Desarrollo Social de Bogotá D.C. Informe especial, espacio público. No. 1 2005. Asentamientos humanos sostenibles: el programa de mejoramiento integral de barrios. El desarrollo urbano de Bogotá, D.C. revela un proceso de expansión relacionado con la urbanización informal al margen de condiciones y requisitos legales, con zonas de protección ambiental invadidas y deterioradas y zonas periféricas con notable déficit en infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios, bajos niveles de accesibilidad y segregación socioespacial. El origen ilegal confirma dos conflictos estructurales del crecimiento de la ciudad: existencia de urbanizaciones piratas y ocupación de viviendas improvisadas en franjas de alto riesgo no mitigable. Estos fenómenos suelen derivar en la supresión de derechos y principios fundamentales de la dignidad humana y quebrantar a su vez, procesos planificados de expansión de la ciudad. El reto para la ciudad es contener la expansión ilegal con la construcción de territorios habitables, sostenibles y competitivos. El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios-PMIB es un instrumento de la política pública de ordenamiento urbano que ambiciona subsanar las deficiencias físicas, sociales, ambientales y legales en 26 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), con serias deficiencias en infraestructura, accesibilidad, equipamientos, espacio público, deterioro de las áreas de la estructura ecológica, precariedad de títulos y de habitabilidad. Con la metodología de intervención del Proyecto SUR con Bogotá y con recursos financieros que tienen como fuente dos créditos suscritos con la Banca Multilateral (el Banco Mundial y KFW), se han fraguado dos proyectos estratégicos para proteger y mejorar los hogares y los vecindarios: Servicios Urbanos y Sur de Convivencia. El derecho a un entorno digno. Urbanizaciones piratas y sectores en alto riesgo se caracterizan por estar al margen de las disposiciones urbanísticas. Localizados en lugares inadecuados (zonas de fragilidad ecológica o geológica) carecen de servicios públicos, espacios colectivos y disponibilidad de infraestructura. La tipificación del delito de urbanización ilegal encuentra su fundamento en la necesidad de protección de la comunidad, afectada por tramposos que, so pretexto de adelantar programas de vivienda, recaudan, sin ningún control y de manera masiva, grandes sumas de dinero, generalmente aportadas por personas de escasos recursos que pretenden, de buena fe, solucionar sus necesidades de habitación. Las penas previstas1 en la ley guardan proporción con la magnitud del daño social que la urbanización ilícita ocasiona y con la amenaza que su extensión representa. La ley sanciona con mayor rigor a quien, fuera de llevar a cabo planes de urbanización no autorizados legalmente, los adelanta en terrenos o zonas de reserva ecológica, o en áreas de alto riesgo, o destinadas para la construcción de obras públicas. Una urbanización ilegal o no regularizada se encuentra en una posición jurídica no protegida, ya que en principio no hay deber jurídico del Distrito, ni competencia de sus empresas prestadoras de servicios para construir obras públicas o extender las redes para la prestación de los servicios. Al contrario, la existencia de una situación jurídicamente protegida compromete al Distrito y sus entidades en la ejecución de programas que promuevan el funcionamiento de los
servicios públicos, la integración al sistema continuo de la ciudad, el progreso de la malla vial y la construcción de equipamientos. Por su parte, la Ley 388 de 1997 otorga derechos e impone obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones. Un hogar se encuentra en una situación jurídicamente protegida cuando la zona en que se levanta la construcción de su vivienda fue objetode regularización. Implica la existencia de una manifestación de voluntad de la administración distrital que tiene como efecto hacer surgir, en el patrimonio de los residentes del asentamiento humano respectivo, los derechos relacionados con prioridad en el acceso a una infraestructura de servicios públicos que le garantice condiciones de salubridad. La precariedad de los servicios urbanos se opone condiciones cualificadas de existencia, porque los miembros de un núcleo familiar no pueden desarrollar la vida en un medio hostil y desfavorable y en situaciones muy inferiores a los cánones mínimos de bienestar que debe garantizar el Estado. El derecho a los servicios públicos, en circunstancias que afectan de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, consagrados por la Carta Política en los artículos 1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), son considerados como derechos susceptibles de ser protegidos. Normas internacionales que sustentan El derecho a una vivienda digna El orden jurídico internacional reconoce el derecho a una vivienda adecuada a través de varios instrumentos que ubican a la vivienda como parte fundamental del derecho a una vida digna para la persona y para su familia. Entre otros, se destacan los siguientes: – Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.1. – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. – Declaración de los derechos del niño, párrafo 4. – Convención Internacional sobre los derechos del niño, artículo 27.3. – Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, parte II, artículo 10. – Declaración sobre el derecho al desarrollo, artículo 8. - Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 3.1. – Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 5. – Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 14.2 y 14.4. – Convención sobre el estatuto de los refugiados, artículo 21. – Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, artículo 43.1.d. – Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de Apartheid, artículo 2.b y d. – Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, párrafo 6. – Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, artículo 9.2. – Declaración de los derechos de los impedidos, artículo 9. – Recomendación 115 de la OIT sobre la vivienda de los trabajadores. (1961), principio
2. – Convenio sobre Política Social (Metas y Estándares Básicos), 1962, Organización Internacional del Trabajo, Convenio No 117, artículos 2, 4.2, 5.2. – Recomendación sobre Trabajadores de mayor edad, 1980 (Organización Internacional del Trabajo, Recomendación No 162, artículo 5.g. – Declaración de Vancouver sobre asentamientos humanos. (1976). – Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, artículos 10, 11.c, 22, 23, 25, 26, 27, 31. – Declaración de la Cumbre Mundial Urbana de Estambul, 1996. En la Segunda Conferencia Hábitat II de Naciones Unidas (Estambul, 1996), se proclamaron las directrices para la creación de asentamientos humanos sostenibles durante el siglo XXI, con una visión positiva de la urbanización. Planteó que son reglas la vivienda adecuada, los servicios básicos, un medio ambiente sano y seguro, y el empleo productivo elegido libremente. Hábitat II reconoció el impacto que la pobreza y la falta de acceso a tierra y tenencia segura tienen como causa principal de los conflictos sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal. La violencia física cotidiana en el barrio y en la familia se manifiesta de manera explicita en el espacio público en homicidios, atracos y robos, y en formas menos visibles en el acceso limitado o disputado a la infraestructura y a los equipamientos, en tensiones intergeneracionales y abusos sexuales, violencia intrafamiliar o suicidio. Esta conferencia de las Naciones Unidas, recordada por su gran énfasis en la construcción de alianzas y sus ideas innovadoras, en una de sus acciones más significativas llegó a un acuerdo sobre el derecho a vivienda adecuada, reconociendo la obligación fundamental que los gobiernos tienen de facilitar a las personas la obtención de vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios. Pero, ¿qué significa y qué representa una vivienda digna? La Corte Constitucional, en sentencias proferidas sobre el derecho a la vivienda digna, ha asimilado la observación general 4 del Comité de Seguimiento al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ésta, el Comité determina los siguientes siete atributos de la vivienda adecuada: 1. Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. 2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Acceso permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y servicios de emergencia. 3. Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. 4. Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.
5. Asequibilidad. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 6. Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. 7. Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. En Bogotá, le corresponde al Distrito atender, evaluar y ponderar el crecimiento urbano ilegal y los asentamientos humanos en sectores de alto riesgo no mitigable, para forjar soluciones que garanticen el respeto a la dignidad humana y a los derechos elementales de los ciudadanos. Desarrollo Urbano Informal e incompleto El crecimiento natural de la ciudad y las corrientes migratorias6 expanden la mancha urbana y contribuyen al agotamiento del suelo urbanizable dentro del perímetro urbano y a la elevación de los precios del suelo.7 Entre los efectos observados se configura el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Los cálculos del déficit cuantitativo y cualitativo dependen de las fuentes de información y de la metodología utilizada.8 La definición tradicional de déficit cuantitativo es la comparación entre número de hogares y de viviendas, sin embargo, los materiales utilizados también caracterizan la precariedad de viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de una vivienda digna. Incluye los hogares que comparten una vivienda (cohabitación), es decir, hogares secundarios que habitan en la misma vivienda con otros hogares y que tienen más de dos miembros. El déficit cualitativo se refiere a la calidad insatisfactoria de las viviendas, asociada a la disponibilidad de servicios, calidad y estado de la construcción y el hacinamiento. Se trata de viviendas con paredes en material inestable, con pisos de tierra (estructura), sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico; sin conexión a acueducto, sin servicio de energía eléctrica o de recolección de basuras. Si no dispone de servicios básicos, es una vivienda con déficit cualitativo. La disponibilidad de servicios hace referencia a la forma en que se utilizan, en términos de disposición de baño o cocina o si el uso es exclusivo o compartido. Otro elemento del déficit cualitativo es el hacinamiento, que se mide con el indicador de número de personas por dormitorio o por cuarto. Existe hacinamiento cuando hay más de dos personas por cuarto. Metrovivienda estimó el déficit para hogares informales y formales con menos de dos salarios mínimos mediante los datos de la Encuesta Continua de Hogares del año 2003 de los arrendatarios formales e informales entre 28 y 50 años, y al resto de categorías de ingreso por edad se le aplican las mismas proporciones halladas en la categoría de entre 28 y 50 años. El déficit cuantitativo para informales se estimó en 241.338 viviendas, y para hogares formales en 66.892, para un total de déficit de vivienda en familias de escasos recursos por 308.230 unidades de vivienda de interés social. El desarrollo urbano inconcluso revela un proceso de expansión de la ciudad relacionado con la urbanización
informal al margen de condiciones y requisitos legales, con zonas de protección ambiental invadidas y deterioradas y zonas periféricas con notable déficit en infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios, bajos niveles de accesibilidad y segregación socio espacial. El área urbana de la ciudad tiene 35.232 hectáreas de suelo urbano definidas en el POT, en las que se calcula existe un total de 1.754.476 unidades de vivienda,9 de las cuales 368.065 unidades10 (21%) son de origen clandestino, ubicadas en 1.378 asentamientos que ocupan un total aproximado de 6.376 hectáreas, equivalentes al 18,1% del territorio urbano. La población residente en estas áreas se calcula en cerca de 1.400.000 habitantes, lo que representa el 19,5% de la población de Bogotá, conforme a las proyecciones realizadas por el Dane para 2005 (7.170.008 habitantes). El diagnóstico de titulación de predios en la ciudad indica que existen 590 barrios con problemas de titulación, para los cuales el Distrito ha realizado el diagnóstico integral, técnico, jurídico y fiscal de 293 barrios. Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de Bogotá 2003, realizada por el Dane, registran 163.117 viviendas ubicadas en zonas de riesgo, de las cuales 81.687 se localizan en áreas de inundación y desbordamiento, 45.278 en áreas con hundimiento de terreno, 21.172 en áreas de avalanchas, derrumbes o deslizamientos y 14.980 en áreas con fallas geológicas. La situación más extrema de riesgo la viven 36.098 familias con viviendas construidas con materiales inadecuados, ausencia de servicios sanitarios y uso de combustibles inapropiados. La carencia de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de excretas es una amenaza y una violación de los derechos a la salud y a la vida,11 porque se presume que habitar en cercanías de un sitio que se encuentra altamente contaminado por aguas negras o de- sechos, expone a las personas a la aparición en forma inmediata de graves enfermedades que pueden conducir incluso a la muerte.12 La ECV identifica 47.380 viviendas ubicadas en cercanías de basureros, 231.588 cerca de caños de aguas negras, 199.460 cerca de fábricas o industrias y 482 viviendas cercanas a plantas de tratamiento de aguas residuales. La Subdirección de Gestión Urbanística del DAPD identificó 26 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) con serias deficiencias en infraestructura, accesibilidad, equipamientos, espacio público, deterioro de las áreas de la estructura ecológica, precariedad de títulos y de habitabilidad. Ocupan 9.667 hectáreas, de las cuales 5.079 hectáreas se originaron en desarrollos urbanísticos ilegales, con un total de 281.451 lotes de origen ilegal,13 y una población total de 1.052.000 habitantes. En el siguiente cuadro se presenta la relación de UPZ de Mejoramiento Integral: El reto de construir territorios sostenibles, habitables y competitivos. La política habitacional del Distrito, definida en el Plan de Ordenamiento Territorial, y armonizada con el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, promueve la urbanización legal con acciones preventivas orientadas a ofrecer alternativas económicas viables, que compitan con la oferta ilegal de vivienda en la red de ciudades, con base en el ahorro derivado de la reducción de los costos de legalización y mejoramiento integral de barrios en zonas no propicias para la urbanización. Se formula en la revisión del POT la promoción, oferta y generación de suelo en el marco
de acuerdos con la región, para buscar un equilibrio en los procesos de asentamientos de población, que permitan el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social y prioritaria, y eliminen la producción informal de vivienda para los estratos más pobres de la población. La prioridad es contener la expansión ilegal de la ciudad con el desarrollo de procesos de construcción de territorios habitables, sostenibles y competitivos. El plan de desarrollo para Bogotá 2004-2008 “Bogota Sin Indiferencia”,15 especificó en el Eje Urbano Regional16 el programa “Hábitat desde los barrios y las UPZ” con acciones de desarrollo de suelo urbano, rehabilitación y vivienda nueva de interés prioritario, prevención y control de riesgos, mejoramiento integral de barrios, renovación urbana con especial atención en el centro histórico y protección del patrimonio cultural. En la política de desarrollo urbano, el Programa de Mejoramiento Integral de BarriosPMIB se centra en el hábitat en general, mediante estrategias de complementación, reordenamiento o adecuación requeridas tanto en el espacio urbano como en las unidades de vivienda. Se pretende, con este instrumento de la política pública, subsanar las deficiencias físicas, sociales, ambientales y legales generadas por el origen ilegal y articular e integrar los beneficios que otorga la ciudad a los asentamientos de desarrollo incompleto ubicados en la periferia. Hace parte de esta estrategia el Programa de Reasentamiento por Alto Riesgo No Mitigable, con funciones de reubicación en áreas urbanas aptas para el uso residencial de familias que ocupan zonas de alto riesgo. Desarrollo ciudadano y problemas institucionales Las condiciones del desarrollo ciudadano y los problemas institucionales existentes en las 26 UPZ que componen el territorio de referencia del PMIB fueron caracterizadas por la Unidad de Gestión de la Caja de Vivienda Popular- CVP.17 Las conclusiones insisten en la segmentación entre las organizaciones sociales, afirmación de vicios clientelitas, parcelación de intereses, desconfianza en las instituciones del Estado y en las corporaciones públicas, y exigua cultura de participación en el escenario de lo público. Los obstáculos de las organizaciones se ubicaron con prioridad en la insuficiencia de mecanismos de comunicación, precariedad de equipos que promuevan el manejo y uso de mecanismos de resolución pacífica de conflictos, vaguedad de las metodologías de trabajo en equipo, dificultad en la elaboración y gestión de proyectos, inexistencia de una cultura de la planeación, de la gestión, del control social y de la sostenibilidad de los procesos sociales y las obras. Las juntas de acción comunal representan el 80% de las organizaciones presentes y el 20 % restante son asociación de madres comunitarias, de tercera edad, asociación de padres de familia y organizaciones deportivas. Los escollos institucionales del sector hábitat anticipan una gestión ardua para la coordinación. La revisión de algunas experiencias de intervención barrial revelan que la asignación de recursos presupuestales, la oportunidad en los desembolsos y la definición precisa del recurso humano requerido, son puntos críticos en la ejecución de los programas. Este escenario supone que no hay una comprensión compartida de los problemas asociados al
desarrollo urbano entre las instituciones que intervienen y en consecuencia se trastornan los procesos de planificación conjunta y acción coordinada. La presencia de varias entidades con funciones análogas para resolver problemas de reasentamiento de población impide que la población identifique con certeza a los interlocutores institucionales. El reasentamiento lo asumen cuatro entidades distritales: Caja de Vivienda Popular, Departamento de Prevención y Atención de Emergencias, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá e Instituto de Desarrollo Urbano. A la par, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital trabaja en la elaboración de la política de reasentamientos. En materia de compensaciones intervienen, chocando entre sí, diferentes procedimientos legales de la misma naturaleza y materia. En el mejoramiento de la calidad y cobertura del espacio público, sucede algo parecido. Intervienen en calidad de defensores, gestores, promotores, financiadores o constructores, la Defensoría del Espacio Público, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Jardín Botánico. El PMIB se impulsará con la interesante dinámica producida por el proyecto Sur con Bogotá, y tendrá que anticipar el desarrollo de instrumentos para la coordinación de la inversión pública. Esto significa también mantener los escenarios donde los aprendizajes enseñan caminos para superar la dispersión y la rigidez. El desafío es cimentar confianza y voluntad para llevar a cabo actuaciones urbanas integrales en áreas con deficiencias en infraestructura y equipamientos. Estructura y operación del PMIB Para el período de gobierno 2004-2008, el PMIB acoge la metodología de intervención del Proyecto SUR con Bogotá,20 lo que significa que cuenta con una estrategia de intervención social coherente con los objetivos del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”. El PMIB se concentra en el mejoramiento físico a gran escala, a través de la ejecución de redes de infraestructura y equipamientos urbanos de envergadura con participación de la comunidad. Se fortalecen las estructuras organizativas locales y los mecanismos de manejo de conflictos, mediante la construcción de acuerdos, definición de compromisos y esponsabilidades entre actores urbanos públicos y privados. La asistencia a grupos en situación de vulnerabilidad se coordina para articular la intervención física a gran escala con la intervención social. El mejoramiento físico y social en zonas de alto conflicto estimula la convivencia ciudadana. El enfoque del mejoramiento físico y social en áreasde conflicto está representado por el Programa SUR de Convivencia. En la coordinación general del sector hábitat se halla el Comité Sectorial de Gestión Urbana y Habitacional-CSGUH,22 que fija directrices para reconfigurar institucionalmente el sector, define políticas, verifica su cumplimiento y coordina actividades entre las entidades que lo integran. La Caja de Vivienda Popular-CVP organiza la Unidad de Gestión encargada de engranar el trabajo de las entidades sectoriales y promover la racionalidad de los procesos técnicos, presupuestales y sociales. Ejerce la coordinación del programa de reasentamiento en lo
concerniente a familias en alto riesgo y reasentamiento de familias por recuperación de corredores ecológicos. Esta institución del Distrito ejecuta el proyecto de inversión 208 “Fortalecimiento a la Gestión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios”, como un instrumento de gestión de la integralidad y sostenibilidad de las actuaciones y recursos de las entidades distritales y las organizaciones sociales. La gestión del proyecto comprende: – Una política de medios para la divulgación e información masiva para comunicar la naturaleza, magnitud e impacto de los planes y programas y generar confianza en ellos dentro de la concepción y práctica de la gestión social23 y las condiciones sociales, económicas y culturales de los hogares. – Un programa de capacitación como condición para el fortalecimiento de la organización y participación de la población. Es el medio para interpretar y apropiarse de la información y para hacer de ésta una oportunidad y poder decidir sobre los problemas que se plantean. La capacitación responde a las necesidades de la población. – La gestación de mecanismos de seguimiento para garantizar la conservación y desarrollo de los programas o proyectos ejecutados. – Un plan de gestión social en la esfera pública, que reconozca a los gestores sociales, públicos y privados como el motor del fortalecimiento de las organizaciones sociales, destaque su competencia y difunda los logros alcanzados en términos del capital social. – En la implementación del PMIB concurren diversas entidades sectoriales del ámbito Distrital a las que compete ejecutar los recursos de inversión del presupuesto público: 14 del nivel central y aproximadamente, 26 del nivel local, en cabeza de las alcaldías locales donde se interviene. Financiación La cifra de recursos públicos presupuestados para el periodo 2004-2008 para el PMIB en el presupuesto de inversión del Distrito tienen como fuente dos créditos suscritos con la Banca Multilateral y los recursos de la contrapartida Distrital, que constituyen un monto total de US$294,1 millones (cuadro 1.5). Un primer crédito con el Banco Mundial en ejecución desde 2003 con un avance a abril de 2005 del 28% aproximado y un segundo crédito en espera de obtener el aval de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República y la garantía de la Nación, mediante una operación de crédito y donación que se ha confirmado con el banco alemán KfW. El programa Sur de convivencia Se prevé el desembolso inicial de los fondos de la cooperación financiera a partir del 2005, si se da el aval de la Nación al crédito y una extensión de la intervención hasta 2007 en las UPZ prioritarias de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. El costo aproximado del Programa SUR de Convivencia es de US$21,5 millones, de los cuales US$13,8 millones corresponden a los aportes locales (entidades distritales, alcaldías locales y comunidades) y US$7,7 millones proceden de recursos del gobierno alemán, de los cuales US$ 4,5 millones son crédito de KFW y los restantes US$3,2 millones, recursos de cooperación no reembolsables. En el cuadro 1.6 se puede observar la distribución de los recursos por componente y el grupo de proyectos asociados, así como la entidad distrital ejecutora. Los problemas del
crecimiento urbano y la situación socioeconómica de la ciudad que han generado violencia, inseguridad, desempleo y pobreza, son considerados por el Programa SUR de Convivencia como una respuesta específica a la superación de las expresiones de violencia y menoscabo de la convivencia en el mejoramiento barrial. Cinco componentes han sido estructurados metódicamente con este propósito: manejo de conflictos y reconciliación, mejoramiento de espacios públicos; mejoramiento de condiciones socioeconómicas, atención y prevención de la violencia intrafamiliar y coordinación interinstitucional. Las cifras del cuadro se presentan en euros, la moneda en la que se ha concebido y planificado el programa. Un enfoque novedoso de trabajo en la cooperación financiera alemana promueve una cultura de manejo pacífico de conflictos, apoyado por programas sociales e inversiones en infraestructura comunitaria, mediante un seguimiento sistemático a los impactos producidos en el mejoramiento de la convivencia social. Se pone así en operación el Sistema Único de Monitoreo de Impactos-Sumi en el que se identifican los indicadores, las variables, la unidad geográfica, el período de medición y la fuente de información de impactos previstos en relación con menos actos violentos en la zona de intervención; reconocimiento a la acción del Estado por parte de la comunidad; cambios de comportamiento en el manejo de conflictos sociales, particularmente entre comunidades y grupos en conflicto; uso pacífico de infraestructura barrial y equipamiento comunitario; integración de los jóvenes a la vida publica comunitaria y mayor sensibilización acerca de la violencia intrafamiliar. El componente de coordinación ostenta uno de los mayores retos para la eficacia nstitucional del Distrito, de cara a la población pobre, al plantear en el sistema de monitoreo como resultado esperado impactar los procesos de planificación, implementación y monitoreo común de actividades entre las instituciones ejecutoras. Esta confianza de la coordinación en cabeza de la Caja de Vivienda Popular proviene sin duda de los logros demostrados por la ejecución del programa Sur con Bogotá, que ha delineado los elementos integradores de un modelo de gestión que puede y debe ser sostenible. _'_(!.* 2!/*_*(__ _!+_(-$"!+ La fuente de recursos para la financiación de las obras procede de un crédito del Banco Mundial con desembolsos en el período 2003-2006, contrapartidas anuales de transferencias del Distrito y recursos del IDU con origen en el impuesto de la sobretasa a la gasolina. El empréstito, que será ejecutado en cuatro años y medio, suscrito por el Distrito Capital de Bogotá- Secretaria de Hacienda y el Banco Mundial- BIRF 7162 CO para el Proyecto de Servicios Urbanos cuenta con tres componentes: movilidad, mejoramiento integral de barrios y fortalecimiento del sector de servicios urbanos. El costo total del proyecto se eleva a US$272,6 millones, de los cuales US$100 millones provienen del crédito BIRF 7162 CO y US$172,6 millones de la contrapartida aportada por el Distrito. La estructura del crédito 7162 CO contempla para cada componente acciones destinadas a superar problemas críticos identificados en cada sector. En el siguiente cuadro se aprecia la distribución de cada componente, sus costos y la entidad ejecutora. Para el desarrollo del proyecto el Distrito se comprometió a realizar inversiones previas en obras de acueducto y alcantarillado (cuadro 1.7). El Componente de Movilidad comprende, entre otras actividades, la expansión de la segunda fase del sistema de Transmilenio en una distancia de aproximadamente 11 km en la Avenida Suba; el mejoramiento de acceso al transporte público con la rehabilitación de
265 km de vías de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio y de circulación general en barrios con poblaciones de bajos ingresos; la construcción y mantenimiento de ciclorrutas y aceras; el desarrollo de un sistema de transporte público y seguridad vial y el desarrollo de un sistema de administración de tráfico en la ciudad. El Componente de Mejoramiento Urbano apoya las actividades físicas y sociales del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), que incluye entre otros aspectos la legalizaciónde 23 barrios; la construcción de desagües de agua lluvias y aguas sucias; el mejoramiento 95 kms de vías de acceso y rehabilitación de 25 km; la reubicación de población localizada en áreas de riesgo; la construcción de 55 parques y espacios públicos con participación de la comunidad, en el marco del programa de obras con saldo pedagógico; la recuperación ambiental de áreas degradadas en la UPZ de Jerusalén; actividades de mitigación de riesgos en Ismael Perdomo, Gran Yomasa, Tesoro y San Blas, y el mejoramiento de vivienda, que incluye la titulación de predios para la regularización de la tenencia. Los aspectos sociales son acciones relacionadas con los trabajos físicos que contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la generación de capital social. Incluyen la promoción de cultura ciudadana, el fortaleciendo de las organizaciones sociales y el apoyo grupos vulnerables de la población. El Componente de Desarrollo Institucional comprende, entre otras actividades, el desarrollo de un sistema de información para el IDU; los mecanismos para mejorar la coordinación entre las instituciones del Distrito por parte de la CVP; la adquisición de equipo para mejorar y modernizar la red de calidad del aire del Dama; la formulación por parte del DAPD de políticas regionales de movilidad y vivienda, que evalúen el impacto de Transmilenio en la urbanización y usos del suelo y estrategias de integración socioeconómica entre Bogotá y municipios de Cundinamarca; finalmente, se com-promete a la SHD en la elaboración de estudios que fortalezcan a la Dirección Distrital de Impuestos y la conformación y operación del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Servicios Urbanos. El territorio de intervención está definido por 14 UPZ declaradas prioritarias según análisis técnicos relacionados con los problemas físicos, sociales y económicos, en los que prevaleció la focalización de población vulnerable, el porcentaje de población asentada en barrios de origen ilegal, el mayor número de lotes y hectáreas de origen ilegal, anteriores ntervenciones incompletas, las posibilidad de combinar acciones de complementación y mejoramiento de la infraestructura básica con las de legalización de la tenencia, los barrios y predios con diseño de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, las acciones previstas de titulación de predios, los problemas de accesibilidad con otras UPZ y localidades y las situaciones de amenazas o alto riesgo (deslizamiento y erosión). La aplicación de estos criterios concluyó con las siguientes UPZ declaradas prioritarias: UPZ Usaquen-Verbenal; Chapinero-San isidro – Patios; Santafé-Lourdes; San CristóbalSan Blas; Usme-La florida, Gran Yomasa, Bosa Occidental; Kennedy-Patio Bonito; SubaTibabuyes; RUU-Diana Turbay, Lucero, Tesoro; CB-Ismael Perdomo,Jerusalem.
La participación ciudadana. Los Núcleos de Participación Ciudadana son mecanismos diseñados por el PMIB que inician la fase de acercamiento con la que comienzan a establecerse lazos de confianza entre la comunidad y las instituciones del Distrito. En los Núcleos se discuten y acuerdan os elementos de construcción de lo público como un capítulo del Plan Zonal que implica trabajo de comisiones y mucha gestión en el nivel local. El objetivo básico es construir una cultura política para que los ciudadanos se comprometan con las instituciones a transformar el entorno. Los gestores comunitarios de la CVP promueven las reuniones de los Núcleos para abordar procesos de planeación, gestión, ejecución y control de los proyectos. La dinámica de los Núcleos permite neutralizar las actitudes contestatarias, y estimulan las actitudes propositivas en torno al consenso y ala fundación de procesos de apropiación de la comunidad hacia los nuevos espacios de infraestructura y las causas sociales. Al concluir la intervención, se espera encontrar una comunidad más autónoma, empoderada con capacidad de movilización, expresado entre otras formas en el manejo de prácticas de planeación participativa, gestión del plan zonal y del control social, habilidad para la definición, negociación y ejecución de acuerdos políticos que superen la dependencia, visión zonal, convivencia en comunidades en conflicto, autorreconocimiento de su capacidad de gestión ante las entidades y las alcaldías locales, para finalmente conseguir que las intervenciones estatales sean más ordenadas, coherentes y articuladas al plan zonal.