la sociedad civil que produjo una Agenda Social. La intención era elaborar iniciativas sociales no sólo como un derecho a reclamar sino como una responsabilidad para asumir.

Para mediados de 1999 un centenar de organizaciones civiles y sociales de varios estados del país conformaron un colectivo llamado Poder ciudadano1, con el propósito de consensar una agenda nacional, la cual integraba una serie de propuestas con la intención de que formaran parte de la agenda de los candidatos a la presidencia de la Republica, mediante la firma de compromisos. 1 Promovidos por Alianza Cívica, Causa Ciudadana, Fundación Rosenblueth, Convergencia de Organizaciones Civiles, Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y la Red Mexicana Ante el Libre Comercio

A nivel regional y estatal se han desarrollado también procesos de elaboración de agendas, algunos de los casos más representativos son Poder Ciudadano de Jalisco, Agenda Ciudadana para la democratización de Veracruz, la Agenda de Mujeres en el municipio de Cuanduacán, la Agenda de la Red estatal de Organizaciones Civiles de Zacatecas, Agenda de la Red de Organizaciones Civiles de Querétaro. ¿Cuáles son los asuntos que se han presentado como constantes?: A. Reforma del Estado B. Democracia participativa y electoral. C. Procuración e impartición de justicia. D. Derechos Económicos, sociales y culturales (salud, vivienda, educación, trabajo, alimentación) E. Derecho a la comunicación y a la información. F. Igualdad y equidad de género, edad, etnia y preferencia sexual G. Reforma democrática municipal. H. Derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable I. Problemas en el campo J. Migrantes K. Fortalecimiento de las organizaciones civiles a través de impulsar un marco jurídico y fiscal adecuado. En general, en todas las experiencias, se plantea la intención de contribuir al posicionamiento de una agenda social de las organizaciones civiles; constituirse en un referente ético que impulse la construcción de relaciones institucionales de corresponsabilidad con los diferentes ámbitos de gobierno y asumirse como un actores autónomos, independientes en sus posiciones políticas, estrategias, decisiones y campos de acción frente a gobiernos, partidos y otros actores sociales, conduciéndose siempre bajo un marco de respeto y coadyuvancia Sin embargo, se puede señalar que la elaboración de estas agendas está influida por coyunturas electorales y con vistas a presentarlas ante candidatos, en el supuesto de que compromisos firmados por los candidatos serían asumidos por los nuevos gobiernos. El solo ejercicio de vinculación y formulación colectiva de alternativas ciudadanas frente a los complejos problemas de nuestra nación es por si mismo un logro. La fuerza mostra-

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da en estos procesos constituyó un capital político fundamental en la búsqueda de que los actores políticos (fundamentalmente gobiernos y partidos) suscribieran y se comprometieran con ellas. Destaca la diversidad de temas y sectores abarcados por las agendas ciudadanas. Ello es una muestra del compromiso con la diversidad y la inclusión, valores fundamentales de nuestro actuar. Sin embargo debemos preguntarnos qué tanto hemos logrado vincular orgánicamente esta diversidad en una propuesta integral que defina lo que sería un proyecto de nación construido desde la mirada de las organizaciones de la sociedad civil. El Congreso y el Ejecutivo federal suelen ser los principales destinatarios de nuestras propuestas, tendríamos que preguntarnos si en ellos se agota nuestra agenda o si hay actores hacia los cuales debemos dirigir nuestras propuestas. Uno de los retos más significativos de este tipo de procesos ha sido el seguimiento de los acuerdos, su monitoreo y evaluación. No hemos podido definir con objetividad el grado de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos que se establecieron con los gobiernos y partidos. Esto limita nuestra capacidad de denuncia y exigencia. De cara a la actual crisis institucional es necesario que nos hagamos preguntas tales como: ¿Qué condiciones estructurales se requieren para avanzar en la agenda ciudadana?, ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para su implementación? A pesar de la falta de balances más detallados podemos ubicar temas en los que tenemos importantes rezagos como los relacionados con el modelo económico, la reforma del Estado y el sistema de procuración de justicia. En lo relativo a los derechos de mujeres e indígenas también podemos encontrar déficits considerables. Mención especial merece lo relacionado con la participación ciudadana, a seis años de Poder Ciudadano, tenemos que preguntarnos qué tan sustantivos fueron los avances en esta materia, qué tanto nos permitieron tener una efectiva incidencia en las políticas públicas. Es importante también hacer un balance de los saldos de estas experiencias en materia de organización y articulación entre organizaciones civiles. Para muchas organizaciones el proceso de Poder Ciudadano si bien logró una importante movilización a nivel nacio-

AGENDAS CIUDADANAS

nal, fue también uno de los factores de ruptura y desarticulación entre significativas redes y organizaciones de la sociedad civil. La poca claridad en los mecanismos de decisión, las agendas ocultas, el limitado diálogo entre organizaciones con agendas diferentes, entre otras cosas, son temas que nos llevan a una revisión crítica de nuestra práctica política y nuestros mecanismos de articulación. Finalmente tenemos que revisar en qué medida estas y otras experiencias, además de fomentar la articulación y visibilización de las organizaciones civiles así como la interlocución con gobiernos y partidos, nos permitieron vincularnos con otros actores sociales como los sindicatos, los movimientos indígenas y campesinos, entre otros.

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NEXO 1 Principales Agendas Ciudadanas

Intr oducción Introducción

o existen hasta la fecha balances suficientes de los resultados y retos generados en el proceso de construcción y cabildeo de agendas y plataformas ciudadanas. El presente documento, lejos de pretender resolver este déficit, busca tan sólo sistematizar las principales propuestas generadas de tres experiencias nacionales de construcción de agendas y plataformas ciudadanas que se caracterizaron por la pluralidad de organizaciones participantes: Poder Ciudadano, Agenda Ciudadana de Pátzcuaro y Agenda de Derechos Humanos 2006. Evidentemente estos ejercicios no agotan de ninguna manera la importante producción de propuestas ciudadanas, incluso en algunos temas puede encontrarse ausencias importantes que ya han sido resueltas por otros procesos y organizaciones.

Ámbit o Ámbito

Economía

Problemática

Desigualdad económica, estancamiento en el desarrollo económico.

Alternativas

" " " " " " " " "

" " " "

Reactivación del mercado interno. Replanteamiento de la integración del país a la economía mundial. Incorporar la visión de desarrollo regional, integral y sustentable. Una reforma fiscal integral y progresiva. Reforma del sistema financiero. Suspensión total de las privatización nuevas y en proceso. Presupuesto federal decidido con participación democrática de la ciudadanía. Revisión y reorientación de los tratados internacionales de comercio. (TLC, ALCA, OMC, etc.) Reconocimiento y revaloración a la contribución múltiple del sector agropecuario al desarrollo económico, social y ambiental de la Nación. Creación de redes de mercado popular entre cooperativas de producción y consumo. Que el 2% de recursos para el campo se destinen a la promoción de productos agrícolas. Recuperación del crecimiento sectorial y superávit de la balanza comercial agroalimentaria. Elevación del presupuesto programable a la media histórica de los últimos cincuenta años, de 18% para el sector rural. Revisión de las reformas privatizadoras de la tierra y el agua del Artículo 27 constitucional y Ley Federal de Aguas.

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Ámbit o Ámbito

Ref orma del Estado eforma

Problemática

Crisis institucional y déficit democrático.

Alternativas

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" " " " "

ANEXO

Reconocer el Estado laico como expresión sustantiva de la diversidad, la pluriculturalidad, y condición y garantía de las libertades individuales. Ampliar su definición en el texto constitucional y establecer mecanismos de sanción a los funcionarios, funcionarias y ministros de culto que actúen en contra de este principio, así como impulsar una nueva Ley Reglamentaria que garantice la laicidad del Estado. Incorporación de los derechos humanos como eje rector de una revisión integral de la Constitución General de la República y de las leyes secundarias. Nuevo pacto político, económico, social, ambiental y cultural. Asunción del carácter multicultural, multiétnico y transfronterizo de la nación. Revisión del régimen de gob. nacional, estatal y mpal. Incorporación a la Constitución de los principales mecanismos de democracia participativa: plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato todo ello con carácter vinculatorio. Reconocimiento de los derechos culturales como parte substantiva del desarrollo humano y económico del país. Revisión del concepto de soberanía y de los principios de política exterior y de la política sobre migración. Reforma electoral. Fortalecimiento del Federalismo que cumpla de manera irrestricta el artículo 115 Constitucional. Reformar el Artículo 42 constitucional para reconocer el derecho de acceso a cargos públicos sin la obligatoriedad de ser postulado por un partido político.

Ámbit o Ámbito Derec hos humanos Derechos Alternativas Ampliar la competencia de la CNDH y Comisiones Estatales en materia laboral, electoral y contencioso administrativo así como establecer el carácter vinculante de sus recomendaciones. " Ratificación y cumplimiento pleno de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y eliminación de las reservas formuladas por el Estado mexicano. " Armonizar la legislación en el ámbito federal con los convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos. " Establecer mecanismos legales de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales con base en lo establecido en los Convenios y Pactos internacionales.

Ámbit o Ámbito

Par ticipación ciudadana articipación

Problemática Insuficiente participación ciudadana en las decisiones públicas. Alternativas Propuestas para potenciar a la sociedad civil en los asuntos públicos. " Contar con una Ley de participación ciudadana.2 " Revisar la legislación de los estados y municipios para favorecer los objetivos de equidad regional y local y la utilización de mecanismos de consulta e involucración El proyecto de ley debe contemplar tanto la dimensión de participación en la gestión pública como la de fortalecimiento de capacidades y organizaciones. Apuntar, con su aplicación, a la mayor inclusión de la diversidad de la sociedad civil y plantear con claridad los canales institucionales (flexibles, adecuados a las realidades locales) en que esa diversidad puede hacer sentir su influencia y opiniones; así como ampliar el campo de iniciativa legal en la materia a otras leyes que requieren ser modificadas en consistencia con la de participación ciudadana. 2

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" " ANEXO

ciudadana en las instancias de decisión. Determinar legalmente la creación y utilización de instancias y mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía antes de tomar decisiones que afecten a un número importante de ella en cada nivel (nacional, regional, local). Acrecentar las atribuciones de las instancias institucionales de participación, asegurar que su composición sea acorde con la realidad local, su revocabilidad y su control por parte de la ciudadanía y estimular su renovación periódica y la inclusividad progresiva de las instancias de participación. Favorecer la interlocución con la sociedad civil en torno a políticas y programas integrados y coordinados y no sólo en función de requerimientos instrumentales de cada programa público. (Para ello se sugiere establecer una autoridad social en el sector público que cuente con capacidad resolutiva y de interlocución permanente con la sociedad civil.) Asegurar que las convocatorias gubernamentales permitan la libre adhesión de las organizaciones de acuerdo a criterios previos y públicos y no según designaciones de la autoridad. Contemplar mecanismos que estimulen la mayor inclusión y amplitud posibles para dichas convocatorias, a través de su difusión pública, estableciendo mecanismos de regionalización de las instancias, etc. Establecer mecanismos que vinculen las áreas de planificación participativa con la gestión presupuestaria y la evaluación y control posterior, en la mayor cantidad de niveles posible. Establecer mayores mecanismos de auditoría con obligación de informar por parte de las autoridades. Desarrollar políticas activas en los medios de comuni-

cación de propiedad pública para que difundan, se conozcan y se valoren las acciones de la sociedad civil. Proveer fondos para el desarrollo de medios de comunicación propios, de las OSC, por fuera del circuito de la comunicación masiva comercial (radios comunitarias, medios locales en general). Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de gobiernos estatales y municipales. Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos participativos; programación, evaluación y control; mayor difusión, apertura y descentralización de las instancias que se crean para discutir políticas y programas; enfatizar en instancias vinculantes en sectores relevantes. Conformar una contraloría social para la vigilancia de los recursos y financiamientos canalizados para situaciones de emergencia.

Fortalecer los vínculos de los partidos políticos con la ciudadanía.

Asignar recursos públicos destinados a apoyar iniciativas conjuntas entre partidos políticos y OCs, tendientes a fortalecer el diálogo y la cooperación. Favorecer sistemas de rendición de cuentas para cargos electos que incluyan programa de gobierno, declaración patrimonial, registro de votaciones, agenda de actividades públicas, y registro de asistencias a sesiones y comisiones. Validación ciudadana de los candidatos de las planillas para cabildos y regidores.

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Ámbit o Ámbito Transparencia y acceso a la inf ormación información Problemática

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) carece de autonomía e independencia frente al Poder Ejecutivo, La fórmula legal que faculta a los Poderes y Órganos Autónomos para emitir sus propios reglamentos sigue vigente. La CNDH continúa con la práctica de negar el acceso a la información soslayando el contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental (LFTAIP). La LFTAIP no incluye como sujetos obligados directos a importantes instituciones que reciben prerrogativas del Estado y que son catalogados por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como entidades de interés público: los partidos políticos. Con motivo de una probable reforma en materia electoral, yacen en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que pretenden incorporarlos al oleaje de la transparencia. Es imprescindible que este proceso culmine favorablemente. El Congreso de la Unión no ha avanzado en la aprobación de las iniciativas correspondientes de emitir leyes específicas en materia de Archivos y Habeas Data.

Alternativas

" "

ANEXO

Modificar la normatividad interna a fin de brindar autonomía constitucional al IFAI. Aprobar la reforma en materia electoral y legislar en materia de Archivos y Habeas Data. (datos personales)

Ámbit o Ámbito

Igualdad y equidad de géner o, edad, e tnia y género, etnia pref erencia se xual preferencia sexual

Problemática

Discriminación por género, edad, etnia y preferencia sexual.

Alternativas

Por géner o género " Incluir a organismos que priorizan su acción con mujeres, en La Comisión de Equidad y Género de la Cámara, para que ésta vigile y de seguimiento en la aplicación de las leyes que norman la participación equitativa de las mujeres. " Incorporar en la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública: 1) La desagregación por sexo de la información relacionada con las y los beneficiarios de todos los programas gubernamentales, así como la difusión de dicha información; 2) Formular, desde la perspectiva de género, los diagnósticos sobre los que se elaboran todos los programas gubernamentales, para atacar las desigualdades que existan entre los grupos de población a los que va dirigido el programa; 3) Desarrollar indicadores de género en todos los programas y presupuestos, única forma de saber si los programas están beneficiando a las mujeres y contribuyendo a su empoderamiento. Por e tnia etnia " Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, en los términos de la propuesta de reforma constitucional de la COCOPA que reconoce el derecho a la libre determinación concretada en la autonomía para garantizar el acceso colectivo al uso y disfrute de sus tierras, territorios y recursos naturales, el reconocimiento a sus sistemas normativos, su cultura y formas de organización, y la reforma correspondiente de la legislación vigente.

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Reabrir en el Congreso de la Unión el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, con el objeto de establecer claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. Profunda reforma institucional para dar participación y decisión plena a los pueblos indígenas, en los diversos niveles y ámbitos de gobierno. Demandar que el Estado Mexicano acepte el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, lo adopte y cumpla plenamente, al igual que el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. Exigir la desmilitarización sistemática en los territorios indígenas y el desarme de los grupos paramilitares. El Convenio 169 de la OIT, siendo el único instrumento internacional vigente que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y que ha sido ratificado por México, deberá ser aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de los pueblos indígenas. Reconocer como sociedad civil las autonomías indígenas ya instituidas, asumiéndolos como interlocutores válidos y legítimos de gobierno popular en sus territorios.

Por edad " Reforma al artículo cuarto constitucional.3 " Creación de la Ley Reglamentaria del Artículo Cuarto Reforma al artículo Cuarto de la Constitución Federal para crear un organismo autónomo conocido como el concept o int erés superior del niño” Instituto de la Infancia e ingresar al texto constitucional el “concept concepto interés niño”. 3

ANEXO

" "

de la Constitución Federal en materia de infancia.4 Creación de un instituto de la infancia. Promover el desarrollo de políticas específicas que respondan a los intereses y necesidades de los jóvenes, reconociendo su plena participación.

Por pref erencia se xual: preferencia sexual: " Reconocer el derecho a la preferencia sexual y modificar la legislación en función de este derecho, garantizando su seguridad y el ejercicio pleno de la sexualidad. " Incorporar al Artículo 1° Constitucional la no discriminación por orientación sexual y legislar en concordancia con la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia en los ámbitos federal y local. " Inclusión del término “familias” (que permita incluir la diversidad familiar de nuestro país) en el artículo 4º. Constitucional y en leyes y programas. " Ley en contra de la discriminación en todos los estados. " Ley de uniones de convivencia.

Contenido de la Ley Reglamentaria: Los derechos a que se refiere el artículo 4 de la Constitución Federal y su relación con la Convención de Infancia, Efectos y Alcances del concepto “interés superior del niño”, creación de un Instituto de la Infancia con Autonomía Constitucional derivada del texto del artículo 4, medios para la elección de los once consejeros que formen el Instituto. (Terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado de la República), relación del Instituto con las tres esferas de gobierno, funciones del Instituto (Defensa; Investigación, Recomendación, Evaluación de políticas públicas en materia de infancia; interés jurídico en cualquier asunto relacionado a infancia y representación jurídica en materia de infancia en tutela) Lo anterior implica reformas a los artículos 631 a 634 del Código Civil Federal. Siendo que la justiciabilidad de los derechos de la infancia es la columna vertebral de la existencia de dichos derechos, se establece que el interés jurídico otorgado al Instituto permite la acción en tribunal competente para defender los derechos de la infancia en asuntos particulares o para demandar el cumplimiento, modificación, revocación o nulidad de políticas públicas que afecten a la infancia, creación de un órgano consultivo y de comunicación en materia de políticas públicas de infancia con las Secretarías de Estado Federal, Local y con los ayuntamientos con relación a las funciones que ejerzan en términos del artículo 115 de la Constitución Federal que afectan infancia. (En especial seguridad pública), creación de acción popular a favor de la infancia, es decir otorgar legitimación en la causa y en el proceso a cualquier mayor de dieciocho años para promover ante los tribunales competentes en defensa de los derechos de la infancia que se enuncien en la Ley. 4

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Ámbit o Ámbito

Pr ocuración de Justicia Procuración

Problemática

Deficiencias en el sistema de procuración de justicia.

Alternativas

Reformas legislativas al Código de Procedimientos Penales5 y la Ley de Defensoría Pública6. " Aprobar la iniciativa de reforma que el Senado aprobó el 15 de diciembre pasado al art. 21 Constitucional para la eventual ratificación de la Corte Penal Internacional. " Retiro de la reserva realizada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, referente al artículo IX de dicha Convención en la cual se señala que los tribunales militares no son tribunales especiales de lo que se desprende que pueden entonces juzgar la desaparición forzada de personas. " Ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte y Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. " Reforma al artículo 133 constitucional. " Promover reformas relativas a la competencia de los

Que la detención y la libertad provisional sean competencia exclusivas del juez, que adopte un catálogo amplio de opciones de medidas cautelares; las hipótesis de flagrancia equiparada y urgencia para permitir la detención sin orden ni escrutinio judicial, deben desaparecer de la legislación; en general las violaciones de derechos humanos deben generar una sanción procesal que alivie a la víctima de manera adecuada y efectiva y que cumpla su función como desincentivo. Debe adoptarse la posibilidad de que la víctima se constituya como querellante adhesivo en los delitos perseguidos de oficio por el Ministerio Público y debe permitirse a la víctima perseguir por cuenta propia los delitos que afectan esencialmente el interés privado 6 Dotar a la Defensa Pública de autonomía respecto de los poderes ejecutivo y judicial; debe ser continuada por la misma persona desde la fase de investigación policial hasta la sentencia; deberá establecer explícitamente como fuentes de derecho en el proceso penal los tratados internacionales, declaraciones de derechos humanos y su interpretación. Es necesario elaborar un esquema de trabajo que permita combinar un sistema público de defensa, con la concurrencia de los abogados privados, en donde el servicio de defensa pública sea mixto y financiado por el Estado con la concurrencia de abogados asignados de oficio, (pagados por el estado) y abogados libres (pagados por el cliente). Así, deben crearse servicios pro bono para que abogados y bufetes presten servicios gratuitos pero reconocidos financieramente por el gobierno según tasas profesionales previamente establecidas. 5

ANEXO

" "

" " "

Problemática

tribunales militares con el fin de restringirla exclusivamente a aquellos delitos conexos con la disciplina militar. Actualizar y adaptar a los estándares internacionales a la legislación penal militar. Crear una Ley especial sobre reparación del daño a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que este punto se ha tratado de supeditar en la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial, reduciéndolo así a la indemnización económica que una víctima pudiese obtener, dejando de lado la visión integral de la reparación del daño en estos caso que implica, además de la reparación económica, la reparación simbólica y sobre todo las garantías de no repetición. Homologar la edad penal a los 18 años, con base en los instrumentos internacionales. Aumento al presupuesto de seguridad pública con el fin de profesionalizar los cuerpos policiales. Garantizar la seguridad pública mediante de políticas preventivas del delito, de forma eficaz y sustentadas en el respeto pleno respeto a los derechos humanos. Fuerzas Armadas: " Apego de la actuación del Ejército a lo establecido en la Constitución. " Iniciar un proceso de revisión constitucional sobre las funciones del ejército que lleve, entre otras cosas, a que rinda cuentas ante el Poder Legislativo sobre sus gastos, número de efectivos y actividades. " Disminución del gasto militar. " Reformar la legislación militar para que los miembros del ejército sean juzgados en la competencia civil federal.

Limitado avance en el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones de personas identificadas como

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opositoras al régimen oficial en los años 70’. " Incumplimiento en la localización de los detenidosdesaparecidos, la identificación y sanción de los responsables, la reparación de los daños ocasionados por la sistemática represión del Estado y las medidas de no repetición. Alternativas

Efectuar una reserva interpretativa7 al articulo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. " Ajustar la Ley de Amparo.8 " Esclarecer los hechos del pasado y castigar a los responsables. " Adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y abstenerse de legislar contrariamente a dichos estándares. " Modificar el Artículo 17 de la Ley de Amparo.9

Problemática

Limitada exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sexuales y reproductivos.

Alternativas

Creación de una procuraduría de los Derechos sexuales y reproductivos. Legislación en favor de los derechos sexuales juveniles. Formación de una comisión de derechos sexuales y reproductivos dentro de las cámaras.

Problemática

Trata de personas.

Que impuso el Senado de la República, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al articulo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, con la cual se evita que militares sean investigados y juzgados por los órganos civiles. 8 Establece requerimientos imposibles de cumplir ante una desaparición forzada, el recurso de amparo no es ni adecuado ni efectivo, de conformidad con los criterios de la Corte, pues no cumple con el objetivo primordial: determinar el paradero de la víctima. 9 suprimiendo la exigencia de indicar el lugar donde se encuentra la persona desaparecida, el requisito de señalar la autoridad responsable, así como la ratificación del agraviado. 7

ANEXO

Alternativas

Las actuales disposiciones legales no tipifican el delito de la trata de personas. El Senado de la República aprobó en diciembre de 2005 la “Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas”. Está pendiente la aprobación de la Minuta en la Cámara de Diputados para que continúe su proceso legislativo. " Pugnar porque la sobre Trata de Personas comprenda: " Las distintas manifestaciones del delito tanto de la trata con fines de explotación laboral como de explotación sexual. " Considerar como víctima a una persona que es tratada. " Principio de la no criminalización de las víctimas de trata. " Medidas de protección a víctimas y testigos del delito. " Reparación del daño y otros modelos de compensación que también deberían tomarse en cuenta, como la posibilidad de restitución a través de la incautación de los bienes motivo de ilícitos relacionados. " Participación ciudadana. Facilidades para que organizaciones civiles proporcionen ciertos servicios a la víctimas y testigos, brindando la posibilidad de mantener resguardada la identidades, y generar espacios de confianza y contención para enfrentar los procedimientos legales.

Problemática

Solicitantes de Asilo y Refugiados.

Alternativas

Legislación que regule el proceso de elegibilidad para el reconocimiento de la condición de refugiado y que garantice la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados en México. La legislación debe contemplar en la definición de refugiado a toda persona que tenga un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinio-

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nes políticas. Además, a aquellas personas cuya vida, seguridad o libertad se vea amenazada como resultado de violencia generalizada, ocupación o agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En todo momento, se debe respetar el principio de la No Devolución de los refugiados e incluso de aquellos solicitantes rechazados cuya vida o integridad física se vea amenazada de regresar a su país de origen o residencia habitual. Una legislación e materia de asilo debe como mínimo: " Brindar protección temporal en lo que se analiza su solicitud de asilo. " Considerar que la condición de refugiado es un estatuto jurídico especial inherente a la persona. " Asegurar el acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de solicitudes de asilo. " Incluir garantías de debido proceso contempladas durante los procedimientos para determinar la condición de refugiado, incluyendo como mínimo: la adopción de decisiones en un plazo razonable; acceso a asistencia legal; acceso a intérpretes; decisión fundamentada o razonada; y, derecho a apelar una decisión negativa.

Problemática

Limitado acceso de los pueblos indígenas a la justicia.

Alternativas

Promulgarse leyes de amnistía general a nivel federal en beneficio de presos y perseguidos indígenas por actividades políticas y/o sociales.

Problemática

Incremento en el Asesinato y Agresiones contra Periodistas, Acusaciones por Difamación y Calumnia.

ANEXO

Alternativas

Que el Poder Legislativo en correspondencia con sus facultades de seguimiento a la actuación del Poder Ejecutivo Federal frente a los asesinatos de periodistas. Que se comprometan a mantener la mesa técnica de trabajo encargada de revisar las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre agresiones y asesinatos de periodistas en el país, así como la posibilidad de que atraiga todos los casos, la cual se instaló en la Cámara e Diputados durante la anterior legislatura. Que los legisladores pidan al Ejecutivo federal mayor información, y permitan un mayor nivel de participación por parte de las organizaciones que dan seguimiento a los casos en dicha mesa. Aprobar la iniciativa adoptada en la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril que despenaliza los delitos de difamación y calumnias, dejándolos solo en el Código Civil.

Ámbit o Ámbito

Temas Específ icos Específicos Alimentación

Problemática

Vulneración de la soberanía alimentaria.

Alternativas

Aprobar la reforma constitucional que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º constitucional y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución.10 Aprobar la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.11

A fin de integrar el derecho a la alimentación y que establece como responsabilidad de la Federación, entidades federativas y municipios, el asegurar que toda persona tenga derecho a una alimentación sana y suficiente en calidad, cantidad y dignidad. 11 No se logró la aprobación durante la pasada legislatura (la iniciativa fue presentada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2005) que tenía como uno de sus objetivos dar certidumbre a la producción nacional 10

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" "

Promover una reforma al artículo 18 de la Ley Agraria.12 No permitir la entrada de alimentos de mala calidad, en particular de maíz transgénico y otros alimentos modificados genéticamente.

Ámbit o Ámbito

Acceso a una vida libre de violencia

Problemática

Violencia contra las mujeres.

Alternativas

Aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y adiciones en la materia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Problemática

Violencia sexual.

Alternativas

Leyes en contra del abuso y la violencia sexual.

Ámbit o Ámbito

Empleo

Alternativas

" " " "

Legislar a favor del empleo formal y remunerado. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios constitucionales frente a las necesidades básicas de la familia.13 Reformar ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aprobar la iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.14

nacional de alimentos, mediante políticas agrícolas estables que promovieran el desarrollo económico del campo. Otro objetivo central de esta iniciativa era eliminar la discrecionalidad y politización anual o sexenal de las políticas agrícolas, mediante una planeación estratégica de largo plazo. 12 Para garantizar en el caso de los ejidos, que sea la cónyuge quien tenga la preferencia en la lista de sucesores del titular de los derechos agrarios, en caso de muerte de su cónyuge o pareja y, que cuando se acredite una ausencia de dos años del titular de los derechos, pasen a su cónyuge. 13 Es urgente reformar el sistema de fijación de salarios. 14 para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral; así como ratificar el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

ANEXO

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Plena libertad sindical que incluya el voto libre, universal y secreto, de acuerdo al Convenio 87 de la OIT. Respeto a la legislación nacional por parte de las empresas nacionales e internacionales. Legislar para que se instrumente un seguro universal de vejez para las mujeres.15 Legislar a favor del reconocimiento del trabajo doméstico de la mujer como trabajo remunerado.16

Ámbit o Ámbito

Educación

Alternativas

" "

Respetar y observar el compromiso del estado mexicano de asignar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto al presupuesto público para educación.17 Reforma del Artículo Tercero constitucional para establecer la naturaleza intercultural de la educación. Definir como facultad concurrente entre los tres niveles de gobierno la elaboración de planes de estudio, que incluyan los temas de educación para la paz, ecología y derechos humanos. Legislar a favor de programas de estudio que fomenten el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.18 Legislar a favor de la creación, modificación y mejoramiento de los programas de estudio de materias que se imparten en la educación básica, en sus tres niveles.19 La educación sexual es un derecho social asumido por

Que incluya en la primera etapa únicamente a las mujeres amas de casa más pobres y que trabajen como comerciantes informales, a fin de lograr su independencia económica y con ello promover su dignidad. 16 y generar a través de la recaudación e incentivos fiscales, la creación de mecanismos de solidaridad social y de pareja para que el trabajo doméstico sea remunerado y la ama de casa sujeto de prestaciones sociales. 17 Etiquetar parte de este presupuesto para mejora de infraestructura. 18 De modo que cuenten con las herramientas y los conocimientos para resolver problemas complejos y se contribuya de este modo a mejorar no sólo los resultados académicos sino a desarrollar sus capacidades para enfrentar tanto situaciones cotidianas como decisiones de vida. 19 Con el fin de detectar, eliminar y evitar el uso de un lenguaje discriminatorio, estereotipos de género o ejemplos que reproduzcan inequidades o desigualdades basadas en el sexo. 15

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México, a través de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez; en las Conferencias Internacionales sobre Población y Desarrollo (Ciudad de México 1984; y El Cairo 1994) y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing 1995).20

Ámbit o Ámbito

Medio ambient e ambiente

Problemática

Incumplimiento de la legislación ambiental.

Alternativas

" "

Verdadera vigilancia sobre el cumplimiento y respeto de la legislación ambiental. Impulso a la agricultura sustentable y la protección ambiental a través de un sistema de incentivos y apoyos compensatorios, estimulando un ordenamiento ecológico en base a cuencas hidrográficas, fomentando la agricultura orgánica, el comercio justo y un consumo responsable, la conservación de la biodiversidad y usos tradicionales, regulando y abatiendo el uso de pesticidas y químicos sintéticos e impulsando un respeto irrestricto a la posesión intelectual colectiva de usos y prácticas de comunidades indígenas y campesinas. De manera importante, revisar la normatividad sobre la que actúa PEMEX a fin de garantizar la protección de la vida humana y la ecológica en el medio rural.

Problemática

Vulneración del patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas y campesinos.

Alternativas

Elaborar un marco jurídico adecuado para la bioprotección en territorios indígenas que respete el

México tiene la obligación (jurídica vinculatoria) de reconocer la primacía que tienen los intereses de la niñez y la juventud y, por lo tanto el derecho de las y los adolescentes a los servicios de salud. 20

ANEXO

patrimonio cultural y natural de los pueblos indios. Reconocimiento económico a los servicios ambientales ofrecidos por las comunidades campesinas rurales y sub-urbanos.

Ámbit o Ámbito

Salud

Problemática

Fragmentación, baja calidad y falta de cobertura de los servicios de salud.

Alternativas

Unificar en un sistema nacional de salud los diversos sistemas públicos para evitar la fragmentación y diferencias en la calidad de los servicios.

Problemática

Falta de servicios especializados en salud sexual y reproductiva.

Alternativas

Retomar para su aprobación la iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva dictaminada en la 58 legislatura.21 Exhortar a las entidades federativas para homologar las legislaciones estatales que amplíen las razones para el aborto legal así como emitir los reglamentos para hacer efectivo ese derecho en los ámbitos de salud y/o acceso a la justicia, con base en el estándar más alto en el país. Eximir de la comisión del delito de aborto en el Código Penal Federal a las mujeres que lo practiquen bajo los supuestos permitidos en la mayor parte de los estados del país, cuando la madre corra peligro de muerte, por malformaciones genésicas o congénitas y en caso de

Cuyo objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud y al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para diferentes grupos de población, con el fin de armonizar la ley conforme a los acuerdos internacionales y recomendaciones para México de organismos de derechos humanos. 21

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violación. Reglamentar el hecho de que las instituciones públicas deben garantizar siempre la prestación de los servicios necesarios para hacer real este derecho con pleno respeto a los derechos reproductivos de las personas y respetando la objeción de conciencia de las y los prestadores de servicios involucrados directamente con los procedimientos.22 Promover la creación de instrumentos que permitan hacer uso eficaz de los compromisos firmados por México en la Asamblea General de la ONU de junio de 2001, que dedicó su sesión especial al VIH/SIDA. Nuestro país se comprometió a promulgar, fortalecer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA, haciendo énfasis en las áreas de educación, empleo, salud y derecho de sucesión. Su labor legislativa debe enmarcarse en las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA.23

Ámbit o Ámbito

Vivienda

Alternativas

Implementar políticas públicas que hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda, con base en la Agenda 21 de Río y los resolutivos de la Cumbre de Estambul. " Legislar a favor de que el gobierno federal tenga una mayor participación en la construcción de vivienda.24

Debe especificarse que quienes recurran a la objeción de conciencia tienen la obligación de referir a las usuarias con quienes estén dispuestos a atender sus necesidades. 23 Para promover políticas públicas en la materia, tales como la promoción y distribución del condón para lograr una disminución efectiva de las ITS; la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva respetuosos y que fomenten la toma de decisiones, la autonomía y la responsabilidad de las personas. 24 No dejando en manos del sector privado la satisfacción de un derecho humano indispensable para que la 22

población mejore sus condiciones de vida.

ANEXO

Legislar a favor de facilitar el acceso a créditos o financiamientos para adquisición o mejoramiento de la vivienda a la población que no está dentro del sector formal del empleo.25

Ámbit o Ámbito

Migración

Problemática

La legislación migratoria tiene un enfoque policiaco/inquisitorio, orientada al control y contención de las migraciones, con altos contenidos de discrecionalidad que sustentan la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad. Dicha legislación y los procedimientos actuales carecen de transparencia y no garantizan el acceso a la seguridad jurídica y al debido proceso de los migrantes.

Alternativas

Promover la armonización legislativa en materia de migración, asilo y trata de personas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.26 En materia de armonización legislativa es recomendable trabajar en el desarrollo de una legislación: " Explicita en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes y que integre los principios del corpus juris internacional de instrumentos de derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados. " Que promueva la migración regular. " Que contenga también los principios y garantías

Para ello deberá tomar en cuenta la situación de las mujeres, quienes cada vez más se hacen cargo económicamente de sus familias. 26 Incluyendo todos los instrumentos internacionales que México ha ratificado en materia de Derechos humanos, asilo, refugiados y trata de personas. Destacan la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; y, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos sobre 25

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

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de integración social de los trabajadores migratorios y sus familiares. Que sea flexible sin caer en la discrecionalidad y la arbitrariedad.

La legislación debe:

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ANEXO

Garantizar el acceso efectivo a la información sobre su situación y derechos, sobre el derecho a la notificación consular y acceso a sus expedientes; acceso a peritos traductores; acceso efectivo a los teléfonos; y, acceso efectivo a la representación legal. Garantizar el acceso efectivo de los migrantes a la justicia independientemente de su estatus migratorio. Crear de recursos judiciales adicionales al recurso de Amparo. Establecer la figura de jueces migratorios imparciales. Eliminar la participación de diferentes dependencias en el control y verificación migratoria. Establecer límites a la privación de la libertad, incluyendo la no detención de niños, niñas y adolescentes. Garantizar el respeto al principio de la unidad familiar. Incluir la eliminación de la documentación de las mujeres como dependientes económicas (prevención de la vulnerabilidad a la violencia doméstica). Contemplar una mayor flexibilidad del sistema de visas laborales en términos de requisitos, temporalidad, portabilidad de las visas y acceso a garantías laborales y sociales para los trabajadores y sus familiares. Garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda. Garantizar el acceso de las niñas, niños e hijos de migrantes nacidos en México al registro de nacimiento. Incluir en la ley de visas especiales para víctimas de trata y otras víctimas de violaciones a derechos humanos.

Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y lugares habilitados como tal, con el doble prop贸sito de monitorear las condiciones y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y de ofrecer servicios y asesor铆a respecto a su situaci贸n migratoria.

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