La formación docente hacia la inclusión educativa en el Ecuador
Introducción
Praxis Capital EcHistóricamente, desde los años 90´s en Ecuador ha existido una marcada corriente de movilización social sobre los derechos educativos en los niños con necesidades educativas especiales (NEE) (discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; multidiscapacidades; y trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros), frente a las variadas dificultades de aprendizaje y su escaso acceso escolar; si bien varias veces dentro de los contextos constitucionales y leyes de educación nacional se deseaba dar un espacio para su educación, dichos entorno no pasaban de elementos normativos y poco era el trabajo en la práctica que se desarrollaba por el bienestar educativo de este grupo vulnerable. Así, apenas en el Ecuador en la década de los 90´s “existían tres instituciones de educación para personas con capacidades especiales, las mismas que en su totalidad pertenecían a organizaciones no gubernamentales internacionales apalancadas en el territorio ecuatoriano” (Arrieta, 2018, pág. 108)
A partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), promovida en el 2011, por el entonces presidente Ec. Rafael Correa, se materializa el tema de la inclusión un poco más hacia entenderlo como parte de los deberes y obligaciones del Estado bajo el servicio de la educación pública, con la marcación de un factor clave; “el carácter de obligatoriedad de la matrícula hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales” (Verdesoto, 2018, pág. 44). Dentro de dicha normativa se destaca en el título 1:
La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, pág. 7)
De esta forma, queda en claro que la inclusión escolar no sólo debía referenciar a personas con capacidades especiales, sino que “su estructura tiene que ser integral y vincular a las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades que son parte activa de la sociedad ecuatoriana” (Castro, 2017, pág. 177) Este aporte normativo, fue muy bueno, sin embargo la educación pública no pudo responder de gran manera, dado que si bien la ley forzaba a una
mayor inclusión educativa, existían factores como infraestructura, cuerpo docente, capacidad de enseñanza especializada y otros factores que limitaban su aplicación en forma correcta hacia dichos estudiantes
Ya que, una cosa es el proceso de matriculación de las personas con capacidades especiales o pertenecientes a un grupo vulnerable y otra es que se les esté emitiendo la enseñanza que necesitan; porque las preguntas que surge en los docentes a cargo son ¿qué hago yo con el estudiante en la clase? ¿Cómo logro llegar con los conocimientos? ¿Qué sistema metodológico es el más óptimo?, entre otros cuestionamientos. De ahí que una de las grandes críticas que existe hasta el momento, es “porque el Estado no generó un proceso a la inversa, primero capacitar a los docentes y luego incluirlos en un sistema inclusivo educativo en todos sus niveles” (Veintimilla, 2019, pág. 35); y ese ha sido el problema y bajo el cual se enfoca el presente ensayo.
De hecho en la actualidad, aún existen múltiples unidades educativas particulares que no se han acogido a la inclusión educativa, tal cual como se refiere dentro de la LOEI, y menos las instituciones públicas que poseen un mayor grado de obligatoriedad por parte del Estado, que si bien poseen una estructura clara del proceso de integración, no poseen ni las capacidades educativas de los docentes ni los espacios físicos adecuados para promover en la forma correcta la inclusión educativa, siendo esta más allá de un nuevo sistema garantista de los derechos hacia la educación universal, un aspecto negligente de parte del Estado hacia la promoción de planes que en verdad según Carrillo (2018) “no satisfacen las necesidades de dichos grupos vulnerables (enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales) y con capacidades especiales que requieren de una educación propia a sus características sociales y no simples reformas a la normativas estatales” (pág. 77)
Por tanto, el presente ensayo se enfoca en revisar el nivel de la formación de docentes para la inclusión educativa en el Ecuador y cuales son los elementos que aun exigen un mayor desarrollo por parte del Estado dentro de la inversión pública hacia la educación como parte de un derecho universal que requiere ser satisfecho frente a los grupos vulnerables y con capacidades especiales.
Desarrollo
A nivel público, y dentro de tema a tratar la formación de docentes ecuatorianos empezó en el 2014 con cursos de “sensibilización en discapacidades, inclusión educativa, educación especial inclusiva, actualización pedagógica y aprendizaje sostenible” (Garrido, 2019, pág. 151) Y, hasta el 2018 se han capacitado 92 152 docentes, según el informe de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (2020) y la readecuación de mallas curriculares educativas. Pero, aún existen varios obstáculos como es la falta de orientación a padres de familia frente al reconocimiento de las fortalezas y potencialidades de sus representados, los aspectos socioeconómicos y culturales que condicionan o impiden a los estudiantes acudir con normalidad a las instituciones educativas, la identificación tardía de la discapacidad de cientos de personas de grupos vulnerables, la amplia distancia entre los sectores rurales frente a los espacios urbanos donde se encuentran las principales instituciones educativa, entre otros elementos.
Actualidad
La inclusión educativa a nivel de Ecuador, consiste en una adaptación a toda la gama de diversidad de aprendizajes de los estudiantes, que libre e independientemente de la condición de cada individuo, busca que la institución educativa y más la correspondiente al sector público, sea la responsable de adaptar su currículo al estudiante y no al revés; todo esto determinado según la Constitución de la República del Ecuador (2008), y bajo el respeto actual del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” (2017) y los lineamientos orgánicos de Ministerio de Educación.
Así, los objetivos nacionales frente a una educación inclusiva son:
a) Fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la convivencia armónica y la práctica del diálogo y resolución de conflictos;
b) Eliminar las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, funcionamiento institucional, sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, contexto geográfico y cultural; y,
c) Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa y participativamente en el ámbito social y laboral, según la Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales (Ministerio de Educación, 2019, pág. 18)
Pero dichos objetivos buscan más la integración que la inclusión social, y si bien existe una ley que legitima la posibilidad de la inclusión, los aspectos culturales y políticos en la práctica no llegan a cumplir con el bien integrador. Dado, que existe una clara diferencia entre la educación inclusiva que “es un proyecto de lucha política y cambio cultural, y la dirección integradora, donde no se cuestiona la cultura dominante, sino que crea paliativos para trabajar con el sujeto en forma diferente” (Larrea, 2018, pág. 79).
Si bien, existen claros ejemplos de la búsqueda inclusiva de la educación en la sociedad ecuatoriana, bajo la estructuración de un nuevo currículo y la preparación de los docentes nacionales, aún se deben promover varios cambios, ya que las personas suelen pensar que la educación inclusiva está dirigida únicamente para las personas con necesidades educativas especiales, pero su filosofía va más allá del dicho elemento; sino, que se ha convertido en un verdadero motor de cambio del sistema educativo que desea también “apoyar a grupos vulnerables, como a estudiantes con alto grado de eficiencia escolaridad; es decir, segmentar a la educación y que esta sea emitida acorde a las necesidades de cada persona, con el fin único de incrementar sus dimensiones de conocimiento” (Gallegos, 2019, pág. 105)
Por tanto la educación inclusiva moderna “ya no trata de dar respuestas paliativas a las necesidades de los sujetos en función de sus necesidades, sino en promover al máximo cada una de las mejores cualidades del individuo” (Arrieta, 2018, pág. 92). Pero, frente a esto no es suficiente con desarrollar mallas de cambio educativo ni la identificación de los mejores atributos escolares de una persona sin importan su condición socioeconómica o cultural; sino de contar con los docentes, que al ser los principales desarrolladores del aprendizaje deben poseer una formación hacia el correcto camino de instauración de la inclusión educativa.
Y si bien existen varios procesos que se han implementado para mejorar sus condiciones de formación como profesores que puedan manejar a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE); aún existen varias cosas a resolver por parte del Estado y que se recomiendan a continuación.
Los docentes y la inclusión educativa
Los docentes y la educación inclusiva, referente al proceso enseñanza - aprendizaje deben buscar cumplir los siguientes elementos claves:
“Valorar la diversidad de los estudiantes: saber distinguir en forma positiva las diferencias entre estudiantes hacia el valor educativo que se debe emitir acorde a una estructuración metodológica.
Apoyar a todo el estudiantado: los docentes deben esperar lo mejor de todos sus alumnos y no dar por entendido que alguno va a fracasar en el proceso de enseñanza.
Trabajar en equipo: los docentes deben interactuar en forma conjunta y realizar un cruce de información sobre sus estudiantes acorde al nivel de desarrollo que posee.
Desarrollo profesional permanente: la docencia es una carrera de largo plazo, por no referir de toda una vida, así que las capacitaciones deben ser constantes y auspiciadas en gran medida por el Estado como máximo responsable” (Gil, 2018, pág. 74)
Además, el docente debe ser un ente generador de diálogos socioculturales, pues escuchar quejas e inquietudes educativas y promover los espacios de participación social propias de la inclusión “promueve la construcción de democracia y ciudadanía intercultural”
(Castro, 2017, pág. 14). Así, un docente dentro de la inclusión educativa, debe elevarse por encima del sistema tradicional de enseñanza y sus funciones básicas, para promover una nueva concepción de la educación, destacando los siguientes lineamientos:
Admitir una perspectiva holística y constructivista del aprendizaje moderno.
Brindar enseñanzas prácticas adaptadas a las necesidades modernas hacia los grupos sociales.
Construir un currículo común y diverso que recoja todas las necesidades de los grupos vulnerables y personas con capacidades especiales.
Crear cuadros de integración hacia la colaboración entre adultos y estudiantes de los diferentes grupos sociales.
Defender la educación intercultural.
Fomentar la generación de amistades y vínculos sociales entre todos los estudiantes.
Instituir una agrupación estudiantil flexible a las condiciones socioeconómicas.
Promover la enseñanza responsable y establecer un entorno común de paz.
Provocar una participación activa, social y académica en todas sus dimensiones.
Reunir todos los elementos tecnológicos disponibles en el aula.
Trabajar en metodologías educativas sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Larrea, 2018, pág. 184)
Por tanto, el docente debe mantener una convicción multidisciplinaria para lograr materializar la inserción de los estudiantes desde una perspectiva direccionada hacia la promoción de principios y valores básicos para la convivencia armónica. Y dentro del proceso de inclusión, debe ser un planificador del sistema didáctico - pedagógico el mismo que “posee la estructura de los pasos a seguir para mejorar el desempeño de los estudiantes, el seguimiento académico y fortalecer el nexo entre la institución educativa y los padres de familia dentro de una verdadera inclusión educativa” (Garrido, 2019, pág. 48).
Conclusiones
La inclusión educativa en Ecuador, es un proceso que a partir del 2011 ha buscado su sistematización partiendo de su conceptualización como derecho fundamental en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en forma específica del cumplimiento a nivel de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Lastimosamente, si bien han existido diferentes procesos de capacitación en los docentes para crear los procesos óptimos de enseñanza
aprendizaje frente a los grupos vulnerables y los que poseen capacidades especiales; aún existen a nivel nacional varios profesionales que por acciones negligentes del Estado no poseen las capacitaciones pertinentes para el manejo de dichos grupos sociales y simplemente se les ha hecho cargo de su enseñanza sin disponer de un claro cuadro de cómo debe darse una metodología de estudio a dichos estudiantes y en el peor de los casos de disponer de la infraestructura óptima para un mejor desarrollo educacional.
Lo cual, se da por que el Estado no ha sabido mantener una clara distinción entre integración e inclusión, y que bajo los diferentes elementos normativos e institucionales se ha manejado como una nueva educación ecuatoriana más inclusiva, pero sólo se ha generado entornos de integración estudiantil dentro de la educación tradicional. Además, que aún no cuentan con docentes especializados a gran escala, instituciones educativas con sistemas de enseñanza que promuevan un plan para dimensionar de mejor forma las capacidades cognitivas y en el peor de los casos, infraestructura acorde a modelos internacionales para un mejor ambiente de enseñanza de dichos grupos sociales tan delicados. Así, la inclusión educativa en Ecuador, en una hermosa utopía social; pero ya en un contexto real sólo demuestra las acciones negligentes de un Estado que dejan todas las responsabilidades a los docentes, que a su vez ejercen su mejor esfuerzo posible frente a los estudiantes pero, con un gobierno cuya inversión pública en educación cada vez es más restrictiva, simplemente quedan en esfuerzo y ideologías filosóficas y no verdaderas acciones de inclusión social.
Bibliografía
Arrieta, G. (2018). La educación para niños con capacidades especiales en Ecuador. QuitoEcuador: Atenea ediciones.
Asamblea Nacional. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. MontecristiEcuador: Registro Oficial 001.
Carrillo, M. (2018). La verdadera dirección de la educación. México D.F. - México: Zeas ediciones limitadas.
Castro, V. (2017). La inclusión educativa escolar en Ecuador. Quito - Ecuador: Prometeo ediciones.
Gallegos, V. (2019). La segmentación educativa en Ecuador. Guayaquil - Ecuador: Premier ediciones.
Garrido, A. (2019). Sistemas de mejora educativa modernos para estudiantes vulnerables. Lima - Perú: Palermo ediciones.
Gil, S. (2018). La diversidad educativa desde la inclusión social. Valencia - España: Marte ediciones.
Larrea, V. (2018). La inclusión cultural en la educación. Quito - Ecuador: Parménides ediciones.
Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito - Ecuador: Registro Oficial No 417.
Ministerio de Educación. (2019). La educación inclusiva nacional. Quito - Ecuador: Ministerio de Educación publicaciones.
Veintimilla, A. (2019). La inclusión educativa de grupos vulnerables como cambio de la matriz productiva nacional. Quito - Ecuador: Flacso publicaciones.
Verdesoto, S. (2018). La inclusión social hacia la educación ecuatoriana de grupos vulnerables. Quito - Ecuador: USFQ publicaciones.