Colombia Internacional No. 18 by Publicaciones Faciso

fumigar los cultivos de marihuana.

Sección: Política Exterior de Colombia

Glifosato y política: ¿Razones internas o presiones externas?

Juan Gabriel Tokatian*

A finales de enero de 1992, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) comunicó a la opinión pública su determinación en favor de la fumigación manual y por aspersión aérea controlada de cultivos de amapola con el herbicida glifosato, indicando, al mismo tiempo, que se fiscalizarían las acciones mediante una auditoria ambiental1. Ocho años antes, durante el mandato del presidente Belisario Betancur, el 14 de mayo de 1984, el CNE apoyó la erradicación de marihuana con productos químicos y recomendó su aprobación final por parte del Consejo de Ministros. El 22 de mayo, este último ratificó el procedimiento de fumigación con glifosato. El lo. de junio, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Enrique Parejo González, dio la orden al entonces director general de la Policía Nacional, general Víctor Delgado Mallarino, para

El 4 de julio, el CNE autorizó la fumigación experimental de dos hectáreas. Sin embargo, entre julio y septiembre de 1984, se inició una fumigación masiva de la producción marihuanera. La historia se repite y la valiosa experiencia recogida parece quedar en el olvido. Ahora se pontifica técnicamente sobre el glifosato, intentando despolitizar el debate en torno al herbicida. Varios organismos científicos oficiales, desde el ICA hasta el Ministerio de Salud, coinciden en señalar la toxicidad del glifosato, así como el alto grado de desconocimiento sobre sus efectos a largo plazo en el hombre, la fauna, la flora y las aguas. No obstante, como el glifosato comercializado con los nombres de Roundup, Rodeo, Shackie, Vision, Accord o Polado se aplica sobre cultivos comerciales lícitos sin consecuencias dramáticas para la población y el ambiente, su aplicación sobre la amapola resulta legitimada2. Ahora bien, como no creo en "teorías conspiratorias de la historia", no pienso que la decisión gubernamental de utilizar el herbicida, un mes antes de la Cumbre presidencial antinarcóticos de San Antonio, obedezca a la expectativa de una especie de quid-pro-quo frente a Washington, en espera de unos supuestos dividendos diplomáticos o económicos3.

Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. 1 Acerca de la fumigación con glifosato de las plantaciones de marihuana, véase Juan Gabriel Tokatiian, "La política exterior de Colombia hacia Estados Unidos. 1978-1990. El asunto de las drogas y su lugar en las relaciones entre Bogotá y Washington", en Carlos G. Arrieta, Luis J. Orjuela, el al., Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Ediciones Uniandes-Tercer Mundo Editores, 1990. Véase también Comunicado del CNE a la opinión pública, Santafé de Bogotá, 31 de enero de 1992, mimeo. 2 Sobre las variedades comerciales del glifosato, véase Caroline Cox, "Glyphosate", en Journal ofPesticidc Reform, Summer 1991. 3 Sobre la Cumbre de San Antonio, véase "Cartagena II: Whither the War on Drugs in the Americas", en North-South Issues, febrero 3 de 1992.

Por un lado, los Estados Unidos no ubican la asistencia económica destinada a Colombia en un lugar de privilegio: entre 1989 y 1991, la ayuda militar directa (US$73.1 millones para 1989, US$93.2 millones para 1990 y US$52 millones para 1991) y la dirigida al lavo enforcement (US$50 millones en esos tres años) superó significativamente, con un total de US$268.3 millones, al aporte económico — US$54.7 millones en ese trienio4. Por el otro, el respaldo comercial norteamericano al país como resultado del compromiso colombiano en la lucha antinarcóticos ha tenido resultados ambiguos. El Congreso estadounidense, a instancias del Ejecutivo, aprobó en diciembre de 1991 el Andean Trade Preference Act que favorece, potencialmente y a mediano plazo, nuevas exportaciones anuales de Colombia a Estados Unidos por US$250 millones aproximadamente. Sin embargo, el monto de esta ganancia tentativa es casi idéntico al que en realidad pierde el país anualmente desde el colapso del Pacto Cafetero Internacional en julio de 1989. En pocas palabras, más que la creación de un mayor intercambio bilateral, lo que resulta es una compensación por las pérdidas ocasionadas por la caída del precio del café. Además Washington no tenía mucho que mostrar, en términos de sus logros internos, como para presionar más a Bogota. El numero de

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consumidores habituales de cocaína descendió de 2.9 millones en 1989 a 1.6 millones en 1990, pero se elevó a 1.9 millones para 1991. El total de adictos a la heroína creció en un 75% hacia 1991, pasando de casi 490.000 a aproximadamente 800.000. Los porcentajes del presupuesto norteamericano antidrogas destinado al combate contra la oferta, la lucha contra la demanda y la realización de investigaciones, no se alteraron a pesar de la retórica de un mayor control del consumo: 70.3%, 25.9% y 3.8% respectivamente en 1988; 69.9%, 26.6% y 4.1% en 1990; y 68.6%, 27.2% y 4.2% para 19925.

cómo proceder; atacó frontalmente el eslabón menos decisivo de la parafernalia de las drogas pero con más incidencia social (sobre el campesinado y la población indígena) y de menor impacto sobre el empresario de las drogas: el cultivo de amapola. El Ejecutivo formuló su política antidrogas contra alguien; diseñó un táctica dirigida a "reprimir" —supuestamente— una parte o fase del negocio ilícito, todo ello en lugar de elaborar una estrategia dirigida a reducir daños y a evitar mayores dificultades adicionales. En sentido anglosajón, el gobierno prefirió el criterio de vigorous

Así pues, mi impresión es que el gobierno del presidente César Gaviria se alarmó ante las dimensiones actuales y potenciales del negocio de la heroína en Colombia y optó por perder tiempo y formular una política represiva como única vía de acción. Enceguecimiento conceptual y parálisis creativa se combinaron para propiciar un nuevo ensayo de la vieja política del garrote. Atrás quedaron la comunicación societal, el intercambio de criterios, el balance de alternativas. No al azar afirma el ex ministro de Justicia, Fernando Carrillo: "Hay una especie de manto de complicidad que se está tejiendo con argumentos ambientalistas, haciéndole el juego a los intereses del narcotráfico"6.

En otras palabras, los traficantes son depredadores del ambiente al talar bosques y montes y al degradar las aguas por medio de químicos. Sin embargo, el gobierno no puede estimular aún más esta práctica con la imposición de una política que sólo conduce a un traslado físico y a un movimiento geográfico del cultivo. Su responsabilidad es contener y disminuir el costo ecológico y ciudadano de las drogas, buscando no reproducir la perversa lógica de incrementar —mediante sus acciones— la expansión territorial y mercantil de este fenómeno.

Y si de mano dura se trataba, la administración parecía saber

enforcement por sobre el de harm minimization7.

Para ello, los ejemplos nacionales e internacionales deberían ser tomados en cuenta en forma realista y no dogmática. Analicemos algunos. Entre 1984 y 1985 se destruyeron

U.S. Agency for International Development, Fiscal Year 1993: Summary Tables, Washington D.C., 1992. U.S. Government, The White House, Office of National Drug Control Policy, National Drug Control Strategy: A Nation Responds to Drug Use, Washington D.C, U.S. Government Printing Office, enero 1992. El Tiempo, 21 de febrero de 1992, p. 3A. Sobre harm minimization véase Geoffrey Pearson, "Drug Policy and Problems in Britain: Continuity and Change", en Norval Morris y Michael Tonry (eds.), Crime and Justice: A Review of Research, Chicago, University of Chicago Press, 1991. 4

en Colombia 5.546 hectáreas de marihuana con 11.418 galones de glifosato8. La gran victoria contra la marihuana fue pírrica: el cultivo se trasladó de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perijá al departamento del Cauca; al mismo tiempo, el rendimiento por hectárea se incrementó de 1.1 toneladas métricas por hectárea a 3.5 con dicho movimiento; y el componente alcaloide de THC de la marihuana nacional se elevó. La represión sirvió como incentivo al negocio y no como disuasivo. Más adelante, entre 1986 y 1987, se destruyeron 22.368 hectáreas de marihuana con cerca de 50.000 galones de glifosato 9 . No obstante, para 1988 Colombia se convirtió (nuevamente) en el principal exportador de marihuana a los Estados Unidos con una producción aproximada de 8.000 toneladas métricas10. Si más tarde descendió la oferta de marihuana colombiana al mercado estadounidense, ello se debió principalmente a que en los Estados Unidos se expandió el cultivo, con eficiencia y calidad, de la variedad sin semilla, cinco veces más potente que la colombiana en su componente de THC y por lo tanto más atractiva para los consumidores norteamericanos, y no tanto

8 9 10 11 12 13

14 15 16

a la fumigación de cultivos en el país, la cual, a efectos prácticos, concluyó entre 1989 y 1990. En relación con la amapola ha sucedido algo semejante. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) anunció en 1991 que existían 2.500 hectáreas cultivadas11. La Policía Antinarcóticos, en su balance de actividades del año pasado, informó sobre la destrucción, en forma manual y sin herbicidas, de 1.406 hectáreas12. La autorización para fumigar con glifosato, emanada del CNE en enero de 1992, cubría 2.900 hectáreas. En marzo de 1992, el director de la Policía Antinarcóticos, brigadier general Rosso José Serrano Cadena señaló que la producción amapolera nacional alcanzaba las 10.000 hectáreas13. Para abril ya se hablaba de 20.00014. Por lo tanto, si la erradicación manual no evitó la proliferación del negocio, ¿por qué la fumigación con glifosato habría de lograrlo? De manera concomitante, a nivel internacional, se cita el éxito del glifosato para eliminar el cultivo de amapola en Guatemala como ejemplo digno de considerar y emular. Ello es, por decir lo menos, dudoso. En 1990, Guatemala tenía

una producción neta de amapola (luego de fumigar con herbicidas) de 845 hectáreas, mientras que en 1991 dicha producción (después de aplicar más glifosato) pasó a 1.145 hectáreas. El total de heroína producida en Guatemala creció del siguiente modo: en 1988, 8 toneladas métricas; en 1989, 12 toneladas métricas; en 1990, 13 toneladas métricas; y el 1991, 17 toneladas métricas15. Como lo señalara Peter Reuter, el efecto de la mayor severidad (toughness) exclusivamente coactiva con tra el negocio de las drogas no parece ser su disminución, sino el crecimiento de la vio lencia ligada al fenómeno, el aumento de los incentivos para la corrupción, la elevación de los ingresos de los traficantes y el incremento de los riesgos para la salud de los consumidores16. De ninguna manera se debe desconocer la gravedad del problema de la heroína en Colombia. Por ejemplo, como ya se dijo, el año pasado se incrementó en un 75% el número de consumidores de heroína en los Estados Unidos; el precio mayorista del kilo de heroína en ese país oscila entre US$80.000 dólares y US$240.000 dólares (entre cuatro y diez veces más que el kilo de cocaína). Además, existe una alta propensión entre

La lucha contra el narcotráfico en Colombia, Bogotá, Presidencia de la República, octubre de 1988. Informe del presidente de la República, Virgilio Barco, al Congreso Nacional, Bogotá, Presidencia de la República, 20 de julio de 1989. U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, marzo de 1989. El Tiempo, 19 de noviembre de 1991, p. 11B. Policía antinarcóticos. Balance actividades 1991, Bogotá, Policía Nacional de Colombia, diciembre de 1991. Esta afirmación fue hecha en el marco de un Seminario sobre el glifosato organizado por la Universidad de los Andes. Anteriormente, en diciembre de 1991, el general Serrano Cadena señaló ante una pregunta sobre si se estaba a tiempo de frenar el problema de la amapola: "Digo que estamos a tiempo porque, en realidad, no hay más de 2.500 hectáreas sembradas de amapola; otras cifras serían exageradas". El Tiempo, 22 de diciembre de 1991, p. 14A. Edgar Torres, "Amapola: se disparan las cifras", El Tiempo, 19 de abril de 1992, p. 13A. U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, marzo de 1992. 5 Peter Reuter, "On the Consequences of Toughness", en Rand Note, N-3447-DPRC, 1991.

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los que se inyectan heroína a adquirir el SIDA (sólo en Nueva York, el 65% de los heroinómanos altamente adictos son HIV positivo). Por último, las mafias que hacen parte de la red internacional de este producto conforman agrupaciones cerradas y extremadamente violentas (que mantienen contactos comprobados con los traficantes colombianos).

Al decir de un especialista, la heroína tiene la facultad de "anular todo aspecto doloroso de la vida psíquica... valga decir que crea una percepción del mundo donde está ausente toda preocupación... [por eso] es una novia perfecta que satisface nuestros anhelos más profundos y precisamente por esto nos lleva a una progresiva pasividad"17. No se trata, en

consecuencia, de tornarnos pasivos espectadores de la evolución del emporio de la amapola como si estuviéramos bajo el influjo del opiáceo. El problema es tan grave, que, desconocerlo o tratarlo erróneamente puede conducir al establecimiento de una narcocracia en el país. Sin embargo, la solución no se reduce a fumigar el país con herbicidas.

Luís Schnitman, Crack. Droga, adicción y cultura, Bogotá, Catálogo Científico, 1987. 6

divisas convertibles2. Lo anterior demostró que los sistemas de pago de la región no eran muy flexibles en medio de las condiciones externas cambiantes y que, por el contrario, inducían a que, en circunstancias de escasez de divisas convertibles, el comercio se limitara aun más.

Sección: Relaciones Económicas Internacionales

Los medios de pago en el proceso de integración latinoamericana: su evolución y perspectivas

Gustavo García*

1 2

Introducción

Al poco tiempo de su iniciación, el proceso integracionista de los países latinoamericanos contó con sistemas de pago que le permitieron financiar parcialmente su comercio. Sin embargo, la disminución en los precios de los productos básicos, el enorme servicio de la deuda externa contraída en años anteriores a 1982 y otros factores adicionales, originaron un déficit cambiario importante que indujo a los países latinoamericanos a restringir las importaciones para tratar de restablecer el equilibrio en la balanza de pagos. Como buena parte de las importaciones menos esenciales proviene de otros países latinoamericanos, el comercio entre los mismos disminuyó apreciablemente1 (véase Cuadro 1). La decisión de disminuir las importaciones originarias de Latinoamérica se tomó, asimismo, porque los sistemas de pago de la región no ofrecían, como se indicará posteriormente, un crédito a mediano ni largo plazo que permitiera un ahorro de

Por ello, y al comprobarse empíricamente que la disminución del comercio intrarregional tampoco ayudó a solucionar el problema de balanza de pagos global, se vio la necesidad de estudiar la creación de nuevos sistemas de pago o de readecuar los actuales. El propósito del presente ensayo es describir el actual sistema de pagos de la Aladi, analizando sus ventajas y desventajas, así como identificar los sistemas alternativos propuestos por algunas entidades y economistas, que posibiliten no solamente mantener el flujo actual del comercio intrarregional, sino también acrecentarlo, evaluando las ventajas y desventajas que originaría la implantación de dichos sistemas.

1. Descripción y análisis del actual sistema de pagos de la Aladi Los dos sistemas de pago utilizados por Latinoamérica en las tres últimas décadas han sido el de la Aladi y el del Mercado Común Centroamericano. En este trabajo se describirá el primero debido a que a él pertenece la mayoría de los

Asistente del director de cambios internacionales, Banco de la República.

Esto es lo que en la teoría ortodoxa de comercio internacional se denomina síndrome del vecino. Se denominan divisas o monedas convertibles aquellas que son aceptadas en el mercado mundial para adquirir bienes y servicios sin restricción alguna.

países de América Latina y, en consecuencia, es en su seno en donde se efectúa la mayor parte del comercio regional. Por lo tanto, a continuación se describirán los dos esquemas básicos que componen el sistema de pago de la Aladi. El primero es el sistema de compensación multilateral de pagos y crédito recíproco. Éste tiene como objetivo el ahorro de divisas convertibles mediante la cancelación de los pagos correspondientes al intercambio regional, prescindiendo, en cada transacción, del empleo de moneda convertible. El segundo es el Acuerdo de Santo Domingo, cuya función consiste en proveer crédito a los países deficitarios en su comercio regional. Posteriormente se describirán el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Peso Andino, mecanismos creados por los países pertenecientes al Pacto Andino con el objeto de fortalecer el proceso de integración sub. regional. Se consideró conveniente incluir tales mecanismos, toda vez que éstos han sido creados por países que, al tiempo que pertenecen a la Aladi, han optado por seguir el camino de la integración sub. regional y que, como veremos, han sido tomados como modelo por otros países de la Aladi para avanzar en esa misma dirección. Por último, se indicarán las ventajas y desventajas que ha significado la creación de estos mecanismos para el desarrollo del proceso integracionista y, en 3 4 5

consecuencia, para el desarrollo de los países de la Aladi. 2.

Características del Convenio de Pagos y Crédito Recíproco de la Aladi

Entre las principales características del Convenio podrían mencionarse las siguientes: - A este Convenio pertenecen todos los países de la Aladi3 y la República Dominicana. Fue firmado inicialmente en septiembre de 1965 en México y modificado en 1982. - Cubre todos los pagos correspondientes a operaciones directas de naturaleza comercial o financiera que se efectúen entre los residentes de los países miembros. - La canalización de las opera ciones por el Convenio no es obligatoria; sin embargo, los bancos centrales que hacen parte del sistema se compro meten a realizar la mayor cantidad posible de opera ciones a través del mismo. - La unidad de cuenta es el dólar norteamericano. - El proceso de canalización, en lo relacionado con una operación comercial, es el siguiente: un exportador . del país A vende un producto al importador del país B. El exportador cobra a través de una "institución financiera autorizada por su banco central para operar a través del Convenio"4 y esta entidad, a su vez, cobra a través del banco central. El banco central del

país del exportador carga la cuenta del Convenio con el banco central del país del importador, informando de esta operación a dicho banco; esta entidad, entonces, abona la cuenta del Convenio del banco central del país A y cobra por intermedio de la "institución autorizada para operar a través del Convenio", que, a su vez, cobra el valor de la operación al respectivo importador. En definitiva, en la operación participan el exportador, el importador, las dos instituciones financieras a través de las cuales se tramita el instrumento de pago (las llamadas "instituciones autorizadas para operar a través del Convenio") y los dos bancos centrales. Los débitos y créditos que se originan por las operaciones con cada uno de los países firmantes del Convenio se acumulan durante un período cuatrimestral y, al final del mismo, se informa su movimiento al Banco Central de la Reserva del Perú, entidad agente del sistema de compensación, y que se encarga de efectuar la compensación multilateral de todos los bancos centrales de la Aladi y de informar a éstos sus saldos. Los períodos de compensación son de enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre . Por los débitos a la cuenta del Convenio, los bancos centrales reciben un rendimiento y por los créditos

A la Aladi pertenecen Brasil, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y México. En Colombia son los bancos comerciales y las corporaciones financieras los que tramitan operaciones de comercio exterior. El período de compensación ha evolucionado: inicialmente fue de dos meses y posteriormente se amplió a tres meses. 8

asumen un costo, liquidados ambos a una tasa de interés equivalente al 90% del promedio aritmético de la Prime Rate presentado durante los 105 primeros días del período de compensación que se esté liquidando, y que sea cobrada por el banco en Nueva York que presente mayores activos el primer día de ese mismo período de compensación. Los intereses a favor y en contra afectan el saldo de cada banco central, originado por la compensación multilateral. Los intereses se cobran por el período comprendido entre la fecha del registro de la operación en el Convenio hasta el octavo día después de realizarse la compensación. En caso de presentarse un saldo en su contra en la compensación, tanto de capital como de intereses, un banco central debe pagar al banco agente a través del Federal Reserve Bank en Nueva York, al octavo día después de la compensación; es decir, el 8 de mayo, el 8 de septiembre y el 8 de enero de cada año. Los bancos centrales, en forma bilateral, se conceden un cupo máximo de crédito recíproco. Si durante el transcurso del período de compensación los débitos de un convenio superan a los créditos del mismo en un valor superior al cupo acordado, el banco deudor debe pagar al banco acreedor inmediatamente el valor que exceda el cupo de crédito, así no haya finalizado el período cuatrimestral. Los instrumentos de pago utilizables a través del Convenio pueden ser cartas

de crédito, créditos documéntanos, órdenes de pago, giros nominativos, letras avaladas por las instituciones autorizadas y pagarés emitidos o avalados por las mismas. El Convenio prevé una garantía de reembolso que consiste en la garantía dada por los bancos centrales a los exportadores, de rembolsar el instrumento de pago originado por la exportación, siempre y cuando éste se ajuste a las condiciones establecidas por la institución autorizada ordenante. Dicha garantía también le asegura a este banco central que el cargo efectuado a la cuenta del convenio originado por el reembolso mencionado le será correspondido por el banco central del país del importador. En caso de que un banco central considere que no puede cumplir con el pago que le corresponde a causa de un posible saldo negativo en la compensación, puede solicitar al banco agente, con una anterioridad no inferior a cinco días hábiles a la fecha en que aquélla se realiza, ser excluido de la compensación y puede entrar a negociar bilateralmente la obtención de crédito para el pago respectivo con aquellos bancos centrales con los cuales su posición sea negativa. Si un banco central no hace uso de esta posibilidad, el pago de su saldo negativo puede efectuarse a prorrata a cada banco central acreedor en cuatro cuotas iguales, el 25 de cada mes siguiente al del

período

compensación.

3. El Acuerdo de Santo Domingo Fue suscrito en 1969 con el fin de otorgar créditos a un plazo de cuatro meses para su cancelación, prorrogables a un año, a aquellos países que al final del período de compensación multilateral resulten con saldo negativo y cuya balanza de pagos global sea deficitaria. Los recursos son aportados por los países que presenten superávit. En 1981 se crearon dos líneas de crédito adicionales: una destinada a apoyar a países con déficit de balanza de pagos, con un plazo para su cancelación de dos años, renovable por uno más; la segunda línea se creó con el fin de ayudar a países con situación de iliquidez de divisas como consecuencia de catástrofes naturales; esta línea tiene un plazo para su cancelación de dos años, renovable bilateralmente a cinco. Los aportes para estas tres líneas llegaron a sumar, a principios de los años ochenta, US$700 millones. Hasta 1984, año en que se decidió verbalmente suspender el mecanismo, la primera línea de crédito había sido utilizada 24 veces, la segunda tres veces y la tercera una vez. 4. El Grupo Andino: El Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR y el peso andino En 1976, el Grupo Andino creó una entidad parecida al Fondo Monetario Internacional, con la finalidad principal de ayudar a los países miembros con problemas en la balanza de pagos. Dicha entidad es el Fondo Andino de Reservas, transformado en marzo de

1991 en el Fondo Latinoamericano de Reservas, órgano que cuenta en la actualidad con un capital suscrito de US$800 millones y un capital pagado de US$597 millones. El Fondo presta su apoyo a través de la concesión de créditos directos a mediano plazo, créditos a corto plazo para solucionar problemas de liquidez mediante el mecanismo de depósito a término, o garantizando créditos de terceros para cubrir déficit regionales o globales en la balanza de pagos. Igualmente, apoya las exportaciones de la subregión mediante el descuento de aceptaciones bancarias originadas por dichas exportaciones. Los recursos se captan mediante aportes de los países miembros (el aporte colombiano en la actualidad es de US$200 millones de capital suscrito y US$161.25 millones de capital pagado), mediante el mecanismo de depósitos a término y por la apropiación de parte de las utilidades obtenidas en sus ejercicios. El FLAR concede préstamos con una tasa de interés un poco más ventajosa que la conseguida por los prestatarios en el mercado financiero internacional. En 1984 se decide crear el peso andino, que es una moneda escritural, pasivo del FLAR, y definida como un medio de pago internacional de carácter restringido con un valor unitario equivalente al de un dólar norteamericano. La asignación de pesos andinos (80 millones en total) se efectúa de acuerdo con el aporte de cada país al FLAR: corresponden a Perú, Venezuela y Colombia 20 millones respectivamente y a Ecuador y Bolivia 10 millones para cada uno.

Pueden ser tenedores de esta moneda los bancos centrales de los países miembros del FLAR, la Corporación Andina de Fomento, la Junta del Acuerdo de Cartagena, el Parlamento Andino, el mismo FLAR y los bancos centrales de Chile y Argentina. El mecanismo de utilización del peso andino es el siguiente: cuando una entidad tenedora requiera efectuar un pago a otra entidad autorizada, se informa al FLAR y éste carga la cuenta de pesos andinos de la primera entidad y abona la de la segunda. A partir de esa fecha la primera entidad tiene un plazo de seis meses para recomprar los pesos andinos, con divisas convertibles, lo cual se hace igualmente a través del FLAR; la entidad que utilice pesos andinos debe pagar intereses a una tasa equivalente a la Libor a seis meses más el 0.25%, mientras que la entidad que los recibe gana intereses equivalentes a la misma Libor más el 0.125%. Un banco central puede recibir pesos andinos hasta que su saldo neto en el FLAR alcance el 200% de su asignación inicial. Este mecanismo representa la posibilidad real de ensanchar las relaciones económicas entre los países de la subregión, mediante un financiamiento a seis meses. 5. Resultados del sistema de pago de la Aladi: ventajas y limitaciones Antes de analizar los resultados del actual sistema de pagos, es importante mencionar que éste es una combinación del modelo de la Unión Europea de Pagos creada después de la Segunda Guerra Mundial y del modelo de la Cámara

de Compensación Internacional propuesta por Keynes. La diferencia radica en que, al producirse la compensación, el crédito a los países deficitarios no es automático, sino que es estudiado (o por lo menos lo era hasta 1984) por un Comité de la Aladi controlado por el Acuerdo de Santo Domingo, el cual tiene en cuenta no sólo el déficit regional, sino también su situación global de balanza de pagos. Esta modificación fue exigida por el Fondo Monetario Internacional toda vez que consideraba que el automatismo en el otorgamiento del crédito promovía políticas de expansión insostenibles en países deficitarios. Los resultados cuantitativos del sistema de pagos de la Aladi se pueden observar en los Cuadros 1 y 2. El efecto benéfico en al ahorro de divisas que se presenta por la utilización del Convenio depende de tres variables. La primera es la relación entre el monto del comercio intrarregional con respecto al monto del comercio global que realizaron los países de la Aladi. La segunda es la relación del monto del comercio canalizado a través del Convenio con respecto al total del comercio intrarregional. La tercera es la relación entre el comercio efectivamente compensado con respecto al monto del comercio canalizado a través del Convenio. La primera relación puede observarse en el Cuadro 2. Aunque la información únicamente cubre el período comprendido entre 1986 y 1989, es posible observar una pequeña participación del comercio intrarregional dentro del global, cercana al 10%. 10

Cuadro No. 1 EVOLUCIÓN DEL CONVENIO DE PAGOS DE LA ALADI (Millones US) Bancos Año

(1) 1966

Monto de operaciones

Importaciones

Operaciones

intra Aladi

(3)/(4)

compensadas

(6)/(3)

centrales tramitadas Participación a través del Convenio (2) (3) 7 106

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

7 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Totales

(4) 985

(5) 10.8

(6) 75

(7) 70.8

333 392 482 560 695 979 1.398 2.276 2.385 2.923 3.936 4.457 6.421 8.643 9.331 7.770 6.471 6.776 6.726 6.673 7.492 8.753 10.137

1.008 1.062 1.301 1.354 1.485 1.664 2.312 3.930 4.006 4.641 5.793 5.772 8.439 10.529 12.199 10.620 7.711 8.533 7.533 7674 8.750 10.040 11.044

33.0 36.9 37.0 41.4 46.8 58.8 60.5 57.9 59.5 63.0 67.9 77.2 76.1 82.1 76.5 73.2 83.9 79.4 89.3 87.0 85.6 87.2 91.8

239 262 401 450 559 790 1.117 1.889 1.723 2.271 3.049 3.322 4.791 6.622 6.777 5.525 4.662 4.724 5.227 5.607 6.223 7.295 7.624

71.8 66.8 83.2 80.4 80.4 80.7 79.9 83.0 72.2 77.7 775 74.5 74.6 76.6 72.6 71.1 72.0 69.7 77.7 84.0 83.1 83.3 75.2

106.115

138.385

76.7

81.224

76.5

Fuente: Aladi

Cuadro No. 2 EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y GLOBALES DE LOS PAÍSES DE LA ALADI (Millones US) Destino Origen Aladi 1986

(1) Aladi 7.674.00

(2) Todo el mundo 69.717.5

(1/2) % 11.01

1987 1988 1989

8.750.00 10.040.00 11.044.00

80.481.8 90.944.4 100.493.6

10.87 11.04 10.99

Fuente: INTAL. Unidad de Estadística e informática

En el Cuadro 1 se observa la evolución del Convenio de Pagos desde su creación hasta 1989 para la segunda y tercera de las variables mencionadas. El monto de operaciones cursadas a través del Convenio no sólo aumentó en términos de valor absoluto, sino también en términos de valor relativo con respecto al total del comercio intrarregional, al pasar de un 10.8% en 1966 a un 91.8% en 1989. El porcentaje del monto del comercio efectivamente compensado con respecto al monto del comercio canalizado a través del Convenio6, que se observa en la columna 7 del Cuadro 1, presenta variaciones irregulares a través de los años. Efectivamente, en aquellos años en los que el comercio canalizado a través del Convenio es reducido, el porcentaje del comercio compensado es alto, pero en los años en que aquel comercio aumenta, el porcentaje mencionado disminuye notoriamente. Esta situación se explica por el hecho de que los cupos de crédito recíproco no son ajustados de acuerdo con el aumento del comercio. El efecto benéfico que la región ha obtenido de la utilización del sistema puede resumirse en estos hechos: a.

En primer lugar, la posibilidad de mantener unas relaciones económicas intrarregionales que no dependan de la disponibilidad inmediata de divisas convertibles. Ello conlleva la posibilidad de obtener el grado de

El valor del comercio que no es compensado a través de los convenios es pagado con divisas convertibles transferidas. Éstas comprenden las divisas pagadas al final del período de compensación y las que se pagan durante el mismo cuando se excede el cupo de crédito recíproco.

crecimiento y desarrollo económico tan necesario en las actuales circunstancias sociales de América Latina. b. El ahorro de divisas que se obtiene en los costos de tramitación de los instrumentos de pago, pues si no se utilizara el sistema de pago, dichos costos serían cobra dos por los bancos extrarregionales, los cuales tramitarían los negocios, como sucede en la actual estructura bancaria mundial. Este ahorro puede ascender, en el período de 1966 a 1989, a US$2.120 millones, si se tiene en cuenta que el comercio tramitado a través del Convenio ascendió a US$106.000 millones y que el porcentaje promedio de costo por tramitación del instrumento de pago es aproximadadamente el 2% de la operación. c. El ahorro de divisas obtenido por los bancos centrales al no tener que recurrir a créditos costosos de corto plazo para financiar su comercio exterior, como ocurre en aquellos países con un nivel bajo de reservas internacionales. El ahorro estaría dado por la diferencia entre la tasa de interés del crédito costoso y la que utiliza el sistema de pago. Adicionalmente, es importante señalar algunas de las ventajas que ha originado el sistema de pago vigente: - La multilateralización de la compensación implica la posibilidad de distribuir entre muchos países saldos que, en una compensación 7

bilateral, pueden quedar inconvertibles o impagados. - Una mayor ligazón entre el sistema financiero de la región a través del aumento de sus relaciones de corresponsalía para facilitar su participación en el financiamiento del comercio regional; tales corresponsalías se han convertido, además, en valiosos conductos de información sobre las oportunidades comerciales entre los países del área.

Perspectivas del nuevo sistema de pago Se ha comprobado empíricamente que la limitación del actual sistema de pago a la hora de efectuarse el comercio intrarregional está en que si un país resulta con déficit, debe cancelarlo con divisas convertibles que, tradicionalmente, son escasas en buena parte de los países de Latinoamérica, debido a la baja de los ingresos por exportaciones, al alto servicio de la deuda externa, etcétera. Además, el actual sistema no favorece el proceso de integración a través de un comercio equilibrado, porque no induce a los países con superávit a buscar un ajuste incrementando sus importaciones o su inversión en los países deficitarios. Efectivamente, la solución de este problema consiste en que los países deficitarios aumenten sus exportaciones y que, consecuentemente, los países con superávit aumenten sus importaciones. Sin embargo, toda vez que un superávit

regional permanente le representa a esos países la obtención, a corto plazo, de divisas convertibles que requieren con ugencia para equilibrar la balanza de pagos global, seguramente no estarán interesados en propiciar el aumento de las importaciones procedentes de la región. Por lo tanto, parece que la solución al problema actual de pagos requiere un mecanismo que posibilite una financiación, por lo menos a mediano plazo, y que induzca a los países deficitarios y a los que presentan superávit a lograr un ajuste en su comercio intrarregional. Las diversas propuestas que algunos entendidos en esta materia han lanzado, se pueden clasificar en tres grandes grupos7: 1. Aquellos que propugnan la facilitación del proceso de ajuste global de la balanza de pagos. 2. Los que defienden la disminución de las necesidades e divisas asociadas al financiamiento, a mediano y largo plazo, de posibles desequilibrios intrarregionales, sin buscar un equilibrio de cada país con la región. 3. Quienes abogan por un mecanismo para equilibrar el comercio intrarregional. El primer grupo apoya el reforzamiento del sistema actual de pagos de la Aladi, de la compensación multilateral y del Acuerdo de Santo Domingo. Por su parte, el segundo y tercer grupos apoyan la creación de nuevas monedas o la ampliación de la cobertura de las ya

Javier Fernández R., "Balanza de pagos, liquidez y sistemas de pagos en América Latina", en Revista Integración Latinoamericana, Intal, Vol. 13, No. 139, octubre de 1988. 12

existentes, respaldadas por la subregión (Pacto Andino) o región (América Latina). La viabilidad de un proyecto de este género depende de varias condiciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: a. Los países deben reconocer que la operatividad de una moneda está basada más en su receptividad que en su respaldo, aunque éste es muy importante. Si un país recibe una moneda es porque, posteriormente, otros países se la recibirán. b. La tenencia de una moneda por parte de un país no puede ser ilimitada; por lo tanto se requiere que éste la use para comprar bienes y servicios dentro de la región o como medio de inversión de capital en ella. c. Es relevante tener en cuenta que crear una moneda puede contribuir a perfeccionar la estructura comercial y aduanera, y no al contrario. No es posible que una mejor estructura comercial facilite la creación de moneda. (Caso CEE-ECU). d. En lo relacionado con el comercio y los pagos, debe existir una preferencia hacia la región por parte de los países de la misma, a diferencia de lo que ocurrió entre 1983 y 1986, cuando se privilegió el comercio y el pago de las obligaciones extrarregionales. e. Es fundamental que el valor de la moneda se sustente en

una estable situación monetaria, cambiaría y fiscal. En cuanto a los sistemas de pago, describiremos y analizaremos a continuación las diferentes propuestas que se han hecho en la materia: 1. Sistemas de pago que facilitan el proceso de ajuste global de la balanza de pagos8.

Estos sistemas buscan la ampliación del período de compensación del sistema de pagos de la Aladi y el aumento del monto de la línea de crédito recíproco, llegando inclusive a convertirlo en ilimitado durante el período de compensación. Igualmente, prevén el reinicio del Acuerdo de Santo Domingo, y propugnan por la búsqueda de recursos en países con superávit y en países extrarregionales. Su gran desventaja es que sujetan el comercio intrarregional a la tenencia de divisas convertibles, requisito muy complicado en épocas de estrechez cambiaría, muy frecuentes en los países latinoamericanos. 2. Sistemas de pago que buscan disminuir las necesidades de divisas convertibles asociadas con el posible desequilibrio intrarregional.

Éstos incluyen la ampliación de la cobertura del peso andino9 y la creación del gaucho10. La ampliación de la cobertura del peso andino es un propósito que se debe lograr a través

del Fondo Latinoamericano de Reservas —FLAR—, y debe incluir: a) la ampliación en la asignación de pesos andinos a los bancos centrales de aquellos países que se integren al FLAR; b) la continuación de la política actual de permitir que los bancos centrales de aquellos países de la Aladi que no sean miembros del FLAR, puedan ser tenedores de esta moneda; y c) el aumento de la cantidad de pesos andinos asignada a cada país miembro del FLAR y la eliminación del plazo de seis meses para recomprar los pesos andinos, convirtiéndolo en indefinido. Por su parte, el gaucho es una moneda que proyectan crear los gobiernos de Argentina y Brasil, primordialmente para pagar el saldo de la compensación bilateral arrojado por el sistema de compensación de la Aladi. Al igual que el peso andino, el gaucho sería una moneda creada contablemente (moneda escritural), respaldada por el proyectado Fondo Argentino-Brasileño de Reservas, cuyo valor unitario estaría a la par con el dólar norteamericano o posiblemente con el DEG o el ECU. Sin embargo, el proyecto es más ambicioso que el del peso andino, en la medida en que se sugiere convertirlo en moneda de reserva para otros bancos centrales extrarregionales o en moneda de inversión para entidades financieras intra y extrarregionales, y en que su tenencia no' tendría plazo de vencimiento. De esta manera, se convertiría en un medio de financiamiento con recursos

Propuestos por la misma Aladi y por José Antonio Ocampo. Véase Aladi, "La experiencia reciente de los acuerdos de pagos y de financiamiento entre bancos centrales y su significación dentro de la actual coyuntura latinoamericana". Documento. 1985, y José A. Ocampo, "El comercio intrarregional y el problema de pagos", en Revista Coyuntura Económica, Fedesarrollo, 14(1), 1984. 9 Javier Fernández, op. cit. 10 Cesar da Rocha e Silva, Olavo, "El camino hacia una moneda regional", en Revista Integración Latinoamericana, Intal, Vol. 13, No. 139, octubre de 1988.

extrarregionales ilimitados. El modo de utilización sería el mismo que el del peso andino, es decir, se basaría en registros contables del Fondo de Reservas, que lo emite y lo respalda. Posteriormente se extendería la moneda a otros países latinoamericanos. La emisión inicial ascendería a 200 millones de gauchos. La ventaja de estos dos sistemas consiste en que se incrementa notoriamente el financiamiento del comercio intrarregional. Además, su valuación estaría conectada, para el peso andino, con el dólar norteamericano y, para el gaucho, con el dólar norteamericano, DEG o ECU, con independencia de las inestables economías que lo crean, convirtiéndose así en activos de reserva internacional muy estables en su cotización. Su desventaja principal consiste en que no se promueve un ajuste en la balanza de pagos intrarregionales en los países con desequilibrio, al no incluir un mecanismo que castigue los déficit y superávit crónicos. Es de anotar que los anteriores sistemas complementarían el de la compensación multilateral de la Aladi actualmente vigente.

3. Sistemas de pago que propugnan por un mecanismo que equilibre el comercio.

Este mecanismo comprende la creación de la Unidad Monetaria Latinoamericana 11 —UMLA — y la propuesta

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de convertibilidad de las monedas de los países del Grupo Andino dentro de la subregión12. La UMLA sería una moneda de registro manejada por la Aladi, y se utilizaría para el pago de las operaciones intrarregionales, estableciéndose su valor con respecto a la moneda de cada país. Cuando un país presente mayores exportaciones que importaciones en el mercado intrarregional, la UMLA se devaluaría con respecto a su moneda nacional y se revaluaría en caso contrario. El mecanismo contempla una compensación diaria, con base en la cual se originaría la revaluación o devaluación mencionadas. El mayor inconveniente de este sistema es que no tendría en cuenta las variaciones de las políticas económicas entre los diferentes países de la Aladi, como por ejemplo la política monetaria y cambiaría. Su valuación estaría determinada únicamente por el flujo de comercio de cada país, sin considerar los índices de inflación y de devaluación de las monedas nacionales con respecto al dólar norteamericano. Por consiguiente, la UMLA no tendría en cuenta el poder adquisitivo en los países en que se efectúen las exportaciones e importaciones, resultando muy difícil su implantación. Por último, existe la propuesta sobre la convertibilidad de las monedas de los países del Grupo Andino dentro de la subregión, pero únicamente

mente para los bancos centrales y entidades financieras. Se aceptaría cada moneda para operaciones tanto comerciales como financieras. Los bancos centrales se encargarían de determinar la tasa de cambio de las monedas. La diversidad de las políticas monetarias y cambiarías de los países se corregiría devaluando o revaluando las monedas entre sí, de acuerdo con el índice de inflación de cada uno de los países, o de acuerdo con el índice de devaluación de cada moneda con respecto al dólar norteamericano. Con el fin de corregir desequilibrios crónicos, tal ajuste se podría realizar parcialmente para obligar a los países con superávit a salir rápidamente de la tenencia de monedas de la subregión. El beneficio indudable de tal mecanismo es que se crearían medios de pago con una amplia posibilidad de utilización. Tales medios incluirían la inversión de saldos de países con superávit en países deficitarios y en empresas trasnacionales andinas. Su principal desventaja consiste en que, ante la existencia de mercados negros de divisas con diversos grados de variación de la tasa de cambio y ante la posibilidad de triangulación con el dólar norteamericano, se tornarían atractivas las actividades especulativas, aumentando así el riesgo de desequilibrio cambiario. Por último, hay que señalar que los dos sistemas anteriores conllevarían la eliminación del actual sistema de compensación de la Aladi.

Aldo A. Dadone, "Sistemas. de pagos y unidades de cuentas en América Latina—, en Revista Integración Latinoamericana, Intal, Vol. 13, No. 139, octubre de 1988. José A. Ocampo, "Esquema de un sistema de pagos para el Grupo Andino", en Revista Coyuntura Económica, Fedesarrollo, 13(2), junio de 1983. 14

6. Conclusiones Es indudable que el comercio intrarregional latinoamericano se ha visto limitado por la escasez de medios de pago internacionales. El actual sistema de pagos tiene aspectos positivos como la multilateralización de la compensación y el crédito recíproco. Sin embargo, por tratarse de un crédito a muy corto plazo y por el hecho de que los países de la región tienen que recurrir en todo

caso, al término de dicho lapso, a sus escasas divisas convertibles, el sistema presenta limitaciones. Todos los sistemas de pago alternativos que se han propuesto, también presentan limitaciones. No obstante, la combinación de algunos de ellos puede solucionar parcialmente los problemas actuales. Por ejemplo, se podría desarrollar un mecanismo que aproveche el sistema de compensación de la Aladi y

que cree una moneda como el propuesto gaucho, pero utilizable por todos los países de la Aladi, con la condición de que se castigue, bien sea su reiterada utilización por parte de un país deficitario, o bien sea su retención por parte de un país con superávit. Para ello se podrían aplicar tasas de interés diferenciales (cada vez mayores para los deficitarios y cada vez menores para los países que presenten superávit).

Sección: Política Mundial

La protección del medio ambiente y el derecho al desarrollo Rubén Sánchez David*

La percepción de los problemas ecológicos ha cambiado de forma sensible en los últimos años, no sólo entre los expertos de las organizaciones internacionales y los activistas de los diferentes movimientos ecologistas, sino entre los políticos, los gobernantes y los pueblos. El dilema soberanía o protección del medio ambiente ha sido reemplazado por la consideración de su mutua complementariedad y se consolida la idea de una acción mancomunada a nivel internacional para evitar catástrofes ecológicas mundiales, dado que la polución ambiental no conoce fronteras. Como lo recuerda Francisco Fernández Buey, cuando en 1972 se reunió en Estocolmo, con carácter informativo y consultivo, la primera conferencia mundial sobre los problemas del medio ambiente, la opinión más generalizada tendía a establecer una correlación directa entre los excesos del desarrollo industrial de los países ricos y los distintos tipos de contaminación.

Eran los tiempos de los primeros gritos de alarma, el momento en que el primer informe del Club de Roma llamaba la atención acerca de los límites del crecimiento como consecuencia del agotamiento de algunos recursos no renovables indispensables para la continuidad del estilo de vida de los países altamente industrializados. El descubrir que la naturaleza ponía límites al crecimiento económico y la idea de que, por lo tanto, la civilización expansiva del industrialismo tenía los años contados, fue una desagradable sorpresa para muchos, especialmente para aquellos que comenzaban a transitar por el camino del desarrollo. Por eso, los primeros manifiestos ecologistas fueron recibidos con escepticismo o con indignación por los pobres del mundo. A muchos trabajadores de los países industrializados, los llamados de austeridad de esos manifiestos les parecían una maniobra del adversario de clase para recortar las mejoras arrancadas por los sindicatos en la década de los años sesenta; y a los desheredados del Tercer Mundo, el ecologismo de la autocontención de que hablaban los antiguos colonizadores les parecía un sarcasmo. "El principal problema ecológico de los países pobres, declaró entonces Indira Gandhi, es el hambre"1. La explosión demográfica del Tercer Mundo, la deforestación, la desertización y la erosión de vastos territorios, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la destrucción de

Director de posgrado en Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Francisco Fernández Buey, "La ecología política de la pobreza", en El País, Madrid, 9-6-1990. 16

especies animales y vegetales, la tragedia de Chernobyl y la explosión de la planta de Bhopal en la India dejaron patente que era la humanidad entera la que se estaba jugando su supervivencia. Asimismo, quedó demostrado que el slogan de las primeras reuniones internacionales de Estocolmo, un solo mundo, era no solamente una realidad palpable, sino que los problemas ecológicos y las catástrofes que se asocian a ellos afectan sobre todo a los países pobres. No obstante, si bien es claro que la humanidad vive en un solo mundo, también lo es el que este mundo está cada vez más dividido en dos. Y mientras en los países ricos crece una floreciente industria de productos anticontaminantes, al calor de las protestas ecologistas, en los países pobres que reclaman el derecho al desarrollo en un contexto de desigualdad interregional o interestatal, se conservan modelos técnicos y económicos perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, es evidente que para reducir la amenaza de la contaminación ambiental, es necesario buscar alternativas técnicas innovadoras. Pero también lo es el que en la raíz ética que lleva a propugnar un derecho al desarrollo, se encuentran los valores de solidaridad y de igualdad que suponen la aplicación a los distintos grupos humanos de los mismos derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, que el derecho al desarrollo se descompone, a su vez, en todos aquellos derechos básicos que aseguran a cada individuo una vida digna; a saber, vivienda, salud y educación. Para que los 2

ciudadanos de los países subdesarrollados puedan disfrutar de ellos, necesitan salir de esta situación y, como la comunidad internacional sólo ofrece fórmulas, pactos, tratados y la acción de las agencias especializadas, es únicamente en el ámbito interno de los Estados donde se pueden encontrar las fórmulas jurídicas, necesariamente vinculadas al principio de solidaridad, que permitan una acción positiva de los poderes públicos para disminuir los desequilibrios entre las regiones ricas y las pobres.

Medio ambiente y modelos de desarrollo Después de la Conferencia de Estocolmo, los expertos en diferentes materias interesados en el problema ecológico se siguieron reuniendo en distintos lugares para analizar la evolución de la humanidad y el futuro del planeta. En junio de 1992 lo hicieron en Rió de Janeiro, donde representantes de 170 naciones intentaron definir el rumbo ambiental de la Tierra para el final del siglo y el que comienza, así como elaborar una Carta Magna que preserve el sistema ecológico y asegure un desarrollo sostenido sin irrespetar los intereses de los distintos pueblos. En las reuniones celebradas se han presentado enfoques novedosos y se han formulado propuestas, llegando así a algunos acuerdos. Uno de ellos es el considerar que las actividades de desarrollo que el hombre ha puesto en práctica en las últimas décadas amenazan el futuro de las riquezas naturales del planeta. En otras palabras,

que el concepto occidental de desarrollo es incompatible con la conservación de la naturaleza, lo que significa, en pocas palabras, que las naciones industrializadas son las principales responsables del deterioro ambiental y que la imitación de un concepto de desarrollo, basado en una altísima industrialización, por parte de los países subdesarrollados no puede más que agravar el problema. Se ha llegado también a la conclusión de que la preocupación de los habitantes de un país por salvar y proteger la desgastada naturaleza que va quedando empieza cuando los problemas relativos a la salud, la educación, el desempleo y otros asuntos de carácter prioritario para el individuo están prácticamente solucionados. Como lo afirmara Fernando Martínez Salcedo, director general del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España: Las reivindicaciones ambientales han estado y están vinculadas a otros factores... Cuando una sociedad tiene cubiertas las necesidades primarias propias de un país desarrollado, entonces se apunta al carro del medio ambiente. Es el vértigo que produce asomarse al borde de un precipicio . En consecuencia, el problema ecológico adquiere connotaciones distintas en los países industrializados y en los países subdesarrollados. En estos últimos, el deterioro de sus recursos naturales está vinculado a la pobreza y a la manera como destruyen su entorno en no de la

ABC, Madrid, 31-1-1990.

supervivencia; a la devastación, producto de catástrofes naturales o inducidas por factores humanos tales como el narcotráfico, responsable de la tala de extensos territorios selváticos. Esta realidad obliga a diseñar políticas diferentes en cada caso. Si bien el daño ecológico de la Amazonia es el tema más difundido en los medios mundiales, es necesario no perder de vista la jerarquía de los problemas en el seno del tema ecológico que, sin duda, está llamado a convertirse a corto plazo en un elemento de competitividad discriminatorio. La deforestación masiva de los bosques, vinculada al cambio climático del planeta y al adelgazamiento de la capa de ozono, no debe hacer olvidar que, como lo ha subrayado la convocatoria a la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Rió de Janeiro "la mayor causa del continuo deterioro del medio ambiente global son los modelos insostenibles de producción y consumo, particularmente de los países industrializados". Se ha insistido en que la inmensa mayoría de vehículos que polucionan la atmósfera con gas carbónico es conducida por ciudadanos norteamericanos y europeos que consumen, también, la mayor parte de los bienes que se producen quemando combustibles derivados del petróleo o del carbón, los cuales generan más gas carbónico y producen lluvia acida. Tampoco puede olvidarse el grave peligro que representa para la humanidad el vertido a las aguas y el bombeo al mar, de ácidos residuales, prohibido por la

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Comunidad Europea desde el 31 de diciembre de 1989. Los ácidos residuales contienen ácido sulfúrico, sales de cromo, hierro y otros metales pesados. A título de ejemplo, baste recordar que en 1989 la República Federal de Alemania arrojó al mar 900.000 toneladas de esta venenosa mezcolanza. Dos empresas fueron responsables: Kronos Titán, una filial del consorcio norteamericano NL Chemicals, y la Duisburger Sachtleben Chemie, una filial de la Metallgese-llschaft de Frankfurt. La reconversión de los parámetros económicos e industriales y la estrategia contra la producción de residuos son acciones costosas que alteran la competitividad de algunas empresas. En Europa, la concesión de autorizaciones especiales a ciertos países por parte de las autoridades comunitarias es siempre objeto de agrias polémicas entre los miembros de la CE. Pero son también fuente de pingues ganancias para las firmas que desarrollan nuevas tecnologías y técnicas de reciclaje para posicionarse ventajosamente en el contexto de un crecimiento sostenido que comienza a diseñarse. El concepto de crecimiento sostenido, muy discutido y calificado de impreciso, implica, sin embargo, la intención de usar recursos naturales sin mermarlos o destruirlos. Hoy, la Duisburger Sachtleben Chemie ha aumentado su producción de pigmentos gracias a que su nueva fábrica recicla más ácido residual del que estaba

taba autorizada a arrojar en el Mar del Norte4. Algunos han afirmado que, si hasta hace poco la economía determinaba el medio ambiente, en los últimos tiempos es el medio ambiente el que determina el proceder económico de los pueblos. Esta afirmación no se puede generalizar: tan sólo es válida para aquellos que, "víctimas del vértigo que produce asomarse al borde de un precipicio", están dispuestos a pagar por el medio ambiente en detrimento de otros capítulos y tienen recursos para ello. No se puede negar que los costos económicos de protección a la naturaleza son elevados. Países como México, Brasil, Argentina y Colombia tienen abundantes residuos sin clasificar, insuficientemente controlados y en cantidades inconcebibles, pero carecen del personal y el knoiohow para solucionar este problema, así como de dinero e interés político y público por lo ecológico. Ciudad de México es la urbe más densamente poblada e industrializada del mundo. Las cantidades de residuos que genera son proporcionales a su dimensión. Empero, no se ha desarrollado entre los mejicanos un concepto eficiente y seguro de descontaminación que responda a los retos del entorno. En los basureros mejicanos, como en los colombianos, se mezclan los desechos hogareños con los residuos industriales y de hospitales. Tampoco se ha solucionado el problema de las filtraciones en el subsuelo. En el estado brasileño de Sao Paulo, donde se concentran 57.000 empresas industriales y artesanales —tantas como en la antigua

Stuttgarter Zeitung, 2-1-1990. Ibid 18

República Federal de Alemania— las autoridades responsables del medio ambiente disponen tan sólo de 200 personas para el control de este complejo productivo5. En Colombia, el río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, ha dejado de ser fuente de vida, envenenada por afluentes como el río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo. La situación, pues, es diferente de región a región. Como lo afirmara el ex. Presidente Misael Pastrana, "los países ricos tienen mucho para sacrificar en el ámbito de lo superfluo, pero para los pobres cualquier sacrificio es sobre lo esencial"6.

La economía política de la pobreza Como resultado de la toma de conciencia sobre las prácticas depredadoras del modelo de industrialización dominante en el mundo, el mapa de la crisis y de los peligros ecológicos se ha modificado. Mientras en los países industrializados germina una industria de productos anticontaminantes, los principales riesgos han ido desplazándose hacia los países más pobres y las regiones más desfavorecidas. Simultáneamente, los países desarrollados del norte se han hecho ecologistas de puertas adentro mientras compiten cínicamente entre sí a la hora de transferir a los otros lo que eufemísticamente suele llamarse los costos del progreso: los residuos radioactivos, las basuras que nadie quiere, las instalaciones

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industriales potencialmente más peligrosas. De esta manera, "se transfiere a la periferia del imperio, a los márgenes, todo aquello que encuentra dificultades para ser implantado o vendido en el centro de negocios del mismo. Eso es lo que hicieron las transnacionales norteamericanas con los principales elementos de las centrales nucleares a partir del accidente de Harrisburg. Y por esta transferencia de industrias peligrosas para el hombre y para el medio ambiente se explican cosas como las desastrosas consecuencias del accidente provocado por la Unión Carbide en Bhopal"7. Estas prácticas, sumadas a las que derivan de la pobreza y el hambre, producen en los países subdesarrollados consecuencias de magnitudes incalculables. Es así como las selvas y los ríos del Amazonas brasileño, convertido hoy en el centro de experimentación de un tremendo cruce entre el primer capitalismo salvaje y los intereses de las compañías transnacionales, están sufriendo un desastre ecológico de proporciones planetarias, provocado por las más de 200 toneladas de mercurio, agente altamente tóxico, con las que los buscadores de oro o garimpeiros contaminan el medio ambiente al emplear técnicas primitivas para purificar el oro aluvial que extraen del lecho de los ríos o de vetas superficiales de la tierra, técnicas que consisten en quemar el metal aurífero con una amalgama de mercurio al aire libre. La

precipitación del vapor de mercurio y los residuos de amalgama han dejado algunos afluentes del Amazonas hasta 13 veces más contaminados que el Rin. Los expertos estiman que los efectos pueden ser similares a los acontecidos en Minamata, Japón, donde centenares de niños han nacido con malformaciones por envenenamiento con mercurio. En 1989, el entonces presidente del Ibama, la agencia del gobierno que cuida de la preservación de la Amazonia brasileña, Fernando César Mesquita, afirmaba: "los garimpeiros lo están destrozando todo; no son los románticos mineros de antaño con su sartén en la margen de los ríos, sino empleados de grandes compañías cuya maquinaria arrasa todo a su paso"8. Detrás del biocidio de que es víctima la Amazonia, se encuentra no sólo la miseria, sino poderosos intereses económicos en pugna, de compañías mineras y madereras. En la Amazonia brasileña operan empresas norteamericanas, japonesas, alemanas e italianas interesadas en explotar los recursos de la región. Precisamente, con el propósito de limitar la voracidad de las empresas multinacionales vinculadas a la destrucción del bosque tropical, el Banco Mundial se opuso en 1989 a ciertos proyectos económicos, hasta el punto de negar créditos prometidos, argumentando para ello el interés ecológico de la humanidad. Esta medida despertó un intenso debate en torno al problema de si los

Die Welt, Bonn, 12-4-1990. La Prensa, 1-4-1990.Francisco Fernández Buey, "La ecología política de la pobreza", El País, Madrid, 9-6-1990. El País, Madrid, 27-10-1989.

representantes del capitalismo mundial pueden ejercer presión para impedir a un país hacer lo mismo que sus antecesores en Europa y los Estados Unidos. A este respecto, puede pensarse que las presiones al margen del derecho internacional para que un país modifique su política ambiental son ilegítimas, pero que, en la medida en que los problemas ecológicos no tienen fronteras y que los países subdesarrollados también son parte del planeta, es lógico que asuman su cuota de responsabilidad en los problemas ambientales globales. El problema es concebir los mecanismos idóneos y contar con los recursos necesarios para plasmar, en la práctica, el principio de interdependencia planetaria recientemente acuñado por la comunidad internacional. La ausencia de políticas gubernamentales consecuentes con un desarrollo sostenido y el desconocimiento de factores reguladores del medio ambiente pueden redundar en tragedias ecológicas como las que se han visto en las regiones del piedemonte del Caquetá y Putumayo en Colombia, donde los procesos incontrolados de colonización de tierras selváticas para sembrar en ellas cultivos propios de la región andina han roto el frágil equilibrio ecológico. Tragedia similar al impacto ambiental negativo de la marihuana en la Sierra de Santa Marta, donde las quemas para instalar los cultivos ilegales significaron la pérdida de aproximadamente la mitad de bosques que existían en la Sierra al iniciarse la década de los años setenta 9

El País, Madrid, 17-12-1991.

y llevaron al fracaso el proyecto de Ecodesarrollo de la Sierra Nevada auspiciado por las Naciones Unidas, el cual descansaba en la siembra de bosques comunales. Dramas similares o peores se han vivido en algunas regiones del África, donde la transformación de extensas áreas en zonas desérticas ha agravado la situación de importantes grupos humanos. Un ejemplo de los errores cometidos es la transformación de pueblos nómadas en sedentarios, cuyos animales convirtieron extensos territorios en zonas de gravilla, y llevaron a estas poblaciones hacia su extinción, debido a la desaparición de la vegetación, lo cual vuelve inhabitable el entorno. La destrucción del medio ambiente, que contribuye al declive de la agricultura en zonas sujetas a crisis económicas y sociales, ha incidido también en el monstruoso crecimiento de las metrópolis en el Tercer Mundo, convertidas en auténticos infiernos de supervivencia. En 1950, seis de cada siete aglomeraciones urbanas con más de 5 millones de habitantes se encontraban en los países industrializados (excluida Shangai). Actualmente de las 37 urbes con más de 5 millones de habitantes, 25 se emplazan en el sur. La población de Kinshasa se ha multiplicado por 20; la de Lagos, por 30; la de Abiyán, por 35... Sin haber desaparecido la pobreza en las zonas rurales, su presencia se ha desplazado hacia los márgenes de las ciudades, y actualmente, el 85% de los pobres de Venezuela, el 75% de los desamparados de Brasil o el 69% de los indigentes de

México se encuentran agarrados a la 9débil esperanza de las urbes . Millones de personas conciben sus únicas esperanzas de supervivencia en torno a la mendicidad, la pequeña rapiña y la manutención a partir de los desechos. En la actualidad, muchos países que fueron exportadores de materias primas se han convertido en importadores de productos agrícolas y en deudores de las grandes potencias industriales que les invitan a cambiar la ecología por la deuda. En medio quedan las culturas de grupos étnicos minoritarios y la suerte de muchos trabajadores que asisten impotentes a un cambio en sus vidas. Por ello, ha causado regocijo entre los ambientalistas y las organizaciones indígenas del mundo el establecimiento de los parques indígenas Hanomani y Kayapo en Brasil. No sólo se trata de los territorios indígenas más grandes — abarcan cerca del 2% del territorio brasileño, sino de una decisión sin precedentes en este país: de ahora en adelante, cualquier proyecto de explotación deberá hacerse en acuerdo con las autoridades indígenas. Esta política de entrega de grandes territorios a grupos indígenas poco numerosos y dispersos es similar a la recientemente iniciada en Colombia, donde se entregaron durante la administración Barco 18 millones de hectáreas a una población relativamente pequeña y dispersa. Para muchos de los que piensan que proteger el ambiente es detener la marcha del crecimiento, esta política es

absurda. En realidad, no puede afirmarse que estas medidas incluyan todos los elementos necesarios para convertirse en solución duradera al problema social y ambiental de la Amazonia, pero el aceptar que esta región no es en su mayor parte un territorio vacío y reconocer los derechos indígenas es un paso decisivo para acabar con el colonialismo interno, caótico y salvaje. No puede haber una aproximación al tema del desarrollo y medio ambiente sin una referencia a la deuda externa de los países pobres. Ésta, lejos de decrecer en su cuantía, a pesar de las importantes amortizaciones de que fue objeto durante la década pasada, ha aumentado, y los altos pagos de intereses han convertido a los países en vías de desarrollo, particularmente los latinoamericanos, en exportadores netos de capital, y han mermado así su capacidad de crecimiento. Entre 1982 y 1990, la deuda externa de Latinoamérica y el Caribe aumentó de 30 mil millones de dólares a 421 mil millones10. Se entra así en un círculo absurdo: los países pobres, endeudados y necesitados de divisas adicionales para pagar las acreencias externas, ejercen mayor presión en la explotación de sus recursos naturales, extienden la tala de bosques para cultivar tierras vírgenes y polucionan los cauces de sus ríos. Disminuyen también los recursos para adelantar programas sociales o luchar contra ciertos flagelos como la droga, y se agrava el problema de la pobreza, el hambre y la

10 La Prensa, 1-4-1990. 11 Le Monde, 15-6-1989.

mortalidad

infantil.

Se ha hablado de la deuda ecológica de los países ricos y se han concebido algunos mecanismos para saldarla con la fijación de impuestos para ciertos productos tropicales exportados a los países industrializados, v. gr. la madera, o para el consumo de bienes contaminantes con el fin de que estos recursos se inviertan en el restablecimiento del equilibrio ecológico. También se ha hablado de crear un banco para la naturaleza, el cual manejaría los dineros aportados por los países, de acuerdo con el principio de que "el que contamina paga" y los invertiría en proyectos de conservación de los bosques tropicales y de desarrollo sostenible de los recursos naturales. Pero, ¿quién estaría dispuesto a pagar? Algunos países han propuesto también la creación de una autoridad institucional en el marco de las Naciones Unidas para reforzar las actuales instituciones internacionales encargadas del medio ambiente11. Sin embargo, existe un amplio movimiento de rechazo en algunos medios hacia las instituciones internacionales, a las cuales se acusa de complicidad en el desequilibrio Norte-Sur y su agravación. Estos mecanismos parecen, pues, poco realistas por cuanto no existe un poder coercitivo mundial que obligue a los infractores a cumplir con sus obligaciones y porque, de una u otra manera, violan la soberanía de los Estados. En realidad, el marco de la protección ambiental es el ámbito jurídico de cada

Estado sustentado en el compromiso con principios de solidaridad y un nuevo modelo económico. Por ello, es vital para los países pobres el establecimiento de un nuevo orden comercial que les permita colocar sus productos en los mercados de los países industrializados a precios equitativos. Los países ricos consideran a las selvas tropicales, y particularmente a la Amazonia, como los "pulmones del mundo", pero no se trata de conservar jirones de "naturaleza pura" ignorando el papel del factor humano, sino de convertir en realidad el slogan un solo mundo y de afrontar mancomunadamente el desafío que se plantea a la humanidad entera desarrollando nuevas tecnologías y cambiando el actual modo de vida.

El desafío de la última década del siglo veinte Como lo ha expuesto Lester B. Brown, presidente del Worldwatch Institute de Estados Unidos, la humanidad corre el riesgo de entrar en un engranaje fatal: el deterioro del medio ambiente que provoque el declive económico y viceversa. El efecto invernadero ya no es una hipótesis científica; la contaminación del aire, el agua y el suelo por los vertidos tóxicos y la disminución de espacios naturales han llevado a la desaparición miles de especies animales y vegetales; a su vez, el nivel de carbono emitido por la utilización de combustibles fósiles ha crecido enormemente. El hambre y las

enfermedades se han extendido en ciertas regiones de África, Asia y América Latina, planteando graves problemas políticos12. No queda más remedio que afrontar el desafío cambiando las políticas económicas que no respetan el medio ambiente. En efecto, la supervivencia del planeta depende de la creación de una economía mundial que tenga en cuenta el entorno físico y social. Para lograr este objetivo deben solucionarse los siguientes problemas: a. Estabilizar el crecimiento de la población y frenar el deterioro de las condiciones de vida. b. Limitar el empleo de combustibles fósiles productores de dióxido de carbono y desarrollar fuentes de energía renovable como la energía solar o el viento. Actualmente, menos de una quinta parte de la energía mundial procede de fuentes renovables. c. Frenar la tala indiscriminada de bosques e impulsar la reforestación para evitar, tanto la desertización, como la erosión de los suelos, que reducen las áreas cultivables y llevan a la extinción a determinadas especies, así como a un cambio en el régimen de lluvias. d. Proteger las cuencas de los ríos y conservar la pureza del agua para un mejor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. e. Controlar los procesos de colonización sahmje, factor de violencia, propicio para actividades como el narcotráfico, y que es 12 17-

"El mundo de los 90", en El País, 12-1990, Madrid.

producto de la miseria y de la carencia de tecnología apropiada, así como de conocimientos para convivir con el bosque aprovechando sus frutos y subproductos sin destruirlos. f. Desarrollar nuevas tecnologías que reduzcan el uso desmedido de agroquímicos y el incremento acelerado de los costos de producción. g. Promover el desarme, destruir las armas químicas y eliminar las pruebas nucleares. h. Reutilizar y reciclar los productos de desecho. El consumo de bienes no reciclables es en parte, responsable del derroche de energías fósiles, de la polución del aire y del agua, y de las lluvias acidas. A todas luces, no se puede frenar la destrucción de nuestros sistemas vitales sin pagar un precio por ello y sin el convencimiento de que el derecho al medio ambiente es inseparable del derecho al desarrollo y del derecho a la paz, lo cual implica la existencia de una ética solidaria y de unas instituciones políticas que velen tanto por el respeto de estos principios como por los derechos colectivos. La urgente necesidad de cuidar el planeta exige, por un lado, responsabilidad y sensatez y, por otro, una readecuación de las instituciones a las nuevas tareas de la humanidad. En el ámbito internacional se cuenta ya con un Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encargó de preparar dos convenios relacionados con el cambio climático y la diversidad

biológica para la reunión de junio en Brasil. En Colombia, la actual Constitución Política, al reconocer que la dimensión ambiental trasciende a los derechos y deberes del Estado y a las personas, ha consagrado el derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano (artículo 79). Asimismo, las acciones populares, que han constituido en muchos países mecanismos de defensa de la comunidad en contra de los agravios y perjuicios públicos, quedaron consagradas en los artículos 88 y 95. Mediante las Acciones Populares, cualquier habitante del territorio nacional está capacitado para defender los intereses vitales de la comunidad a la que pertenece, entre ellos los relacionados con el medio ambiente. La Constitución considera que la protección de los recursos naturales y culturales del país, así como la conservación de un ambiente sano son "deberes de la persona y el ciudadano". Por ello es responsabilidad ciudadana la obligación de rparar los daños ambientales que se causen. De otra parte, el artículo 80 establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, así como la prevención y control de los factores de deterioro ambiental, con el objeto de garantizar el desarrollo sostenido, la conservación, restauración o sustitución de los mismos. El reconocimiento de la dimensión ambiental, incorporada en los planes nacionales de desarrollo, tiene profundas implicaciones en los campos económico, social y político. En efecto,

al amparo del concepto de democracia participativa, el artículo 340 creó el Consejo Nacional de Planeación que servirá de foro para la discusión del plan nacional de desarrollo; el Consejo estará integrado por representantes de las entidades territoriales así como de los sectores económicos y sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Los constituyentes consideraron que el afrontar la problemática ambiental requería la acción conjunta de la sociedad civil y el Estado. Por ello el numeral 4 del artículo 277 de la nueva Carta de los colombianos (que versa sobre las funciones del procurador general de la Nación o su delegado relacionadas con la defensa de los intereses colectivos) probablemente se traduzca en la creación de la Procuraduría Delegada

da Especializada en Asuntos Ambientales, encargada de velar por el cabal cumplimiento de las normas ambientales establecidas en la Constitución. El artículo 215 hace extensivas las facultades extraordinarias del Ejecutivo para declarar el estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del país. El artículo 268 encarga al contralor general de la República la redacción de un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente para el Congreso Nacional. El artículo 300 establece atribuciones a las Asambleas Departamentales para la expedición de disposiciones relacionadas con el patrimonio ecológico del municipio. Por último, en el artículo 89 se delinean los parámetros que

deben guiar la acción fronteriza del gobierno colombiano en cuanto a los ecosistemas compartidos con países vecinos. En el espíritu que se evidencia en la nueva Constitución de los colombianos se percibe una nueva manera de ver el ecosistema, y la voluntad de llenar vacíos legislativos para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país. Para plasmar estos deseos en la realidad y evitar que la preocupación por el medio ambiente no quede convertida en una moda pasajera, es aún menester adelantar una intensa labor educativa que comprometa a la comunidad en la consolidación de una conciencia colectiva que justiprecie la armonización de las variables ecológicas, económicas y sociales en un modelo viable para el desarrollo sostenido.

del desarrollo de las relaciones internacionales del gobierno cubano.

Sección: Temas Globales

La crisis cubana: un análisis desde La Habana Luis Suárez Salazar*

Introducción

En los últimos meses se ha intensificado entre publicistas, analistas y científicos sociales el interés por diagnosticar la actual situación de la Revolución Cubana, por pronosticar cuál será el futuro del proyecto socialista que se edifica desde hce más de tres décadas en la mayor de las Antillas, así como por recomendar diversas soluciones a los problemas que afectan a ese país. Aunque el interés por el futuro del socialismo cubano es absolutamente legítimo (en tanto la Revolución Cubana ha captado desde sus orígenes la atención de la opinión pública internacional y su futuro tendrá un impacto indiscutible en el escenario mundial y continental), éste no siempre va acompañado —sobre todo en los trabajos que se publican fuera de la isla— de una ponderación rigurosa de la realidad económica, social y política de ese país y a veces ni siquiera de un adecuado análisis

En algunos casos las posiciones confesamente adversas a la Revolución Cubana de los autores de tales análisis y propuestas los lleva a una lectura ideologizada de la realidad de esa nación caribeña. Su deseo de producir de manera más o menos inmediata radicales cambios políticos en Cuba, los conduce a pronosticar festinadamente que la crisis económica y geopolítica que objetivamente afecta a la isla conducirá, inevitablemente, a una crisis ideológica, política, institucional, social y moral cuya resultante será, más tarde o más temprano, la caída del actual liderazgo político cubano y el colapso del socialismo1. Tal tipo de análisis no sólo ignora la compleja relación que existe entre la dimensión económica y las dimensiones políticas, societales e ideológico-culturales de la dinámica social, sino desconoce también la historia y particularidades del desarrollo del socialismo en Cuba y las singularidades que definen los procesos económicos, sociales, políticos, institucionales y morales de la sociedad cubana. De tal forma, el análisis de los factores histórico-concretos que actúan en la Isla es permanentemente sustituido por una supuesta lógica universal (a lo Fukayama), signada por la llamada crisis general del socialismo, según la cual

esta formación económica y social está llamada a desaparecer indefectiblemente de la faz del planeta. Todos los "datos"

Director del Centro de Estudios sobre América. La Habana, Cuba.

Véase Howard J. Wiarda, "¿Le ha llegado el turno a Cuba?: Las crisis del régimen de Castro", en Problemas Internacionales, No. 1-2, Vol. XL, enero-abril de 1991.

de la realidad de la Isla son tamizados o evaluados a través de ese prisma catastrofista o, en algunos casos, inventados para justificar a priori las conclusiones del análisis. De manera más sutil, otros analistas de la realidad cubana asumen que, con o sin Fidel Castro, la dinámica de los acontecimientos internacionales e internos (como el supuesto crecimiento de la oposición política al régimen suscitada por el descontento generado a raíz de la "parálisis" del desarrollo y de la redistributiva política social cubana) conducirán, en el corto o el mediano plazo, a que el socialismo cubano entre en un callejón sin salida o, cuando menos, tenga que adoptar medidas radicales para enfrentar las dificultades internas y externas que lo amenazan en la actualidad y que, seguramente, continuarán amenazándolo en el futuro inmediato. Tales medidas consistirían, inevitablemente —según las interpretaciones desde la derecha—2 en que Cuba flexibilice sus posturas ideológicas y políticas, haga concesiones en su soberanía (en particular frente a los círculos dominantes en los Estados Unidos), introduzca fórmulas demoliberales en su sistema político y acepte la implantación de los esquemas de economía de mercado, más o menos neoliberales, que con escasos resultados y a un alto costo social se han venido aplicando en América Latina y el Caribe para contrarrestar los desequilibrios de la economía regional en la última década. El rechazo de esas alternativas convertiría al liderazgo 2

político y estatal cubano (en lo personal al presidente Fidel Castro) en reo del estancamiento causante del derrumbe del socialismo europeo o en convicto de obstaculizar la total reinserción del país en el sistema mundial (en. particular en el subsistema interamericano), con los costos que ello conllevaría para la normalización de las relaciones económicas internacionales cubanas y para la amenazada seguridad nacional de la Isla en su relación vis a vis con los Estados Unidos. La presente contribución va dirigida, precisamente, a examinar críticamente la mayor parte de estos supuestos. También informará acerca de las diferentes acciones que vienen desarrollándose en Cuba, encaminadas a enfrentar las dificultades creadas por la abrupta disminución de sus vínculos económicos, comerciales, políticos, diplomáticos y militares con Europa Oriental y particularmente con la desaparecida Unión Soviética, así como a proponer posibles salidas para la situación actual que, a su vez, permitan retomar, en el menor tiempo posible, el camino del anhelado desarrollo autosostenido e independiente, centrado en su población y regido por los principios ideológicos y prácticos de la Revolución Cubana.

La crisis cubana: algunas precisiones necesarias Es un hecho de dominio público que desde la década de los años ochenta, la economía cu-

bana ha venido atravesando por diversas dificultades derivadas, en buena medida, del adverso contexto internacional en que ésta ha tenido que desenvolverse, del agotamiento del modelo económico aplicado desde 1975, así como de los errores cometidos en el diseño y aplicación de la política económica interna. Tales dificultades se agudizaron en el período 1986-1989 como consecuencia de los efectos acumulados por los errores antes referidos y por la influencia negativa de factores externos —entre ellos la persistencia del bloqueo económico estadounidense— que potenciaron la adversa coyuntura que caracterizó a la economía mundial en la primera mitad de los años ochenta. Todo ello —junto con adversas condiciones climatológicas en la Isla—, determinó diversos desajustes macroeconómicos en el país, una aguda contracción de la capacidad importadora en divisas libremente convertibles y una obligada concentración geográfica del comercio exterior cubano con los países integrantes del antiguo Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y en particular con las inexistentes República Democrática Alemana y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La reducción de la capacidad importadora en divisas convertibles y otros desequilibrios macroeconómicos influyeron negativamente en el comportamiento global de la economía cubana que, en contraste con el sostenido crecimiento experimentado

Francisco León, "La encrucijada cubana actual", en revista Cono Sur, Flacso, Chile, No. 6, noviembre-diciembre de 1991.

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entre 1962 y 1985, sólo creció a un ritmo de 0.4% anual entre 1986 y 19893. Las abruptas modificaciones ocurridas en las relaciones políticas y económicas cubanas con los países de Europa Oriental (y en especial con la URSS) a lo largo de 1990 y 1991 determinaron, sin duda, contracciones mayores (aún no totalmente cuantificadas) en el crecimiento de la economía cubana. Estos decrecimientos — derivados de la abrupta interrupción de todas las importaciones— tipifican el crítico estado económico reciente. Así, en el primer semestre de 1990, ya la economía cubana había registrado niveles de decrecimiento del 0.3% con relación al mismo período del año anterior4. Tales tendencias se agudizaron en el segundo semestre de 1990 y en 1991. A estas tendencias críticas en el desenvolvimiento económico del país, se unió la emergencia de una innegable crisis geopolítica, causada por la virtual desaparición de las alianzas políticas y militares de Cuba con el otrora denominado bloque socialista y por las evidentes tendencias a un mundo unipolar en lo estratégico-militar y en lo políticoeconómico, bajo la hegemonía de los círculos de poder norteamericanos. Esta crisis se agravó a lo largo de 1991 por el desenlace a favor de los intereses estadounidenses de la guerra del Golfo Pérsico, por el proceso interno que condujo a la desaparición de la Unión Soviética y por

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la creciente debilidad de los organismos internacionales, en particular de aquellos que expresan los intereses económicos y políticos del mundo subdesarrollado. Estos últimos hechos constituyen, objetivmente, un desafío para la Revolución Cubana, la cual se ha visto obligada, quizá como nunca antes, a orientar todos sus esfuerzos internos y externos para garantizar la seguridad nacional (mediante el desarrollo práctico de la doctrina de la guerra de todo el pueblo) y

para lograr la autosustentación ideológica, política y sobre todo económica, del proyecto socialista cubano. Sin embargo, la acción simultánea de la crisis geopolítica y económica, a grandes trazos reseñada, no se ha expresado —como pretenden algunos analistas—5 en una crisis ideológica, política, social o moral, que cuestione la continuidad del sistema y el liderazgo político del país y, mucho menos, que haga peligrar el carácter socialista de las profundas transformaciones estructurales de la sociedad cubana. Ciertamente, la adversa situación externa y las dificultades internas —como veremos más adelante— han obligado al socialismo cubano a introducir fórmulas inicialmente no previstas (como la asociación con el capital privado extranjero) en su proyecto de transformación social, pero estas fórmulas no cuestionan, en lo esencial, la or-

ganización socialista de la sociedad cubana, ni cuestionan la soberanía nacional en el manejo de los sectores estratégicos de la economía del país. La quintaesencia de esa realidad está dada por la convicción, presente en la abrumadora mayoría del pueblo cubano, de que el socialismo —no obstante sus múltiples imperfecciones y errores— continúa siendo precondición para la preservación de la independencia del país ante los afanes hegemónicos de los Estados Unidos, para conservar todos los logros económicos, sociales, políticos y culturales de la Revolución, así como para encontrar, con la participación consciente y organizada de la mayoría de los ciudadanos del país, las mejores opciones de salida frente a las adversidades externas y las dificultades internas que hoy afectan a la nación. En la base de esa convicción —sin hacer concesión alguna a las aproximaciones economicistas que hoy infectan diversos análisis sobre la realidad cubana— parece estar, junto al sentido de dignidad humana y nacional que la Revolución ha conferido a la ciudadanía y al progreso material de ésta, la preservación del espíritu de equidad y de justicia social que ha caracterizado la obra de la Revolución Cubana. En ese contexto, a pesar de todas las adversidades económicas ya señaladas, el gobierno cubano ha logrado no sólo man-

José Luis Rodríguez, "Los cambios en la política económica y la economía cubana (1986-1989)", en Cuadernos de Nuestra América, No. 15, Vol. VII, julio-diciembre de 1990, pp. 63-81. Banco Nacional de Cuba, Comité Estatal de Estadística. Cuba: Informe económico semestral, junio de 1990. Wiarda, op. cit.

tener, sino también ampliar, la cobertura de la asistencia médica y hospitalaria gratuita en todo el país6, ha preservado el total funcionamiento gratuito del sistema nacional de educación, ha conservado los niveles de atención a los sectores más vulnerables —como la infancia, la mujer y la vejez—, ha mantenido un adecuado nivel de empleo y ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad social y el subsidio económico a aquellos trabajadores que no han podido ser reubicados como consecuencia de la parálisis de varias empresas de producción y servicios determinada por la carencia de insumos, materias primas o combustibles. El gobierno cubano también ha mantenido una distribución equitativa de productos alimenticios —muchos a precios subsidiados— que garantizan, aun en medio de las escaseces, un nivel nutricional per capita superior al de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esta política de distribución evita que las tendencias inflacionarias de la economía cubana se reflejen negativamente en los niveles de consumo básico de la población, sobre todo porque el sistema de congelación y subsidio de precios se aplica, igualmente, al pago de alquileres y créditos vinculados a la vivienda (cuyo nivel constructivo se elevó en el pe-

ríodo 1986-1990), así como a otros servicios públicos de los que continúa disfrutando la mayor parte de la población del país . Es cierto que algunas de esas acciones de subsidio estatal consideradas como emergentes y transitorias inciden negativamente en variables de la macroeconomía (como el déficit fiscal, la disminución en la productividad del trabajo, etc.), desestimulan la participación productiva de ciertos sectores de la población y generan la existencia de mercados negros en la comercialización de productos escasos; pero también lo es que en el corto y mediano plazo, esta protección estatal a la población ha garantizado y debe garantizar la estabilidad social que ha caracterizado, en las últimas tres décadas, a la sociedad cubana. En ésta, la solidaridad y |a ética humanitaria, la cooperación ciudadana y empresarial para enfrentar las dificultades presentes o por venir, se han venido incorporando paulatinamente a los valores y a la nueva cultura generada por la Revolución. Ello evita que se ponga en peligro el funcionamiento más o menos normal de todas las instituciones sociales, no obstante el incremento de algunas conductas de indisciplina social o francamente antisocial (como la delincuencia económica) que se han registrado últimamente.

Las medidas dirigidas a frenar esas manifestaciones antisociales, con el respaldo de la ciudadanía y con la participación del sistema de instituciones y organizaciones de la sociedad, hace que el común de los cubanos no viva la crisis económica de los últimos años como una crisis del funcionamiento de las instituciones y valores de la sociedad en su conjunto8. El cuadro antes reseñado se refleja igualmente en el funcionamiento del sistema político del país. Aunque la crisis económica y la adversa correlación de fuerzas que rodea a la Isla ha suscitado descontentos (no necesariamente antisistémicos) en la sociedad cubana, al tiempo que ha estimulado la acción de la minúscula y disgregada, disidencia contrarrevolucionaria interna (respaldada de una u otra forma por los Estados Unidos) y ha reavivado las acciones de las organizaciones del exilio cubano (en particular la Fundación Nacional Cubano-Americana y la llamada Plataforma Democrática), no existe duda de que la abrumadora mayoría del pueblo continúa respaldando el ordenamiento jurídico-político del país (que tiene su base en la Constitución aprobada plebiscitariamente por casi el 98% de los electores en 1976) y al liderazgo político del Partido Comunista de Cuba, encabezado por Fidel Castro.

En el año 1991, el 70% de la población cubana quedó amparado por las formas de atención primaria, y el índice de mortalidad infantil fue de 10.66 niños muertos por cada mil nacidos. En el mismo año, fueron declarados casi inexistentes en Cuba el sarampión, la rubéola y las paperas. En Cuba, por Ley, ningún trabajador paga más de 10% de sus ingresos básicos por concepto de alquiler o pago de créditos por la propiedad de la vivienda. El 94% de los hogares cubanos (2 millones, 400 mil viviendas) tiene electricidad. Los precios de servicios públicos y el transporte están virtualmente congelados desde hace una década. En el último año se ha venido fortaleciendo en Cuba el llamado Sistema Único de Vigilancia y Protección (SUVP) donde participan todas las organizaciones sociales, políticas y de masas que actúan a nivel territorial. Parte de sus objetivos es combatir diversas modalidades del delito económico. Para frenar el robo de productos agrícolas, por ejemplo, se han formado 2 mil 116 destacamentos armados integrados por cerca de 120 mil campesinos. Funcionan además más de 15 mil patrullas compuestas por más de 100 mil trabajadores agrícolas. ■27

En el respaldo abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía al sistema político unipartidista, que se ha consolidado en Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro, parecen influir, cuando menos, las siguientes razones esenciales: 1. La mayoría de los ciudada nos que hoy participan polí ticamente en Cuba conocen directa o indirectamente to dos los problemas causados al país y a su soberanía por los esquemas demoliberales (alternados con dictaduras militares) que administra ron la nación bajo tutela nor teamericana por más de cin cuenta años. Ni el pluripartidismo, ni la alternancia política en el gobierno, ni si quiera el tener la Constitu ción burguesa más avanza da de su época (la Constitu ción de 1940) resolvieron ninguna de las lacras que ca racterizaban a la sociedad y al sistema político cubano. 2. La Revolución Cubana, el cambio del carácter clasista del Estado, abrió la posibili dad de solución a diversos problemas sociales que exis tían en Cuba. La nueva institucionalidad democrática, representativa y popular, creada paulatinamente por la Revolución, no obstante sus imperfecciones y defi ciencias, es percibida como inmensamente superior a las formas institucionales prerrevolucionarias. La institucionalidad creada por el socialismo abrió inéditos ca-

nales al control social y al autogobierno de la sociedad y amplió a límites nunca vistos la multirrepresentación social del ciudadano común en el diseño de las políticas oficiales. De ahí que el reclamo de la sociedad cubana actual no sea la restitución de la institucionalidad prerrevolucionaria, sino el perfeccionamiento y la profundización de los canales de participación democrática presentes en el ordenamiento jurídico-político actual. 3. Las valoraciones críticas producidas por la sociedad y el sistema político cubano sobre las deformaciones bu rocráticas del socialismo eu ropeo y la constatación de que las soluciones demoli berales (así como la apertu ra a economías de mercado) en la mayoría de esos países, lejos de resolver los proble mas estructurales de dichas sociedades, terminaron agra vándolos y produciendo la ingobernabilidad de buena parte de ellas y la disgrega ción territorial de algunas de esas naciones. 4. El análisis crítico de lo logra do y lo no logrado por las ex periencias demoliberales en la mayor parte de los países del Tercer Mundo y, en espe cial, por las experiencias de igual carácter que se desa rrollan en América Latina y el Caribe. Aunque la socie dad y el sistema político cu bano reconocen en estas de mocracias superioridades

con relación a los ordenamientos dictatoriales y autoritarios que las precedieron, no las ve como modelos aplicables a la sociedad cubana. En ello influye el reconocimiento de la precariedad e inestabilidad de tales ordenamientos políticos, determinadas por la falta de solución a la deuda social acumulada, por su incapacidad para resolver otros problemas de dichas sociedades y para garantizar la genuina soberanía en el manejo de la política estatal en la mayoría de esos países9. 5. El criterio predominante en la mayoría de los cubanos políticamente activos de que las redobladas amena zas externas (provenientes del incremento de la agresi vidad estadounidense con tra la Revolución y de las adversidades generadas al país por la virtual desapari ción del socialismo euro peo) exigen la unidad de la nación en torno al Partido Comunista de Cuba y a su lí der, Fidel Castro. En sentido contrario a lo que opinan al gunos analistas de la reali dad cubana, la continuidad de tal liderazgo político es percibida como condición necesaria para implantar los cambios que requiere la so ciedad, la economía y el sis tema político del país, así co mo para enfrentar las difi cultades que lo amenazan. 6. La ausencia de otras alterna tivas políticas socialmente

Para una discusión al respecto véase Luis Suárez Salazar, "Cuba y América Latina: problemas semejantes, soluciones diferentes, en El Gallo ilustrado, México, enero 1992. También Nils Castro, "¿Qué socialdemocracia es viable? La agenda latinoamericana de hoy y de mañana", en Revista Pasos, San José de Costa Rica y Pablo González Casanova, "La crisis del Estado y la lucha por la democracia en América Latina", ponencia presentada al XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología efectuado en La Habana, Cuba, del 28 al 31 de mayo de 1991. Los recientes acontecimientos registrados en Venezuela (intento de golpe militar nacionalista, crisis del sistema político, reverdecimiento del descontento y movilización popular) confirman la validez de las tesis planteadas en estos trabajos.

aceptables para la solución de los diversos problemas, tanto internos como externos, que hoy enfrenta la nación cubana10. 7. La certidumbre presente en la sociedad cubana de que los problemas de carácter externo e interno dependen, en mayor medida, de la persistencia del bloqueo norteamericano sobre la isla y otros factores como los límites físicos y estructurales que tiene la economía cubana, y no de hipotéticos cambios que se produzcan en el sistema político y económico del país.

Cuba: el reto de la reinsercidn en un mundo cambiado Esta última variable nos remite a otro aspecto de la mal llamada crisis cubana: el supuesto aislamiento internacional que hoy afectaría al gobierno de dicho país, dificultando —según ciertas interpretaciones— la reintegración cubana a la economía mundial, sus negociacioríes externas para resolver la crisis económica (y dentro de ella la deuda acumulada con Occidente) y la participación cubana en la mayoría de los organismos regionales. Condiciones imprescindibles para superar ese supuesto aislamiento incluirían el que Cuba adoptara la llamada economía de mercado, aplicara oportunamente programas de ajuste similares a los de otros países del todavía denominado Tercer Mundo, implantara 10

un modelo democrático-burgués "a la latinoamericana" o a la "eurooriental" o, cuando menos, que abandonara su régimen de partido único tal como han venido haciendo algunos estados africanos (como Etiopía o Angola). Es evidente la falta de imaginación de los autores de tales diagnósticos y propuestas. En efecto, no sólo desconocen las condicionantes históricas, políticas y culturales concretas que han determinado y determinan el desarrollo político de la sociedad cubana actual, sino que, además, parten de magnificar los resultados obtenidos por la economía de mercado y por los ajustes ortodoxos y heterodoxos que, bajo la presión de los organismos financieros internacionales, se han venido introduciendo en la mayor parte de los países del Tercer Mundo con el supuesto propósito de promover la reintegración de dichas economías a las corrientes actuales del comercio mundial. Sus enfoques también desconocen el alto costo social y en algunos casos, también político, que han tenido dichos programas de ajuste (como es el caso de los NIC's o de algunas-economías nacionales latinoamericanas) aun en las pocas naciones que han logrado rearticularse a ciertos circuitos actuales del comercio mundial o regional. No es la intención de este artículo hacer un análisis detenido de las variables económicas, políticas y sociales, internas y externas, de aquellos pocos casos nacionales que hoy pudieran presentarse co-

mo exitosos en la reestructuración económica propuesta y en la inconclusa carrera de abrir y conservar espacios en el modificado mercado mundial. Pero al menos es necesario dejar establecido que estas rearticulaciones a los actuales circuitos del mercado mundial o regional han tenido más que ver con el empleo de ventajas económicas cooperativas en relación con ciertos espacios del comercio mundial o regional y con la gestión de nuevas complementariedades económicas en esos países, que con las características de los sistemas políticos que rigen a tales naciones. En algunos casos (como Taiwan, Corea del Sur o Chile) dichas articulaciones a la economía regional o mundial se produjeron en contextos políticos esencialmente dictatoriales que aprovecharon el bajo costo de la fuerza de trabajo y/o aperturas más o menos indiscriminadas al capital privado extranjero, sacrificando las reivindicaciones de importantes sectores del movimiento social. Tales costos sociales son absolutamente indeseables para la sociedad y el sistema político cubano, e incompatibles con la ideología y la práctica de la Revolución Cubana. De ahí que el actual reto para Cuba en su búsqueda de una nueva articulación con la economía mundial depende mucho más de la edificación de nuevas, y más eficientes y competitivas formas de articularse con el mercado mundial o regional, y de la consolidación de un nuevo patrón interno de acumulación (que ga-

Tómese en cuenta que desde el territorio norteamericano transmiten hacia Cuba cerca de 40 emisoras radiales contrarrevolucionarias. La más prominente es la mal llamada Radio Martí, que transmite a través de las ondas de la Voz de las Américas.

rantice el progreso material de la ciudadanía), que de pretendidas modificaciones en su sistema político. Y esto último — dicho sea de paso— es incluso reconocido por analistas internacionales que no pueden ser acusados de tener filiaciones políticas con la Revolución Cubana11. Para ellos está claro que incluso si se produjera un hipotético cambio político en Cuba, el país sufriría embates económicos, sociales y políticos parecidos a los que hoy sufren las sociedades del Tercer Mundo. Y esto último porque ni los Estados Unidos, ni Europa Occidental, ni siquiera Japón estarían en disposición de ofrecerle a Cuba condiciones comerciales, crediticias o financieras que ni siquiera le otorgan a sus más estrechos aliados regionales. Si la evidencia fuera poca, merecen también observarse las vicisitudes que hoy están padeciendo los antiguos estados socialistas de Europa Oriental y la desintegrada Unión Soviética. La convicción de que la integración cubana a la economía mundial depende más de factores de eficiencia empresarial que de cambios en su sistema político también se confirma con el análisis de los recientes desarrollos en las relaciones de Cuba con diferentes países del mundo y en particular con los de América Latina y el Caribe. No es un secreto, por ejemplo, que en la medida en que el gobierno cubano ha incentivado diferentes formas de asociación con el capital

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privado extranjero (especialmente con el latinoamericano), le han sido presentados cerca de dos centenares de proyectos dirigidos a la explotación conjunta de diferentes sectores de la economía nacional, como en el caso del turismo,provenientes de grupos empresariales originarios, incluso, de naciones con las que Cuba, por diferentes razones, no ha mantenido una relación fluida en los últimos años.

nismos del sistema de Naciones Unidas, así como en las organizaciones internacionales que representan los intereses de los países del mundo subdesarrollado, y en los organismos del subsistema latinoamericano y caribeño (SELA, Caricom, Aladi), en los que Estados Unidos no tiene poder de veto o en los que su capacidad de presión anticubana está disminuida.

Las constantes visitas a Cuba de representantes de grupos empresariales de Inglaterra, Francia, Italia, España, Holanda, Canadá, México, Chile, Venezuela, Jamaica y Colombia en 1991 (junto con las más de ochenta empresas mixtas y otras formas de asociación con el capital extranjero que ya vienen funcionando en el país) constituyen referentes empíricos recientes que desmienten el supuesto aislamiento en que se encontraría el gobierno cubano.

Esta realidad se hizo ostensible con la celebración de la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, México, y también con la participación del Presidente Fidel Castro como invitado especial, en la reunión del Grupo de los Tres efectuada en Cozumel, México, en octubre de 1991. En estas reuniones, a contrapelo de la endurecida política anticubana del gobierno de los Estados Unidos, se reconoció la necesidad de trabajar por la plena reincorporación de Cuba al seno de la familia latinoamericana.

Ello también se confirma con el constante incremento del turismo hacia la isla en los últimos años y su aporte a la economía del país, y con la multiplicidad de vínculos con el exterior que, en el campo cultural, científico, técnico, social y político se desarrollan por intermedio de diferentes actores estatales y no estatales cubanos12. A nivel estatal, adicionalmente, Cuba mantiene relaciones diplomáticas con más de cien naciones del planeta, continúa desarrollando una intensa actividad en todos los orga-

Es cierto que en éstos y en otros eventos se han deslizado de forma más o menos explícita ciertas críticas con relación al sistema político cubano, e insinuaciones de que su permanencia constituye un obstáculo para una real convivencia

continental; pero también lo es que el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de Cuba, así como el rechazo hacia la política anticubana de los Estados Unidos, continúan siendo la actitud predominante en las relaciones de los gobiernos de la región con Cuba.

IRELA, "Cuba: el desafío del cambio", en Dossier No. 27, octubre de 1990. Alberto Pozo, "¡Venga! para el bien de todos", en Revista Bohemia, año 84, No. 9,28 de febrero de 1992, pp. 38/41. Según el autor, que cita fuentes oficiales cubanas, el incremento del número de turistas que visitan Cuba permitió ingresos de 260 millones de dólares en 1988,300 millones de dólares en 1990 y casi 400 millones en 1991. En este año —según otras fuentes— visitaron la isla cerca de medio millón de turistas: 160 mil más que en 1990.

En la base de las conductas vacilantes de algunos gobiernos de la región en relación con Cuba, se encuentran sus vulnerabilidades ante las múltiples presiones norteamericanas. Reconociendo esta realidad, la diplomacia cubana ha reiterado —como un componente relativamente nuevo de su política latinoamericana— "su disposición a discutir en un foro de integración y unidad latinoamericana cualquier problema, incluyendo el debate sobre el perfeccionamiento de su sistema político (..-)"13Más allá de consideraciones coyunturales, esa actitud cubana es asumida como una contribución al imprescindible proceso de unidad e integración latinoamericana y caribeña que en las nuevas circunstancias internacionales es reconocido por el gobierno cubano como imprescindible no sólo para la reinserción de Cuba en la región, sino también para que ésta pueda enfrentar los desafíos que plantea el adverso y excluyente orden mundial y hemisférico que se está prefigurando14. Pero esta conducta refleja también los excepcionales avances que en la década de los años ochenta y comienzos de los años noventa se han registrado en las relaciones de Cuba con América Latina y el Caribe. Sin duda, puede afirmarse que las actuales relaciones entre Cuba y las naciones que integran su entorno histórico, cultural y geográfico son las más estrechas que 13 14 15

ha tenido en toda su historia como nación independiente. Por otra parte, el comercio de Cuba con los países de la región registró significativos avances, en términos absolutos y relativos, en la década de los años ochenta en relación con todos los períodos precedentes, aun cuando en ese mismo lapso se observaron tendencias al estancamiento en el desarrollo del comercio intrarregional. Como se sabe, éste sólo creció en un 1 % en la década de los ochenta; al mismo tiempo, el comercio de Cuba con América Latina y el Caribe se incrementó en cerca de un 50%. En lo que a América Latina y al Caribe atañe, los vínculos básicos de su articulación en la economía mundial están determinados de manera creciente por sus nexos con los Estados Unidos y no por las relaciones económicas intrarregionales. En cuanto a Cuba, su inserción fundamental estaba dada por sus relaciones especiales con los países integrantes del CAME. En el caso cubano esta situación ya ha cambiado. Sin negar la prioridad que continúa teniendo para el país estabilizar el comercio con algunas naciones de Europa Oriental y en particular con las Repúblicas integrantes de la Comunidad de Estados Independientes, es indudable que en la situación actual cobran importancia los vínculos económicos con las naciones del Continente. Pero tales vínculos, en últimas, aún deben superar los problemas estructu-

rales que tiene el comercio de Cuba con América Latina y el Caribe. En otras palabras, es imprescindible la edificación de nuevas complementariedades económicas con los países de esta región que permitan superar el persistente déficit que para Cuba acumula el comercio regional15. En la edificación de estas nuevas complementariedades con la comunidad internacional se concentran los actuales esfuerzos cubanos. El desarrollo de la biotecnología aplicada a la industria farmacéutica y a la agricultura; la producción de equipos médicos de alta calidad (algunos de ellos vinculados al desarrollo de la informática); el desarrollo de las potencialidades de la industria turística de la Isla; la sustitución eficiente de importaciones; la consolidación del autoabastecimiento alimentario del país; la búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables y no renovables; la diversificación de la industria azucarera; la puesta en funcionamiento de la infraestructura industrial y técnica del país, hoy paralizada o subutilizada; la reestructuración geográfica del comercio exterior cubano: tales son los verdaderos desafíos que hoy enfrenta la sociedad cubana para reimpulsar su proyecto de desarrollo. Sería irreal afirmar que ninguno de estos retos tiene relación con el ordenamiento político del país; pero si hiciéramos abstracción de esa variable nos percataríamos de que los problemas de la economía de la Isla, sus limita-

Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Periodo de sesiones ordinarias de la Tercera Legislatura, en Granma, 28 de diciembre de 1991, p. 8. Fidel Castro Ruz, Mensaje a la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, México, julio de 1991. Para un análisis al respecto, véase Pedro Monreal, "Cuba y la nueva economía mundial: el reto de la inserción de América Latina y el Caribe", en Cuadernos de Nuestra América, No. 16, enero-junio de 1991, pp. 36-38.

ciones materiales y estructurales, continuarían siendo las mismas. En últimas, lo que está en juego en la Cuba de hoy es la capacidad del país para continuar su anhelado proceso de desarrollo autosostenido y libre de presiones foráneas. Fue precisamente contra las lacras generadas por el neocolonialismo que, hace

32:

más de treinta años, se alzó en armas la Revolución Cubana. Todo lo logrado y lo no logrado por la sociedad cubana se inscribe en el aún inconcluso proceso de construcción de una nueva sociedad donde no existan las injusticias que han provocado el subdesarrollo en América Latina. Y en ese orden, el socialismo que se construye en Cuba ha

demostrado, no obstante todas sus insuficiencias, superioridades indiscutibles. Ello explica que para la mayoría del pueblo cubano sólo el socialismo, en la constante dinámica de su perfeccionamiento y superación, pueda resolver la mal llamada crisis cubana de nuestros días.

Sección: Documentos

Intervención de la señora ministra de relaciones exteriores de Colombia en la XXII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos*

Para Colombia, y en particular para mí como Ministra de Relaciones Exteriores, es un honor el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, al inicio del vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Mi país está históricamente comprometido con los ideales de la unidad continental. Nos sentimos orgullosos de haber estado presentes en la gestación de la Organización y de trabajar siempre con convicción y ánimo constructivo por su perfeccionamiento y evolución. Hoy nos hacemos presentes en esta asamblea, convencidos de que los tiempos que corren hacen aún más necesario el reconocimiento de nuestra ineludible responsabilidad colectiva en garantizar la paz, la democracia, la seguridad, el bienestar y el progreso de las gentes de América. Tenemos ante nosotros el reto de hacer que el continente americano signifique mucho más que una simple y fortuita referencia geográfica. Trabajemos para que algún día, ser ciudadano de las Américas sea sinónimo de vivir en libertad, sin la amenaza del autoritarismo, el racismo o la arbitrariedad; que signifique tener oportunidad, sin el asedio del hambre y la pobreza; que represente tranquilidad y bienestar, sin la sombra del narcotráfico, la drogadicción y el terrorismo; y que — ante todo— ofrezca unidad, sin el espectro de los conflictos, las rivalidades y los enfrentamientos entre los pueblos hermanos. A eso hemos venido a esta hermosa tierra de Bahamas. Éste es el ideal que queremos impulsar. Esta asamblea se reúne en momentos de incertidumbre. En el panorama político continental se

Bahamas, 19 de mayo de 1992.

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aprecian preocupantes fenómenos y procesos. No ha terminado de asentarse aún la euforia que despertó el regreso a la democracia en América Latina y la posibilidad de un nuevo orden internacional, cuando nuevamente se oye el ruido de los sables y se respira el olor a pólvora en la región. Cuando más vigorosa se percibía la corriente democrática, han aparecido evidentes y preocupantes síntomas de deterioro en el clima de libertad y pluralismo, que con grandes esfuerzos se logró construir en la última década. Hace un año, en Santiago, nos comprometíamos con la democracia. Hoy, esa misma democracia está amenazada. No se trata de un fenómeno aislado. Primero fue en Surinam, después en Haití. Luego el criminal y descabellado intento golpista en Venezuela. Más recientemente, en el Perú. Hay síntomas de inestabilidad y descontento en otras partes de la región. Estamos presenciando una peligrosa generalización de los factores de perturbación de la estabilidad política y de la vigencia de las libertades públicas. Ciertamente podemos y debemos expresar el más enérgico rechazo a los desmanes autoritarios de militares y civiles. Ciertamente tenemos la obligación moral de actuar severamente para impedir la consolidación de los regímenes de hecho, hasta donde el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los Estados lo permita. Ciertamente no podemos ahorrar esfuerzos para defender a las víctimas de los atropellos y de las violaciones de los derechos humanos. Pero todo ello será insuficiente, todo ello no pasará de ser un gesto desesperado y un recurso de última hora, si al mismo tiempo no se construyen día a día los fundamentos económicos, sociales, políticos e institucionales indispensables para garantizar la permanente vigencia de la democracia y la cultura de la libertad. Hagamos entonces de esta asamblea una ocasión, no sólo para examinar fórmulas que reviertan los hechos cumplidos, sino también para abrir caminos de acción que permitan la derrota definitiva de los verdaderos enemigos de la democracia. La pobreza y el deterioro del nivel de vida de los sectores más pobres de América Latina y el Caribe se constituyen en una verdadera amenaza para la estabilidad democrática regional. ¿Cómo pueden ser firmes defensores de la libertad quienes sólo han recibido penuria y sacrificio por parte de la democracia? Será mucho más difícil conseguir la solidaridad de los ciudadanos con los 34:

gobiernos si no luchamos paralelamente para que los más pobres tengan un mayor acceso a los beneficios de la prosperidad. En ese contexto, a Colombia le preocupa de manera especial la situación en América Central. Esta zona del continente, después de haber sufrido los rigores de más de una década de conflictos, guerras civiles, desangre y violencia, se prepara para iniciar una nueva era de paz y democracia. Pero así como bajo los auspicios de la llamada Guerra Fría se vio a los países industrializados movilizar diligentemente sus recursos para la guerra, hoy no vemos igual entusiasmo para apoyar la paz, la reconstrucción económica, política y social de Nicaragua, El Salvador y Panamá. Centroamérica, como el conjunto de América Latina y el Caribe, está viviendo las difíciles circunstancias sociales que genera el acelerado deterioro de los precios internacionales de los productos básicos de exportación. Más de quince millones de campesinos que viven del café en nuestro hemisferio han perdido cerca del sesenta por ciento del ingreso que les generaba esa actividad. Hoy en día se encuentran en circunstancias dramáticas: se ven forzados a abandonar los cultivos y sumirse en la pobreza. Colombia quiere reiterar aquí su llamado para que los países consumidores y productores de café encuentren las fórmulas necesarias que permitan un pronto restablecimiento del Acuerdo Internacional del grano. Estoy convencida de que muy pocas medidas tendrían tan amplio, rápido y real impacto en la consolidación de los fundamentos económicos y sociales de la democracia en América Central y prácticamente en toda la región. No menos inquietante es el resurgimiento de las tendencias proteccionistas y contrarias al libre comercio en muchos de los países industrializados. Los subsidios a la producción agrícola, sumados a restricciones de acceso a aquellos mercados donde las naciones en desarrollo tienen reales ventajas competitivas, se constituyen en serios obstáculos para el progreso de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es una paradoja inaceptable que, precisamente cuando nuestras naciones han entendido las ventajas de la libertad económica, de la iniciativa privada y del libre juego de las fuerzas del mercado, y cuando estamos comprometidos en ambiciosos programas de reforma económica, el mundo desarrollado marche en contravía con la historia y

con el equilibrio necesario para llevar a cabo felizmente esta revolución económica. En un acto que demuestra sensatez política y una comprensión adecuada del cambio en nuestra región, los Estados Unidos han lanzado la llamada Iniciatwa para las Américas. Su propósito de

contribuir a la construcción de un continente integrado por el libre comercio y ligado por los valores democráticos compartidos, es muy positivo. Desde los tiempos de la Alianza para el progreso no se sentía tanto entusiasmo por el futuro de las relaciones Norte-Sur en las Américas. Desafortunadamente las expectativas han marchado más rápido que las realidades. La Iniciativa para las Américas no progresa a un ritmo

que pueda satisfacer los anhelos de libre comercio e integración.- Es el momento de hacer un llamado a los Estados Unidos, no sólo a su gobierno sino también a su Congreso, a sus empresarios y a su opinión pública, para que comprendan la trascendencia que tiene esta propuesta en la consolidación de la democracia, en la modernización económica y en el progreso social del continente. La Iniciatwa para las Américas es también un reto

para las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos. No podemos avanzar cada uno por nuestro lado en el libre comercio con los Estados Unidos mientras, simultáneamente, mantenemos murallas infranqueables que impiden la integración entre nosotros. Es hora de poner en marcha un ambicioso proyecto de liberación comercial entre las naciones de América Latina y el Caribe. La plena vigencia de los derechos humanos es el fin último de la democracia. En respeto absoluto a las libertades fundamentales de la persona humana reside la base de una sociedad pluralista, armónica, justa y en paz. Colombia, pese a sufrir los embates del terrorismo y de la violencia asociada al narcotráfico, reafirma su total compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Es por ello que el gobierno del presidente Gaviria promovió una reforma constitucional que amplía los derechos ciudadanos y crea nuevos instrumentos para protegerlos. Es por ello también, que en el seno de la Organización, Colombia ha apoyado activamente a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los resultados del trabajo realizado por ellos y la necesidad de hacer su gestión cada vez más eficaz, más constante y profunda, sugieren la conveniencia de estudiar un conjunto de reformas

a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Parecería que ha llegado la hora de evaluar detenidamente la creación de un Alto Comisionado Interamericano de derechos humanos, de carácter permanente, apoyado por una infraestructura eficiente y debidamente dotada. No se puede hablar de las perspectivas de la democracia sin contemplar una de las mayores amenazas para la integridad social, la paz y el bienestar en las Américas. Me refiero al problema de la droga. Han quedado atrás los tiempos en que este flagelo de la humanidad se veía como algo que afecta a uno, o unos pocos países consumidores y productores. Los tentáculos de este ilegal negocio avanzan envolviendo nuestro continente. Someter a los narco traficantes a la justicia y desmantelar sus organizaciones en un solo país, como lo ha hecho con firmeza Colombia, no es suficiente. La lucha contra la droga y todas sus nefandas secuelas, es una responsabilidad colectiva que ningún país del hemisferio puede evadir. Quiero reiterar el mensaje del presidente César Gaviria. Es necesario un llamado de alerta. Nadie está exento de las consecuencias del narcotráfico y la drogadicción. Para echar raíces, la droga sólo necesita de un terreno abonado por la indiferencia y la tolerancia. Sin embargo son alentadores los progresos alcanzados en la lucha multilateral y conjunta contra las drogas. La Cumbre de San Antonio, llevada a cabo en seguimiento de la primera cumbre en Cartagena de Indias, no sólo contó con la presencia de tres nuevos países, sino que también adoptó un programa para la acción que representa un avance decisivo. Colombia quiere invitar a todas las naciones del hemisferio a estudiar esas recomendaciones y a unirse a esta batalla común. No menos destacada ha sido la labor de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de las Drogas. Con dedicación y vigor técnico, la Cicad ha conseguido armonizar criterios e impulsar acciones en el control de químicos precursores, el lavado de dinero, la lucha contra el consumo y la cooperación regional. Colombia desea dejar clara constancia de su pleno respaldo a las actividades de la Cicad, y de su compromiso de continuar colaborando con la gestión. El señor presidente de Colombia ha propuesto como meta para el hemisferio, erradicar el mal de la droga del continente, antes del inicio del próximo siglo. Hoy queremos reiterar esa iniciativa. Hagamos de la década de los noventa el decenio en que :35

América será liberada para siempre de las garras de la droga. Que nuestros hijos y nietos sepan del narcotráfico por los libros de historia. Que las drogas no sean más que una pesadilla que sólo existe en la memoria de sus padres y abuelos. Otro tema que requiere una acción colectiva y urgente es el de la protección del medio ambiente. En esta última década hemos aprendido que no importa cuan acertadas sean las estrategias nacionales y las políticas de protección, el deterioro ambiental escapa de las fronteras para convertirse en un verdadero problema de alcance hemisférico y global. Mi país tiene la esperanza de que la llamada Cumbre de la Tierra, que se realizará próximamente en Rio de Janeiro, sea el comienzo de una real y eficaz cooperación interamericana y mundial para la protección del medio ambiente y el desarrollo. Tenemos confianza en que las diferencias que aún persisten entre los países industrializados y las naciones menos desarrolladas podrán concillarse. Por último, quiero traer a consideración de la Asamblea los temas del armamentismo convencional y del tráfico ilegal de armas. Paradójicamente, el fin de la Guerra Fría —que trajo para los países del Norte los beneficios del desarme nuclear y convencional— ha significado para los países del Sur un recrudecimiento del armamentismo y de la venta irregular de armas. Como diríamos las mujeres, las armas en sale. Los arsenales ociosos de Europa Oriental, de África, de América Central, ya aparecen en otros países, alimentando peligrosamente los conflic-

tos existentes e incrementando la capacidad de fuerza del terrorismo y del crimen organizado. Así como se señala la responsabilidad que los Estados y Gobiernos tienen en los países en los que se cultivan y producen drogas ilegales, también aquí cabe señalar la obligación moral que recae sobre las naciones que sirven de proveedores de armas. La OEA no puede estar al margen de este fenómeno. Es indispensable emprender acciones jurídicas y prácticas para establecer un control efectivo de la venta fraudulenta, irregular e ilegal de armamentos, explosivos y comunicaciones que terminan en las manos de los enemigos de la democracia. Señor presidente: El hecho de que esta Asamblea se lleve a cabo en estas cálidas tierras de Bahamas, a donde Cristóbal Colón llegó por primera vez en la madrugada del 12 de octubre de 1492, tiene un especial significado. Estos tiempos de cambio e incertidumbre son ante todo épocas de oportunidad. Son muchos los problemas comunes. Muchos los retos que hay que superar. Todos ellos conforman una agenda que sólo se puede afrontar si asumimos con valor nuestra responsabilidad colectiva. Se equivocan quienes creen que al terminar la Guerra Fría no existe una misión para la OEA y para el trabajo conjunto de las naciones de esta América. Tenemos la más ardua, pero quizás la más hermosa de las tareas. Tenemos la obligación inapelable de garantizar el mañana. Muchas gracias.

Vigésimo primer período ordinario de sesiones

3 de junio de 1991 Santiago, Chile

Compromiso de Santiago con la democracia y con la renovación del sistema interamericano

(Aprobado en la tercera sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 1991) Los ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, en representación de sus gobiernos democráticamente elegidos, reunidos en Santiago de Chile, en ocasión del Vigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA; Conscientes de que los profundos cambios políticos y económicos internacionales y el fin de la Guerra Fría abren nuevas oportunidades y responsabilidades para la acción concertada de todos los países a través de los organismos internacionales, tanto mundiales como regionales, así como en sus relaciones bilaterales; Teniendo presente que los cambios dirigidos hacia un sistema internacional más abierto y democrático no están plenamente asegurados y que, por lo tanto, es indispensable para preservar dichas tendencias positivas, fortalecer y promover la cooperación; Reconociendo que es necesario avanzar de modo decidido hacia un orden internacional justo y democrático basado en el pleno respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las con:37

troversias, la solidaridad y la revitalización de la diplomacia multilateral y de las organizaciones internacionales; Teniendo presente que la democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas; Reafirmando que los principios sagrados en la Carta de la OEA, los ideales de paz, democracia, justicia social, desarrollo integral y solidaridad constituyen el fundamento permanente del sistema interamericano; Reconociendo que la cooperación para afianzar la paz y la seguridad del hemisferio es uno de los propósitos esenciales consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y que la proliferación de armamentos afecta a la seguridad internacional y resta recursos al desarrollo económico y social de los pueblos de los Estados miembros. Decididos a trabajar para la intensificación de la lucha contra la pobreza crítica y la eliminación de las desigualdades económicas y sociales dentro de cada nación y entre las naciones del hemisferio; Tomando nota con interés del Informe del Grupo de Reflexión sobre la renovación del Sistema Interamericano; Convencidos de que la OEA es el foro político para el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre todos los países del hemisferio, cuyo potencial, acrecentado por la incorporación de nuevos Estados miembros, debe incrementarse a fin de que sea portavoz eficaz en el ámbito mundial de los acuerdos de sus miembros; DECLARAN: Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención; Su firme voluntad de impulsar el proceso de renovación de la Organización de Estados Americanos, para hacerla más eficaz y útil para realizar los principios y objetivos que la orientan; Su determinación de continuar en la elaboración y desarrollo de una agenda relevante de la organización para dar adecuada respuesta a 38:

los nuevos desafíos y requerimientos en el contexto mundial y regional y su decisión de conceder especial prioridad en dicha agenda para el presente decenio a las siguientes acciones: a) Intensificar la lucha solidaria y la acción coo peradora contra la pobreza crítica para contri buir a disminuir las desigualdades económi cas y sociales en el hemisferio, fortaleciendo así el proceso de promoción y consolidación de la democracia en la región. b) Fortalecer la democracia representativa como expresión de la legítima y libre manifestación de la voluntad popular, dentro del respeto in variable a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros; c) Promover la observancia y defensa de los de rechos humanos, conforme a los instrumen tos interamericanos vigentes y a través de los órganos específicos existentes; y velar por que ninguna forma de discriminación sea un obs táculo para la participación política de grupos étnicos minorados o minoritarios; d) Promover la progresiva apertura del comer cio y la expansión del conocimiento científi co-tecnológico, y la reducción de la deuda ex terna de los países de la región, y, en esta pers pectiva, apoyar la denominada "Iniciativa pa ra las Américas" y las negociaciones de la "Ronda Uruguay" del GATT; e) Contribuir a la protección solidaria del medio ambiente para beneficiar a las presentes y fu turas generaciones asegurando un desarrollo sustentable en la región; f) Estimular la adopción y aplicación de medi das adecuadas para prevenir y combatir el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los precursores químicos y el lavado de dinero, así como el tráfico clandestino conexo de ar mas, municiones y explosivos; g) Favorecer los procesos de integración en la re gión y, con este propósito, adoptar un progra ma de trabajo que, entre otros aspectos, tienda a alcanzar en el área jurídica la armonización legislativa en la región y, en particular, la de los sistemas de derecho civil con los de "common law";

h) Promover e intensificar el intercambio cultural, educativo, científico y tecnológico como

instrumentos de la integración, con pleno respeto al patrimonio cultural de cada uno de los países miembros;

ciones competentes, para que se unan a los esfuerzos de la OEA.

i) Incrementar la cooperación técnica y estimular la transferencia de tecnologías para ampliar la capacidad de crecimiento económico de los países de la región.

- Su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

- Su decisión de iniciar un proceso de reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica a la luz de las nuevas circunstancias mundiales y regionales, desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y del desarme, incluyendo el tema de todas las formas de proliferación de armas e instrumentos de destrucción masiva, a fin de dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros y formular un llamado a nivel mundial, a otras organiza-

En consecuencia, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA, en nombre de sus pueblos declaran su más firme compromiso político con la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así como para el éxito del proceso de cambio y renovación que requiere el sistema interamericano en el umbral del siglo XXI.

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CEI Centro de Estudios Internacionales Universidad de los Andes Publicaciones periódicas

DOCUMENTOS OCASIONALES 1. Rodrigo Pardo y Juan G. Tokatlian. Teoría y práctica de las relaciones internacionales: el caso de Colombia, enero-febrero, 1988 (agotado). 2. Jaime Acosta Puertas. América Latina: ¿mode los de industrialización y de innovación tecnológica? Reflexiones, marzo-abril, 1988 (agotado). 3. Igor Kavass, Rainer Dombois y Juan G. To katlian. La cuestión de las drogas: una problemática, tres perspectivas, mayo-junio, 1988 (agotado). 4. Adriana de la Espriella. Panorama de los derechos humanos en Colombia, julio-agosto, 1988 (agotado). 5. Malcolm Deas y Marc Chernick. Colombia du rante el gobierno del presidente Betancur: las relacio nes entre política exterior, crisis centroamericana y proceso de paz nacional. Dos enfoques, septiembreoctubre, 1988 (agotado). 6. José Luis Ramírez León. Las relaciones inter nacionales de Colombia con el Medio Oriente. Evolu ción, desarrollo y perspectivas, noviembre-diciem bre, 1988.

presidente Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, mayo-junio, 1989. 10. César Torres del Río. El presidente Eduardo Santos y la nueva práctica de la política exterior de Co lombia, julio-agosto, 1989. 11. Gabriel Murillo, Mónica Rug y María Victoria Llórente. Las relaciones entre Colombia y Venezuela: dos aproximaciones, septiembre-octubre, 1989. 12. Ana Mercedes Botero. Un aporte interpreta tivo en torno a las drogas y su papel en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, noviembre-di ciembre, 1989 (agotado). 13. José Luis Ramírez León. LÍZS relaciones inter nacionales de Colombia con la Comunidad Económica Europea, enero-febrero, 1990. 14. Christian L. Fréres. Colombia y España: una reseña de sus relaciones, marzo-abril, 1990. 15. Mauricio Reina. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos (1978-1986), mayo-junio, 1990. 16. Diego Cardona. Evaluación de la política exte rior de la administración Barco, julio-agosto, 1990.

7. Dora Róthlisberger. Los relaciones internaciona les de Colombia con los principales países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, enero-febrero, 1989 (agotado).

17. Alberto G. Flórez Malagón y Luis Guiller mo Baptiste. Ecología y política internacional. El ca so colombiano, septiembre-octubre, 1990.

8. Alejandro Valencia Villa. Derecho internacio nal y conflicto interno. La humanización de la guerra y el derecho de gen tes en Colombia. Una aproximación histórica, marzo-abril, 1989 (agotado).

18. Martha Osorio. Las relaciones comerciales en tre Colombia y la Comunidad Europea, noviembrediciembre, 1990.

9. Cario Nasi. La política internacional de Colom bia hacia Cuba y Nicaragua durante el gobierno del 40

19. Daniel García. Democracias pactadas y políti ca exterior: las experiencias de Colombia y Venezuela, 1957-1962, enero-febrero, 1991.

20. Alfredo Fuentes. Reorientaciones en políticas económicas y científico-tecnológicas en América Lati na, marzo-abril, 1991. 21. Pío García P. Colombia en la era del Pacífico, mayo-junio, 1991. 22. Cristina Barrera. Trabas burocrático-administrativas en el comercio andino: Cinco estudios de caso, julio-agosto, 1991. 23. Bagley, Fergusson, García, Peralta y Tokatlian. Las drogas bajo tres nuei'os enfoques analíticos:

De la narcodiplomacia y la simbología jurídica a la industria del placer, septiembre-octubre, 1991. 24. Amorín, Sohr y Soto. La seguridad y la defensa en América Latina en los años noventa: retos y pers pectivas, noviembre-diciembre, 1991. 25. Juan G. Tokatlian, Alejandro Valencia Villa, Andrés Upegui Jiménez, Roberto Rodríguez Fer nández: Cinco siglos: La conquista de América y el dere cho de guerra y otros ensayos, enero-marzo de 1992

COLOMBIA INTERNACIONAL Números del 3 en adelante Contenidos

No. 3 JULIOSEPTIEMBRE 1988 Editorial Sección Política Exterior de Colombia La política exterior de la administración Barco 1986-1988. Alfredo Vázquez Carrizosa Sección Relaciones Económicas Internacionales Una estrategia/le erradicación conjunta de la pobreza y el problema de la deuda externa. Óscar Landerretche G. Sección Política Mundial Colombia y el sector empresarial ante la evolución de la Economía Internacional: Un debate introductorio. Mauricio Reina E. Sección Documentos - Colombia y su compromiso contra el tráfico de drogas - Drogas: Una tragedia compartida

27 34

No. 4 OCTUBREDICIEMBRE 1988 Editorial 2 Sección Política Exterior de Colombia La ley antinarcóticos de 1988 en Estados Unidos y su impacto para Colombia. Bruce Michael Bagley 3 Sección Relaciones Económicas Internacionales Colombia ante las enmiendas a la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos. Ana Mercedes Botero Sección Política Mundial La victoria electoral de Bush: Preludio a un ascendente conflicto político. Gary Hoskin Sección Documentos - La concertación: Un instrumento para la profundización de la democracia - Declaración de Uruguay

27 31 34

No. 6 ABRILJUNIO 1989 Sección Política Exterior de Colombia Derecho Internacional y conflicto interno: Colombia y el derecho de los conflictos armados. Alejandro Valencia Villa Sección Relaciones Económicas Internacionales La apertura comercial en Colombia: Entre la crisis y la oportunidad. Mauricio Reina Sección Política Mundial La administración Bush y América Latina: Una perspectiva desde Colombia. Ana Mercedes Botero y Juan Gabriel Tokatlian Sección Documentos - El narcotráfico y la violencia: Una amenaza mortal a la democracia - Los países industrializados tienen una deuda ecológica con la humanidad - Una estrategia para América Latina en los 90. Informe Santa Fe II

23 29 32

19 23

No. 5 ENEROMARZO 1989 Sección Política Exterior de Colombia La proclamación del Estado Palestino y sus implicaciones en las Relaciones Internacionales de Colombia. Juan Luis Ramírez Sección Relaciones Económicas Internacionales El "paquetazo" venezolano y la frontera colombiana. Cristina Barrera

Sección Política Mundial Hacia una economía continental: El Pacto de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. Yñlliam Cárter Sección Documentos - La Nueva Política Exterior. Autonomía, pragmatismo y realismo - Colombia seguirá luchando por la paz - Texto de la Declaración Barco-Pérez - Calificaciones otorgadas a la administración. Una política equivocada: La "guerra" de los EE.UU. contra la producción de narcóticos en los Andes

No. 7 JULIOSEPTIEMBRE 1989 Sección Política Exterior de Colombia Colombia ante la Convención de Viena: ¿Laberinto jurídico o encrucijada política? Ana Mercedes Botero Sección Relaciones Económicas Internacionales Las relaciones económicas de Colombia con la Comunidad Económica Europea (1978-1988) José Luis Ramírez León Sección Política Mundial Drogas y Relaciones América Latina-Estados Unidos: Reflexiones críticas. Juan Gabriel Tokatlian

Sección Documentos - Política exterior para una Colombia Nueva - Conferencia de las Naciones Unidas para la aprobación de una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

No. 8 OCTUBREDICIEMBRE 1989 Sección Política Exterior de Colombia El nuevo rumbo de las relaciones colombo-venezolanas en 1989: Una aproximación. Liliana Obregón y Cario Nasi 3 Sección Relaciones Económicas Internacionales Economía Política y Estrategia Antidrogas: ¿Un esfuerzo fallido? Mauricio Reina 12 Sección Política Mundial Política Internacional de Colombia en el contexto de la Cuenca del Pacífico. Pío García Parra 17 Sección Documentos - Declaración sobre el trabajo cumplido por las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanas Reunión de los presidentes de Colombia, Virgilio Barco, y de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en el Puente Internacional "General Francisco de Paula Santander", 5 de octubre de 1989 24 - Discurso del presidente Virgilio Barco a la 44 Asamblea de las Naciones Unidas 32

No. 9 ENEROMARZO 1990 Sección Política Exterior de Colombia La administración Barco y los No Alineados. Diego Cardona Cardona Sección Relaciones Económicas Internacionales Una década perdida para América Latina. Eduardo Sarmiento Palacio Sección Política Mundial Panamá: Crisis, invasión y la nueva era de hegemonía norteamericana. Cario Nasi L. Sección Documentos - Documento para el temario preliminar ampliado de la Cumbre de Cartagena - Declaración de Cartagena No. 10 ABRILJUNIO 1990 Sección Política Exterior de Colombia Entrevista con el canciller Julio Londoño Paredes

Política exterior colombiana 1962-1966: anticomunismo, multilateralismo e integración fronteriza. Nelsy Julieta Lizarazo C. Sección Política Mundial Nicaragua: Triunfo de la democracia o de la guerra de baja intensidad. fosé Luis Ramírez León, Alejandro Valencia Villa Sección Documentos - Palabras del Señor Presidente de la República, Virgilio Barco, ante el Parlamento Europeo - Protocolo de Managua sobre el desarme

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No. 11 JULIOSEPTIEMBRE 1990 Sección Política Exterior de Colombia Algunas características de la política exterior colombiana: Notas para la discusión. Diego Cardona C. Sección Relaciones Económicas Internacionales La Comunidad Europea: Una estrategia comercial realista. Marta Osorio Sección Política Mundial El nuevo orden alemán. Rubén Sánchez D. Sección Documentos - Discurso de posesión del presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo - Discurso del presidente de la República, César Gaviria Trujillo, ante la ONU

26 29

No. 12 OCTUBREDICIEMBRE 1990

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Sección Política Exterior de Colombia La política exterior del presidente César Gaviria Trujillo. Rodrigo Pardo Sección Relaciones Económicas Internacionales El Pacto Andino: Hacia un nuevo modelo de integración. Alfredo Fuentes Hernández, María Mercedes de Martínez Sección Política Mundial La crisis del Golfo Pérsico: Apuntes para la discusión. fosé Luis Ramírez León Sección Documentos - Discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo Correa, con motivo de la clausura del Octavo Congreso de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex - Ayuda Memoria. Conclusiones de la Primera Reunión de la Comisión Bilateral ColomboAmericana sobre Comercio e Inversión

No. 13 ENEROMARZO 1991

Sección Relaciones Económicas Internacionales Alemania: ¿Cuánto cuesta la Unidad? Joachtm Knoop

Sección Política Exterior de Colombia Dos dimensiones de la política exterior colombiana: Apertura e integración. Martha Osorio y Cario Nasi

Sección Relaciones Económicas Internacionales Coyuntura cafetera.

Fernando Casas Castañeda

Cristina Lanzetta

Sección Política Mundial El sistema mundial en los noventas. Diego Cardona y Juan Tokatlian

Sección Temas Globales La protección del derecho de los conflictos armados a propósito de la Guerra del Golfo Pérsico. Alejandro Valencia

Sección Documentos - Palabras del presidente César Gaviria luego de la reunión con el presidente George Bush - Palabras del presidente George Bush luego del encuentro con el presidente César Gaviria - Informe de avance sobre el trabajo de las Comisiones Nacionales de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos

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No. 16 OCTUBREDICIEMBRE 1991

Sección Política Exterior de Colombia La Iniciativa para las Américas un año después: El caso de Colombia Mauricio Reina Sección Relaciones Económicas Internacionales El mercado de armas en el período de la posguerra fría y los estados menos desarrollados Frederic S. 12

Sección Relaciones Económicas Internacionales Washington era una fiesta: ¿Tiene Estados Unidos el mundo a sus pies? Mauricio Reina

Unidos: limón 17

Sección Temas Globales Integración en América Latina: ¿Qué modelo? Patti Londoño Jaramillo

Sección Documentos - Normas de la nueva Constitución de Colombia referidas a las relaciones internacionales del país - VIII Reunión de Cancilleres del mecanismo permanente de consulta y concertación política -Grupo de RioNo. 15 JULIOSEPTIEMBRE 1991

Sección Política Mundial Europa en los años noventa y sus relaciones, con América Latina Luis Alberto Restrepo

Roberto Russell

Sección Tenias Globales Hacia una teoría del Estado Democrático en América Latina Arlene B. Tickner y Óscar Mejía Q.

Sección Documentos - Bibliografía Colombiana de Estudios Internacionales 45

Diego Cardona

- Declaración de Guadalajara

No. 17 ENERO-MARZO 30

1992

Sección Política Exterior de Colombia El Grupo de los Tres: Una lectura política Diego Cardona C.

Sección Política Exterior de Colombia La política amazónica de Colombia

Sección Documentos - Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Luis Fernando Jaramillo, ante la ONU - Palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Pardo, en la X Reunión Ministerial del Movimiento de Países No Alineados

Pearson

Diego Cardona y Juan Tokatlian

María del Rosario García F.

Adrián Bonilla

Sección Política Exterior de Colombia Los desafíos de la política internacional colombiana en los noventa

Estados jugo

Sección Temas Globales Teoría de las relaciones internacionales como discurso político: El caso de la guerra de las drogas

No. 14 ABRIL-JUNIO 1991

Sección Política Mundial Argentina y La política del

Sección Política Mundial Relaciones entre el Grupo de Rio y la Comunidad Europea

Sección Relaciones Económicas Internacionales La Ronda Uruguay y la agricultura: Crónica de un conflicto anunciado Martha Ximena Osorio 14

Sección Política Mundial Tecnología y desarrollo en Latinoamérica: Algunas observaciones apropiadas para una economía abierta Rafael Bautista Sección Temas Globales

Sección Documentos

- Cumbre de drogas en San Antonio, 1992 - Relaciones exteriores: Estatuto orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular

La integración del bloque norteamericano Martlia Ardua y Germán Dobry 25