Colombia Internacional No. 15 by Publicaciones Faciso

CONTENIDO

La política amazónica de Colombia

Alemania: ¿Cuánto cuesta la Unidad?

Relaciones entre el Grupo de Rió y la Comunidad Europea 13

Teoría de las Relaciones Internacionales como discurso político: El caso de la guerra de las drogas 18 Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Luís Fernando Jaramillo ante la ONU 26 Palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Pardo, en la X Reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados

Colombia Internacional No. 15 Santafé de Bogotá, D. C., julio-septiembre de 1991 publicación trimestral del CEI, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes Rector: Arturo Infante V. Director C.E.I.: Juan Tokatlian Editor: CEI Jpomité Editorial: Cristina Barrera, Ana Mercedes Botero, Diego Cardona, Carlos Nasi, Liliana Obregón, ji/lartha Osorio, Rodrigo Pardo, José Luis Ramírez, Mauricio Reina, Juan G. Tokatlian, Alejandro Valencia, Arlene Tickner \suscripciones: Centro de Estudios Internacionales, Calle 19 No. 1-46 Tels.: 2867504 - 2867505 «LA. 4976 Santafé de Bogotá, D. C. Fax: 2841890 Impresión y Distribución: Tercer Mundo Editores Calle 69 No. 6-46 Tels.: 3102745 - 3102907

de ella. El Tratado de Cooperación Amazónica es claro en afirmar el derecho soberano que tienen los países signatarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables:

Sección: Política Exterior de Colombia

La política amazónica de Colombia María del Rosario García E*

Articulo 4. "Las partes contratantes proclaman que el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales en sus respectivos territorios es derecho inherente a la soberanía del Estado y su ejercicio no tendrá otras restricciones que las que resulten del Derecho Internacional".

La Amazonia ha adquirido una relevancia progresiva en la política exterior colombiana, debido especialmente al auge de los temas ambientales en la agenda global y a las presiones de los países desarrollados para la conservación de este importante "pulmón" mundial. Esto, no obstante haber sido una región olvidada por el gobierno central durante muchos años. El eje central alrededor del cual gira la política amazónica colombiana a nivel internacional es el Tratado de Cooperación Amazónica -TCA-, suscrito en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia, en el cual nuestro país ha asumido en los últimos años una importante función de liderazgo. El TCA tiene como objetivo fundamental el desarrollo integrado de la región amazónica, mediante el aprovechamiento sostenible y racional de sus recursos naturales, con miras a elevar el nivel de vida de sus habitantes y a promover el desarrollo socioeconómico

Dicha posición ha sido reafirmada en varias ocasiones en otros documentos del Tratado tales como la Declaración de San Francisco de Quito (marzo 1989) y la Declaración de la Amazonia (mayo 1989), así como por algunos países amazónicos a nivel individual. El TCA pretende además, promover la investigación científica y tecnológica, el intercambio de información, el turismo ecológico, el transporte y la preservación de las riquezas culturales y arqueológicas de la región, entre otros objetivos. En cuanto a su estructura el TCA cuenta con varios niveles de decisión y ejecución de políticas: El Consejo de Cooperación Amazónica es la máxima instancia que, junto con las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, decide las políticas y directrices que se deben seguir. La secretaría protempore es la instancia encargada de coordinar la ejecución de las tareas emanadas del Consejo.

* Investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

Dicha secretaría ha retándose entre los cada dos años, por alfabético de acuerdo estipulado por el TCA.

venido países orden con lo

Encontramos finalmente, el nivel de ejecución de las decisiones que corresponde a las Comisiones especiales, cada una encargada de un área determinada de trabajo. En la actualidad existen seis comisiones especiales: salud, ciencia y tecnología, asuntos indígenas, medio ambiente, transporte y turismo. En los últimos años se han intentado institucionalizar las reuniones de presidentes de los países amazónicos; la última de ellas se llevó a cabo en Manaos en mayo de 1989. Esta reunión tuvo como resultado la Declaración de la Amazonia, que constituye a grandes rasgos la base política y la posición de los países amazónicos con respecto al tratamiento que se le debe dar a esta región. Dentro de los puntos más importantes de dicha declaración se pueden mencionar los siguientes: El apoyo a las realizaciones del Tratado; el carácter soberano de los Estados en cuanto a la libre administración de sus recursos naturales para la promoción del desarrollo económico y social de sus respectivos territorios; la necesidad de la cooperación de los países y organismos internacionales para poner en marcha programas y proyectos nacionales y regionales adoptados libremente y sin imposiciones externas; la preocupación por el problema de la deuda externa, reiterando que éste debe tratarse con base en el principio de la corresponsabilidad, para permitir la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de nuestros países (condición

indispensable para la protección, conservación, aprovechamiento y utilización racional del patrimonio natural amazónico), la necesidad de la cooperación financiera y tecnológica y la importancia de que se permita el libre acceso a los conocimientos y adelantos científicos, en especial a las tecnologías ambientalmente limpias, y que se rechacen las tentativas de obtener lucro comercial mediante la causa ecológica; el modelo de crecimiento industrial y de consumo de los países desarrollados como causa del deterioro ambiental global; la importancia de la eliminación progresiva de armamentos, el rechazo al depósito de residuos peligrosos en la Amazonia y la necesidad del uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear. Los presidentes decidieron realizar reuniones anuales con el fin de intensificar el proceso de cooperación, consulta y diálogo entre los países amazónicos. La participación de Colombia en el TCA Colombia suscribió el Tratado de Cooperación Amazónica, junto con los restantes 7 miembros, en julio de 1978. El TCA fue aprobado por el Congreso de la República mediante la ley 74 de 1979 y su instrumento de ratificación fue depositado en Brasilia el 25 de febrero de 1980. La participación tanto de Colombia como de los demás países signatarios del TCA fue de carácter más bien formal durante los primeros años, debido a que no se habían concertado aún programas y políticas de acción definidos. Durante este período, que corresponde aproximadamente

a diez años, se realizaron algunos seminarios, talleres y reuniones de carácter técnico y político que no lograron desembocar en acciones y proyectos concretos. En marzo de 1988, Colombia recibió de Brasil la secretaría protempore del Tratado, en un momento en que la situación era particularmente favorable para dar un impulso importante al TCA: Por una parte, a nivel internacional había tomado mucho auge el tema ecológico y la preocupación por el futuro de la Amazonia, lo que facilitó, en cierta medida, el apoyo de algunos países y organismos internacionales a las acciones del Tratado. Por otra, el medio ambiente tuvo un lugar destacado dentro de la agenda internacional del presidente Virgilio Barco, lo que significó un gran apoyo político a las gestiones de Colombia. Durante este período el país comenzó a asumir su carácter amazónico y a mirar esta región como una parte esencial para su futuro, tanto en términos de desarrollo económico sustentable (por la gran riqueza en recursos naturales de la zona) como en términos de política exterior (por la importancia que tiene como argumento de negociación con el Norte y de concertación con los demás países amazónicos). Fue en este momento cuando Colombia planteó por vez primera a nivel internacional, el argumento de que los países industrializados tienen una "deuda ecológica" con la humanidad, dado el carácter altamente depredador de su modelo de desarrollo económico; se hizo hincapié en la necesidad de una cooperación financiera 4

internacional y en la transferencia de tecnologías benignas sin ningún tipo de condicionalidad de gestión ambiental, y se reiteró la necesidad de fortalecer el Tratado de Cooperación Amazónica como el principal mecanismo de protección y preservación de las riquezas de la región, evitando la internacionalización de la zona. A partir de entonces se puede hablar del inicio de una posición colombiana con relación al medio ambiente y en particular a la Amazonia, el cual pasó de ser un tema que sólo se trataba en términos de demarcación de líneas fronterizas e inspección de hitos, a tener una cierta importancia política y estratégica. Estas circunstancias permitieron entonces que, en los dos años que duró la gestión de Colombia en la secretaría del Tratado (19881990) se diera u n i m p u l s o i m p o r t a n t e a l TCA, y se pudiera pasar de una etapa de simples manifestaciones de voluntad política a otra de planteamientos de programas y proyectos concretos. En este período se pusieron en marcha las Comisiones especiales de salud y de ciencia y tecnología y se crearon las Comisiones especiales de medio ambiente y de asuntos indígenas, así como las de transporte y de turismo; se les dio impulso a los acuerdos bilaterales de cooperación amazónica con Brasil, Perú y Ecuador, y a los planes bilaterales de desarrollo integrado y man ejo de cuencas binacionales con estos tres países. Dentro de la Comisión especial de salud, 1

se inició un diagnóstico de los principales problemas sanitarios de la región para el establecimiento de mecanismos de control específico, tales como campañas de vacunación, fumigación y atención médica. La Comisión especial de ciencia y tecnología propuso varios proyectos relacionados con la elaboración cartográfica de la Amazonia; estudios de cultivos promisorios; la creación de un sistema regional de informática, estudios de suelos, entre otros. Dentro de esta Comisión se viene desarrollando además el proyecto de botánica amazónica que, con el apoyo financiero del PNUD, ha realizado seminarios, cursos, talleres y expediciones botánicas a diferentes zonas de la región, con el fin de adquirir un conocimiento mayor de la flora amazónica. La Comisión especial de medio ambiente se creó, junto con la Comisión especial de asuntos indígenas, durante la III Reunión de cancilleres de los países miembros del TCA, realizada en Quito en marzo de 1989. La creación de estas Comisiones se ha traducido en un gran impulso al Tratado, debido a que ellas han propuesto acciones en dos campos especialmente sensibles. Por su parte, la Comisión de medio ambiente elaboró, con el apoyo técnico y financiero de la FAÓ, 8 programas de acción, cada uno de ellos coordinado por un país miembro, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de las naciones. Dichos programas son:

1. Evaluación de los recursos naturales renovables, zonificación agro ecológica y monitoreo de las alteraciones en el uso de la tierra. Coordinador: Brasil 2. Fauna silvestre. Coordinador: Surinam 3. Recursos hidrobiológicos. Coordinador: Perú 4. Ecología, biodiversidad y dinámica de poblaciones. Coordinador: Venezuela 5. Defensa y aprovechamiento de recursos forestales. Coordinador: Ecuador 6. Planificación y manejo de áreas protegidas. Coordinador: Colombia 7. Unificación o interrelación de metodologías para la evaluación de impactos ambientales, compatibilidad de legislaciones ambientales e intercambio de informaciones sobre programas nacionales de protección del medio ambiente en la región amazónica. Coordinador: Bolivia 8. Investigación ambiental. Coordinador: Guyana

El Consejo de Cooperación Amazónica, reunido en Bogotá en mayo de 1990, aprobó una resolución propuesta por Colombia sobre coordinación de los países miembros del TCA en foros multilaterales sobre medio ambiente. Dicha resolución pretende la adopción de una posición conjunta de los países de la región mediante un contacto permanente de las cancillerías, la realización de reuniones periódicas, la coordinación de posiciones entre las delegaciones de los Estados que asistan a estos foros y la convocación de reuniones ad hoc. Esta

CONSEJO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA, Documento de la Comisión especial de medio ambiente de la Amazonia CEMAA- Bogotá, mayo 1990.

resolución se ha venido poniendo en práctica ante la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo -Unced-, que tendrá lugar en Rió de Janeiro en junio de 1992. Por otra parte, la Comisión especial de asuntos indígenas tuvo su primera reunión en Bogotá en octubre de 1989. Allí se aprobó su proyecto de reglamento y se discutieron las acciones que se debían seguir. Desde entonces se viene trabajando en la armonización de las legislaciones indígenas, el manejo indígena de la selva amazónica, la preservación ecológica y las etnociencias entre otros temas. En esta Comisión se han generado amplias discusiones debido a las diferencias existentes en el tratamiento del problema indígena en cada uno de los países miembros. Las Comisiones especiales creadas más recientemente son las de transporte y de turismo. La primera pretende crear una infraestructura de comunicaciones que acabe con el aislamiento de la región amazónica mediante la implantación de medios de transporte multimodal (fluvial, aéreo y terrestre). La segunda busca incentivar el turismo ecológico como medio de desarrollo socioeconómico de la Amazonia. Colombia ha otorgado además, un especial interés a los acuerdos bilaterales de cooperación amazónica. Estos pretenden desarrollar las zonas fronterizas comunes en áreas como el

transporte, la salud, las telecomunicaciones, el manejo integrado de cuencas binacionales (ríos San Miguel y Putumayo con Ecuador y Putumayo con Perú), la cultura y el comercio. La descripción anterior, corresponde a los logros alcanzados por Colombia durante el período en que ejerció la secretaría protempore del TCA. Aunque en la actualidad dicha secretaría se encuentra a cargo de Ecuador, el país ha tratado de mantener su posición de liderazgo mediante una activa participación en programas y proyectos, así como en el planteamiento de políticas y estrategias. Para el actual gobierno nacional, la Amazonia continúa teniendo un lugar importante dentro de la agenda internacional como uno de los temas centrales relacionados con el estudio del medio ambiente. Los obstáculos A pesar del impulso que recibió el TCA durante la gestión colombiana y de la importancia cada vez mayor del tema ambiental, en especial ahora que el país se prepara para participar en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, existen dificultades que podrían impedir la concreción de las expectativas generadas por el Tratado. Por una parte, hay grandes dificultades institucionales en cada uno de los países amazónicos: la carencia de recursos técnicos, financieros y humanos entorpece el cumplimiento cabal y eficaz de los compromisos asumidos (éste sería el caso

Inderena, la División de Asuntos Indígenas, Colciencias y otros, en Colombia); la falta de coordinación entre las entidades nacionales ejecutoras de los programas y proyectos del Tratado se refleja muchas veces en la duplicidad de funciones o en la omisión del cumplimiento de las mismas; el desnivel que existe en el desarrollo técnico e institucional de los países amazónicos dificulta la coordinación adecuada de las tareas. Mientras que algunos Estados gozan de una infraestructura institucional muy desarrollada, como Brasil, otros tienen grandes deficiencias. Por otra parte, tal como lo anotan FIórez y Baptiste en su artículo ... otra de las dificultades de hacer operativos los compromisos del TCA se relaciona con su estructura ejecutiva itinerante, la cual rota cada dos años por cada uno de los países miembros en forma de secretaría protempore, quedando al vaivén de los intereses y capacidad de cada uno de los Estados para asumir el cumplimiento2 de sus planes y programas.

Existe además, una preocupación que tiene que ver con el manejo conceptual de la temática ambiental y con lo que podría ser el futuro desarrollo de la Amazonia: no hay suficiente claridad sobre lo que sería el "desarrollo sustentable" de la Amazonia. ¿Cómo se podría llevar a cabo un plan de desarrollo de estas características y qué implicaciones tendría? Habría que preguntarse también, teniendo en cuenta el escaso desarrollo científico

Alberto FIórez Malagón y Luís Guillermo Baptiste, Ecología y Política Internacional, El Caso Colombiano en: Documentos Ocasionales, No. 17, Ed. CEI, Bogotá, Septiembre-Octubre 1990, p. 19.

de los países de la región, cuáles son las posibilidades reales para poner en práctica tecnologías limpias y en qué condiciones se daría su transferencia. A pesar de que estos conceptos están en la base tanto de la posición colombiana sobre el manejo que debe dársele a esta región, como de los objetivos del TCA, no se han hecho verdaderos esfuerzos por responder estos interrogantes. No existen aún estudios serios y completos que puedan proporcionar bases sólidas a

esta argumentación. Tampoco se han tratado a fondo temas que podrían eventualmente convertirse en posibilidades reales de negociación con el Norte a mediano plazo, tales como el cobro del servicio que presta la Amazonia al medio ambiente global o el intercambio de deuda por medio ambiente (swaps ecológicos) Por último, el Tratado de Cooperación Amazónica no ha hecho mucho por integrar a sectores que, como el privado, serían uno de los pilares del desarrollo económico y social de la región. Tampoco se ha

contado con la participación activa de las comunidades indígenas y de los colonos que habitan la zona, y que serían los más afectados por las políticas y decisiones que allí se ejecuten. Resta esperar entonces que la voluntad política no sólo de Colombia, sino de los demás países amazónicos pueda salvar estas dificultades y reflejarse en acciones y logros concretos y en planteamientos serios y coherentes que permitan a los países miembros del TCA decidir sobre el futuro de esta región.

centralizada de la RDA en una economía de mercado será un dato de sumo interés para todos los países de Europa del Este que se preparan para tomar el mismo camino. De alguna manera los 16 millones de alemanes orientales son conejillos de indias para los 160 millones o más ciudadanos del Este de Europa.

Sección: Relaciones Económicas Internacionales

Alemania: ¿Cuánto cuesta la Unidad? Joachim Knoop*

¿El fin de la euforia? Alemania no ha festejado el primer aniversario de su reunificación después de 40 años de estar dividida en dos Estados, y ya la euforia parece haber dado lugar a una gran frustración. Mientras los ciudadanos de la antigua RDA (República Democrática Alemana) se dan cuenta de que para que llegue el bienestar no basta con la introducción del marco occidental, los de la antigua RFA (República Federal Alemana) comienzan a sentir la unificación en sus bolsillos. Es claro que la unidad no saldrá gratis, ni para unos, ni para otros. Más allá de su significado histórico y político, la reunificación alemana despierta cada vez más interés por sus implicaciones económicas. Ello por dos razones: primero, nunca antes en la historia moderna se había registrado que dos sistemas económicos no sólo diferentes, sino completamente opuestos, se fundieran en uno prácticamente de la noche a la mañana. Y segundo, porque el intento de reconversión de la economía de planificación

Cuando el primero de julio de 1990 se realizó la unificación económica, monetaria y social (la introducción del marco occidental en la RDA) y el tres de octubre, con la adhesión de la RDA a la RFA y la unificación política, prevalecía ampliamente un gran optimismo sobre el futuro económico del país. Ello se tradujo en una victoria contundente del partido demócrata-cristiano del canciller Helmut Kohl, en diciembre del año pasado. Hoy en día, los ciudadanos del Este lo reciben con manifestaciones y protestas, y el partido socialdemócrata ya recuperó la mayoría en el Consejo Federal, la segunda cámara del parlamento alemán. ¿A qué se debe este cambio de ánimo? Veamos primero cuáles eran las condiciones y los argumentos para realizar la unificación de la manera en que se hizo. ¿De una vez o gradualmente? Las condiciones políticas para la reunificación se generaron fuera de Alemania y de una manera totalmente imprevista. La perestroíka en la URSS y la distensión entre las superpotencias, crearon el espacio para que, primero, la gente se asilara en

* Programa FAUS de la Fundación Friedench Ebert, Alemania.

las embajadas de la RFA en los países del Este de Europa; después, empezaron movilizaciones pacíficas en las grandes ciudades de la RDA. Cuando la URSS hizo saber que no intervendría bajo ninguna circunstanciaba situación se tornó insostenible para las autoridades y, el 9 de noviembre de 1989, el régimen del Partido Unificado Socialista Alemán abrió el muro de Berlín y con ello el camino hacia la unificación. Ante esta situación política se abrieron dos alternativas: sabiendo que la economía de Alemania oriental no iba a ser competitiva a nivel internacional y que la unificación política no era posible sin la unificación económica, unos abogaron por mantener la separación política por algún tiempo, garantizando la introducción de un régimen parlamentario y la cooperación económica necesaria para lograr que los niveles de productividad se acercaran a los de la RFA. El argumento era, pues, mantener un mercado protegido para evitar un colapso económico de gran magnitud. Otros sostenían que ello iba a conducir a una historia sin fin de subsidios, que aplazaría la unificación por lo menos 10 ó 15 años más -imposible ante la presión de la población oriental y las incertidumbres en el contexto internacional se optó por una apertura brusca, dejando a las fuerzas del mercado el arreglo de la situación y compensando los efectos sociales inevitables con transferencias masivas desde el presupuesto occidental. Se creía además, que las condiciones marco (disponibilidad de capital,

mano de obra calificada, el mercado europeo oriental, etc.) eran lo suficientemente sólidas para asegurar que el período de transición iba a ser muy breve. Muy pronto se iba a generar un crecimiento económico auto sostenido, muy similar al "milagro alemán" de los años cincuenta. Si prevaleció esta segunda opción, ello se explica no sólo porque el gobierno la defendía, sino también porque las circunstancias la impusieron: en los primeros meses después de la apertura, diariamente casi 3.000 personas cruzaron la frontera para buscar trabajo en la RFA, dejando sin opciones realistas a los políticos, a no ser que ellos quisieran arriesgar el saneamiento de una economía sin trabajadores.1 La herencia del socialismo A un año de la unificación (económica) siguen existiendo tantas teorías y propuestas políticas como economistas y asesores, pues el desarrollo parece confirmar tanto a los defensores del mercado como a los partidarios de un camino alternativo. Veamos algunos datos. En términos estructurales, la economía de Alemania oriental correspondía al nivel económico de la RFA de los años sesenta, cuando el 60% del empleo estaba concentrado en los sectores técnico-industriales y el 40% en los sectores de servicios. Hoy en día, esta relación es exactamente inversa. Durante los últimos 10 años la inversión en la RDA fue negativa; la economía consumía su stock de capital y sus recursos naturales

manteniendo una planta física obsoleta y el medio ambiente con niveles extremos de contaminación. Dada esta situación y debido a la pérdida -por razones políticas y económicas- de sus únicos mercados en los países del este, la producción industrial de la RDA cayó en sólo un año al 30% de su nivel anterior a la unión. Para alcanzar de nuevo las cifras de 1989, tendría que crecer en un 10% anual durante 7 años sin tomar en cuenta que por razones técnicas y de diseño, la mayoría de los productos industriales no serían comerciables internacionalmente. Si bien en la RDA no había inflación abierta, existía de manera encubierta en términos de escaseces; y si bien no había desempleo declarado, también existía a gran escala en el sector no productivo tanto en las empresas como en la administración pública. Todas estas debilidades estructurales salieron a flote inmediatamente después de la unificación. La PEA que era de 9.7 millones en 1988 cayó a 8.6 millones en 1990. Se espera que bajará a 4.8 millones a finales del año en curso. Ello se debe a que, el primero de julio, venció la cláusula de protección laboral obligatoria en las empresas (estatales) de la antigua RDA, contenida en el Tratado de Unión Económica, Monetaria y

Social. Con ello la tasa de desempleo abierto, actualmente del 9.5%, podrá fácilmente subir al 30% o más. En general, estos datos eran conocidos antes de la unificación, aunque no en su

1 Está claro que la situación en la URSS, i.e. el peligro de un golpe de estado militar, jugaba también un papel en esta decisión.

verdadera magnitud. Hoy en día se calcula que la relación de productividad entre las dos Alema-nias es de 1 a 3, con lo cual queda prácticamente una sola alternativa: o el colapso del aparato productivo oriental o bien salarios de miseria para sus trabajadores quienes enfrentan el mismo nivel de precios que sus colegas occidentales.

del 13% y la tasa de inversión del 22%. Desde 1983 hasta mediados de 1991, la economía de Alemania occidental creó 2.25 millones de nuevos empleos, reduciendo la tasa de desempleo abierto del 10% al 5.5% ello a pesar de la inmigración masiva desde los países de Europa oriental. Antes de la unificación la prosperidad económica permitió al Estado realizar una política de consolidación presupuestaria sin cortes en los servicios, reduciendo los déficit y la necesidad de crédito. Además, la reforma tributaria disminuyó la presión fiscal (lo que explica la baja recaudación en 1990).

¿Del auge a la recesión? La situación económica de la RFA era totalmente contraria antes de la reunificación. De hecho, la RFA experimentó en la década de los años ochenta un auge económico sólo comparable con los años de la reconstrucción después de la guerra.

CUADRO1 ÍNDICES ECONÓMICOS DE LA RFA1 1987 1,6 PIB a precios constantes 0,6 Precios al consumidor 3,6 Ingresos tributarios3 Déficit público/PIB4 -1,9 Balanza corriente/PIB

1988

1989

1990

1991

3,7 1,2 4,1

3,9 3,2 9,7

4,6 2,5 2,7

2-3

-2,1

+0,2

2,4

3,6

-3,1

3,5

-4,0

3,4

1 tasas de crecimiento, hasta 1990 sólo territorio de la RFA 2 junio de 1990, estimación para 1991:4,0% 3 Federación, Estados y Municipios 4 Déficit público incluido el Seguro Social, sin las empresas públicas

inversiones y transferencias previsibles, aunque no cuantificables. Ya en aquellos momentos el Partido Socialdemócrata levantaba una voz de alerta al sostener que el gobierno mentía al ocultar la verdadera magnitud de las necesidades financieras relacionadas con la unificación. El colapso de la economía alemana-oriental, no previsto en toda su magnitud, la alta inestabilidad de las economías de la URSS y los otros países de Europa del Este, así como la guerra del Golfo Pérsico cambiaron totalmente el panorama; poco después de haber ganado las elecciones a fines de 1990, el gobierno admitió que se había equivocado y anunció un aumento de los impuestos. La política económica de la unificación Los objetivos de la política económica de la unificación eran, a grandes rasgos: *La privatización o liquidación de las empresas estatales "de propiedad del pueblo" (casi 10.000);

Fuente: Ministerio de Hacienda

*La liberalización total de los precios (con excepción de la vivienda);

Actualmente se estima que las empresas alemanas mantienen inversiones de portafolio de más de 600 mil millones de marcos (335 mil millones de US$); sólo en 1990 las empresas y los hogares compraron bonos de renta fija y acciones por un valor de 248 mil millones de marcos (135 mil millones de US$), 30 % más que en el año anterior. La tasa de ahorro de las familias era

*La modernización de la infraestructura de transporte y de telecomunicaciones;

A fines de 1989, la situación era tal, que el gobierno se atrevió a afirmar (teniendo en mira las elecciones del año siguiente) que la unidad iba a cumplirse sin la necesidad de aumentar los impuestos. La alta recaudación fiscal y el potencial del mercado de capitales interno, conjuntamente con la alta liquidez de las empresas, parecían condiciones suficientes como para enfrentar los costos para

*La modernización de la administración pública y en general, la creación de las condiciones marco para la inversión privada; *La compensación de los efectos sociales a través de los sistemas de seguro social y seguro contra el desempleo, así como las medidas para la capacitación de trabajadores y la creación de empleo ("sociedades de

empleo")

Sólo en 1990 la PEA aumentó en 775.000 por inmigración. 10

Técnicamente la apertura del mercado oriental y la introducción del marco occidental implicaban un programa-choque de ajuste estructural, con el agravante de una revaluación de la moneda en más del 300% de la noche a la mañana, pues con la unificación monetaria la economía oriental perdió la posibilidad de adaptarse a los efectos de la apertura con una política cambiaría correspondiente. Los costos directamente relacionados con esta política, principalmente en lo que se refiere a inversión y transferencias sociales, se calculan en aproximadamente 150 mil millones de marcos anuales para 1991 y 1992. Dado el escaso aporte fiscal procedente de la otrora RDA, se deben hacer transferencias desde la antigua RFA aproximadamente US$1.200 per cápita.

Así será casi inevitable que cambie considerablemente la posición de la RFA frente a otros países europeos que en 1990 -ya con los efectos iniciales de la unificación todavía mostraban

curso de 1990 de DM 300 mil millones a DM 400 mil millones. El endeudamiento neto del presupuesto público consolidado, que había bajado a 26 mil millones en 1989, subió a 92 mil millones y se prevé que llegue a 150 mil millones en 1992. Sumando las necesidades crediticias de las empresas públicas occidentales (correos, ferrocarriles) y orientales, el endeudamiento podrá superar fácilmente los 200 mil millones de marcos anuales en el futuro inmediato. El déficit público, que alcanzará aproximadamente el 5,5 % del PIB en 1991, se convierte en el principal dolor de cabeza del gobierno y de las autoridades monetarias. La devaluación del marco frente al dólar americano en un 25% desde la guerra del Golfo, refleja en parte los temores de que pueda repetirse el fenómeno de los años 70 cuando la economía alemana se encontraba atrapada por una "estanflación", o sea la presencia al mismo tiempo de recesión e inflación. En realidad, la política económica se encuentra en un dilema difícil de manejar: mientras la parte occidental

CUADRO 2 ÍNDICES FISCALES DE LA RFA 1990 País Alemania Gran Bretaña Francia Italia Suecia

Gasto Público /PIB 46,8 39,0 50,1 52,7 n.d.

Presión Tributaria 22,5 30.1 23,5 26,0 42,3'

Deuda Pública /PIB 44,6 36,1 46,7 99,9 n.d.

1 1989 Fuente: Ministerio de Hacienda

condiciones de partida no tan desfavorables: El presupuesto público fue reajustado tres veces en el transcurso de 119990

de la economía aconseja una política monetaria y de gastos restrictiva, la parte oriental sufre de desempleo y de una alta capacidad ociosa que, bajo circunstancias normales, llevaría a un gasto público expansivo y una

política monetaria de "dinero fácil". Ante las presiones inflacionarias existentes y para mantener tasas reales de interés altas (con el fin de evitar una fuga de capitales hacia el exterior), las autoridades monetarias insisten en una política restrictiva, tanto por el lado del gasto público como por el lado monetario. De esta manera, lo crucial se reduce a una cuestión de tiempo: ¿Serán las transferencias públicas suficientes como para inducir rápidamente un despegue de la economía oriental que motive a los inversionistas privados a invertir grandes cantidades a corto plazo? o ¿desaparecerán estos fondos, ante las inmensas necesidades de infraestructura, sin dejar un efecto duradero que fundamente un crecimiento auto sostenido y que reduzca rápidamente las necesidades de transferencias desde la parte occidental? Hoy en día es prácticamente imposible encontrar argumentos concluyentes para tomar partido por uno u otro interrogante. Ambos parecen posibles. Todavía el saldo neto de la evolución en el mercado de trabajo es negativo, pero ya han sido creados miles de empleos y las inversiones privadas realizadas o planeadas son sumamente considerables. Sin embargo, el gran atractivo de la economía oriental-un gran número de trabajadores calificados con salarios muy por debajo del nivel occidental- se ha convertido ya en una ilusión. Los sindicatos y la migración masiva lograron que los sueldos y salarios orientales se incrementaran muy rápidamente, hasta alcanzar un 60% o un 70% de los 11

occidentales, diferencias perderán toda importancia. A pesar de que hay conciencia de que esto constituye un freno para la recuperación económica y una importante fuente inflacionaria, es casi inevitable que esto sea así dentro de los límites de un solo país. La Treuhandanstalt, una entidad fiduciaria creada para

manejar las empresas públicas con fines de privatización o liquidación, aparte del escaso valor de mercado de la planta física, enfrenta dos obstáculos fundamentales: *La cuestión de la propiedad: muchas empresas existían antes déla guerra y fueron expropiadas por el régimen socialista. Hoy en día sus antiguos dueños o sus herederos las reclaman, esto conduce a procesos engorrosos de verificación; *Los subsuelos de muchas empresas industriales están altamente contaminados y deben ser saneados por los nuevos propietarios aun costo que es imposible predecir con exactitud.

Los costos fiscales de la . unidad Es imposible cuantificar con exactitud los costos de la unificación para los próximos años; en 1990 el presupuesto fue aumentado sucesivamente de 300 mil millones a 400 mil millones; para los años 1991 y 1992 el gasto directamente relacionado con la unificación y generado básicamente en la parte occidental alcanzará aproximadamente 150 mil millones de marcos anuales. A ello se agregan los gastos extraordinarios por participación en los costos de la guerra del Golfo (15 mil millones de marcos en 19901991) y la ayuda

para la Unión Soviética (15 mil millones de marcos 1990-1994). Es cierto que la separación también tenía sus costos: tanto la ciudad de Berlín como toda la zona a lo largo de la frontera con la RDA vivían prácticamente de subsidios para incentivar la inversión; la RFA pagó sumas cuantiosas a la RDA por el uso de las vías de tránsito hacia Berlín. Pero todas estas sumas no guardan relación con los montos requeridos para la reconstrucción en los nuevos Estados Federados. ¿De dónde provienen estos fondos? La alta capacidad del mercado de capitales permite financiar 115 mil millones de marcos a través de bonos públicos, constituyendo un fondo para la unidad alemana para los años 1990-1994 cuyos costos de amortización son compartidos por la Federación y los Estados Federados. De esta manera, una gran parte de los costos es trasladada a los contribuyentes futuros. Sin embargo, para no aumentar aún más el déficit público, y consecuentemente la presión sobre el mercado de capitales, era inevitable aumentar los impuestos. A partir del primero de julio de este año los contribuyentes pagan: *Una "sobre tasa de solidaridad" del 7.5% sobre el impuesto de renta; *Un aumento del precio de la gasolina de 15 centavos de dólar por litro; *Un aumento entre el 7y el 10% del impuesto sobre las pólizas de seguros;

Con estos aumentos el fisco espera generar 18 mil millones de marcos en 1991, y 27.5 millones de marcos en 1992.

A partir de 1992, subirán los precios para las llamadas telefónicas y el impuesto al tabaco; a partir de 1993 el impuesto sobre el valor agregado, actualmente del 14%, subirá en uno o dos puntos. Otra fuente de financiamiento más modesta es el ahorro en los gastos militares (10% hasta 1994) y un intento más que realidad la reducción de los subsidios. Los contribuyentes actuales y futuros notarán que la unidad alemana, políticamente deseada desde hace 40 años, se hace sentir fuertemente en sus bolsillos. El enlace de esta gran experiencia dependerá básicamente de la responsabilidad con que los empresarios manejan los precios y las inversiones; los sindicatos los sueldos y salarios; los consumidores sus gastos y ahorros; los políticos el gasto público, y el Banco Federal las variables monetarias. También dependerá del contexto internacional, político y económico. Para los economistas de los países de Europa del Este, la República Federal de Alemania es algo así como un laboratorio en el cual pueden observar el uso de una gran variedad de instrumentos para lograr lo que ellos mismos están decididos a hacer también: reestructurar sus economías con la ayuda de las fuerzas del mercado y la política coordinada de todos los niveles del Estado. Sin embargo, desde este punto de vista, la RFA es un laboratorio de lujo, difícilmente al alcance de aquellos países que además de los problemas económicos enfrentan problemas políticos y sociales sumamente graves.

países que lo conforman a la vez que facilita la tarea de interlocución de América Latina y el Caribe con otras instancias internacionales, en particular la Comunidad Europea.

Sección: Política Mundial

Relaciones entre el Grupo de Rió y la Comunidad Europea Algunas reflexiones en torno a la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable Fernando Casas Castañeda *

Introducción Uno de los temas estratégicos que asoma con mayor insistencia en la construcción de la política exterior latinoamericana de los próximos decenios descansa en la relación estrecha entre medio ambiente y desarrollo. Una prueba inequívoca de esta voluntad política la constituye la "Plataforma de Tlatelolco" recientemente suscrita por los países de América Latina y el Caribe en la reunión convocada por la Cepal, en ciudad de México, durante la primera semana de marzo de este año, como un ejercicio que ubica a la región con relación a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo a realizarse en Brasil en 1992. Tal conciencia evoluciona bajo los parámetros según los cuales, la relación entre medio ambiente y desarrollo exige una perspectiva global y que su carácter es político y multilateral. En este contexto, el Grupo de Rio se constituye en un mecanismo de consulta y concertación apropiado para armonizar las posiciones de los

El objetivo central de la cooperación internacional, en el campo de la protección ambiental y el desarrollo sustentable, es la integración de la política ambiental en el conjunto de la política económica y social tanto de los países de la Comunidad como en aquellos que hacen parte del Grupo de Rió. En esta dirección corresponde avanzar en la concreción de esquemas y mecanismos que incorporen ciencia y tecnología ambientalmente aceptables, lo mismo que innovaciones rentables, a los modelos de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Consideramos del interés de los Estados miembros de la Comunidad Europea favorecer la iniciación de un proceso de largo plazo, que respete el principio universal de la libertad de opción mediante la facilitación, en nuestros países, de procesos endógenos de producción y validación de conocimiento, así como la transferencia de tecnologías limpias, reciclaje de residuos y conservación del hábitat. I. Desarrollo sustentable con ciencia y tecnología La cooperación internacional se constituye en una alternativa real, si se considera que el fondo del problema de la conservación del medio ambiente no es tanto la búsqueda de un desarrollo sustentable para los países en desarrollo, basado en la riqueza biológica que aún

Asesor especial del ministro de Relaciones Exteriores para asuntos ambientales.

detentan; sino la preservación de campos de inversión para las transnacionales las cuales, privatizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología, controlan los medios que permiten el aprovechamiento de la genética en la producción agrícola, industrial; en la medicina u otros campos altamente rentables y sobre los cuales se avecina una feroz competencia internacional. Por ello estamos convencidos de que un consenso en torno de un modelo de desarrollo sustentable con ciencia y tecnología daría credibilidad y fortalecería la relación entre nuestros países, en la medida en que conlleve gradualmente la independencia tecnológica en materia de procesos productivos ambientalmente sanos y socialmente equitativos. Sin duda, desde el punto de vista ecológico, la riqueza genética de nuestros países es patrimonio universal, pero no lo es desde el punto de vista político, técnico y tecnológico. Así como el desarrollo tecnológico tiene propiedad y está siendo reclamado a través de patentes, el germoplasma tiene que ser concebido como un recurso del cual es posible derivar una serie de ventajas y ganar acceso por lo menos al conocimiento y el entrenamiento para el cuerpo latinoamericano de científicos y técnicos. Nuestra región tiene un potencial importante de recursos humanos que no han podido forjar su propio desarrollo, debido a fallas en los procesos relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología. Es así como el enorme avance durante los últimos años en las ciencias biológicas y bioquímicas, debido a la concentración del

conocimiento científico, ha estado fuera del alcance de nuestros países. Es necesario que se amplíen los campos de cooperación científica y tecnológica para el aprovechamiento sustentable de nuestro patrimonio genético y para la biodiversificación de nuestras economías. Si no podemos acceder a los nuevos campos de la biotecnología y la ingeniería genética, nuestros países quedarán reducidos a vivir de la exportación de las materias primas tradicionales con términos de intercambio desfavorables. Naturalmente, ciencia y tecnología por sí solas no nos pondrán en una posición ganadora en los nuevos mercados de la biodiversidad; requerimos no sólo incorporar en el manejo del medio ambiente el desarrollo, formas de organización social que adopten y adapten los cambios tecnológicos, sino también la cooperación industrial y comercial para diseñar y manufacturar nuevos productos y acceder a los mercados adecuados. Consideramos que las restricciones y distorsiones actuales del comercio internacional en nada ayudan a concretar este potencial económico que cristalizaría la relación medio ambiente y desarrollo. II. Nivel de vida y la financiación del desarrollo Empero, no podemos olvidar que el alto nivel de vida de los países industrializados y la reproducción de patrones de consumo similares en los grupos de altos ingresos en nuestros países, han acelerado el proceso de deterioro del medio ambiente e impuesto restricciones al desarrollo social. No pueden aspirar las naciones industrializadas hoy, cuando redescubren la importancia para el

equilibrio ecológico global de nuestras selvas, páramos, ríos y mares que asumamos nosotros solos el costo de preservar esas riquezas y, además, ofrecerlas gratuitamente y sin restricciones comerciales para su aprovechamiento científico y productivo. Usufructuar los considerables progresos de los países de la Comunidad Europea en el control y la prevención de la degradación ambiental para corregir los errores del pasado debería, no obstante, partir del hecho incontrovertible de que buena parte de los problemas de América Latina y el Caribe encuentran su explicación, de un lado, en el desaforado ritmo de extracción de recursos naturales que por centurias ha alimentado las economías industrializadas; y, de otro, al desconocimiento sistemático de la sabiduría y los valores de las culturas populares e indígenas propias de nuestra región. A este respecto, el mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente en Latinoamérica, requiere que la financiación del proceso de apertura y diversificación de las economías de la región se apoye en una inversión, de manera que se inyecten recursos nuevos y adicionales tanto para la conservación ambiental como para el desarrollo socioeconómico. Recuperar el ritmo de crecimiento, acometer reformas estructurales y reorientar las políticas económicas y sociales son condiciones indispensables para atender los requerimientos del desarrollo sustentable y así superar los niveles críticos de pobreza y degradación ambiental. Sin embargo, el desarrollo sustentable es también tarea fundamental de los países

industrializados que hoy exportan abiertamente o en forma encubierta la crisis ambiental, a través de tecnologías tóxicas así como procesos, productos y desechos que atenían contra la salud y el medio ambiente. Todo ello, utilizando los canales económicos y comerciales. No podríamos atender el reto de la conservación del medio ambiente si se mantiene el enfoque según el cual, el desarrollo es independiente de los problemas de organización social. La solución del problema depende meramente de la voluntad de individuos y países, debiéndose observar no sólo las crecientes diferencias entre países ricos y pobres, sino también la articulación de dicha relación. III. Direcciones estratégicas de la agenda ambiental Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la agenda ambiental del Grupo de Rio y de la Comunidad Europea podría apuntar hacia la siguiente estructura: 1. Demografía y patrones de consumo Si bien resulta incuestionable la re-percusión ambiental del crecimiento poblacional descontrolado, también es innegable que dicho crecimiento no es la causa principal de los desbalances entre la oferta ambiental y el consumo, sino una consecuencia de las formas particulares como se reparte el excedente económico y los beneficios del desarrollo tanto entre los países como en el interior de ellos. Por lo tanto, una primera dirección estratégica sería atar los programas de protección ambiental a aquéllos destinados al desarrollo socioeconómico, y erradicar la pobreza extrema, tanto en las zonas urbanas como rurales. Asimismo, resulta imprescindible cambiar los patrones de propaganda y la publicidad que llevan a adoptar

hábitos innecesarios e in equitativos de consumo por parte de los grupos de altos ingresos, y a desearlos en el caso de los grupos de bajos ingresos.

Esta estrategia podría operar en la medida que se apoye un programa de educación ambiental y tecnológica a nivel empresarial, burocrático y de la población en general. Sería también necesaria la voluntad política para redistribuir la propiedad y el acceso a los recursos naturales claves como el suelo, el agua, la diversidad biológica, etc. 2. Biodiversificación de la economía Tanto los países en desarrollo como las naciones industrializadas tendrían que remover el conjunto de subsidios e incentivos que hoy conducen al desperdicio de energía y recursos agroforestales irrenovables. Para ello deberían introducirse criterios ambientales en una política integral y coherente que articule las tendencias y controles macroeconómicos con las políticas sectoriales y los asuntos intersectoriales y locales. Esta política podría descansar en la noción de la biodiversificación de las economías de los países del Grupo de Rió considerando el exuberante patrimonio natural que aún conservan. Del mayor interés sería obtener de la Comunidad apoyo técnico y financiero de carácter bilateral y multilateral que permita de un lado, valorar los recursos naturales y el medio ambiente como activos económicos y culturales; y de otro, elevar la productividad de agro ecosistemas, el uso sustentable de los recursos naturales, la modernización de la planta industrial y la elevación de la competitividad internacional.

En esta estrategia, los países del Grupo de Rió aspiraríamos, con la consolidación de un programa de cooperación internacional con la Comunidad Europea, a alcanzar la condición de "socio más favorecido", de

manera que los términos de intercambio de los bienes estratégicos (germoplasma) disfruten de oportunidades de desarrollo, al menos similares a aquellas que han tenido los países desarrollados con la introducción de la biotecnología. 3.Desarrollo institucional No hay duda de que uno de los grandes escollos para alcanzar el desarrollo sustentable en nuestros países lo constituye la ineficacia institucional y su débil articulación con la base económica y natural. Por ello, una dirección estratégica de la cooperación internacional debería apoyar los esfuerzos nacionales y regionales para que las prioridades de política ambiental y las normas ambientales sean establecidas con base en una sólida información científica y una efectiva participación ciudadana. El desarrollo institucional así concebido permitiría regular adecuadamente los sectores público y privado, abriendo un clima favorable a la inversión ambientalmente benigna y socialmente necesaria. Se deben considerar sistemas de auditoria socio ambiental, estudios de impacto ambiental y socioeconómico, y el apoyo a un sistema jurídico institucional acorde con los principios de la sustentabilidad.

4.Fortalecimiento de los recursos humanos Como se anotó en un principio, para atender los requerimientos ambientales parece aconsejable un paradigma de desarrollo que fomente el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, incentive la innovación in situ así como la transferencia de tecnologías seguras y su incorporación a las estructuras nacionales y regionales. Sin el fomento de proyectos de investigación en nuestros países y una creciente asimilación de conocimientos de punta; no sería posible acercar el sector productivo a las nuevas exigencias que el medio ambiente introduce.

Tal vez, una clara conciencia y conocimiento sobre métodos, técnicas, procedimientos y normas internacionales y su adaptación a las condiciones locales permitiría elegir aquellas alternativas que tiendan a minimizar los costos económicos, sociales e institucionales en los que tendríamos que incurrir para alcanzar las metas de la apertura económica y la internacionalización de nuestras economías.

1.2 Un segundo sector crítico atañe

IV Campos de acción

1.3 El tercer sector prioritario debe-

De una extensa lista de áreas de interés ya detectadas tanto en las negociaciones preparatorias de la conferencia Unced, que se celebrará en Rió de Janeiro, como en las consignadas en la "Plataforma de Tlatelolco", la Comunidad Europea y el Grupo de Rió podrían dar prioridad a tres de carácter sectorial y tres de carácter intersectorial, a saber: 1. Desde el punto de vista sectorial 1.1 El primer campo de interés es él manejo integrado de los recursos terrestres. La degradación del agua y la erosión del suelo, la disminución de la productividad agrícola, el uso inadecuado de la tierra, la pobreza rural, la deforestación y pérdida de la diversidad biológica, la concentración del ingreso y la propiedad, son todos ingredientes de un diagnóstico ampliamente conocido. Aquí la cooperación internacional debería concentrarse en el apoyo técnico necesario para adelantar el inventario y la evaluación del potencial de uso y necesidades de conservación de los recursos terrestres de manera integral. La información así generada apoyaría el proceso de toma de decisiones y los planes y programas de desarrollo económico y social.

a las estrategias de energía sustentable. En este caso, los beneficios ambientales y económicos de la eficiencia energética son inmediatos y deberían convertirse en la piedra angular de los planes nacionales y regionales. Resulta necesario además planificar desde ya una masiva transferencia de recursos humanos y tecnológicos hacia la producción de energía renovable de manera que la seguridad y la mayor independencia energética sea una realidad durante la próxima generación de latinoamericanos.

ría ser aquel que relaciona los bosques tropicales, los mares regionales y la diversidad biológica. De todos es conocido que en forma alarmante se pierden diariamente recursos vivos (especies, genes, habitats y ecosistemas) sin que los tímidos planes de acción y estrategias de conservación puedan evitarlo. Se requiere entonces de una profunda transformación de la mentalidad y de las prácticas económicas que hoy menosprecian el valor de la riqueza biológica, no sólo en nuestros países sino en los países y gru-pos que hacen del consumo compulsivo el motor de un bienestar de corto alcance.

2. Desde el punto de vista intersectorial 2.1 El primer campo de acción es el relacionado con las finanzas internacionales, incluyendo los temas de la deuda externa y el comercio internacional. De un lado, un aumento significativo de los recursos, en un nuevo esquema financiero favorable para nuestros países, atendería los reclamos respecto de una deuda externa agobiante que no reconoce el argumento de la deuda ecológica como una forma de compensación de largos años de expoliación de los recursos naturales, bajos precios relativos y términos de intercambio desfavorables. El intolerable servicio a la deuda distrae buena parte de las divisas obtenidas en la exportación de bienes y servicios, disminuye el ingreso

per cápita, y lo que es peor, relega o ignora los problemas ambientales de la agenda política y económica. Aquí resulta imperativo, como ya se anotó anteriormente, reversar la tendencia actual, en la que la transferencia neta de recursos del Sur al Norte financia un modelo de desarrollo ambientalmente insostenible y socialmente injusto.

De otro lado, las políticas comerciales elevan las barreras arancelarias y las no arancelarias; esto frustra los programas de apertura económica y la internacionalización de nuestras sociedades; aumenta los costos de oportunidad de aquellos ingresos nunca percibidos y presiona la sobreexplotación de los recursos naturales y el medio ambiente debido a mayores niveles de pobreza y bajos niveles de inversión y reinversión pública y privada. En ambos casos, las negociaciones multilaterales e intergubernamentales podrían recoger algunas experiencias positivas (por ejemplo, el Global Environment FacilityG.E.E) y diseñar esquemas y mecanismos sintonizados con el desarrollo sustentable y la protección ambiental. 2.2 Un segundo campo intersectorial es la transferencia internacional de tecnología. Pocos de nuestros países cuentan con la información, el capital y las políticas públicas necesarias para prevenir la contaminación, impedir la degradación del medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. La transferencia de tecnologías comerciales está hoy cuestionada por las presiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Podrían identificarse instituciones internacionales que regulen, intermedien o compren esos derechos y luego hacerlos disponibles a nuestras naciones gratuitamente o a una tasa nominal.

2.3 El último campo intersectorial de importancia se refiere a las instituciones multilaterales, intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales. Todas ellas juegan un papel protagónico en la nueva era de cooperación entre la Comunidad Europea y el Grupo de Rió. Tendríamos que reformar algunas de esas instituciones y adecuarlas a los retos del siglo veintiuno. Entre otros aspectos podrían considerarse los siguientes: a. Integrar la toma de decisión económica y ambiental con la política y las prácticas comerciales así como el manejo de la deuda externa y la política fiscal. b.

Intermediar el desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente benignas. Movilizar nuevos recursos financieros para el desarrollo sustentable y la protección ambiental.

d. Vigilar el estado del medio ambiente y las tendencias globales y regionales desarrollando mejores metodologías y herramientas de evaluación. e. Participar en la negociación de acuerdos internacionales a nivel global y regional. f. Anticipar y resolver conflictos sobre recursos compartidos y asuntos ambientales fronterizos.

Algunas conclusiones De todo lo anterior queda claro que el campo de acción de la cooperación de la Comunidad Europea con los países del Grupo de Rió, en la protección ambiental y el desarrollo sustentable, abre la puerta a una interesante y definitiva oportunidad que traería beneficios mutuos. De un lado, a nuestros países les conviene proteger el medio ambiente y la diversidad cultural siempre y

cuando les sea posible biodiversificar la economía, encontrar mercado para los nuevos y sugestivos productos, redistribuir el ingreso, agregar valor en un proceso de desarrollo con ciencia y tecnología, y establecer unas condiciones de "socio más favorecido". De otro lado, a la Comunidad Europea le interesa que la protección del medio ambiente en una región aún rica en recursos genéticos y agroforestales se traduzca en fuente de nuevos productos y seguridad alimentaría. Asimismo, la localización estratégica de la América Latina y el Caribe frente a América del Norte y los países de la Cuenca del Pacífico abrirían interesantes opciones de desarrollo para la bioindustria europea que encontraría en esta región los socios apropiados.

presencia naval estadounidense en el Caribe, ha resaltado la influencia militar en varias naciones sudamericanas, pero aparentemente no ha podido triunfar.

Sección: Temas Globales

Teoría de las Relaciones Internacionales como discurso político: El caso de la guerra de las drogas*

Adrián Bonilla**

* ** 1

En el año de 1982 el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, declara la guerra a las drogas y convierte un tema que normalmente era tratado como parte de los programas de salud pública y prevención, más bien un componente de la agenda doméstica, en un conflicto internacional que alcanza las dimensiones de reto a la seguridad nacional. Una vez que se conceptualiza así, las decisiones toman un cauce que involucra no solamente a las agencias policiales y de aduanas, sino al mismo ejército y a las fuerzas armadas de los países en los cuales se produce la droga. La guerra de las drogas se ha librado ya por más de nueve años, ha causado bajas, ha incidido en los sistemas políticos de varios países del continente, ha justificado una intervención militar directa, la ocupación de un país extranjero y el derrocamiento de su gobierno, ha incrementado la

Esta clase de acercamiento era desconocida en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, pues en la percepción tradicional de la seguridad, los gobiernos estadounidenses habían estado buscando básicamente tres propósitos u objetivos: la prevención de amenazas o de presencia militar extra continental fundamentalmente de la Unión Soviética- el acceso a materias primas estratégicas y la estabilidad política y social de la región, o sea el desarrollo económico de esas naciones1. Las crisis más importantes en política exterior, a lo largo de la posguerra, en las cuales Estados Unidos intervinieron abiertamente en la región, pueden ilustrar esta visión: en 1954, Arbenz es derrocado en Guatemala, el peligro venía de la presencia comunista minoritaria en el gabinete. En 1961 y 1962 la invasión a Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, ambas explicadas por la presencia soviética. En 1965, la República Dominicana es invadida porque la existencia de una coalición que incluía a comunistas, fue vista como la amenaza de otra Cuba. En 1973 la inteligencia estadounidense se entusiasmó con las acciones encubiertas en contra del presidente socialista Allende. Desde 1974 el apoyo logístico, económico y de entrenamiento a la guerrilla

Apartes de una ponencia presentada para el XVI Congreso de LASA realizado en Washington, en abril de 1991.. Miembro de FLACSO, Ecuador. Margaret D. Hayes, Latin America and the US National ínteres, Westview Press, Boulder Colorado, 1984, Capítulo I.

antigubernamental en Nicaragua fue política oficial, y el caso más patético de la perspectiva que ponía la seguridad estadounidense en el conflicto bipolar, fue probablemente la invasión de Grenada en 1983 para derrocar un gobierno radical que ampliaba un aeropuerto. Con estas premisas el tema de la seguridad anti soviética subordinaba al de las drogas, aun cuando éste envolvía gobiernos o funcionarios que cooperaban con los Estados Unidos2. Sin embargo, a lo largo de los años ochenta la guerra contra las drogas se constituye con agenda propia, no sólo por la dimensión de sus complejidades, el conflicto generado fuera de las fronteras y la cantidad de recursos destinados para su combate, sino también porque el fenómeno de la adicción crece en los Estados Unidos y porque los medios de comunicación y la opinión pública ven en el tráfico de drogas uno de los puntos centrales de atención para el consumo de información. Dentro de la peculiar lógica que rodea los conceptos de seguridad nacional, se plantea que la interacción entre los valores de la sociedad y el ambiente doméstico e internacional define los intereses de la nación. En el caso de Estados Unidos, éstos se podrían resumir vagamente en libertad, sobre vivencia y prosperidad. La seguridad nacional cumpliría el papel de proteger y extender dichos valores en contra de adversarios potenciales.3

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Lo que ha ocurrido en el caso de la guerra de las drogas es que los valores mismos se encuentran en debate dentro del ambiente social doméstico respecto de la libertad, porque en cuanto a sobre vivencia y prosperidad se tendría que hilar muy fino para encontrar una amenaza real. Desde un punto de vista complementario, la seguridad nacional estadounidense descansaría en la invulnerabilidad territorial de la nación, en el bienestar económico, en la promoción de un orden mundial favorable, básicamente pacífico, y en sus valores. A partir de estos objetivos se definiría la intensidad de los intereses, su permanencia o transitoriedad, para concluir que ellos son: de sobre vivencia, cuando hay la amenaza de destrucción de la nación o de su territorio; vitales, si la amenaza a la sobre vivencia puede gestarse o ser respondida dentro de cierto período de tiempo; mayores, cuando son importantes pero no cruciales y pueden ser negociados, dependiendo del grado de tolerancia que el reto implique; y periféricos, cuando no afectan el bienestar nacional, aunque sí el de intereses privados4. El combate al narcotráfico percibe una amenaza que difícilmente puede ser considerada un reto a la integridad territorial; el tráfico de drogas no es un fenómeno premeditado por actor alguno, ni tiene la capacidad de montar un operativo a

Largo plazo para desestructurar la sociedad estadounidense; no hay posibilidades de negociar su solución, porque el consumo es un patrón de conducta nacional y, aunque afecta los intereses privados de los ciudadanos, no obedece a una lógica de interacción con unidades políticas nacionales. Por lo mismo, los intereses en juego no son de sobre vivencia, no son vitales, no son mayores y difícilmente alcanzan la categoría de periféricos. Aun así, la guerra a las drogas se trata como un problema que merece la intervención en otros Estados y la movilización de la Inteligencia y de los militares. La dimensión otorgada por los gobiernos republicanos al problema ha sido una gran crisis con América Latina y los enemigos identificados o son ubicuos, o no existen. El análisis realista falla en la descripción del problema y los actores, pero el discurso es exitoso porque sigue reproduciéndose, prácticamente sin cambios, y alimentando la estrategia antidrogas de Estados Unidos. Hay una dinámica entonces, que trasciende las palabras, que convoca adhesiones, que construye consensos y que sirve para expresar relaciones de poder, no sólo en dirección de América Latina, los gobiernos de los países andinos, las guerrillas y los carteles, sino también hacia adentro de la formación social estadounidense. Los objetivos de los gobiernos republicanos que combaten las drogas en América Latina pueden resumirse en tres

Los antecedentes del involucramiento de la guerrilla antisandinista y de Manuel Antonio Noriega, cuando se presumía que era informante de la inteligencia norteamericana, son argumentados por William O. VValker en: Drug Control in the Americas, University of New México Press, 1989, pp. 216-219. Daniel Kaufman, Jeffrey McKitrick y Leney Thomas, US. National Security: A Frameworkfor analysis, Lexington Books, 1985, pp. 5-13. Donald E. Nuechterlein, America Overcommited. United States and National lnterests in the 1980s, University Press of Kentucky, 1985, pp. 8-15. 19

puntos, todos dirigidos hacia la reducción de la oferta: presionar a la demanda (los consumidores) para rebajar la incidencia del abuso de psicotrópicos; disminuir el nivel de crimen organizado en las calles de las ciudades de Estados Unidos; y, apuntalar la estabilidad de los gobiernos amigos, amenazados por la influencia de este negocio ilícito; esto último, a su vez, ayudaría a prevenir el consumo en dichos países, a minimizar el poder y corrupción de las organizaciones de narcotraficantes, a elevar la imagen de esas naciones en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a preservar las relaciones bilaterales con Estados Unidos5. La estrategia para enfrentar el problema en el ámbito internacional, básicamente la producción de cocaína, está dirigida a destruir en los países productores la estructura para el procesamiento y el transporte hacia Estados Unidos. Esta estrategia buscaría tres objetivos a corto plazo: 1. Fortalecer la capacidad institucional y la decisión política de los gobiernos de Colombia, Perú y Bolivia para enfrentar a los narcotraficantes. Esto supondría asistencia, principalmente en materias de seguridad y de entrenamiento militar, y subsecuentemente ayuda económica con el fin de respaldar la persecución, la extradición y el castigo de los narcotraficantes, lo cual, de alguna manera, supone respaldar también a jueces y funcionarios civiles.

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2. Incrementar la eficiencia de la ley, las tareas de represión y control, las actividades militares, el control de carreteras y ríos, el bloqueo de precursores químicos y otras operaciones en los tres países. 3. Infringir un considerable daño a las organizaciones del narcotráfico con el fin de desmantelar sus operaciones, focalizando la acción en los cabecillas y sus lugartenientes6. En realidad los tres objetivos se reducen a uno: la presión física y militar sobre el narcotráfico, porque se supone que esa estrategia reducirá la producción y por lo tanto el consumo. No existe en los años noventa una variación respecto de la política ejecutada a lo largo de la década de los ochenta. Los objetivos y los mecanismos usados han sido más o menos los mismos, pero los datos hacen pensar que no han funcionado, a pesar de los progresivos aumentos presupuestarios para reforzar la interdicción. Efectivamente, la DEA estima que mientras en 1989 entraron a Estados Unidos 695 toneladas métricas de cocaína, en 1990 esta cifra ascendió a casi 900 toneladas métricas7. A pesar de esto, el precio de la hoja de coca en los países productores continúa bajando, al igual que el de la cocaína en Estados Unidos, lo cual implica que probablemente el negocio tenga que producir más para mantener la tasa de ganancias; pero no existen indicadores que comprueben que el tráfico haya disminuido, de modo que el objetivo nacional

no se ha conseguido y la estrategia general ha sido un fracaso. Aún en el supuesto de que la oferta haya crecido en mayores proporciones que la demanda; otra de las metas, la disminución de la violencia callejera relacionada a las drogas en Estados Unidos, no ha sido cubierta, entre otras causas por la lucha entre los narcotraficantes para dominar los mercados ilegales y la abundancia de la fuerza de trabajo disponible, especialmente entre los jóvenes. Colombia durante los años 89 y 90 fue sacudida por una ola de violencia terrorista que debilitó las instituciones: tres candidatos presidenciales fueron muertos, centenares de bombas explotaron y miles de ciudadanos perdieron sus vidas como consecuencia del proceso político nacional, en el cual el narcotráfico interviene como variable fundamental. En Perú, la articulación de las guerrillas de Sendero Luminoso con un rol específico de protección campesina, en el proceso general de la economía política del narcotráfico, sumada a la débil institucionalidad estatal y a la crisis económica, han dejado al país en la más crítica situación de su historia, sin soluciones posibles a plazo razonable. Todo lo anterior para citar solamente los dos ejemplos más dramáticos en términos de resultado. Mientras en Estados Unidos el fracaso de ¡a política antidrogas de los gobiernos republicanos es evidente, en el mundo andino sus efectos han sido desastrosos; pese a ello, el discurso

James Van Wert, "The US State Department's Narcotics Control Policy in the Americas", en: Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 30, Nos. 2 y 3 (Summer-Fall 1988), pp. 1-2. National Drug Control Strategy Report, The White House, enero de 1990, pp. 49-50. Cristopher Marquis, "Results meager year after US. Andean drug pact , The Miami Herald, 13 de marzo de 1991, p. 11A. Peter Reuter, Quantity ¡llusions anaParadoxes ofDrug Interdiction: Federal Intervention into Vice Policy, Rand Corporation, april 1989, p. 21.

curso de la seguridad y de la militarización continúa levantando solidaridades, lo cual ilustra nuevas variables que generan una reflexión paralela acerca de si la función de la política antidrogas es combatir el narcotráfico para erradicar el consumo o simplemente levantar adhesiones, hipótesis que no puede dejar de considerarse ante los hechos. En cuanto al efecto ideológico del discurso antidrogas, puede argumentarse que ante la conciencia de los consumidores del discurso, el narcotráfico pudo haber sustituido a la noción de un fenómeno maligno y extraño cuyas fuerzas buscan socavar la sociedad estadounidense y que en su tiempo representó el comunismo9. Esto fue más evidente en la década de los años ochenta cuando se asoció bajo la misma denominación al narcotráfico y a las insurgencias latinoamericanas, creándose el fenómeno de la "narcoguerrilla" cuya indefinición podía ocultar una referencia por negación a todo lo que el discurso oficial afirmaba10. El realismo considerado como paradigma se fundamenta en tres premisas: a) los Estados-nación o sus decisores políticos son los actores más importantes en el sistema internacional; b) hay una clara distinción entre política doméstica y política exterior; c) las relaciones internacionales se definen en la lucha por la 9 10

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paz y por la guerra11. Si se lo considera como el conjunto de supuestos de un programa de investigación científica, al estilo de Lakatos, es: 1. Estado céntrico; 2. los Estados son racionales y unitarios; 3. los Estados tienen como objetivo la búsqueda del poder12. El ambiente internacional así concebido imagina una situación anárquica, similar a la visión licantrópica de la sociedad que tenía Tomás Hobbes, en la cual la seguridad de un Estado depende de su autosuficiencia, básicamente de medios militares. El poder es la posibilidad que un Estado tiene de imponer a otro sus propias políticas y objetivos a través del uso potencial de la fuerza. Si este conjunto de ideas conforma la política antidrogas norteamericana, la solución al problema del narcotráfico está enfocada hacia el lado de la provisión de drogas ilegales y dependería de que los gobiernos de Colombia, Perú, Bolivia, México, Centroamérica y el Caribe, cumplieran con la estrategia diseñada por los polio/ makers estadounidenses. Sin embargo, esta percepción tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, además de los Estados, la producción, distribución y consumo de psicotrópicos involucra a una serie de diversos actores que van desde las mafias domésticas norteamericanas, hasta las organizaciones de narcotraficantes, sin hablar

de las empresas financieras, bancos e industrias que participan en el negocio de lavado de dinero, o de grupos subnacionales como las guerrillas sudamericanas13. De otro lado, los gobiernos de los países fuente en el tráfico de cocaína no están en capacidad de controlar su propio territorio, no solamente por la presencia de retos insurgentes, sino también porque las condiciones sociales y económicas que rodean a sus sistemas políticos han determinado la existencia de una institucionalidad fundamentalmente débil, en donde la premisa de que el Estado ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza, simplemente no existe. Más aún, la experiencia histórica parece demostrar que la militarización del conflicto y su elevación al rango de problema de seguridad nacional, y las consecuentes medidas de interdicción y control, han desplazado el centro de producción de drogas e incluso han influenciado los patrones de consumo. A la represión del tráfico de marihuana proveniente de México en los años 70, le sucedió el boom de cocaína originaria de Colombia en los años ochenta, que derivó en el súper adictivo crack. El uso unilateral de la fuerza, que se desprende de la autosuficiencia realista, ha abierto la posibilidad de que se elaboren drogas sintéticamente o de que la fabricación se traslade a otros países que no

Juan Gabriel Tokatlian, "Seguridad y drogas: su significado en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos", en: Bruce Bagley y Juan Tokatlian, comp. Economía política del narcotráfico, CEI-Uniandes, Bogotá, 1990, pp. 210-211. La alianza entre narcotraficantes y guerrillas es expuesta, por ejemplo, sin considerar orígenes sociales, ni contextos, como un "matrimonio de conveniencia" por Scott McDonald (Dancing on a Volcano, The Latín American Drug Trade, Praeger, New York, 1988, pp. 5-7), quien además otorga una importancia significativa al papel de Cuba y Nicaragua en esa década como puntos de tránsito. John A. Vásquez, "Coloring it Morgenthau: New evidence for an Oíd Tnesis on Quantitative International Politics" en: British foumal of International Studies, No. 5,1979, p. 211. Robert Keohane, "Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond", en Keohane, ed. Op. cit., 1986, p. 164-165. Este razonamiento y el que sigue a continuación han sido expuestos por Bruce Bagley: "US. Foreign Policy ana the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure", Journal oflnteramerican and World Affairs, Vol. 30, Nos. 2-3,1988, Miami, pp. 188-211. 21

han sido tradicionalmente productores. En la medida en que el problema internacional, a la luz de esta suerte de análisis, es procesado por actores unitarios y racionales, la intervención en el lado del consumo es secundaria. Particular importancia dentro de la política antidrogas tiene el papel de los militares, que, si bien puede ser concebido como participación en un conflicto de baja intensidad, se enfrenta a un enemigo difícilmente identificable en un área gigantesca, en donde los objetivos serían controlar las fronteras estadounidenses mediante el dominio de las costas y de los límites terrestres, así como del espacio aéreo y de los puertos de entrada. Esto supone la incorporación de dimensiones superiores a las de la Segunda Guerra Mundial, en un conflicto para el cual los militares no están preparados ni forma parte de su objetivo profesional. Aparentemente, serían otras entidades -aduanas, guardacostas, etc.- las que deberían cumplir la tarea con el apoyo logístico, si se requiere, de las Fuerzas Armadas. Más aún, los militares, dados los vagos parámetros de su misión y la falta de referencias para la evaluación, pueden volverse vulnerables a acusaciones de ineficiencia sin contar con que la presencia fuera de sus fronteras, en América Latina, no solamente ha levantado sentimientos anti-estadounidenses en la región, sino

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que se ha demostrado inútil, precisamente porque la prioridad de la seguridad está mal definida15. La estrategia realista ha fracasado. El mercado de drogas se ha extendido, la política prohibicionista ha ampliado las ganancias del tráfico, complicando el panorama político y retando la frágil institucionalidad de los países fuente. La violencia en Estados Unidos no se ha detenido y se ha potenciado terriblemente en las naciones productoras. De manera simultánea se ha expandido la capacidad de reproducción de los carteles que se han internacionalizado aún más; la producción se dispersa hacia zonas no tradicionales y, finalmente, se han tensionado las relaciones (con diferentes grados de intensidad) con los gobiernos latinoamericanos. La evidencia de todos estos puntos es más que contundente: es abrumadora16. A nivel latinoamericano, la constitución de la hegemonía estadounidense pasa también por el discurso antidrogas, pero más allá de eso y de las solidaridades que las necesidades económicas de las naciones y de sus élites domésticas así como de reproducción del sistema político puedan brindarle a Estados Unidos, están los riesgos que ha generado y una coalición creciente de intereses divergentes que no se representan en todos los gobiernos de esos países. De todas maneras

ras, los actores latinoamericanos no votan para presidente de Estados Unidos, de modo que tendrán que esperar hasta que haya una crisis de verdad y el realismo pueda informar de una "realidad" más parecida a la que se imagina. Una aproximación en el terreno de la hegemonía El efecto ideológico del realismo, concebido como discurso político, ha sido el de interpelar a los diversos actores y portadores de intereses en un conflicto de carácter internacional. Este papel puede ser estudiado a la luz de los conceptos posgramscianos de hegemonía, aplicados a las relaciones internacionales. Probablemente la dimensión más importante del pensamiento de Gramsci, en este sentido, haya sido analizar los fenómenos políticos desde una perspectiva no determinista ni mecánica: la misma que, en última instancia, cuestiona el edificio ideológico del marxismo clásico, el rol otorgado a las clases sociales y la noción escatológica de la historia firmemente asociada a la idea de progreso que ha atravesado la cultura de Occidente desde sus antecedentes griegos. La clave de tal revolución teórica parece encontrarse en la ubicación de la sociedad civil, el plano las relaciones sociales atinentes a la reproducción individual material, en la "superestructura" de la sociedad, mientras que Marx

Donald Mabry, "The role of US. Military in the War of Drugs", en: DJ. Mabry, ed. 77ie Latín American Narcotics Trade and US. National Security, Greenwood, New York, 1989, pp. 86-87. Bruce Bagley, The Myth of Militarization: An Evaluation ofthe Role ofthe Military in the War on Drugs in the Americas, (por publicarse), University of Miami, marzo de 1991, pp. 30 y ss. Véase, Bruce Bagley (1988) Op. cit, y Juan Gabriel Tokatlian: "Reflexiones en torno a las drogas y la seguridad nacional: ¿la amenaza de la intervención?" en: Bagley y Tokatlian eds., op. cit., pp. 353-360.

supone su existencia en la "base"17. Desde esta perspectiva, el campo de lo político, el espacio de las contradicciones societales que se refieren al poder, si bien ligado a una explicación histórica, no se encuentra determinado absolutamente por las relaciones económicas entre los grupos sociales de acuerdo con su papel en torno a la producción. Al contrario, la base opera, cobra vida, solamente a través de las dinámicas de la superestructura. Aquí se puede encontrar la confluencia con el análisis discursivo postestructuralista: la única realidad para analizarse es aquélla de la práctica. Las estructuras son abstracciones. Los modos de producción y las relaciones de producción no dejan de ser esto último. Precisamente, el elemento que articula y cohesiona la sociedad alrededor del poder es el proceso de construcción de la creencia, que puede ser pensado como una práctica societal que cumple funciones hegemónicas. La aproximación realista en el caso de la guerra de las drogas logra reunir distintas perspectivas valorativas respecto del uso de sustancias psicotrópicas, desconocidas para el grueso de la sociedad, y fundirlas con la visión del mundo que conforma la política exterior de Estados Unidos como potencia global. El consenso que se genera reproduce políticamente la coalición en el poder dentro de la nación, a la par que

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consolida la presencia de la sociedad que esta coalición representa- fuera de sus fronteras. De hecho, en esta dinámica la producción de consenso envuelve a los actores internacionales externos. Prácticamente todos los gobiernos de los países fuente de la droga adhirieron a la política del presidente Reagan de control y prohibición durante la segunda mitad de la década de los años ochenta. No solamente eso, la perspectiva estadounidense del problema también se convirtió en el discurso oficial de las sociedades andinas. La televisión, la radio, la prensa, y desde luego los voceros gubernamentales, reproducían (y siguen haciéndolo) programas y cortos musicales, en los cuales la adicción y el abuso -conflicto societal estadounidense- se plantea como el problema fundamental que afecta a las sociedades andinas. La realidad, desde otra lectura puede ser diferente, tiene que ver con el reto a la institucionalidad en los países fuente de la droga, con la fractura de la sociedad política, con la articulación de movimientos de participación política violenta, emergencia de nuevos actores sociales y crisis económica, sin dejar de reconocer que ha existido un aumento notable en el consumo como consecuencia lógica de los roles productivos. Gramsci no subordina lo político a la dimensión de lo económico, ni reduce la unidad de la realidad histórica a la sobredeterminación de la base como causa metafísica, pero no deja

de tomar en cuenta la existencia de dinámicas articuladas entre ambas dimensiones que pueden explicarse históricamente. Lo político-social se convierte, entonces, en un equilibrio de instituciones; unas que despliegan funciones coercitivas y otras con funciones hegemónicas, que tienen que ver con la globalidad de la reproducción del sistema. La hegemonía es un proceso histórico -no solamente un hecho político- protagonizado por un sector social fundamental que, además de controlar la sociedad política, ha logrado imponer su visión del mundo y sus objetivos estructurales al conjunto de la sociedad. Supone, por lo tanto, una conjunción de coerción y consenso que a largo plazo se constituye en un "sistema de dominación" que se fundamenta en el dominio físico y en la capacidad de reproducción ideológica del grupo en el poder. Con estos antecedentes, las posibilidades interpelativas del discurso tienen existencia real. La ideología es un hecho factual e histórico que se remite al análisis estructural y a los intereses que en esa dimensión de la sociedad se generan18. Como se ha anotado, la articulación del problema de las drogas a la percepción tradicional de la seguridad estadounidense en América Latina, resultó en la asimilación de fenómenos de diverso origen histórico y social, especialmente durante la década de los años

De momento se pueden establecer dos grandes capas súper estructurales: la llamada, por así decirlo 'sociedad civil' y la sociedad política o Estado, que corresponde a la función hegemónica que el grupo dominante fundamental ejerce sobre toda la sociedad", Antonio Gramsci Escritos políticos, Siglo XXI, México, 1978, p. 331. "Material forces are the contend and ideologies the form... since the material forces would be inconceivable historically without form and the ideologies would be individual fancies without the material forces" (Gramsci, citado por Jacques Texier en: "Gramsci, Theoretician of the Superstructures", en: Chantal Mouffe, Gramsci and Marxist Theory, Routledge and Kegan, London, 1979, p. 58.)

ochenta. El narcotráfico, las guerrillas y el terrorismo aparecieron ante los ojos de la conciencia pública como la manifestación de una contradicción estratégica con el entonces llamado imperio del nial. El "americanismo", fundamentado en los principios liberales de propiedad privada, libertad individual y economía de mercado19, supone una visión del mundo, una ideología, un discurso, funcional para aquellos sectores cuyos intereses estructurales generan un clima político y moral para reproducirse societalmente. Es precisamente la defensa de los valores americanos lo que posibilita la política antidrogas. Sin hacer énfasis en si es bueno o malo, parece obvio que en una sociedad de tales características haya un segmento de la población que legitima su posición hacia adentro, y que la expande representando a la nación en una economía interdependiente y asimétrica, consecuencia inevitable del mercado de libre competencia. Con estos elementos, es posible pensar en la identidad del actor que logra representar los valores mayoritarios de la sociedad en una coalición o bloque histórico, que toma la forma de un partido en ejercicio del poder: el republicano. Su discurso contra las drogas, a la vez que convoca adhesiones hacia su política antinarcóticos 19 20 21

dentro de los Estados Unidos, le sirve para legitimar tanto la presencia de los decisores y del partido en el gobierno, como el conjunto de políticas que puedan emitirse y que interpelan a distintos ámbitos de la sociedad y del orden internacional, sin que esto quiera decir que el discurso antidrogas haya sido concebido con dicho propósito. Ésa ha sido su realización política. De ahí que no haya importado tanto el fracaso en, prácticamente, todos los objetivos de la lucha contra el narcotráfico, porque tanto la sociedad estadounidense, como aquellas formaciones sociales relacionadas con este conflicto, han estado permanentemente movilizadas alrededor de esta convocatoria, hacia el conjunto de decisiones de la administración republicana a lo largo de diez años. El consenso para Gramsci, es una forma política y cultural de la hegemonía como contenido ético del Estado20. En este caso, no sólo que las drogas son moralmente perversas, sino también que la mejor manera para combatirlas es a través de mecanismos de represión, control y prohibición, idea que a su vez es un instrumento para producir el consenso necesario para llevar a cabo una política tanto exterior como doméstica acorde con los intereses de los emisores del discurso21. Esta perspectiva plantea el análisis de los procesos internacionales en tres

niveles: a) el Estado (internacionalizado) referente a la política doméstica y a la génesis de las políticas institucionales, a la constitución del bloque histórico en el poder y a cómo los procesos internos definen en la generación de la hegemonía específica, los temas internacionales; b) la producción, que es definitivamente global y hace relación a los patrones de acumulación, a la estratificación social, a la forma de distribución del excedente, a los límites estructurales de una formación social que actúa como nación, sobre la que opera el Estado con funciones reguladoras y normalizadoras, así como de representación de intereses; y, c) el nivel del orden mundial, que es el plano en donde confluyen, se transforman e interactúan las relaciones productivas y políticas de las formaciones sociales22. Esta perspectiva abre la posibilidad de trazar puentes hacia la teoría de la interdependencia con el fin de explicar la economía política de las relaciones internacionales, porque se considera la presencia de actores sub y transnacionales, aparte de los Estados-nación, así como la ausencia de jerarquía en la agenda respecto de los temas: la seguridad no es excluyente, existen múltiples relaciones y canales de comunicación, de lo cual se deduce que la hipótesis del equilibrio

Samuel Huntington, analizado por Enrico Augelli y Craig Murphy, America's Questjbr Supremacy and the Third World. An Essay in Gramsciart Analysis, Pinter Publishers, London, 1988, pp. 59-60. Cuadernos de la Cárcel, Editorial Garnica, Buenos Aires, 1974. Es necesario establecer una diferencia entre las categorías de origen gramsciano que están siendo usadas para el análisis de las relaciones internacionales, las cuales no tienen el propósito teleológico del político italiano, de las ideas personales de Gramsci sobre el sistema internacional de los anos 20, en el cual los Estados aparecen reificados: hay actores hegemónicos y subordinados, trasladando un poco mecánicamente- las contradicciones domésticas entre los grupos sociales fundamentales, al plano internacional. Para una descripción de la percepción original de Gramsci, véase, Vendulka Kubalkova, y Albert, Cruisckank, Marxism and International Relations, Oxford University Press, London, 1989, pp. 195-206. Robert Cox, "Production, the State and Change in World Order", en: Ernst-Otto Czempiel y James Rossenau, Global Changes an Theoretical Challenges, Lexington Books, USA, 1989, pp. 39-42. 24

de poder no es suficiente para dar cuenta de la complejidad del mundo de lo político y de sus correlaciones económicas en el orden internacional. Reflexión final Para concluir, diremos que el análisis del discurso realista en la política antidrogas estadounidense, a nivel estatal, plantea la legitimación de una coalición en el poder en los Estados Unidos, el actor más importante en este conflicto, la misma que subordina o influye determinantemente las políticas de los otros Estados interpelados, concretamente los países

fuente de la droga, y en forma subsiguiente aquellos que sirven de puntos de tránsito o estaciones de lavado de dinero. A nivel productivo, los valores resultantes de una economía transnacionalizada de mercado y las circunstancias históricas que la produjeron encuentran en el narcotráfico una referencia contradictoria con la idea de nación y sociedad que está detrás de esos valores, lo que permite la articulación de un conjunto de políticas cuyo objetivo pretende ser la defensa del modelo societal; y en el plano internacional, la legitimidad producida por el discurso realista revela la

asimetría del sistema interamericano y el papel dominante de los Estados Unidos. Este conjunto de relaciones constituye una forma de hegemonía que se manifiesta en el plano local e internacional, y que se reproduce mediante la producción de un consenso que involucra espacios dentro y fuera de las fronteras, marcando la existencia de una estructura económica y política contemporánea de carácter global en la que, tanto el plano doméstico como el de la política internacional, interactúan en determinados asuntos.

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Sección: Documentos

Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Luís Fernando Jaramillo ante la ONU*

Señor presidente: Presento a usted el saludo del pueblo y del Gobierno Colombiano que tiene puestas grandes expectativas en los resultados del trabajo de la Asamblea General, bajo su ilustrada dirección. Corresponderá a ella señalar el camino que las Naciones Unidas deberán seguir para hacer valer los principios y objetivos de su Carta, en esta etapa crucial de nuestra historia. Quiero expresar también el reconocimiento del Gobierno de Colombia a la labor de don Javier Pérez de Cuéllar. Diez años de esfuerzos inteligentes y generosos en favor de la paz y de la justicia internacionales caracterizan su gestión. Reconocemos la dimensión de su contribución. Lo exaltamos como un latinoamericano que ha hecho honor a su región. Usted, Excelencia, sabe de nuestra admiración y aprecio, y conoce los deseos expresados colectivamente por los Jefes de Estado de Iberoamérica en la Cumbre de Guadalajara. Saludo la incorporación a esta Organización y a las deliberaciones de esta Asamblea de la República de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, de las Repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania, de los Estados Federados de Micronesia y de las Islas Marshall. Desafíos del presente Vivimos un momento de profundas transformaciones que tendrán un formidable impacto sobre el futuro de cada uno de nuestros países. Sin embargo, el ambicioso mandato de las Naciones Unidas sigue vigente, hecho que destaca la visión de quienes fueron sus gestores. Difícilmente podríamos renovar hoy ese mandato en términos diferentes. La preservación de la paz, la defensa

Discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1991 en la XLVI Asamblea General.

de los derechos ciudadanos y el logro del bienestar colectivo a través del crecimiento y el desarrollo, continúan siendo principios rectores de las relaciones entre los Estados. No obstante lo anterior, se percibe un cambio significativo en la velocidad de los ajustes y transformaciones que estamos presenciando. De allí nuestro llamado a que los objetivos citados se acometan con un sentido de urgencia. Pasemos del futuro al presente con la responsabilidad histórica que nos obliga a remover los escollos y dificultades. Los invito a aprovechar este período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que reflexionemos sobre los "desafíos del presente". Colombia ha sido siempre partidaria entusiasta del multilateralismo y la cooperación como pilares insustituibles de un sistema internacional comprometido con la solución de las necesidades del mundo en desarrollo. Sin paz no hay crecimiento ni desarrollo, pero solamente con justicia social y sin pobreza se alcanza la paz duradera. Una paz estable requiere que las naciones cuenten con las condiciones sociales y económicas suficientes para atender dignamente sus principales necesidades. Ante la distensión Este-Oeste y el diálogo constructivo que debe darse entre el Norte y el Sur, corresponderá al sistema de las Naciones Unidas asegurar y proteger el derecho de los Estados pequeños y débiles que, a diferencia de las grandes naciones, no tienen mecanismos propios de defensa. En estos países la organización de las Naciones Unidas tiene que ser garante de sus derechos, muy especialmente en lo que toca a su soberanía y libre determinación. Si bien es cierto que en el campo político se han dado avances enormes en el entorno internacional como lo demuestran la superación de la guerra fría, la expansión del respeto a los derechos humanos y el avance de la democracia, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito económico donde reina aún gran incertidumbre. A pesar de los sacrificios y ajustes hechos por numerosos países en desarrollo y de la apertura de sus economías a los flujos comerciales y de inversión, el acceso de sus bienes y servicios a los principales mercados tropieza a diario con nuevos obstáculos y barreras de diversa índole. Los más vehementes defensores de la liberalización del comercio se encuentran hoy enfrentados en una gran confrontación que amenaza la estabilidad misma del multilateralismo y muy especialmente, la suerte de los países en

desarrollo al quedar sus intereses supeditados a la competencia entre los grandes bloques económicos. La Declaración Ministerial suscrita en Caracas por los cancilleres latinoamericanos con ocasión de la reunión preparatoria de la Octava Conferencia de Comercio y Desarrollo, señala con preocupación cómo "Aquellos países que más predican un sistema internacional abierto, son precisamente los que más se apartan de las reglas del juego, incrementando las prácticas distorsionantes del comercio internacional" El mundo cafetero, por ejemplo, confronta hoy una situación dramática debido a la falta de cláusulas económicas en el Acuerdo Internacional del Café. Los niveles de precios actuales son en términos reales los más bajos de los últimos 50 años, lo cual trae consigo graves consecuencias para las economías de los países productores de café de África, Asia y América Latina. Con el fin de corregir esta delicada situación, las naciones productoras han presentado esta semana en Londres un plan de emergencia orientado a ordenar el mercado, para el cual Colombia ha solicitado el apoyo y cooperación de los países industrializados. La nueva Colombia Señor presidente, Ante esta Asamblea y en medio de este entorno internacional, llega Colombia con nuevas credenciales. Señor presidente, Un país de futuro promisorio que ha sabido enfrentar los desafíos del presente con honestidad, transparencia y audacia, incorporando cambios de la mayor importancia en su centenaria Constitución Nacional. Fruto de la voluntad política de los varios sectores de opinión, la nueva Constitución colombiana abre en forma democrática las puertas institucionales de la República para que por ellas transiten civilizadamente ideas renovadoras en materia de participación política y derechos ciudadanos. La nueva Colombia estimula la vinculación de gente joven en el manejo del Estado y cuenta con mecanismos que hacen más ágil y expedita la aplicación de la justicia. Ella otorga generosamente a grupos alzados en armas la posibilidad de una reincorporación honorable a la vida civil. La nueva Colombia busca nacional e internacionalmente la redistribución de oportunidades a individuos y naciones

individuos y naciones para que todos participemos de los frutos del crecimiento y el desarrollo; para que no siga ampliándose la brecha entre quienes todo lo tienen y a quienes todo les falta. En la Carta de Derechos adoptada, el poder está en el individuo. El Estado existe para servir al ciudadano, para protegerlo y para promover las condiciones que permitan a todos desarrollarse libremente. La Constitución consagra una amplia gama de derechos civiles y políticos, tutela los derechos sociales y económicos, reconoce los derechos colectivos y establece los mecanismos para proteger efectivamente estos derechos fundamentales.

La solución negociada a que han llegado Argentina y Chile en su diferendo limítrofe y el reciente acuerdo entre los gobiernos de Guatemala y Belice reflejan el clima de voluntad y concertación política que vive nuestra región. Con relación a la "Iniciativa para las Americas", Colombia la calificó desde el mismo momento de su promulgación, como un ambicioso plan de cooperación y recibió complacida el carácter multilateral dado a algunos de sus componentes. Por ello aspira a que Europa y el Japón se unan con los Estados Unidos para que el Fondo Multilateral de Inversiones se vuelva una realidad en el inmediato futuro.

Vemos en esa nueva Colombia que surge de los esfuerzos del presidente César Gaviria -un dirigente joven y audaz que se atrevió a darle hace escasos trece meses una bienvenida anticipada al futuro- un ejemplo de lo mucho que se puede lograr cuando hay vocación de consenso, voluntad política para alcanzarlo y generosidad en el manejo de situaciones complejas. Presentamos estos cambios con orgullo y dignidad, y con la convicción de haber encontrado el sendero por el cual habrán de transitar pacíficamente las nuevas generaciones de colombianos, arrojando a su paso ^as semillas de un futuro justo, próspero y equitativo, Ésa es la nueva Colombia que asiste a esta Asamblea General. Perspectiva continental

Un continente unido, con visión futurista, capaz de resolver las necesidades básicas de su población y en paz será punto de apoyo a los esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas para lograr un orden económico abierto e integrado.

También en Latinoamérica y el Caribe se perciben ondas de cambio y renovación. En materia de paz, participación democrática, vigencia de los derechos humanos e integración, nuestro continente avanza aceleradamente. El multilateralismo se ha convertido en fuerza predominante, como lo demuestran los varios procesos asociativos que se están dando paralela y conjuntamente. Difícil encontrar un momento de mayor fluidez e integración entre los países miembros de nuestra región. El Grupo de Rió, el Grupo de los Tres, el Acuerdo de Cartagena, Mercosur y el fortalecimiento de los esfuerzos integracionistas de Centroamérica y el Caribe, son un reflejo de los procesos de cooperación, hoy en marcha. Son diálogos políticos, económicos y culturales que afianzan cada vez más nuestras raíces, nuestras vivencias y nuestro futuro. Ello ha significado un mayor compromiso entre nuestras naciones, aunando esfuerzos en torno a la acción conjunta que se requiere para vencer obstáculos que nos son comunes y que individualmente nos resultarían imposibles de superar.

Quedaría incompleta nuestra referencia continental sino mencionáramos la obligación que siente nuestra región de promover un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Las mismas suspicacias y recelos que durante largos años polarizaron las relaciones entre tantos países y que originaron la guerra fría que todos sufrimos, erosionan hoy la confianza entre esos dos Estados miembros de las Naciones Unidas. No desconocemos las profundas diferencias que los separan, pero creemos que el nuevo ambiente de paz y cooperación que tan rápidamente ha impregnado las relaciones internacionales bien podría ser la base para una discusión franca y abierta de los temas pendientes. Esperamos que los vientos de renovación y democratización que soplan en el mundo entero puedan ser incorporados autónomamente por Cuba dentro de su ordenamiento político. De otra parte, nadie puede subestimar las raíces históricas, geográficas y culturales que unen a Cuba con nuestra región. Cambios en las Naciones Unidas Los cambios registrados en el escenario internacional, desde la creación de las Naciones Unidas y el surgimiento de nuevos y complejos problemas, han promovido entre los Estados miembros de esta Organización la necesidad de reflexionar acerca de la manera más adecuada de responder a la realidad del mundo actual y a sus perspectivas futuras. El nuevo escenario mundial requiere unas Naciones Unidas renovadas. Por ello el Grupo de Rió ha sometido a la consideración de todos los 28

Estados unos lineamientos sobre la manera como concebimos la modernización de esta Organización. Creemos que el proceso de revitalización de las Naciones Unidas no debe limitarse a la simplificación y rectificación de sus procedimientos o de sus esquemas de funcionamiento. La ampliación considerable de la membresía de la organización, las nuevas realidades políticas y la nueva estructura de poder en el mundo, imponen una revisión de los criterios existentes sobre la representatividad de los Estados miembros en todos los niveles del sistema y sobre su participación efectiva en el proceso decisorio. El logro de estos objetivos tendería a garantizar que los mandatos que se impartan traduzcan con claridad y equilibrio las aspiraciones de la comunidad internacional, en particular las de los países en desarrollo. Se requiere fortalecer la Asamblea General para que sea fiel intérprete de la voluntad de los Estados. Éste debe ser el foro donde se debatan los temas de interés global y en el que se promueva el entendimiento sobre la importancia de una acción multisectorial que permita el éxito de la cooperación internacional orientada al crecimiento y al desarrollo social y económico de los pueblos. Tan importante como el fortalecimiento de la Asamblea General es el de la Secretaría General. Ésta debe ser dotada de los instrumentos que le permitan el ejercicio independiente de sus funciones para dar fiel cumplimiento de los principios y objetivos de la organización. La mejor coordinación de los organismos de Naciones Unidas exige una evaluación del Consejo de Seguridad. Es necesario darle una conformación que se ajuste a las nuevas realidades y estudiar mecanismos para evitar una influencia exagerada de unos pocos países. Desde 1945 Colombia ha sido contraria a la existencia del poder de veto y considera que es un buen momento para reexaminar su conveniencia. Mi país ha insistido en que las relaciones internacionales se rijan según el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Consideramos vital la labor que cumple la Corte Internacional de Justicia. Lucha contra el crimen organizado Hoy más que nunca se requiere de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. El presidente César Gaviria ha reiterado que los eslabones de las cadenas criminales se extienden cada vez más por todos

los países, articulándose en verdaderas organizaciones multinacionales. Los delincuentes modernos no reparan en nacionalidades o fronteras. A la internacionalización del crimen, hay que oponer la universalización de la justicia. Debe buscarse una cooperación más estrecha entre el poder judicial y las autoridades de los diferentes Estados. Colombia está desarrollando una estrategia destinada a agilizar los procedimientos que permitan aportar evidencia y material probatorio allegado por las autoridades en el exterior. Consideramos que es obligación de todos los Estados suministrar las pruebas que posean contra los delincuentes, especialmente si éstos se encuentran comprometidos en crímenes de carácter multinacional como son el narcotráfico y el terrorismo. Estas acciones deben ser reforzadas mediante la promoción de mecanismos jurídicos y programas en el marco de Naciones Unidas. Control a la transferencia de armas Un problema que es materia de gran preocupación para mi Gobierno, es la transferencia de armas. Es claro que para reducir o limitar el comercio de armas, como en todo comercio, será necesario reducir tanto la demanda como el abastecimiento. Creemos que en el momento actual es el más propicio para avanzar en este cambio. El fin de la guerra fría ofrece una gran oportunidad para invertir en el desarrollo los recursos dedicados a gastos militares. El llamado "dividendo de la paz" debería reforzarse con planes de conversión a industrias de producción civil. Por otra parte, los esfuerzos en favor del desarme deben complementarse con medidas para limitar la producción que induce las presiones para exportarlas. Las autoridades de todos nuestros países deberían comprometerse a establecer, con carácter prioritario un control efectivo a la transferencia lícita e ilícita de armas, especialmente cuando ellas se dirigen a zonas de conflicto o a regiones afectadas por la violencia que generan las actividades delictivas. Para ello sería conveniente publicar tanto la información que los Estados proporcionaran al secretario general sobre la transferencia lícita de armas, como la concerniente a los arsenales transferidos ilícitamente e incautados. Pobreza genera inestabilidad La comunidad internacional debe ser consciente de las consecuencias que la pobreza tiene para la

estabilidad mundial. Desde hace varios años Colombia ha llevado iniciativas a diferentes foros en la búsqueda de una solución que debería abordarse con el mismo sentido de urgencia con que se han afrontado otras crisis. La agenda internacional debe dar prioridad a la reactivación de las economías de los países en desarrollo dando acceso de sus productos de exportación a los mercados de los países industrializados. Es el tipo de solidaridad que reclamamos del mundo desarrollado. La distensión entre las superpotencias no ha traído el pan a la mesa de los pobres. No se han acabado la miseria ni la injusticia social. Por el contrario, en la mayoría de los países las condiciones para el desarrollo siguen siendo adversas; la tecnología está lejos de su alcance, los principales mercados para sus productos permanecen altamente protegidos y la situación de endeudamiento los mantiene como exportadores netos de capital. Señor presidente, Colombia.ha ofrecido ser país huésped de la Octava Conferencia de la Unctad en 1992. Para que la Octava Unctad sea exitosa debemos ref ormular los criterios y mecanismos relacionados con el desarrollo económico y social de nuestros países. Será una oportunidad para adoptar nuevos canales de comunicación entre el Norte y el Sur alrededor de temas que han suscitado tradicionalmente controversia, pero que debemos ahora examinar con las perspectivas que caracterizan actualmente el diálogo internacional. El telón de fondo de la reunión es el funcionamiento futuro de la Organización y la evolución de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. la octava Unctad debe ser el inicio de una nueva etapa. De una era en la que se aprovechen las oportunidades que se han abierto para la cooperación internacional una vez terminado el conflicto Este-Oeste. Una restructuración exitosa de la Unctad, fruto de la concertación entre los distintos grupos de países que la conforman, sería un buen precedente para las reformas que deben hacerse al sistema de las Naciones Unidas. Medio ambiente y desarrollo Colombia mira con optimismo la próxima Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo que se celebrará en junio de 1992 en Rio de Janeiro.

La "Cumbre de la Tierra" debe fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en torno a este tema de carácter global. Ni la aplicación de un modelo de desarrollo depredador en el Sur, ni la renuncia al crecimiento económico, son opciones para solucionar la crisis del medio ambiente. Sobre la base de la corresponsabilidad entre las naciones del Norte y del Sur, es necesario abrir posibilidades para un modelo de desarrollo sustentable. Los países industrializados deben pagar la deuda ecológica que han contraído con la humanidad. Derechos humanos En el campo de los derechos humanos la Organización puede reclamar con justicia haber realizado una exitosa tarea de alcance universal. En buena hora la cultura de los derechos humanos hace parte de nuestra civilización. El avance democrático y el progreso en la solución de conflictos exigen condiciones de desarrollo y justicia social que permitan la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. La Conferencia mundial sobre los Derechos Humanos en 1993, será por ello uno de los eventos más importantes de esta década. Señor presidente, A pesar de las diversas perspectivas nacionales creemos que gradualmente está surgiendo un consenso sobre la clase de entorno internacional que debemos todos promover y el aporte que las distintas regiones y grupos de países podemos hacer a ese nuevo contexto global para la paz y el desarrollo. A los países desarrollados les corresponde actuar con imaginación y generosidad asegurando que los países en desarrollo cuenten con los recursos amplios y suficientes que les permitan acometer las inversiones productivas que solos no podrían lograr. Ningún recinto más apropiado que éste para formular una invocación por la paz. El éxito logrado por el pueblo salvadoreño, con el apoyo de las Naciones Unidas, es el mejor ejemplo de la contribución de América Latina a la paz mundial. Hoy tenemos una oportunidad sin precedentes para enfrentar con optimismo una nueva era de nuestra Organización. Debemos asumir conjunta y solidariamente este reto histórico como autores del futuro promisorio de la humanidad.

Palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Pardo, en la X Reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados*

El sistema internacional se encuentra en transición. Los acontecimientos de los últimos meses, impredecibles hasta hace poco, le han puesto fin al orden bipolar. Disuelto el pacto de Varsovia y terminada la confrontación Este-Oeste, las nuevas reglas de juego de las relaciones internacionales se encuentran en definición. La política internacional tiene nuevos elementos que le han cerrado el espacio al concepto de la no alineación como equilibrio político entre el Este y el Oeste, y como movimiento para distensionar la confrontación bipolar y para evitar que la guerra fría se llevara los recursos de la humanidad lejos de los objetivos prioritarios para el Tercer Mundo: la paz, el desarme, la abolición de la pobreza y el equilibrio en las relaciones internacionales. La mayor parte de las instituciones que regulan los vínculos internacionales y transnacionales están en revisión. Ellas fueron el producto de la realidad inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fueron el escenario de una guerra fría en buena hora superada, y por ello requieren ajustarse a la nueva realidad. El movimiento de Países No Alineados es una de ellas. Durante cerca de cuarenta años ha cumplido a cabalidad su papel: contribuyó al equilibrio en el sistema internacional, actuó como instrumento para la defensa de los intereses del Tercer Mundo, y llegó a constituir el bloque mayoritario en el sistema de Naciones Unidas. En tal condición, el Movimiento propició importantes decisiones en favor de la paz y de la justicia. Los No Alineados enfrentan ahora una nueva realidad y un inmenso desafío: adecuarse a la

Aceta, Ghana, 4 al 7 de septiembre de 1991.

nueva situación. Se necesita una reforma fundamental de sus principios y de sus mecanismos, incluso de su denominación, para evitar caer en una profunda crisis de credibilidad, legitimidad y aun de efectividad. Dicha transformación debe basarse en los siguientes aspectos: En primer lugar, el objetivo prioritario del Movimiento debe ser el de influir en la definición del llamado "nuevo orden" que está en formación. Las relaciones internacionales posteriores a la guerra fría no pueden caracterizarse por una tolerancia frente a la intervención unilateral de los grandes poderes ni por una legitimación del uso de la fuerza en los países del Sur. Tampoco puede caracterizarse por una guerra comercial en la cual los países industrializados mantienen altos niveles de proteccionismo y de control sobre la ciencia y la tecnología. El Movimiento debe trabajar para hacer del sistema de Naciones Unidas un foro democrático, que verdaderamente imponga en la comunidad de las naciones la plena vigencia del derecho internacional, de los mecanismos de solución pacífica de conflictos y de cooperación para ponerle fin a las desigualdades económicas. Mi país participa con beneplácito en la idea, estimulada por el Movimiento de Países No Alineados, de reformar las Naciones Unidas y de celebrar un decenio para el derecho internacional. Creemos que el Consejo de Seguridad debe reflejar la realidad política del momento y mantenemos la posición tradicional de Colombia, defendida con brillo por el expresidente Alfonso López Pumarejo en San Francisco, en el sentido de que no debe haber un poder de veto. En segundo lugar, el Movimiento debe mantener su anhelo de servir como factor de equilibrio en el sistema internacional. Le corresponde hacerlo a la luz de la nueva realidad: la de un mundo con tendencias hacia la unipolaridad. No se trata ya de evitar la rigidez del orden bipolar y de neutralizar sus peligrosas tendencias bélicas. Se trata más bien de moderar la influencia del Norte, mediante la constitución de un gran bloque de los países en vías de desarrollo. Los No Alineados deben ser el gran foro de las naciones del Sur. En realidad, una vez finalizada la confrontación Este-Oeste hay una serie de problemas de carácter global, en el sentido de que afectan al conjunto de la comunidad de naciones que salen a flote. Problemas como el tráfico ilegal de drogas y

de armas; la deuda externa; la crisis del medio ambiente o los obstáculos a la vigencia plena de los derechos humanos, afectan por igual a las naciones más ricas y a los países más atrasados. Unas y otros necesitan de soluciones urgentes a estos problemas. Sin embargo, los intereses de todos los países vinculados a estos flagelos en un mundo interdependiente no son idénticos. La acción de los Países No Alineados debe dirigirse a asegurar que éstos y otros males de carácter global se solucionan de una manera justa. Es decir, que los costos no recaigan solamente sobre las naciones más débiles; que las soluciones no supongan sacrificios a nuestra soberanía, y que sea el derecho internacional -y no la fuerza- el instrumento para encontrar salidas. Las naciones del Norte y del Sur deben negociar mecanismos para enfrentar la corresponsabilidad que tienen en la solución de los problemas globales a los cuales me he referido. Permítanme mencionar algunos de ellos, los más apremiantes para mi país y para nuestros vecinos: El problema de las drogas debe enfrentarse con medidas contra el consumo, la producción de precursores químicos, la transformación del producto final, el tráfico y el comercio al detal, y el lavado de dólares. Es necesario poner en marcha mecanismos internacionales de cooperación judicial para castigar a los criminales del narcotráfico y del narcoterrorismo. El armamentismo debe enfrentarse con acuerdos para reducir y desactivar las armas nucleares y de destrucción masiva, pero también para controlar el tráfico ilegal de todas las armas, incluidas las convencionales, mediante acciones en los países productores, de tránsito y de destino. La crisis de la deuda tiene que solucionarse con medidas dirigidas tanto a su pago como al crecimiento económico de las naciones en vías de desarrollo. La salida no puede darse a costa de la estabilidad del sistema financiero internacional pero no puede depender tampoco de que las naciones en vías de desarrollo sigan siendo exportadoras netas de capital. Los problemas ambientales el cambio climático, la deforestación, la contaminación y la extinción de especies- deben solucionarse con políticas que permitan el pago de la "deuda ecológica" por parte de los países industrializados, pero que aseguren también la protección de las reservas forestales y la biodiversidad, cuyas mayores reservas se encuentran en varias naciones

del Sur. la crisis ambiental no puede solucionarse a costa del desarrollo de estas naciones. En tercer lugar, la relación de los Países No Alineados, agrupados en el gran foro del Sur, con los países del Norte, debe plantearse en términos de cooperación y no de confrontación. Ésa es la oportunidad -y el desafío- que se ha abierto con el fin de la guerra fría. La cooperación internacional no es, sin embargo, un subproducto automático de la nueva realidad internacional. Tampoco puede depender de una supuesta armonía natural de intereses ni puede limitarse a un concepto de simple asistencia -condicionada por lo demás de los países ricos en favor de los países más pobres. En un mundo interdependiente, como aquél hacia el cual avanzamos, la cooperación es una realidad política. Requiere de un ajuste de las posiciones y conductas de todas las naciones, e implica procesos de negociación. De allí la vigencia actúa) de los No Alineados como gran instrumento de la cooperación Sur-Sur: fortalecer la capacidad de nuestras naciones para lograr, en una relación constructiva con el Norte, la satisfacción de nuestros intereses y la necesaria solución de los problemas globales. En cuarto lugar, los No Alineados requieren de una revisión de sus estructuras internas. En ese sentido, Colombia apoya la creación de un grupo ad hoc para que estudie las reformas que se requieren y para que éstas entren a funcionar antes de la próxima reunión de jefes de Estado. Existen varias iniciativas en este sentido. Lo prioritario es darle cohesión a los No Alineados con ideas y procedimientos que le permitan actuar conjuntamente frente al Norte. Durante los últimos treinta y seis años, el Movimiento man diferencias geográficas, de desarrollo, raza,

idioma tuvo una identidad común a pesar de las y religión. La lengua común debe construirse en los tiempos actuales mediante el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación Sur-Sur. Señores miembros de todas las delegaciones: El orden internacional que seguirá al de la "guerra fría" no está formado. Está en formación. Nuestra acción decidida y urgente debe dirigirse hacia la definición de unas reglas de entendimiento que favorezcan la cooperación y no la imposición; que permitan el florecimiento de la concertación y no de la intervención; que le abran espacio al derecho internacional y lo cierren para el uso de la fuerza. Colombia confía en que el Movimiento de los Países No Alineados jugará un papel constructivo en la formación del nuevo orden. Para ello se requiere una revisión profunda de sus principios y de sus instituciones. Y también de algo que no es esencial pero sí ampliamente simbólico: su denominación. Sin estos cambios, el Movimiento será dejado por el tren de la historia que, por cierto, anda muy rápido en los tiempos actuales. A mediados del siglo, un reformador colombiano dijo en ilustrada frase que mi país tenía que optar por una de dos alternativas: modernización o catástrofe. El Movimiento de los Países No Alineados enfrenta un dilema semejante: asegurar su vigencia mediante una transformación que lo ponga a tono con la realidad histórica, o los pueblos del Sur perderán un eficaz instrumento para trabajar por sus legítimos intereses. Colombia, nación que bajo el liderazgo del presidente César Gavina ha escogido para sus destinos como nación la alternativa de una "revolución pacífica", invita a los demás países miembros a que hagamos lo propio para evitar una catástrofe del Movimiento.

CEI Centro de Estudios Internacionales Universidad de los Andes

Publicaciones periódicas

DOCUMENTOS OCASIONALES 1. Rodrigo Pardo y Juan G. Tokatlian. Teoría y práctica délas relaciones internacionales: el caso de Colombia, enero-febrero, 1988 (agotado). 2. Jaime Acosta Puertas. América Latina: ¿modelos de industrialización y de innovación tecnológica? reflexiones, marzo-abril, 1988 (agotado). 3. Igor Kavass, Rainer Dombois y Juan G. Tokatlian. La cuestión de las drogas: una problemática, tres perspectivas, mayo-junio, 1988 (agotado). 4. Adriana de la Espriella. Panorama de los derechos humanos en Colombia, julio-agosto, 1988 (agotado). 5. Malcolm Deas y Marc Chernick. Colombia durante el gobierno del presidente Betancur: las relaciones entre política exterior, crisis centroamericana y proceso de paz nacional. Dos enfoques, septiembre-octubre, 1988 (agotado). 6. José Luis Ramírez León. Las rélaáones internacionales de Colombia con el Medio Oriente. Evolución, desarrollo y perspectivas, noviembrediciembre, 1988. 7. Dora Róthlisberger. Las relaciones internacionales de Colombia con los principales países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, enero-febrero, 1989 (agotado). 8. Alejandro Valencia Villa. Derecho internacional y conflicto interno. La humanización de la guerra y el derecho de gentes en Colombia. Una aproximación histórica, marzo-abril, 1989 (agotado). 9. Cario Nasi. La política internacional de Colombia hacia Cuba y Nicaragua durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, mayo-junio, 1989.

10. César Torres del Río. El presidente Eduardo San tos y la nueva práctica de la política exterior de Colombia, julio-agosto, 1989. 11. Gabriel Murillo, Mónica Rug y María Victoria Llorente. Las relaciones entre Colombia y Venezuela: dos aproximaciones, septiembre-octubre, 1989. 12. Ana Mercedes Botero. Un aporte interpretativo en torno a las drogas y su papel en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, noviembre-diciembre, 1989 (agotado). 13. José Luis Ramírez León. Las relaciones internacionales de Colombia con la Comunidad Económica Europea, enero-febrero, 1990. 14. Christian L. Fréres. Colombia y España: una reseña de sus relaciones, marzo-abril, 1990. 15. Mauricio Reina. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, (1978-1986), mayo-junio, 1990. 16. Diego Cardona. Evaluación de la política exterior de la administración Barco, julio-agosto, 1990. 17. Alberto G. Flórez Malagón y Luis Guillermo Baptiste. Ecología y política internacional. El caso colombiano, septiembreoctubre, 1990. 18. Marta Osorio. Las relaciones comerciales entre Colombia y la Comunidad Europea, noviembrediciembre, 1990. 19. Daniel García. Democracias pactadas y política exterior: las experiencias de Colombia y Venezuela, 1957-1962, enero-febrero, 1991. 20. Alfredo Fuentes. Reorientaciones en políticas económicas y científico-tecnológicas en América Latina, marzo-abril, 1991. ' 21. Pío García E Colombia en la era del Pacífico, mayo - junio,1991