Colombia Internacional No. 28 by Publicaciones Faciso

Sección: Política Exterior de Colombia

Importancia de la ratificación por Colombia de la Organización Mundial de Comercio

Juan Acuña "Bolívar*

Introducción Este trabajo tiene por objeto revisar la trascendencia que reviste la suscripción de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en la política económica internacional de Colombia. Para el efecto se señalan los principales resultados de la Ronda Uruguay del GATT producto de la cual surgió la OMC, se hace una breve presentación de la estructura de este organismo y una evaluación de su importancia a nivel mundial, se estudia su influencia en la política comercial del país para el último quinquenio del siglo XX, se resumen los derechos y obligaciones de la nación y se extraen algunas conclusiones del trabajo. Ronda Uruguay El lanzamiento de la VIII Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el 20 de septiembre de 1986, fue el producto de múltiples eventos que ocurrieron a principios de los años ochenta y que llevaron a la economía internacional a la intensificación del proteccionismo y la disminución de su dinamismo.

cuantitativas, las denominadas medidas de "zona gris" (restricciones voluntarias a las exportaciones y acuerdos de comercialización ordenada), la intensificación del proteccionismo agrícola, en especial los altos subsidios y la utilización de restricciones comerciales unilaterales como ejercicio del poder hegemónico para imponer mejores tratos a los temas nuevos del comercio mundial, o sea la inversión extranjera, la propiedad intelectual y los servicios. Dentro del contenido temático de la Ronda, se pueden distinguir cuatro áreas: 1. Acceso a los mercados, que cubre las rebajas arancelarias y la eliminación de las medidas no arancelarias que pesan sobre los productos tropicales, la agricultura, los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales y los textiles. 2. Reglas comerciales como los artículos del Acuerdo General, las subvenciones, las salvaguardias y los códigos de la Rueda Tokio. 3. Temas nuevos: servicios, propiedad intelectual e inversiones relacionadas con el comercio. 4. Aspectos institucionales vinculados con el funcionamiento del sistema multilateral de comercio y el sistema de solución de diferencias. En concreto, como resultado de la Ronda Uruguay se establecieron nuevas reglas y disciplinas en muchas áreas, así:

Entre tales eventos podemos encontrar el ímpetu alcanzado por las restricciones Asesor del Ministerio de Comercio Exterior. Sus opiniones son estrictamente personales y no comprometen al Ministerio.

Fortalecimiento del GATT y mejora del sistema multilateral de comercio, en razón del establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Incremento de la capacidad de respuesta del sistema multilateral de comercio a las oscilaciones del entorno económico internacional de los mercados de bienes y servicios. Adopción de una acción conjunta en los niveles nacional e internacional para reforzar la interrelación entre la política comercial, financiera y monetaria. Participación directa de los órganos nacionales de decisión a nivel nacional, debido a la conformación de la Conferencia Ministerial, que se reunirá como máximo cada dos años. En acceso los resultados son bastante amplios dentro de la agricultura y los demás productos. En agricultura se abarcan tres campos: a) Acceso al mercado propiamente dicho. En primer lugar, se calculan equivalentes arancelarios para las barreras no arancelarias. Sobre este arancel resultante y los aranceles para los demás productos, los países desarrollados rebajarán el 36% durante seis años y las naciones en desarrollo el 24% durante diez años. En el producto, la rebaja será por lo menos del 15% en los países desarrollados y del 10% en las naciones en desarrollo. En vista de que este cálculo implica incrementar los aranceles inclusive hasta niveles prohibitivos, con

miras a garantizar una apertura comercial mínima, debe realizarse un compromiso que contenga un tratamiento comercial más favorable para un volumen de importaciones equivalente al promedio 19861988, excepto que este promedio sea inferior al 5% del consumo interno en tales años, en cuyo caso se tomará esta última cifra. Para los productos tropicales el promedio de rebaja es de un 45%. b) Apoyo interno. Se calculó un componente de ayuda por partida, durante los años 19861988, el cual será rebajado en un 20% durante seis años por los países desarrollados y en un 13,3% durante diez años por las naciones en desarrollo. De este compromiso se exceptúan aquellas ayudas que no afectan directamente los ingresos, como las destinadas a desarrollar infraestructura e investigación. Así mismo, se exceptúan las ayudas tendientes a erradicar o evitar que surjan cultivos ilícitos. c) Ayuda a la exportación. Para el mismo período de referencia, los países desarrollados deberán realizar una rebaja del 36% en valor y del 21 % en cantidades durante seis años, y las naciones en desarrollo del 24% en valor y del 14% en cantidades durante diez años. En el resto de productos (no agrícolas y pesca), las listas de ofertas y pedidos prácticamente abarcaron todo el universo arancelario, con amplias reducciones entre algunos países desarrollados que incluyen el desmantelamiento total de

los aranceles en algunos sectores, en lo que se ha dado en llamar la opción "cero por cero", como los relacionados con los productos químicos, el equipo médico, los electrónicos, la madera, las bebidas espirituosas. En promedio se calcula que las rebajas arancelarias de la Ronda Uruguay son del 40%, cifra superior al 33% de la Rueda Tokio. Además, es mucho más amplia la cobertura en países participantes (102 en la Rueda Tokio y 125 en la Ronda Uruguay), así como en productos, siendo prácticamente todo el universo arancelario. En el aspecto institucional, se crea la Organización Mundial de Comercio, OMC, se confirma el mecanismo de examen de las políticas comerciales establecido por las partes contratantes del GATT en 1989, se conviene en la obligación general de notificar las medidas de política comercial y se establece un Sistema Integrado de Solución de Diferencias. Este último es uno de los más importantes resultados de la Ronda Uruguay, puesto que es el responsable de asegurar la credibilidad en el sistema multilateral, a través de un novedoso conjunto de procedimientos para la solución de los conflictos comerciales entre los miembros de la OMC y las diferencias planteadas como resultado de la aplicación de los acuerdos abarcados por la misma. En relación con los temas nuevos, se elaboraron los acuerdos sobre los Aspectos de las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio, TRIMS; los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el

Comercio de Mercancías Falsificadas, TRIPS; y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS. En materia de inversiones (TRIMS), se acordaron normas para evitar los efectos adversos sobre el comercio de las medidas relacionadas con la inversión, con el fin de facilitar el movimiento de ésta y fomentar el crecimiento económico. En particular, se organiza un programa para eliminar los compromisos de exportación o la integración de partes, exigidos por algunos países como requisito para el desempeño de las empresas con inversión extranjera. Sobre la propiedad intelectual (TRIPS), se garantizan unos niveles mínimos de protección, equivalentes a las provisiones sustantivas de los convenios administrados por la OMPI. Mediante este acuerdo se asegura la aplicación del principio de no discriminación definido en el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. Su cobertura son todas las formas de propiedad industrial e intelectual. Los países en desarrollo disponen de cinco años para adecuar sus normas a tal acuerdo. Respecto del comercio de servicios (GATS), se establece un marco multilateral de principios y normas para su liberación en condiciones de transparencia y liberalización progresiva, sin desconocer el derecho de los participantes a reglamentar el suministro de los servicios a nivel nacional. El acuerdo es de alcance universal (para todos los servicios) e incluye todas las formas posibles de suministro, como el movimiento del servicio a través de la frontera, el movi-

miento del consumidor hacia el país del proveedor, la presencia del proveedor como persona jurídica y como persona física; sin embargo, en vista de las dificultades para completar el proceso negociador durante la Ronda, los ministros decidieron que se continuaran las negociaciones en materia de transporte marítimo, telecomunicaciones básicas, movimiento transfronterizo de personas y servicios financieros. Estas negociaciones deberán concluir a mediados de 1995. Ahora bien, como resultado de la Ronda y después de un largo proceso de estudio que tomó más de tres años, se conformó el Comité de Comercio y Ambiente, el cual deberá presentar un informe a la Conferencia Ministerial de 1997 sobre la conveniencia de modificar los instrumentos jurídicos de la OMC y desarrollar nuevas disciplinas, con el objeto de compatibilizar las reglas comerciales y la protección del medio ambiente, dentro de un marco de desarrollo sostenible. Así mismo, deberá estudiarse el marco de disciplinas y compromisos de los miembros de la OMC en relación con los derechos laborales y las restricciones comerciales privadas resultantes de prácticas de monopolio (prácticas comerciales restrictivas).

los asuntos de la política comercial en frontera, sino los inherentes a la inversión, los servicios y la tecnología; además, admite que se puedan tratar otros, desde el punto de vista de su relación con la política comercial, como los relacionados con las medidas para la protección del medio ambiente, los derechos laborales y las prácticas de monopolio. El ámbito jurídico de la OMC abarca los acuerdos y arreglos que harán parte del mismo, los que se dividen en dos categorías, los multilaterales y los plurilaterales. Los multilaterales, de obligatorio cumplimiento y sobre los cuales no se pueden formular reservas, son los siguientes: 1. El GATT modificado y sus instrumentos jurídicos conexos. 2. Los Códigos de la Ruedan Tokio sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Medidas Antidumping, Licencias de Importación, Valoración en Aduana y Normas técnicas. 3. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 4. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. 5. El Sistema Integrado Solución de Diferencias.

Organización Mundial de Comercio, OMC

6. El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.

La Organización Mundial de Comercio, OMC, tiende a interpretar la situación de un mundo cada vez más interconecta-do en todas las áreas (política, económica, tecnológica, ideológica, etc.). De ahí que su temática no solamente incluya

Los plurilaterales, de participación voluntaria y en los que se permite formular reservas, son los de aeronaves civiles, compras del Estado, productos lácteos y carne de bovino.

Sin embargo, tanto el Sistema Integrado de Solución de Diferencias como el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales abarcan estos acuerdos. La OMC estará compuesta por las 125 partes contratantes del GATT, más 21 países que están en proceso de adhesión, entre los que se cuentan Ecuador, Panamá, China y Taiwan. La organización institucional estará conformada por la Conferencia Ministerial, el Consejo General, los consejos de Mercancías, Servicios y Propiedad Intelectual, un órgano de solución de diferencias, un Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales y los comités de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, de Comercio y Desarrollo y de Balanza de Pagos. El Consejo General nombrará al director general, quien será el jefe de la Secretaría de la OMC. El Acuerdo de la OMC entró en vigor el le de enero de 1995 con la participación de 81 países. El mérito de los instrumentos de la OMC será la certidumbre en las relaciones comerciales internacionales, la facilitación de la expansión del comercio mundial y la mayor equidad en la solución de los conflictos comerciales; en consecuencia, el unilateralismo y la retaliación comercial deberán reducirse notablemente y las posibilidades de su utilización estarán limitadas a las oportunidades que facilite la OMC.

Economía mundial a partir de la OMC La culminación de la Ronda Uruguay da la confianza, la estabilidad y el orden requeridos por la economía mundial para la recuperación de su dinamismo. Estimaciones recientes de la Secretaría del GATT1 prevén que en diez años el ingreso mundial se habrá incrementado por lo menos en unos US$510.000 millones, cuando estén en su apogeo los compromisos de acceso a los mercados de bienes negociados en la Ronda Uruguay; no obstante, esta cifra puede ser aún mayor si se toman en consideración otras variables decididamente importantes para la promoción de los negocios durante los próximos años, como son el refuerzo de las normas, los procedimientos y las instituciones comerciales internacionales, el mejoramiento de la protección a la propiedad intelectual y los compromisos en materia de ampliación del acceso a los mercados de servicios en el concierto mundial. En virtud de la creciente proporción del comercio exterior en el PIB de todos los países, inclusive de los desarrollados, en donde ya fácilmente supera el 15%, la previsibilidad del entorno comercial es un factor clave para la promoción de las inversiones, la integración, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y el bienestar. Como consecuencia de la mayor participación en el sistema mundial de comercio, los países en desarrollo se verán obligados cada vez más a aplicar de manera estricta los ins-

trumentos multilaterales. No obstante, al mismo tiempo, la transparencia y la vigilancia multilateral de la política comercial tenderán a satisfacer las aspiraciones corrientemente expresadas por estos países, porque ante su débil poder negociador, un sistema mundial efectivo y transparente es la mejor garantía para la adopción de políticas de apertura comercial. Al mismo tiempo, aun en contra de la tendencia actual en los países desarrollados de desmantelar las preferencias comerciales, la mayor parte de los instrumentos de la OMC contienen provisiones de naturaleza especial y diferenciada para los países en desarrollo, tales como: Excepciones de tiempo limitado para asumir obligaciones (es el caso de los acuerdos sobre inversión extranjera, propiedad intelectual y valor en aduana). Períodos más largos para la puesta en práctica de obligaciones, como las derivadas del Acuerdo Agrícola. Menor nivel de compromiso (en las listas arancelarias de productos agrícolas y no agrícolas y en las disciplinas sobre subsidios del Acuerdo Agrícola). Tratamientos especiales exclusivos (el Acuerdo sobre las Empresas de Inspección Previa a la Expedición, las disposiciones sobre restricciones comerciales por Balanza de Pagos, la Cláusula de Habilitación del GATT y las Medidas Especiales para

Secretaría del GATT, "Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales", Ginebra, Suiza, noviembre de 1994.

los Países Menos Adelantados). Previsiones sobre asistencia técnica y asesoría (acuerdos de normas, valor y acuerdo sobre el Comercio Internacional de los Servicios). Además del concurso más decidido de los países en desarrollo, una característica de la OMC en el futuro cercano será el intenso uso del artículo XXIV del Acuerdo General, para la notificación y evaluación de los acuerdos de integración económica. Adicionalmente, a la OMC se incorporará el resto de países como los de Europa oriental, la Federación Rusa, Taiwan y las naciones árabes que aún no están en el GATT. El período de transición en áreas nuevas como la agricultura, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los servicios y la propiedad intelectual, aun con los avances de la Ronda Uruguay, y los acuerdos bilaterales impulsados por los Estados Unidos, harán complejos y muy discutibles los procedimientos que se desarrollen en virtud del sistema de solución de diferencias, pero al mismo tiempo probarán la eficacia de este último. Para hacer frente a este proceso y mejorar su inserción y la capacidad de negociación externa América Latina requiere, ineludiblemente, a partir de la prioridad otorgada a la integración regional, incrementar su participación mundial desde el punto de vista de inversiones, tecnología y comercio. Futuro de la política económica internacional de Colombia Con la expedición en Colombia de la Ley 170 de 1994 que

acepta el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos multilaterales anexos, así como el Acuerdo de la Carne de Bovino, se está dando un paso trascendental dentro del proceso de apertura de Colombia y la preparación del país para el año 2000. Además, se configura el marco a partir del cual se desarrollarán los futuros programas de integración económica dentro de América Latina y el Caribe, para una convergencia intra regional hacia la zona de libre comercio de América en el año 2005. A partir de la política de apertura económica, el país se adelantó a las conclusiones de la Ronda, lo que implica que podrá asumir sin mayores costos las obligaciones que le demandará su participación en la OMC. Entre las medidas adoptadas se pueden señalar las rebajas arancelarias, la eliminación de la sobretasa a las importaciones, la racionalización del uso del régimen de importaciones, la apertura a la inversión extranjera, la modificación a las normas sobre migración, las normas andinas sobre arancel externo común, propiedad intelectual y franjas de precios, el Acuerdo del Grupo de los Tres, los acuerdos con Chile, Cuba y CARICOM. Adicionalmente, en 1995 deberán culminar las negociaciones con Centroamérica e iniciar las respectivas con el MERCOSUR. Desde luego, la atención de los trabajos de la OMC implicará ajustar las políticas y los procedimientos a los amplios compromisos internacionales generados. En consecuencia, la participación del país en el sistema mundial de comercio será mucho más exigente que

en la actualidad y requerirá una mayor especialización y presencia del gobierno colombiano. Por su parte, el sector privado tendrá el reto de aprovechar las nuevas oportunidades de comercio generadas por las negociaciones de la Ronda Uruguay, los acuerdos regionales y los tratamientos preferenciales de los países desarrollados, como los Estados Unidos y la Unión Europea, con el ATPA y el SGP andino, respectivamente. Así mismo, esta circunstancia deberá fortalecer el contacto del sector privado con el gobierno nacional, con el fin de que oportunamente puedan defenderse sus intereses, por ejemplo, dentro del sistema de solución de conflictos de la OMC, las comisiones administradoras de los acuerdos regionales o dentro de las ulteriores negociaciones que se deberán llevar a cabo para profundizar los acuerdos logrados o tratar nuevos temas. Además, en razón de los compromisos de integración, se requerirá adecuar varios compromisos regionales y subregionales a las disciplinas multilaterales o a las ventajas que se admiten para tales tratados, como en el caso del Acuerdo sobre Servicios. Al mismo tiempo, la participación en la OMC le permitirá a la nación defender sus intereses como país en desarrollo, dentro de los nuevos temas que comienzan a ventilarse en un nuevo enfoque de las relaciones internacionales y que se utilizan como excusa para la imposición de prácticas proteccionistas por parte de los países industrializados. Estos temas vinculan la política comercial con las demás políticas económicas, espe-

cialmente con las relativas a la protección del medio ambiente, las prácticas comerciales restrictivas (restricciones comerciales a partir de posiciones de monopolio) y los derechos laborales. Entre los temas de la Ronda Uruguay, Colombia puso especial interés en la agricultura, la eliminación de las barreras comerciales para los productos tropicales como las flores, el café y las frutas, el tratamiento al sector de los textiles y el tratamiento a los temas nuevos, especialmente los servicios, de cuyo grupo de negociación fue el presidente, y la propiedad intelectual. Los compromisos de Colombia en las negociaciones de acceso a los mercados de bienes y servicios de la Ronda Uruguay se pueden resumir así:

Oferta agrícola Consta de tres tipos de compromisos: acceso al mercado, ayuda interna y apoyo a las exportaciones, sobre 906 posiciones del arancel de aduanas. En acceso, además, se incluyen compromisos en materia de contingentes arancelarios mínimos y garantías de acceso actual. Se conserva el nivel del arancel de las tres posiciones agrícolas consolidadas por Colombia en la Rueda Tokio: arvejas (15%), lentejas (15%) y manzanas (20%). Para los productos sujetos a franjas de precios se calculó un arancel equivalente, con base en investigaciones de precios internacionales y nacionales, el cual estará sujeto a una desgravación de tan sólo el 10% durante diez años. El arancel sobre estos produc-

tos, resultado de la metodología adoptada en la Ronda, oscila entre 78 y 246%. Sobre este asunto, cabe anotar que tales cifras tan sólo equivalen a derechos máximos (derechos consolidados), por debajo de los cuales puede maniobrar; de ahí que no afecten el sistema de franjas de precios y, más bien, le otorguen un amplio margen de maniobra. Para el resto de productos agrícolas se ofrece un arancel consolidado del 70% en el año diez, a partir de un nivel de 100% en 1995. La desgravación total promedio de la oferta agrícola colombiana es de un 24% en diez años. En conjunto, los aranceles agrícolas que Colombia consolidará permiten disponer de un amplio margen de maniobra para el sector, en caso de que se requiera mejorar el nivel de protección, aplicar restricciones rápidas, especialmente para enfrentar las importaciones masivas y para participar en la siguiente ronda de negociaciones agrícolas. Se ofrecen compromisos de acceso mínimo en los cereales, donde somos importadores netos (5% promedio del consumo en los años 19861988), y de acceso corriente en los productos sujetos a franja de precios, en el promedio de importaciones de 1986-1988. En materia de ayuda interna se ofrece un compromiso en lo relativo a precios de sustentación, en tanto que se excluyen de este compromiso otras medidas entre las que están riego, asistencia técnica, PNR, e investigación, como consecuencia del trato especial que se otorga para estas actividades.

En cuanto a las subvenciones a la exportación, se hace un compromiso global que reúne el presupuesto de CERT, Plan Vallejo y crédito, pero que es amplio para las necesidades futuras de las exportaciones agrícolas colombianas.

Oferta industrial Esta lista está conformada por 6.351 partidas. Se mantiene o reduce el nivel de la consolidación arancelaria para las 48 posiciones no agrícolas de la Lista de Colombia en la Rueda Tokio y se ofrece una consolidación general del 35 %, excepto el sector confecciones y los automotores con AEC del 35%, cuya consolidación será del 40%, Colombia realizó intercambios de peticiones y ofertas en 19901992 con siete participantes: Estados Unidos, Comunidad Europea, Canadá, Suiza, Suecia, Finlandia y Japón. En 1993 el país amplió sus peticiones hacia tales naciones, recibió nuevas solicitudes de tres de ellos (Estados Unidos, Canadá y Finlandia) y presentó solicitudes a once más: Austria, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Hungría, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Israel, Turquía y África del Sur. Todos estos países incluyeron dentro de sus ofertas los productos de interés de Colombia. Las listas de solicitudes de Colombia enfatizan la mejora del acceso a los mercados para flores, frutas tropicales, incluida la tarificación del banano en la Comunidad Europea, atún (congelado y en latas), tabaco, textiles, confecciones, manufacturas de cuero, calzado, fungicidas, ferroníquel, dien-

tes artificiales y adornos de navidad. Compromisos iniciales en servicios La lista colombiana cubre los siguientes sectores: financiero, turístico, consultoría legal, contaduría, informática y conexos, minería, telecomunicaciones de valor agregado (o sea aquellas que usan las redes y los equipos que generan el sistema), construcción e ingeniería. En términos generales Colombia consolida, o sea que no hará más gravosas, sus normas actuales en materia de acceso al mercado nacional en tales sectores, en especial en lo referente a normas laborales, requisitos profesionales, requisitos de capital, registro y supervisión de las autoridades competentes, disposiciones cambiarías, tributarias, financieras y monetarias, reglamentación de la inversión extranjera, etcétera. Aun cuando esta oferta es una de las más amplias de las naciones de América Latina, no constituye un sacrificio económico para el país ni ocasiona cambios en la política económica actual, debido a la apertura a la inversión extranjera, la política en materia de migración de profesionales, técnicos e inversionistas y las modificaciones al estatuto de cambios internacionales. En lo que se refiere a los intereses de Colombia, se han detectado algunos renglones en donde se podrían obtener mejoras en el trato a nuestros exportadores, especialmente en áreas como los servicios profesionales (jurídicos, arquitectura, ingeniería), servicios a las empresas (publicidad, editorial, centros de convencio-

nes, finca raíz), informática, audiovisuales, hotelería y turismo, mantenimiento y reparación de aeronaves, y servicios de salud. Derechos y obligaciones de Colombia en la OMC Derechos Entre los diferentes beneficios que brinda la participación en la OMC se encuentran los siguientes: Exigir el cumplimiento del compromiso de no discriminación en las relaciones comerciales con todos los miembros. Esto implica que a las exportaciones de bienes y servicios de Colombia a cualquier país miembro no se les pueden aplicar barreras comerciales o requisitos adicionales a los que estos países exigen a los otros miembros (trato de nación más favorecida). Además, Colombia puede exigir que las disposiciones sobre tributación y las reglamentaciones comerciales, en el país importador, no sean más onerosas para los bienes y servicios importados que para los nacionales (trato nacional). Negociar mejores condiciones de acceso para los bienes y servicios colombianos. Participar en las discusiones sobre modificaciones a las normas de la OMC y sus acuerdos y disposiciones anexas. Como país en desarrollo, Colombia se verá favorecida en cuanto al trato para los países en desarrollo adoptado por muchos de los instrumentos convenidos de la OMC, como los siguientes:

Mayores plazos para asumir obligaciones, como en los acuerdos de agricultura, inversión extranjera, propiedad intelectual y valor en aduana. Menor nivel de compromiso en el Acuerdo Agrícola. Previsiones sobre asistencia técnica y asesoría en los acuerdos de normas técnicas, valoración en aduana, servicios, propiedad intelectual y Sistema Integrado de Solución de Diferencias. Además, podrá continuar apoyándose en la Parte IV del GATT para que se mantenga el trato especial a los países en desarrollo y, en la Cláusula de Habilitación, para negociar preferencias comerciales en su favor, de parte de los países industrializados y de otros países en desarrollo. En este evento, la creación de la OMC y la sustitución del GATT de 1947 reafirman los tratamientos especiales para las exportaciones colombianas dentro del ATPA de los Estados Unidos, el SGP andino de la Unión Europea, el Sistema Generalizado de Preferencias de los demás países desarrollados y el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. Así mismo, de conformidad con las disposiciones del GATT y del Acuerdo de Servicios, podrá seguir profundizando la apertura comercial dentro de los procesos regionales de integración. En cuanto al sistema institucional, se fortalecerá el relativo débil poder de negociación del país ante las principales naciones comerciantes dentro del sistema de solución de diferencias (que tiene cláusulas es-

peciales para los países en desarrollo), los consejos, comités y demás organismos. Adicionalmente podrá ser receptor, sin erogación alguna, de los mecanismos de asistencia técnica de la Secretaría de la OMC en áreas como el sistema de solución de diferencias, la aplicación de los compromisos y la capacitación.

Obligaciones Las principales obligaciones de Colombia pueden resumirse así: Aplicación del trato de nación más favorecida, NMF. El trato NMF implica que si Colombia otorga a otro país un trato más favorable en cualquier aspecto del comercio (de bienes o servicios), deberá hacerlo extensivo inmediatamente y sin ninguna condición a todos los países miembros. Sin embargo, la OMC permite exenciones a este principio cuando se trate de esquemas de integración aceptados por éste, como el Grupo Andino y la ALADI. Tratamiento nacional. Con la aceptación de este principio el país se compromete a no dar un trato menos favorable a un producto o un servicio importados con relación al otorgado a uno similar de origen nacional, en lo que tiene que ver con impuestos y reglamentaciones interiores. No aplicar medidas comerciales más gravosas a las acordadas en sus listas de

consolidaciones y compromisos. Notificar todas las modificaciones sobre su política comercial que afecten sus obligaciones en la OMC, de conformidad con los procedimientos acordados. Toda legislación en materia de comercio internacional deberá ser compatible con las disposiciones de la OMC y sus acuerdos anexos. Someter su política comercial a la revisión periódica que realiza el Consejo General. A Colombia le corresponde cada seis años, siendo la próxima revisión en 1996. Conclusiones Se calcula que las rebajas arancelarias de la Ronda Uruguay son del 40%, cifra superior al 33% de la Rueda Tokio. Además, es notoriamente más amplia la cobertura a nivel de países participantes (102 en la Rueda Tokio y 125 en la Ronda Uruguay), así como a nivel de productos, siendo prácticamente todo el universo arancelario. La Secretaría del GATT2 prevé que en diez años el ingreso mundial se aumentará en unos US$510.000 millones, cuando estén en su apogeo los compromisos de acceso a los mercados de la Ronda Uruguay, inclusive sin tenerse en cuenta el refuerzo de las normas, procedimientos e instituciones comerciales, la mejora a la protección de la propiedad intelectual y la liberación en los servicios. La OMC tiende a interpretar la situación de un mundo cada

vez más interconectado en todas las áreas, de ahí que su temática no solamente incluya los temas de la política comercial en frontera, sino los inherentes a la inversión, los servicios y la tecnología, al tiempo que está abierta a tratar cualquier otro que esté vinculado con la política comercial, como las medidas para la protección del medio ambiente, los derechos laborales y las prácticas de monopolio. El unilateralismo y la retorsión comercial deberán reducirse notablemente y las posibilidades de su utilización estarán limitadas a las flexibilidades que permita la OMC. Ante su débil poder negociador, la mejor garantía para la política de apertura comercial de los países en desarrollo es un sistema mundial efectivo y transparente. Además, aun en contra de la tendencia actual en los países desarrollados de desmantelar las preferencias comerciales, la mayor parte de los instrumentos de la OMC contienen provisiones de naturaleza especial y diferenciada. La expedición en Colombia de la Ley 170 de 1994, que acepta el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos multilaterales anexos, así como el Acuerdo de la Carne de Bovino, complementa y profundiza el proceso de apertura del país iniciado en 1990 y lo prepara para las nuevas relaciones comerciales del año 2000. En este sentido, se configura el marco a partir del cual se desarrollarán los futuros programas de integración

Secretaría del GATT, "Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales", Ginebra, Suiza, noviembre de 1994.

económica dentro de América Latina y el Caribe, para la convergencia intrarregional hacia la zona de libre comercio de América en el año 2005, según lo convenido en la Cumbre de Miami de diciembre de 1994. Con la política de apertura económica el país se adelantó a los resultados de la Ronda, lo que facilitará que puedan asumirse sin mayor costo las obligaciones que demandará la participación en la OMC. Desde luego, la atención de los trabajos de este organismo implicará ajustar las políticas y los

procedimientos a los compromisos generados. Además, se requerirá adecuar los compromisos regionales y subregionales a las disciplinas multilaterales o a las ventajas que la OMC admita para tales tratados, como en el caso de los servicios. Al mismo tiempo, la participación en la OMC le permitirá a la nación defender sus intereses como país en desarrollo, en especial dentro de los temas que comienzan a ventilarse en una nueva ola de relaciones internacionales, como el medio

ambiente y los derechos laborales, los cuales han comenzado a utilizarse como excusa para la imposición de prácticas proteccionistas. Por último, el sector privado tendrá el reto de aprovechar las nuevas oportunidades de comercio generadas por las negociaciones de la Ronda Uruguay, los acuerdos regionales y los tratamientos preferenciales de los países desarrollados, como los Estados Unidos y la Unión Europea, con el ATPA y el SGP andino, respectivamente.

tajas comparativas reales y no las "creadas" a través de la excesiva protección frente a la competencia internacional.

Sección: Relaciones Económicas Internacionales

El Acuerdo del Grupo de los Tres

Mauricio Reina E. y Sandra Zuluaga M.*

Consideraciones generales Este estudio tiene como objetivo realizar un breve análisis del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de Colombia, México y Venezuela (G-3) el 13 de junio de 1994, el cual se complementa con una revisión del origen de este acuerdo y sus principales motivaciones. El G-3 es, al igual que otros acuerdos regionales firmados en los últimos tres años, el resultado del nuevo impulso que se le ha dado a la integración regional en Latinoamérica como un complemento a la política de apertura económica emprendida, desde finales de los años ochenta, por la mayor parte de los países de la región. El agotamiento del modelo de desarrollo proteccionista y la crisis de la deuda externa pueden contarse entre los factores determinantes de los procesos de apertura económica e internacionalización en Latinoamérica. Por medio de la liberalización de las economías, los países buscaban incrementar la competitividad y lograr un patrón de especialización que permitiera aprovechar las ven-

Para enfrentar el sector productivo a la competencia externa se inició un proceso de transformación productiva con miras a incrementar la eficiencia de los distintos sectores económicos, proceso que se apoyó en las reformas institucionales introducidas por la apertura. El caso colombiano es ilustrativo en cuanto al tipo de reformas institucionales llevadas a cabo en la región. En Colombia se modificó el régimen cambiario y de flujos de capital, se introdujeron profundas reformas en materia laboral y en el sector financiero y se consolidó un nuevo régimen de inversión extranjera. En materia comercial, se redujeron sustancialmente los aranceles y se eliminaron las restricciones cuantitativas. Como complemento a la estrategia de apertura económica y, particularmente, a la reducción de los niveles de protección arancelaria, la mayor parte de los países buscaron mejorar su inserción en el mercado internacional. En este contexto surgió la nueva estrategia de integración regional abierta, con un enfoque diferente de la estrategia de integración planteada en los años sesenta. Este nuevo enfoque busca que los países profundicen sus relaciones comerciales en un contexto de apertura económica. Mediante este proceso no sólo se quiere acceder a nue-

Viceministro y asesora del Ministerio de Comercio Exterior, respectivamente. Las opiniones contenidas en este artículo no comprometen a la institución para la cual trabajan

vos mercados sino desarrollar economías de escala y fomentar la inversión, lo cual, además, permite promover el cambio técnico y la innovación. Este nuevo enfoque para las relaciones económicas entre los países se tradujo en una tendencia hacia la conformación de bloques comerciales, en un intento por profundizar relaciones ya existentes o por crear nuevas relaciones a través de sistemas de reglas precisos y operativos. La consolidación de la Unión Europea y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son ejemplos de la conformación de bloques a partir de relaciones económicas preexistentes. Podría decirse que esto mismo se aplica al Grupo Andino a partir de 1992 y al MERCOSUR. Sin embargo, hay otro grupo de acuerdos que tienen como objetivos la ampliación y creación de mercados, dado que las relaciones comerciales entre los países firmantes son bastante débiles. En particular, dentro de la ALADI se han suscrito varios acuerdos de complementación económica con estas características. Es el caso de los acuerdos suscritos por Chile, con México, Venezuela y Colombia, separadamente y, como se verá más adelante, es el caso del G-3.

nos de los tres países a firmar un acuerdo de esta naturaleza, es importante hacer dos consideraciones. La primera de éstas es de carácter geopolítico. En sus orígenes el G-3 fue un mecanismo de concertación política que sustituyó al Grupo de Contadora a partir de 19901. En particular, los países del G-3 compartían su posición frente al problema centroamericano y, adicionalmente, tenían un interés económico en esa región que estaba supeditado, en buena medida, a la estabilidad política que alcanzaran los países centroamericanos. Por otra parte, el G-3 también ha sido considerado como un eje energético, dada la capacidad de producción de los países que lo conforman, de distintos bienes energéticos. De hecho, el tema de la cooperación con Centroamérica y el Caribe se enmarcó en un comienzo dentro del tema energético.

¿Por qué Colombia, México y Venezuela?

La segunda consideración está relacionada con la agenda del G3. Es importante tener en cuenta que la agenda incluye otros temas diferentes del comercial que se han desarrollado a través de Grupos de Alto Nivel, GAN, conformados por representantes de los tres países. Entre estos temas se encuentran ciencia y tecnología, pesca y acuicultura, transporte, educación, telecomunicaciones, energía, cooperación con Centroamérica y el Caribe, medio ambiente, finanzas y turismo2.

Para entender las motivaciones que llevaron a los gobier-

El Grupo de Alto Nivel de Comercio es el que más ha pro-

fundizado en su trabajo y la expresión de esto es el Tratado de Libre Comercio que se analiza en este artículo. En este orden de ideas, resulta interesante revisar las motivaciones que llevaron a transformar un acuerdo de carácter político, en un acuerdo esencialmente comercial. A este respecto cabe mencionar que, desde el inicio de las negociaciones por parte del GAN de comercio en 1991 hasta la firma del acuerdo de 1994, los tres países experimentaron grandes cambios en el ámbito económico que se reflejaron en la política de integración, como se vio en la sección anterior. Colombia y Venezuela emprendieron procesos de apertura económica e internacionalización, mientras México consolidaba el proceso que inició en el mismo sentido a finales de los años ochenta y simultáneamente empezaba las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En el caso particular de Colombia, el gobierno del presidente Gaviria adoptó una política de integración complementaria al proceso de apertura, dirigida a mejorar el acceso de la oferta exportable colombiana a los mercados regionales. De acuerdo con los lineamientos de esa estrategia, Colombia inició negociaciones con Chile, con los países del CARICOM y con Panamá. Así mismo, construyó una posición conjunta con Ve-

Para un análisis más completo véase Diego Cardona, "El Grupo de los Tres: una lectura política", en Colombia Internacional, NB 17, CEI, enero-marzo de 1992. Al respecto véase Ministerio de Relaciones Exteriores, "El Grupo de los Tres", documento de la Dirección General de Cooperación, 1993; Diego Cardona, "¿Qué es finalmente el Grupo de los Tres?, en Colombia Internacional, Nº 25, CEI, enero-marzo de 1994; y "Grupo de los Tres; GAN; Principales avances y recomendaciones generales", informe de la Secretaría Pro-Tempore, Caracas, mayo de 1994.

nezuela para negociar, por una parte, con México y, por otra, con los países centroamericanos3. En cuanto al Grupo Andino, se consolidó la zona de libre comercio acordando arancel de cero (0%) para la totalidad de los bienes y se dieron los primeros pasos hacia la conformación de la Unión Aduanera a través de la adopción de un Arancel Externo Común, AEC4. El proceso de negociación del G-3 no estuvo marginado de las implicaciones que trajeron todas estas transformaciones económicas sobre los tres países, así como de su situación política. Esto último es particularmente importante para entender los intereses y la posición negociadora de cada uno de los miembros del tratado. Como ya se mencionó, la coincidencia de los procesos de apertura económica en los tres países explica en buena medida el interés económico por ampliar los respectivos mercados, máxime cuando el comercio histórico entre los tres países ha sido relativamente pobre. Obviamente, exceptuando la relación comercial colombo venezolana. México representa apenas un 1 % de las exportaciones totales de Colombia y aproximadamente un 5% de las exportaciones venezolanas, sin contar el petróleo. A su vez Colombia representa cerca de un 2% de las exportaciones mexicanas y Venezuela, por su parte, un 1 %

de las exportaciones totales de México. La voluntad de los gobiernos de fortalecer los flujos de comercio se evidencia en la estrategia de negociación adoptada por los tres países. En particular, se diseñó un esquema de trabajo basado en un contacto permanente con el sector privado. Tanto en la etapa preparatoria de la negociación como durante ella, fue constante y generalizada la participación del sector privado de los tres países, a través de los gremios de los distintos sectores económicos. Es importante destacar que, durante la etapa de negociación, y hasta la entrada en vigencia del acuerdo, las condiciones macroeconómicas y políticas no han sido fáciles ni para México ni para Venezuela. En el caso de Venezuela, aunque el plan de ajuste introducido en 1989 tuvo un efecto positivo sobre los indicadores macroeconómicos, el cual se reflejó en tasas de crecimiento del PIB positivas y superiores al 5% (véase cuadro 1), para 1993 la producción cayó en 1,5% como resultado de una desaceleración en la inversión. En particular, el impacto negativo sobre la inversión se originó en la política monetaria bastante restrictiva y la incertidumbre generada por la situación política. A comienzos de 1994 se desató una crisis financiera que impulsó la salida de capitales y obligó al gobierno

venezolano a restablecer el control de cambios. En estas condiciones, se produjo una fuerte devaluación del bolívar, que se tradujo en un incremento en el ritmo de crecimiento de los precios, llevando a una tasa de inflación del 70% en 1994. En el caso de México, el déficit en cuenta corriente acumulado desde 1988 ejerció una presión constante sobre la tasa de cambio que culminó en una devaluación superior al 30% a finales de 1994, justamente pocos días antes de la entrada en vigencia del G-3. En realidad, el problema económico de México está asociado con la composición de la financiación del déficit en cuenta corriente la cual, en buena medida, está dada en capital de corto plazo. Desde comienzos de 1994 México se vio afectado por las expectativas negativas que la situación política interna generó sobre la inversión extranjera. En particular, el levantamiento de Chiapas y el asesinato del precandidato del PRI, Luis Donaldo Colossio. El efecto que esos hechos tuvieron sobre la confianza de los inversionistas, quienes veían en este país un mercado estable que logró pasar de niveles de inflación superiores a dos dígitos a un nivel del 8% (véase cuadro 1), aceleró la salida de capitales y presionó la devaluación de la tasa de cambio. Sin embargo, la coyuntura económica no ha sido obstáculo para que el tratado entre en

El acuerdo con Chile entró en vigencia el le de enero de 1994 y a través de él se espera que la mayor parte de los bienes que componen el universo arancelario llegue a arancel cero (0%) en cinco años. Los acuerdos firmados con Panamá y CARICOM contienen preferencias para unas listas de productos y entraron en vigencia el Io de enero de 1995. Es importante tener en cuenta que tanto el GATT, a nivel multilateral, como la ALAOI, a nivel regional, prevén la profundización de las relaciones comerciales entre los países miembros. De igual forma, en el Grupo Andino la Decisión 322 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena les dio a los países la facultad de llevar a cabo negociaciones comerciales con otros países no miembros.

CUADRO1 EL GRUPO DE LOS TRES. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS País

Tasa de PIB crecimiento per cápita del PIB (%) en (US$)

Inflación Balanza (%) en cuenta corriente

Balanza comercial

Deuda externa

Inversión extranjera directa

Porcentaje del PIB Colombia 1990

4,1

1.000,0

32,0

1,6

5,5

47,9

1,4

1991

2,1

1.390,0

26,8

4,9

6,2

35,8

7,5

1992

3,5

1.350,0

25,1

1,9

2,5

35,4

7,9

1993

5,3

1.400,0

22,6

-3,9

-3,1

35,0

8,3

1994

5,7

22,6

-5,3

-3,9

33,2

8,7

México 1990

4,5

2.670,0

29,9

-2,9

-1,9

40,6

13,2

1991

3,8

3.080,0

18,8

-4,9

-2,6

36,8

14,8

1992

2,6

3.510,0

11,9

-7,5

-4,8

34,6

15,3

1993

0,4

3.750,0

8,0

-6,5

-3,8

35,2

18,2

1994

3,2

6,8

-7,6

-4,3

36,7

20,4

Venezuela 1990

8,5

2.680,0

40,8

17,1

21,9

68,3

0,2

1991

10,4

2.730,0

34,2

3,3

9,1

63,7

3,3

1992

7,3

2.920,0

31,4

-5,6

2,8

61,5

0,9

1993

-1,5

2.840,0

38,1

-3,0

5,4

n.d.

0,3

1994

-3,3

70,8

n.d.

Fuente: Datos de la embajada de México en Estados Unidos, Banco de la República de Colombia, Baring Securities Latin American Country Outlooks, agosto de 1994; Banco Mundial para Venezuela.

vigencia. Por una parte, porque los flujos comerciales de Venezuela y Colombia con México son bastante reducidos, y para la mayoría de los bienes ese país está otorgando una preferencia aproximada de 21 % al inicio del programa de desgravación, mientras México otorga una preferencia aproximada del 35%. Por otra parte, porque el tratado cuenta con instrumentos adecuados para enfrentar los perjuicios

derivados de un incremento excesivo de las importaciones. Y, finalmente, porque buena parte de la devaluación termina siendo neutralizada por la inflación generada a través de los bienes transables. En estas condiciones, resulta claro que en el proceso de integración, los tres países tienen intereses diferentes del económico. Para México este acuerdo, así como los firmados en Costa Rica y Bolivia en 1994, le

permite fortalecer su posición en Latinoamérica y diversificar sus mercados después de haber suscrito el TLC con Estados Unidos y Canadá. Para Venezuela, el acuerdo representa una señal favorable para la inversión extranjera con respecto a las difíciles condiciones domésticas en materia económica y política. Para Colombia, además de contribuir con la consolidación del proceso de apertura

económica, el acuerdo representa, por una parte, la posibilidad de mejorar el acceso a un mercado para nuestras exportaciones menores, las cuales tienen un alto contenido de valor agregado. El mercado regional ha demostrado ser el destino por excelencia de las exportaciones menores5. Por otra parte, dentro de lo que se ha llamado la estrategia del sparring, el tratado proporciona a los productores nacionales una oportunidad para aprender a competir en un mercado medianamente exigente con respecto a los mercados de Europa y Estados Unidos. Adicionalmente, para el país es fundamental formar parte de un bloque comercial de esta naturaleza, dados los altos costos que se derivan de no pertenecer a él, desde el punto de vista de la desviación de comercio. Finalmente, el tratado es una manera de fortalecer las relaciones comerciales con el norte. El G-3 representa un mercado de aproximadamente 140 millones de habitantes, con un PIB para 1993 de US$478.483 millones. Las exportaciones de este bloque comercial ascendieron en 1993 a US$73.425 millones, mientras las importaciones fueron de US$87.368 millones. ¿Qué es el G-3? El G-3 es un Acuerdo de Complementación Económica desarrollado en el marco de la ALADI según los lincamientos

5 6

del Tratado de Montevideo de 1980. Es un acuerdo de amplia cobertura en cuanto a temas y puede decirse que en el ámbito latinoamericano, es uno de los más avanzados en materia de integración6. En particular, en temas como las compras del Estado, el comercio de servicios y la inversión, el G3 va más allá de lo establecido y de los avances logrados hasta ahora tanto en el Grupo Andino como en el MERCOSUR. El G-3 pertenece a una "nueva generación de acuerdos, al igual que el TLC, en los cuales se pretende regular todas las áreas que permiten generar flujos de comercio para que éstos se den en condiciones equitativas de competencia. La precisión y profundidad con que se tratan los distintos temas de estos acuerdos permiten crear condiciones claras y estables para la inversión. A través del acuerdo se conforma una zona de libre comercio entre los tres países. El tratado desarrolla todos los aspectos relacionados con el comercio de bienes, establece los principios y compromisos en materia de liberación de comercio de servicios y en materia de inversión. En cuanto al comercio de servicios se desarrollan en particular las áreas de entrada temporal de personas, servicios profesionales, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros.

Para garantizar condiciones de competencia sanas, el tratado desarrolla de manera exhaustiva materias como normas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardia y prácticas desleales de comercio. Así mismo, contiene disposiciones en materia de compras del Estado, propiedad intelectual, normalización técnica y propiedad intelectual. Adicionalmente, contiene un capítulo de solución de controversias. A continuación se realiza una síntesis comentada del tratado. Objetivos A través del tratado, los países buscan crear un mercado ampliado para los bienes y servicios producidos por cada uno. Así mismo, quieren garantizar un marco comercial previsible para la inversión y la planeación de las actividades productivas por medio del establecimiento de reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial. Como complemento de lo anterior, con el tratado se busca aumentar las oportunidades de inversión, reducir las distorsiones al comercio, promover condiciones de competencia adecuadas y equitativas, y crear nuevas oportunidades de empleo que se traduzcan en una mejora en los niveles de vida en los tres países. A lo largo del tratado se desarrollan estos objetivos a tra-

Las cifras de los distintos mercados de exportación indican que el mercado latinoamericano representa aproximadamente un 27% de las exportaciones totales de Colombia, cifra que se incrementa al 41 % cuando se toma la participación de este mercado en las exportaciones menores. Es importante anotar que el G-3 sólo se aplica entre Colombia y Venezuela para las materias que no están reguladas en el Grupo Andino.

vés de tres principios fundamentales: Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Transparencia7.

Adicionalmente, Colombia mantendrá por cinco años la facultad de utilizar precios mínimos oficiales para efectos de valoración aduanera.

Comercio de bienes

Programa de desgravación arancelaria

Trato nacional y acceso de bienes al mercado Las disciplinas que se establecen en este capítulo garantizan un acceso real de los bienes al mercado de los tres países. En virtud de las mencionadas disciplinas, los países se comprometen a otorgarse trato nacional para los bienes producidos por cada uno de ellos y se establece un programa de desgravación arancelaria. Así mismo, se prohibe adoptar o mantener restricciones al comercio, se establecen normas sobre los impuestos a la exportación y se da un plazo de cinco años para eliminar los derechos aduaneros8. Los tres países conservan la facultad de mantener los programas de incentivos importación-exportación. Es decir, el Plan Vallejo para Colombia, el PITEX para México y los regímenes aduaneros especiales para Venezuela. En el TLC, los regímenes como el PITEX o el ALTEX y la maquila tienen un período de transición, después del cual deben desaparecer.

El acuerdo establece un programa de desgravación arancelaria lineal y gradual a diez años para la mayor parte de los bienes9. Para entender los tratamientos diferentes del programa general a diez años es necesario tener en cuenta, por una parte, cómo se involucran en el tratado los acuerdos previos derivados del Tratado de Montevideo de 1980 y, por otra, que se establecieron tratamientos especiales para algunos bienes del sector agropecuario y para los bienes del sector automotor en las condiciones que se verán más adelante. El Tratado de Montevideo de 1980 establece dos tipos de acuerdos para profundizar las relaciones comerciales entre los países miembros de la ALA-DI: los Acuerdos de Alcance Parcial, AAP, y la Preferencia Arancelaria Regional, PAR10. En el G-3 México y Colombia decidieron profundizar el AAP existente de tal manera que la mayor parte de los bienes contenidos en el AAP tendrá acceso

inmediato al ingresar a los dos países, es decir, arancel cero, a partir de la entrada en vigencia del tratado. En virtud de la asimetría que se reconoció por las diferencias en los niveles de desarrollo, algunos de estos bienes ingresarán al mercado colombiano con la desgravación a cinco años, mientras lo harán al mercado mexicano libres de arancel desde la entrada en vigencia del tratado. Por su parte, entre Venezuela y México no se profundizó el AAP, sino que se acordó que la desgravación para esos bienes se inicie a partir de la preferencia que ya tenían. En cuanto a la PAR, se acordó extenderla a todo el universo arancelario, salvo para los productos exceptuados del programa de desgravación o con tratamientos diferenciales. De esta manera, la PAR se incorporó al arancel de partida o tasa base de la mayor parte de los bienes. Como resultado de la diferencia de niveles en la PAR derivada de lo establecido en el marco de la ALADI, la primera desgravación equivaldrá a una preferencia arancelaria del 35% para los productos colombianos en el mercado mexicano y una del 21% para el acceso de los productos mexicanos al mercado colombiano. Con esto se introdujo otro factor de asimetría en el tratado

A través del principio de tratado nacional se garantiza la no discriminación de los bienes o servicios provenientes de los tres países en virtud de su origen; por medio del principio de trato de nación más favorecida se garantiza el mejor tratamiento para los flujos comerciales de los tres países, es decir, los más altos estándares que cada país otorgue a terceros; finalmente, mediante el principio de transparencia se garantiza la existencia de reglas claras sobre las condiciones en que importadores y exportadores pueden acceder a las autoridades respectivas en cada país, con el fin de lograr que actúen según el caso. Esta medida se aplica a México y Venezuela, pues Colombia no tiene sobretasa a las importaciones. Entre la primera y segunda desgravaciones hay un año y medio de diferencia; a partir de la segunda desgravación las etapas son anuales. Es decir, la primera desgravación se realiza el le de enero de 1995 y la segunda el 1° de julio de 1996; a partir de esa fecha las desgravaciones se dan en el mes de julio de cada año hasta llegar a arancel cero en julio del año 2004. Los APP contienen listas de productos en las que un país le otorga al otro determinados porcentajes de preferencia arancelaria: en contraste, la PAR es un porcentaje de preferencia arancelaria preestablecido que los países se otorgan de acuerdo con su nivel de desarrollo y se conforman unas listas de excepciones que contienen los bienes sobre los que el país no otorga la mencionada preferencia. En este caso México, como país de un nivel de desarrollo en el marco de la ALADI, les otorga a Colombia y Venezuela una preferencia del 28%, mientras estos dos últimos en su condición de países de desarrollo intermedio le otorgan a México una preferencia de 12%.

derivado de las diferencias en niveles de desarrollo previstas en el ámbito de la ALADI. Sector agropecuario En el tratado se define un ámbito agropecuario, se determinan los bienes que están exceptuados del programa de desgravación, se prohíben las restricciones cuantitativas y se establecen disciplinas en materia de devolución de impuesto de importación, de medidas de apoyo interno y de subsidios a la exportación. Entre los bienes exceptuados del programa de desgravación hay tres tipos: los que son considerados sensibles en cada una de las economías, los que se benefician de apoyos internos o subsidios y los que son objeto de mecanismos de estabilización de precios o de restricciones paraarancelarias. En particular, en este grupo de productos se incluyen los bienes que operan con el sistema de franjas de precios en Colombia y Venezuela y aquellos beneficiados por el programa PROCAMPO en México. Por otra parte, se acordó un mecanismo especial para el comercio de azúcar. Se determinaron unos bienes, en su mayor parte legumbres, denominados bienes de incorporación temporal, los cuales entran temporalmente al programa de desgravación sujetos a lo que se defina durante los primeros seis meses de la entrada en vigencia del tratado en materia de acceso al mercado para el azúcar11. Finalmente, el tratado contiene un capítulo dedicado al 11

tema de las normas fito y zoosanitarias, en el cual se contempla el derecho de adoptar o mantener normas de este tipo, siempre y cuando estén basadas en criterios científicos, no sean discriminatorias y no generen obstáculos al comercio. Sector automotor En el sector automotor también se definió un ámbito de productos que cubre las auto-partes y los vehículos. El tratamiento que se acordó para este grupo de bienes está determinado por las diferencias en las políticas automotrices de los tres países y las condiciones de acceso al mercado mexicano. En cuanto a esto último, el principal obstáculo se presenta en el hecho de que sólo los productores de vehículos pueden importar estos bienes, con lo cual la decisión de importar es puramente corporativa. En consecuencia, se acordó que estos bienes tendrán un período de desgravación de doce años, el cual sólo empezará una vez que el Comité Automotor, previsto en el tratado, defina tanto las condiciones de acceso al mercado como la norma de origen. Se estableció que entrarán al programa de desgravación sólo los camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de PBV y los autobuses integrales, a partir del 1° de enero de 1997. Normas de origen En un Acuerdo de Libre Comercio las normas de origen son un elemento fundamental

para garantizar que no se están extendiendo las preferencias comerciales a países que están por fuera del acuerdo; es decir, países que no están otorgando ninguna preferencia de manera recíproca. En razón de esto, las normas de origen deben ser lo suficientemente específicas y, en esa medida, son más exigentes que las normas de tipo general. En el caso del G-3, éste fue un tema de gran sensibilidad para el sector privado, hasta el momento previo a la firma del tratado; sin embargo, el gobierno trabajó con el sector industrial de manera coordinada para contar con normas de origen relativamente exigentes que protejan a la industria de la competencia desleal pero que correspondan, en la medida de lo posible, a sus condiciones de producción. Finalmente, los tratamientos previstos en materia de origen tratan de reflejar lo anterior. En este capítulo se definen los criterios que permiten considerar un bien como originario, se define la fórmula de cálculo del valor de contenido regional y se precisan ciertos parámetros necesarios para determinar el valor de los materiales intermedios, la acumulación de origen y se establecen las disciplinas De Mínimis, entre otros temas. En términos generales puede decirse que el tratado establece como métodos de calificación de origen el cambio de clasificación arancelaria y el criterio de contenido regional. En cuanto a este último se estableció un nivel general del 50% durante los primeros cinco

En razón del tipo de bienes que componen esta lista se acordó un período de desgravación de 15 años, en el cual los primeros cinco años la desgravación es de un 15%, luego el arancel permanece constante hasta el año once y a partir de ese año se desgrava el remanente en su totalidad para llegar a cero (0%) en el año 2009.

años a partir de la entrada en vigencia del tratado, el cual se incrementa a 55% a partir del sexto año. En razón de las dificultades expresadas por algunos sectores de la producción para cumplir con estos porcentajes de contenido regional, se acordó un tratamiento diferencial para algunos sectores. Este tratamiento consiste en un período de transición para alcanzar los porcentajes o los requisitos específicos acordados. En el caso de los sectores de la química y petroquímica se fijó un porcentaje del 40% durante los primeros tres años de la operación del tratado, porcentaje que se incrementa a 45% en los años cuarto y quinto, para alcanzar un 50% a partir del sexto año. De la misma forma, para los bienes del sector siderúrgico y de metalmecánica se fijó un nivel de contenido regional del 50% a partir de la entrada en vigencia del tratado. Adicionalmente, para los sectores textil y de confecciones se establecieron unos niveles de flexibilidad temporal que permiten, durante cinco años, el acceso al mercado de algunos de estos bienes con normas de origen más flexibles que las establecidas de manera general. Finalmente, para un grupo de productos de los sectores químico, petroquímico, de textiles y confecciones, en los cuales la norma de origen limita la adquisición de materias pri-

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mas a los tres países, con un posible riesgo para las condiciones de competencia de los respectivos sectores, se creó el Comité de Integración Regional de Insumos, CIRI, el cual tiene la facultad de permitir la importación de estas materias primas de terceros países, si se demuestra que las condiciones de abastecimiento no son las mejores en oportunidad, calidad y precio. Procedimientos aduaneros En materia de procedimientos aduaneros, el tratado establece las disciplinas que permiten a los países ejercer el control administrativo de las normas de origen tanto para las importaciones como para las exportaciones que se benefician del trato preferencial. Adicionalmente, se prevén los mecanismos de verificación del origen para que cada país pueda hacer uso de esta facultad. Salvaguardias Las medidas de salvaguardia son instrumentos diseñados para restituir al productor las condiciones arancelarias previas, cuando el sector en cuestión se ve afectado como resultado de la aplicación del programa de desgravación. El régimen de salvaguardia consignado en el tratado contiene medidas de carácter bilateral y global12. La salvaguardia bilateral permite restablecer las condiciones de tipo arancelario que compensen el daño que la pro-

ducción nacional pueda recibir como resultado del programa de desgravación. Este mecanismo se puede invocar durante quince años a partir de la entrada en vigencia del tratado, es decir, tiene una duración de cinco años adicionales a la culminación del programa de desgravación general. La medida de salvaguardia bilateral se aplica por un año, prorrogable por un período igual. El país que adopte la medida de salvaguardia debe compensar al otro en el caso de que ésta se prorrogue o cuando se impone por amenaza de daño. La salvaguardia global es la consignada en el GATT y en caso de adoptarse exige el cumplimiento de ciertos criterios. En términos generales, las importaciones provenientes de uno de los países del G-3 deben representar una parte sustancial de las importaciones totales del bien y deben contribuir de manera importante al daño o a la amenaza de perjuicio13. Prácticas desleales de comercio En materia de prácticas desleales de comercio, el tratado establece la prohibición de otorgar subsidios a las exportaciones de bienes industriales. Aunque se consignan en el tratado las legislaciones nacionales en materia de prácticas desleales de comercio, se definen unos principios bajo los cuales se garantiza efectividad y transparencia en las investigaciones por dumping o subsi-

En términos generales las medidas de salvaguardia pueden aplicarse por amenaza de daño grave o daño grave a la producción nacional. El tratado define como daño grave un menoscabo general y significativo a una producción nacional. Adicionalmente, establece los procedimientos para adoptar la medida de salvaguardia. El término sustanciales se refiere a que el país que causa el perjuicio está entre los cinco proveedores principales del bien durante los últimos tres años. Contribuir de manera importante se refiere a que la tasa de crecimiento de las importaciones durante el período del incremento que causa el perjuicio, es mayor que la tasa de crecimiento de las importaciones totales del bien.

dios y en la aplicación de derechos compensatorios. Compras del sector público Este tema es de vital importancia para la conformación de una real zona de libre comercio, porque al dejarlo por fuera de un tratado, se está negando el acceso a una parte muy importante de las importaciones que realiza un país. En este caso, el capítulo de compras del sector público representa un gran avance para la relación comercial entre Colombia y Venezuela, pues el Grupo Andino carece de regulación en esta materia. En este capítulo se establecen los principios a través de los cuales los países se otorgan Trato nacional en las compras que realizan las empresas del Estado. En desarrollo de lo anterior, se fijan los parámetros para efectuar los procedimientos en esta materia y se establecen los mecanismos de impugnación para los compradores. En particular, se establece un ámbito de aplicación de las disciplinas contenidas en el capítulo, las cuales tienen que ver con valoración de los contratos, reglas de origen, denegación de beneficios, prohibición de condiciones compensatorias y especificaciones técnicas. Lo acordado en esta materia sólo se aplica para contratos que igualen o superen unos montos mínimos. Para el caso de entidades del gobierno central el monto es de US$50.000, y para empresas gubernamentales, de US$250.000. Así mis14 15

mo, cada país puede reservarse un porcentaje decreciente en el tiempo de sus compras estatales, sobre el cual no está obligado a otorgar Trato nacional. Este porcentaje comienza en 50% en 1995, pasa a 45% en 1996, a 40% en 1998, a 35% en el año 2000, a 30% en el año 2002, para llegar a cero (0%) en el año 200414. Comercio de servicios Principios generales sobre el comercio de servicios En este capítulo se establecen las disciplinas que regirán la liberalización progresiva de los servicios. Se fija un ámbito de aplicación en el cual no se cubren los servicios financieros ni las telecomunicaciones, en razón de que para estos sectores el tratado contiene un capítulo especial. Se consagran los principios de Trato nacional, Nación más favorecida y la no obligatoriedad de presencia local. Adicionalmente, se determinan unos plazos para iniciar negociaciones con miras a lograr la liberalización mencionada: en particular, se da un plazo de ocho meses a partir de la firma del tratado, durante el cual se acuerdan las listas de sectores y de medidas que cada parte se reserva para la aplicación del tratamiento derivado de los tres principios que se consagran en el capítulo. De la misma forma, después del primer año de entrada en vigencia del tratado se negociará la lista de restricciones cuantitativas que existan en cada país y su posible eliminación.

Dadas las diferencias en el grado de apertura del sector de servicios en cada una de las economías que conforman este tratado se estableció, para la consolidación de las medidas vigentes en cada país, que ésta se desarrolle bajo un principio de reciprocidad que permita llegar a un equilibrio global. Finalmente, este capítulo contiene un anexo en materia de servicios profesionales y otro en materia de transporte. En el primero se fijan las reglas que tendrán en cuenta los países para reducir gradualmente las barreras a la prestación de servicios profesionales. En este sentido, se establecen criterios para lograr el reconocimiento de títulos académicos a través de las asociaciones de profesionales. En cuanto al segundo, es importante anotar que las disposiciones allí contenidas no se aplican a servicios de transporte aéreo15. En materia de transporte marítimo se libera la reserva de carga y se establece un compromiso para compatibilizar las normas de transporte multimodal. Telecomunicaciones Las disciplinas previstas en este capítulo se aplican únicamente a los servicios de valor agregado. Entre éstas se destaca, por una parte, el derecho de cada uno de los países para regular la prestación de servicios de telecomunicaciones en su territorio. Por otra parte, se garantiza que los países tendrán acceso no discriminatorio a las redes y servicios públicos de

En todo caso, dentro de las reservas permanentes, los países podrán reservar contratos de compras por un monto equivalente al 5 % de sus compras totales anuales. Sin embargo, las partes se comprometen a desarrollar y ampliar las relaciones de transporte aéreo, en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos entre ellas.

transporte de telecomunicaciones y que para la prestación de servicios de valor agregado los procedimientos serán transparentes y no discriminatorios. Así mismo, se prohibe a los monopolios abusar de su posición para introducir prácticas que causen distorsiones a la competencia. Servicios financieros En materia de servicios financieros, el tratado le proporciona al país una oportunidad para obtener beneficios en esta materia, como contraprestación a la apertura unilateral del sector que se dio con la Ley 45 de 1990. Se establece un ámbito de aplicación para las medidas contenidas en el capítulo, el cual no cubre los sistemas de seguridad social ni el uso de recursos financieros de la nación para cada una de las partes. El capítulo contiene los principios de Trato nacional y Nación más favorecida. Se reconoce el derecho de establecimiento a los inversionistas en esta área, se congelan las medidas vigentes en cada país en materia de servicios transfronterizos, se prevé el reconocimiento por parte de un país de las medidas prudenciales del otro, se preserva para cada país su capacidad regulatoria para adoptar medidas prudenciales y se permite a las instituciones financieras de un país prestar nuevos servicios financieros en la medida en que éstos sean similares a los que permite prestar a los intermediarios financieros nacionales.

Por otra parte, se estableció un período de negociación que comienza a partir de la entrada en vigencia del tratado y se extiende por ocho meses para elaborar la lista de reservas de acuerdo con los sectores y las medidas. Finalmente, el capítulo contiene disciplinas para desarrollar un procedimiento de solución de controversias y un mecanismo de salvaguardia por trastornos en balanza de pagos. Entrada temporal de personas de negocios En esta materia se establecen limitaciones a la discrecionalidad que tienen los países para negar el ingreso a personas de negocios. Lo previsto en este capítulo tiene como objetivo facilitar las actividades relaciona-das con el comercio y la inversión. En razón de esto, se desarrollan criterios particulares para la entrada de visitantes de negocios, inversionistas, profesionales y transferencias de personal dentro de las empresas. Otros temas Normas técnicas El objetivo de las disciplinas contenidas en este capítulo es lograr que los países alcancen estándares en materia de normalización que limiten la posibilidad de usar las normas técnicas como barreras al comercio. Política en materia de empresas del Estado En este capítulo se establece la obligación para las empresas

del Estado de otorgar a los nacionales de los otros países trato no discriminatorio en la venta de bienes y la prestación de servicios. Así mismo, estas empresas deberán actuar en la compra y venta de bienes y servicios con parámetros comerciales. Para esto último se establecieron reglas que impiden a estas empresas operar a través de prácticas monopólicas que introduzcan distorsiones a la competencia, tales como los precios discriminatorios. La importancia de este capítulo radica en la preocupación expresada permanentemente por el sector privado en cuanto a las prácticas desleales realizadas por las empresas del Estado en Venezuela y México, a través del manejo de precios y suministros. Inversión En materia de inversión, el tratado establece el principio de trato nacional y el de nación más favorecida para los inversionistas de los tres países. Se prevén disposiciones en materia de requisitos de desempeño, se fijan las garantías para la transferencia de la inversión y de sus utilidades, disciplinas en materia de expropiación16 y se establece un mecanismo de solución de controversias entre una parte y un inversionista. Dentro de los ocho meses siguientes a la firma del tratado los tres países negociarán las reservas en materia de Trato nacional, Trato de nación más favorecida y requisitos de desempeño; es decir, los sectores

Colombia se reservó el derecho de expropiación sin indemnización, dados los obstáculos de carácter constitucional para cumplir con este principio.

y subsectores sobre los que no se aplican estos tres principios. En este capítulo se desarrolla el marco regulatorio propicio para promover el flujo de inversión creciente que, se espera, resulte de la entrada en vigencia del acuerdo. Para Colombia, representa un avance en este tema con respecto a Venezuela, toda vez que este tipo de disciplinas no están contenidas en el Grupo Andino y se espera que contribuyan a dinamizar la inversión de colombianos en ese país. Propiedad intelectual En materia de propiedad intelectual se regulan dos aspectos: derechos de autor y propiedad industrial. En los dos aspectos, lo establecido en el tratado no supera lo previsto en la legislación colombiana para el caso de derecho de autor ni los compromisos adquiridos a nivel andino en materia de propiedad intelectual. En cuanto a derechos de autor, los países se obligan a aplicar ordenamientos multilaterales en esta materia y se establecen los derechos patrimoniales que debe contener una adecuada y efectiva protección de los derechos de autor17. En particular, se establecen derechos para artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. La protección conferida por estos derechos no podrá tener un término inferior a 50 años. 17 18

En cuanto a propiedad industrial, se establecieron las disciplinas necesarias para fomentar los flujos comerciales entre los países. En este sentido, se determinaron los objetos de protección de marcas, se establecieron los derechos conferidos por las marcas18, protección a las marcas notoriamente conocidas y un período de diez años, prorrogable por otro período igual, para los registros de marcas. Así mismo, se prevé la protección de denominaciones de origen, secretos industriales y obtenciones vegetales. Finalmente, en este capítulo también se establecen obligaciones para los países que garantizan la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Solución de controversias En este capítulo se prevé un mecanismo que permite resolver las controversias derivadas de la aplicación, interpretación o incumplimiento del tratado. El proceso de solución de controversias tiene una etapa en la que se realizan consultas y se puede solicitar la intervención de la Comisión Administradora del Tratado. Si esta intervención no produce una solución en un plazo determinado, se inicia una segunda etapa en la que se conforma un tribunal arbitral. El tratado establece unos requisitos para los árbitros que conforman el panel arbitral y

su escogencia es cruzada. Es decir, cada país presenta una lista de diez árbitros para que el otro país contendiente seleccione los que conformarán el panel. La efectividad del mecanismo de solución de controversias se garantiza a través de la posibilidad que se le da a la parte afectada, de suspender beneficios de efecto equivalente a la parte demandada, cuando ésta no cumpla con la obligación que le impuso la Comisión o el panel arbitral. Finalmente, el tratado cuenta con la figura de anulación y menoscabo. En virtud de ésta, las partes pueden recurrir al mecanismo de solución de controversias cuando consideren que, como resultado de la aplicación de una medida que no contravenga el tratado, se anulan o menos caban los beneficios que razonablemente se pudieron esperar del mismo. Administración del tratado En materia de administración, el tratado prevé la conformación de una Comisión Administradora, la cual representa un mecanismo flexible y novedoso para estos efectos, comparado con la Secretaría de ALADI para el caso del Tratado de Montevideo, o con la Junta del Acuerdo de Cartagena, para el caso del Grupo Andino. Adicionalmente, las secciones nacionales y los centros de información sirven de canales de comunicación con las enti-

Entre estos derechos patrimoniales se cuentan: impedir la importación al territorio de la parte de copias elaboradas sin autorización; prohibir o autorizar la primera distribución pública del original y cada copia; prohibir o autorizar la comunicación de la obra al público y prohibir o autorizar la reproducción de la obra. Entre estos derechos está el impedir que otra persona use signos idénticos o similares en el comercio de un bien o servicio cuando no sea titular de la marca. También se prohibe la comercialización de un bien o servicio hasta que los titulares lleguen a un acuerdo, cuando exista una marca registrada en dos o más de las partes.

dades encargadas o directamente relacionadas con los problemas que se presenten. El hecho de que se pueda tener un contacto directo con las distintas entidades de normalización, de origen, de agricultura, entre otras, a través de los comités y grupos de trabajo, le da mucha más agilidad y efectividad a la solución de problemas. Administración En este capítulo se establecen las funciones de la comisión administradora, la cual está conformada por los titulares de los órganos nacionales responsables19. Entre las funciones de la comisión están evaluar los resultados de la aplicación de este tratado, vigilar su desarrollo y recomendar a las partes las modificaciones que estime convenientes. Así mismo, la comisión debe realizar un seguimiento de las prácticas y políticas de precios en sectores específicos para detectar posibles distorsiones al comercio. Esta instancia coordina todos los comités y grupos de trabajo. Transparencia En este capítulo se desarrolla el principio de Transparencia a través de la obligación que adquiere cada parte de designar una oficina como centro de información. Este centro de información tiene como propósito facilitar la comunicación entre las partes sobre cualquier asunto relacionado con el tratado.

Excepciones En este capítulo se consagran las excepciones previstas en el GATT en materia de salud y protección del medio ambiente. Así mismo, se establecen las excepciones relacionadas con la seguridad nacional. Disposiciones finales En el capítulo de disposiciones finales se prevén: la posibilidad de realizar enmiendas al tratado, su cláusula de evaluación y el mecanismo de denuncia. Así mismo, se establece que el tratado entrará en vigencia el 1Q de enero de 1995, por un período mínimo de tres años, y se precisa la cláusula de adhesión para los países de América Latina y el Caribe. Conclusiones El Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres, G-3, es la expresión del énfasis comercial que los tres países le dieron a un acuerdo que en sus inicios fue una instancia de concertación política. El cambio de énfasis del G-3 obedece, en buena medida, a la dinámica de las condiciones en materia de política económica en los tres países. En particular, el inicio de los procesos de apertura económica y el nuevo enfoque en la estrategia de integración regional. No obstante que, de los tres países, Colombia es el único

que ha mantenido condiciones macroeconómicas relativamente estables, los tres tienen intereses específicos en suscribir este tratado que permiten obviar estas diferencias. En particular, el reconocimiento del mercado regional como un destino importante para las exportaciones, el interés de evitar la desviación de comercio a través de la conformación de bloques comerciales y la posibilidad de dotar a los países de un escenario alternativo para la inversión a través de reglas claras y condiciones previsibles. El tratado no sólo contiene disciplinas que regulan todas las áreas a través de las cuales se puede dar el comercio de bienes y servicios, sino que posee los instrumentos adecuados para garantizar una sana competencia entre los tres países. Entre éstos se cuentan: la salvaguardia bilateral, la salvaguardia global, lo establecido en materia de prácticas desleales de comercio, lo establecido en materia de política de empresas del Estado y el mecanismo de solución de controversias. El G-3 es el acuerdo más avanzado en materia de integración dentro del ámbito latinoamericano, dada la amplia cobertura de temas que contiene. Con él, Colombia entra a formar parte de un bloque comercial de aproximadamente 140 millones de habitantes, con un PIB para el año de 1993 de US$478.483 millones.

Los órganos nacionales responsables son: el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México y el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela.

Bibliografía Cardona, Diego, "El Grupo de los Tres: una lectura política", en Colombia Internacional, Nº 17, CEI, enero-marzo de 1992. "¿Qué es finalmente el Grupo de los Tres?", en Colombia In-

ternacional, NQ 25, CEI, eneromarzo de 1994. Ministerio de Relaciones Exteriores, "El Grupo de los Tres", documento de la Dirección General de Cooperación, 1993. Secretaría Pro-Tempore del G-3, "Grupo de los Tres; GAN;

Principales avances y recomendaciones generales"; informe presentado en Caracas, mayo de 1994. Sepúlveda, Bernardo, "Política exterior y Tratado de Libre Comercio", en Comercio Exterior, NQ 6, Vol. 44, junio de 1994.

geras, a pesar de reconocerse que el uso de este material bélico constituye una amenaza para la seguridad ciudadana, nacional, regional e internacional. Razones por las cuales el control de armas ligeras se introduce como tema de debate en foros internacionales Sección: Política Mundial

El tímido control de armas ligeras en la ONU, en la OEA y en grupos regionales latinoamericanos

Paula Peña Amaya*

Este ensayo estará dividido en cinco partes. La primera señala las razones por las cuales el control de armas ligeras se ha empezado a abordar como tema en la agenda de seguridad de encuentros multilaterales. La segunda sección hace un análisis de la forma como se ha tratado la problemática que gira alrededor de las armas ligeras en las Naciones Unidas (ONU). En la tercera parte se hace lo mismo que en la sección anterior, pero el organismo analizado es la Organización de Estados Americanos (OEA). En la cuarta sección se evidencian las iniciativas de desarme en América Latina y las ventajas de los acuerdos regionales. La última parte consta de conclusiones generales donde se identifican las fallas de las medidas de control de armas ligeras de los foros multilaterales. Estos cuatro temas serán abordados con el fin de demostrar que en foros internacionales como la ONU, la OEA y los grupos regionales latinoamericanos se ha avanzado en el estudio y la conceptualización de la problemática derivada del uso de armas ligeras; sin embargo, en ninguno de los tres foros se han logrado establecer dispositivos para controlar la comercialización, producción y tráfico de armas li-

El control de las armas ligeras ha estado ligado a las propuestas de desarme y control de armas convencionales formuladas en encuentros multilaterales. Cuando se ha hablado de armas convencionales se ha hecho referencia tanto a las pesadas como a las ligeras, aunque es necesario reconocer que el énfasis se ha puesto en las restricciones de armas convencionales pesadas. Lo anterior se debe a que estas son armas de alto costo, hechas con tecnología de avanzada, lo cual aumenta su capacidad destructora e incrementa el riesgo de un conflicto regional. Las armas ligeras, en cambio, tienen un componente tecnológico inferior y los gobiernos sólo hasta hace poco concibieron que el porte y la tenencia de tales armas representa una amenaza a la seguridad internacional, regional, nacional y ciudadana puesto que son, al igual que las armas convencionales pesadas, instrumentos utilizados en conflictos regionales, nacionales y locales. Además, el reconocimiento de que las luchas dentro de un país pueden generar desestabilidad regional, es un hecho al que hasta ahora se le ha dado la relevancia necesaria. Lo anterior obedece a que durante el transcurso de la

Politóloga de la Universidad de los Andes. Investigadora del Centro de Estudios Internacionales.

guerra fría el control de armas nucleares fue el tema principal en la agenda de seguridad de ese entonces. Un ejemplo para ilustrar cómo un suceso calificado de política interna tiene implicaciones regionales es la reacción de los países andinos en 1992, cuando hubo un intento de golpe de Estado por parte de militares en Venezuela. La reacción inmediata y el apoyo al gobierno elegido democráticamente por parte de países como Colombia y México fueron el resultado del miedo a que se retornara a las dictaduras militares como en los años sesenta y setenta, lo cual podía estancar los procesos económicos de apertura e integración que aún se están desarrollando. Otro ejemplo que ilustra la relación entre un conflicto interno y los efectos que éste puede producir a nivel regional es la guerra civil en la antigua Yugoslavia. La guerra entre serbios y croatas ha causado alarma en Europa occidental debido a las migraciones que ha generado hacia esa parte del mundo. Las migraciones hoy son una amenaza a la seguridad nacional de los países que no tienen espacio, empleo, servicios y comida para abastecer al mismo tiempo tanto a los migrantes como a los nacionales. Estos dos ejemplos muestran cómo un conflicto interno donde las armas ligeras son uno de los instrumentos prin1 2 3

cipales de guerra, puede convertirse en una amenaza a la seguridad de una región. Es necesario retomar para el análisis de las políticas de control de armas en la ONU y la OEA dos tipos de seguridades, que ocupan el primer lugar dentro de la agenda latinoamericana: la seguridad económica y la seguridad democrática. La seguridad económica ha ocupado un papel predominante cuando es vinculada al tema del desarme. Desde 1974 la carrera armamentista se ha visto como una interferencia al desarrollo de la sociedad latinoamericana, razón por la cual se comenzaron a promover esfuerzos en favor del desarme. La compra de equipo bélico desviaba recursos que podían ser invertidos para el desarrollo económico y social. Uribe de Lozano1 menciona cómo en la década de los ochenta los países en desarrollo adquirieron aproximadamente un trillón de dólares en armas y equipos militares, suma que superó lo que el mundo gastó durante el mismo tiempo en la solución de problemas de pobreza, salud, vivienda y preservación del medio ambiente2. Teniendo este hecho presente, el armamentismo ha representado una amenaza a la seguridad económica. La manera como se ha vinculado la seguridad económica a las

propuestas de desarme se manifiesta en la Declaración de Ayacucho3 y el Acuerdo Regio nal de México (véase tabla 1). Sergio Gonzáles Gálvez ha trabajado en la relación entre seguridad económica y el control de armamentos y ha llegado a las siguientes conclusiones4. 1. El excesivo gasto militar disminuye la capacidad de importación de bienes para satisfacer a sectores mayoritarios. 2. El gasto militar aumenta las deudas por adquisición de armas. 3. Los patrones de la industrialización militar son poco acordes con los requerimientos del sector civil de la economía y contribuyen a prolongar la dependencia tecnológica de los sectores industriales de países más desarrollados. 4. Hay un traslado de mano de obra del sector civil al sector militar. 5. El gasto militar es una presión inflacionaria porque la expansión en lo militar no significa un aumento en la oferta de los bienes y servicios para la población mayoritaria. 6. El "invertir" en armamento agrava el potencial de conflicto en los países en desa-

Graciela Uribe, "El comercio internacional de armas", en Política Colombiana. Revista de la Contraloría General de la República de Colombia, Vol. III, Nal, 1993, pp. 69-73. Ibíd., p. 69. La Declaración de Ayacucho (1974) constituye uno de los primeros pasos en cuestión de armas convencionales. La declaración fue firmada por representantes de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá y en ella se expresó la voluntad política por "crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de armamentos y pongan fin a su adquisición con fines bélicos ofensivos para dedicar todos los recursos posibles para el desarrollo económico y social de América Latina". A partir de este momento se vincula la necesidad de desarme por motivos económicos. Olga Pellicer, "Iniciativas para el desarme en América Latina: una breve descripción", en Proliferación de armamentos y medidas de fomento de la confianza y la seguridad en América Latina, Lima, Perú, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 1994, pp. 33-34. Sergio González Gálvez, op. cit., pp. 131-140.

TABLA1 PRINCIPALES PROPUESTAS, DECLARACIONES Y TRATADOS DE CONTROL DE ARMAS EN AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Año 1958

Foro ante el cual la País que presenta la propuesta es presentada propuesta

Organización de Estados Americanos

Costa Rica

1959 Organización de Estados Americanos.

1963

1974

1978

1990

Acuerdo regional entre los países de América Latina y el Caribe. Después de establecido el tratado a nivel regional, fue llevado a la ONU con fines de efectividad frente a terceros a través de un reconocimiento internacional.

Declaración regional de países latinoamericanos.

Acuerdo regional de México.

Declaración regional de países centroamericanos.

Chile

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y

Propuesta Limitación de armamento convencional y prohibición de armas nucleares. Convocación a conferencia especializada sobre limitación y equilibrio de armamentos.

Estatuto de desnuclearización para fines bélicos en América Latina.

Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Efectiva limitación de armamentos convencionales y poner fin a la adquisición de los mismos con fines bélicos ofensivos, para así dedicar los recursos en el desarrollo económico y social de la región.

México.

Desviar recursos que se destinaban a la compra de armamento para la solución de problemas relacionados con el desarrollo de los países.

Países centroamericanos.

Llevar a cabo negociaciones de seguridad, verificación y limitación de armamento y fuerzas militares.

Resultados

La propuesta no tuvo acogida.

Adopción del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina (1968).

Firma de la Declaración de Ayacucho.

Documento en el que se establecen los elementos básicos para un futuro diálogo sobre desarme convencional regional.

Declaración de Antigua.

Fuente: Sergio Gonzales Gálvez, "El armamentismo como factor desestabilizador de América Latina", en Paz y seguridad en América Latina y el Caribe en los noventas, Lima, Perú, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 1992, pp. 129-160.

rrollo, reduciendo la posibilidad de acceso a los mercados y recursos financieros, que permiten niveles de producción que favorezcan a la mayoría. Siendo las armas ligeras parte del armamento importado y

producido en América Latina para la defensa del territorio nacional y el monopolio de la fuerza del Estado, ellas representan un gasto que desvía recursos que podrían ser destinados al desarrollo. Este es uno de los motivos por los cuales se considera necesario el control de ar-

mas ligeras para que haya seguridad económica. Este es el primer motivo por el cual el tema empezó a abordarse en la ONU. Sin embargo, es preciso reconocer que este argumento ha sido utilizado para el control de todo tipo de armamento en América Latina.

Una segunda razón por la cual el tema de control de armas ligeras ha sido tratado en foros internacionales es la vinculación existente entre la seguridad democrática y la amenaza que constituyen las armas a ésta. La proliferación de armas ligeras en la región hace que haya mayor disponibilidad de recurrir al uso de la fuerza o de la violencia para resolver conflictos internos y externos. A su vez, el armamento aumenta las posibilidades de represión en regímenes tanto militares como civiles. Hay que recordar que las armas no siempre están en manos de la fuerza del Estado. Existe un tráfico ilegal. Éste provee a los terroristas, a narcotraficantes, al crimen organizado (guerrilla, paramilitares) y a la delincuencia común, y les otorga un poder que amenaza con la vida, paz y libertad de los pueblos5; por tanto, las armas ligeras en manos de estos grupos y de los ciudadanos que dicen actuar dentro de la ley amenazan la seguridad democrática soslayando las premisas de buena vecindad, el diálogo como medida para la solución de conflictos y la utilidad que pueden tener las sanciones jurídicas. Un tercer factor que explica el interés de algunos Estados en los foros internacionales para abordar el control de armas ligeras es el incremento de la oferta de dichas armas a raíz del derrumbe del bloque soviético y de la desmovilización de grupos armados en Nicaragua y El Salvador. Si se recono-

ce que las armas livianas constituyen los instrumentos más utilizados en los conflictos internos y regionales, y que éste es un factor importante de propagación de la violencia y de los trastornos en el ambiente mundial, entonces se hace evidente la importancia de tratar el tema del control de dichas armas tanto en la ONU como en la OEA. Por último, la división entre política interna y política exterior se está desvaneciendo. Por esto, hechos que aparentan ser de interés y tratamiento internos de un país pasan a ocupar un espacio en la agenda internacional. Este es el caso de la violación de los derechos humanos, las amenazas que minan la preservación de la democracia y el narcotráfico, todos temas sobre seguridad que interesan a la comunidad internacional y además están relacionados con el uso de las armas ligeras. La violación de derechos humanos ha sido vinculada a la necesidad de controlar armas ligeras debido a que algunas muertes y torturas son ejecutadas con este material bélico. Sobre esta relación existe un debate que debe tomarse en consideración. Por una parte, hay quienes afirman que la proliferación de armas no significa necesariamente una mayor violación de los derechos humanos, porque son hombres los que matan a otros hombres, no el material bélico por sí mismo. Este argumento es utilizado a menudo por la National Rifle Association en

Estados Unidos, grupo que no está interesado en ningún tipo de control a las armas livianas. Por otra parte, existen organizaciones no gubernamentales como WOLA o Americas Watch, entre otras, que encuentran una vinculación proporcional entre la proliferación de armas en el mercado de lugares propensos a conflictos y la violación de los derechos humanos en el mismo espacio. Aunque parezca ecléctica la posición asumida en este trabajo, las dos partes en el debate tienen parcialmente la razón. Es cierto que las armas por sí solas no vulneran la vida, es el uso que el hombre les da el que resulta una amenaza para los derechos humanos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en países donde existen conflictos o están propensos a ellos hay mayor demanda de armas y un considerable número de violaciones a los derechos humanos se hacen con las mismas (muertes por armas de fuego, asalto a mano armada, violaciones a mano armada, entre otras). Por esta razón, se han tomado determinaciones como la de Alemania, que se abstuvo de vender armas y munición a Colombia por la magnitud existente de violaciones a los derechos humanos. Las armas livianas son relacionadas también con el narcotráfico, puesto que han sido utilizadas por los productores y traficantes de drogas para proteger su negocio. Además, se ha demostrado que existe tráfico de narcóticos a cambio de armas ligeras6.

Graciela Uribe, Proceso promovido por Colombia en las Naciones Unidas respecto a las transferencias y'el tráfico ilícito de armas, ponencia presentada al "Seminario de Control de Armas Ligeras y Violencia", Auditorio Alberto Lleras, Universidad de los Andes, junio V de 1994, p. 2. Las autoridades de San Andrés descubrieron otro mecanismo de tráfico de armas provenientes de Nicaragua. El negocio detectado consiste en que entran armas al país a cambio de cocaína y marihuana que son transportadas de vuelta a Nicaragua. "Autoridades detectan tráfico de armas en San Andrés", en La Prensa, agosto 26 de 1993, p. 11.

La relación entre democracia y armas livianas también ha despertado interés en el contexto internacional. Se supone que un país que se denomine a sí mismo como democrático, consta (entre otros elementos) de un Estado que posee el monopolio de la fuerza; sin embargo, cuando existe tráfico ilícito de armas la fuerza deja de estar concentrada en una institución para dividirse entre quienes poseen armas. Así, el suministro de justicia y seguridad deja de estar exclusivamente en manos de un gobierno y queda repartido entre personas armadas, amenazando no sólo al Estado sino también a la ciudadanía. Debido a la vinculación entre los temas antes reseñados y el uso de armas ligeras, es necesario implantar medidas de control no sólo dentro de los países sino también en organizaciones multilaterales, para así contribuir a la consolidación de un ambiente internacional más pacífico y seguro. El discurso sobre la necesidad de implantar medidas de control de armas ligeras a nivel internacional ha sido manejado por algunos países de las Naciones Unidas, aunque otros gobiernos se han mostrado "indecisos sobre la introducción del tema del tráfico y control de armas livianas en su agenda política. Por esta razón la Asamblea General se ha li-

mitado a resaltar la importancia de una mayor transparencia en las transferencias de armas realizadas de gobierno a gobierno, eludiendo la responsabilidad que les compete frente al tráfico ilícito"7. En resumen, son cuatro las razones por las cuales el control de armas ligeras comienza a tratarse en foros internacionales. La primera es la relación existente entre la compra de armamento y la amenaza a la seguridad económica, que constituyen un obstáculo para el desarrollo de los países periféricos. El segundo motivo evidencia la relación entre el uso de las armas y la amenaza a la seguridad democrática, la cual tiene un efecto directo sobre la seguridad colectiva8. En tercer lugar, el tema ha despertado interés por la proliferación de estas armas en el mercado negro, como resultado de la caída del bloque soviético y la paz en Centroamérica. Por último, la relación existente entre los temas de seguridad hoy presentes en la agenda internacional y el uso de armas ligeras lleva a que se debata la necesidad de controlar el tráfico de estas armas en foros como la ONU y la OEA. Control de armas ligeras por la ONU En las Naciones Unidas el tema de control de armas ligeras ha sido incluido únicamente de manera implícita dentro de

los acuerdos de control de armas convencionales. La implicación de este hecho es que no se le está dando solución al problema del tráfico de armas, no se está resolviendo el uso indiscriminado de las mismas y no se están presentando soluciones a los efectos de las armas ligeras sobre la seguridad económica, democrática, colectiva, nacional, regional e internacional. Por mucho tiempo las Naciones Unidas evadieran la responsabilidad de encontrar una solución global frente a las consecuencias negativas de las transferencias del tráfico ilícito de armas. Tanto el ejercicio de recolección de datos para lograr transparencia en el comercio de armas que inició la Liga de las Naciones, como las iniciativas que posteriormente presentaron varios países para lograr un código de conducta internacional con el fin de reglamentarlo, fracasaron invariablemente. Durante el décimo período extraordinario de la Asamblea General de la ONU, dedicado al desarme en 1978 (véase tabla 1), un considerable número de Estados abordó el problema de las transferencias internacionales de armas convencionales. Se sugirió a la ONU llevar a cabo un estudio sobre la conveniencia de establecer un registro para la transferencia de armas y la fiscalización del comercio ilícito, sugerencia que

Graciela Uribe, Proceso promovido por Colombia en las Naciones Unidas respecto a las transferencias y el tráfico ilícito de armas, ponencia presentada al "Seminario de Control de Armas Ligeras y Violencia", Auditorio Alberto Lleras, Universidad de los Andes, junio Io de 1994, p. 2. Dentro de la agenda de seguridad internacional ha aparecido un nuevo tipo de seguridad: la colectiva, que tiende a procurar una respuesta global a los problemas o cuestiones que traen riesgo para la soberanía nacional y los intereses de los agentes involucrados que surgen a nivel estatal o interestatal. De acuerdo con esto no hay una diferencia clara entre lo interno y lo externo; por tanto, hay una globalización de los problemas. El órgano que promueve esta seguridad colectiva y ocupa un papel predominante en la cooperación de la paz en América Latina es la ONU, con la ayuda de la OEA. V. Millán, "Naturaleza de los conflictos en el nuevo orden internacional: una visión latinoamericana", en Proliferación de armamentos y medidas de fomento de la confianza y la seguridad en América Latina, Lima, Perú, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 1992, pp. 52-62. Graciela Uribe, Proceso promovido por Colombia en las Naciones Unidas respecto a las transferencias y el tráfico ilícito de armas, ponencia presentada al "Seminario de Control de Armas Ligeras y Violencia", Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, I2 y 2 de junio de 1994, p. 5.

se plasmó en la resolución S10/2, donde se pedía la celebración de negociaciones respecto a la limitación de transferencias de armas convencionales. Con este fin se pretendió llevar a cabo una encuesta entre los países proveedores y receptores de armas; sin embargo, el hecho de que el tema se centrara en las transferencias y excluyera la producción dio lugar a controversias y al fracaso de la iniciativa. Una nueva propuesta que obtuvo mejores resultados en la ONU se formuló en 1988 sobre la transferencia y el tráfico ilícito de armas, tema que ocupó un lugar predominante en la agenda de trabajo de las Naciones Unidas a raíz del proyecto de resolución 45/75 I, titulado "Transferencias internacionales de armas". Esta resolución fue presentada por Colombia y adoptada por la Asamblea General. En ella se evidenció la convicción sobre la necesidad de estudiar primero las transferencias de armas, mirando sus efectos en las zonas de tensión y conflictos regionales. Segundo, se creyó pertinente estudiar los efectos negativos y potenciales del proceso pacífico de desarrollo económico y social de los pueblos. En tercer lugar se habló de la necesidad de controlar y analizar el creciente tráfico ilícito de armas. El resultado de la anterior resolución se plasmó en la solicitud hecha a los Estados miembros (a través de la resolución 46/36 L de diciembre

de 1991, denominada "Transparencia de armamentos"), para que fortalecieran los sistemas nacionales de control y vigilancia respecto a la producción y transporte de armas convencionales. Se pidió también un examen detallado de las formas como los países adquirían armamentos, sobrepasando las necesidades legítimas de seguridad nacional. En tercer término se recomendó buscar los mecanismos más adecuados para que hubiera una relación de transparencia en lo referente a la transferencia de armas a nivel mundial. En la negociación llevada a cabo para que la resolución 46/36 L fuera aprobada por voto, se formaron dos grupos. Por una parte, se encontraban los países que recibían un beneficio económico por la venta de armas, los cuales no aceptaban argumentaciones éticas en pro de la limitación de exportaciones; además, prefirieron tocar el tema tangencialmente, de tal forma que su instrumento económico no se viera afectado10. Por otra, se encontraban los países que veían seriamente afectada su seguridad nacional y regional como consecuencia del tráfico ilícito de armas, no sólo convencionales pesada sino también ligera. El enfrentamiento entre las dos partes era evidente. Sin embargo, para llegar a un acuerdo el segundo grupo cedió su posición frente al tráfico ilícito de armas convencionales y al tratamiento de armas ligeras. Debido a lo anterior, la resolución se centró únicamente en

las transferencias de armas convencionales pesadas. Los logros de la resolución 46/36 L se evidenciaron en la implementación del primer Registro de Armas Convencionales, por medio del cual se busca identificar las transacciones comerciales de armas convencionales pesadas llevadas a cabo por los Estados miembros de las Naciones Unidas. El haber puesto en práctica el registro representa un avance en el proceso de transparencia en las transferencias de armamento, promoviendo un ambiente de confianza interestatal; además, es el primer paso dirigido al control de la comercialización de las armas. Sin embargo, la resolución 46/36 L se quedó corta en la adopción de medidas para controlar el proceso de investigación, desarrollo, producción y tráfico ilícito del material bélico. Por esta razón sería un error pensar que con este acuerdo internacional se logrará la seguridad regional e internacional, más aún cuando las armas convencionales no son las que están produciendo el mayor número de muertes en conflictos de baja intensidad, ni tampoco son las armas con las que se trafica comúnmente en el mercado negro. Graciela Uribe de Lozano (1994) dice que es necesario tener en cuenta que cuando se crea un mecanismo de control de comercialización de armas o se formulan políticas dirigidas sólo a una etapa del ciclo

10 La resolución 46/36 L indica los procedimientos para la implementación del Registro de Armas Convencionales. E! objetivo de dicho registro, como se mencionó antes, es estimular la transparencia entre los Estados para promover un ambiente de paz. Aunque el registro resulta ser un medio de control de armas convencionales, no se asumen disposiciones obligatorias para controlar la venta o compra de las mismas. Esto ilustra cómo se ha tocado el problema tangencialmente, favoreciendo así a los países productores de armas. Naciones Unidas, Asamblea General, General and Complete Disarmament: Transparency in Armaments. United Nations Register of Conventional Arms. Report of the Secretan/ General, A/48/344, octubre 11 de 1993.

de armamentos, suelen tender a ser poco efectivas. Para hacer esta aseveración más clara, Uribe de Lozano explica que hay tres etapas que deben ser abarcadas en los mecanismos de control: la primera es el proceso de investigación y desarrollo de armas; la segunda, la fase de producción y, finalmente, la comercialización de las mismas. Generalmente, cuando se ha hablado del control de armas se ha hecho referencia a la comercialización a través de la limitación de transferencias, pero no se han elaborado políticas que controlen las otras dos etapas, que también tienen un papel importante en el tráfico ilícito. No obstante la ausencia de acuerdos dirigidos a controlar la producción, comercialización y tráfico ilícito de armas ligeras, este tema sí ha sido abordado en la ONU: la resolución 46/36 H, denominada "Desarme general y completo: transferencias internacionales de armas", y el Documento A/CN10/184 de la Comisión de Desarme de la ONU, son muestra de ello. Tanto en la resolución como en el documento se enuncian acciones inmediatas como recomendaciones para controlar las armas livianas. Ellas son: primera, asegurar un conjunto de leyes nacionales que garanticen el control adecuado de las exportaciones e importaciones de armas para prevenir que éstas caigan en manos de traficantes; segunda, se recomienda tener mayor vigilancia en zonas limítrofes; tercera, se cree pertinente mantener un sistema efectivo de licencias de importación y 11

exportación; cuarta, se propone la cooperación a nivel bilateral, regional e internacional para proporcionar información sobre decomisos y traficantes; quinta, se aconseja que las armas sólo deben ser exportadas o importadas después de una evaluación cuidadosa, por parte del país exportador, de la situación política tanto interna como externa del solicitante. A su vez, el Estado receptor de armas debe asegurarse de que el material bélico importado tenga la licencia certificada de las autoridades proveedoras, así como comprometerse a no reexportar las armas; finalmente, se debe tratar de acabar con los intermediarios (principales traficantes de armas), sobre quienes ha sido difícil para las autoridades ejercer control. Vale la pena mencionar que en la OEA, cuando se ha tratado el problema del tráfico de armas livianas, a diferencia de la ONU, se ha hecho una vinculación exclusiva con el narcotráfico. En la ONU se ha reconocido la existencia de otros actores que utilizan las armas y amenazan la seguridad nacional, regional y ciudadana. Estos actores son: los grupos de terroristas, guerrilleros, paramilitares, delincuencia común y organizada. Teniendo en cuenta el vínculo existente entre el tráfico ilícito de armas ligeras y estas agrupaciones que actúan al margen de la ley, la ONU ha ampliado su espectro de análisis para incluir en su agenda de discusión el tema del control al tráfico de armas con el objetivo de luchar contra una de las amenazas a la seguridad ciudadana, nacional,

regional e internacional. A pesar de este reconocimiento, las medidas hasta ahora asumidas no han atacado el problema del tráfico ni siquiera de armas convencionales pesadas, aunque sí ha sido tema de discusión11. A manera de conclusión de este aparte, la ONU se ha preocupado por implementar disposiciones, como el Registro de Armas Convencionales, para controlar la comercialización de estas armas; sin embargo, hasta ahora no se han reunido esfuerzos para controlar los procesos de investigación, desarrollo y producción de armas convencionales pesadas y ligeras. Solamente se ha reglamentado, como ya se señaló, la comercialización legal de armas convencionales pesadas, lo que es una falla puesto que se han dejado al margen medidas que podrían contribuir al control del mercado ilícito, que es también un problema de seguridad. Tampoco se ha podido llegar en la ONU a un acuerdo sobre medidas para el control de armas ligeras, aunque sí se han formulado sugerencias demostrando que la problemática que gira alrededor de ellas se ha abordado. A pesar de que las discusiones son un avance en la conceptua-lización del control de este tipo de armas, no se está resolviendo el uso indiscriminado de las mismas ni se han presentado soluciones prácticas para combatir los efectos de las armas ligeras sobre la seguridad económica, democrática, colectiva, nacional, regional e internacional.

Si bien es cierto que el tráfico ilícito de armas convencionales pesadas es mucho más difícil de realizar por el tamaño y volumen del material bélico en comparación con las armas livianas, es necesario pensar en medidas de control también en este aspecto.

Control de armas ligeras por la OEA Los esfuerzos realizados por la OEA para el control de armas ligeras se han limitado al tratamiento del tema en la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas, CICAD, debido a la vinculación existente entre el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas. Algunos países de la región, preocupados por este fenómeno, entre ellos Colombia, impulsaron en esta Comisión una propuesta para estudiar el control de armas y explosivos, las repercusiones de tal control y los vínculos entre el narcotráfico y el trafico de armas ligeras. Aunque la necesidad de control de las armas livianas ha estado vinculada a la amenaza que significa el narcotráfico, no se puede pasar por alto cómo la OEA ha intervenido en procesos de desmovilización, desarme y verificación de garantías para los reinsertados de los contras en Nicaragua12 y la guerrilla en Surinam13. La actuación de la OEA en los procesos de paz ha hecho que esta organización forme parte de un grupo de recolección y contabilización de armas, al considerar su circulación como una amenaza para la seguridad nacional e internacional.

La libre circulación de una considerable cantidad de material bélico en países como Nicaragua y Surinam representa una amenaza a la seguridad nacional porque atenta contra el monopolio de la fuerza del Estado. Además, si cualquier persona tiene acceso a un arma y puede amenazar o matar con ella, se crea un ambiente de tensión y permanente riesgo dentro de la sociedad civil que puede conducir, en extremos, a que se solucionen los conflictos violentamente y no a través del diálogo. La recolección de armas que estaban en libre circulación se justificó también por razones de seguridad internacional. Teniendo en cuenta la consolidación de acuerdos de paz tanto en Nicaragua como en Surinam, las armas utilizadas durante la guerra quedaron disponibles para suplir la demanda de determinados actores que ven restringido su acceso a las mismas, como es el caso de los narcotraficantes y guerrilleros. Lo más probable es que si las armas son traficadas la transferencia de ellas se hará a lugares donde hay conflictos que pueden generar desestabilidad regional e internacional. Por esta razón la OEA apoyó la recolección de armamento que estaba en libre cir-

culación en los países antes mencionados. Debido a las consecuencias derivadas del tráfico ilícito de armas ligeras, la OEA ha abordado el tema del control del tráfico ilícito; sin embargo, tal como lo afirma Ramírez14, el tratamiento del tráfico y control de armas ligeras en está organización aún se encuentra en una fase intermedia, puesto que sólo hasta ahora se conformó un grupo de expertos gubernamentales encargados de estudiar el tema. Por fortuna, las perspectivas para el tratamiento del problema no se han quedado sólo en una propuesta sobre su estudio, sino que además los gobiernos pretenden preparar un "Reglamento modelo para el control del contrabando de armas y explosivos y sus vínculos en la región americana", para así progresar en el proceso de elaboración normativa que contribuiría enormemente al control del tráfico ilícito. Entre otros esfuerzos realizados por la OEA se debe mencionar la adopción del "Programa de Acción de Ixtapa" en 1990 (resolución AG/RES 1045 [XX0/90]). En el numeral 12 de tal programa de acción de los Estados miembros de la CICAD se acordó recomendar a los mismos revisar cuanto antes su legislación nacional y demás pro-

En 1990 se creó en el seno de la OEA una Comisión Internacional de Apoyo y Verif icación( CIAV-OEA), cuyo objeto era colaborar en el proceso de desmovilización de los contras en Nicaragua y la reinserción de los desmovilizados en la vida civil. Dentro del proceso de desmovilización la función de recepción y destrucción de armas ligeras fue llevada a cabo por miembros de la ONU, aunque en varias ocasiones miembros de la CIAV colaboraron en la recepción de las armas. También se diseñó un programa de "Seguimiento y verificación de derechos y garantías", donde se recibían denuncias por el porte ilegal de armas que eran canalizadas al Ministerio de Gobernación de Nicaragua para que se hicieran las respectivas averiguaciones. J. L. Ramírez, Eí control de armas ligeras en la Organización de Estados Americanos y su vinculación con el narcotráfico, ponencia presentada al "Seminario de Control de Armas Ligeras y Violencia", Santafé de Bogotá, Universidad de los Andes, l2y 2 de junio de 1994, pp. 10-11. En enero de 1992 el presidente de Surinam envió al secretario general de la OEA una nota invitándolo a prestar ayuda para impulsar el fortalecimiento de las instituciones nacionales democráticas de Surinam y para establecer y salvaguardar la paz. El secretario general firmó un acuerdo que fijaba los parámetros de la "Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia y la Promoción de la Paz en Surinam". La misión inició el proceso de desmovilización de los alzados en armas constatando la procedencia de las armas y el material bélico usados por los grupos subversivos. Durante este proceso los miembros de grupos armados entregaban sus armas a miembros de la misión de la OEA, quienes las inspeccionaban, inventariaban y luego destruían. Ibíd., p. 13. Ibíd., p. 1.

cedimientos administrativos con el fin de garantizar un efectivo control sobre la adquisición, venta y distribución de armas y explosivos, tomando a su vez medidas para que no se desvíen hacia actividades ilícitas. La CICAD solicitó, además, la elaboración de un estudio sobre la situación actual de contrabando de armas y explosivos en el hemisferio, así como sus repercusiones y vínculos con el narcotráfico. Para tal estudio se les pidió a los Estados su colaboración en el suministro de información. Además de estas recomendaciones se hicieron otras en 1992, para que fueran desarrolladas con prontitud, estipuladas en el numeral 12 del "Programa de Acción de Ixtapa" a través de la resolución AG/ RES 1197 (XXII-0/92). Algunas de ellas son presentar la encuesta preliminar al Consejo Permanente de la Organización para que se pueda utilizar la información disponible en el estudio del problema de armas; realizar seminarios y talleres con el fin de facilitar el intercambio de información sobre la legislación vigente y la administración de cada país, y así avanzar en la identificación de medidas para controlar el movimiento ilícito transnacional de armas y municiones, relacionándolo con el tráfico de drogas; elaborar un Reglamento modelo para el control del contrabando de armas y explosivos y sus vínculos con el narcotráfico en la región americana.

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Como resultado de estas propuestas se han realizado dos seminarios donde se ha buscado llevar a la práctica las recomendaciones expuestas en las dos resoluciones. En el primero, efectuado en Washington, DC, participaron como representantes nacionales en la mayoría de los casos miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía, lo que hizo que el tema fuera tratado técnicamente, dejando de lado las vinculaciones entre el tráfico de armas livianas y consideraciones de carácter político, económico y sociológico. El segundo fue realizado en Santafé de Bogotá, dado el interés que el tema de control de armas tiene para Colombia. En este seminario se tuvo el mismo problema que en el efectuado en Washington, DC, es decir, se abordó el tema principalmente en forma técnica. Esto se evidencia en las exposiciones, las cuales se centraron en la legislación de los países de los miembros participantes15. En el segundo seminario también se dejó de lado la relación entre el tráfico de armas y efectos del comercio lícito en el nivel de desarrollo de los países latinoamericanos. Al igual que en las resoluciones y alternativas planteadas por la ONU, no se adoptaron medidas que obliguen a que los exportadores de armas asuman la responsabilidad que las transferencias implican; además, por motivos de estrategia de seguridad, el suministro de información sobre arsenal, exportacio-

nes e importaciones ha sido restringido. No obstante, se deben reconocer algunos avances. Se recomendó la formulación del reglamento modelo y un estudio comparativo sobre la legislación de cada país referente al tema. Se aconsejó además la necesidad de una mayor colaboración por parte de los países para recoger información sobre el tráfico y el control de armas, y se acordó una nueva reunión para la elaboración del reglamento modelo en Caracas. En resumen, dado que las discusiones han girado principalmente alrededor de la relación entre narcotráfico y tráfico ilícito de armas livianas en la OEA (aunque se menciona la necesidad de profundizar en estudios sobre la relación entre el movimiento ilícito de armas internacional y las condiciones de paz y bienestar de la región americana16) y que la participación de los Estados miembros se ha centrado en discutir las legislaciones de cada país sobre control de armas, el debate ha dejado en un segundo plano otras implicaciones del problema que deberían ser analizadas; por ejemplo, los efectos del comercio en el nivel de desarrollo de los países latinoamericanos y la relación entre el tráfico de armas ligeras y los productores y exportadores de las mismas. Iniciativas para el desarme en América Latina Antes de la segunda guerra mundial en América Latina, se

Los participantes en el segundo seminario sobre "El control de armas y explosivos relacionados con el narcotráfico" fueron: Estados Unidos (con la activa participación del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego), El Salvador, Chile, Paraguay, Canadá, Brasil y Colombia. Informe Final del Seminario sobre el Control de Armas y Explosivos Relacionados con el Narcotráfico, CICAD-AREX, doc. 18/93, rev. 1, Washington, DC, octubre 5 al 8 de 1993, p. 1.

hicieron importantes propuestas que tendían a la desmilitarización de la región17, y aunque en algunos de los acuerdos se trató el tema del desarme y el control de armas, no se implantaron medidas directas para evitar la proliferación de las mismas. Para ese entonces la Sociedad de Naciones no había establecido un tipo de clasificación de material bélico; por tanto, se hablaba de la necesidad de limitar armamento pero no se indicaba de qué tipo. Durante la segunda guerra mundial las armas fueron divididas en categorías y empezó a hacerse una distinción entre las armas nucleares y las convencionales, pero no se hablaba aún de las armas ligeras como categoría por sí mismas, sino que se incluían en las armas convencionales. En este mismo período la necesidad de controlar armas, especificando cuáles, fue planteada en América Latina. Fue así como en la ONU, en la OEA y en las reuniones regionales se presentaron propuestas y se hicieron declaraciones sobre el control de armas convencionales. Además, se firmaron tratados en los que se prohibe la tenencia de armas nucleares para quienes no las poseen, y para quienes ya las tienen se acordó evitar el uso de las mismas en conflictos 17

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con países de la región18 (véase tabla 1).

ro institucional para llegar a acuerdos de control de armas.

Como la tabla 1 lo indica, el tema de control de armas y desarme no ha sido únicamente abordado en organismos internacionales como la ONU y la OEA, sino que también ha sido analizado en foros regionales latinoamericanos. Los motivos por los cuales se opta por llegar a acuerdos sobre control de armas y desarme en foros regionales en América Latina, en lugar de recurrir a organismos como la ONU y la OEA, se deben a varias circunstancias.

En segundo lugar, la manera como se llega a un acuerdo en los organismos internacionales generalmente toma más tiempo que dentro de grupos regionales, debido a la diversidad de países e intereses involucrados. Teniendo en cuenta que los organismos internacionales como la ONU y la OEA están conformadas por países con niveles de desarrollo, objetivos e intereses de poder distintos, es complicado llegar a acuerdos de control de armas y desarme.

En primer lugar, los grupos regionales pueden formarse y disolverse de manera espontánea (por ejemplo, para hacer declaraciones), al no estar subordinados a una institución donde existe una normatividad preestablecida. La ausencia de una institucionalidad habilita a los Estados a participar o no cuando quieran y a llegar a un acuerdo con quien quieran. Es más, el desarme y el control de armas no necesitan un tratado en vigencia —cumpliendo con los requisitos formulados en la Carta de las Naciones Unidas— para que se empiecen a implantar medidas de control. Esto significa que dependiendo de la magnitud del control propuesto, se requiere o no un fo-

La historia ha demostrado cómo la mayor parte de los países desarrollados en busca de ser potencias fundamentan su poder no sólo en una economía fuerte y estable sino que también miden su supremacía por su capacidad militar y de dominio sobre otros Estados (aunque existen excepciones como Japón y Alemania, países desarrollados que han centrado su poder en la economía y los avances tecnológicos producidos). Reconociendo este hecho es muy difícil pensar, por ejemplo, en un acuerdo de desarme convencional o de prohibición de producción de armas nucleares entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. Por el anterior motivo el Tratado de Tlatelolco de 196719 in-

En 1831 y 1849 Colombia y Perú firmaron tratados en los que se acordaba la reducción de las fuerzas militares de los dos países y se establecía un límite en el personal militar permitido en zonas fronterizas. En 1901 Argentina y Chile acordaron neutralizar y desmilitarizar el estrecho de Magallanes. En 1902 y 1903 los dos últimos países negociaron un acuerdo para la venta o desarme de algunas naves con el fin de mantener el justo equilibrio de la fuerza. En 1923 las repúblicas centroamericanas adoptaron una convención sobre limitación de armamento, fijando la fuerza militar con que podía disponer cada país según la población, el área territorial y la extensión de la frontera. S. Gonzales Gálvez, op. cit., pp. 146-147. Para mayor información acerca de los tratados de armas nucleares en América Latina, véase Mónica Pinto, "Tlatelolco en la década de los 90's", en Paz y seguridad en América Latina y el Caribe en los noventas, Lima, Perú, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, 1992, pp. 281-322. El Tratado de Tlatelolco en 1967, el cual prohibió el uso y la producción de armas nucleares en América Latina, es el único tratado firmado en la región sobre control de armas. Probablemente la adopción de este tratado se debe al poco interés de la mayoría de los países de la región en adquirir armas nucleares. En primer lugar, por el costo que significaba poseer un arma nuclear para las economías latinoamericanas; en segundo lugar, por la inexistencia de una amenaza latente en la región que conduzca a la elaboración, compra o uso de un arma de este tipo. Por último, la adquisición de un arma nuclear por parte de algún país en la región ocasionaría una competencia armamentista, creándose una amenaza permanente.

tencionalmente fue pactado fuera de la ONU y la OEA, para permitir la participación tan sólo de los países latinoamericanos y así llegar a un acuerdo sin el obstáculo de las naciones con un nivel de desarrollo superior como los Estados Unidos; sin embargo, se buscó el reconocimiento de la ONU para que el tratado tuviera efectividad frente a terceros. Muy seguramente, si se hubiera planteado la propuesta del anterior tratado en el máximo organismo internacional, habría tomado mucho más tiempo o quizás no se habría llegado a un acuerdo. Lo que lleva a afirmar que mientras haya diferencias en el nivel de desarrollo y distintos intereses de poder en un mismo grupo que discute el tema de control de armas es difícil pensar en llegar a un acuerdo, porque alguna de las partes involucradas tendría que ceder en su posición y, a la larga, en una fuente de poder, las armas. Debido a las implicaciones que tiene el control de armas en el poder de Estados desarrollados, éstos son los que por lo general deciden sobre el tipo de control que se ha de asumir, tomando en cuenta que tienen mejores armas de negociación para hacer valer su posición. Un tercer motivo por el cual se recurre a la formulación de propuestas, declaraciones y acuerdos entre grupos de países latinoamericanos se debe al hecho de que cuando se está hablando de la seguridad regional (por ejemplo, vinculada al control de armas) no se requiere un acuerdo mundial. Como la tabla 1 lo indica, en las propuestas, declaraciones y tratados de control de armas promulgados por grupos re-

gionales latinoamericanos, fuera del marco de la ONU y la OEA, se hace referencia principalmente al desarme, a la prohibición de armas nucleares y a la limitación de armamento convencional; sin embargo, no hay una referencia explícita al control de armas ligeras y al tráfico ilegal de las mismas, lo cual puede ser manifestación de la falta de interés por abordar este problema en grupos regionales, no obstante las ventajas que ello representa. Como se desarrolló a lo largo de este ensayo, las armas ligeras representan una amenaza también para la seguridad regional, por lo que cabe preguntarse: ¿Por qué no hay iniciativas dirigidas a controlar este tipo de armamento en grupos regionales? Quizás la respuesta sea que aún no se le ha dado la suficiente importancia al problema a nivel regional, a pesar de reconocerse que en este tipo de foros es más fácil llegar a un acuerdo. Conclusiones A lo largo de este artículo se ha demostrado cómo el uso de armas ligeras en los países constituye una amenaza para la seguridad regional e internacional y, por tanto, para la paz; sin embargo, no se han adoptado disposiciones para el control de armas ligeras que puedan contribuir a proveer un ambiente de paz, confianza internacional y transparencia en las transferencias de este armamento. Los pocos avances en los mecanismos de control de armas ligeras obedecen a que durante la guerra fría fue ignorado el tema del tráfico y proliferación de este material bélico en foros internacionales. A pesar de haberse identificado

las armas livianas como instrumentos que alimentaron los conflictos regionales, derivados de la confrontación ideológica bipolar, no se le dio relevancia a la problemática derivada de su uso indiscriminado. En ese entonces primaba el control de armas nucleares al ser la mayor amenaza internacional. Con el fin de la guerra fría los conflictos de baja intensidad cobraron mayor importancia dentro de la agenda de seguridad internacional y el concepto mismo de seguridad fue revaluado y ampliado; además, se reconoció la necesidad de controlar las armas livianas debido a la relación existente entre ellas y la seguridad económica, la seguridad democrática, el narcotráfico y los derechos humanos. A partir de este momento el tema es analizado en la ONU y la OEA, lo cual ha representado un avance en la conceptualización del control de armas ligeras; no obstante este logro, no se han consolidado disposiciones dentro de estos organismos que controlen las etapas que deben ser abarcadas para los mecanismos de control de armas. Es decir, no hay control en los procesos de desarrollo de las armas: investigación, producción y comercialización. Se ha podido establecer, por otros procesos llevados a cabo para el control de armas nucleares, que cuando comienza a reconocerse el problema de la proliferación y tráfico de armas, y se quiere implantar algún tipo de control, se siguen estos pasos: primero, se implanta un método de conteo para conocer y manejar las existencias y los tipos de ar-

mas; segundo, se acuerda una regulación antecedida por la adopción de unos compromisos confiables sobre la existencia de armas en cada uno de los países; tercero, se busca que las armas sean erradicadas por completo. Es importante reconocer que ningún mecanismo de control de armas ha cumplido con este último paso para alcanzar una vigilancia completamente efectiva. Lo anterior se debe a que es muy difícil poner de acuerdo a todos los Estados por razones estratégicas, de seguridad y económicas. Tanto en la OEA como en la ONU frente al control de armas ligeras sólo se ha empezado a avanzar en algunos aspectos de la primera etapa y se tiene idea de cómo realizar la segunda. En la ONU se ha tratado el problema del tráfico y proliferación de armas livianas como un asunto que tiene que ver con la falta de transparencia en las transferencias del material bélico. Se empezó a abordar el tema de esta forma debido a la implantación de un Registro de Armas Convencionales, en donde se hizo especial énfasis en la transparencia en el comercio de armas entre los países. Este registro sólo incluye armas convencionales pesadas. Por esta razón, países como Colombia y México propusieron ampliar el registro para incluir las armas livianas, no sólo en su dimensión legal, sino también con las que se co-

mercia ilegalmente; sin embargo, debido a la presencia de intereses varios, no se ha logrado llegar a un acuerdo.

como una medida necesaria para el fomento de la confianza, se podrá estudiar el problema en sus otras dimensiones.

Para argumentar la importancia del control de las armas livianas, la ONU ha ligado el uso indiscriminado de las mismas con personajes que actúan al margen de la ley, como los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares y la delincuencia común y organizada. Esto ha mostrado una visión más amplia del problema en comparación con el análisis dentro de la OEA, en donde se ha vinculado el tráfico de armas exclusivamente con el problema del narcotráfico.

Como se muestra a lo largo del artículo, los avances para el control de armas se han centrado en esfuerzos técnicos más que administrativos; es decir, las discusiones han sido limitadas a elaboraciones legales y debates técnicos, dejando en segundo lugar la aplicación de medidas de control que lleven al cumplimiento cabal de lo pactado en foros multilaterales. Esta manera de abordar el problema de la proliferación y tráfico de armas no es gratuita. Cuando se está hablando del control de armas se discuten los límites de la capacidad militar y, por tanto, del poder que tiene la fuerza en la política. La aplicación de medidas de control también afecta intereses económicos, porque se está pidiendo un límite en la oferta de armas que llevaría al debilitamiento de la industria militar.

En la OEA tampoco se han acordado disposiciones de control de armas ligeras. Sin embargo, se han hecho varias sugerencias que enfatizan la necesidad de una cooperación internacional para un efectivo control de armas. Para ello se ha propuesto, entre otras medidas, la elaboración de una legislación global que unifique criterios de control para combatir el tráfico ilícito. Es necesario tener en cuenta que éste es un avance para la elaboración de medidas de control, pero limitar el tema a su relación con el narcotráfico ha sido un error. Para solucionar este problema podría tratarse el tema en un futuro en otra instancia de la misma OEA, la Comisión de Seguridad Hemisférica. Si el tema es abordado allí

Son los intereses de poder político y económico los que no permiten la aplicación de medidas que obliguen a avanzar en la solución del problema, en lugar de estancar las discusiones en aproximaciones técnicas. Por esta razón es difícil creer en la utilidad y ejecución de las propuestas de control hechas en foros multilaterales.

Sección: Temas Globales

Cooperación internacional en ciencia y tecnología: reflexiones en torno al caso colombiano*

Alexis De Greiff**

Una de las causas de la inestabilidad económica de los países latinoamericanos es su alta dependencia de las exportaciones de productos agrícolas y de importaciones de productos manufacturados, así como una baja productividad per cápita. Desde la década de los años sesenta se ha planteado, pues, la necesidad de una política de sustitución de importaciones a través del apoyo a industrias de productos manufacturados. Tal iniciativa tiene en el desarrollo de la actividad científicotecnológica su ingrediente más importante; de hecho, no es casualidad el apoyo dado por parte de la Alianza para el Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo para la conformación de institutos nacionales de financiación de esta actividad (COLCIENCIAS, fundada en 1968, en el caso colombiano). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, las metas alcanzadas están lejos de ser las deseadas. En este artículo se presentan, en primer término, algunas consideraciones muy ge-

nerales sobre la cooperación internacional y sobre los métodos de validación de la ciencia y la tecnología. A partir de aquí se puntualiza la importancia de generar e impulsar este tipo de actividad para el desarrollo económico, así como algunas consideraciones necesarias para ampliarlo, dado el nivel actual colombiano. Aunque la mayor parte de estas consideraciones y sugerencias son de carácter general, se hace especial énfasis en el esfuerzo interno necesario para que la cooperación internacional sea no sólo posible sino que, además, tienda a solucionar algunos de los problemas más graves y difíciles. Tendencias generales de la cooperación internacional en los años noventa Las tendencias de la cooperación internacional de los países desarrollados a los no desarrollados1 tras la desaparición del bloque socialista son definitivamente desalentadoras para el Tercer Mundo. Algunos de los factores que producen tal situación son los siguientes2: 1. La atención del mundo occidental se ha volcado hacia la reconstrucción de las economías de los países antiguamente alineados con el bloque soviético.

2. En los últimos años, la economía padecido práctica-

mundial ha una recesión

Conferencia presentada en el X Encuentro Nacional de Informática, Universidad Externado de Colombia, 1993. Físico. Investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Se utilizará este término para referirse a "países con tardío desarrollo industrial". Véase A. H. Amsden, "A Theory of Government Intervention in Late Industrializaron", en L. Putterman & P. Rueschemeyer (eds.), State and Market in Development, Londres, Lynne Rienner Publishers, 1992. Aunque no necesariamente cumplen una relación de identidad, también se utilizará el término "país periférico" para la misma designación. Véase J.G. Tokatlian y L. Carvajal, "Tendencias de la cooperación internacional en la posguerra fría", en Colombia Internacional, Nº 25, enero-marzo de 1995.

mente generalizada en el mundo industrializado, cuya solución sólo parece viable a nivel gradual. 3. A pesar de que aún quedan vestigios de la guerra fría, la desaparición de la "amenaza comunista" ha hecho que en el Tercer Mundo (y en América Latina en particular) los temas ideológicos hayan perdido relevancia en términos relativos y que, en general, se visualice como región ideológicamente segura. 4. Correlacionado con el punto anterior, la prioridad que en la nueva agenda mundial han cobrado los "nuevos-viejos temas" (conflictos nacionalistas en Europa, las confrontaciones étnicas, la hambruna en África, etc.) ha desembocado en un continuismo en la manera cortoplacista, coyuntural e inmediatista como se afrontan estos y otros problemas por parte de los países industrializados, obviando soluciones que tiendan a subsanar las causas últimas de tales conflictos y cuya relación con el desarrollo económico, social, cultural y político es directa. ¿Qué perspectivas se perfilan frente a tal estado de cosas? Sin duda, un recorte de la ya magra colaboración existente de los recursos destinados al desarrollo de los países del Tercer Mundo en general, y de América Latina en particular.

En el caso de Colombia, hay que tomar en consideración el hecho de que, dentro del contexto latinoamericano, es un país de ingreso medio. Esto implica que sus posibilidades de acceso a la cooperación internacional no pueden ser comparables con las de países como México, en un extremo, o Haití, en el otro. De manera concomitante, la apertura económica ha obligado al país a confrontarse directa y realmente con la esfera internacional, lo que pone sobre el tapete uno de los puntos neurálgicos en el tema de la cooperación internacional: su papel prioritario en materia científico-tecnológica, como punto nodal del plan de desarrollo no sólo económico sino también político, social y cultural. Antes de entrar a considerar aspectos más particulares, comencemos por identificar algunas características generales sobre la actividad científica y la tecnológica. Algunos aspectos generales de la ciencia3 y la tecnología Hablar hoy en día de la ciencia y la tecnología en forma separada carece de sentido por razones que se verán más adelante. Sin embargo, hay aspectos que marcan una diferencia sustancial y que están directamente relacionados con los métodos de validación que cada una posee. Es necesario aclarar que mientras en la cien-

cia la motivación y finalidad última de su actividad es el reconocimiento de los investigadores, es decir, la publicación de resultados y procedimientos para llegar a éstos4, la tecnología se alimenta de las publicaciones científicas, además de investigaciones tecnológicas particulares, para la producción de bienes o procesos que impliquen ventajas comerciales; por esta razón los procedimientos para la producción tecnológica no son de propiedad pública y se protegen por medio de las patentes. Esta diferencia fundamental no implica, sin embargo, que las dos actividades se desarrollen en forma independiente. Todo lo contrario: existe una relación de interdependencia en el sentido de mutua alimentación y necesidad. La tasa de producción de resultados tanto a nivel científico como tecnológico, durante el presente siglo, y la correlación entre ambos, es evidencia más que suficiente de su vinculación sistémica. En cuanto a la dinámica interna de la ciencia y la tecnología, tampoco son válidos los modelos de "impulsión de la ciencia" y de "tirón de la demanda"5, para citar los dos extremos: la historia y la sociología de la "tecnociencia" presentan ejemplos que desvirtúan análisis del tipo lineal como los anteriormente mencionados para estudiar su desarrollo. La interconexión es,

Aunque muchas de las consideraciones hechas a lo largo del presente ensayo se aplican para todas las disciplinas científicas, incluidas las sociales, limito la utilización de este término a las, así llamadas, exactas y naturales. Entre los principios establecidos por Robert K. Merton para su caracterización del ethos de la ciencia se identifica el de comunismo, en el sentido de que tanto los resultados como los procedimientos para ser alcanzados son propiedad pública. Para una discusión más detallada, véase S. Richards, Filosofía y sociología de la ciencia, México, Siglo xxi Ed., 1982. Mientras el modelo de "impulsión de la ciencia" sigue una secuencia de conexión entre la ciencia y la tecnología del tipo Ciencia pura Ciencia aplicada -► Invento -* Desarrollo -» Producción -» Estudio del mercado -> Ventas -• Ganancias, el de "tirón de la demanda" supone que la secuencia es Necesidad percibida -» Invento -«Innovación -» Difusión (o adaptación).

sin duda, mucho más completa, máxime cuando el grado de sofisticación de ambas ha alcanzado límites tan altos6. Justamente esta sofisticación es la que ha introducido elementos nuevos no sólo en el desarrollo tecnológico (donde es evidente), sino también en el científico: a diferencia de lo que sucedía hace cien años, donde hacer investigación científica no implicaba grandes inversiones, hoy en día ella implica inversiones relativamente altas y, en algunos campos, como la física de altas energías o los estudios sobre anticorrosivos, muy altas. La razón hay que buscarla de nuevo en la interconexión ineludible y mutua necesidad entre ciencia y tecnología. Para ver esto, vale la pena tratar de imaginar dónde entra el factor económico en las actividades de investigación y desarrollo (i+D): sin duda en la utilización y producción de tecnología (que como ya se mencionó, está protegida a través de patentes). No sobra recordar que una patente es básicamente un documento legal que protege la propiedad intelectual, generalmente un bien o proceso mercadeable. Dicho en otras palabras, es el know how y no el producto final mismo el que ha adquirido un valor económico y comercial7. Surgen entonces algunas preguntas inmediatas: ¿Cómo adquirir ese know how? ¿Para qué? ¿Por qué?

Una respuesta definitiva a estos interrogantes podría desembocar en discusiones que van desde la filosofía hasta los planes de desarrollo nacionales. Lo que sigue son consideraciones necesarias para que se comprenda la relevancia y factibilidad de un desarrollo científico y tecnológico. Empecemos entonces por discutir la preponderancia que tiene, para un país como Colombia, el desarrollo de la actividad científica-tecnológica. Importancia de la generación de actividad investigativa científicotecnológica en países periféricos8 La investigación, en general, es una actividad en la cual el individuo que la ejecuta adquiere, incorpora o genera procedimientos (algoritmos) para la producción de un resultado. Dicho de otro modo, es el terreno más apropiado para "aprender a solucionar problemas". Una actividad de este tipo trasciende la esfera económica y llega a tener repercusiones en el campo político y cultural, dado que determina formas de vida de los ciudadanos. Con esto no se quiere afirmar que necesariamente los países científica y tecnológicamente y en consecuencia industrial y económicamente más desarrollados hayan logrado un verdadero progreso en términos del mejoramiento de la

"condición humana". En este sentido, si bien el cambio tecnológico se requiere para el aumento de la productividad, es necesario analizar críticamente el determinismo tecnológico que identifica el desarrollo técnico de una sociedad con el bienestar social. No se profundizará en este debate (aunque, sin duda, la función y responsabilidad ética de la ciencia y la tecnología es un tema que debe mantenerse vivo por su carácter abierto y controversial). Sólo se quiere recalcar el hecho de que el término "desarrollo" implica una acción integral donde la tecnociencia desempeña un papel definitivo aunque limitado9. Adicional a esta función cultural, la investigación científicotecnológica cobra importancia a la luz de aspectos pragmáticos para la puesta en marcha de una política de desarrollo. Para ver esto, es indispensable retomar el contexto político y económico nacional e internacional como factores que condicionan el carácter fundamental que tiene la generación de actividad investigativa de alta calidad en países como Colombia. A raíz de la política de puertas abiertas a la competencia internacional, se presenta la necesidad de aumentar la capacidad para abrir nuevas líneas de producción, optimizar las existentes, ampliar la productividad y mejorar la calidad de los bienes.

Para una discusión detallada sobre la relación entre ciencia y tecnología, y del concepto de tecnociencia, véase M. Medina, "Constructivist Program for Integrated Assessment of Science and Technology", Periódica Potytechnica SER. HUM. and Soc. Sci., Vol. 1, N21, pp. 57-66,1993. La relación entre el desarrollo teórico de la ciencia y los instrumentos tecnológicos, entre los que se cuentan los aparatos experimentales, es un campo de estudio de enorme actividad en la sociología e historia de la ciencia. Véase B. Latour y S. Woolgar, Laboratory Life, Sage, Beverly Hills, 1979. También A. Gooding, T. Pinch y S. Schaffer, The Uses of Experiment, Cambridge University Press, 1989. Algunas de las consideraciones aquí expuestas no restringen la discusión a países periféricos y, por consiguiente, son de carácter general. Véase H. Collins, Sobre ciencia, Barcelona, Editorial Labor, 1986. También J. Sanmartín, Tecnología y futuro humano, Barcelona, Ed. Anthropos, 1990.

En síntesis, cobra particular importancia la capacidad de "cambio tecnológico", entendida en términos de la implementación y generación de procesos que permitan afrontar los nuevos problemas. Con el contexto de la apertura regresa entonces la necesidad ineludible de hacer investigación. Ahora bien, la dificultad para separar ciencia y tecnología implica la imposibilidad de elegir entre la una y la otra, ya que el abandono de la investigación básica o de la aplicada produciría un desarrollo tan sólo aparente. A esto hay que agregarle el hecho de que la dependencia externa del país, sumada a las condiciones internacionales con respecto a la cooperación y al propio nivel de desarrollo colombiano produciría, en el área científicotecnológica, intentos condenados a una rápida desaparición, bien sea porque no se cuenta con recursos humanos para la apropiación de saber teórico o porque la tecnología producida no puede alcanzar ni los niveles necesarios para afrontar las necesidades internas, ni los estándares obligados para ser internacional-mente competitiva. Las otras condiciones que se presentan se refieren al contexto internacional y son las enunciadas en la primera parte del presente ensayo. Tal como se mencionó, se tiende a una relegación a segundo plano de la cooperación internacional al Tercer Mundo, entre las prioridades que a nivel internacional tienen los países desarrollados. A esto

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hay que sumarle la condición de país de ingreso medio y la concepción establecida de que "cooperación" no es equivalente a "donación"; es decir, que la primera implica algún tipo de "reciprocidad", de oferta por parte del país recipiente.

munista (e incluso hacia algunos asiáticos) es mucho más alta que el que existe hacia los países latinoamericanos, debido justamente a la tradición investigativa de estos países tanto en ciencia como en tecnología.

Con respecto al vuelco que los países occidentales han dado hacia el antiguo bloque comunista por la necesidad de contener el flujo de refugiados que está afectando seriamente a los países de Europa occidental, y de implantar y consolidar una economía capitalista en este bloque que permita la expansión de mercados, se debe mencionar un aspecto mucho más sutil: la "percepción de competencia". Esta es "una forma de reconocimiento que (...) se les otorga a quienes, a través de una continuidad de esfuerzos, demuestran consistentemente que pueden generar conocimiento de alcance universal"10. Esta "percepción de competencia" guarda estrecha relación con la tradición investigativa en el país, ya que depende de la capacidad para la producción de resultados con cierta continuidad en el tiempo y se traduce en "la capacidad de asumir la responsabilidad local de hacer la transferencia apropiada del know how"11.

Esta confianza en la apropiación del know how en todos los planos permite que la transferencia se haga de manera eficiente y, por tanto, es un factor importante como oferta de los países que reciben cooperación internacional.

Lo anterior hace que, más allá de las discrepancias ideológicas del pasado, al interés geopolítico evidente se sume el hecho de que el grado de "percepción de competencia" de los países occidentales hacia los del antiguo bloque co-

En este mismo orden de ideas, se debe tener presente que la tecnología es uno de los factores de poder más relevantes en las relaciones políticas y económicas a nivel internacional; en consecuencia, los procesos de negociación de cooperación técnica internacional son, sin duda, un elemento básico dentro de los planes de desarrollo, y la capacidad para tomar decisiones apropiadas para los contextos nacionales no sólo implica la definición de políticas acordes con las necesidades internas, sino que requieren personal capaz de evaluar la idoneidad (adaptabilidad y potencialidad) de las ofertas científicas y tecnológicas que se presentan en el mercado internacional. Con lo anteriormente expuesto, enmarcado en las condiciones actuales que ofrece "el nuevo orden mundial", es evidente que la concentración de esfuerzo interno en I+D ya no puede seguir viéndose como un lujo sino como una necesidad. En Colombia, la conciencia de impulsar el desarro-

R. Bautista, Documento Interno de la Consultoría "Metodología para la evaluación de proyectos presentados a COLCIENCIAS", Bogotá, CEDE, Universidad de los Andes, 1993. R. Bautista, op. cit.

lio científico y tecnológico comienza hasta ahora a tomar fuerza y la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en 1991 puede verse como una prueba de interés por parte del Estado para impulsar tal actividad. Por otra parte, dado que los esfuerzos por insertar la investigación científica en el plano nacional son muy incipientes y que son muchos los obstáculos que el sistema tiene que afrontar, consideramos que la identificación de condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación es un punto de partida ineludible para el trazado de políticas concretas. Algunas condiciones necesarias para la generación de la actividad investigativa en países no desarrollados Una de las características básicas de la investigación es la imposibilidad de realizarse en forma aislada. Por esta razón, el contacto internacional representa una condición fundamental y es en este sentido que debe entenderse la cooperación. Partiendo del acuerdo tácito o explícito de que la cooperación implica "reciprocidad", se hace evidentemente prioritario identificar qué condiciones son necesarias para que esta cooperación se pueda hacer efectiva, y qué caminos son viables para que éstas se cumplan. La más obvia de estas condiciones es la consolidación de una comunidad científica nacional capaz de insertarse y proyectarse a nivel internacional. Como se dijo, esta es una meta demasiado evidente y en realidad la pregunta de cómo

poseer la capacidad para adquirir el know how, podría concretarse más en cómo consolidar una comunidad científica nacional. De nuevo: una respuesta completa está más allá de los alcances del presente trabajo, pero veamos algunas condiciones:

Calidad en los proyectos Los resultados que alcancen las investigaciones en el país deben ser capaces de competir a nivel internacional y deben, pues, convertirse en verdaderos aportes al estado de conocimiento, no sólo a nivel local sino universal, para de esta manera aumentar el grado de percepción de competencia. En este punto las metodologías y mecanismos eficientes para la selección de proyectos son temas tan prioritarios como controversiales, en especial cuando se refieren a países en vías de desarrollo.

Iniciativas y adaptabilidad de los investigadores Cuando la actividad investigativa no sólo es limitada, sino que se realiza desconectada de otros sectores, hay consecuencias claramente perjudiciales. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han mostrado que tanto la una como la otra son actividades parangonables con las demás actividades humanas. Esto significa que la consecución de fondos para la realización de investigación depende fuertemente de la capacidad de gestión de los propios investigadores. Con esto no se quiere afirmar que los investigadores se conviertan en administradores, sino que asuman como parte de

sus tareas el establecimiento de relaciones necesarias para el financiamiento de los proyectos, así como para la incorporación de sus resultados. Hay que anotar que lo ideal sería contar con personas que desempeñaran el papel de traductores o intermediarios entre el estamento académico y técnico y los demás sectores, en particular el gobierno y los potenciales usuarios de los resultados de tales investigaciones; sin embargo, este tipo de individuos son casi inexistentes no sólo a nivel local sino, prácticamente, a nivel mundial. Esto implica que los mismos investigadores deben desempeñar el papel de promotores de sus investigaciones, desarrollando al máximo su capacidad de gestión. En este mismo orden de ideas, no es arriesgado diagnosticar que uno de los problemas que requieren solución es la poca disposición (o capacidad) de los investigadores para adaptarse a las condiciones y necesidades locales después de terminar sus doctorados en el exterior. Este es un punto especialmente delicado en la comunidad científica, que considera la libre elección como uno de sus derechos inviolables. En realidad, el terreno científicotecnológico es aún lo suficientemente "virgen" en Colombia para hacer investigación de punta sobre la base de necesidades reales (entendidas en modo amplio, es decir, no restringida al campo económico). Por último, se debe aclarar que adaptarse a las condiciones locales implica una concientización de la responsabilidad social que se asume cuando se trabaja en ciencia y

tecnología, que no es lo mismo que implantar lo que Mario Bunge llama una "ciencia pragmaticista"12. Recordemos que en Colombia, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, el trazado de políticas sobre la base de esta concepción pragmática hizo que los formularios de solicitud de subsidios para la investigación incluyeran un renglón donde se debía explicar el "impacto socioeconómico" de su proyecto, lo que en el caso de la ciencia básica lo único que producía era el exageramiento, por parte de los proponentes, en lo referente a los alcances y limitaciones de la investigación. Es un alivio ver que este criterio de selección ha cambiado últimamente.

Articulación entre los investigadores con sus pares y con el sector productivo Esta es probablemente la condición más importante, no sólo para la conformación de la comunidad, sino para que ésta tenga sentido y el término I+D no carezca de un asidero real. Para empezar, se debe tener claro a qué se refiere el término "articulación", lo que nos lleva inmediatamente al problema de la comunicación, que se compone de dos aspectos: por una parte, la difusión de resultados, en especial los de carácter científico y, por la otra, la relación intersectorial, que permita identificar las distintas ofertas y demandas, así como la facti12

bilidad de implementación de resultados cuando se trata de investigación aplicada o tecnológica. En general, en países como Colombia, no se da ni lo uno ni lo otro. Veamos qué posibilidades se pueden plantear para suplir la deficiencia fundamental que no ha permitido la implementación de una política de I+D. Tomemos la articulación entre los investigadores mismos y la de éstos con el sector productivo. Articulación entre investigadores La diferencia entre grupos de investigación desconectados a nivel nacional e internacional y grupos vinculados es lo que distingue la suma de esfuerzos aislados, y muy probablemente incongruentes, inclusive dentro de una misma área o línea de investigación, de una comunidad científica. Ahora bien, además de una buena dotación de publicaciones a nivel nacional e internacional sumada a un sistema de información eficiente, de cuya necesidad se habla desde hace varios años, la articulación en este campo requiere la relación directa entre pares. Aunque la cooperación suele traducirse en términos formales en firmas de acuerdos, tratados o convenios, esta es para que sea efectiva la culminación de un proceso mucho más informal y que se

desarrolla en terrenos particulares. Dicho de otro modo, los acuerdos institucionales (extensibles a los gubernamentales) pueden favorecer las relaciones entre los pares, pero carecen de piso sin la existencia previa de contactos concretos entre individuos. A este nivel, valdría la pena mencionar que el panorama que suelen presentar los países en vías de desarrollo es una fuerte división entre una pequeña minoría de científicos altamente productivos, relacionados con los "colegios invisibles" (el grupo de individuos de mayor reconocimiento en las áreas a nivel mundial), participantes en eventos internacionales, etc., por una parte, y una vasta mayoría de profesionales con poca o ninguna actividad investigativa, por la otra. A pesar de que ambos grupos suelen socializar, hay muy poca influencia en términos del trabajo científico13. En este sentido, uno de los puntos en los que tienden a coincidir los estudios sobre el grado de desarrollo científicotecnológico en países no desarrollados es la carencia de datos sobre tal actividad. Si se ha de favorecer la articulación entre investigadores a nivel interno, no habría duda sobre la necesidad de llenar los vacíos informativos tanto estadística como analíticamente. Para citar tan sólo algunos datos de obvia necesidad, y sin embargo inexistentes casi en su totalidad, se podrían anotar: grupos de investigadores activos, ubicación,

Con este término se hace referencia a la tendencia, no poco difundida, de creer que el valor de la ciencia se restringe a la solución de problemas prácticos ("problemas nacionales"). Al respecto dice M. Bunge: "... la investigación básica, por sí sola e independientemente del valor que pueda alcanzar para la técnica, contribuye a resolver un problema nacional de primera magnitud en los países en desarrollo, a saber: su atraso cultural". M. Bunge, Ciencia y desarrollo, Siglo Veinte, 1984, p. 68. Véase S. Arunachalam, "Peripherality in Science: What Should be Done to Help Peripherical Science Get Asimilated into Mainstream Science", en R. Arvanitis, et al. (eds.), Science Indicatorsfor Developing Countries, París, Editions ORSTOM, 1990.

resultados alcanzados, grado de interacción con otros sectores, grado de inserción en el plano nacional e internacional, etc. Esta recopilación de datos probablemente no es una condición suficiente, pero es un punto de partida necesario para cerrar la brecha entre los dos tipos de investigadores y asumir así una política que no tienda exclusivamente a fortalecer a los más reconocidos y productivos, sino que además permita equilibrar los niveles de calidad en investigación y en la formación de recursos humanos. Es, pues, claro que los investigadores pertenecientes al grupo de mayor reconocimiento deben desempeñar un papel importante para la conformación de una comunidad científica nacional. El vínculo con el exterior contempla un aspecto mucho más delicado: se basa en la calidad de los resultados que alcancen los investigadores locales, es decir, se remite de nuevo al concepto de "percepción de competencia". Esta es, claro, otra condición importante para la articulación interna. Dada la poca factibilidad de que se establezcan "acuerdos impulsores" y la consecuente necesidad de generar relaciones directas con grupos en el exterior, uno de los primeros pasos es la identificación de tipos de investigadores o instituciones extranjeras potencialmente interesadas en establecer vínculos con sus pares colombianos. Dadas las condiciones ya mencionadas, la cooperación internacional probablemente se hace más viable entre países 14

con un grado de desarrollo científico y tecnológico equiparable, lo que tiende a señalar como idóneos a países de la misma región. Si llegase a ser posible una integración de este tipo, es probable que muchos de los problemas comunes puedan tender a soluciones que faciliten la cooperación de los países no desarrollados a través de la conformación de un grupo de presión no sólo más grande sino fundamentalmente más sólido. La circunstancia de que Colombia posea una comunidad científica aún incipiente no implica que no pueda ofrecer condiciones interesantes para investigadores del "primer mundo", en especial en el área experimental. Para apoyar este punto, basta recordar algo muy mencionado pero escasamente entendido a nivel interno: Colombia es un país ecuatorial, con salida a dos océanos y una diversidad total a nivel topográfico. Estas características pueden constituir factores de oferta para la aproximación con investigadores de múltiples disciplinas. Para sólo mencionar algunos ejemplos de potenciales intereses internacionales: En física. La posición ecuatorial y la alta topografía son ideales para la ubicación de radio antenas que quieran medir la emisión galáctica (uno de los campos de mayor actividad en este momento en el área de la astrofísica)14. En biología. Las características antes mencionadas pro-

ducen una biodiversidad interés indiscutible.

-En investigación energética. Además de la riqueza petrolera recientemente hallada, en el futuro se podría pensar en investigación para aprovechar energía de las mareas, así como la eólica en el área norte del país. Articulación de investigadores con el sector productivo Así como es evidente la necesidad de interacción entre estos sectores, es difícil su mutua aproximación. La situación se torna crítica cuando se habla de investigación científica básica, donde su relación con la aplicabilidad tecnológica es difícilmente visualizable; sin embargo, lo discutido más arriba acerca de la necesidad de adquirir capacidad para el "cambio tecnológico", más que tecnología terminada, para enfrentar el nuevo panorama internacional, debería ser argumento suficiente para hacer de la actividad investigativa integral una prioridad para la simple supervivencia comercial. No obstante, aun bajo este argumento utilitarista de la ciencia, es un hecho que todavía no existen iniciativas de ninguna de las dos partes (salvo muy contadas excepciones) para emprender acciones conjuntas. Las siguientes son algunas sugerencias para que el distanciamiento existente tienda a disminuir: Identificación de prioridades del sector productivo en

Véase S. Torres y G. Violini, "Perspectivas de la física en la región andina", en Anales del XV Congreso Nacional de física, Cali, Fundación Universidad del Valle, 1993.

materia de I+D y evaluación de la factibilidad de que, con los recursos humanos existentes (grupos de investigación), tales demandas puedan ser suplidas internamente. Este trabajo está estrechamente relacionado con la necesidad de suplir los vacíos de información existentes, mencionados en párrafos anteriores. -Identificación de investigaciones que tengan una probabilidad relativamente alta de arrojar resultados a mediano plazo, con el fin de no agotar la confianza del sector productivo en cuanto a la conveniencia de apoyar tales actividades. -Existencia de un marco jurídico y organizativo con bases reales, que favorezca la difusión de resultados a través de redes a las cuales tienen acceso los sectores que se pretenden articular. Se debe enfatizar que desde 1973 existe en Colombia el Sistema Nacional de Información, que en principio tiene por tarea la difusión antes mencionada, pero cuya implementación se ha dificultado a lo largo de todos estos años por la carencia de vínculos e intereses comunes entre los participantes. -Fortalecimiento de contactos con el exterior no restringido a la compra de equipo, sino con un componente real en la formación de recursos humanos. -Impulso del área experimental como estrategia idó-

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nea para la adquisición, implementación y generación no sólo de conocimiento sino también de equipo con alto contenido tecnológico.

Fuerte intervención del Estado Es muy difícil diagnosticar las causas por las cuales América Latina ha sido completamente ajena a la ciencia y a la tecnología, al menos aquella derivada de la revolución industrial; no obstante, es posible que los valores culturales, especialmente religiosos, heredados de los españoles por las clases aristocráticas criollas, hayan creado dentro de estas élites una actitud de desinterés por las ciencias más que por las artes y las letras, lo que se refleja en el hecho de que, en líneas generales, hoy la actividad científica no pertenece al acervo cultural latinoamericano. Por otra parte, la historia de las principales industrias en los países de tardía industrialización muestra que se requiere mucho tiempo para exportar y competir internamente con las más desarrolladas. Por las condiciones de desarrollo desigual existentes, todo parece indicar que si se expone la mayor parte de la investigación latinoamericana al mercado (al estilo Inglaterra en 1850), es decir, si se deja a la iniciativa de la empresa privada, sólo se garantiza su desaparición completa. Por esta razón, los esfuerzos internos necesarios que ya se mencionaron no se

llevarán a cabo sin acciones "disciplinatorias" y "orientadoras"15 por parte del Estado. Estas dos funciones están supeditadas, en primer lugar, a un diagnóstico de los recursos disponibles y, en segundo término, a la identificación de objetivos a mediano y largo plazos para optimizar la utilización de los primeros. Después de la apertura económica total, el trabajo del Estado se hace doblemente complicado, ya que no sólo tiene que luchar contra una inercia cultural que aún no incorpora la actividad investigativa, sino que además todos los sectores se han visto objetivamente afectados por el impacto, esto es, han visto disminuida su capacidad económica. En tal circunstancia, se requieren al menos tres intervenciones por parte del Estado: 1. Orientadora Habiendo fijado un objetivo desde el punto de vista del desarrollo nacional, se requiere una planificación en la formación de recursos humanos para llevar a cabo las políticas planteadas. En el campo de la educación superior parece aconsejable impulsar las áreas que se consideren prioritarias, lo que en términos operacionales significa incentivar tales actividades (ofreciendo estabilidad presente y futura) y limitar otras, lo que no significa desaparecerlas16. El criterio económico no es el único para tomar decisiones que involucran la educación y la cultura.

Amsden, op. cit. La importancia de establecer líneas de investigación prioritarias en el país se discute desde tiempo atrás. Véase F. Chaparro, "Evolución de la planificación de C y T en Colombia", en F. Sagasti y A. Aráoz (comps.), La planificación científica en los países en desarrollo (memorias del seminario llevado a cabo en 1975 (!) en Villa de Leiva), México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

Otra función orientadora que el Estado tiene es la inserción de la cultura científica occidental dentro de la sociedad civil en general. Con esto no se persigue obtener un país de investigadores, sino hacer de la ciencia un aspecto importante dentro de la cultura nacional y no una actividad marginada, como ha sucedido hasta el momento17.

vención fuerte del Estado implica un aumento en la inversión que éste hace para su desarrollo científico y tecnológico; por consiguiente, se hace necesario revisar la política que al respecto se tiene y la relación que existe con entidades internacionales, en particular con el Banco Interamericano de Desarrollo18.

2. Disciplinatoria

Conclusiones

Este término no es equivalente a dictatorial. Lo que se pretende con un Estado disciplinato-rio es que logre controlar el capital a través de la incentiva-ción de ciertas actividades. Un ejemplo son los subsidios, pero la experiencia enseña que éstos no son suficientes para aumentar el grado de competi-tividad y que, por el contrario, pueden desempeñar un papel contraproducente si no se combinan con otras líneas de acción como el impulso a la I+D en los sectores productivos. Dada la dificultad para que se desarrolle investigación bajo fuertes presiones de tipo financiero, los incentivos estatales deben ser grandes y por esta razón probablemente la condición de país de puertas abiertas a la competencia internacional puede dificultar aún más esta labor. 3. Inversión estatal Debemos señalar en el caso colombiano las inconveniencias que tiene la dependencia de la actividad científica y tecnológica de los préstamos internacionales. En este sentido es necesario resaltar que una inter-

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Para resumir lo expuesto, es necesario subrayar los siguientes puntos: 1. Las tendencias de la cooperación internacional son definitivamente desventajosas para los países no desarrollados, especialmente para América Latina y Colombia, en particular. 2. La política de apertura económica impone estándares de competitividad que hacen de la actividad investigativa una necesidad imperativa en la medida en que es prioritario aumentar la capacidad de "cambio tecnológico". 3. Además de la importancia en términos de aumento del acervo científico y tecnológico para cubrir las necesidades locales, el grado de "percepción de competencia" es determinante para favorecer la cooperación internacional, inclusive en áreas no directamente relacionadas con la ciencia y la tecnología. 4. Si se espera una cooperación internacional real, se

necesita una iniciativa real de concentración de esfuerzo interno para consolidar la actividad en I+D. 5. La articulación entre investigadores (interna y externamente) y de éstos con otros sectores en especial el productivo es una condición necesaria para la operacionalización del esfuerzo interno. 6. La intervención del Estado como ente organizador, impulsor y orientador debe ser fuerte y primar sobre el mercado. Esto implica que además del fomento, es necesario establecer mecanismos eficientes de evaluación y control de la actividad científica y tecnológica, para lo que la consecución de bases de datos confiables es inaplazable. Decía el doctor Abdus Salam, premio Nóbel de física, al referirse al problema del desarrollo científico del Tercer Mundo: Nosotros no tenemos comunidad científica porque no queremos tenerla. Como regla, sufrimos de una ausencia de ambición en lo que se refiere a la ciencia, un sentimiento de inferioridad hacia ésta, que llega, en ocasiones, hasta la hostilidad. Es claro que esta actitud debe empezar a cambiar porque no es posible tratar de acceder a algún tipo de cooperación si no se comienza por comprender la importancia que esta actividad desempeña para el desarrollo de un país.

Este aspecto ha sido motivo de reflexión por parte de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. La iniciativa ha sido llamada por ésta la "endogenización de la ciencia dentro de la sociedad colombiana". Véase MCED, Colombia, al filo de la oportunidad, Presidencia de la República, 1994. Véase A. De Greiff y J.C. Anduckia, "Diagnóstico del estado de la red de difusión de resultados de los proyectos de investigación en ciencias básicas no biológicas aprobados por COLCIENCIAS y recomendaciones para su mejoramiento", Centro de Estudios Internacionales-Departamento Nacional de Planeación (Unidad de Desarrollo Tecnológico), Informe Técnico, 1994.

Sección: Documentos

Agenda Internacional. Plan de desarrollo "El salto social", 1994-1998

Los profundos cambios en los balances político, ideológico y económico a nivel mundial han acrecentado la interdependencia de las naciones y generado una gran diversidad de actores, intereses y escenarios de discusión y negociación. Esta situación ha impuesto la necesidad de desarrollar una nueva agenda internacional, que haga partícipe al país de los procesos de globalización e integración económica y le permita, al mismo tiempo, participar activamente y, en algunos casos, liderar las discusiones internacionales sobre medio ambiente, derechos humanos, democracia, narcotráfico y lucha contra la pobreza, entre otros. Estos temas tendrán mayor relevancia en el desarrollo social y económico mundial y exigen, por tanto, que Colombia fortalezca su capacidad de actuar a nivel global e incremente su participación en los foros internacionales. En este panorama de interdependencia y globalización, Colombia será exigente en el respeto a los principios del derecho internacional, cuya atención y observación son garantía de la convivencia pacífica, a saber: la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Colombia promoverá y apoyará aquellos esfuerzos encaminados a la modernización y democratización de los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Así mismo, participará activamente en mecanismos de concertación de los intereses de los países latinoamericanos, como el Grupo de Rio. La cooperación entre los países del sur y el fortalecimiento de su capacidad de negociación son indispensables para plantear una relación norte-

sur constructiva y basada en la cooperación. Esta será la meta que buscará Colombia entre 1995 y 1998, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, en temas como el comercio internacional, la ciencia y la tecnología, la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y la construcción de un sistema internacional justo y equilibrado. Agenda económica La integración económica ha avanzado en América Latina en los últimos años a ritmos acelerados, modificando las relaciones comerciales y políticas de la región. Apoyada en claros principios de reciprocidad, Colombia continuará liderando este proceso e incentivará la participación de las empresas colombianas en los crecientes flujos de comercio e inversión intrarregionales. En este marco, seguirá apoyando el proceso de consolidación del Grupo Andino, pondrá en marcha el G-3, continuará las negociaciones con los países del Mercado Común Centroamericano, iniciará el proceso de evaluación y análisis de vínculos más estrechos con MERCOSUR y cumplirá plenamente los compromisos de los acuerdos de libre comercio con Chile y CARICOM. Colombia apoyará, además, la ampliación de la agenda de negociación en todos estos procesos, particularmente los más avanzados, para que vayan más allá del libre comercio de bienes y busquen la homologación de las normas internas que afectan el comercio, la inclusión de temas relativos a servicios, la protección mutua a la inversión y, en el caso del Grupo Andino, la armonización gradual de políticas agropecuarias y macroeconómicas. Como elemento complementario, el gobierno fortalecerá y ampliará las comisiones de vecindad, que han resultado un importante instrumento para estrechar los vínculos con los países con los cuales tenemos una mayor proximidad geográfica. En este marco, incluirá una agenda amplia para las comisiones, que fuera de los temas comerciales, aborde también el mejoramiento de las condiciones de vida en las fronteras, el acercamiento cultural, la defensa de los ecosistemas, la integración de los servicios públicos y sociales, la cooperación en materia de orden público y la integración energética, entre otros. Así mismo, el gobierno buscará la aprobación de una ley para zonas de frontera, mediante la cual se garantizará que las regiones limítrofes sean un polo de desarrollo que permita profundizar los procesos de integración en los que par-

ticipa Colombia y mejore las condiciones de vida de sus habitantes. Para adquirir una coherencia global, los acuerdos binacionales y subregionales deben dar paso a procesos más amplios, ya sea a nivel de América Latina o de todo el continente. En ese sentido el gobierno apoyará negociaciones en la región que tengan lugar en el marco de la ALADI u organismos similares. Iniciará, además, un proceso de discusión nacional en torno a la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La integración hemisférica debe concebirse en forma más amplia que la simple constitución de un área de libre comercio de bienes y servicios, y de libre movilidad de capitales. En efecto, deben incluirse mecanismos complementarios del libre comercio que propendan a la convergencia gradual en los niveles de desarrollo de los distintos países del hemisferio. Como elemento esencial de este proceso de convergencia, los países de mayor desarrollo relativo deben incentivar una más activa transferencia de tecnología hacia los menos desarrollados. Este apoyo debe ser la contrapartida de los mayores costos en que incurren los segundos al reconocer los derechos de propiedad intelectual. Las relaciones comerciales con la Unión Europea se han incrementado en los últimos años, hasta llegar a convertirse en el segundo socio comercial más importante de nuestro país. Para el gobierno será, por tanto, prioritario consolidar las relaciones, aumentando así el volumen de exportaciones a esta importante zona. Mediante el Programa de Cooperación, la Unión Europea ha apoyado los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico. Este instrumento debe servir para estrechar las relaciones económicas con las naciones del viejo continente. El gobierno avanzará también hacia el establecimiento de mayores vínculos de cooperación con los países de la cuenca del Pacífico. Con este propósito, diseñará una estrategia para acrecentar las relaciones comerciales con los países asiáticos del área. Como parte de este proceso, participará activamente en los nuevos organismos creados en la región, como el PBEC, el PECC y, en el futuro, la APEC. El gobierno promoverá la vinculación de entidades públicas y privadas con sus homologas asiáticas. El fortalecimiento del multilateralismo en materia de comercio y propiedad intelectual es esencial para la defensa de los intereses de los países en desarrollo. Por este motivo, la ratificación de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y la

puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio son elementos esenciales de la agenda internacional de este gobierno. La OMC debe convertirse en el foro apropiado para defensa de los países en desarrollo contra el neoproteccionismo de las naciones industrializadas, que ha comenzado a expresarse en conceptos tales como el "dumping social", y en el mecanismo para evitar que las presiones bilaterales sustituyan los instrumentos de un orden económico multilateral, en el cual el tamaño de los países no sea elemento central de la negociación.

pios consagrados en la Ley 99 de 1993, en particular el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas con respecto a los asuntos globales, y el reconocimiento de las contribuciones y servicios ambientales prestados por Colombia a la comunidad internacional. El gobierno propondrá la ratificación de varios convenios, entre ellos la Convención de Cambio Climático y el Convenio de Basilea para el Tráfico de Desechos Peligrosos Transfronterizos, y promoverá a nivel internacional, en particular a nivel andino, la adopción de decisiones en torno al acceso de los recursos genéticos derivados de la biodiversidad y la bioseguridad.

Nueva agenda internacional Perfil

Colombia desarrollará, igualmente, una estrategia de cooperación internacional para el medio ambiente que sea proactiva, de conformidad con los acuerdos de Rio de Janeiro, y con los lineamientos y prioridades de la política ambiental del país y el respeto a la soberanía nacional, y promoverá la transferencia de tecnología ambiental-mente sana en términos concesionales.

social de la política exterior Así como los temas económicos son de particular importancia en la agenda internacional del país, es fundamental que la política exterior adquiera un perfil social. Sólo así será posible mantener y mejorar los logros obtenidos en materia económica y continuar la consolidación de nuestra democracia. Colombia liderará los procesos que permitan alcanzar y enfrentar aquellos problemas sociales que exigen la realización de acciones coordinadas por todas las naciones. En ese marco presentará, apoyará y liderará, en escenarios internacionales como la Cumbre de las Américas, el ECO-SOC, el Movimiento de Países No Alineados y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, propuestas relacionadas con la erradicación de la pobreza, la creación de empleos, la ampliación de los servicios sociales y la creación de redes internacionales de solidaridad social.

Medio ambiente El liderazgo de Colombia en las negociaciones ambientales internacionales y el fortalecimiento de la capacidad negociadora del país constituyen elementos fundamentales de la política exterior, ya que permiten que el país participe en las decisiones globales relacionadas con la supervivencia del planeta y la biodiversidad o el tráfico ilícito de especies en peligro de extinción, que afectan sensiblemente los intereses nacionales. La política exterior en esta materia se desarrollará en el marco de las conclusiones alcanzadas en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992 y de otros acuerdos e iniciativas de cooperación internacional. Además seguirá los princi-

Por último, la política internacional propenderá a que el comercio exterior y el desarrollo sostenible se apoyen mutuamente. Se rechazarán las medidas unilaterales de carácter ambiental en el campo comercial y se promoverán nuevas oportunidades comerciales que resulten de los nuevos mercados verdes a nivel mundial.

Derechos humanos El consenso mundial en torno a la democracia ha fortalecido la concepción de los derechos humanos como un asunto esencial de las relaciones internacionales y como un fundamento imprescindible de la consolidación de la democracia. Colombia cumplirá todos los compromisos suscritos sobre el tema y buscará la aprobación e inmediata aplicación del Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre humanización de la guerra, con el fin de proteger a ciudadanos inocentes, víctimas de la violencia. El gobierno trabajará igualmente con el fin de que nuestra compleja situación interna sea comprendida por fuera de las fronteras nacionales. Así mismo, la política exterior buscará el apoyo de los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, para que su acción fortalezca y complemente los esfuerzos del gobierno en la normalización de los derechos humanos y de la violencia.

Narcotráfico El gobierno colombiano ha expresado en todos los contextos su rechazo al narcotráfico y su decisión de combatir este fenómeno. Ha manifestado también que éste es, por esencia, un problema multinacional, que sólo puede resolverse mediante acciones concertadas y conjuntas por parte de la comunidad internacional, atacando cada una de las fases de la cadena: la producción de materias primas, la desviación de productos químicos, el tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el procesamiento, la distribución y el consumo. La naturaleza misma de este fenómeno hace que los esfuerzos nacionales aislados sean insuficientes. Por eso, Colombia liderará la propuesta de suscribir una convención internacional contra el lavado de dinero y exigirá que los esfuerzos que realiza el país para combatir la producción y el comercio de estupefacientes formen parte de una estrategia global, junto con la represión del consumo en los países desarrollados y el control efectivo a los productos químicos. Solicita también el concurso de la comunidad internacional para que, mediante acciones concretas, entre ellas las preferencias comerciales y la cooperación para el desarrollo alternativo en zonas productoras de cultivos ilícitos, manifieste su solidaridad con

el esfuerzo realizado por el país en esta lucha mundial. Integración con los colombianos en el exterior Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población en el exterior. La integración de estos colombianos al desarrollo del país y la defensa de sus intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los lazos de nuestros conciudadanos con su patria deben fortalecerse, mediante un sistema consular moderno y eficiente, el desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la Constitución de 1991 y la consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país, tales como la Red Caldas, a través de la cual los científicos colombianos en el exterior participan en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El gobierno prestará atención especial a los presos colombianos en cárceles extranjeras y, mediante las representaciones consulares, vigilará que reciban un debido proceso y les sean respetados sus derechos humanos. Los tratados de repatriación de presos serán presentados para la ratificación del Congreso. De manera simultánea, se mejorarán las condiciones carcelarias en el país para hacer efectivos estos tratados.

Cumbre de las Américas. Declaración de Principios

Pacto para el desarrollo y la prosperidad. Democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas Los jefes de Estado y de gobierno elegidos de las Américas estamos comprometidos a comentar la prosperidad, los valores y las instituciones democráticas y la seguridad de nuestro hemisferio. Por primera vez en la historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas. Si bien nuestros países enfrentan diferentes desafíos en materia de desarrollo, están unidos en la búsqueda de la prosperidad a través de la apertura de mercados, la integración hemisférica y el desarrollo sostenible. Estamos decididos a consolidar y fomentar vínculos más estrechos de cooperación y a convertir nuestras aspiraciones en realidades concretas. Reiteramos nuestra firme adhesión a los principios del derecho internacional y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, incluidos los de la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Reconocemos la heterogeneidad y la diversidad de nuestros recursos y culturas. Así mismo, estamos convencidos de que podemos promover los intereses y valores que compartimos a través de la creación de pactos firmes.

Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas La Carta de la Organización de Estados Americanos establece que la democracia representativa es

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente. Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta organización en favor de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de la región. Reconocemos que nuestros pueblos buscan con ahínco una mayor capacidad de respuesta y eficiencia por parte de nuestros gobiernos. La democracia se fortalece mediante la modernización del Estado, que incluye aquellas reformas que agilizan su funcionamiento, reducen y simplifican las normas y los procedimientos gubernamentales, y aumentan la transparencia y la responsabilidad de las instituciones democráticas. Considerando que es esencial que todos los sectores de la sociedad tengan acceso expedito y eficaz a la justicia, afirmamos que la independencia del poder judicial constituye un elemento crucial para la existencia de un sistema jurídico eficiente y de una democracia duradera. Nuestro objetivo final es mejorar la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente de las mujeres y los grupos más vulnerables, incluidos las poblaciones indígenas, los discapacitados, los niños, los ancianos y las minorías. La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas. Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud pública y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el

tráfico y la distribución de narcóticos, así como en contra del lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas y de sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y combatiremos conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Américas, a través de todos los medios legales. Reconociendo la importante contribución de los individuos y asociaciones en el ejercicio efectivo del gobierno democrático y en la ampliación de la cooperación entre los pueblos del hemisferio, facilitaremos su plena participación en las actividades políticas, económicas y sociales, de conformidad con la legislación de cada país.

Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio Nuestro progreso económico continuo depende de políticas económicas sólidas, del desarrollo sostenible y de un sector privado dinámico. Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas injustas y con un creciente flujo de inversiones productivas. La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y una mayor integración económica son factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente. Por consiguiente, decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del "Área de Libre Comercio de América", en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión. Así mismo, resolvemos concluir las negociaciones del "Área de Libre Comercio de América" a más tardar en el año 2005, y convenimos en alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para el final de este siglo. Reconocemos el progreso que ya se ha obtenido a través de las acciones unilaterales de cada una de nuestras naciones y de los acuerdos comerciales

subregionales de nuestro hemisferio. Sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes, ampliaremos y profundizaremos la integración económica hemisférica, haciéndolos compatibles. Conscientes de que la inversión constituye el principal motor del crecimiento en el hemisferio, la alentaremos, colaborando en el establecimiento de mercados más abiertos, transparentes e integrados. En este sentido, nos comprometemos a crear mecanismos sólidos que promuevan y protejan el flujo de inversiones productivas en el hemisferio, y fomenten el desarrollo y la integración progresiva de los mercados de capital. A fin de avanzar en la integración económica y el libre comercio, crearemos una infraestructura hemisférica con la cooperación y el financiamiento del sector privado y de las instituciones financieras internacionales. Este proceso, que requiere un esfuerzo de cooperación en áreas tales como telecomunicaciones, energía y transporte, permitirá el movimiento eficiente de bienes, servicios, capital, información y tecnología, que son la base de la prosperidad. Reconocemos que a pesar de los avances considerables en la solución del problema de la deuda en el hemisferio, la carta que representa un elevado endeudamiento externo continúa obstaculizando el desarrollo de algunos de nuestros países. Reconocemos que la integración económica y la creación de un área de libre comercio serán tareas complejas, particularmente a la luz de las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las economías de nuestro hemisferio. Permaneceremos conscientes de estas diferencias a medida que avanzamos hacia la integración económica en el hemisferio. Recurriremos a nuestros propios recursos, inventiva y capacidades individuales, así como a la comunidad internacional para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos.

Erradicar la pobreza y la discriminación en nuestro hemisferio Resulta políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos sectores de nuestras poblaciones se encuentren marginados y no participen plenamente de los beneficios del desarrollo. Con el objetivo de lograr una mayor justicia social para todos nuestros pueblos, nos comprome-

temos individual y colectivamente a mejorar el acceso a la educación de calidad y a la atención primaria en materia de salud, así como a erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo. Todos deben tener acceso a los frutos de la estabilidad democrática y del crecimiento económico, sin discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad de origen o religión. En observancia del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, concentraremos nuestros esfuerzos en mejorar el ejercicio de los derechos democráticos de las poblaciones indígenas y su acceso a los servicios sociales. Conscientes de que la prosperidad ampliamente compartida contribuye a la estabilidad hemisférica y a una paz y democracia duraderas, reconocemos nuestro interés común en la creación de oportunidades de empleo que mejoren los ingresos, los salarios y las condiciones de trabajo de todos nuestros pueblos. Invertiremos en la gente para que todos los individuos del hemisferio tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. El fortalecimiento del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida política, social y económica de nuestros países es esencial para reducir la pobreza y las desigualdades sociales, y promover la democracia y el desarrollo sostenible.

Garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras El progreso social y la prosperidad económica sólo se pueden mantener si nuestros pueblos viven en un entorno saludable y nuestros ecosistemas y recursos naturales se utilizan cuidadosamente y de manera responsable. Para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, y en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares, celebrada en Barbados en 1994, formaremos alianzas de cooperación con el fin de fortalecer nuestra capacidad para prevenir y controlar la contaminación, proteger los ecosistemas y emplear de manera sostenible los recursos biológicos, y fomentar la producción y el uso limpio, eficiente y sostenible de la energía. Para beneficiar a las generaciones futuras a través de la conservación del medio ambiente, incluido el uso ra-

cional de nuestros ecosistemas, recursos naturales y patrimonio biológico, continuaremos buscando la cooperación tecnológica, financiera y de otros tipos. Fomentaremos el bienestar social y la prosperidad económica en formas que tomen plenamente en cuenta el impacto que producimos sobre el medio ambiente. Convenimos en respaldar la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, que busca fortalecer las democracias de esa región mediante la promoción de la prosperidad social y económica, y la gestión racional del medio ambiente. En ese contexto, apoyamos la convocatoria de otras reuniones regionales sobre desarrollo sostenible. ***** Nuestra Declaración constituye un conjunto de compromisos integrales que se refuerzan mutuamente con miras a alcanzar resultados concretos. De conformidad con el Plan de Acción anexo y reconociendo las distintas capacidades y ordenamientos jurídicos de cada nación, nos comprometemos a cumplirlos sin demora. Instamos a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para que brinden asistencia a los países en el cumplimiento de dichos compromisos, apoyándose significativamente en la Organización Panamericana de la Salud, ore, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, así como en los organismos subregionales de integración.

A fin de dar continuidad a los esfuerzos tendientes a promover la participación política nacional, convocaremos reuniones temáticas de ministros y de altos funcionarios, para tratar asuntos como comercio, mercados de capital, sector laboral, energía, educación, transporte, telecomunicaciones, lucha contra las drogas y otras iniciativas contra el crimen, desarrollo sostenible, salud, y ciencia y tecnología. A fin de garantizar la participación y el compromiso de los individuos, invitamos al sector privado, al sector laboral, los partidos políticos, las instituciones académicas y otros actores y organizaciones no gubernamentales a cooperar y participar en nuestros esfuerzos nacionales y regionales, fortaleciendo así los vínculos entre los gobiernos y la sociedad. Nuestras treinta y cuatro naciones comparten un compromiso ferviente en favor de las prácticas democráticas, la integración económica y la justicia social. Nunca antes nuestros pueblos se habían encontrado en mejores condiciones para expresar sus aspiraciones y aprender los unos de los otros. Las condiciones para la cooperación hemisférica son propicias. Por lo tanto, en representación de todos nuestros pueblos, en cuyo nombre suscribimos esta Declaración, aprovechamos esta oportunidad histórica para crear un Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad de las Américas.