al gasto climático

La CEPAL ha diseñado una línea de investigación cuyo objeto es promover que en los países se creen estadísticas oficiales sobre el gasto en protección ambiental de manera regular y sistemática, utilizando como base el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). Esta línea se ha ampliado para abarcar aplicaciones que permiten medir el gasto público en cambio climático. Esta experiencia de cuantificación del gasto público y privado orientado a la prevención y la mitigación de los daños sobre el ambiente da cuenta del camino que se ha de recorrer para medir el gasto climático.

1. El gasto en protección ambiental como aproximación al gasto climático

Si bien existen criterios homogéneos sobre cómo clasificar las actividades de protección ambiental, las mediciones sobre el gasto público con fines ambientales son heterogéneas en la región4. Son pocos los países en que hay trabajos sistemáticos y continuos que tengan por objeto estimar el gasto en protección ambiental, aunque en México, Colombia y Guatemala se han implementado sistemas de cuentas ambientales (CEPAL, 2014a). Los datos disponibles indican que el gasto en protección ambiental aún es bajo. Por ejemplo, en Colombia se estimó que el gasto en protección ambiental representó un 0,6% del PIB en 2015, gasto en que estaba incluido el gobierno general y parte del sector privado (DANE, 2016). En México se publicó un gasto en protección ambiental del 0,8% del PIB en el mismo año, y en él se consideraban el gobierno general y los hogares (INEGI, 2016). Según Eurostat, el gasto en protección ambiental de los 28 países de la Unión Europea fue del 0,67% del PIB en 2013. Entre esos países, Serbia fue el que tuvo la cifra más baja: 0,07% del PIB (CEPAL, 2018c). Con el fin de lograr resultados más estandarizados, la CEPAL elaboró una guía para medir el gasto en protección ambiental del gobierno central (CEPAL/INEGI, 2015). La aplicación de esta guía da cuenta de que, en Chile, el gasto en protección ambiental alcanzó el 0,1% del PIB en 2012 (CEPAL/MMA, 2015), mientras que en Costa Rica representó el 0,19% del PIB en 2015 (CEPAL, 2018c). Sin embargo, estas cifras solo reflejan un límite inferior, ya que solo se analizó el gobierno central. Dado que el gasto en protección ambiental es conceptualmente más amplio que el gasto climático, se puede suponer que este último será inferior a las cifras informadas sobre el gasto ambiental bruto.

4 Un clasificador del gasto climático permitiría homogeneizar y estandarizar las mediciones y realizar comparaciones internacionales. Existen etiquetas fiscales ambientales en la mayoría de los países gracias al uso de la clasificación de actividades de protección ambiental y la clasificación de las funciones del gobierno (CFG) en la subpartida ambiental. La clasificación del gasto climático debiera corresponderse con las clasificaciones ya definidas en los manuales y estándares internacionales.