Colombia Internacional No. 2 by Publicaciones Faciso

CONTENIDO

El Tema de los Derechos Humanos en la Política Exterior de la Administración Barco Adriana de la Espriella y Juan Gabriel Tokatlian 3 Integración Latinoamerica na: Pasado, Fracaso y Perspectivas Luis Hernando Rodríguez 9 El Debate Electoral en Estados Unidos: Bush, Dukakis y la Droga Daniel García 17 Discurso del Presidente de la República de Colombia, Virgilio Barco Vargas ante el Congreso de los Diputados. Madrid, España, 31 de mayo de 1988 El Narcotráfico: Una amenaza contra los derechos humanos 22 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoñó, ante la Tercera Sesión Especial sobre Desarme en las Naciones Unidas. Nueva York, junio de 1988 26 Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. "La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Editorial En este nuevo número de Colombia Internacional se abordan diversos factores de la realidad interna e internacional que, decididamente, afectan y afectarán las relaciones exteriores del país. Los ensayos de las tres secciones —Política Exterior de Colombia, Relaciones Económicas Internacionales y Política Mundial—y el informe y los discursos de la cuarta sección —Documentos- tienen un común denominador: tocan aspectos claves, políticos, económicos y diplomáticos, que influyen en la formulación de la política exterior e impactan sobre el diseño de la política doméstica Temas como los derechos humanos, la violencia política, la cuestión de las drogas, el proceso de integración andino, inciden en el diagnóstico de las alternativas de manejo gubernamental en ambos frentes. Aquellos temas, y su significado interno y externo, muestran en qué grado y con cuánta intensidad existe una evidente interdependencia transnacional de las diversas variables nacionales y mundiales. Asimismo, este conjunto de tópicos señalan la imperiosa necesidad de evaluar, en forma sopesada y realista, los márgenes de maniobra y de autonomía de Colombia en el escenario internacional. De allí que se torna importante ampliar el debate y la controversia acerca de estos temas. Colombia enfrenta serios desafíos en su sector externo que requieren de acciones oportunas y políticas consistentes para incrementar, lo máximo posible, el control sobre las mismas. Los efectos negativos de una errónea interpretación de ese contexto exterior pueden determinar consecuencias peligrosas y costosas en el terreno interno. Probablemente, nunca como ahora fue tan urgente una visión estratégica de largo alcance para la ejecución de la, política internacional de Colombia. Por ello, Colombia Internacional intenta, con esta edición, hacer un aporte a la comprensión científica de los asuntos y temas de la realidad global que pueden condicional un proyecto autonómico de inserción mundial para el país.

Colombia Internacional No. 2. Abril - Junio de 1988 CE/ Centro de Estudios de la Universidad de los Andes Publicación trimestral Rector: Arturo Infante V. Director. CE./.: Juan G. Tokat/ian. Editor: Colombia Internacional: Patricia Pinzón Comité Editorial: Adriana de la Espriella, Gabriel Murillo, Rodrigo Pardo, Manuel Rodríguez Eduardo Sarmiento, Juan G. Tokatlian Coordinación Editorial: Fondo Editorial CEREC - Cra. 13 No. 38-65 (403). TEL: 2855002 Martha Cárdenas, Hernán Darío Correa

presiones —a pesar de la buena intencionalidad de los agentes que las generan— no necesaria mente contribuyen, siempre, a una mayor distensión doméstica pues incluso pueden exasperar la situación de radicalización y polarización que aqueja al país. En ese contexto, el tema de los derechos humanos ha comenzado a gravitar notablemente en la formulación de las políticas interna y externa de la presente administración y ha surgido como una dimensión fundamental que impacta las conductas y los movimientos del ejecutivo en ambas esferas.

Sección: Política Exterior de Colombia

Uno de los aspectos de la política interna que influyen, significativamente, en el diseño de las relaciones internacionales de la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas es la situación de precaria estabilidad y creciente polarización que vive el país.

El Tema de los Derechos Humanos en la Política Exterior de la Administración Barco

El entrecruzamiento y retroalimentación de diversas manifestaciones de violencia determinan un escenario doméstico incierto y altamente conflictivo. Desde la perspectiva gubernamental, varias de dichas "violencias" — la proveniente de los alzados en armas, la generada por el terrorismo y la emanada del tráfico ilegal de drogas— tienen relación con factores y/ o actores externos que, mediante sus influencias o acciones, pueden provocar consecuencias internas en cuanto a la intensidad y el alcance de los actos violentos adelantados por distintos agentes sociales. En forma concomitante, las críticas o reacciones de algunos o varios estados y actores no gubernamentales respecto a los niveles de violencia local y a la capacidad oficial para hallar respuestas a ésta dentro de los marcos constitucionales y democráticos, pueden conducir a crear condiciones de presión diplomática e internacional sobre las gestiones del gobierno. También, según la administración, estas

Adriana de la Espriella* y Juan Gabriel Tokatlian**

*Investigadora del Centro de Estudios Internacionales, UNIANDES. ** **Director del Centro de Estudios Internacionales, UNIANDES.

El Escenario Interno En lo doméstico, el Presidente Barco ha reiterado que "la protección de los derechos humanos no es solamente una obligación constitucional. Es además un deber político. Donde no se protegen los derechos humanos podrá "haber un conglomerado pero no una comunidad, podrá haber gobierno pero no democracia, podrá haber desarrollo pero no progreso social, podrá haber orden pero nunca normalidad y pacífica convivencia".1 Junto a reiterados pronunciamientos en favor de la defensa de los derechos humanos, el mandatario liberal ha adoptado diferentes decisiones en esa dirección: la promulgación de un Tribunal Especial para investigar crímenes políticos (que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema); la creación del Instituto para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos "Guillermo Cano" en el marco de la E.S.A.P.; el nombramiento de un reconocido intelectual democrático vinculado a la cuestión de los derechos humanos, Álvaro Tirado Mejía, al frente de la 1. Ver, "Mensaje del Presidente de la República Virgilio Barco al Congreso Nacional. 20 de julio de 1987", en Virgilio Barco Vargas, £1 cambio: hacia una Colombia nueva. Bogotá: Presidencia de la República, 1987, p. 75.

Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos; el cambio de un Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas militar por uno civil; la escogencia de un Procurador General de la Nación encargado (luego del trágico asesinato del exProcurador, Carlos Mauro Hoyos, a manos dé narcotraficantes) del ala progresista del partido de gobierno, Horacio Serpa Uribe; y la concreción de diversas medidas especiales para fortalecer la rama jurisdiccional, la procuraduría y la policía judicial, entre otras. Pero, paradójicamente, y en forma casi paralela, escogió en un momento complejo y difícil de su gestión, un Ministro de Justicia de la "línea dura" del partido liberal, José Manuel Arias Carrizosa, quien apoyó la creación de grupos de "autodefensa" (y quien tiempo después debió renunciar por el "affaire" del Rolls Royce); estableció un Estatuto para la Defensa de la Democracia, más conocido como "Estatuto Antiterrorista" (que para varios sectores rememoraba el draconiano Estatuto de Seguridad del ex-Presidente Julio César Turbay Ayala); nombró un Jefe Militar especial y con amplios poderes para la convulsionada región de Urabá, entre otras medidas. Al tiempo que no pudo detener los asesinatos de centenares de militantes y representantes políticos con cargos legislativos y municipales de la Unión Patriótica, ni se ha avanzado concretamente en el juzgamiento y castigo de individuos o grupos comprometidos, directa o intelectualmente, con la muerte de miembros de dicho partido (como en el caso de su líder y excandidato presidencial, Jaime Pardo Leal), de voceros de los derechos humanos y líderes estudiantiles y de base. De alguna manera, esta dualidad de fenómenos expresa la existencia de una suerte de "empate", a nivel del gobierno, entre dos líneas de interpretación frente a la problemática de

violencia política y en cuanto a los instrumentos idóneos y efectivos para asegurar la defensa de los derechos humanos. Por ello, las recientes transformaciones (10 de Junio) operadas en el gabinete deberían evaluarse a la luz de sus efectos sobre la política de paz y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, el prolongado impasse en la correlación de fuerzas (en el gobierno y por fuera de él) entre sectores con más vocación de apertura y otros más inclinados a cerrar el sistema político, afecta la imagen interna y externa en cuanto al compromiso de la administración respecto al tópico de los derechos humanos y en términos de la voluntad oficial para encontrar respuestas operativas y nocoactivas, dentro del respeto de las libertades públicas y civiles, a una ascendente vorágine de violencia. La permanencia del Canciller Julio Londoño al frente de su cartera alienta la posibilidad de continuar una línea de acción internacional en el terreno de los derechos humanos y en relación a la búsqueda de la pacificación y el diálogo en el conflictivo cuadro centroamericano. El manejo internacional

En efecto, el ministro Londoño ha guiado una diplomacia dinámica en esos campos. Es claro que si un estado escoge preservar la paz interna y la estabilidad política, resulta clave la necesidad de fortalecer el frente internacional mediante una política activa y consecuente. En ese sentido, (a) se torna imperioso promover la atenuación (en vez del agravamiento) de las posibles tensiones externas; (b) evitar eventuales intentos de desestabilización por parte de diversos actores foráneos; (c) deslindar el potencial o real conflicto local de su probable internacionalización; (d) actuar en forma realista y no ideológica; (e) no reproducir, nacional o regionalmente, la disputa Este-Oeste; (f) aislar al máximo posible la problemática de violencia interna del entorno global

para hacerla más manejable y, a su vez, más factible de mitigarse mediante mecanismos pacíficos y consensúales; y (g) propiciar una actitud decidida en el área de los derechos humanos. En relación a los seis primeros puntos, la política hacia Centroamérica, Panamá, Estados Unidos y Cuba, en el caso colombiano, tiene un efecto significativo en términos de la situación política interna. Alianzas ideológicas automáticas y estrechas, respaldo a acciones de fuerza o de corte militarista, in activismo ante signos preocupantes de intervención foránea y manipulación del derecho internacional, errores en el cálculo de los verdaderos intereses nacionales en juego, una visión hiper-ideologizada de la seguridad externa e interna, y la carencia de una aproximación estratégica a favor de la distensión regional e internacional, entre otros factores, pueden impactar negativamente sobre el proceso doméstico. En gran medida, el despliegue internacional del actual gobierno frente a los actores mencionados —con base en un accionar pragtamatico, de no alineamiento, de respaldo consistente a la disminución de tensiones a nivel subregional y global, de defensa de los principios básicos del derecho internacional y a favor de salidas negociadas y políticas a diversas crisis cercanas al país— le ha permitido, hasta el momento, despejar el fantasma de la internacionalización de la violencia nacional y frenar la exacerbada ideologización (y el conflicto abierto y ciego) que emanaría de colocar a Colombia dentro del área de los así denominados "conflictos regionales". En referencia al último punto —las iniciativas en torno a la temática de los derechos humanos— las acciones emprendidas en meses recientes, en particular, por el Ministerio de Relaciones Exteriores,2 han sido de gran relevancia. Quizás el hecho más importante lo haya constituido la actuación de Colombia

en el seno del 44vo. período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunido en Ginebra durante febrero-marzo de este año. Tal como aconteció en 1987, la delegación norteamericana elevó una resolución condenatoria de presuntas violaciones de los derechos humanos en Cuba, mientras este último país presentó una del mismo carácter respecto a Estados Unidos. En aquella oportunidad, ambas mociones fueron derrotadas. La estadounidense fue rechazada por 19 votos en contra, 18 a favor y 6 abstenciones. Actuando conjuntamente, 5 miembros del Grupo de los Ocho —México, Venezuela, Perú, Argentina y Colombia— no respaldaron la propuesta norteamericana ni tampoco la cubana. En esta ocasión, se reprodujeron las fuertes presiones estadounidenses que habían caracterizado ya la 43va. reunión de la Comisión. También, en este caso, Estados Unidos y Cuba introdujeron iniciativas condenatorias de la respectiva contraparte. La norteamericana aseveraba, en su preámbulo, las "continuas y extendidas violaciones de una amplia gama de derechos humanos básicos y libertades fundamentales" en la isla y se basaba en "acusaciones" previamente establecidas. En su parte dispositiva instaba a que el gobierno cubano permitiera "el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones cubanas" y no de una delegación de la Comisión, como hubiera correspondido.3 2. En esa dirección de privilegiar el tema de los derechos humanos en la agenda de las relaciones internacionales recientes del gobierno, se deben ubicar el viaje a Portugal, España e Italia del Presidente Barco a finales de mayo y principios de junio, y las varias labores diplomáticas desplegadas por el Consejero Tirado en foros multilaterales y ante gobiernos euro peos y regionales. 3. Ver, "Proyecto de Resolución presentada por Estados Unidos sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en Cuba No. E/CN.4/1988/L.26", Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas.

En una versión posterior y modificada, la representación norteamericana intentó moderar el lenguaje (por ejemplo, ya se hablaba de "informes" en vez de "acusaciones") y solicitó la creación de un grupo de trabajo de la Comisión para viajar a examinar la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero, aclaró que dicho examen no sólo debía incluir una visita a Cuba, sino que también se fundamentara "en toda la información que solicite y obtenga de todas las fuentes", sin explicar si estas serían las existentes en Cuba (oficiales y/ o no gubernamentales) y/o en otros países. Es decir, no sólo quedaba abierta la posibilidad de encontrar y corroborar evidencias en la isla, sino además otras que se obtuvieran por fuera. Y esto, obviamente, se refería a las que pudiera suministrar el gobierno estadounidense; con lo cual ningún informe "in situ" sería suficiente o del total agrado del gobierno norteamericano por cuanto podría argüir que sus informaciones eran más precisas y valederas. En pocas palabras, en buena medida, la administración estadounidense podría ser, al mismo tiempo, fiscal y juez del estado de los derechos humanos en Cuba. Eso resultaba inadmisible para el resto de las delegaciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y distorsionaba el sentido y propósito de las investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos que se efectúan en un país, cualquiera que fuese el régimen político de éste. En realidad, nunca existió una mayoría concluyente ni abrumadora a favor de la resolución norteamericana (ni en su 4 primera y segunda versión) . En especial, los representantes europeooccidentales y latinoamericanos buscaron siempre una salida equilibrada que no polarizara el debate, ni transfiriera al seno de la Comisión una nueva arista de la confrontación 4. Ver, la versión modificada del anterior proyecto (Nota 3) bajo la denominación E/CN.4/1988/L.26/Rev. I.

Este-Oeste. Al mismo tiempo, no se entendía la desmesurada insistencia que, en su último año de mandato —y cuando las relaciones cubanonorteamericanas no se encontraban en su punto más áspero o tensionante— la administración Reagan demostraba frente a esta cuestión, con una actitud tan radical y exasperante. Finalmente, por amplio consenso fue aprobado un proyecto de decisión patrocinado por Argentina, Colombia, Perú y México que, aceptando una invitación del gobierno cubano, designaba un comité de cinco miembros de la Comisión para viajar a Cuba "a fin de observar la situación en materia de derechos humanos" para luego elaborar y presentar un informe al respecto.5 Con esta solución se lograban varios objetivos: entre otros, comprometer a Cuba en la aceptación de una visita formal de la Comisión; no convertir el debate en el marco de la ONU en un campo de batalla ideológico; reivindicar una fórmula latinoamericana para resolver cuestiones que interesan y competen, prioritariamente y no aisladamente, a la región; y asegurar, mediante una acción creativa y de respaldo unánime, el no veto norteamericano. El gobierno de Colombia, en particular, conseguía afirmar tres tesis que luego se reiterarían en la respuesta oficial al informe de Amnistía Internacional (A.I.) sobre la situación nacional: la no politización de posturas y discusiones en torno a temas tan fundamentales, sensibles y complejos como el de los derechos humanos; la no condena anticipada antes de evaluar, en forma sopesada, y verificar, en términos concretos, la realidad sobre los derechos humanos en un país; y el hecho de que las visitas de prestigiosos organismos internacionales 5. Ver, la propuesta latinoamericana, convertida en la resolución finalmente adoptada, bajo la denominación E/CN.4/1988/L. 103.

y/o no gubernamentales para analizar el estado de los derechos humanos en un país deben realizar una tarea abierta, franca y responsable para contribuir al mejoramiento de la situación interna y no para exacerbar posiciones que pueden, más allá de la voluntad de dichas instituciones, conducir a una mayor polarización doméstica. Entre otros importantes efectos, la conducta cíe Colombia le permitió que fuese escogida en la representación de cinco miembros de la Comisión que viaja a Cuba. El embajador colombiano ante la Comunidad Económica Europea, Rafael Rivas Posada, fue nombrado en la delegación que irá a la isla a mediados de este año. En forma concomitante, el prestigio y reconocimiento ganados por el país mediante una ardua y hábil diplomacia en el caso cubano, contribuyó a que después de un viaje que realizara el Canciller Londoño a La Habana a finales de mayo, para un encuentro del Buró de Coordinación de los No Alineados, Colombia lograra un significativo apoyo del bloque latinoamericano para su postulación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero próximo. El informe de Amnistía Internacional Sin embargo, en el marco de una creciente "guerra sucia" interna —cuya demostración más evidente la constituyen las reiteradas matanzas de campesinos a manos de sicarios; los asesinatos, entre muchos otros, del alcalde popular electo por la Unión Patriótica en Remedios (Antioquia), Elkin Martínez, y del Procurador de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; la proliferación de actos terroristas; las recurrentes prácticas de extorsión y boleteo por parte de grupos guerrilleros; los secuestros del ahora alcalde socia-conservador de Bogotá, Andrés Pastrana, y el ex-candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado; las incontroladas acciones de grupos paramilitares y la mayor violencia generada por sicarios vinculados al narcotráfico— las

violaciones de los derechos humanos se fueron incrementando vertiginosamente en lo que va de 1988. En el mes de abril, se sucedieron una serie de hechos importantes que influyeron en el desenvolvimiento del tema, su discusión interna y su proyección internacional. Por un lado, el pleno del Parlamento Europeo condenó enfáticamente las múltiples matanzas de campesinos y trabajadores en Mejor Esquina (Córdoba), Urabá (Antioquia) y San Alberto (Cesar); exhortando al gobierno a tomar medidas urgentes para frenar la ola de violencia política pero manteniendo la vigencia y respeto 6 de las libertades públicas. Por el otro, un encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial (al que asistieron congresistas de los partidos colombianos, (incluida la Unión Patriótica) elogió el esfuerzo gubernamental en defensa de los derechos humanos y lo7 alentó a seguir en esa dirección. Pero fue a mediados de abril cuando se produjo el hecho más importante, debido a su gran impacto interno e internacional: Amnistía Internacional dio a conocer su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Con anterioridad a su presentación, el Consejero Presidencial Tirado Mejía había dicho respecto de A.I.: "Yo creo que Amnistía Internacional es una entidad respetable que hace una labor humanitaria muy importante en el mundo. No estoy de acuerdo con. la forma sesgada como se ha mirado a esa entidad... De suerte que me parece una entidad respetable. Pero al mismo tiempo (le) digo que como toda entidad es susceptible de cometer errores".8 6. El Espectador, 16 de abril de 1988, p.5. 7. El Tiempo, 22 de abril de 1988, pp. I y 8. 8. Ver reportaje de Alberto González M. en El Mundo al Consejero Presidencial Álvaro Tirado Mejìa el 6 de diciembre de 1987.

De cierta manera, estos comentarios traslucen el hecho que el gobierno no estaba mal predispuesto (como había acontecido durante el período de gobierno del Presidente Turbay) frente a esta institución ni desconfiaba de su credibilidad, pero abrigaba dudas acerca de si A.I. elaboraría un informe comprehensivo sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, con todas las combinaciones de violencia y la multiplicidad de fuentes en las que ésta se origina. La publicación del informé de Amnistía tuvo repercusiones que trascendieron al terreno internacional. En aquel, A. I. fue enfática y explícita al culpar' directamente a las fuerzas militares y de policía por graves violaciones a los derechos humanos más esenciales; acusándolas de permitir —o inclusive, de promover sistemáticamente— prácticas tales como la tortura, el desaparecimiento de personas y las ejecuciones extrajudiciales. Según Amnistía, tales prácticas forman parte de la política oficial —o por lo menos, militar— para combatir, no sólo la subversión armada, sino también la oposición al gobierno. De allí que se inicie el documento, sosteniendo: "Existen convincentes pruebas de que las fuerzas armadas colombianas han adoptado una política de terror para intimidar y eliminar a la oposición sin necesidad de procedimientos legales".9 El informe reseña varios casos de violaciones a los derechos, humanos fundamentales, y especialmente el derecho a la vida, cometidas supuestamente "por las fuerzas del gobierno o con su autorización" contra distintos grupos de individuos: campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, líderes sindicales y políticos, voceros de los derechos humanos, miembros de los partidos de izquierda y guerrilleros. Para A.I., los "escuadrones de la muerte" —a quienes el 9. Amnistía Internacional, Colombia: Una crisis de Derechos Humanos. Madrid: Notigraf. 1988, p . 1 .

gobierno atribuye la autoría de muchos de los asesinatos políticos— están, en realidad conformados por "personal policial y militar y sus auxiliares civiles, bajo la autoridad del alto mando militar". Amnistía fundamenta esta afirmación en el hecho de que todos esos crímenes permanecen en la impunidad y de que los tribunales militares encargados de investigar y juzgar a los miembros de las fuerzas armadas no se han pronunciado al respecto. Por lo tanto, para esta entidad, "la única conclusión posible es que las violaciones de derechos humanos a gran escala no son meramente toleradas por las fuerzas armadas colombianas, sino que se inscriben en una política deliberada de asesinatos políticos". Frases como esa produjeron reacciones enérgicas a nivel oficial y rechazo entre personas pertenecientes a diversos sectores. Por ejemplo, el Consejero Presidencial Tirado Mejía calificó las afirmaciones de Amnistía como "inexactas" y "tendenciosas", además de perjudiciales para la defensa de los derechos humanos: "... por una errónea interpretación de nuestra realidad o asaltada en su buena fe por grupos interesados en manipularla ideológicamente, Amnistía contribuye a la polarización interna y facilita el trabajo de quienes han pretendido enfrentar la sociedad civil 10con las instituciones del Estado". El Ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, afirmó que las acusaciones de Amnistía eran "odiosas e injustas".11 El Procurador Serpa Uribe, por su parte, dijo que el informe era "exagerado" y sostuvo que "las fuerzas armadas no patrocinan la violación de derechos humanos".12 No obstante, aunque la tendencia inicial y más marcada fue de crítica a las acusaciones 10. El Tiempo, 28 de abril de 1988, p. 8. 11. Conferencia pronunciada en el seminario sobre "40 Años de la Declaración Americana de los Derechos Humanos". Universidad Javeriana, 27 de abril de 1988 12. El Tiempo, 5 de mayo de 1988, p. 3.

del documento, algunos sectores de la opinión pública —entre ellos, los miembros de la U.P. y de organizaciones que actúan en la defensa de los derechos humanos— consideraron que aquel simplemente confirmaba sus permanentes denuncias. Si bien en ocasiones anteriores Amnistía ya había denunciado la práctica reiterada de torturas, desapariciones y asesinatos en Colombia, ninguno de sus informes había producido tantas reacciones y discusiones. En su informe sobre 1986 y en referencia a la última porción de la administración del Presidente Betancur Cuartas, A. I. mencionaba' ciertos indicios de "complicidad oficial" en la violación 13 a los derechos humanos. Pero en esta oportunidad, Amnistía Internacional es contundente al afirmar que las prácticas mencionadas no son esporádicas o atribuibles a miembros individuales de las fuerzas armadas, sino que constituyen la política institucional y deliberada de las fuerzas de seguridad al amparo del gobierno civil. Paralelamente, en el último informe no se condenan como en anteriores las violaciones cometidas por civiles, ni se hace reconocimiento alguno de los esfuerzos gubernamentales para buscar la protección y promoción de los derechos humanos. A diferencia de otros trabajos efectuados por instituciones como Americas Watch que en sus dos informes ha dedicado una sección especial a las violaciones de los derechos humanos por parte de la guerrilla y ha buscado incluir, más expresamente, el fenómeno de violencia generado por el tráfico de drogas, el documento de A.I. no parece recoger en toda su dimensión la intrincada y contradictoria trama de violencia política y las acciones de actores no estatales contra los derechos fundamentales del hombre.14 De cualquier forma, parece 13. Ver, El Espectador, 30 de septiembre de 1987, p. 7.

ser que el informe de Amnistía tuvo mayor impacto internacional que las críticas que recibió a nivel doméstico. A pesar de las airadas protestas de algunos miembros del gobierno, que incluso llegaron a pedir que Amnistía rectificara públicamente sus afirmaciones, Colombia sigue siendo vista como un país en guerra "no declarada". Resta aún conocer las conclusiones de una misión especial, presidida por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que visitó recientemente el país y prepara en estos momentos su informe final. De todas maneras, en un contexto interno donde se carece de culpables claramente identificados, y menos aún sancionados, el peso de culpabilidad unilateral sobre el gobierno que emana del trabajo de A.I. no deja de aparecer exagerado y excesivamente concluyente. En todo caso, sí le cabe al gobierno la responsabilidad de garantizar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes de la nación. Pero la voluntad de frenar los actuales niveles de violencia no es un acto singular que dependa exclusivamente del ejecutivo sin involucrar al resto de fuerzas sociales en el país que buscan la apertura democrática y no la salida autoritaria. Sin duda, el contraste entre el discurso oficial sobre los derechos humanos y la realidad de su violación parece aún más amplio si se analiza la distancia entre la retórica y la práctica de su defensa más allá de la esfera gubernamental. Las diversas alocuciones presidenciales sobre esta materia indican que para la administración, en un escenario socio-político agudamente polarizado, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil deben surgir las voces, las acciones y los compromisos que no lleven al país al abismo y que 14. Ver, Americas Watch, The CentralAmericanization of Colombia? Human Rights and the Peace Process. New York: Americas Watch, enero de 1986, pp. 135141; y Americas Watch, Human Rights in Colombia as president Barco Begins. New York: Americas Watch, Septiembre de 1986, pp. 44-47.

aseguren el respeto y la protección de las libertades ciudadanas fundamentales. En realidad, hay un principio cardina) en juego: la búsqueda de la paz o el aliento hacia la guerra. Algunas reflexiones finales

Tanto la posición asumida por Colombia en el seno de la ONU y otros foros internacionales, como las reacciones que produjo el informe de A.I., sumadas a las medidas que ha intentado ejecutar el gobierno con el objeto de salvaguardar los derechos humanos, reflejan que la administración Barco tiene un interés prioritario en asumir su defensa y promoción. En este sentido, es notorio el contraste entre este gobierno y el que presidió en su momento el mandatario Turbay Ayala. En efecto, aunque ambos han sido períodos caracterizados por situaciones de orden público difíciles y altos grados de violencia política, la actitud asumida por el gobierno de turno para enfrentarlas ha sido claramente distinta. En el caso de la administración Turbay se adoptó una política decididamente de "mano dura" que estaba amparada por el llamado Estatuto de Seguridad Nacional; el cual se aplicó en forma indiscriminada contra toda manifestación de descontento social. En ese momento, la instrumentación de mecanismos para la protección de los derechos humanos no constituía una preocupación central. Más aún, una actitud pro derechos humanos no se consideraba legítima dadas las condiciones políticas y las circunstancias de lucha anti-subversiva. Al mismo tiempo, en el contexto internacional se hacía evidente un clima de creciente interés y compromiso con el respeto de los derechos humanos. La consideración de este aspecto de la política exterior en la administración del Presidente Jimmy Cárter y el significado de esta dimensión en la conducta externa de países europeos gobernados

por líderes socialistas y socialdemócratas era evidente y ponía en tela de juicio la opción represiva ante el orden público asumida durante 1978-82. La relación entre política interna y escenario internacional, en materia de derechos humanos, es muy diferente para el caso de la actual administración. A pesar de la adopción del Estatuto para la Defensa de la Democracia — más conocido como AntiTerrorista— el gobierno no ha llevado a cabo con él una política indiscriminada que reprima todas las legítimas protestas ciudadanas y que acalle la expresión de las fuerzas de izquierda legalmente activas en el país. Ello no obsta para asumir una posición de alerta para evitar que el nuevo estatuto, como señala un observador, "en vez de defender la democracia, continúe recortándola, como lo ha hecho en forma cada vez más grave la guerra sucia".15 Al mismo tiempo, la situación de orden público es mucho más compleja en la actualidad en la medida que nuevos y poderosos factores desestabilizadores han comenzado a jugar un papel preponderante: tales son los casos del narcotráfico y del creciente número de actos terroristas selectivos. Ello añade variables aún más radicales y polarizantes a la situación de violencia política interna. A nivel internacional, también, la situación se ha modificado. Aunque la defensa de los derechos humanos sigue formando parte de la retórica norteamericana (por ejemplo, utilizada en la reciente visita del Presidente Ronald Reagan a Moscú en el marco de una nueva cumbre entre las superpotencias), los hechos no muestran acciones decididamente encaminadas a lograr grandes avances en este campo ni a identificar a la administración 15. Eduardo Matyas Camargo. 'Estatuto de Defensa o Vía crucis de ¡a Democracia", en Cien Días vistos por Cinep. No 1. enero-mar/o de 1988, p. 12.

republicana como la abanderada internacional de su protección y promoción. Por otra parte, varios países europeos han comenzado a vivir a partir de esta década las consecuencias de una expansión del fenómeno terrorista, tanto nacional como internacional. Con ello, han adoptado actitudes más enérgicas pero han buscado no recortar las libertades básicas. Para el caso colombiano, esto significa que se han comprendido mejor las dificultades para mantener un nivel deseable y efectivo de protección de los derechos humanos frente a los requisitos de una mayor seguridad para no quedar inermes ante la proliferación de actos terroristas. La problemática del narcotráfico, que no constituye una simple "cuestión colombiana" ni una mera consecuencia de constituir el país un "punto de oferta", ya afecta tanto a los Estados Unidos como a Europa Occidental. Los efectos de este fenómeno sobre los niveles de criminalidad y su incidencia sobre la violación a los derechos humanos ha sido mejor captada en los centros de consumo y financieros que, por su razón de existir, hacen más próspero y violento el negocio ilícito de los estupefacientes. En parte, la intención del gobierno parece ser la de utilizar el tema de los derechos humanos con el propósito de proyectar una imagen internacional favorable a su política interna y para fortalecer su frente externo. Sin duda, el mandatario liberal reconoce que necesita apoyo internacional en esta esfera. La misma, inclusive, le puede servir para hacer frente a sus críticos más acérrimos que solicitan más "manu militari" para el tratamiento de la violencia nacional. Para algunos de estos, la fórmula de aislar al país y, por ejemplo, reforzar el alineamiento con Estados Unidos para recibir apoyo económico y militar, serían los ingredientes "exteriores" para emprender una cruzada contra la guerrilla, el terrorismo y el crimen organizado. En la lógica presidencial, 8

esos mismos dos elementos serían los que potenciarían los conflictos existentes. Ante el agravamiento de la situación de orden público interno, se requiere más y no menos activismo y más y no menos independencia diplomática. En gran medida, esto explica la permanencia del actual ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño, como respaldo a su gestión internacional.

que requiere una coordinación de esfuerzos para producir un fuerte impacto en el desarrollo económico". Y aclaraba que por "integración económica limitada puede entenderse una política que, dentro del marco general de desarrollo económico, tienda a la localización óptima de algunas actividades económicas importantes, especialmente las de carácter industrial y de transformación de productos agropecuarios y minerales, con vistas a establecer unidades de producción del tamaño adecuado para aprovechar las materias primas de la región y poder abastecer los mercados centroamericanos en su conjunto a costos de producción lo más bajo posibles. Esto quiere decir que será posible establecer industrias nuevas que jamás serían viables si sólo contaran con el mercado nacional".1

Tal vez, la repercusión más importante de todos los hechos descritos ha sido que el escenario internacional se ha convertido en el foro de debates sobre los derechos humanos en Colombia. En otras palabras, puede decirse que ha habido una "internacionalización" de la política nacional en esta materia. Esto no es, a priori, ni bueno ni malo ni favorable o desfavorable. Lo fundamental y lo que aún está por verse es su ventaja para una mayor y más real defensa de los derechos de los colombianos.

Sección: Relaciones Económicas Internacionales

Integración Latinoamerica na: Pasado, Fracaso y Perspectivas Luis Hernando Rodríguez*

* Director docente e investigador

de la Facultad de Economía, UNIANDES.

Introducción

Han transcurrido 37 años desde cuando se lograron los primeros acuerdos institucionales para la Integración de la América Latina. En efecto, en 1951 se crearon el Comité Centroamericano de Cooperación Económica y la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). En agosto de 1952, durante la primera reunión del Comité Centroamericano de Cooperación Económica en Tegucigalpa, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Dr. Raúl Prebisch, hacía énfasis en "la importancia de perseguir en materia de integración económica una meta inmediata no demasiado ambiciosa, pero a la vez audaz. No la perfección ni lo ideal, porque sería inasequible en muchas generaciones. Una meta limitada pero

Es importante resaltar que en este texto fundacional se plantea la política de integración como una esencialmente enfocada hacia el rediseño de la estructura de producción de las economías que han convenido en integrarse. Rediseño que abarca dos dimensiones: una, la localización óptima de las actividades productivas y dos, el establecimiento de actividades de carácter industrial y de transformación de productos agropecuarios y minerales. En otros términos, la política de integración limitada o inicial se plantea, ante todo, como el intento de lograr una zona de producción eficiente, diversificada y de alto valor agregado. Sólo posteriormente, y como complemento de esta política de integraciónproducción, se esboza la política 2 de liberación comercial. Debe notarse también que la cristalización de la segunda dimensión de la política de integración – producción, 1. CEP AL (1952), "Alcance y requisitos de una política de integración y reciprocidad económicas", en Lizano, E. (ed.). La Integración Económica Centroamericana. México, F.C.E., 1975. 2. Cf. CEPAL, ob. cit., acápite 3.

Sección: Relaciones Económicas Internacionales

Integración Latinoamerica na: Pasado, Fracaso y Perspectivas Luis Hernando Rodríguez*

* Director docente e investigador

de la Facultad de Economía, UNIANDES.

Introducción

i.e., la implantación de actividades productivas de mayor valor agregado, tendría un impacto "meta-zonal" en el sentido que alteraría la forma de inserción de la zona de integración en la economía mundial. Las economías integradas dejarían de ser exclusivamente exportadoras de productos primarios para abrirse paso en el comercio mundial de productos semi- y elaborados. Por el contrario, la historia subsecuente de la integración latinoamericana —aquella que pasa por la creación del Mercado Común Centroamericano, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), del Grupo Andino, de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), etc.— parece haberse desarrollado dándole prioridad, o en algunos casos, girando exclusivamente sobre lo que en 1951 se postulaba como un aspecto complementario de la política de integraciónproducción: la política de liberación comercial "intrazonal". Pues bien, el olvido y/o la imposibilidad de ejecutar una política de rediseño de la estructura de producción ha sido una de las causas fundamentales de los pobres resultados de la integración latinoamericana aún en el campo puramente comercial, 37 años después de los primeros intentos oficiales. En lo que sigue, se intenta sustentar esta hipótesis mediante algunas consideraciones basadas en la experiencia particular del Grupo Andino. La Restricción Externa sobre los Procesos de Integración de los Países en Desarrollo Las distintas vertientes de la literatura sobre la problemática del subdesarrollo han coincidido en señalar la relevancia de los límites externos3 para el caso de las economías en desarrollo. Por lo tanto, si en general, el crecimiento en una economía abierta requiere de un continuo esfuerzo para

minimizar los límites externos, en el caso de las economías en desarrollo este esfuerzo adquiere el carácter de una condición 4necesaria para el crecimiento . Uno de los requerimientos del orden económico internacional prevaleciente ha sido el que cada economía debe lograr —a mediano y largo plazo— un cierto equilibrio de su balanza de pagos. La definición de este equilibrio depende de los movimientos de capital que pueden considerarse como relativamente regulares. En estas condiciones, la restricción externa que pesa sobre cada una de las economías se traduce por la necesidad de obtener un saldo corriente compatible con los movimientos regulares de capital5. Ahora bien, la evolución del saldo corriente de un país es determinada prioritariamente por los flujos comerciales, los cuales —tanto en entradas como en salidas— dependen de manera fundamental de su estructura de especialización internacional. Por otra parte, la dinámica relativa de tales flujos parece estar en función de la adecuación estructural de la especialización internacional del país al dinamismo de las demandas doméstica y externa. Dentro de una economía mundial, que se caracteriza por la existencia de amplias diferencias entre los niveles de desarrollo de sus miembros, o, para simplificar, por la jerarquización económica Norte-Sur, es casi evidente que para el conjunto de economías del Sur —que se caractericen por un tipo de inserción internacional de complementariedad intersectorial con 3. Cf. Las teorías del deterioro de los términos de intercambio, del intercambio desigual, de la dependencia, los modelos de dos brechas (la restricción de divisas), etc. 4. Cf. Luís H. Rodríguez. "Una reinterpretación de los modelos de crecimiento con restricción de divisas", en Desarrollo y Sociedad, N9 18, Septiembre de 1986. 5. Cf. G. LAFAY, Dynamique de la Spécialisation Internationale. París: Eco nómica, 1975.

el Norte y por un intercambio marginal Sur-Sur— la restricción externa sobre sus procesos de crecimiento viene a ser determinada prioritariamente por su relación comercial con el Norte. Esto genera una restricción "externa" sobre cualquier proceso de integración emprendido por dichos países del Sur. En la medida en que los ajustes de sus economías respecto al contexto internacional se hacen prioritarios, pueden ir en "contra vía" de los requerimientos de la integración. La diversidad existente de estructuras de especialización internacional6, asociada a niveles igualmente disímiles de desarrollo relativo de las economías, constituye la razón de ser del carácter marginal del comercio entre las economías periféricas especializadas en producciones primarias y de la alta e inelástica complementariedad intersectorial de sus intercambios comerciales con las economías que conforman el núcleo industrial de la economía mundial. Los procesos de integración comercial de las economías primario exportadoras no sólo enfrentan entonces el problema de la similitud de sus limitadas estructuras de especialización, lo cual las contrapone sobre un plano competitivo que constituye, por tanto, una fuerza centrífuga; sino que están restringidos por la necesidad, de cada una de las economías participantes, de obtener un saldo corriente en sus 6. Por una parte, los países más desarrollados—aquellos que conforman el "centro' industrial de la economía mundial—aparecen financiando déficits en energía, productos primarios y artículos manufacturados livianos por medio de excedentes en productos industriales pesados, intensivos en capital y tecnología. Por su parte, los países en desarrollo presentan excedentes comerciales en bienes primarios —energéticos primarios, productos agrícolas o mineros, según sean sus respectivas dotaciones en recursos naturales— y déficit en productos industriales, particularmente en bienes de capital e insumos. Finalmente, los Newly industrialized Countries (NICs) muestran excedentes crecientes en productos manufacturados livianos y / o estandarizados tecnológicamente y déficits decrecientes en productos industriales pesados. -Cf. CEPII, Economie Mondiale: La montee des tensiones. París: Económica. 1983.

transacciones mayoritarias con el resto del mundo —en particular, con las economías del núcleo industrial— compatible con los movimientos regulares de capital, los que, a su vez, dependen de manera fundamental de la coyuntura de las economías industrializadas. En otros términos, los proyectos integracionistas de los países en desarrollo enfrentan una restricción de índole estructural directamente asociada con la forma de su inserción internacional dentro del contexto de la economía mundial jerarquizada. La restricción estructural sobre la integración andina A) La inserción en la economía mundial

Desde la constitución del Grupo Andino, sus miembros han mantenido de manera muy estable un patrón común de inserción internacional, por lo demás típico de los países en desarrollo. Esto significa básicamente la presencia de excedentes comerciales en productos primarios y déficits en productos industriales. Respecto a esta caracterización general cabe, sin embargo, la siguiente distinción: por una parte, Venezuela, Ecuador y Bolivia- han presentado importantes excedentes energéticos (petróleo) y, en el caso de Bolivia, también mineros (estaño y zinc). A su vez, en estas tres economías no sólo los aprovisionamientos de maquinaria y equipo y de material de transporte han incidido negativamente en la formación de sus respectivos saldos corrientes, sino que igualmente, los alimentos y las manufacturas livianas han contribuido, negativamente, a la formación de dichos saldos. Se trata, pues, de tres economías típicamente primario-exportadoras. Colombia se diferencia del grupo anterior por el hecho de que su mayor excedente no estuvo constituido por energéticos

primarios sino por café. Por el lado de los déficits, éstos se concentraron en productos industriales pesados (químicos, maquinaria y equipo y material de transporte). Las manufacturas livianas lograron contribuir positivamente a la formación del saldo corriente. Tal ha sido el caso de los textiles, las confecciones y los productos del cuero. El gráfico 1 ilustra la evolución de la contribución de cada una de las 9 principales categorías (sobre un total de 11) de bienes y servicios en las cuales se dividió el conjunto de las transacciones corrientes colombianas, a la formación del saldo en cuenta corriente de dicho país a lo largo del período 1970-1985.

intrarregionales dentro del valor de las exportaciones totales de sus miembros, es bastante modesto: 3.6% en promedio, a lo largo del período 1970-1984 (Véase cuadro 1). Es evidente entonces que, globalmente considerado, el comercio "intrarregional" de los países andinos ha tenido un carácter marginal. Esto se aprecia de manera más clara si se compara el grado de integración andina con el prevaleciente en el seno de la Comunidad Económica Europea: durante el período 1975-1984, el nivel global promedio de integración — medido como antes se indicó— es de 4.0% para el Pacto Andino y de 53.2% para la C.E.E.7.

Perú constituye un caso intermedio entre dos "extremos". Sus principales excedentes han estado concentrados también en productos primarios: petróleo, harina de pescado y minerales (cobre, zinc y plomo) y la estructura de sus déficits ha sido similar a la de Colombia. Sin embargo las manufacturas livianas no representaron un contrapeso tan importante como en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela pero, tampoco alcanzaron el nivel de contribución positiva que se dio en Colombia.

Si se dividen ahora las exportaciones de los países andinos en cuatro categorías de productos: i) Agropecuarios, ii) Mineros, iii) Petróleo y iv) Manufacturados (industriales) y se compara la composición de las exportaciones totales de cada país con la de las destinadas al mercado andino, se encuentra de nuevo una diferencia entre, por una parte, Colombia y Perú, y, por otra Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los dos primeros presentan una clara dicotomía en la composición de sus exportaciones totales y las intrarregionales. El Cuadro 2 ilustra esta situación sobre la base de cuatro cortes transversales: 1970, 1975. 1980 y 1983.

Es claro, entonces, que la inserción internacional de las economías que integran el Grupo Andino se caracterizó (a lo largo del período 1967-1985) por una fuerte lógica de complementariedad "intersectorial" de tipo tradicional. Por otra parte, y a diferencia de lo que algunos NICs han logrado, las economías andinas han afianzado —de manera muy clara por cierto, a partir de mediados de la década de los años setenta —una inserción típicamente periférica. B) La especialización "intrarregional"

En primer lugar, debe notarse que el nivel de integración comercial de los países del Pacto Andino, medido como la participación de las exportaciones

Las exportaciones totales colombianas han sido mayoritariamente de productos agropecuarios. Por el contrario, sus exportaciones hacia el mercado andino han estado constituidas principalmente por productos manufacturados. En el caso del Perú los principales componentes de sus exportaciones totales han sido productos mineros y agropecuarios. Sin embargo, estos dos tipos de productos casi que no participan en las exportaciones peruanas hacia la región andina, las que aparecen fundamentalmente constituidas 7. Cf. I.M.F., Direction of Trade Statistks. New York: Yearbooks 1982, 1985 y 1986.

Gr谩fico I Contribuci贸n de las diversas transacciones al saldo en cuenta corriente 1970-1985

por productos manufacturados durante los dos últimos años observados (1980 y 1983). Por su parte, Bolivia, Ecuador y Venezuela han participado en el comercio andino con sus exportaciones cuya composición según tipos de productos no difiere sustancialmente de la que presentan sus correspondientes exportaciones totales. Sin embargo, es notable en los tres casos, la mayor participación relativa de los productos manufacturados dentro de las exportaciones hacia la región andina. Todo lo anterior indica que una restricción básica que ha enfrentado el proceso de integración comercial andino ha estado constituido por los altos niveles de especialización en productos primarios que presentan todos los miembros del Acuerdo, los cuales dejan poco margen para la complementariedad comercial entre los socios andinos. El desarrollo del intercambio intra-rama es restringido

por la débil y poco diversificada industrialización. Son estos factores los que de manera fundamental explican la marginalidad del comercio "intrarregional" y sus características en cuanto a composición por tipos de productos. En efecto, este tipo de comercio intrarregional de las economías del Pacto Andino se ha basado, en general, en la inversión de la importancia relativa de sus respectivos niveles sectoriales de especialización internacional. Es así, como, de acuerdo a lo observado en el cuadro 2, los niveles más débiles de especialización con: respecto del mercado internacional se dan en el sector industrial y, sin embargo, con la excepción de Venezuela, son los productos manufacturados los que integran la mayor parte de las exportaciones intrarregionales. Esto es particularmente claro para Colombia y el Perú. Desde otro punto de vista, las diferencias observadas entre la estructura de la especialización internacional de los países andinos

y la composición de sus exportaciones intrarregionales, permiten pensar que mientras se de una estructura de especialización similar, de índole primaria, entre países en desarrollo que se comprometen en un Acuerdo preferencial de comercio, dicho Acuerdo inducirá un aprovechamiento intenso de las pocas ventajas comparativas no primarias, que seguramente serán, las más. débiles y, por lo tanto, las más susceptibles de ser afectadas por aquellos factores que tiendan a restringir el intercambio Fracaso y perspectivas de la integración latinoamericana En general, las economías andinas han mantenido una estructura de especialización internacional bastante homogénea y concentrada en productos primarios, en particular energéticos, lo cual, por una parte sienta las bases para un relacionamiento comercial extrarregional de complementariedad

Cuadro 1 Valor de las exportaciones intrarregionales como % del valor de las exportaciones totales (millones de dólares) Años 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Prom. (70-84)

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Pacto Andino

2.1 6.8 4.1 2.6 5.2 3.8 5.6 1.7 2.7 4.1 4.0 4.5 3.8 2.9 2.1

7.0 9.0 8.2 6.8 8.2 11.3 10.5 12.2 10.0 12.6 9.8 15.4 14.6 5.9 5.6

4.7 6.3 5.0 10.1 7.9 13.4 18.3 12.4 6.5 4.9 5.9 6.4 6.9 6.3 2.1

1.8 2.3 2.0 2.9 3.1 3.2 3.8 4.3 7.5 9.7 7.9 7.5 7.3 3.5 4.4

0.8 1.1 1.3 0.9 1.3 1.3 1.5 3.0 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 1.8

2.0 , 2.9 2.9 2.8 2.7 3.5

3.7

9.8

7.8

4.8

1.5

3.6

4.5

5.3 4.2 4.6 3.9 4.2 4.5 3.1 2.7

FUENTE: JUNTADEL ACUERDO DE CARTAGENA —JUNAC— (1985), Indicadores de los países del Grupo Andino, Mimeo, Lima, cuadros SE-4ySE-28

Cuadro 2 Composición de las exportaciones totales y de las destinadas al Mercado Andino (Millones de dólares de los EE.UU.)

BOL1VIA

COLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 8

570

Mineros

205

317

641 348

Petróleo

154

245 420

102

100

434

Industriales

372

902

596 12

Agropecuarios

987 2899 1937 176 317 622 384 504 640 0

508 529

587 1565 1608

28 122

290 230

409

290 42

1849 1613 191 443

633

705

761

559 2905 8492 1794 1381 7 5

845

565 43

111

378

262

Exportaciones totales según principales productos

BOLIV1A

COLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980 1983 1970 1975 1980

Agropecuarios

0.0

0.1 0.2

3.4

17.0

57.7 22.6 33.3 6.8

21.8

24.5 8.1

Mineros

4.9

2.7 14.6

9.1

0.2

0.3

4.1

2.9 0.4

0.0

0.1 0.1

1.6

6.8

30.7 2.3.4 6-8

Petróleo

0.0

16.3 4.4

4.9

17.7

0.1

1.2

0.0 0.0

95.2

0.0 98.1 0.1

1.3

18.7 10.1 16.0 94.6 226. 261.4 8

Industriales

0.0

1.3 23.3 6.3

17.0 107.9 351. 141.5 1.8 8

12.0 13.5 6.7

14.3 121.3 33.4 5.6

5.7

0.3

20.8 221. 59.8 3.1 8

0.1

0.2

1983

10.1 23.0

14.0 49.5

FUENTE: JUNAC (1985), Cuadros SE-15 y SE-33.

0.5 10.7

31.9

intersectorial y, por otra, tiende a enfrentar competitivamente a las economías andinas entre sí. Son estos factores los que de manera fundamental explican la marginalidad del comercio intrarregional y sus características en cuanto a composición por tipos de productos. En otros términos, podría afirmarse que el proyecto de integración comercial andino ha enfrentado desde sus inicios una restricción de orden estructural que lejos de suavizarse con el tiempo, se ha visto agravada por el proceso de polarización energética de la especialización primaria. Adicionalmente, al primar las relaciones comerciales extrarregionales—cuyo grueso se realiza con los países industrializados—, la restricción externa que enfrenta toda economía es, en este caso, determinada por el desempeño comercial de los socios andinos con respecto al núcleo industrial de la economía mundial. Por tanto, en la medida en que este desempeño internacional no logró ser sostenidamente exitoso, se adicionó a la restricción estructural mencionada la agudización de otra de tipo operacional externa, produciéndose así el resultado conocido de la crisis del proceso de integración comercial' del Grupo Andino. No resulta entonces extraño el que los países miembros del Acuerdo de Cartagena hayan adoptado recientemente la Decisión 217 o Protocolo Modificatorio del Acuerdo original, el cual se caracteriza por las siguientes tres tendencias: i) la prórroga de los plazos inicialmente pactados para la ejecución de las medidas tendientes al logro del establecimiento de un mercado ampliado. Estas prórrogas posponen por lo general, la solución de los problemas para la próxima década, ii) la derogación de todas aquellas cláusulas que implicaban compromisos que no se han cumplido, casi todos esenciales para hacer viable una unión aduanera entre países con las características de los andinos (como los

Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial) y iii) la apertura al bilateralismo. En otros términos, ante la imposibilidad de lograr una zona de producción andina eficiente, diversificada y de alto valor agregado, se ha optado por renunciar explícitamente al objetivo de poner en marcha una política de producción para la integración y se ha decidido continuar concentrando los esfuerzos en la política de liberación comercial, pero ahora reducida al ámbito bilateral.

para la realización de una inversión capaz de modificar el perfil primario de la especialización internacional de las mismas, estará dependiendo cada vez más de la evolución de los precios internacionales de los energéticos primarios. No parecen, en consecuencia, muy promisorias las perspectivas de lograr una integración que significativamente vaya más allá de ciertos auges esporádicos de carácter especulativo y/o arbitral.

Finalmente, debe notarse que si bien en la literatura se han señalado otros factores para explicar la crisis del proceso de integración comercial andina, tales como la inexistencia de una 'adecuada red de transporte de carga, la falta de una suficiente voluntad política para apoyar la integración y la carencia de un eficiente sistema inter-andino de pagos, todos ellos son hasta cierto punto adjetivos, en la medida en que subsistan las limitaciones estructurales de base que se han develado en esta exposición. Se requiere, por tanto, para asegurar la viabilidad de la integración andina, una importante diversificación de la estructura productiva de los socios, heterogénea entre ellos y competitiva internacionalmente. Dicho de otra manera, parece* que la integración andina sólo superaría su marginalidad en la medida en que se aborde con una política encaminada al rediseño de la estructura de producción de sus socios. Sin embargo, teniendo en cuenta la caída drástica en la inversión que se ha dado desde 1982 en el conjunto de las economías andinas, excepto Colombia; sus altos niveles de endeudamiento externo; la polarización de sus estructuras productivas sobre la explotación de los recursos naturales energéticos y la no alteración de carácter primario-exportador de estas economías, la generación de divisas para la amortización y el servicio de la deuda y

La Droga en USA El narcotráfico se había vuelto parte de la polémica acalorada sobre la política de Reagan en Centroamérica unos años antes de haberse iniciado la campaña electoral en enero de este año.

Sección: Política Mundial

El Debate Electoral en Estados Unidos: Bush, Dukakis y la Droga

Daniel García*

*Director Departamento de Historia, UN1ANDES.

Al finalizar la primera etapa del proceso para elegir un nuevo presidente de Estados Unidos, el tema de América Latina ha adquirido nuevas dimensiones dentro del debate de política exterior, a la vez que se han empezado a vislumbrar claras diferencias entre las posiciones de los dos contendientes, George Bush y Michael Dukakis, Mientras la controvertida política centroamericana del gobierno de Reagan sigue dominando la discusión, el tema de la droga y el narcotráfico se ha convertido en la principal preocupación del pueblo norteamericano. En efecto, una encuesta reciente muestra que la opinión pública considera que la droga es el "problema más importante" del país en este año electoral, desalojando temas económicos, como el desempleo y el déficit presupuestal, de sus tradicionales posiciones de liderazgo en esta clase de sondeos. ¿Qué implicaciones tendría todo esto sobre la campaña presidencial estadounidense? ¿Qué efecto puede tener para América Latina y Colombia el haber convertido el narcotráfico en el tópico predilecto de los medios de comunicación norteamericanos en este año de elecciones? ¿Qué dicen Bush y Dukakis al respecto?

Desde que estalló el escándalo Irán-contragate en 1986, se fue revelando el nexo —ya ampliamente conocido— entre el Cartel de Medellín y el financiamiento ilegal de los contras nicaragüenses, coordinado por el coronel Oliver North. Él año pasado, al agudizarse las tensiones con el general Manuel Noriega en Panamá, el narcotráfico se convirtió en el tema de primer orden dentro del conflicto centroamericano. Mientras tanto, son cada vez más alarmantes las proporciones del dilema de la droga en la sociedad estadounidense. Según el director de la Oficina de Política sobre la Narcomanía de la Casa Blanca, Donald MacDonal, hay veintitrés millones de norteamericanos que consumen drogas ilícitas, por lo menos, mensualmente. Este enorme mercado genera más de 20 mil millones de dólares anuales para las mafias, mientras el gobierno de Estados Unidos gasta 8 mil millones en la policía y agencias especializadas para combatirlas y 1.3 mil millones en asistencia económica y militar en América Latina.1 Sin embargo, el consumo sigue subiendo, manteniéndola altísima rentabilidad del negocio. (La DEA habla de un margen de ganancias en la cocaína de 12.000% de los costos de producción con relación al valor del mercado). Frente a este comercio tan lucrativo, aún los golpes más fuertes contra la mafia son insignificantes. Como afirmó Ana Wrobleski, Secretaria de Estado Adjunta 1. Datos tomados de la revista "Time", 30 de mayo de 1988, p. 24 y el "Boletín de Prensa" del Servicio Cultural e Informativo de Estados Unidos, 29 de abril y 9 de mayo de 1988.

para Asuntos Internacionales de Narcóticos, si no se elimina el lucro del narcotráfico, la captura y condena de Lehder "sencillamente se trata de un temprano2 ascenso para su sucesor". Como respuesta a todo esto, comenzaron a tomarse algunas acciones en contra del narcotráfico. En 1986, el Congreso sancionó una ley mediante la cual el Presidente ha de certificar anualmente ante el Congreso que los países principales de producción y tránsito de la droga han "colaborado plenamente" con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas; de lo contrario se exponen a perder la ayuda militar y económica de Estados Unidos así como el respaldo norteamericano para los préstamos internacionales de desarrollo que soliciten. Esta "certificación" requiere la aprobación del Congreso y ya se ha convertido en uno de los principales debates en torno a la política exterior y la droga. El año pasado, se inició una campaña, más que todo publicitaria, en contra del consumo de la droga, dirigida por Nancy Reagan, que logró despertar gran interés en los medios de comunicación. Aunque estos ejemplos demuestran una mayor preocupación por el tema de la droga en Estados Unidos, los resultados de la lucha contra el narcotráfico son cada vez más negativas y cada vez más fuertes las críticas al gobierno. En este contexto, arrancaron las elecciones primarias a comienzos de este año. Simultáneamente, las implicaciones internacionales del narcotráfico se hacían más manifiestas con la acusación de un juez federal contra Noriega. Pronto, el narcotráfico se convirtió en uno de los principales temas del debate electoral. Los precandidatos demócratas, especialmente Jesse Jackson y Dukakis, atacaron fuertemente al gobierno de Reagan por no prestarle atención adecuada al problema de los narcóticos. 2. "Boletín de Prensa", 24 de mayo de 1988.

Con la intensificación de la controversia sobre el narcotráfico, el gobierno endureció su posición: incrementó la presión sobre Noriega en Panamá, capturó a Juan Ramón Matta Ballesteros luego de una oscura maniobra en Honduras y prometió fortalecer la lucha contra el consumo. Con el apoyo del gobierno, el Congreso aprobó una ley, en mayo, que permite el uso de la fuerza militar en la lucha contra el narcotráfico en el exterior y, en junio, el Senado votó a favor de la pena de muerte para los narcotraficantes culpables de asesinatos. Paralelo a esto, se empieza a discutir con cierta seriedad la posibilidad de legalización de la droga como una alternativa a la represión y como un reconocimiento de lo inútil, costoso y casi imposible que es acabar con el narcotráfico. La droga se ha convertido, sin duda, en la preocupación número uno en Estados Unidos. Con las convenciones nacionales —en julio para los demócratas y en agosto para los republicanos— se oficializarán las candidaturas de Dukakis y Bush, respectivamente, y se dará inicio a la recta final del proceso electoral. Indudablemente, la cuestión de los estupefacientes ocupará un lugar destacado en el debate electoral, particularmente en lo referente a la política exterior frente a América Latina. Las apreciables diferencias, así como algunas interesantes similitudes entre Bush y Dukakis en este terreno, garantizan que la discusión será "caliente" y que el resultado de las elecciones en noviembre será de gran importancia para la región. Los problemas de Bush En el campo de política exterior, Bush cuenta con una experiencia mucho más amplia que su contendor y esto es considerado por los analistas políticos como su máxima ventaja. Como director de la CÍA, embajador y vicepresidente, Bush ha estado muy cerca a muchas de las

principales decisiones de política exterior en los últimos años. Sin embargo, aunque esta trayectoria es significativa, en comparación con la escasa experiencia de Dukakis en el plano internacional, es también, quizás, su principal desventaja ya que lo obliga a defender la política exterior centroamericana del gobierno actual que se encuentra en franco estado de deterioro y desprestigio. De esta manera, Bush ha empezado a distanciarse un poco de la administración Reagan; por ejemplo, se opuso al ofrecimiento hecho por Washington a Noriega de remover los cargos en su contra a cambio de su renuncia al poder. Pero en términos generales, Bush es el portavoz del continuismo en la política exterior y de esta manera, es un defensor de la Doctrina Reagan que proclama el apoyo estadounidense a los movimientos armados que se oponen a gobiernos considerados pro-soviéticos para "echar atrás" (roll-back) el comunismo en países como. Nicaragua, Afganistán, Angola y Camboya. En este sentido, es importante anotar que si bienes cierto que la torpeza, la corrupción y el mal manejo del gobierno de Reagan en Centroamérica le ha restado mucha popularidad a los contras nicaragüenses dentro de la opinión pública norteamericana, los principios básicos de la Doctrina Reagan siguen gozando de amplia aceptación a nivel nacional. El retiro de las tropas soviéticas de Afganistán, las negociaciones en el conflicto de Angola y la posibilidad del retiro vietnamita de Camboya son presentadas como "victorias" de la Doctrina Reagan, que para muchos norteamericanos, junto con el armamentismo, han logrado detener el expansionismo soviético que prosperó en los gobiernos "débiles" de Ford y Cárter. La mano dura en esta lógica, ha surtido efecto. Bush, entonces, se enfrenta a

una tarea difícil: defender los postulados fundamentales de la línea dura reaganiana, que tienen gran popularidad en el electorado, sin identificarse con los abusos, delitos y fracasos que estos principios han producido, en la práctica, en Centroamérica. Y, precisamente, es en el aspecto de la droga y en el narcotráfico en el cual esta tarea se torna mucho más difícil. En este sentido, cuando el debate sobre la droga cogió fuerza, Bush asumió una posición bastante agresiva al pronunciarse a favor de la pena de muerte para los "narcos". Sin embargo, esto ya ha empezado a tener un efecto de "boomerang" en la medida en que entre más se habla acerca de la droga en la campaña, más se despiertan los interrogantes sobre el papel de Bush en las actividades turbias del escándalo Irán-Contras y el embrollo de Noriega. No hay duda que las investigaciones que se adelantan en estas materias obligarán a Bush, en el mejor de los casos, a mantener una posición defensiva durante la campaña, o, en el peor de los casos, a aceptar cierta responsabilidad en los escándalos; lo que prácticamente garantizaría su derrota. Por eso, es vital para Bush enfatizar temas de carácter, "global", como el desarme, e intentar evitar en lo posible sus puntos vulnerables como Centroamérica y el narcotráfico. Asimismo, durante la campaña, Bush tendrá dos poderosos aliados en el debate sobre política exterior: la popularidad de las ideas conservadoras y nacionalistas de la política reaganiana y el rechazo generalizado de la opinión pública a cualquier planteamiento que se identifique, de alguna manera, con la inexperiencia, la ingenuidad y la debilidad que caracterizaron los años de Cárter. Dukakis: entre Cárter y Kennedy Curiosamente de la misma manera en que la figura de

Reagan juega un papel primordial en las aspiraciones de Bush, Dukakis podría tener que entenderse con el fantasma de Jimmy Cárter durante la campaña. De hecho, Bush ya ha empezado a criticar las defensas que hace Dukakis de los derechos humanos por considerarlas peligrosamente idealistas y no realistas. Por ésta razón, Dukakis ha buscado proyectarse más como un nuevo John Kennedy que como una réplica de Cárter, particularmente en su política exterior frente a América Latina. Michael Dukakis es- una figura nueva, todavía no muy definida políticamente para muchos norteamericanos y con fama de tecnócrata. Sin embargo, ha logrado proyectarse como un hombre serio que como gobernador de Massachusetts demostró ser un hábil político y un excelente administrador. Sus firmes principios liberales y su compromiso activo en el campo de reforma social ofrecen una clara alternativa al populismo conservador del presidente actual. Como Dukakis le afirmó a El Tiempo en una entrevista publicada el 9 de junio: "... después de ocho años de carisma en la Casa Blanca, ya es hora de aportar un poco de competencia". Tiene, además, un gran conocimiento e interés en América Latina, región con la cual ha tenido una relación especial. De joven, vivió en el Perú donde aprendió español y donde, en 1954, recuerda haber presenciado el repudio generalizado que se sintió con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala por parte de la CÍA, así como el total desconocimiento que esta intervención tuvo para el3 pueblo de Estados Unidos. Desde esos días, Dukakis le ha prestado particular atención a América Latina y es de los políticos estadounidenses que más conoce el área. Si bien es cierto que Dukakis carece de la experiencia 3. Revista Mother Jones, diciembre de 1987, p. 26.

formal en términos de la diplomacia oficial de Bush, se puede afirmar que su contacto persona] con Latinoamérica, así como sus raíces inmigrantes griegas, le han dado al aspirante demócrata una gran sensibilidad frente a la problemática internacional. Hoy, Dukakis, en vísperas de convertirse en el candidato oficial del Partido Demócrata, ha despertado mucho interés en los latinoamericanos de todas partes, incluyendo esos que viven en la nación que cuenta con la cuarta población hispano parlante del hemisferio, los mismos Estados Unidos. En estados claves, como Texas, California y Nueva York, el voto hispano ayudó a darle victorias importantes a Dukakis en las elecciones primarias, Ha hecho uso frecuente de su buen manejo del castellano para utilizar los medios de comunicación latinos, tanto en Estados Unidos como en países como Colombia. Por otro lado, Dukakis le ha otorgado gran énfasis a los temas de América Latina dentro de sus planteamientos de política internacional. Se opone rotundamente a la política reaganiana en Centroamérica y a su creación, los contras. A la vez, propone dedicarlos esfuerzos de la política exterior de Estados Unidos hacia el desarrollo económico y social de las naciones afectadas por la guerra, incluyendo a Nicaragua, y hacia el diálogo y la cooperación con los líderes democráticos latinoamericanos en la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos políticos. En sus palabras: "Si los norteamericanos escuchamos a estos líderes, entenderemos que el gran peligro que enfrentamos en este hemisferio no es Nicaragua o Cuba, sino el deseo insatisfecho de mejorar sus condiciones de vida que albergan los latinoamericanos que viven en condiciones de pobreza, sin trabajo, sin tierra o desnutridos".4 En este sentido, ha respaldado enérgicamente el Plan Arias, los

esfuerzos de los países de Contadora y las negociaciones actuales en Nicaragua. La propuesta central de su política latinoamericana es la creación de una "Asociación para el Progreso" (Partnership for Progress), que es bastante similar a la Alianza para el Progreso de Kennedy en algunos aspectos, pero que tiene características propias que se dirigen frontalmente a los principales problemas de América Latina hoy, como la deuda, la democratización y la droga. Para Dukakis, las relaciones económicas entre el Norte y Sur de las Américas se tienen que alterar radicalmente para "que se redistribuya equitativamente la carga de la deuda entre deudores y acreedores, que deje fondos suficientes a cada país endeudado para permitir una inversión y crecimiento adecuados y que preste especial atención a democracias en problemas como la de Argentina, en lugar de dictaduras como la de Chile".5 En este sentido, Dukakis ha hablado de la posibilidad de perdonar el pago del servicio de la deuda a países pobres, de reformar el Fondo Monetario Internacional y de obtener inversión de capital del Japón, Canadá y Europa en América Latina. Estas medidas estarían estrechamente ligadas a la democratización de los regímenes políticos de América Latina. Defiende activamente el respeto a los derechos humanos y se opone con igual firmeza al apoyo de Reagan a gobiernos militaristas. Sin embargo, como buen liberal de corte "kennedyesco", Dukakis es fuertemente anticomunista y condena el autoritarismo tanto de derecha como de izquierda. Cuando habla de naciones que requieren profundos cambios democráticos en sus regímenes políticos, coloca a Chile, Paraguay, Cuba y Nicaragua en la misma categoría. 4. Revista Estrategia, noviembre de 1987, p. 40. 5. Ibid, p. 42.

Sus ideas sobre el conflicto en El Salvador son ambiguas y a veces parecen contradecir algunos de sus otros planteamientos; aunque considera que se debe buscar una vía negociada; considera reducir, mas no eliminar, la ayuda militar al gobierno a pesar de que el Plan Arias lo prohíbe y que la actuación de los militares salvadoreños en materia de derechos humanos es atroz. Esto refleja el temor de todo político estadounidense de ser acusado de haber "perdido" a El Salvador, como Cárter "perdió" a Nicaragua e Irán. De todas maneras, el anticomunismo de Dukakis no es dogmático ni extremo. Se opone al fanatismo reaganiano y piensa que no se debe fomentar la democracia financiando mercenarios. Condena el carácter autoritario de la izquierda revolucionaria latinoamericana, pero es sensible a sus reclamos de justicia social y económica. Posiblemente, lo más determinante es que Dukakis considera que el comunismo no es una amenaza para Estados Unidos en América Latina: la principal amenaza actual es la droga. Ha propuesto nombrar un "Comandante en Jefe de la Guerra contra la Droga", una especie de súper ministro para coordinar los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, de rehabilitación y de educación preventiva. Promete fortalecer las leyes contra el consumo en las ciudades de Estados Unidos y modernizar tecnológicamente a la Guardia Costera y a la policía tanto federal como local. Ha dicho que cortaría la ayuda económica a naciones que no cooperen con el gobierno estadounidense en la lucha contra la droga, de acuerdo a la ley de 1986. Pero, a la vez, le brindará asistencia a esas naciones que sí están haciendo esfuerzos en esa dirección. Finalmente, como afirmó Dukakis en la entrevista con El Tiempo anteriormente citada: "No soy partidario de la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en la lucha contra los narcóticos. Sólo

lo haría en casos extremos bajo circunstancias determinadas". Hacia los Noventa Esta última afirmación es una excelente ilustración de cómo el tema de la droga se ha convertido en uno de los elementos centrales del debate electoral. Paralelamente, señala te aparición de una nueva actitud de la sociedad estadounidense frente al problema de la droga y el narcotráfico que tendrá un efecto profundo sobre la política de la próxima administración frente a América Latina y a Colombia, en particular. El hecho de que un anti-intervencionista convencido, como Dukakis, se niegue a excluir la posibilidad de utilizar la intervención militar en la lucha contra los narcóticos en "casos extremos" —para salvarse de los ataques de la derecha— es una clara muestra de la creciente radicalización que se está dando en Estados Unidos en el debate sobre la droga". Paradójicamente, mientras las declaraciones del alcalde de Nueva York —sobre el bombardeo de Medellín para combatir el narcotráfico— produjeron repudio, incredulidad y fastidio en nuestro medio, las "locuras" de Koch no están muy lejos de lo que están opinando muchos norteamericanos: la votación en el Senado al aprobar el uso de la fuerza militar en la lucha contra la droga fue de 93 votos contra 6. Todo parece indicar, entonces, que la intervención militar en América Latina continuará siendo posible en la próxima administración, independientemente de quién sea el nuevo presidente, pero ya no para detener el comunismo, sino la droga. Se está consolidando un gran consenso nacional en contra del narcotráfico así como se desarrolló en contra del comunismo hace cuarenta años. Con amplio apoyo bipartidista y con fuertes rasgos de nacionalismo, este fervor "anti-narco" podría convertirse en uno de los pilares

de la futura política exterior estadounidense. Esto, a su vez, probablemente podría producir resultados similares a los que han traído los primeros ejemplos de esta política contra las drogas en Panamá, Honduras y aún en Colombia, como es el caso de las represalias aduaneras tras la liberación de Jorge Luis Ochoa: un fuerte sentimiento anti-norteamericano y el despertar de un nacionalismo latinoamericano que lleva a un distanciamiento en las relaciones con Estados Unidos. Conscientes de la necesidad de actuar contra el narcotráfico y sacrificando inmensas cantidades de esfuerzos, recursos económicos y miles de vidas, América Latina y Colombia, en particular, consideran que la batalla contra la producción y el tráfico es sólo parte de la guerra, y que la otra batalla la tiene que librar Estados Unidos: la lucha contra el consumo interno que alimenta al imperio multimillonario de la droga. Sin embargo, la actitud generalizada en Estados Unidos sigue siendo que la responsabilidad principal en el combate contra la droga la tienen las naciones productoras que, para muchos norteamericanos, acolitan el tráfico ilícito. En las palabras de Davis Westrate de la DEA: "Creo que hemos perdido a Colombia (a las mafias de la droga) o la estamos perdiendo".6 Estas situaciones tan opuestas —el nacionalismo intervencionista "anti-narco" en Estados Unidos y el nacionalismo anti-USA en América Latina— le ofrecerán al nuevo presidente estadounidense una combinación difícil de manejar. Indudablemente, un gobierno de Bush tendería hacia la mano dura y la intervención frente a América Latina mucho más que uno encabezado por Dukakis. Sin embargo, aún a un gobierno de Dukakis, comprometido 6. Revista The New Republic, 11 de abril de 1988, p. 18.

prometido con el nointervencionismo, le tocará enfrentarse a las fuertes voces de oposición en el Congreso que claman por una política anti-narcóticos agresiva. Las voces provienen de todas las gamas políticas: de la derecha como los senadores Helms de Carolina del Norte y D'Amatode Nueva York y de la izquierda, como el senador Kerry de Massachusetts y el representante Rangel de Nueva York.

constructivo con las naciones latinoamericanas. Sin embargo, cualquiera de los dos tendrá que entenderse con un sentimiento popular cada vez más fuerte, más nacionalista y más intervencionista en contra del narcotráfico que podría traer mayor tensión en las relaciones con América Latina. No hay duda que la decisión que tome Estados Unidos sobre quién sea su próximo presidente es determinante para nuestras naciones que tienen mucho en juego.

De hecho, al respecto, este año ya se han dado varias discusiones agitadas en el Congreso. La ley de 1886, anteriormente mencionada, que estableció la "certificación" de la cooperación de las naciones productoras de droga en la lucha contra el narcotráfico, se ha convertido en un dilema delicado para el gobierno de Estados Unidos: la no certificación de ciertas naciones traería consecuencias desastrosas, como el caso de México cuya economía podría sufrir tremendamente, imposibilitando aún más el pago de la deuda externa. Aún así, el Congreso se opuso tenazmente a la certificación de México y estuvo próximo a derrotar al gobierno que reconoció la necesidad de dar la certificación. La administración Bush o Dukakis tendrá el mismo_ problema en los primeros meses de cada año de su presidencia. Para América Latina, esas votaciones anuales adquirirán cada vez más importancia. En vísperas de la recta final de la maratón presidencial en Estados Unidos, es claro que el tema de la droga y el narcotráfico se destacará en el debate electoral, particularmente en lo referente a América Latina. Y aunque muchas cosas pueden pasar de hoy a noviembre, ya empiezan a esclarecerse algunas de las perspectivas de la política estadounidense para los noventa. Por un lado, una victoria de Bush probablemente significaría una continuación de la línea actual, expresada en la Doctrina Reagan. Por el otro, un presidencia de Dukakis buscaría un acercamiento 21

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Discurso del Presidente de la República de Colombia, Virgilio Barco Vargas ante el Congreso de los Diputados. Madrid, España, 31 de mayo de 1988.

Excelentísimo Señor Presidente del Congreso de los Diputados, Don Félix Pons, Señorías: Es un honor dirigirme al Congreso de los Diputados de España. Aquí están presentes quienes con su dedicación, prudencia y buen juicio, han contribuido a edificar y enriquecer la democracia española. En algo más de una década este país ha dado lecciones de respeto a las libertades, de innovación en la concepción del estado de derecho y de imaginación en la búsqueda de la igualdad y de la justicia social. Que las expresiones democráticas perduren y progresen aquí en esta parte del mundo tan cercana a nuestros afectos. Las Cortes han cumplido una tarea trascendental en la preservación y consolidación de la democracia española. Así, pues, este foro es el más apropiado para hacer algunas reflexiones sobre la democracia en un país como Colombia. Colombia tiene una democracia estable

El Narcotráfico: Una amenaza contra los derechos humanos

Colombia se enorgullece de tener una de las democracias más estables y sólidas de América Latina y del mundo. Sus raíces se remontan a principios del siglo XIX. La Constitución que nos rige hoy, en proceso de revisión, tiene más de cien años de vigencia, interrumpida solamente en dos ocasiones por regímenes autoritarios de corta duración. Nuestra tradición electoral exhibe una continuidad semejante como que desde las vísperas de la independencia se realizan elecciones libres que han ido incorporando gradualmente diversos sectores de la población: la mujer en 1957 y los jóvenes mayores de 18 años en 1978. La constitucionalidad de las leyes y decretos está celosamente guardada por normas y tribunales ampliamente acatados. Cualquier ciudadano, sin necesidad de ser abogado ni de probar un interés particular en el caso, puede solicitar de las instituciones judiciales competentes que se invalide cualquier ley o un acto administrativo. No tengo que resaltar

la importancia de" una justicia constitucional independiente y poderosa. La meritoria labor desempeñada por el Tribunal Constitucional Español es la mejor prueba de ello. El propósito del Gobierno: ampliar y fortalecer la democracia. Sin embargo, la democracia colombiana tiene grandes deficiencias. Por esta razón, el Gobierno que presido ha puesto en marcha un ambicioso programa de cambio político, dirigido a ampliarla y fortalecerla. Pretendemos hacer más responsables a los gobernantes y dirigentes políticos, crear nuevos canales de participación popular para superar las limitaciones de la democracia representativa, y hacer más eficiente la acción del Estado, encaminada tanto a convertir en realidad los ideales de la igualdad y la justicia social como a defender los derechos humanos. Permítanme que exponga brevemente cómo estamos haciendo este gran cambio político. Una breve referencia a nuestra historia reciente sirve para entender el contexto de esta transformación. A mediados de este siglo, Colombia fue azotada por un sangriento período de violencia. En 1957 se puso fin a la lucha insensata y las dos grandes fuerzas políticas acordaron compartir la responsabilidad del Gobierno. Se consagró en la Constitución, por un lapso limitado, una distribución.paritaria del Gabinete, la Administración y los Cuerpos Colegiados. En 1959, no sé si inspirados de alguna manera por el principio de "turno pacífico" adoptado en España en 1875, bajo el liderazgo de Cánovas de Castilla y Práxedes Mateo Sagasta, el partido liberal y el partido conservador pactaron por un período limitado, un sistema de alternación en la Presidencia de la República. Con posterioridad se estableció, también constitucionalmente, la representación de las fuerzas políticas en el órgano Ejecutivo, en proporción que refleje, a juicio del Presidente, la magnitud de las fuerzas de los partidos. Colombia está viviendo bajo un nuevo esquema político El contundente resultado electoral que me llevó a la Presidencia desató un proceso político que, finalmente, le devolvió a Colombia las características de una democracia competitiva. En la actualidad el Consejo de Ministros, y todas las posiciones de responsabilidad política, son ejercidas por miembros del Partido Liberal. Los demás partidos están en la oposición, pero ocupan numerosas e importantísimas posiciones técnicas y financieras, y sus seguidores forman parte de todos los niveles de la Administración Pública. No necesito explicar, a esta selecta audiencia la importancia de este cambio político para actualizar y hacer más abierta nuestra democracia; para promover la responsabilidad política de los gobernantes y mejorar su comunicación con los gobernados; para revitalizar el valor del sufragio y del debate de ideas contradictorias; para modernizar los partidos y darles mayor capacidad de acción, para fortalecer el Congreso de la República como foro natural de la discusión política.

esquema. El último 13 de marzo, pasó con éxito la primera gran prueba. En ese día se realizaron las elecciones de Alcaldes, Concejales Municipales y Diputados de las Asambleas Departamentales en forma ejemplar. El volumen total de votos depositados fue el más alto de toda la historia del país y los partidos de oposición han reconocido la imparcialidad y limpieza de los comicios. Otro elemento de este gran cambio político es la creación de nuevos escenarios y canales de participación popular. Se trata de establecer un saludable complemento a la democracia representativa, dándole más participación al hombre común. Más poder para expresar sus opiniones, para actuar en la toma de decisiones, para influir en la atención de sus necesidades. Queremos mantener una democracia cuya vida y vigor estén animados por una gran actividad pública de todos y cada uno de sus habitantes, tal como sucede y se puede apreciar espléndidamente en esa España abierta, llena de dinamismo y entusiasmo. Buscamos ampliar la participación Guiados por este objetivo, hemos creado nuevos foros para la participación ciudadana, tanto en las entidades estatales que prestan servicios públicos como en los organismos locales ejecutores de los planes sociales de lucha contra la pobreza absoluta y de rehabilitación de zonas marginadas. Hemos impulsado un ambicioso proceso de descentralización política, administrativa y fiscal que revitalizará la participación popular en la toma de decisiones a nivel municipal. Hemos formulado radicales propuestas de reforma, con el ánimo de convertir a Colombia en una democracia participativa, en la cual los ciudadanos, al tiempo que se benefician de los resultados de progreso, asumen responsabilidades y luchan como protagonistas por el bienestar de todos. He propuesto introducir el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato con el objeto de hacer realidad el paso de la democracia representativa a la de participación. Las instituciones requieren un reajuste Las disposiciones que no son compatibles con estos propósitos deben desaparecer. Son normas que, en una u otra forma, limitan la creación de otros canales de participación popular, o reducen la capacidad del Estado para responder eficientemente ante las nuevas exigencias derivadas de esta transformación política. Después de un encendido debate público, se ha creado un consenso acerca de la conveniencia de reformar algunos aspectos fundamentales de la Constitución vigente. Ese es el desafío que hemos asumido los colombianos: enmendar las reglas de juego fundamentales para ampliar nuestra democracia y hacer más eficiente el Estado. Buscamos ajustar las instituciones para que estas sirvan como escenario de la manifestación libre de todos los sectores de una sociedad que en 30 años se ha transformado radicalmente. Soy optimista respecto al éxito de este otro aspecto del ambicioso cambio político que estoy impulsando y que tropieza con la resistencia de quienes pretenden perpetuar los privilegios.

Colombia está aprendiendo a vivir bajo este nuevo

En esta faceta del cambio político, la experiencia constitucional española es, sin duda, una fuente significativa de reflexión. La Constitución Española de 1978 es una de las más modernas del mundo. A pesar de su corta vida, no son pocos los expertos en derecho público que se han inspirado en ella para proponer algunas reformas. En Colombia se han estudiado con especial cuidado las partes concernientes a los derechos y deberes fundamentales, al Defensor del Pueblo, al tribunal constitucional y al funcionamiento de estas Cortes. El sistema de grupos parlamentarios adoptado por las Cortes Generales le ha dado una gran orden y una notable eficacia al trabajo de las Cámaras. Esto, como otras reglas dirigidas a fortalecer el control político de la administración y a agilizar la tramitación de los proyectos de ley, han convertido a estas cortes en un parlamento moderno, mejor preparado para cumplir a cabalidad sus funciones y para responder en forma más apropiada a los desafíos del Siglo XXI. La justicia social: pilar de la democracia

Por otra parte, a pesar del desarrollo que ha tenido nuestra economía en las últimas décadas, cerca del 50% de los habitantes de Colombia tienen necesidades básicas insatisfechas. Esta deplorable situación no sólo es propicia para que el descontento sea aprovechado por grupos extremistas, sino que, además, es incompatible con los valores de igualdad y justicia social, en los cuales se funda nuestra democracia. Por ello, el segundo aspecto de nuestra estrategia de cambio es la Política Social. Se trata, en primer lugar, de la canalización de los recursos del Estado hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres y de los habitantes de las regiones marginadas del progreso. Esta es una expresión de nuestra lucha por la defensa y protección de los derechos humanos sociales y económicos de grandes sectores de la población. Este es el propósito del Plan Nacional de Rehabilitación y de los Programas de Erradicación de la Pobreza Absoluta y de los Hogares de Bienestar Infantil, que se basan en la participación de todas las fuerzas sociales para decidir las inversiones de fondos destinados a la satisfacción de sus necesidades prioritarias. Como un simple ejemplo de estos empeños quiero citar el programa de cuidado y nutrición infantil, que se inició con 120.000 niños entre los dos meses y los seis años, edad crucial para su adecuada formación. El Programa crecerá a un ritmo tal que permitirá incorporar 300.000 niños anualmente, lo que arrojará un total de más de un millón de niños atendidos, al finalizar el actual período presidencial. Estos planes gubernamentales están construyendo una Colombia justa y solidaria. Estamos trabajando para hacer realidad el principio del Estado Social y Democrático de Derecho que sabiamente fue consagrado en la Constitución Española de 1978. La violencia colombiana: una compleja fisonomía

A pesar de estos programas progresistas que están cambiando radicalmente la orientación de nuestro desarrollo,

algunos grupos persisten en la utilización de la violencia. Frente a ellos, se ha adoptado una política de mano tendida y pulso firme. Mantenemos el diálogo, con el objeto de crear las condiciones que permitan la desmovilización y el desarme de los guerrilleros. Estamos aplicando todo el peso de la ley a los que insisten en recurrir a la violencia y al terrorismo. Las gentes comprenden que el Estado les garantiza progreso y que los guerrilleros sólo les ofrecen sangre y destrucción. Narcotraficantes, grupos de extrema izquierda y extrema derecha, delincuentes tradicionales y terroristas, todos se han conjugado para darle a la violencia una fisonomía compleja y difícil de erradicar, incomprendida y a veces estimulada por observadores nacionales e internacionales que, en aras de preservar y defender los valores democráticos, los debilitan y erosionan. Diversas fuerzas de tendencias contradictorias vienen actuando con el ánimo de impedir el éxito del Gobierno en la batalla para profundizar la democracia y asegurar la vigencia de los derechos humanos. Periodistas que han tenido el coraje de desafiar a los narcotraficantes, han sido asesinados por ellos. Otros están amenazados. Algunos han optado por abandonar el país. Grupos guerrilleros extorsionan a las personas enriquecidas por el tráfico de drogas, que han invertido su dinero mal habido en la compra de tierras en las zonas de colonización y de conflicto. En retaliación, ante la dificultad de vencer a los guerrilleros de la zona, estas personas ordenan dar muerte a supuestos "amigos"¿e la guerrilla o a los dirigentes políticos que legítimamente, siguiendo las reglas del juego democrático, están promoviendo todo tipo de ideas y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. A esto se suma el enfrentamiento entre pandillas y mafias vinculadas al narcotráfico, disputas entre alzados en armas, cultivadores y procesadores de coca por la repartición de utilidades económicas en determinadas localidades y el surgimiento de grupos organizados para ejercer justicia por propia mano. El narcotráfico atenta contra los derechos humanos

El Gobierno está librando una lucha frontal para proteger los derechos humanos, castigar a quienes recurren a la violencia para tramitar sus conflictos y capturar a los narcotraficantes. Utilizó los limitados poderes de crisis que le confiere la Constitución para crear juzgados de instrucción y tribunales especiales de investigación de estos delitos, para establecer nuevos cargos judiciales dentro de la estructura de la jurisdicción penal ordinaria para juzgar estos crímenes atroces, para dotar a los organismos de investigación de herramientas adecuadas para cumplir su labor, para facilitar legalmente la consecución de pruebas y para limitar la capacidad de acción de estos delincuentes. Pidió y logró que el Congreso de la República le confiriera facultades extraordinarias para fortalecer y modernizar la Administración de Justicia. Integró comisiones de estudio de la violencia y de la situación de los derechos humanos, para que recomendaran fórmulas de solución. Creó una Consejería Presidencial para la protección de los derechos humanos

la que, además de organizar actividades de promoción y

defensa de estos derechos, puede denunciar a las

autoridades competentes violaciones a los derechos humanos y solicitar a todas las entidades estatales información relevante para cumplir sus funciones. Fortaleció la Procuraduría General de la Nación y registró complacido el nombramiento de un civil en el cargo de Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y de Policía. Obtuvo en el Congreso la ratificación de un convenio internacional contra las diferentes formas de tortura. La lucha contra el narcotráfico, quizás el principal promotor, de las violaciones de los derechos humanos, está produciendo buenos resultados. Hemos hecho enormes sacrificios. Con recursos limitados estamos enfrentando este crimen organizado, de origen y de dimensiones multinacionales. Desde 1984 hasta principios de mayo de este año se han destruido 3.157 laboratorios de procesamiento de coca; se han capturado 17.380 personas vinculadas al tráfico de drogas; se han incautado más de 43.700 kilos de cocaína y 1.710.869 kilos de marihuana, se han destruido 3.889.141 matas de coca, se han inutilizado 172 pistas de aterrizaje y se han decomisado 147 aeronaves y 102 embarcaciones. Colombia ha pagado el costo más alto en la lucha contra el narcotráfico Los elevados costos de esta decidida acción estatal no son bien conocidos por la opinión pública internacional. Es cierto que se sabe que han sido asesinados en 1984, el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y en 1988 el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos; diez y seis Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, once de ellos en la tragedia del Palacio de Justicia; el Director de un diario nacional y el subdirector de un diario regional. Un ex Ministro de Justicia, Enrique Parejo, sobrevivió milagrosamente a un atentado cometido en Budapest. Pero se desconoce que, además de esas víctimas, desde 1985 hasta el 30 de abril de 1988 los narcoterroristas han segado la vida de 197 policías y de distinguidos oficiales, entre ellos el Coronel Jaime Ramírez Gómez, exdirector de la Policía Antinarcóticos. Si hay algo claro es que el Gobierno y la sociedad colombianos están haciendo todo lo que está a su alcance para combatir el narcotráfico y defender los derechos humanos. Y lo están haciendo y lo seguirán haciendo contra viento y marea, incluso contra la incomprensión de entidades internacionales y observadores nacionales y extranjeros que tratan de demeritar lo que se está realizando en estos campos, pasando por alto, con su silencio selectivo, comportamientos criminales, de cuya vileza no existe duda. Sin la colaboración internacional, el sacrificio será en vano. Pero hay otra conclusión clara, Honorables Diputados. Sin la colaboración internacional, será muy difícil combatir un comportamiento criminal que por su naturaleza desborda los límites y las capacidades de una sola Nación. No se puede dejar en manos de un país,

buena parte de la tarea de librar una batalla contra un enemigo de toda la humanidad con ramificaciones en diferentes naciones del viejo y del nuevo continente. Si los países consumidores no asumen toda la responsabilidad que les corresponde, los éxitos parciales se desvanecerán y el crimen saldrá fortalecido. Y todos los sacrificios habrán sido en vano. El narcotráfico es una productiva actividad criminal administrada por una inmensa red multinacional. No es justo, por ello, que mientras unos pagan los costos humanos, materiales y morales, de la lucha, otros sean tolerantes con el consumo, el lavado de dólares, la producción de materias primas, o los crímenes que se cometen para detener la acción de la Justicia. Al fin y al cabo, el origen del problema se localiza en los millones de consumidores que existen en todo el mundo, pero especialmente en los países desarrollados. Hay que buscar fórmulas más eficaces que las convencionales Tampoco tiene sentido recurrir exclusivamente a instrumentos represivos tradicionales para manejar esta situación, porque no estamos ante un crimen que utiliza mecanismos y organizaciones tradicionales. Debemos idear fórmulas alternativas que sean más eficaces que las convencionales. Por esta razón, el intenso debate que se está llevando a cabo en los Estados Unidos sobre la urgencia de replantear la política contra el narcotráfico, es un avance que todos debemos apreciar y estimular. Y esas fórmulas alternativas sólo serán realmente efectivas cuando todos los países involucrados en esta red de producción, procesamiento, transporte y consumo de drogas se sienten juntos a la misma mesa a discutir pragmáticamente qué es posible hacer y cómo hacerlo. La magnitud del desafío así lo exige. Ustedes, Honorables Diputados, lo comprenden muy bien: lo que está en juego es la defensa de la dignidad humana y de la paz, dos pilares de la democracia, de la cual se enorgullecen España y Colombia. España ha superado con éxito situaciones de extrema gravedad, España da ejemplo de convivencia y civilización política. España no permite que su democracia sea puesta en peligro por los violentos. Desde América Latina celebramos la consolidación de sus instituciones y admiramos su significativo progreso económico. Formulo sinceros votos por su continuada prosperidad, y por el bienestar de todo su pueblo y de sus gobernantes. Es la expresión del sentimiento sincero de un miembro de la ancha familia hispánica. Es la voz solidaria de un dirigente, que como ustedes, tiene profundo apego por los principios de la democracia. Muchas gracias.

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoñó, ante la Tercera Sesión Especial sobre Desarme en las Naciones Unidas. Nueva York, junio de 1988.

Por encargo especial del Jefe del Estado colombiano tengo el honor de comparecer ante este foro para hablar de la paz, de la seguridad de la humanidad, de la preservación de la tierra y de la vida de las generaciones futuras. Señor Presidente: Agradezco la oportunidad de dirigirme a esta Asamblea General, en su Tercera Sesión Especial sobre Desarme. Nos reunimos en momentos en que apenas ha concluido la Cumbre de Moscú, y en que la atención del mundo está concentrada en la necesidad de preservar a toda costa a la humanidad del holocausto nuclear, la supervivencia de todas las naciones depende de ello. Los problemas del desarme, sin embargo, se extienden mucho más allá del conflicto entre las grandes potencias. Para muchos Estados sin embargo, la amenaza de las armas nucleares, con todo y su capacidad para destruir varias veces todo el planeta, es significativamente menor que la del terrorismo, la delincuencia y de los agentes del tráfico de drogas. Millones de hombres, mujeres y niños se ven amenazados en el mundo por las fuerzas que siembran impunemente la muerte, el caos y la violencia. Grupos empeñados en sustituir el orden democrático por la anarquía, y en profundizar una campaña de intimidación y violencia, tienen amplio acceso a los mercados de armas. Han llegado a dotarse, en algunos casos, de arsenales que difícilmente son accesibles para un Estado que tiene recursos económicos limitados y que busca con ellos adelantar un ambicioso programa para erradicar la pobreza. El Comercio Internacional de armas ha hecho que en Colombia nuestra democracia, una de las más antiguas del mundo, esté amenazada por la actividad criminal organizada. La desaforada producción de armamentos convencionales con fines de lucro por parte de los países industrializados y la indiferencia alarmante de los Estados donde operan, casi públicamente, los mercados negros de armas,

están llevando al fortalecimiento de ese mercado funesto donde la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo con ilimitados recursos económicos, pueden adquirir todos los instrumentos necesarios para cumplir con sus macabros propósitos o alimentar fuerzas que pretenden desestabilizar por cuenta de otros los gobiernos de auténtico origen democrático. A mis amigos en los Estados Unidos me permito decirles que el más grande enemigo, individualmente considerado, de la Democracia en nuestro Hemisferio lo constituye hoy la amenaza de aquellos que han amasado fortunas a costa de la insaciable demanda de drogas en los Estados Unidos. El hábito norteamericano del consumo de drogas está arrastrando a las naciones democráticas hacia nuevos abismos de violencia y corrupción. Colombia, es un país que como muchos otros atraviesa una compleja situación caracterizada por un incremento de la violencia. Sus razones son múltiples y sus manifestaciones diversas. Pero, en todos los casos, sus instigadores, coinciden en el propósito de utilizarla para obstaculizar los esfuerzos que el país ha venido haciendo para profundizar la democracia y asegurar la vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, en ocasiones la particularidad del caso colombiano no ha sido comprendida. Los niveles de violencia que ha tenido Colombia en los últimos años no pueden explicarse mediante .comparaciones imposibles con otros regímenes de naturaleza totalmente diferente, y que existieron en otros lugares y en otras épocas, al tiempo que existe en el país un régimen democrático, elegido popularmente, respetuoso de la ley y comprometido con la causa de los pobres. Quienes han analizado de cerca la situación de Colombia han reconocido nuestra adhesión a los principios de derechos humanos. Peter Kooijmans, por ejemplo, relator de las naciones Unidas sobre la tortura escribe en su informe: "El Gobierno de Colombia debe ser felicitado por el interés demostrado en reforzar la protección de los derechos humanos cuando la estabilidad de la nación se encuentra gravemente amenazada. Ese esfuerzo por alcanzar sus propósitos merece el apoyo de otros Estados". En muchos casos los atentados contra las democracias auténticas han sido posibles, entre otras cosas, gracias a que sus autores se han nutrido por el mercado negro de armas. Esta Asamblea y otros foros internacionales deben en cambio tener en cuenta las consecuencias que la carrera de armas convencionales tiene para ciertos países en vía de desarrollo, cuyo presupuesto de defensa necesariamente es limitado, y quienes se han convertido en víctimas de las industrias de guerra de otros países. Este mercado ilegal constituye la fuerza conductora del terrorismo internacional en el mundo entero. La América Latina y otras regiones del planeta han sido el blanco principal de grupos instigados por el comercio ilícito, mercado de la muerte que ha cobrado ya miles de víctimas. La Comunidad Internacional no puede permanecer

indiferente ante esta escalada del comercio ilícito de armas. Son bien conocidas en muchos casos, las identidades de sus comerciantes y los lugares donde residen. Sólo parecen permanecer desinformados los Gobiernos donde estas actividades se generan, ignorantes de los modos de intercambio de estos instrumentos de terrorismo. Mientras en Colombia caen incontables agentes del Gobierno y ciudadanos ejemplares, mártires de sus valientes esfuerzos por frenar el narcotráfico, los organismos del crimen continúan con la mayor facilidad adquiriendo en varios lugares todo el armamento que desean, en las cantidades y modelos que lo soliciten, incluso en países industrializados que son conscientes de los lazos que existen entre el terrorismo y el tráfico clandestino de armas. Yo estoy convencido de la capacidad que tienen los Estados Miembros de fortalecer sus sistemas de control interno si se proponen reducir este comercio ilícito que inflama los conflictos del mundo sin respetar fronteras físicas ni ideológicas. No creo en el argumento de que se ha presentado la reducción del comercio legal de armamento por efecto de la crisis económica y de la supuesta saturación de material bélico en los países del Tercer Mundo. Esas estadísticas esconden el aumento de armas sofisticadas en el mundo en desarrollo. En nada ha disminuido su acceso a las áreas en conflicto. Las mismas armas, elaboradas con frecuencia en factorías oficiales del Estado, van a caer en manos de mercenarios y delincuentes. Debe tenerse en cuenta otro tipo de condiciones. Al mismo tiempo que se reducen las armas nucleares debe también promoverse el desarme convencional. En el caso del Tercer Mundo, y de la América Latina en particular, estas medidas adquieren especial urgencia. No sólo porque las áreas periféricas al desarrollo deben atender con prioridad las exigencias de una población que reclama, con justicia, mejores condiciones de vida, sino porque el mercado internacional de armamentos ha permitido que grupos minoritarios, movidos por intereses viles pretendan forzar mediante la coacción y la amenaza la auténtica democracia y la voluntad popular. No podemos aceptar que un comercio internacional de armas crecientemente destructivo sea un hecho inevitable y característico de los finales del Siglo XX. Diez mil millones de dólares en armas mueve hoy el mercado negro internacional. Es obvio que sus ganancias encarnan intereses opuestos a la paz. Los Ministros de los países pertenecientes al Movimiento de los No-Alineados, reunidos en La Habana la semana pasada para una conferencia especial dedicada al desarme, produjeron un comunicado condenando el tráfico ilícito de armamento. Destacaron "las implicaciones negativas para la paz internacional del suministro de armas en áreas de tensión, y en particular del tráfico ilegal de armas". Señalaron igualmente que su trasferencia ilícita constituye "un fenómeno que agrava aún más las tensiones, amenaza la seguridad interna de los estados así como la seguridad

regional y fortalece las fuerzas opuestas al proceso del desarme". La preocupado» de esta Organización con la cuestión del armamento convencional no puede, por supuesto, limitarse a su transferencia ilícita, tan evidentemente destructora y desestabilizante para los países en desarrollo. El Movimiento No-Alineado ha señalado en repetidas ocasiones como la acumulación de armamento convencional encarna hoy el más trágico despilfarro de recursos en un mundo afligido por el hambre y ia ingente pobreza. En esta época de interdependencia y comunicaciones instantáneas, el contraste entre el bienestar de unos pocos y la terrible pobreza de las grandes mayorías es constante fuente de inestabilidad. A pesar que nos encontramos en medio de esta brecha alarmante entre la prosperidad económica y la hambruna, continúa campante y acelerada la carrera armamentista convencional. La producción masiva de armamentos convencionales no solamente distorsiona las prioridades de los países industrializados, sino que contribuye a prolongar las situaciones de conflicto del mundo en desarrollo. Los más sangrientos enfrentamientos ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial han tenido lugar entre países del Tercer Mundo No podremos asegurar la paz mientras limitemos el concepto de desarme a las superpotencias. La estabilidad internacional puede verse afectada por los frecuentes conflictos que surgen entre países atrasados tentados con el uso de armas convencionales que para algunos, siempre en forma equivocada, pueden resultar más atractivos que los medios pacíficos de solución de controversias.

Colombia ratifica aquí hoy, con orgullo, ante este foro sobre desarme, su adhesión a los principios del derecho internacional que esta Organización ha defendido desde sus comienzos. Este es el mejor mecanismo para asegurar la solución pacífica de controversias y la coexistencia de los pueblos. Colombia está empeñada en la búsqueda de la paz, no sólo a través de los mecanismos internacionales, sino también a través de esfuerzos regionales. Junto con los otros siete países del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, emprendimos esfuerzos de mediación en nombre del proceso de paz de la América Central. Reafirmamos hoy nuestro compromiso con la solución negociada por la cual hemos estado luchando. Quisiera concluir, al afirmar que estamos conscientes de la importancia histórica de los acuerdos firmados por las dos superpotencias. El ser testigos de cualquier progreso en el campo del desarme nuclear es motivo de celebración en cada una de las naciones del mundo. Pero no podemos permitir que el brillo deslumbrante de la Cumbre nos enceguezca ante la atroz entrega de armas á los terroristas, o que nos impida ver las muchas otras formas que reviste el armamento convencional como impedimento para el desarrollo económico y para la paz. Es nuestra ferviente y común esperanza impedir la pesadilla de una catástrofe nuclear. Sin embargo, sólo si avanzamos en la reducción del armamento, tanto convencional como nuclear, podremos realizar nuestros sueños por un mundo mejor.

No podrán existir las garantías necesarias para la paz del mundo mientras persistan las naciones en su propósito de armarse sin restricciones, bajo el pretexto de hipotéticos conflictos. Nuestra mejor contribución a la preservación de la paz sería la de entablar serias y abiertas negociaciones que permitan un verdadero y adecuado desarme. Estas negociaciones deberían efectuarse a nivel regional, pero dentro del marco de acción y de principios establecidos por las Naciones Unidas. Algunos países vecinos podrían convenir desde ya, acuerdos preliminares sobre este tema. Dentro de este marco del diálogo multilateral, Colombia apoya la iniciativa del Grupo de los Seis y aboga por la creación, dentro de las Naciones Unidas, de un sistema internacional de supervisión y verificación de tratados, tal como fuera propuesto por estos países en Estocolmo el pasado mes de Enero. El primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General trazó propuestas de gran sensatez para el curso de las negociaciones multilaterales de desarme. Su documento final pone énfasis en la necesidad de negociar limitaciones a las transferencias de armamentos convencionales.

Informe del Relator Especial Sr. P. Kooijmans (Holanda) sobre su visita a Argentina, Uruguay y Colombia. (Documento E/CN. 4/1988/17/Add.l) Comisión de Derechos Humanos, 44vo. período de sesiones Naciones Unidas, Ginebra, 23 de febrero de 1988.

Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. "La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Introducción 1. De conformidad con la resolución 1987/29 de la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial celebró consultas en Ginebra durante los meses de junio y septiembre de 1987 con los Gobiernos de la Argentina, Colombia, el Perú y el Uruguay con miras a estudiar la posibilidad de efectuar consultas sobre el terreno con respecto a las medidas destinadas a impedir el fenómeno de la tortura. 2. El Relator Especial recibió una reacción favorable de los citados Gobiernos y propuso, una vez recibida la confirmación oficial, visitar esos países del 9 al 18 de diciembre de 1987. Todos estuvieron de acuerdo con las fechas propuestas, con excepción del Perú, que prefería aplazar la visita hasta una etapa posterior y pidió al Relator Especial que estableciera otro plan. 3. El Relator Especial visitó Colombia del 9 al 13 de diciembre de 1987, la Argentina del 13 al 16 de diciembre de 1987 y el Uruguay del 16 al 18 de diciembre de 1987. 4. Durante su visita a Colombia el Relator Especial se entrevistó con las autoridades siguientes: el Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Juan Hernández Sáenz, el Ministro de Justicia, Sr. Enrique Low Murtra, el Procurador General de la Nación, Sr. Carlos Mauro Hoyos Jiménez, el Director de la Policía Nacional, Sr. José Guillermo Medina; el Secretario General y el Subdirector del Departamento Administrativo de Seguri dad "DAS", Sr. Gabriel Gutiérrez y Sr. Alberto Romero, el Asesor del Presidente para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Sr. Alvaro Tirado Mejía, el Ministro encargado de Asuntos Exteriores, Sr. Fernando Cepeda Ulloa, y el Ministro de Gobierno, Sr. César Gaviria Trujillo. Colombia A. El Relator Especial celebró consultas con las autoridades de Colombia los días 10 y 11 de diciembre de

1987. La situación en el país preocupaba hondamente al Gobierno; las luchas civiles, junto con las actividades llevadas a cabo por el crimen organizado que traficaba con narcóticos, habían provocado una situación de violencia y desorden, en la que proliferaban los grupos de sicarios y de personas que secuestraban para obtener un rescate. Esta situación se veía agravada por fuertes polémicas políticas y la existencia de una guerrilla armada. Se decía que existían lazos entre el crimen organizado y facciones políticas de extrema izquierda y de extrema derecha. El Relator Especial había recibido múltiples denuncias de casos de tortura, que generalmente coincidían con secuestros y asesinatos injustificables. Según el Procurador General de la Nación, él mismo víctima de la violencia cuando en enero de 1988 dispararon contra él representantes del crimen organizado, se necesitaban desesperadamente reformas en la esfera económica, social y política para suprimir las causas de la inseguridad y la violencia, puesto que los contrastes notorios de la riqueza y la situación social contribuían a la crisis política. El Gobierno estaba consciente de la gravedad de la situación y había adoptado diversas medidas para reforzar la protección de los derechos humanos. El Presidente había nombrado a un asesor especial encargado de la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos cuya tarea, entre otras, consistía en coordinar las actividades de los diversos ministerios en asuntos relacionados con los derechos humanos. Otro paso importante que se había dado era el establecimiento de una policía criminal. Según la ley colombiana, la policía y las fuerzas militares debían comunicar cada arresto que hacían en un plazo de 24 horas al juez competente, el cual decidía si se mantendría en custodia preventiva el detenido o se le dejaría en libertad. La investigación criminal era la prerrogativa del poder judicial (Colombia contaba con un sistema de investigación) y solía ser llevada a cabo por el propio tribunal, en junio de 1987 se modificó la ley y la investigación criminal se encomienda ahora a un juez de instrucción. Hasta hacía poco, sin embargo, el poder judicial no disponía de los medios para llevar a cabo esa investigación por sí solo. Por razones históricas la policía nacional depende del Ministerio de Defensa; las investigaciones criminales, por consiguiente, eran llevadas a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad, cuya principal función era la información relacionada con la seguridad del Estado. Recientemente se había decidido dotar al poder judicial de su propia fuerza de policía, la policía criminal, para que pudiera efectuar investigaciones criminales de manera independiente. Según el Ministro de Justicia, este fortalecimiento de la independencia del poder judicial es esencial para mantener el imperio de la ley. Actualmente se estaban haciendo preparativos para aplicar esta" ley. El Ministro de Justicia insistió, no obstante, en que, para crear esta policía judicial y que actuase con eficacia, se requerían muchos conocimientos técnicos de que no se disponía en el país. Era necesario, por consiguiente, contar con la asistencia internacional.

satisfactoria. Según la información que recibió, las investigaciones en los asuntos relacionados con la seguridad nacional seguían estando a cargo del Departamento de Seguridad. Además, el personal militar acusado de violaciones criminales de los derechos humanos sería juzgado por tribunales militares, si el delito guardaba relación con funciones militares. Era una cuestión debatida saber si los delitos mencionados en el Código Penal debían ser siempre juzgados por tribunales civiles, independientemente de que quienes los cometiesen fueran civiles o militares, mientras que los tribunales militares sólo debían ser competentes con respecto a los delitos mencionados en el Código Penal Militar. C. Estas ambigüedades debían resolverse lo antes posible. Como algunas de las denuncias recibidas por el Relator Especial se referían a supuestas violaciones de los derechos humanos por fuerzas paramilitares, era esencial que esas denuncias pudieran ser examinadas y, de ser necesario, sometidas a autoridades completamente independientes, si tal fuera el caso, la creación de una fuerza de policía criminal constituiría una contribución muy importante a la protección de los derechos humanos, tanto más cuanto que esa fuerza tendría también facultades para hacer investigaciones en el caso de una solicitud de habeas corpus. Las autoridades admitieron abiertamente que en la actualidad el poder judicial no estaba en condiciones de efectuar las investigaciones necesarias. D. Otra medida legislativa que se estaba estudiando era la de imponer penas mayores por violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura y el secuestro. E. El Gobierno de Colombia es digno de encomio por el interés que ha mostrado en reforzar la protección de los derechos humanos en un período en que la estabilidad nacional está gravemente amenazada. Merece que todos los demás Estados le apoyen para alcanzar las metas que se ha fijado. En un país en el que los derechos humanos eran violados de una manera horrorosa por grupos no estatales, era imprescindible que las autoridades que luchaban contra este mal se atuvieran estrictamente a las normas y actuasen de conformidad con la ley, y que las violaciones de esas normas fueran severamente castigadas. Sólo de esta forma se podrá restablecer el respeto del imperio de la ley.

B. Incluso si se establecía una fuerza de policía criminal eficaz y bien capacitada, a juicio del Relator Especial, quedaban algunas cuestiones por resolver para que se pudiera afirmar que la estructura para la protección de los derechos humanos era plenamente