La Unión del pueblo
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opinión
Huelva, durante las cosechas, es un campo de concentración Algunos nombres que aparecen en este reportaje han tenido que ser modificados para proteger la identidad de las personas que han tenido a bien prestar sus testimonios. “Aquí se mueve mucho dinero y por 100 euros pueden traer a alguien para darte un susto“, dice uno de ellos. El negocio de los frutos rojos en Huelva es una mega industria que genera un volumen de facturación de en torno a los mil millones de euros, con una producción cercana a las 350.000 toneladas que han convertido a esta provincia andaluza en uno de los mayores exportadores mundiales del sector hortofrutícola. Las 11.630 hectáreas de terreno cultivable emplean cada año a unos 100.000 temporeros, de los cuales el 48 por ciento son extranjeros, en su mayoría procedentes de Europa del este y de los países del Magreb. El crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, pero no así las infraestructuras habitacionales, de transportes y de suministros necesarias para garantizar unas condiciones de vida dignas para los miles de trabajadores inmigrantes que se han visto condenados a sobrevivir en los 44 asentamientos chabolistas diseminados por toda la provincia. Las condiciones de extrema precariedad merecieron el rechazo de Philip Alston, Relator Especial de la ONU para la pobreza severa, durante una visita a Huelva en febrero del año 2020. “Aquí hay lugares mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente ni electricidad ni saneamiento”. Las palabras del diplomático fueron un exhorto dirigido a las administraciones y a la patronal, pero con el paso del tiempo se han diluido en una maraña burocrática donde los actores implicados se pasan la responsabilidad de unos a otros.
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AQUÍ HAY LUGARES MUCHO PEORES QUE UN CAMPAMENTO DE REFUGIADOS, SIN AGUA CORRIENTE NI ELECTRICIDAD NI SANEAMIENTO Ante el inmovilismo de quienes deberían tomar cartas el asunto han surgido organizaciones autogestionadas que intentan subsanar la escasez de recursos, como la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) y su albergue construido con donaciones de particulares, donde 40 personas han encontrado cobijo en la ciudad de Lepe. “Si nosotros lo conseguimos, no entiendo cómo los políticos, con todas las herramientas que tienen, no hacen nada”. Seydou Diop dejó en Senegal a su familia y unos estudios universitarios en filología francesa para emigrar a Europa en 2016. “En Huelva lo he pasado muy mal durmiendo en las chabolas, debajo de los plásticos”. Ahora es portavoz de ASNUCI y compagina su trabajo en el campo con el activismo por los derechos de “mis compañeros y compañeras”. Denuncia la falta de implicación de las administraciones públicas y lamenta el nulo reconocimiento para unos trabajadores que estuvieron en primera línea durante los meses más duros de la pandemia. “No valoran lo que hacemos porque
somos invisibles para ellos. Les da igual dónde vivimos, les da igual si tenemos COVID y les da igual si estamos vivos o muertos. Solo quieren que recojamos la fruta y que lo hagamos sin protestar”. Seydou fantaseaba con una vida muy diferente cuando tuvo que dejar su país en busca de mejores oportunidades, pero lo que se encontró aquí fue una realidad muy alejada a la arcadia de derechos y libertades de la que tanto presume el viejo continente. “Me ha sorprendido tristemente. Jamás pensé que en España, en pleno siglo XXI, se tratase a la gente así. Hablan mucho de igualdad, pero yo he sido un esclavo al que han maltratado por mi origen y por mi color de piel”. De Senegal también llegó Serigne Mamadou, hace 13 años, con unos estudios de biología con los que pretendía desarrollar una carrera profesional y buenas perspectivas laborales. “A Europa no le interesa que los jóvenes más formados se queden en África porque tarde o temprano descubrirán quiénes son realmente los ladrones. Si nos dejaran en paz no vendríamos, pero tenemos muchos recursos, somos la comida de Europa”. Serigne conoce bien los suelos pegajosos de la agricultura en España. Ha trabajado en Lleida, Murcia, Valencia, Burgos y Almería, pero ha sido en Huelva donde ha sufrido las condiciones más extremas de maltratos y vejaciones. “Trabajas 10 o 12 horas y te pagan 25 euros, si el jefe quiere. Te insultan y te amenazan: ‘¡Más rápido, más rápido!’, gritan los jefes. A veces vienen a las chabolas por las noches para tirarnos basura”. La pandemia ha empeorado aún más si cabe la situación de los temporeros, sobre todo durante el confinamiento, donde repartían el tiempo entre trabajar sin medidas de seguridad sanitaria y esquivar el virus en las infraviviendas
