Colombia Internacional No. 34

Sección Relaciones económicas Internacionales

Integración hemisférica: las posibilidades de consolidar el área de libre comercio en América Latina (Entrevista al Dr. Mauricio Reina)

CEI

Esta entrevista se centra en la percepción de Mauricio Reina sobre la integración hemisférica, pocas semanas después de celebrada la cumbre de ALCA en Cartagena, entre el 19 y el 22 de marzo del presente año. Nos interesa conocer su visión acerca del éxito de la integración, especialmente en esta época en que el TLC se encuentra estancado, Brasil está proponiendo un acuerdo de libre comercio con América del Sur como contrapeso a la iniciativa norteamericana, y con las elecciones presidenciales de Estados Unidos que motivan la desaceleración del proceso sin que haya un futuro positivo predecible a corto plazo. En este contexto, abordaremos el rol del sector privado en la integración, su reconocimiento por la cumbre ministerial a pesar de los problemas surgidos al discutir y negociar algunos de los puntos, e indagaremos sobre sus posibilidades reales de convertirse en actor importante del proceso de integración.

CEI: ¿Es posible la fecha del 2005 para la integración hemisférica en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)? ¿Cuáles serían las dificultades?

MR: Hay que recordar que una cosa es la negociación para la cual se ha puesto esta fecha límite, y otra el proceso de liberación y desgravación que puede tomar mucho más tiempo. La negociación como tal sí puede terminar en el 2005. Hay tiempo, pero todo depende del ritmo al que se trabaje y sobre todo de la voluntad política.

Desde luego que existen muchas dificultades en el camino, pero creo que ninguna es tan grande como para que no se pueda solucionar. Todo eso nos lleva a observar con mucha atención lo que está sucediendo y lo que puede suceder en el terreno político.

CEI: ¿Cuáles son los avances de la agenda ministerial de la cumbre de Cartagena con respecto a la cumbre de Den-ver de 1995?

MR: Hay tres grandes áreas temáticas en este proceso de trabajo. Una tiene que ver con la evolución de los grupos de trabajo (GTH) creados hasta el momento, y con la forma como los ministerios reciben los reportes de los GTH y les renuevan el mandato de seguir adelante. En este primer frente, la cumbre de Cartagena fue satisfactoria: se llegó a las metas esperadas en el sentido en que los GTH, creados en Denver, mostraron avances favorables en Cartagena. Los GTH han funcionado muy bien, y a pesar de algunas dificultades menores presentadas en varios de ellos, el trabajo realizado será fundamental para el futuro de la negociación. La recopilación y análisis de normas, el apoyo para nuevas bases de datos en países que no las tenían, y la definición de marcos concep-

Asesor editorial de Revista Semana y ex-viceministro de Comercio Exterior.

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tuales para cada uno de los temas son apenas algunos ejemplos de los avances planeados para el progreso integral del continente. Desde este punto de vista, el trabajo de los GTH y del Comité Tripartito (OEA, CEPAL y BID) ha sido verdaderamente notable y nos permite ser optimistas. El segundo frente tiene que ver con los nuevos temas que van a ser incorporados al proceso. Allí el balance no es del todo satisfactorio. Si bien se crean los GTH previstos de propiedad intelectual, compras del Estado, servicios y competencia, los países en desarrollo del continente americano esperaban que también se creara un GTH sobre solución de controversias, pero Estados Unidos, que había sido reticente al respecto en las reuniones previas en Denver, finalmente sólo acepta la creación en Cartagena. Por lo tanto, aun cuando se aprueba la creación de este GTH, se da con mucha demora. Desde este punto de vista, no hay ninguna novedad pero tampoco colapsa el proceso. El tercer aspecto en el que se quería avanzar se refiere a la definición de unos derroteros concretos y de un cronograma más específico: en este frente no se logró absolutamente nada. Quizás era demasiado optimista creer que en la segunda reunión de ministros de comercio exterior ya se iba a lograr definir la forma de la integración, pero desde otro punto de vista, el encontrarnos apenas en la evaluación de los GTH es también demasiado pobre.

Quedan por delante todavía nueve años en los que hay mucho por hacer, pero es evidente la necesidad de que en la próxima reunión de ministros sí se definan cronogramas más específicos, y por lo menos se em-

piecen a plantear alternativas para lograr la convergencia de todos los acuerdos hacia la integración hemisférica.

CEI: ¿Cuál, en resumen, sería el balance de los pasos dados en Cartagena, un año después de la cumbre de Denver?

MR: En pocas palabras, el resultado es un balance positivo en la medida en que el proceso sigue andando, aunque con la incertidumbre que implica la ausencia en la toma de grandes decisiones, pues aún están pendientes los enfoques para la integración y los cronogramas específicos. También se debe anotar como punto preocupante y factor negativo, la evidente polarización política marcada por países como Brasil y Argentina (yo no me atrevería a hablar de todo el bloque de Mercosur, pero sí de una presencia muy fuerte del Brasil) por un lado, y los Estados Unidos por otro. Esta es una polarización que vimos en Denver y ahora nuevamente en Cartagena.

Probablemente seguirá apareciendo en todo este proceso, por lo que debe ser manejada de manera muy eficaz y eficiente por los demás países, debido a que puede ser quizás el primer obstáculo al que se enfrente el proceso.

CEI: ¿Qué perspectivas ve usted para los grupos de propiedad intelectual y de competencia? El tema de propiedad intelectual fue muy espinoso y controversial en Cartagena, hasta el punto que llegó a pensarse que no tendría solución y que imperaría la incertidumbre sobre sus posibilidades de éxito, debido a sus implicaciones para las relaciones interestatales.

MR: El caso de la propiedad intelectual en Cartagena es ape-

nas un ejemplo de un fenómeno generalizado. Una cosa es recopilar información, crear bases de datos, y hacer discusiones conceptuales, y otra es aproximarse a los términos en los que se desarrollaría una negociación de temas muy sensibles. Todo el mundo conoce el tema de la propiedad intelectual, que es esencial para los países que están en el borde de la frontera tecnológica y del conocimiento. El problema radica en que se presenta una pérdida de dinero muy grande debido a la piratería, pero para los países "piratas" también significaría aceptar acuerdos costosos y onerosos, algunas veces difíciles de pagar. Lo que sucedió en Cartagena muestra claramente la manera en la cual se pueden generar confrontaciones cuando hay tanto dinero de por medio, y cuando éste está focalizado en grupos específicos. Por ejemplo, si alguien dice que va a abrir las importaciones de zapatos, no necesariamente ejercerán presión todos los consumidores y productores de zapatos, que en muchos de nuestros países son numerosos, pero en general, no pueden presionar haciendo lobby. En cambio en el caso farmacéutico, hay unos laboratorios muy unidos que disponen de licencias y fuertes capacidades de negociación y por tanto, su opción de defensa de la propiedad es mayor. Más allá de las condiciones específicas del caso de propiedad intelectual, éste es sólo un ejemplo del tipo de dificultades que se van a presentar de aquí en adelante en el proceso de integración. En estos problemas, la vulnerabilidad de ciertos grupos de presión respecto a la integración jugará un papel cada vez más importante en el lobbying de estos grupos

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sobre sus gobiernos, que son los que finalmente negocian el área de libre comercio. En suma, no es sorprendente que este problema se haya presentado. Es más, constituye apenas un llamado de atención sobre el futuro, y deja, además, reflexiones importantes acerca de la economía política de las negociaciones comerciales.

CEI: Aparte del entusiasmo evidente, la asistencia y el dinamismo del sector privado, la participación de personalidades importantes como César Gaviria, Ernesto Samper y Ron Brown, entre otros, ¿cuáles definiría usted como logros centrales de la cumbre? ¿Cuáles como críticas?

MR: En primer lugar, la cumbre de Cartagena fue un verdadero éxito en el campo de la organización, la convocatoria y el desarrollo del foro empresarial, porque se logró traer a más de mil doscientos empresarios. Es una cifra muy importante si se tiene en cuenta que la mitad de ellos venían de fuera de Colombia, en un momento en el que este país, con razón o sin razón, para bien o para mal, no es el sitio más atractivo para invertir. En segundo lugar, a diferencia de la cumbre de Denver, la agenda de trabajo de los empresarios estuvo muy bien articulada con la cumbre de ministros, para contribuir al proceso de integración. En Denver se dieron algunas discusiones interesantes, pero también otras que no tenían nada que ver con nada. Además, en Cartagena hubo un propósito final con conceptos claros que los empresarios pudieran entregar a los ministros. En Denver, por ejemplo, la reunión de los ministros fue antes que la de los empresarios; entonces, los ministros no

se enteraron de las conclusiones de la reunión empresarial. En Cartagena, al contrario, las cumbres se programaron al revés, y hasta hubo una reunión específica en la que los empresarios presentaron las conclusiones de los GTH a los ministros.

Así, tanto por convocatoria y por funcionamiento, como por resultados, el foro empresarial fue un tremendo éxito que establece un nivel muy alto, una metodología muy clara, y esperamos fructífera, para las reuniones futuras.

CEI: ¿Cuál es su percepción respecto al aporte de Colombia como sede y organizador de la cumbre?

MR: Un aspecto importante de la cumbre de Cartagena es que, como lo mencioné anteriormente, el proceso sigue avanzando. Para muchos observadores externos, el gran temor, en un contexto de polarización política entre los países del hemisferio, era que el proceso muriera en manos de Colombia. Pero el país logró sacarlo adelante. No hay grandes obstáculos en el corto plazo; no hay grandes traumatismos; y decorosamente, con un camino despejado hacia adelante, logramos pasar la posta al siguiente corredor.

Quizás donde puede haber ciertas deficiencias en el caso de Cartagena, puede ser en el hecho de que la declaración de los ministros no tiene muchos componentes nuevos en cuanto a un cronograma específico para la integración. Mucha gente está ansiosa de ver rápidamente posiciones sobre cómo converger hacia la integración, y fechas concretas para lograr metas específicas; es en este aspecto donde no se ha logrado más. Probablemente se habrían

dado progresos con un mayor liderazgo de Colombia, puede ser que sí, puede ser que no. Es muy difícil adivinar.

CEI: Teniendo en cuenta los éxitos y deficiencias que usted acaba de plantear, ¿piensa que el timing de Belo Horizonte es el correcto, que se podrán alcanzar cosas más positivas que las logradas hasta el momento?

MR: En un año se verán resultados más concretos de los GTH, pues vienen funcionando a un ritmo muy ágil. Cada vez nos acercamos más al terreno de la economía política de la integración, debido a que si un año es suficiente para avanzar en la definición de unos derroteros concretos y de unos cronogramas específicos, depende exclusivamente de la voluntad política de los países.

Puede ser que dentro de un año siga exactamente la misma discusión de estos puntos, como puede ser que se dé un avance en las discusiones entre gobiernos y que se tengan listas muchas otras cosas. Hay una buena señal que sale de Cartagena, y es que los viceministros se van a tener que reunir como mínimo tres veces antes de Belo Horizonte. Es un hecho que los viceministros, si no son la última instancia decisoria, sí logran avanzar mucho más rápido que los técnicos. No es fácil decir a priori si un año es un plazo demasiado corto, pues lo que se logre en ese lapso dependerá de factores que están en la esfera política.

CEI: Ahora le haremos unas preguntas sobre el sector privado, y luego retomaremos la parte de integración. ¿Cree usted que el sector privado tiene un verdadero potencial de participación en la integración?

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MR: El sector privado debe ser uno de los protagonistas en todo el proceso pues es el responsable de mover los negocios, las economías, de tomar decisiones sobre tecnologías; es el que hace las mejorías de productividad; es el motor de la actividad económica. Mal podría pensar uno que quien ha acumulado experiencia de negocios, quien sabe cuáles son las dificultades específicas de estos negocios, quien tiene que vivir en carne propia los obstáculos que se presentan día a día en el comercio internacional, quien logra capitalizar los grandes triunfos en el momento de expandir sus empresas hacia otros países, puede estar ausente en un proceso de negociación como éste. Sin embargo, hay aspectos en los que se debe poner atención porque, por definición, el sector privado es proteccionista. Ello es aun más pronunciado en el caso del latinoamericano, que ha hecho sus negocios a la luz del proteccionismo. Es evidente que cuando a un empresario le dicen que van a vulnerar su mercado doméstico, la primera reacción será negativa. En el caso colombiano, esto sucedió cuando se profundizó la integración con Venezuela, y con el resto del Grupo Andino; cuando se iniciaron negociaciones con Chile, y cuando se desarrollaron las negociaciones con México en el marco del G-3. La primera reacción del sector privado es proteger y no abrir más los mercados.

Puede decirse entonces, que tiene dos caras. El sector privado es fundamental para el proceso de integración pero tiene una tendencia compulsiva a proteger. Debido a ésta, que es explicable y muy racional desde el punto de vista económi-

co, financiero y empresarial en el corto plazo, se debe contar con mecanismos muy claros para evitar confusiones y lograr que piense con mentalidad de mediano plazo. Por ejemplo, si en Miami los presidentes definieron que en el año 2005 ya iba a estar negociada un área de libre comercio americana, y este propósito político se va a mantener; al empresario le conviene que la negociación se haga de la mejor manera, sin empecinarse en no negociar. El empresario puede dilatar el proceso durante un tiempo, argumentando que todo es un desastre y que no están listos para integrarse; sin embargo, en el caso de que se negocie de todas maneras, se debe oír su punto de vista, puesto que finalmente es el actor que hace los negocios.

CEI: Con este potencial del sector privado en el ámbito de la integración, ¿cree que también tienen algún espacio las fundaciones, las universidades, los centros de investigación, las organizaciones no gubernamentales (ONG's), o es básicamente un espacio para el sector empresarial?

MR: Las respuestas anteriores se refieren al sector empresarial y no es gratuito que se hayan circunscrito a este sector, ya que especialmente en Cartagena éste ha mostrado capacidad de convocatoria e interés suficiente para constituirse en un actor visible en todo el proceso. Los demás, las ONG's, los centros de investigación, las universidades, las distintas organizaciones, también tienen que participar. Son fundamentales y su potencial en la discusión es muy grande, pero a la vez, si se aferran a intereses de muy corto plazo, no van poder dar los aportes que se re-

quieren en este proceso. Esto se aplica también para los ambientalistas, y los grupos laborales. Los centros independientes con capacidad de aportar conocimientos, están en mora de hacer contribuciones mucho más profundas. Esto se hace evidente al observar el importante papel que han jugado la OEA, el BID y la CE-PAL miembros de la comisión tripartita los cuales han llenado un espacio en el que caben más centros que tengan qué aportar en términos de conocimiento. Se ven entonces dos grandes conjuntos: los que no tienen intereses muy vulnerables, como los centros de investigación, con un espacio inmediato para explotar; y los que sí tienen intereses muy vulnerables, como los ambientalistas, los sindicatos, entre otros, a quienes se aplica la misma reflexión que al sector privado. Si su perspectiva es de corto plazo, su aporte no va a ser importante. Sin embargo, tienen un potencial muy grande para aportar cosas valiosas, para lo que tienen que dar un salto mental cualitativo y entender qué es un continente de cara al siglo XXI. CEI: ¿Cuál es su definición de sector privado?

MR: El sector privado es el que no es público; el sector público es el que negocia, los gobiernos son los que negocian. Entonces, todo el que no está sentado negociando y siente que tiene algo que decir, debe buscar una manera de articularse con el sector público para hacer sentir sus opiniones y para dar sus puntos de vista. En este contexto, podríamos involucrar un análisis de economía política de la evolución del desarrollo latinoamericano que sería muy complejo: los mejor

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organizados son los empresarios, y de ahí en adelante, los demás tienen distintos niveles de organización. Seguramente los grupos laborales están mejor organizados en unos países, los ambientalistas en otros; pero sin lugar a dudas, el protagonista más visible es el sector empresarial. Todos los demás caben, pero su influencia e importancia depende de las capacidades de organizarse y despojarse de visiones miopes de corto plazo para entender los alcances del proceso de integración.

CEI: Tomando el tema de la organización del sector privado, en su opinión, ¿es posible organizar transnacionalmente al sector privado o usted lo ve circunscrito a un Estado-nación determinado, sin lograr una actuación conjunta con los demás sectores privados del mundo?

MR: Creo que hay dos dimensiones; la primera es la influencia del sector privado en la negociación. Este factor se da a nivel nacional porque al ser los gobiernos los que negocian, deben incorporar el punto de vista de sus actores privados.

Otra dimensión es la de análisis, reflexión, difusión y discusión de ideas, conocimientos, datos, información y conclusiones.

Esta dimensión, debe darse a nivel internacional, transnacional, y hemisférico. Es precisamente lo que sucedió en Cartagena, un foro de análisis, discusión y fijación de posiciones a nivel casi transnacional.

CEI: ¿Qué rol cree usted que juega Estados Unidos en el proceso de la integración después de las experiencias de Denver y ALCA, en el contexto de las campañas electorales ac-

tuales? ¿Quiere integrarse hemisféricamente?

MR: En primer lugar, Estados Unidos juega un papel fundamental en el proceso por su capacidad y seriedad técnica, por su poder de convocatoria porque hasta el momento ha sido uno de los países que ha mostrado más interés en la dinamización de las negociaciones. Si uno toma en cuenta su peso político a nivel internacional, y su voluntad de avanzar en las negociaciones, definitivamente Estados Unidos es el país más importante. Hay otros países que quizás tienen más ganas de avanzar, pero no tienen el peso político; hay otros que tienen el peso político, pero no quieren avanzar tanto. Esto no quiere decir que los demás países no sean importantes; de hecho se trata de treinta y cuatro países con la misma capacidad de voto de acción, que además pesan lo mismo en el momento de decidir. Sin embargo, no se puede negar la existencia de un realismo político que determina que haya países con mayor capacidad de influir en el debate político internacional y a la vez, que haya países con objetivos que exigen una mayor rapidez.

Ponderando ambos factores, no queda duda de que Estados Unidos tiene un rol protagónico.

CEI: ¿Qué incidencia pueden tener los diferentes grados de desarrollo relativo, de regulaciones y estándares laborales para el objetivo integracionista?

MR: Estos temas generan mucha sensibilidades en sectores específicos de los distintos países. Quizás justamente por ello, los temas mencionados terminarán siendo críticos y serán vistos como obstácu-

los. Se debe reconocer que se pueden presentar aspectos muy sensibles en la negociación, precisamente debido a que el proceso es muy importante e implica cambiar radicalmente el razonamiento tradicional sobre el vínculo entre desarrollo económico y comercio internacional en un continente.

CEI: Diferentes enfoques de economía internacional mencionan la proliferación de modelos de hub and spoke (H-S) en América Latina. ¿Piensa que esto dificulta en realidad la integración hemisférica?

MR: Más allá de si la dificulta o no, el esquema del H-S es una realidad. En la medida en que han empezado a darse acuerdos entre países, dominando por encima de los acuerdos entre grupos de países, un esquema de ese estilo es inevitable y es la realidad que tenemos hoy en día. En cuanto a ser un obstáculo para la integración, yo creo que la complica porque es más simple hacer converger y armonizar cinco acuerdos que cuarenta y cinco que además se presentan en forma de telaraña; pero no tenemos otra opción.

CEI: En alguna otra entrevista usted afirmó que creía que una técnica muy positiva para avanzar en la integración radicaba en que cada país tuviera, en cierta medida, una técnica de sparring como en el boxeo, ¿afirmaría lo mismo para el proceso de integración hemisférica?

MR: La estrategia del sparring es aplicable a un boxeador, como Colombia, y éste es el ámbito en el que yo he defendido la idea. Creo que Colombia, volviendo a la analogía del boxeador, sabe que en diez años va a tener que enfrentarse

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en un esquema de todos contra todos, y en ese lapso tiene la oportunidad de entrenarse. El espacio de entrenamiento consiste en negociar y profundizar las negociaciones con terceros países. En este sentido, se puede replantear la pregunta teniendo en cuenta el proceso de integración hemisférica, para de esta forma analizar si todavía tiene sentido una estrategia como la del sparring. La respuesta sería totalmente afirmativa: se tiene el tiempo para hacerlo y el sentido económico para que valga la pena.

CEI: ¿Puede dar una explicación más completa de la estrategia del sparring?

MR: Un proceso de integración genera directamente un patrón de especialización, porque a medida que se adhieren más países, se modifican las ventajas comparativas de cada uno de ellos. Es distinta la ventaja comparativa si se trata de negociar con un solo país, que si se negocia con un grupo de ellos (por ejemplo, la Unión Europea).

Colombia ha ido ampliando sus fronteras de integración, primero con una racionalidad geográfica como en el caso del Grupo Andino. Posteriormente, incluyó componentes más económicos, por lo que se siguió con Chile, con el que hay gran complementariedad. Luego se suscribieron acuerdos con México, a pesar de las críticas de los sectores más vulnerados los empresarios. Así, en la medida en que se enfrenta a economías más desarrolladas, la exigencia para determinar la competitividad es mayor. En este sentido, Colombia logra ser muy exitosa en el mercado ecuatoriano y venezolano, entre otros, pero requiere un mayor reto de competencia

porque de lo contrario no logrará niveles tecnológicos y productivos superiores.

Desafortunadamente no se han logrado los niveles de productividad suficientes para que subsistan algunos sectores. Por lo tanto, al boxeador le conviene exigirse cada vez más y entrenarse con niveles cada vez más duros. Si se pensara que el boxeador nunca tendrá que pelear con el Tyson de América Estados Unidos no valdría la pena desafiar a otros más fuertes. En cambio, si existe la certeza de que ocurrirá el enfrentamiento, como se decidió en la cumbre de Miami, este aspecto se vuelve indispensable en una economía mundial globalizada. De esta manera, en un bloque hemisférico mundial, el boxeador solo, peleando en la misma esquina con tres amigos, no tiene ningún futuro.

CEI: Tomando en cuenta la globalización y la actual situación política interna de Colombia, ¿qué estrategia recomienda seguir?, ¿qué mercados buscar?, ¿es positiva la búsqueda del Asia-Pacífico, Mercosur, y la Unión Europea?

MR: En mi concepto el paso siguiente en el proceso de integración de Colombia tiene que ser Mercosur. Yo creo que la integración con Asia-Pacífico es muy importante pero su potencial real no es tan grande porque no nos conocen ni los conocemos, e involucraría el allanamiento de distancias impresionantes, mientras que hay una cercanía natural con Mercosur. No se sabe si se da en un año o en dos, pero sí que se tiene que hacer relativamente pronto. Pienso que una vez se logre, vale la pena descansar un rato. De hoy a final de siglo debería estar negocia-

do un acuerdo Grupo AndinoMercosur o Colombia-Mercosur.

CEI: ¿Piensa que este libre comercio hemisférico, puede ser un paso hacia el multilateralismo tan promovido por muchos teóricos de la economía internacional?

MR: Muchos han planteado un dilema entre regionalismo y multilateralismo; otros, una complementariedad entre ambos. El mismo GATT, y ahora la OMC, sentó las bases para una consistencia entre multilateralismo y regionalismo, argumentando que cualquier acuerdo regional cabe dentro de la filosofía multilateral siempre y cuando no se eleven las barreras frente a terceros países, y se abra sustancialmente el comercio libre entre los países que están negociando el regionalismo.

De manera que desde el punto de vista estrictamente conceptual, se puede hacer un planteamiento en el que sean consistentes el multilateralismo y el regionalismo.

También se pueden hacer planteamientos en los que compitan entre sí un esquema multilateral y un esquema regional. Para ver cuál de esos planteamientos conceptuales es correcto, hay que hacer una evaluación empírica, que tiene mucho que ver con la manera en que se desarrolla la integración hemisférica en las Américas. Dependiendo de la forma en que se dé esta unión, uno podría decir que se da un paso más hacia el libre comercio multilateral, o por el contrario, una discriminación con el resto del mundo, haciendo un mercado cada vez más cerrado.

Todo depende mucho de cómo se negocie.

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CEI: ¿Puede considerarse la Unión Europea como la demostración empírica del regionalismo como obstáculo para la integración multilateral?

MR: Sin lugar a dudas el dinamismo que se ha dado dentro de la Unión Europea en términos comerciales, es mucho mayor y más sorprendente que el dinamismo de sus relaciones con el exterior. Es decir, hay una fuerza centrípeta mayor que lo que pueden ser las relaciones con el resto del mundo. No creo que haya sido intencionalmente buscado; pienso que este hecho habla mejor

del éxito de su integración que de una estrategia maquiavélica para discriminar al resto del mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la integración americana, al menos por la vía del TLC o del G3, es muy diferente a la de la Unión Europea. Se parecen mucho más el Grupo Andino y Mercosur, debido a que el TLC y el G3 no son uniones aduaneras, y además son esquemas con el objetivo implícito de que son mecanismos de liberaliza-ción y regulación del comercio entre los países y miembros con el resto del mundo. Por el con-

trario, el Grupo Andino y Mercosur, definidos como uniones aduaneras, tienen el objetivo primordial de consolidarse internamente como mercado. Lo que sí se puede observar actualmente, es que es mucho más fácil mantener un área de libre comercio tipo G-3 o TLC que una unión aduanera donde se busca permanentemente negociar conjuntamente y no vulnerar las preferencias existentes. En este momento, creo que las áreas de libre comercio son más ventajosas para lograr mayor amplitud continental o multilateral.

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bargo se carece de consenso y de un criterio uniforme regional frente a este objetivo.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han variado a lo largo del siglo veinte. A continuación se presentará una periodización de las relaciones interamericanas.

Periodización de las relaciones interamericanas Sección Política Mundial

Estados Unidos-América Latina: ¿hacia una mayor cooperación?

Martha Ardila*

Presentación Tradicionalmente, las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos se han cimentado y ejecutado con base en lineamentos profundamente ideológicos. Sin embargo, en la actualidad, presentan un carácter pragmático y económico. Esto de ninguna manera significa que las relaciones estén libres de conflicto. Persisten temas que ocasionan tensión aunque la gran mayoría de ellos, dentro de una creciente globalización e interdependencia, se orienten hacia la cooperación. Muchas veces las tensiones se originan en torno a la manera de abordar aspectos relacionados con las drogas ilícitas, los derechos humanos, la migración, y en menor medida, con situaciones regionales como la de Cuba.

Estados Unidos requiere de América Latina para lograr una recuperación hegemónica y necesita de mayores flujos de inversión y comercio. De ahí su impulso a la conformación de una zona de libre comercio hemisférica, cuyo propósito se señaló en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994. Sin em-

Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina han atravesado diversas etapas: Expansionista: desde la Independencia hasta 1945 Durante este período, a Estados Unidos le interesó el expansionismo territorial y el control marítimo que garantizara su intercambio comercial. En este sentido, la ubicación geoestratégica de países localizados en el Caribe y Centroamérica acapararon la atención norteamericana.

Interesaba la construcción de un canal interoceánico, bien fuera en Nicaragua, el istmo de Tehuantepec o Panamá. Con miras a la expansión se anexó Lousiana (1803) y las Floridas (1810 y 1821).

Asimismo, de 1853 a 1883 el capital británico penetró en América Latina y permaneció hasta los años veinte cuando fue sustituido por el norteamericano.

Hegemonía norteamericana y bipolaridad mundial: de 1945 a 1960 Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se

Politóloga internacionalista. Directora General para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no comprometen a la institución para la cual trabaja.

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convirtió en la principal potencia hegemónica mundial.

Con el surgimiento de la antigua Unión Soviética y en particular con la fabricación de la bomba atómica, se inició una bipolaridad militar, económica y política que se prolongaría hasta los años sesenta.

En este contexto se originaron instituciones militares, políticas y económicas que ampararon y legitimaron las acciones norteamericanas relacionadas con la intervención, entrenamiento de personal y consecución de armas, entre otras. En ellas se fundamentan la Doctrina Traman y el Plan Marshall, la Junta Interamericana de Defensa (1942), el Tratado ínteramericano de Asistencia Recíproca, TIAR (1947), Acuerdos de Asistencia para la Defensa Mutua (1952); y en lo político, la ONU y la OEA (1948) así como en lo económico, se originan el GATT, el FMI, y el Banco Mundial.

Anticomunisnto y Reformas: de 1960 a 1970 La Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso constituyen los dos hechos más importantes que afectaron las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante este período. Debido a la ubicación geoestratégica cubana, Estados Unidos temía la expansión de la revolución en América Latina, como en efecto sucedió con los liderazgos del Che Guevara y Camilo Torres, y el avance del movimiento armado latinoamericano, basado en la teoría del foco que consistía en que con la existencia de un

centro guerrillero se produciría la revolución.

Teniendo presente esta situación, durante el gobierno de John F. Kennedy se implemento una política exterior más pragmática con rasgos mesiánicos y liberales wilsonianos y con cierta tendencia a evitar cambios violentos en la región. La política reformista digirida hacia América Latina fue paralela a la doctrina contrainsurgente que se aplicaría en Vietnam y, más adelante, en Centroamérica. Por medio de la Alianza para el Progreso se desarrollaron una serie de medidas económicas como la reforma agraria y de vivienda, que equivocadamente se suponía conducirían a cambios políticos e institucionales. No obstante, esta visión mecanicista y causallineal fracasó y, por el contrario, la Alianza para el Progreso fortaleció la derecha latinoamericana y fomentó dictaduras militares en la región. El gobierno norteamericano actuó independientemente de las élites latinoamericanas1.

La Alianza para el Progreso demostró el fracaso que significa imponer soluciones externas a los problemas domésticos.

Su visión global no diferenció, por ejemplo, los movimientos marxistas de los nacionalistas, ocasionando contradicciones en las capas dominantes locales.

Nuevos actores internacionales: de 1970 a 1989 Durante estos años se produjo una serie de cambios en el escenario internacional relacionados con el surgimiento de

otras potencias, como Japón y Alemania, y a nivel regional, México y Brasil; la aparición de otros actores como las organizaciones transnacionales y en realidad, una mayor complejización e interdependencia de las relaciones internacionales. El Estado dejó de ser el principal y único actor de las relaciones internacionales.

A su vez se produjo un debilitamiento de Estados Unidos, caracterizado no sólo por el deterioro en su situación económica sino también por su crisis de hegemonía: pérdida de credibilidad, de consenso, es decir de legitimidad. Esta tendencia se vio fortalecida por el "síndrome del Vietnam", los conflictos étnicos y la política norteamericana hacia CentroAmérica. Durante los gobiernos de Ronald Reagan se dieron intentos de recomposición hegemónica "a la fuerza", los cuales se verían contrarrestados por las mismas acciones latinoamericanas.

Este contexto debilitó el sistema interamericano que en lo sucesivo se presentaría fraccionado. En esta nueva tendencia inciden dos hechos fundamentalmente. Por una parte, el debilitamiento norteamericano, y por otra, la aparición de nuevos esfuerzos de integración y concertación regional sin la presencia de los Estados Unidos: los grupos de Contadora (1983), Apoyo (1985) y Río (1987). Nace una nueva diplomacia multilateral caracterizada por políticas exteriores latinoamericanas más autónomas, con mayor poder negociador y sin la presencia de los Estados Unidos.

Abraham F. Lowenthal, 1991, Exporting Democracy: The United States and Latin America, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

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Transición hacia un nuevo "orden" mundial: a partir de 1989 La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría marcan todo un hito en las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina.

Los cambios que están ocurriendo a nivel internacional y la transición hacia un nuevo orden mundial presentan características como la conformación de bloques regionales, la pérdida de importancia de la variable militar y la desideologización, que necesariamente incidirán en ese "nuevo trato" que marcará las relaciones Norte-Sur. Ellas se ubican en un contexto de recesión económica norteamericana y de gran poderío japonés y alemán. Estados Unidos no quiere quedarse atrás dentro de esta tendencia a la regionalización, busca competir con la Unión Europea y adquirir ventajas ante una eventual guerra comercial entre los bloques económicos. De ahí su interés en el acuerdo de libre comercio norteamericano denominado NAFTA, integrado por Estados Unidos, Canadá y México, y en la constitución de una zona de libre comercio de todo el hemisferio americano.

Tanto el nuevo orden mundial como los más recientes lineamientos internacionales colombianos señalan la importancia de la variable económica en las relaciones internacio-

nales, incluso muchas veces asumiendo costos de un marcado economicismo y tecnicismo. Los elementos políticos y diplomáticos no deben descartarse de los análisis y toma de decisiones. Cualquier tema por muy económico que sea, presenta una complejidad y/ o implicaciones políticas. Además, variables políticas, sociales y culturales tienden a adquirir una creciente importancia.

Debilitamiento norteamericano Estados Unidos ha sido calificado de potencia hegemónica y/o de Estado imperial2, entendiéndose por ello un liderazgo y una superioridad económica, política y militar. Hoy esta ventaja ha pasado a ser una característica del pasado. A nivel mundial, el deterioro norteamericano parece irreversible.

Este debilitamiento presenta diversas causas, tanto económicas como políticas y sociales, que le llevan a buscar socios latinoamericanos. Varios hechos incidieron en dicha tendencia degeneradora.

En primer lugar, la divergencia y desequilibrio entre el aparato económico y el militar. Desde mediados de la década de los sesenta, Estados Unidos dio demasiada importancia al desarrollo militar, mientras que países como Japón y Alemania ampliaron sus acciones financieras. En segundo lugar, el te-

mor de la expansión comunista en el Tercer Mundo condujo a que Estados Unidos fortaleciera su aparato militar y dejara que sus rivales ganaran espacio en el terreno económico. La clase dirigente norteamericana era consciente de esta situación y por ello apoyó programas de distensión entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, el poder económico y hegemónico norteamericano se fue resquebrajando. El déficit fiscal que financiaba el presupuesto militar de los ochenta desfavoreció el capital productivo3. En cuarto lugar, complementariamente, procesos revolucionarios o nacionalistas que se dieron en países que habían sido aliados de Estados Unidos, como Nicaragua, Angola y Mozambique, los obligaron a financiar una contrainsurgencia. Actualmente, Estados Unidos presenta una alta deuda externa, una moneda debilitada frente al yen y un sistema financiero acosado por los grandes bancos japoneses.

Como muestra del deterioro económico norteamericano y la pérdida de competitividad frente a Alemania y Japón, se observa que en 1951 Estados Unidos controlaba el 19,4 por ciento del total de las exportaciones de los países capitalistas, para los sesenta comienza a declinar, a mediados de los setenta apenas controla el 13% y hacia 1985 desciende al

Petras y Morley definen el Estado imperial como "esos cuerpos ejecutivos o agencias de gobierno encargados de promocionar y proteger la expansión del capital a través de las fronteras estatales por la comunidad corporativa multinacional con cede en el centro imperial", en James Petras y Morris Morley, 1990, US Hegemony Undcr Sicge: Class, politics and Devclopment in Latin America, New York, Verso. Los Estados Unidos constituyeron un Estado imperial en cuanto: a) controlaron el capital y se encargaron de suministrar préstamos y subsidios; y b) conformaron un aparato coercitivo con supremacía militar. Se define un Estado como imperial por su superioridad económica y por la proyección del poder proveniente de la reproducción del capital.

Respecto al futuro americano, puede consultarse: Susan Strange, 1991, "The future of the American empire" en Perspectives on World Politics, London, Edited by Richard little and Michael Smith. Petras y Morley, Ibid.

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12,4% • Por el lado de las importaciones, comienza a recibir cada vez más productos y el desempleo llega a aumentar al 10%4.

El ciclo recesivo que se inicia en 1990 tiene como principales causas el alza en las tasas de interés internacionales surgida por la necesidad de financiación de la Alemania reunifica-da; la situación petrolera; la disminución en la producción de automóviles y en la construcción; y la caída del producto interno bruto. Asimismo, a partir de 1989, el crecimiento económico de Estados Unidos ha sido muy lento, por debajo de los rendimientos del Japón y Alemania3.

Los nuevos recursos de poder y la pérdida de importancia de la variable militar en las relaciones internacionales conducen necesariamente a que Estados Unidos pierda importancia en el concierto mundial. En gran medida, la Cumbre de las Américas significó para el presidente Clinton un logro de su política exterior al haber reunido 34 jefes de Estado y de gobierno, fijando una declaración de principios y un plan de acción. A su vez, la relevancia de lo económico sobre lo político y lo militar hace que deba consultar cualquier decisión con sus dos rivales, Japón y Alemania. Este proceso hace parte de la consolidación de un sistema multipolar e interdependiente, del surgimiento de nuevas potencias y del desarrollo 4

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de una nueva realidad internacional.

Por su parte, la profunda marginalización de los grupos minoritarios y el resurgimiento de conflictos étnicos a nivel interno hace tambalear la estabilidad política norteamericana.

La ampliación de este conflicto a los negros, asiáticos e hispanos, constituye un buen ejemplo de esta situación.

Coyuntura electoral Resulta prematuro hacer predicciones sobre el resultado electoral de las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, no obstante los contendores tienden a clarificarse en torno al actual presidente Bill Clinton y a Robert Dole. Las ideas del ultraderechista republicano Pat Buchanan pierden eco.

Las divergencias existen pero no parecen del todo notorias en temas relaciones con la migración, la salud, el presupuesto, la reforma tributaria, el comercio, y a nivel internacional, la recuperación y afianzamiento del liderazgo norteamericano, y la situación cada vez más conflictiva de sus relaciones con Cuba y China.

Las drogas ilícitas ocupan un lugar especial y de importancia tanto en lo interno como en lo externo y se han convertido en un tema de campaña electoral y de política doméstica. En ese sentido, el presidente Clinton ha tratado de impo-

ner su posición en aquellos países más vulnerables afectados por las drogas ilícitas, y de manera complementaria, ha resurgido el tema de la extradición. En diversos escenarios, principalmente en aquellos donde se realiza un seguimiento a los compromisos adquiridos en la Cumbre de las Américas ha sido notoria la posición de Estados Unidos frente al narcotráfico. Igualmente, de manera unilateral, se descertificó a Colombia en su lucha contra las drogas ilícitas, se anunció la congelación de cuentas de presumibles narco traficantes, y se realizaron amenazas comerciales6.

Apertura y democracia La década de los ochenta ha sido ampliamente reconocida como la "década perdida" para América Latina (aumento de la deuda externa, disminución de las exportaciones, deterioro de los términos de intercambio y fuga de capital), razón por la cual la región se vuelve más vulnerable frente a presiones externas. Si en lo económico fueron años difíciles, lo contrario ocurrió respecto a la democratización: avanzaron procesos electorales en el Cono Sur, se reincorporaron algunos grupos alzados en armas a la vida civil, y se lograron algunas reformas institucionales importantes.

En la coyuntura actual, la nueva crisis mexicana y su impacto a nivel regional aumenta

Cesáreo Morales, 1988, "El futuro de la seguridad nacional en la relación económica con los Estados Unidos" en Raúl Benítez M. y otros (compiladores), Viejos desafíos nuevas perspectivas, México, D.F., Coordinación de Humanidades UNAM y Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. Respecto al deterioro norteamericano también puede consultarse Alvaro Gutiérrez, 1992, Japón, Alemania y la crisis norteamericana, Bogotá, Elektra.

Osvaldo Rosales, 1991, "La economía política de los Estados Unidos 1990-1991: fortaleza política y debilidad económica" en Cono Sur, Vol X, No. 6, Santiago de Chile, nov-dic).

Respecto al proceso electoral puede consultarse Andrés Franco, "Elecciones 1996 en Estados Unidos: temas, perspectivas y costos", en Estrategia, marzo 31-abril 15 de 1996.

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la vulnerabilidad de América Latina, que se traduce en la pérdida de credibilidad para que permanezcan y lleguen nuevas inversiones.

Las características señaladas para los años ochenta y noventa se acompañan con la implementación de un modelo neoliberal basado en la apertura e internacionalización de las economías, unas más tempranas, como la chilena y/ o la mexicana, ya comienzan a mostrar resultados.

Asimismo se constituyen bloques de integración sub-regional como Mercosur, Grupo de los Tres, NAFTA, y la revitalización del Grupo Andino. En un comienzo este proceso de integración se dio con base en la proximidad geográfica, la producción de algún producto en particular y/o la necesidad de un mayor intercambio comercial entre economías complementarias.

Para los noventa, Estados Unidos cambia la visión que tenía de América Latina debido a que necesita aumentar sus inversiones y el comercio, y en ese sentido la región juega un papel importante para su recuperación7. La gran oportunidad para la revitalización de su economía no se encuentra exclusivamente en el Japón o en los demás países de industrialización reciente ubicados en la cuenca del Pacífico, sino en la apertura económica latinoamericana.

Es importante tener en cuenta que el modelo neoliberal impulsado comienza a ser cues-

tionado incluso por el mismo sector privado, y que empresas principalmente relacionadas con las comunicaciones, que fueron privatizadas, continúan presentando pérdidas y niveles de ineficiencia.

América Latina carece de interés para países diferentes a los Estados Unidos. Ni Europa ni el Pacífico parecen prestar atención real a la región8.

La Unión Europea centra sus esfuerzos en el proceso de unificación y en los cambios ocurridos en el bloque oriental, y su interés hacia América Latina se ha orientado hacia el apoyo a la redemocratización en el Cono Sur y Centroamérica. En cuanto al Pacífico, y en particular al Japón, sus acciones se han orientado selectivamente al capital financiero y hacia países como Brasil, México y Chile.

En su relación con América Latina, los países europeos tienden a privilegiar los subgrupos regionales. Muy recientemente, se han profundizado sus vínculos económicos y comerciales, principalmente con Mercosur. En cuanto a la Comunidad Andina, debido al Sistema Generalizado de Preferencias y con ello al Régimen de Droga, gran parte de los productos andinos ingresan al mercado europeo con arancel cero y libres de cupos y cuotas.

Es por ello que a diferencia de Mercosur, el principal objetivo de la comunidad andina se orienta a la profundización de sus relaciones políticas9.

Durante los últimos años, se ha venido dando una recuperación económica de la región y en un comienzo, la CEPAL no dudó en calificar los noventa, como la "década de la esperanza". No obstante se teme que la misma apertura económica y las medidas de ajuste que conlleva, conduzcan a una serie de manifestaciones de inconformidad no siempre espontáneas sino que muchas de ellas presentan características orgánicas y de mayor consenso.

Los casos de México, Venezuela y Perú significan el inicio de un rechazo a la situación actual.

Muy probablemente se desarrollen diversas fuentes de poder parapartidistas (o por fuera de los partidos políticos) que exijan una mayor participación del Estado, entendiéndose por ello, funciones relacionadas con la supervisión y coordinación, es decir el desempeño de ciertos retos institucionales.

No obstante, la apertura y la internacionalización de la economía de manera tan acelerada han hecho tambalear la democracia en países como México.

Los sucesos ocurridos en Chiapas a partir de enero de 1994 constituyen el mejor ejemplo en este sentido. Son a su vez un llamado de atención para el resto de los países latinoamericanos cuyos gobiernos deberán colocar mayor atención al desarrollo social y a la democracia con equidad.

Las anteriores características conducen necesariamente a

Respecto a los nuevos intereses norteamericanos, puede consultarse: Jeffrey E. Garten, "Is America Abandoning Multilateral Trade? en Foreign Affairs, Nov. -Dic. 1995. También a Robert S. Chase, Emily B. HUÍ, Paul Kennedy, "Pivotal States and U.S. Strategy", en Foreign Affaire, Ene.-Feb. 1996.

Respecto al tema de la Unión Europea puede consultarse a Fernando Giraldo, "La Unión Europea aún no es sinónimo de consolidación continental", en Colombia Internacional, No. 31, Bogotá, Centro de Estudios internacionales de la Universidad de los Andes, Oct.-Dic. 1995. Respecto a las relaciones América Latina-Unión Europea, puede consultarse: IRELA, América Latina y la cooperación económica con la Unión Europea, Madrid, 1995.

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señalar que la democracia no puede ser solamente política sino que América Latina requiere una democracia económica y una vinculación entre ambas.

Asimismo, Estados Unidos debe contribuir a su consolidación.

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Cooperación, integración e interdependencia

En la actualidad, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se caracterizan por su cooperación e interdependencia.

Ellas tenderán a ser más equitativas que aquellas que predominaron a lo largo de todo el siglo veinte. Se presentará cooperación aunque también puntos de conflicto.

A lo largo de toda su historia, la política exterior norteamericana ha ido acompañada de un sentimiento mesiánico que identifica los valores políticos, los principios económicos y el estilo de vida norteamericanos, con los de toda la humanidad. A su vez, la democracia y la libertad han constituido sus principales baluartes que han servido de justificación para intervenir en diversas áreas del orbe, bien de manera directa o utilizando el derecho a la injerencia.

Los Estados Unidos requieren de América Latina, en especial de potencias medias regionales como México, Brasil, Venezuela y Colombia, para su

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recuperación económica y política. A su vez, las políticas exteriores latinoamericanas han variado y se muestran más autónomas y con mayor poder negociador.

Estos dos aspectos, por un lado la necesidad norteamericana de aumentar sus inversiones y comercio con la región, y por otro, la ampliación y estrechamientos de vínculos con diferentes países, conduce a que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina requieren de una colaboración mutua.

El nuevo orden mundial trajo consigo un marcado economicismo y una pérdida de importancia de los aspectos ideológicos y políticos de las relaciones internacionales. La alta prioridad de lo económico otorga relevancia a los temas comerciales dentro de un contexto de conformación de bloques regionales, y de euforia por la firma de acuerdos de libre comercio. En la coyuntura actual se requiere rescatar el énfasis en los temas políticos, sociales y culturales. Área de libre comercio de las Américas (ALCA) En las relaciones de Estados Unidos con América Latina, el principal tema comercial lo constituye la conformación de una amplia zona de libre comercio de todo el hemisferio

americano. En la Cumbre de las Américas (1994), el presidente Clinton señaló el año 2005 como fecha límite para constituir la tan anhelada zona e indicó que Chile sería el próximo miembro del NAFTA. Desde hace varios años se ha impulsado la realización de una serie de reformas económicas y políticas en todo el continente.

No obstante, la receptibilidad, situación interna y voluntad política de cada gobernante en particular, ha llevado a una mayor heterogeneidad regional.

Estas medidas no se han desarrollado con la misma intensidad sino que han variado a lo largo del continente.

En la reunión de Denver (1995) se definieron los principios en los que se basaría el ALCA y se establecieron los grupos de trabajo.

De manera complementaria en la de Cartagena (marzo, 1996), también se enfatizó en la necesidad de maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina, y en la coherencia del ALCA con las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El ALCA será una zona de libre comercio con un acuerdo de segunda generación que se refiere a bienes, relaciones comerciales, inversión, propiedad intelectual, procesos aduaneros y normas de origen. Por su parte, las actividades de los

Respecto al tema de la integración puede consultarse a Martha Ardila, "Hacia una nueva visión de la integración" en Revista javeriana, No. Dic. 1995. También a Andrés Franco y Francisco Robles, "Integración: un marco teórico", en Colombia Internacional, No. 30, Santafé de Bogotá, abril-junio de 1995. Según los grados de integración, se pueden distinguir: 1- Área de preferencias aduaneras. Se refiere a las rebajas arancelarias. Se ubican los acuerdos de alcance parcial; 2- Zona de libre comercio. Eliminación de barreras arancelarias, cada Estado mantiene su política comercial.

3- Unión Aduanera. Disminución de aranceles y/o desmonte de barreras no arancelarias.

4- Mercado Común. Los miembros o socios comerciales tratan de establecer mecanismos para garantizar la libre movilización y ubicación de personas, empresas, capitales y servicios.

5- Unión Económica. Es la armonización de políticas económicas sin unificación de monedas; 6-Unión Total, Moneda Única.

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grupos de trabajo se orientaron al acceso a mercados, procesos aduaneros y reglas de origen, inversiones, normas y barreras técnicas al comercio, y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Los países latinoamericanos carecen de consenso respecto a la estrategia que se adoptaría para llegar a esta zona de libre comercio. Hay diversas opiniones e intereses involucrados.

Asimismo, a Estados Unidos, que ha sido el principal impulsor del ALCA, le falta claridad conceptual y afronta oposición dentro de estamentos sociales y políticos, como también entre los propios candidatos a la presidencia de ese país. En este sentido, a nivel latinoamericano sobresalen la tendencia a la ampliación del NAFTA, y la otra, liderada por el Brasil, relacionada con la ampliación de Mercosur.

El proceso de conformación de una zona de libre comercio es bastante complejo y lo es aún más si se concibe la integración de manera más amplia con la inclusión de temas sociales, políticos y culturales. El objetivo de la integración americana tomará aún años en cristalizarse y más bien, lo que parece más cercano es la conformación y fortalecimiento de sub-bloques regionales reunidos por su proximidad geográfica, intereses económicos y/o políticos en común, y la creación de una zona de libre comercio hemisférica. Cada uno de estos bloques tendrá su inserción en el contexto global y en sus relaciones con los Estados Unidos.

Otros temas de interés Las drogas ilícitas son otro tema de gran interés para las relaciones interamericanas, presen-

tándose una marcada preponderancia del tema del narcotráfico en las relaciones con los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas plantea una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes. En esta reunión, se lograron una serie de acuerdos sobre este tema, entre los que vale la pena resaltar la propuesta colombiana relacionada con la realización de una Cumbre contra el lavado de activos y delitos conexos. En ella se enfatiza en la necesidad de crear las condiciones propicias para lograr un mayor desarrollo económico y social en los países afectados, y a su vez, penalizar las conductas delictivas.

El tema de los derechos humanos es otro aspecto que acapara la atención de muchos de los países latinoamericanos y de los Estados Unidos en particular.

Desde mediados de 1993, la importancia que los Estados Unidos le otorga al tema de los derechos humanos, quedó claramente señalada en el discurso del Secretario de Estado Warren Christoper, ante el Consejo de las Américas (mayo, 1993) en el cual se hace alusión a la promoción de la democracia y los derechos humanos con clara influencia en aspectos como el comercio y la inversión.

Existen diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Américas Watch y WOLA que tienen gran incidencia en el Congreso estadounidense.

Asimismo, organizaciones privadas como las ONG, influyen en las decisiones gubernamentales especialmente durante los gobiernos demócratas. De ahí la importancia de lo que señalen los informes de los organismos que

velan por la situación de los derechos humanos.

De igual manera, el desarrollo sostenible es un tema que ha venido adquiriendo importancia en las relaciones interamericanas. Desde la iniciativa para las Américas planteada por el expresidente George Bush en 1991 y la Cumbre de la Tierra de Río (1992), se plantea una relación entre medio ambiente y desarrollo, que ha conducido a una mayor claridad de los gobiernos regionales frente a este tema, hasta el punto de que la estrategia centroamericana se basa principalmente en una alianza para el desarrollo sostenible.

En la Cumbre de las Américas, partiendo de la Agenda 21 y de la Convención Marco sobre Cambio Climático, se enfatizó en la necesidad de buscar una mayor cooperación entre los países del hemisferio con el objetivo de prevenir y controlar la contaminación, proteger los ecosistemas, emplear de manera sostenible los recursos biológicos, y fomentar la producción y el uso de la energía.

Por su parte, los temas regionales continúan siendo prioritarios para la política exterior norteamericana. Ellos giran en torno al avance de la democracia en la región. No hay que olvidar que ese país ha utilizado la democracia como baluarte de su política exterior, y que gran parte de sus intervenciones han sido justificadas con esa ideología.

Siguiendo esa dirección, países como Haití, Guatemala, Perú y Cuba acaparan su atención.

En cierto sentido, la atención de Clinton parecería centrarse en la democracia política, es decir, la estabilidad política y el respeto a los procesos electo-

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rales. En el proceso de negociación para la cumbre de Miami, se habló de la "democracia preventiva", categoría que hizo temer a muchos de los países latinoamericanos, debido a las posibilidades de injerencia que la misma proporcionaría.

A manera de conclusión Las relaciones interamericanas han variado durante los últimos años. Tanto los Estados Unidos como América Latina se muestran mucho más pragmáticos y receptivos para negociar. Asimismo, los cambios ocurridos en el escenario internacional y las mismas tendencias que se perciben, inciden en la visión de ambas partes.

Muchos temas que anteriormente eran ocasión de conflicto, como las drogas ilícitas y la migración, en la actualidad se dialogan conduciendo a concretar acuerdos de cooperación.

Las relaciones de los Estados Unidos con el Caribe han sido mucho más tensas que con el resto de los países latinoamericanos. La presencia de Cuba, y anteriormente de Gua-

temala (hasta la intervención de 1954), de República Dominicana (hasta 1965). Nicaragua y Granada, en el contexto de la Guerra Fría, hicieron temer a los norteamericanos. La situación actual ha variado y ya ni siquiera se percibe a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional. En este sentido, el Caribe ha perdido importancia para los Estados Unidos. El espacio dejado tanto por este país como por la antigua Unión Soviética será aprovechado por potencias medias regionales que han buscado una mayor proyección en el Gran Caribe.

Por otra parte, la misma concepción de los procesos de integración ha variado. En la actualidad se concibe que ellos deben sobrepasar el ámbito netamente comercial y económico, e incluir temas políticos, sociales y culturales. Estos espacios deben ser aprovechados para concertar los grandes temas de la agenda internacional.

Dentro de este proceso el papel del Estado debe ser el de coordinador y supervisor de las acciones internacionales en

amplia concordancia con la política doméstica.

Sin lugar a dudas, la Cumbre de las Américas marcó un hito en las relaciones interamericanas.

Una iniciativa de este tipo no se realizaba en el continente desde la Cumbre Hemisférica de Punta del Este en 1967, que por cierto no superó el nivel meramente retórico de los mandatarios. En cambio, los jefes de Estado y de gobierno de 34 países del continente americano que se reunieron en el estado de Florida, suscribieron una Declaración de Principios y un Plan de Acción, y definieron una nueva agenda entre Estados Unidos y América Latina, de manera particular en temas relacionados con el comercio, la democracia, las drogas y el medio ambiente. Reuniones posteriores y recientes en materia de comercio, drogas, justicia, corrupción y ciencia y tecnología, muestran un claro interés por hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, y se orientan hacia el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

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Sección Temas Globales

Nuevos movimientos sociales: democracia participativa y acción social al final del milenio

Juan Carlos Guerrero B.*

En los últimos años se ha escrito e investigado con gran interés sobre los movimientos sociales desde el punto de vista de la sociología y la ciencia política.

Sin embargo, desde el ángulo de las relaciones internacionales, éste ha sido un tema que ha pasado desapercibido.

Probablemente porque las perspectivas clásicas y estadocéntricas de esta disciplina no consideran los actores no estatales, y por lo tanto los movimientos sociales, como objetos de estudio que merezcan la atención de los investigadores y teóricos. Aunque también es factible que esta ausencia temática tenga mucho que ver con el hecho de que los movimientos sociales son un fenómeno relativamente reciente aún considerando que sus orígenes se encuentran en los movimientos obreros del siglo XIX, que constituye un campo de estudio sumamente vago y amorfo de la investigación y que representa grandes desafíos para los científicos sociales en general.

Sin embargo, el tema puede tener alguna relevancia para los analistas de la realidad internacional interesados en fenómenos como los movimientos nacionalistas, xenofóbicos, feministas o ambientalistas.

También para los que, relativizando las fronteras entre lo interno y lo externo, se preocupan por las repercusiones internacionales de diferentes tipos de manifestaciones locales y por los efectos de la opinión pública sobre la política internacional. Y para aquellos que interesados en temas más globales, se percatan del impacto que la exacerbación de la problemática de la identidad, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, tiene en el sistema internacional actual.

Por el momento, todos estos tópicos que se han venido presentando en el ámbito de las relaciones internacionales no serán desarrollados en profundidad en este ensayo. Aquí se pretende formular algunos elementos básicos y generales que permitan, además de destacar la importancia del tema desde el punto de vista de la política, delimitar muy sutilmente esta realidad de tan difícil aprehensión, sobre todo en el terreno práctico, y servir de base para un análisis más profundo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. El objetivo concreto es explicar la tesis según la cual los "nuevos" movimientos sociales juegan un papel político importante en la recomposición de las relaciones Estado-sociedad civil.

Igualmente, en un segundo aparte, mostrará cómo, dada la compleja dinámica de la acción social en un mundo como el de hoy, en el que las identidades son difíciles de lograr, los denominados nuevos movimientos sociales tienen muchas dificultades para sobrevivir y permanecer en el tiempo.

Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia y profesor de relaciones internacionales de la misma universidad.

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Nuevos movimientos sociales y democracia participativa La nueva lectura de los movimientos sociales En términos generales y teóricos, los movimientos sociales se han definido en la literatura de las ciencias sociales como intentos colectivos tendientes a introducir cambios en el seno de una sociedad. Son, pues, "exigencias socialmente compartidas de cambio de algún aspecto del orden social" (Gusfield, 1975: 269-273). Por esta razón, se considera que los movimientos sociales son expresiones de ataque a la legitimidad de las instituciones o a los valores consuetudinarios de una colectividad determinada y un fenómeno propio de la modernidad, ya que su desarrollo requiere de un proceso de secularización del pensamiento de la sociedad que, al negar el origen divino de las cosas, permite cuestionar y atacar diferentes aspectos del orden social.

Tres principios básicos pueden caracterizar los movimientos sociales en un sentido amplio (Touraine, 1978: 30-50). El primero es el de defensa, ya que estos movimientos representan los intereses particulares de un grupo social, aunque a diferencia de los grupos de presión, que también representan intereses de sectores sociales que pretenden "mejorar" sus beneficios, los movimientos sociales son reivindicadores de sectores reprimidos que buscan "solucionar" una serie de carencias. Esto significa que el cambio social que expresa un determinado movimiento no se produce uniformemente en la sociedad, pues a él se acoge sola-

mente aquella parte de la estructura social que, por sus circunstancias y experiencias compartidas, considera inadecuadas las relaciones sociales establecidas. Así, independientemente de los aspectos de organización formal, dentro de un movimiento social es muy importante la conciencia de grupo, es decir, el sentimiento de pertenecer a él y de ser solidario con sus otros miembros.

En segundo lugar, hay un principio de oposición, pues los movimientos, al ir en contra del orden establecido por una clase dominante, siempre tienen un adversario. De hecho se considera que los movimientos sociales son expresiones del conflicto de una sociedad, pues al propugnar por una reorganización de la sociedad generan una resistencia natural por parte de los defensores del statu CJUO de la misma. Sin embargo, a diferencia de los partidos políticos, los movimientos sociales no pretenden llevar a cabo una lucha por el poder político, es decir, su intención no es la toma del Estado, razón por la cual no pueden nunca asimilarse a una institución política. Obviamente, esto no significa que los movimientos sociales carezcan de implicaciones políticas, pues, si bien no pretenden la toma del Estado, buscan influir en el proceso de toma de decisiones de éste, aunque lo hagan desde afuera y no desde adentro (Fuentes y Gunder, 1988: 1829).

Por último está el principio de totalidad, queriendo significar con él que detrás de todo movimiento social hay una concepción del interés general que pone en cuestión la orientación de la sociedad. Por esta

razón, los movimientos sociales no pueden asimilarse a protestas, sino que requieren de una movilización más o menos concertada u organizada, de un liderazgo más o menos definido y de una ideología que refleje la situación de los sectores que forman parte de él. Es decir, son una petición consciente de cambio. De lo anterior puede concluirse que los movimientos sociales se asemejan a una asociación semi-formal, de carácter más horizontal que vertical, donde persisten, de todas maneras, una serie de comportamientos informales y difusos, en los que el factor emocional y la convicción juegan un papel fundamental.

Durante mucho tiempo, el concepto de movimiento social se utilizó para determinar los movimientos socialistas de la clase obrera industrial del siglo XIX y principios del XX, que, por su deseo de crear un orden socio-económico y político totalmente nuevo, fueron vistos en un principio como sinónimo de cambio y de oposición al statu quo. Algunos sociólogos y politólogos afirman que la principal característica de estos movimientos sociales, denominados "tradicionales", es su "unidimensionalidad", ya que expresan solamente un tipo de contradicción: aquella entre capitalistas y obreros, que resulta de los procesos de producción. Es decir, debido al carácter rigurosamente clasista de dichos movimientos, éstos solamente ponen en tela de juicio las relaciones de clase existentes.

Hoy en día se cuestiona el carácter de "movimiento" de esos movimientos sociales tradicionales, ya que se han constituido en formas demasiado organizadas y permanentes

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del cambio social, en muchos casos carentes de independencia por ser simples apéndices o frentes de masa de los partidos políticos, tanto tradicionales como revolucionarios. Por eso, el centro de atención de las ciencias sociales se ha desplazado a los llamados "nuevos" movimientos sociales.

A diferencia de los viejos movimientos sociales, éstos se caracterizan, primero, por su multidimensionalidad, ya que no sólo cuestionan las relaciones de clase y unas determinadas leyes económicas, sino que expresan oposición a una dominación política, social y cultural más amplia, como ocurre, por ejemplo, con los movimientos de liberación nacional, de lucha por la preservación del medio ambiente o de modernización social. En ese mismo sentido, son pluriclasistas, pues es casi imposible identificar en ellos las clases sociales involucradas y, por tal razón, las clases enfrentadas. Es como si la división de clases perdiera sentido en estos movimientos.

Incluso, aunque se reconozca que en la sociedad civil no todos se movilizan por igual, ya que lo que se advierte es una clara confluencia de clases populares y medias frente a la tradicional articulación de los ricos y los poderosos del Estado y sus aparatos (Borja, 1989: 120-130), esto no significa que las nuevas movilizaciones se reduzcan exclusivamente a un referente de clase, pues en realidad este último se mezcla con una pluralidad de referentes de todo tipo (culturales, estructurales, etc.).

Segundo, los nuevos movimientos sociales son de carácter localizado y tienen objetivos muy limitados; simplemente buscan llenar los vacíos

del Estado y de otras instituciones, surgiendo en las periferias sociales, en sitios específicos y buscando solucionar necesidades y carencias muy concretas. En ese sentido, son movilizaciones de grupos reales, cuyos miembros se hallan unidos por una experiencia social común: que se sublevan contra una experiencia concreta de dominación.

Tercero, no surgen por iniciativa de los partidos, ni obedecen las directrices o consignas de una organización política, sino que tienen un alto grado de espontaneidad, careciendo de formas de organización complejas, autoritarias y verticales. No obstante, requieren de un nivel mínimo de organización, pues, para poder convertir las necesidades individuales en reivindicaciones generales y para poder manifestar colectiva y explícitamente esta toma de conciencia, es imprescindible la existencia de un "núcleo", más o menos formal, que tome iniciativas, y de "un instrumento con poder de convocatoria y representatividad".

Por último, habría que agregar que los nuevos movimientos sociales tienen como interlocutor privilegiado al Estado, ente frente al cual hacen sus reivindicaciones; por ejemplo, la necesidad de disminuir el deterioro de las condiciones de vida y las amenazas de la acción urbanística, de solucionar los déficits de servicios básicos o de contrarrestar la política urbana de la administración.

Considerando todo lo anterior, cabe preguntarse: ¿tienen estos nuevos movimientos sociales, basados en reivindicaciones concretas, un sentido político?

El sentido político de los nuevos movimientos sociales Para un buen número de politólogos, los nuevos movimientos sociales, dada la crisis entre el Estado y la sociedad civil, tienen un sentido político importante, que los hace elementos fundamentales en el proceso de profundización de la democracia.

Mucho se ha hablado sobre la crisis entre el Estado y la sociedad civil, debido a los problemas de representación de ésta última en el primero, que se manifiestan en la rigidez de los cauces de representatividad y participación institucional del sistema político. Dicha crisis se hace evidente, primero, en la sobrecarga de responsabilidades y de demandas a las que se ve enfrentado el Estado, que por cierto parece cada vez más inoperante. Es decir, antes que nada, la primera manifestación de la crisis es la imposibilidad del Estado para formular proyectos globales a partir de las demandas individuales, debido a que, al privilegiar los vínculos con una élite determinada, su relación con la sociedad civil es sumamente estrecha (Leal Buitrago, 1991: 7-21). Segundo, en los partidos políticos que, incapaces de articular eficientemente las insatisfacciones y demandas de la sociedad, atraviesan por una crisis de legitimidad. Los partidos sólo escuchan la voz de los actores sociales dominantes, acudiendo al resto de los individuos simplemente para utilizarlos como medio de legitimación electoral gracias a las prácticas clientelistas, razón por la cual difícilmente pueden ser generadores del consenso.

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Pero la crisis también puede observarse en la debilidad de la sociedad. Si bien los sectores sociales dominantes han logrado construir una cierta identidad que les permite dirigir sus demandas al Estado y a los partidos, los sectores dominados se encuentran sumamente atomizados. En gran medida, la dificultad para vencer dicha atomización está en el Estado mismo, que ve como peligrosos los intentos de agremiación y movilización de las clases subalternas, poniendo toda clase de obstáculos, incluso la represión, para mantenerlos bajo control político o impedir su surgimiento. Otra de las tácticas consiste en subordinar las movilizaciones a los partidos políticos, de manera que las primeras asuman todos los vicios anti-democráticos de los segundos. Por lo tanto, el Estado se ha encargado de debilitar aún más a una sociedad civil ya de por sí atomizada, por su alto grado de heterogeneidad. Por supuesto, esto puede resultar en un acto de autodeslegitimación, ya que en realidad su estabilidad depende del apoyo de una sociedad civil fuerte y estructurada civil (Restrepo, 1990: 53-80 y Leal Buitrago, 1991: 7-21).

Si no hay un espacio público donde la diferentes fuerzas sociales puedan ejercer su poder y si las minorías dominantes piensan que lo adecuado es impedir la expresión social y política de los conflictos como si así se pudieran eliminar, entonces el resultado lógico es una gran dificultad estatal para dirimir e impedir el desborde violento de los mismos. En otras palabras, la consecuencia de toda esta crisis es la descomposición social y la democracia formal.

Los nuevos movimientos sociales, pese a su carácter espontáneo, localista y reivindicativo, tienen, entonces, sentido e importancia política. Fundamentalmente porque contribuyen a fortalecer la sociedad civil, hecho que resulta de suma importancia en la construcción de una verdadera democracia participativa. Esto se logra por varias vías.

En primer lugar, los movimientos sociales, al convertirse en canales de expresión de demandas, por concretas que éstas sean, contribuyen a formar la identidad de los sectores subalternos, subrepresentados, subordinados y marginados. Tal identidad le da dirección a las clases subalternas y rompe con su atomización (Restrepo, 1990: 53-80). De esa manera, se presiona a los partidos políticos para que escuchen las demandas de todos y no las de unos pocos, y al Estado para que reasuma su tarea de generador de consensos. En segundo lugar, dada su naturaleza civilista y normalmente pacifista, son una forma legítima de expresión de las demandas no atendidas por el Estado. En ese sentido, son una manifestación contra las fórmulas violentas de solución de los conflictos que tanto han debilitado a la sociedad civil y al Estado mismo. Por último, a través de sus fórmulas descentralizado-ras, participativas y autonómicas, los movimientos sociales son un camino para la recuperación del poder por parte de la sociedad civil. Es decir, los movimientos sociales contribuyen a desestatizar la concepción del poder y a repolitizar la sociedad civil (Fals Borda, 1989: 49-58).

En suma, los nuevos movimientos sociales son una espe-

cie de contrapoder, que cuestiona las relaciones tradicionales entre el Estado y la sociedad civil, y tienen, por lo tanto, un sentido político. No pretenden, sin embargo, opacar al Estado, sino buscar mecanismos alternativos de relación con él; en otras palabras, son una forma de redemocratización "desde abajo", que demuestra el error en el que se incurre cuando se pretende establecer un concepto despolitizado de la sociedad civil, ya que ésta no es ajena a la política (Leal Buitrago, 1991: 721). Lo importante es que, aun cuando los movimientos sociales sean políticos, puedan seguir siendo apartídanos y paraestatales. Los movimientos sociales no pretenden tomarse el poder, sino recuperarlo para la sociedad civil.

Las movilizaciones sociales están hechas para lanzar demandas al Estado y para impulsar la transformación democrática de sus instituciones, no para convertirse en parte de ellas.

Entonces, la proliferación de movimientos sociales no necesariamente es un síntoma de crisis de la democracia. Al contrario, más bien su ausencia puede ser una manifestación de la antidemocracia.

Movimientos sociales sin acción social Los obstáculos para emprender la acción social Para poder determinar el verdadero alcance de los "nuevos" movimientos sociales, es imprescindible caracterizar la acción social del fin del siglo XX. Una gran mayoría de científicos sociales coinciden en que, dadas las características de los movimientos sociales tradicionales (en particular de los movimientos obreros), a fi-

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nales del siglo XIX y principios del XX, cuando la identidad de los agentes sociales era más fácil de establecer, la acción social era mucho más sencilla de identificar.

Tradicionalmente, dicha identidad estaba determinada por la posición que cada individuo ocupaba en la estructura social, específicamente en las relaciones de producción. Obviamente, al igual que hoy, los individuos ocupaban múltiples posiciones simultáneamente en la esfera social, pero existía la idea de que todas éstas se derivaban unilateralmente de la posición subjetiva en las relaciones de producción (Laclau, 1987: 3-11).

Esta prioridad de la posición subjetiva en las relaciones de producción se debía a las largas horas que los trabajadores pasaban en las fábricas, a su limitado acceso a los bienes de consumo y a su escasa participación social general, como resultado de sus bajos salarios. En las categorías clásicas del actor social como la de "clase trabajadora" había una articulación muy grande entre todas las posiciones del individuo, ya que las demás eran resultado de la posición en la relación de producción (Laclau, 1987: 311). Por lo tanto, había una identidad del trabajador como productor, consumidor, agente político, etc.

En suma, los órdenes sociales tradicionales eran más polarizados que los modernos, pues el sistema de equivalencias entre las múltiples posiciones del sujeto permitía la construcción de fronteras claras que separaban radicalmente a unos actores sociales de otros.

De hecho, lo que se esperaba con las teorizaciones previas de carácter marxista era que cada vez más la sociedad

tendiera a la polarización homogénea de clases sociales y por esa vía se hicieran cada vez más evidentes las identidades sociales.

Un siglo de luchas tradicionales mostró que la tendencia del desarrollo capitalista no era la de transformar la mayoría de los estratos laborales del mundo en trabajadores de fábrica, asalariados, urbanos, masculinos y adultos; es decir, en el tipo ideal del "proletariado", como se concebía en forma tradicional. La realidad del capitalismo en lo ocupacional fue otra: en 1950, al igual que en 1850, este tipo ideal de "proletariado" seguía representando una minoría en los estratos laborales del mundo. Por eso comenzó a pensarse que organizar los movimientos sociales alrededor de este grupo era dar prioridad a los reclamos de una variedad sobre otras variedades de los estratos laborales del mundo. Desde ese momento, los "otros" grupos en lucha mujeres, minorías raciales, minorías sexuales, ecologistas, etc, tradicionalmente subordinados, comenzaron a librar sus propias luchas sin aceptar la legitimidad de "esperar" por otra revolución, comandada por tan sólo una de las muchas formas de subordinación (Wallerstein, 1989: 3-18).

Por lo tanto, a medida que el capitalismo evolucionó, se hizo evidente la complejidad creciente de la estructura de clases en las sociedades industriales avanzadas. Así, a medida que transcurrió el siglo XX, fue cada vez más difícil trazar fronteras entre los actores sociales. Hoy los campos en conflicto ya no están dados en forma natural, y las fronteras internas requieren cada vez de un mayor

esfuerzo de construcción política. Los marcos de significación estables, resultados de esas fronteras, como por ejemplo el que oponía al pueblo contra el antiguo régimen, empezaron a quebrarse paulatinamente.

Categorías como "clase obrera" y "pequeños burgueses", se volvieron menos significativas para entender la identidad total de los agentes sociales.

Actualmente existe una sociedad de transformaciones rápidas, en la que es sumamente difícil definir el actor social por su pertenencia a colectividades y por los papeles sociales que éste desempeña, por varias razones.

En primer lugar, si bien, al igual que antes, las clases dirigentes siguen encaminando a la sociedad hacia su modelo de desarrollo, la dominación social actual que ejercen no es tan clara. Fundamentalmente porque ésta no se desarrolla sobre una parte limitada de la experiencia social, como por ejemplo a través de las relaciones de producción, sino que es más extensiva y difusa. El consumo en masa, a pesar de la sensación de libertad que produce en el hombre que ve a su alrededor una amplia gama de posibilidades de satisfacción de sus deseos, no es más que una nueva forma de control que se ejerce a través de la seducción y no de manera impositiva. Esa situación paradójica puede señalarse así: "el hombre se siente libre, pero su libertad es sólo una apariencia". Esto impide que los sectores subalternos cobren conciencia de su identidad, por medio de aquello de lo que se ven privados. Esa apariencia de ausencia de dominación, sin importar que en la realidad haya una gran dualización de

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la sociedad, hace que la gente excluida no se organice fácilmente, no actúe (Touraine, 1995: 2-3).

ladas acciones colectivas del mundo de hoy, es mejor entender la acción social como una suma de acciones individuales con diferentes motivaciones.

En segundo lugar, existe también una apariencia de no exclusión. Poco a poco se hace creer que una porción mayor de la población está integrada en la acción dirigente. Así, las fuerzas de oposición actuales carecen del antiguo carácter de mayoría en contra de unas élites, y son más bien un conjunto de minorías que luchan contra la dominación ejercida en sectores muy específicos de la sociedad.

En suma, en los nuevos movimientos sociales es muy difícil identificar el grupo, ya que no hay un sistema coherente y ordenado de posiciones subjetivas. Cada sujeto ocupa diferentes posiciones entre las cuales no hay una relación obvia y permanente. A finales del siglo XX, las identidades se rompen.

Esto no significa que el concepto de lucha de clases sea totalmente correcto o incorrecto, sino simplemente que es insuficiente para entender los conflictos sociales contemporáneos. Puede que el conflicto de clases atraviese aun la organización social de los países en desarrollo, donde persisten enormes desigualdades sociales.

Allí, los movimientos sociales pueden favorecer más fácilmente la identificación de sus miembros con una clase específica (Touraine, 1978: 4455). Pero de todas formas, no hay una unidad sincrónica entre las diferentes posiciones del agente social y éste ya no es una entidad unificada y homogénea, ni siquiera en los países en desarrollo. El agente social de hoy es una pluralidad y ya no hay una identidad social completamente adquirida, sino que las identidades sociales están en transformación continua.

Por lo tanto, a medida que el mundo de la economía es más globalizado, la correspondencia entre el mundo de las identidades y el mundo de la economía desaparece, y por consiguiente desaparecen también los actores sociales. Cada vez más las clases sociales son actores solamente en teoría, mas no en la realidad, donde es muy difícil identificar las acciones de clase y los actores sociales. Se afirma que en la actualidad no hay actores sociales, no hay ideologías, ni programas políticos. Hoy sólo existe un actor: el ajuste. En otras palabras, "la única fuerza de transformación, buena o mala, el único agente de cambio es la transformación del sistema económico" (Touraine, 1995: 2-3).

Probablemente, en una dirección similar, más no idéntica, se dirigen los autores que reivindican la validez del llamado individualismo metodológico, según el cual en la dinámica social, lo central es el plano individual y no las estructuras o las acciones colectivas. En otros términos, para poder entender las desarticu-

dad en el tiempo, en la medida en que las condiciones de su aparición no necesariamente están constantemente presentes.

Por ello se afirma que son movimientos cíclicos, que aparecen y desaparecen según cambien las circunstancias que dieron lugar a su nacimiento, o según se satisfagan o rechacen radicalmente sus demandas.

Dicho de otra manera, los "nuevos" movimientos sociales tienen una enorme dificultad para evolucionar hacia formas de organización relativamente estables y tienden, por el contrario, a ser sumamente efímeros.

"Un sector social desarticulado, inorgánico y sin experiencia de sí mismo y de los conflictos que lo constituyen, simplemente no existe" (Restrepo, 1990).

En ese sentido, un sector sólo puede presentar propuestas y demandas claras al Estado cuando adquiere "identidad".

Esta se construye a partir de las respuestas colectivas que se generan de los distintos conflictos sociales. Así, identidad significa "tener una forma de organización más o menos estable, una experiencia clara de la comunidad de intereses, costumbres y valores, una mayor independencia con respecto a otras instancias de poder y un mejor reconocimiento de los sectores sociales a los cuales se enfrentan" (Restrepo, 1990: 53-80).

La inestabilidad de los nuevos movimientos sociales

Por ejemplo, las clases dirigentes han logrado esa identidad a través de los gremios económicos.

Justamente debido al carácter multidimensional, pluriclasista y reivindicativo-específico, los nuevos movimientos sociales son extremadamente complejos, frágiles e inestables. Es decir, son de una alta volatili-

Innumerables caminos, prácticos y teóricos, se han implementado y propuesto como maneras para superar la alta volatilidad de los nuevos movimientos sociales, pero hasta el momento no se han encontrado respuestas satisfactorias.

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En la práctica, debido a la gran demanda de identidad y a la escasez de patrones de oferta de la misma, hay una tendencia a intentar recuperar identidades cada vez más abstractas o antiguas, como la ecológica o la étnico-religiosa, respectivamente. Por eso, paradójicamente, frente a la creciente globalización del mundo objetivado de la economía, hay un resurgimiento del mundo subjetivado, especialmente a nivel cultural (Touraine, 1995: 2-3). Hoy la gente no se identifica como perteneciente a una clase social, sino como serbio, homosexual, mujer, musulmán, viejo, ecologista, etc.

Este es el mundo de las identidades fragmentadas.

El problema es que en ese terreno las identidades no son muy claras y es muy difícil conformar actores, debido a la ausencia de verdaderas contradicciones. Es decir, cuando se construyen identidades sobre conceptos abstractos, es muy difícil encontrar el actor contradictorio, de manera que con claridad se ponga en tela de juicio un orden establecido. Por ese motivo, muchos cuestionan el carácter "revolucionario" de los nuevos movimientos sociales y piensan que éstos son sólo movimientos reivindicativos específicos.

En el plano teórico, se ha planteado la posibilidad de superar el carácter esporádico de los movimientos sociales a través de la concatenación o articulación de los diferentes conflictos que cada uno de ellos afronta. Así, al ligar pequeñas protestas se amplia el nivel de confrontación y de reconocimiento, tanto espacial como social, y los movimientos pueden pasar de lo micro a lo ma-

cro, de la protesta a la propuesta (Fals Borda, 1989:49-58).

Lo realmente complicado es encontrar los mecanismos que permitan esa articulación, ya que en realidad no hay una dinámica homogénea de los movimientos sociales. En la movilización reciente no hay indicios reales de algo así como un espíritu popular unificador de las luchas. De hecho, hay "movimientos dobles", es decir, movimientos de signos opuestos o antagónicos. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿cómo podrían articularse las reivindicaciones de los movimientos ecologistas con las de movimientos populares campesinos que en muchas ocasiones degradan el ambiente al satisfacer sus necesidades? Las luchas además de fragmentadas, son contradictorias. Así, los diversos actores sociales en la búsqueda de sus reivindicaciones a veces entran en conflicto entre ellos. Por lo tanto, lo que realmente ocurre con los nuevos movimientos sociales es que hay una multiplicidad de antagonismos que no se articulan, cada uno de ellos intenta crear su propio espacio político o politizar un área específica de las relaciones sociales.

Por otro lado, no hay que olvidar también que otra forma de desaparición o pérdida del valor de los movimientos sociales es su pérdida de independencia.

Esto ocurre cuando los partidos políticos perciben los movimientos sociales como su tabla de salvación, de manera que los primeros despliegan toda su creatividad en desarrollar mecanismos de cooptación de los segundos. Cuando hay una institucionalización de los movimientos sociales en ese sentido éstos pierden contenido real, ya que normalmente la

acogida de los partidos políticos rara vez se traduce en la realización de los intereses del movimiento.

Actualmente existe una inconmesurable diversidad de acción colectiva, de objetivos y de intereses. Así, muchos concluyen que las potencialidades y capacidades de los nuevos movimientos sociales son muy limitadas, pues, desde la perspectiva sistémica, no son capaces de generar avances históricos sustantivos.

Las fuerzas sociales de hoy operan desligadas de grandes estrategias de desarrollo o de utopías políticas en general. Lo que se vive es más bien como un volver a la individualidad, desde la cual es sumamente difícil captar la globalidad de los sujetos inscritos en las heterogéneas luchas sociales.

Precisamente, quienes han enfatizado en las teorías del individualismo metodológico resaltan que en la acción colectiva no se pueden perder de vista los distintos individuos que la conforman, los cuales pueden mantener orientaciones divergentes. Por lo tanto, frente a la dificultad para generar identidades, los movimientos sociales se hacen muy frágiles, dado que hay una mayor diversidad de intereses de subgrupo e individuales que se esconden detrás de la aparente unidad de la colectividad. En un mundo cada vez más individualizado, donde la participación social depende de una evaluación individual de costosbeneficios, es muy difícil emprender acciones sociales.

Conclusiones El estudio de los movimientos sociales permite una nueva manera de entender el poder,

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pues a través de ellos se reconoce que el poder no reside solamente en el Estado, sino que también está presente en las relaciones sociales. Al establecer esta disociación tradicional entre el Estado y el poder, es posible reconocer que la construcción de la democracia no es una tarea política que le corresponde única y exclusivamente al Estado o a los partidos, sino que también es una tarea social que supone cambios en las relaciones de poder existentes en el seno de la sociedad civil (Restrepo, 1990: 5380). En otras palabras, la democracia no es solamente un proyecto de Estado, sino también un proyecto de nueva sociedad no discriminatoria, no racista, no machista.

Obviamente, la mayor presencia de los movimientos sociales significa una mayor democracia, en el sentido de la superación de la democracia formal limitada al problema de la representación, el derecho al voto, la alternancia en el poder, etc. y de la democracia fundamental preocupada por generar igualdad de oportunidades para superar los desequilibrios internos y dar origen a ciudadanos reales .

También en el sentido del establecimiento de la democracia sustantiva aquella comprometida con el fortalecimiento de la sociedad civil y de los actores sociales.

Sin embargo, no se debe confundir esta enorme potencialidad de los movimientos sociales con la realización efectiva e inmediata de la democracia participativa, ya que hoy se asiste a una compleja constitución de la subjetividad social de los actores sociales. Puede

ser que estén surgiendo, en este momento, nuevas formas de subjetividad y de acción social, expresadas en los nuevos movimientos sociales, que aun no se comprenden fácilmente. Puede ser que en el futuro se constituya una subjetividad no clasista, que, no obstante, reivindique el cambio social. Eso nadie lo puede predecir con certeza. Pero, por el momento, hay una multiplicidad de subjetividades, que no se articulan fácilmente y que, por lo tanto, tienen enormes dificultades para hacer valer la democraciaparticipativa frente a los centros consolidados de poder.

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politizado y carente de controles sociales.

La sociedad civil y la redefinician de lo público

Margarita Bonamusa Renata Segura Rodrigo Villar*

La importancia que ha adquirido el concepto de sociedad civil en la teoría política contemporánea responde a cambios sustanciales en los sistemas políticos, y especialmente al replanteamiento que necesariamente se ha hecho de la relación entre gobiernos y gobernados a raíz del profundo distanciamiento de los ciudadanos respecto al Estado, y la crisis global de la política.

Bajo la premisa que construyó las democracias liberales occidentales, que no era otra que la excluyente elección del postulado de libertad individual, en detrimento de la igualdad social, no sólo se llegó a un abandono en la pretensión de lograr una justicia social a través de políticas sociales redistributivas eficaces, sino que se entendía que el Estado era el único actor legítimo para concebir las políticas de desarrollo económico y político. En consecuencia, el espacio público era aquel espacio del Estado que trataba temas de interés general.

Un espacio público estatal,

El espacio abierto para el ejercicio de la democracia se circunscribía al ámbito creado desde el Estado para que una variedad de comportamientos políticos tuvieran lugar sin entrar en contradicciones. Así, las políticas cepalinas convivían en cierta armonía con las del clientelismo, la violencia política y el pujante narcotráfico. El resultado ha sido un deteriorado marco político en donde el equilibrio encontrado entre las diferentes fuerzas se ha roto. La falta de un espacio público que otorgara reglas de juego comunes a sus actores, unos contenidos éticos mínimos en el desempeño de la política y una participación de la sociedad civil en los proyectos de Estado, ha sido elemento decisivo para poner de manifiesto la crisis actual del sistema político, y para apuntar hacia un modelo democrático alternativo basado en la participación ciudadana.

En Colombia, la sociedad civil también se ha convertido en los últimos años en uno de los más importantes referentes, aunque a diferencia de varios países1 la fuerza de su aparición no responde a la necesidad de sustentar la oposición a un régimen autoritario. Podríamos decir que la fuerza que ha adquirido en el país proviene simultáneamente de dos orígenes: uno, la reacción a la existencia de un Estado car-

Investigadores del proyecto "El papel de las ONG en el fortalecimiento de la sociedad civil", desarrollado actualmente por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y Evaluar, con apoyo de la Interamericana Foundation (IAF). Con la colaboración de Adriana Posada e Ingrid Bolívar (integrantes del equipo de investigación).

La aparición de los gobiernos militares en el Cono Sur en la década de los setenta hizo que en América Latina la sociedad civil se erigiera como el espacio opositor a los regímenes dictatoriales; así, en este caso, la palabra civil estaba ligada a la idea de civilidad, opuesta por lo tanto a lo militar. Fue sin embargo la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del bloque socialista lo que dio el impulso definitivo a la idea de la sociedad civil como el actor opositor de los Estados autoritarios y como el actor encargado de vigilar la transparencia y la claridad en los procesos políticos.

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gado de pesados lastres, y que es ineficiente a la hora de cumplir su función como defensor de lo público2.

Dos, la sociedad civil se ha fortalecido por la aparición de un discurso a nivel global que da prioridad a la participación de la sociedad civil en el manejo de lo público y que la alienta a tomar en sus propias manos muchas de las decisiones que antes estaban reservadas para el Estado.

Colombia se incorpora así en el modelo de desarrollo centradoen-la gente, que se abre camino en todo el mundo, especialmente desde la Conferencia para el Desarrollo realizada en Copenhague en 1994. En este nuevo paradigma de desarrollo a las organizaciones de la sociedad civil se les otorga un papel esencial tanto en el trabajo por mejorar la calidad de vida de los pobladores, como en proyectos de crecimiento económico y consolidación de la democracia. Este modelo, en otras palabras, abandona el paradigma Estado-céntrico y convierte a la sociedad civil en el interlocutor por excelencia de las políticas gubernamentales, buscando así tanto una responsabilidad más profunda de las OSC con el desarrollo de sus comunidades, como la participación de éstas en la formulación de políticas públicas ade-

cuadas para las necesidades de la sociedad. Además, se ha dado un ambiente interno favorable a esta tendencia gracias a las transformaciones introducidas por la Constitución de 1991, no sólo en la reglamentación misma, sino en el régimen político y el imaginario colectivo colombiano.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada para transformar la Constitución de 1886, fue una reacción a este panorama de poca legitimidad de los partidos y las instituciones, agravado por la presencia de múltiples fenómenos violentos. Varios aspectos le dan a la ANC su relevancia: por una parte, es la primera vez, desde 1957, que la sociedad civil desata un proceso de reforma política sustancial. La amplia participación de sectores usualmente marginados de la toma de decisiones indígenas, negritudes, minorías políticas hace que la Constitución de 1991 sea una carta fruto del consenso, lo cual es de gran importancia especialmente para la ruptura de ese sistema político cerrado existente tradicionalmente en el país.

Pero el peso de la Constituyente no sólo es simbólico: esta Carta abrió importantes espacios en temas claves para el fortalecimiento de la sociedad civil como son el reconoci-

miento de las minorías, la participación, la descentralización y los derechos humanos. El papel de la Corte Constitucional y de la tutela en la defensa de los derechos inalienables ha sido vital para la recuperación de la confianza en las instituciones y en la justicia. Igualmente, la creación de diferentes instancias para la participación directa de la sociedad civil ha abierto camino para recuperar la interacción con el Estado. Este proceso de «apertura» del sistema se ha enfrentado, sin embargo, a grandes obstáculos, como la falta de compromiso de la clase política, que no ha reglamentado oportunamente la Carta, y la crisis política desatada por el proceso 8.000, que ha hecho que nuevamente la mayoría de los colombianos piensen que el Estado es irremediablemente corrupto. Sin embargo, la ANC dio un empujón al proceso de incorporación de la sociedad civil al manejo de lo público que hoy es muy difícil de detener, y que cada día se consolida más.

Esta tendencia hacia la apertura de un diálogo más amplio entre Estado y sociedad civil viene a reforzar una idea que venía recorriendo camino, y es la necesidad de dejar atrás el enfrentamiento per se entre sociedad civil y Estado, y por el contrario, contribuir en la creación

Varios fenómenos que aparecen en la historia contemporánea del país han dificultado la consolidación de un sistema político democrático y abierto, que permita el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil. Entre ellos, destacamos en primer lugar la crisis de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) quienes dejaron de ser los actores cohesionadores de la sociedad en torno a lo político, debido en primer lugar, a la falta de un discurso identificador, y en segundo lugar, a la ruptura de los lazos sectarios que ataban a las colectividades con sus miembros. Este proceso desfiguró el papel de intermediador que durante más de un siglo sustentaron los partidos y contribuyó sustancialmente al alejamiento entre la sociedad civil y el Estado. De aquí se genera un segundo lastre que merece ser resaltado: la aparición del clientelismo como reemplazo de los lazos entre los ciudadanos y los partidos, y como eje de las relaciones partidistas. Este fenómeno originó una privatización en la orientación del bien público y por ende, la ausencia del principio del bien común en el Estado. Igualmente, con la instauración del Frente Nacional y la criminalización de la oposición, aparece lo que se conoce como el cerramiento del sistema, que se concreta en la exclusión de la arena pública de los sectores que se hallaban por fuera del bipartidismo. Este cerramiento contribuyó entre otras cosas a la legitimación del discurso de la vía armada como un mecanismo para expresar la oposición política. Otro lastre que carga el Estado colombiano es la tendencia a priorizar la política económica que privilegia los intereses de grupos sociales particulares, por encima del bien común y la redistribución de los ingresos. Igualmente, hay en Colombia una preferencia estatal por las políticas tendientes al crecimiento económico sobre la política social y la búsqueda de la equidad, todo lo cual incide en una débil construcción de lo público.

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de una relación constructiva entre ambas partes. Se parte de la idea de que la democracia necesita tanto de un Estado fuerte como de una sociedad civil también poderosa, por lo que es indispensable generar espacios comunes, espacios de lo público.

Perspectivas de fortalecimiento de la sociedad civil En medio de la importancia que ha adquirido el discurso sobre sociedad civil a nivel nacional e internacional, se destaca la falta de univocidad del mismo. El significado tanto del concepto de sociedad civil como de las razones y estrategias para su fortalecimiento, varía de acuerdo con las diversas agendas que allí se expresan.

Diferentes concepciones sobre el papel del Estado, sobre los actores decisivos en la elaboración de las políticas públicas, sobre el carácter de la democracia y sobre el modelo de desarrollo, están en la base de esa diversidad de concepciones. En este aparte queremos mostrar algunos resultados iniciales sobre las perspectivas colombianas sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, que hemos encontrado en el marco del proyecto de investigación sobre el papel de las ONG en su fortalecimiento3.

En el análisis de las entrevistas sobre el significado del fortalecimiento de la sociedad civil, encontramos tres tendencias diferenciadas.

La primera tendencia relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil con la ampliación de la dimensión pública a lo no estatal, y con el fortalecimiento del espacio público como lugar de actuación y concertación de las diferentes expresiones de la sociedad civil entre sí y con el Estado. Una segunda, hace del Estado el referente central y relaciona el fortalecimiento con la mayor capacidad de interlocución, concertación y vínculo con el mismo. Por último, una tercera tendencia no introduce el concepto de lo público ni al Estado como referentes para el fortalecimiento, y entiende a éste como una necesidad válida en sí misma. Cada una de estas tendencias incluye variantes. Lo que esbozaremos a continuación son los elementos centrales de cada tendencia, sin entrar a detallar las variantes. En ese sentido, estamos esbozando perspectivas o tipos generales derivados de elementos agrupables, de acuerdo con nuestra interpretación, en cada una de esas tendencias; pero como son perspectivas, no necesariamente se expresan en su totalidad en alguna de las entrevistas en particular4.

Queremos profundizar en la primera tendencia, por considerar que en ella se encuentra un mayor potencial para la orientación de las organizaciones de la sociedad civil y particularmente para las ONG, en tanto es un discurso que articula el concepto de sociedad civil con la compleja dinámica de cambios sociopolíticos de reforma democrática del Estado.

De igual manera, nos parece que el horizonte conceptual que abre esta tendencia corresponde de mejor manera con la apertura política propuesta por la Constitución del 91 e interpreta de mejor forma uno de los ejes fundamentales de esta reforma constitucional, a saber, la democracia participativa.

Fortalecer la sociedad civil como proceso autoreferenciado Esta primera tendencia entiende el fortalecimiento de la sociedad civil en una perspectiva sociocéntrica. El fortalecimiento de la sociedad civil no se piensa en referencia al Estado, ni tiene validez en relación con instancias distintas a la misma sociedad, bajo el supuesto de que la democracia se realiza al interior de la sociedad civil y que desde allí se orientan y ejecutan las propuestas alternativas de desarrollo.

Dentro de esta tendencia se pretende básicamente fortalecer las organizaciones,

Para esta fase de la investigación se realizaron 21 entrevistas semiestructuradas a funcionarios gubernamentales, académicos, políticos y miembros de diversas OSC (ONG, organizaciones comunales, y sindicatos). La selección de los entrevistados tuvo como criterio básico el que estos pudieran combinar la reflexión sobre el fortalecimiento de la sociedad civil con orientaciones estratégicas para el proceso de fortalecimiento. En ese sentido, las entrevistas no buscaban comprender las "prácticas" del fortalecimiento de la sociedad civil, en lo cual se hará énfasis en la próxima fase de investigación, sino las perspectivas y estrategias para este fortalecimiento.

Para el análisis de las entrevistas se siguió una metodología que combinó el análisis deductivo con el inductivo. Teniendo en cuenta categorías y conceptos desarrollados en una primera fase documental de la investigación, así como la estructura de la entrevista, a partir de la lectura de las entrevistas se generaron, ampliaron o transformaron las categorías. Inicialmente este proceso se realizó al interior de cada uno de los cinco áreas de la entrevista (conceptualización de sociedad civil, de su fortalecimiento y de las ONG; propósitos del fortalecimiento de la sociedad civil; oportunidades y limitaciones del contexto para el fortalecimiento de la sociedad civil; estrategias para el fortalecimiento; y, resultados esperados de este fortalecimiento). Sobre la base de este análisis se procedió a identificar tendencias generales. Este artículo es un primer acercamiento a este análisis.

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especialmente las de base, las comunitarias u organizaciones populares, que se constituyen en los sujetos del cambio y en los ejes del desarrollo. Las relaciones con otras organizaciones e instituciones, incluso con el Estado, se entienden como apoyo para este sujeto central que es el actor popular organizado. El establecimiento de redes, de proyectos coordinados, así como el desarrollo de una cultura de consensos y acuerdos sociales para trabajar integradamente y apoyando la organización popular es parte de lo que se entiende por fortalecimiento.

Lo que más llama la atención en esta perspectiva, es que la equidad social se constituya en eje central de los planteamientos y se exprese con más fuerza que en las anteriores tendencias. El problema de la equidad en este discurso parecería identificado con la realización de proyectos sociales específicos y no con planteamientos redistributivos donde el Estado jugaría un papel central. De cierta manera, se plantea un fortalecimiento de la sociedad civil como alternativa al Estado, en el que la democracia y la justicia social se realizan en los mismos proyectos de la sociedad civil.

En ese sentido, este planteamiento está más ligado a la antipolítica que a la política.

El interés por incidir en la política pública no está presente.

Las organizaciones populares que se privilegian en esta tendencia, representan para los entrevistados expresiones de convivencia ciudadana, o posibilidades de realización de su propio desarrollo. Son las ex-

presiones auténticas de las dinámicas populares. Promover su desarrollo autónomo está en el centro de la estrategia. Las ONG son entendidas como instituciones de apoyo a las organizaciones de base, como entidades promotoras de los sujetos de cambio. Se enfatiza la centralidad del sujeto popular y las relaciones con otros actores se entiende en función del fortalecimiento de este sujeto. El fortalecimiento de la sociedad civil es entonces el fortalecimiento de las organizaciones populares.

El eje socioeconómico es el que esta tendencia privilegia. Lo popular, como categoría que clasifica un sector social, es de cierta manera una reinterpretación de la realidad social desde una perspectiva de clases sociales. Pero en este caso, no se trataría de fortalecer ciertas organizaciones sociales para la acción política o para la toma del poder, sino para el desarrolló autónomo de proyectos sociales y para lograr a través de la autogestión la satisfacción de necesidades básicas.

Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la relación con el Estado Una segunda tendencia promueve el fortalecimiento de la sociedad civil en relación al Estado. A diferencia de la perspectiva anterior que enfatiza las relaciones entre organizaciones de la sociedad civil, aquí el acento se pone en la relación directa de la organización con el Estado.

Dentro de esta propuesta, algunos tienen una perspectiva que podríamos

denominar Estadocéntrica, o neocorporativista, en el sentido de que el actor principal y el representante de lo público es el Estado y por tanto, el papel de la sociedad civil es lograr influir sobre este, para orientar la política o para que sus intereses queden allí expresados.

En tanto se considera que la orientación y la interpretación del interés público es prerrogativa del gobierno5, como representante elegido para ser el vocero de la comunidad, la participación de las OSC se vincula a proyectos gubernamentales específicos, ya sea en su diseño o en su ejecución, más que a la participación en los espacios públicos para la orientación general del desarrollo y es por eso mismo, una participación más fragmentada y sectorial.

Limitar los poderes del Estado para garantizar los derechos humanos y la protección ciudadana es otra expresión de esta tendencia. Otra variante, expresa la relación de coordinación e interlocución entre las organizaciones de la sociedad y el Estado. Esta última variante se da bajo el reconocimiento de la corresponsabilidad de las OSC en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y de la autoconciencia sobre el potencial de las mismas.

El fortalecimiento de los actores o el fortalecimiento institucional dentro de esta perspectiva, se hace en función de generar capacidad de interlocución especializada con el gobierno en espacios particulares, para lograr una mayor presencia en el debate y toma de decisiones de las políticas guberna-

En esta tendencia, los entrevistados utilizan las palabras Estado y gobierno de una manera tan amplia que es difícil distinguir los énfasis teóricos que hay detrás de estos usos.

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mentales. También se propone mejorar la capacidad de las OSC y especialmente de las ONG, para obtener recursos gubernamentales para la ejecución de sus políticas, o mejorar la capacidad financiera y de sostenibilidad de las organizaciones, para incrementar las posibilidades de gestionar proyectos conjuntamente con el gobierno.

Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la dimensión pública Esta perspectiva relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil con el fortalecimiento de lo público. Plantea el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) vinculado a la dimensión pública, entendiendo la misma, tanto en el sentido de la defensa de los intereses públicos y de la gestión social orientada por definiciones públicas, así como de la interacción con otras expresiones de la sociedad civil y con el Estado en espacios de participación públicos. En esta perspectiva lo público no se identifica con lo estatal. La definición de lo público, del interés colectivo, y del bien común no es potestad de las instancias representativas y del gobierno, sino que la sociedad civil plural que se mueve en el espacio público no estatal, debe participar en esta definición, así como en la gestión y control del mismo.

La relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil se plantea en esta perspectiva como una interacción mediada por la multipolaridad del espacio público. No es una relación bipolar entre gobierno y organización, sino múltiple, de interdependencia entre diversas organizaciones. La concertación entre múlti-

ples actores de la sociedad civil y el gobierno en espacios públicos y de forma pública (transparente, abierta), y con control público es parte esencial de esta perspectiva.

Lo público, se ubica entonces como un espacio de mediación entre la sociedad y el Estado, como escenario de la participación social para la consulta y concertación de las políticas públicas. En esa perspectiva, la participación en política adquiere un nuevo sentido. Lo social y lo político dejan de ser esferas separadas, y la política, no es ahora potestad de los políticos profesionales o de la rama ejecutiva. La política no es ya el escenario limitado para la acción de los representantes de la sociedad. La participación directa de la ciudadanía y de las diversas organizaciones de la sociedad civil en la deliberación de las políticas públicas se convierte en una actividad de gran importancia en esta perspectiva.

Esta tendencia vincula el proceso de reforma y modernización del Estado y de la política, con el del fortalecimiento de la sociedad civil. La reforma democrática del Estado se relaciona directamente con el fortalecimiento de la participación ciudadana en la decisión y gestión de los asuntos públicos.

El fortalecimiento de la sociedad civil, es dentro de esta perspectiva un proceso paralelo y reforzador de la democratización del Estado.

En las entrevistas de quienes enfatizan lo público en su perspectiva del fortalecimiento de la sociedad civil, se hace mención importante a un concepto de buen gobierno y de gobernabilidad apoyado en la participación ciudadana, en la

democracia participativa. El buen gobierno aquí no se limita a la eficiencia de los funcionarios públicos, sino que la posibilidad misma de que las propuestas de política pública se realicen, se relaciona con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la definición y control de las mismas.

La participación ciudadana y la ética pública, como opuesto a la prevalecencia del interés particular en los actos de gobierno, en el desarrollo de las políticas y en la asignación de recursos, deberían, de acuerdo con los promotores de esta perspectiva, estar a la base de las reformas en la manera de gobernar y de hacer política.

Es interesante resaltar que el fortalecimiento de la dimensión pública a la que se refieren los entrevistados se relaciona a la vez con la ampliación de lo público a lo no estatal, y con el fortalecimiento de la función pública del Estado, y la prevalencia del interés público en la acción gubernamental.

Estos énfasis, no siempre son complementarios en una misma entrevista. Algunos entrevistados enfatizan en su diagnóstico aspectos relacionados con el uso y apropiación privada de los recursos públicos (corrupción, clientelismo), y la limitaciones del Estado de derecho en la historia colombiana, por lo cual vinculan la dimensión pública que proponen a la necesidad de democratizar el Estado y de orientar la acción gubernamental y la acción política al interés público, así como a la provisión gubernamental de bienes públicos. Otros entrevistados enfatizan en el diagnóstico el cerramiento del sistema político y las limitaciones en el acceso a las decisiones públicas por parte de la ciudada-

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nía, así como la baja capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y la carencia de transparencia en la acción del sector público, lo que les lleva a enfatizar en la necesidad de participación ciudadana en los asuntos colectivos, en la socialización del Estado.

En términos generales, los entrevistados que ubicamos en esta perspectiva consideran importante pero no suficiente, fortalecer los actores y las organizaciones de la sociedad civil, o mejorar su capacidad de ejecución de los proyectos derivados de las políticas públicas.

Lo que enfatizan, más que el fortalecimiento de cada actor en sí mismo, es la ampliación en el abanico de relaciones entre los mismos y la generación de capacidad para expresarse y concertar, en los espacios públicos, con los diversos actores, entre ellos el Estado. La generación de una ética pública y la orientación del cambio social en una perspectiva en que prevalezca el interés colectivo sobre el particular, es también de gran importancia en esta tendencia.

La planeación participativa del desarrollo, la generación de información pública sobre políticas, programas y proyectos públicos y de capacidad para participar en las mismas por parte de las OSC, la transparencia en la toma decisiones, así como las veedurías ciudadanas sobre las políticas públicas son elementos centrales de la estrategia propuesta por los promotores de esta perspectiva.

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En general, tampoco se privilegia alguno de los actores particulares de la sociedad civil dentro de las estrategias de fortalecimiento, dada la importancia de generar capacidad al conjunto diverso de organizaciones civiles y a la misma ciudadanía para que participen en los espacios públicos. Sobre las ONG, se resalta su función de defensa de los intereses colectivos, y el importante papel que pueden jugar en este proceso de fortalecimiento, en tanto no están ligadas a intereses sectoriales particulares o territoriales, como otras organizaciones de la sociedad civil.

La importancia de lo público en el fortalecimiento de la sociedad civil En este aparte se intenta hacer una clasificación de las diferentes interpretaciones y motivaciones para el fortalecimiento de lo público, retomando los principales temas sobre este campo surgidos en las entrevistas de aquellas personas que enfatizan la dimensión pública, y de la revisión bibliográfica sobre el tema6. Se resaltarán las variaciones que se presentan dentro de esta tendencia.

La importancia que ha adquirido lo público en el fortalecimiento de la sociedad civil responde a diferentes preocupaciones que nosotros hemos agrupado en tres instancias: primero, la idea de lo público como un mecanismo para profundizar la democracia; segundo, la necesidad de construir un espacio público como espacio para la integración so-

cial; y tercero, lo público como un momento ético y de redefinición de la política.

Lo público como profundización de la democracia Se parte de la idea de que "la democracia no es solamente una forma o un sistema de gobierno, sino -1 producto de una relación entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad; relación cambiante, proceso que responde entre otros a una concepción del hombre social que evoluciona y se modifica ella también"7, por lo que lo público es el punto de encuentro entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y en menor grado, aunque también presente, la sociedad política y el mercado.

Si bien el Estado en América Latina se había erigido como el único actor históricamente legítimo para llevar a cabo las transformaciones políticas y económicas que requerían las tendencias desarrollistas, las exigencias que emergen hoy, tanto en el campo económico como en el político, ponen en duda no sólo esta legitimidad sino la misma capacidad del Estado para darles respuesta.

Ante el derrumbe del ideario estadocéntrico y la expansión del modelo de desarrollo centrado en la gente, la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se plantean ya no desde las iniciativas del Estado, sino en un nuevo espacio: el público.

La apelación a lo público no se restringe a que los actores

Para este capítulo hemos tomado varios elementos de la clasificación elaborada por Nora Rabotnikof en su artículo "Lo público y sus problemas. Notas para una reconsideración", en Revista Internacional de Filosofía Política. No. 2, UNAM - México -1993.

Debuyst, Frederic. "Projects alternatifs, democrátie et developpment", en Projects alternatifs ct democrátie. Ciaco Editer, 1987, Louvain, la Neive, Belgique. Traducción de Alejo Vargas.

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sociales, usualmente ausentes en los procesos de toma de decisiones, sean tenidos en cuenta y consultados. Lo que se busca es la reconfiguración de la participación, trascendiendo la mera aprobación o desaprobación de las iniciativas políticas provenientes del gobierno o la sociedad política (como ocurre en el caso del referendo, el plebiscito etc.) y creando, en cambio, una relación en la que se diseñe entre todos la orientación de las políticas estatales.

En Colombia, este tipo de reconstrucción de la participación de las OSC se ve claramente, entre otras instancias, en los Consejos Territoriales de Planeación, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Juntas Educativas municipales, departamentales y nacionales, el Plan Decenal de Educación, y el desarrollo de planes estratégicos para las ciudades, como es el caso de Bogotá 2000.

Así concebido, las responsabilidades sobre lo público dejan de ser exclusivamente estatales, desplazándose hacia un espacio común en el cual también la sociedad civil asume una influencia directa. Lo esencial aquí es la tendencia que se ha generado dentro de la sociedad civil para fomentar la participación política directa por fuera de los partidos políticos.

Así, la responsabilidad social se convierte en sinónimo de las responsabilidades públicas, sin quedar intermediadas por los mecanismos tradicionales. Este tipo particular de interrelación entre los actores de una democracia es lo que hace que lo público pueda interpretarse como la vigencia plena del Estado Social de Derecho, el predominio de la legalidad y

del orden jurídico, entendido como reglas de juego construidas de manera colectiva.

Lo público y la integración social Dentro de esta perspectiva, lo público sigue siendo lo común, pero dirigido a fundamentar identidades y sentimientos de pertenencia, y por esta vía, un sistema de valores que sostengan el tejido social y que posibiliten la reconstrucción de un orden determinado.

Esto responde a la existencia de un fenómeno recurrente en las sociedades de fin de siglo: la desaparición de los lazos de cohesión social. Lo que caracteriza a la sociedad civil, y que es a la vez una increíble paradoja es que, mientras ésta crece gracias a la multiplicidad de organizaciones de interés que aparecen (mujeres, ecologistas, jóvenes, etc.), el predominio de esta misma diversidad ha hecho que se dificulte la idea de un bien común, y que cada vez las relaciones sociales estén más fragmentadas. La ausencia de un Estado consolidado que se constituya en un marco integrador de estas diferencias hace más grave la cuestión. Este fenómeno aparece en sociedades como la nuestra con un carácter desintegrador que, ahondado por los actos de violencia que son recurrentes en Colombia, ha contribuido a la polarización de la población. Por esto, en este contexto, un llamado a rescatar lo público es a la vez un llamado para convocar nuevas formas de integración social, tolerantes y abiertas que admitan en su interior la convivencia pacífica de la multiplicidad de voces

que hoy componen el escenario de la sociedad civil. Se reclama lo público como sentimiento ciudadano o identidad comunitaria para que esté presente en la definición de políticas, en la toma de decisiones y en la reforma del Estado.

Esta interpretación de lo público cobra relevancia para el caso de Colombia por dos razones: primero, la debilidad de las identidades colectivas y segundo por la creciente tendencia a liberalizar la economía a través de la preponderancia del mercado. La cuestión de construir el ámbito público entendido como un espacio de identidades y certezas comunes es una expresión de la lucha de la sociedad civil por repolitizar las relaciones sociales, desmercantilizarlas y sustentar con ello el proyecto Estado-nación.

Es indiscutible el papel que ha tenido en este proceso de desintegración de redes el avance de la sociedad de mercado, especialmente en sociedades como las latinoamericanas que parten de realidades socioeconómicas muy complejas, en las que la inequidad y la falta de una cultura solidaria hacen que la lógica de mercado no responda a las necesidades de la mayoría de la población. ...Las reformas económicas en curso no sólo restringen el campo de acción del Estado sino que a la vez fomentan un vasto movimiento de privatización de las conductas sociales. A la par con el ámbito público también cambia la esfera privada y esta transformación de lo privado, a su vez, altera la reconstitución de lo público... En el nuevo contexto de la sociedad de mercado el fortalecimiento de la sociedad civil obliga a re-

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plantear la integración del orden social.

Por eso, algunas personas que tienden a priorizar lo público como una manera de fortalecer la sociedad civil buscan, con ello, llenar de contenido unas relaciones sociales que permitan reconstituir una integración social, no buscando reproducir formas caducas, sino adaptándose a nuevas realidades.

El movimiento de la sociedad civil es en sí mismo una nueva forma de utopía: los principios normativos sobre los que se basa —-pluralidad, publicidad, legalidad, igualdad, justicia, asociación voluntaria y autonomía individual—, constituyen una utopía autolimitante que clama por una pluralidad democrática, un complejo conjunto de derechos sociales, civiles y políticos en una sociedad altamente diferenciada9.

Esta nueva utopía es a la vez, un reto para las organizaciones de la sociedad civil, pues su realización depende del trabajo conjunto y coordinado de estas instancias, y de su capacidad de relacionarse positivamente con el Estado, para así reconciliar los intereses particulares con los comunes. Este reto, si se examina dentro del diagnóstico de fragmentación y dispersión de intereses al que ya nos habíamos referido, adquiere una mayor responsabilidad a la hora de construir lo público.

Lo público como lo ético y la redefinición de la política La política, al menos aquella que es ejercida desde las trincheras de la legalidad del modelo democrático representativo y ejecutado por la clase política, ha entrado en crisis. Se ha caído en el abismo del desencanto por cuenta de unas clases políticas corruptas e ineficientes que han convertido los partidos en vías de acceso al poder, no para defender los intereses globales sino para perseguir el lucro propio, transformando su original papel de intermediación entre el Estado y las agrupaciones de la sociedad civil en una mera instrumentalización de intercambios —a cambio de votos, favores que satisfagan los intereses privados de la clientela—. Con todo, estos fenómenos no se han limitado a socavar el papel de la clase política ante la sociedad, sino que sus consecuencias han llegado hasta el Estado. La burocratización, las malas prácticas y el aislamiento del Estado y la sociedad civil, han hecho que éste sea considerado un actor tan corrupto e ineficiente como la misma clase política que sobre él tiene efecto. Es así como el Estado y la política dejaron de defender los intereses colectivos y se concentraron en el propio éxito de aquellos que los representaban, desembocando en una privatización de los espacios idealmente públicos (el Estado y la arena política) y excluyendo a las otras voces de la

sociedad. De aquí se desprende uno de los conceptos que hoy está más relacionado con el tema de lo público, y que es señalado por Nora Rabotnikof: La publicidad, entendida como visibilidad, cognoscibilidad, accesibilidad y controlabilidad de los actos de quien detenta el poder supremo es precisamente la extensión de la metáfora de las luces que consagra el contraste entre poder visible e invisible, v establece definitivamente este sentido de lo público .

Lo público es, entonces, una manera de rediseñar desde la ética el manejo de lo común que ha sido corrompido por la práctica política; busca devolverle el aura de transparencia que permita renovar la fe en las prácticas colectivas. Y esto tiene una influencia directa en uno de los presupuestos que han servido de guía en nuestro equipo investigativo: entre más se fortalezca este espacio público, más fuertes serán tanto la sociedad civil como el Estado, lo cual tendrá —a la vez— una clara incidencia en la consolidación de la democracia.

Creemos que es indispensable que tanto la sociedad civil como el Estado recurran al espacio público para la elaboración de las estrategias políticas, la planeación y la ejecución de las políticas públicas. Pero también que el espacio público pueda ser apropiado para otras funciones no administrativas, como es la reelaboración de una cultura de convivencia tolerante y pacífica.

8 Lechner, Norbert. "La problemática invocación de la sociedad civil", en Revista Foro, No. 28, Enero de 1996 - Bogotá Colombia.

9 Cohén, Jean. "Interpreting the notion of Civil Society". s.d.

10 Rabotnikof, Nora. op. cit.

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Sección Documentos

Palabras del Señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Ernesto Samper Pizano, en la ceremonia de clausura del ALCA

(Cartagena de Indias, marzo 20 de 1996)

Permítanme darles a todos ustedes un cordial saludo aquí en Cartagena de Indias, capital del embrujo colombiano.

Uno de sus historiadores la bautizó, hace algunos años como el "Corralito de piedra". Un corral que reúne y convoca a quienes viven dentro de él pero que también sirve para entender la inmensidad del mar Caribe que baña sus murallas.

El sueño del Corralito de piedra nos debe servir para hacer realidad el sueño de una zona hemisférica de libre comercio que reúna a todas las Américas frente al resto del mundo.

Lejos de las viejas épocas proteccionistas, cuando la integración cerraba las economías sobre sí mismas, la nueva idea de la integración nos plantea el formidable desafío de integrarnos hacia afuera, de hacernos más fuertes internamente para ser más respetables en nuestras relaciones con el exterior.

Entre los mayores interrogantes que nos plantean en este propósito de unirnos es el de cómo y cuándo llegar a un espacio económico común. Con el tema del libre comercio, como con muchos otros temas en la vida, nos pasa algo parecido a la idea que tenemos del paraíso eterno: que aunque todos queremos llegar allí, nadie quiere llegar todavía.

El problema se puede resolver diciendo que, a partir de unas reglas claras y una fecha límite, la zona de libre comercio americana podrá conseguirse en distintos escenarios y a distintas velocidades.

Digámoslo de manera más gráfica, si todos queremos venir a Cartagena, lo importante no es que algunos lleguen en automóvil, otros en barco y unos cuantos más por vía aérea, lo que importa

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es que todos lleguen al sitio convenido, a cumplir la cita definida y en la fecha que se acuerde.

peraron en tres veces las divisas obtenidas en la exportación de productos.

A la zona de libre comercio podemos llegar a través del NAFTA, del Grupo de los Tres, del Grupo Andino, del Mercosur, del Mercado Común del Caribe o del proceso centroamericano: lo importante es llegar a tiempo y al mismo destino.

Capital, tecnología y servicios son componentes insustituibles de un acuerdo de integración como el que nos propusimos en Miami, iniciamos en Denver y hoy continuamos en Cartagena de Indias.

Para ponernos de acuerdo lo único que necesitamos es coincidir en que es mejor la integración que la desintegración, que produce más estar unidos que compitiendo desordenamente.

Un claro ejemplo de la rentabilidad de la integración nos lo está dando el mercado europeo.

El comercio interno de Europa, es decir el que se realiza dentro de sus fronteras, representa el 68% de la región mientras que el de América Latina apenas significa el 19%, y el de África el 9,7%.

Quiere esto decir que a mayor integración, mayor comercio y más participación en los flujos mundiales.

Lo segundo que debemos entender es que la integridad no puede quedar reducida al concepto fenicio de vender más o comprar más entre nosotros o con otras regiones del planeta.

La verdadera integración es aquella que involucra el mercado de factores de producción, lo que importa no es solamente el acceso a la leche sino la posibilidad de tener la vaca que la produce.

Para conseguir esa vaca, nuestros países deben entender que la integración debe empezar por la suscripción de acuerdos que faciliten la movilidad de los recursos de capital necesarios para el desarrollo. Acuerdos que hagan posible, a partir del respeto a la propiedad intelectual, el acceso a los países menos desarrollados, al mercado de la tecnología y a través de él, a la mejor calificación de nuestros recursos humanos.

Acuerdos que nos permitan compartir servicios como el del transporte o las telecomunicaciones.

El desarrollo fascinante de la economía asiática no está asociado al incremento de los niveles de comercio como al aumento en los flujos de inversión que alimentaron la consolidación de los procesos productivos iniciados a comienzos de los años setenta.

Entre el año de 1985 y 1990 los recursos de inversión extranjera que llegaron a dicha zona su-

Lo que finalmente se integra, cuando se avanza en procesos como el de la suscripción de acuerdos de libre comercio, son los modelos de desarrollo de los países que de esta macera amplían sus espacios económicos de vida y de progreso.

Está claro que, a diferencia de otros procesos de integración en otras partes del mundo, el proceso americano presenta la característica sobresaliente de que las distancias en niveles de desarrollo, entre los países socios son mucho más grandes. Está bien que prediquemos el principio de la igualdad entre nuestros países, como concepto político es perfecto.

"Pero tampoco olvidemos la frase de Owen, aquella de que "aunque todos los animales son iguales hay unos que son más iguales que otros".

Entender ese principio de diversidad dentro de la desigualdad es clave para que el proceso resulte.

Permítanme, para ilustrar esta necesidad, darles un ejemplo. Los países latinoamericanos están atrasados en su infraestructura para el desarrollo entre diez y quince años según distintos servicios.

El costoso pago de la deuda externa, durante la década pasada, nos obligó a aplazar inversiones en infraestructura por una cifra cercana a los 400 millardos de dólares y sacrificar tasas de crecimiento de dos y tres puntos anuales.

Como resultado de este atraso, el número de carreteras pavimentadas por kilómetro cuadrado de superficie es de 555 en Estados Unidos y apenas de 15 en esta parte del continente americano, y el promedio de líneas telefónicas por cada 100 habitantes, que es de 6 en Latinoamérica, llega a 54,5 en los Estados Unidos.

En desarrollo de los acuerdos de integración tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita superar nuestro atraso en materia de infraestructura.

Nuestra aspiración cualitativa en la nueva zona no es la de seguir vendiendo materias primas agrícolas sino la de poder avanzar en la consolidación de nuestra base industrial y de servicios.

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Para conseguirlo, tenemos que sumar esfuerzos para fortalecer nuestros cimientos productivos.

Colombia invertirá en los próximos años 27.000 millones de dólares, hasta terminar el presente siglo, para modernizar su infraestructura de puestos, carreteras, comunicaciones, ferrovías y tecnología: invito desde ya a todos los empresarios del área a hacerse socios de esta empresa que he llamado Empresa Colombia siglo XXI. Les aseguramos reglas iguales como la de los inversionistas nacionales, rentabilidad atractiva y por supuesto, una cariñosa acogida como la que han recibido aquí en Cartagena de Indias.

gan sin el temor y la prevención que en algunas oportunidades, con razón, tienen los representantes del sector privado respecto a lo que acuerdan sus gobiernos.

Lo importante es entender que en el contexto de una apertura económica con integración, como el que vivimos, los viejos dilemas tienen que superarse.

Los gobiernos ya no son enemigos sino aliados de los empresarios, las utilidades ya no se pueden obtener recortando salarios sino mejorándolos en función de su productividad y los desafíos de la producción transcienden las viejas y limitadas fronteras de las economías nacionales.

Por eso estamos, precisamente, convocados aquí en Cartagena: para demostrar que la unión hace la fuerza, y esa unión tiene que hacerse de verdad, no a través de declaraciones de amor retórico, como en las telenovelas.

En este punto deseo pedirle disculpas a los señores periodistas, especialmente a los colombianos, quienes estaban esperando que en mi discurso hiciera una referencia extensa al conocido estado de las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos. Referencias que no voy a hacer porque pienso firmemente que de la misma manera como no es bueno ventilar diferencias conyugales en fiestas de amigos, tampoco resulta conveniente tratar temas bilaterales en reuniones hemisféricas.

Les puedo asegurar para su tranquilidad que, también como en las relaciones conyugales, en el caso de la relación de Colombia con los Estados Unidos son más fuertes las razones para mantener el vínculo matrimonial, dentro de un mutuo respeto, que para divorciarnos.

La unión tiene que hacerla las grandes empresas a través de alianzas estratégicas y las pequeñas, apoyadas por los gobiernos a través de alianzas solidarias que les permitan sumar esfuerzos mientras consiguen saltos cualitativos en sus procesos de crecimiento.

Permítanme ahora unas reflexiones en voz alta sobre el papel que pueden y deben cumplir los empresarios en esta formidable empresa de construir un espacio americano de desarrollo para el próximo siglo. Lo primero es que este no debe ser un acuerdo de burócratas sino de gente del sector privado.

Señores empresarios:

Quienes tenemos las responsabilidades del servicio público frecuentemente nos olvidamos de que estas son tan transitorias como el tiempo que separa el capullo de la mariposa.

Solamente los empresarios pueden dar permanencia y vigencia a los acuerdos que suscriben los gobiernos y esa no es una atribución sino una obligación con sus países y consigo mismos.

El segundo compromiso de ustedes es el de servir de motor de la integración. La palabra empresario, tomada textualmente del diccionario, viene del verbo emprender. Se emprende algo hacia alguna parte. Su tarea es crear las condiciones para que la zona funcione. Y los invito a que lo ha-

No se trata de institucionalizar el obsoleto principio del sálvese el que pueda como regla de supervivencia en el mercado. No, de lo que se trata es de aliarnos para salvarnos todos y para salvar nuestras economías y ayudar a nuestra gente.

Síganle el paso a la integración sin miedo ni prevenciones.

No miren a sus competidores en el área como enemigos sino como aliados.

Recuerden que el mejor negocio es aquel en el que las dos partes sienten que han conseguido algo.

Piensen que un mercado amplio puede ser más rentable que un nicho propio.

Combinen el trabajo con la imaginación y no les dé miedo incurrir en el pecado de la audacia. En el mundo de hoy también hay espacios para los David audaces.

Permítanme, para terminar, plantearles una reflexión social y ética.

Todo este esfuerzo debe tener un objetivo final. Ese objetivo es la gente.

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¿Para qué trabajamos?: para que más gente tenga empleo.

Hace referencia a la capacidad de hacer más equitativas las condiciones de vida de la gente.

¿Para qué producimos?: para que la gente viva mejor.

La gobernabilidad tiene que ver con la economía en la medida en que la preserve de los vaivenes de la política, y con la justicia en la medida en que garantice que ella funcione bien y para todos, dentro de la rigurosa aplicación del debido proceso.

¿Para qué pagamos impuestos?: para compartir con la gente nuestro progreso.

El entorno ético de todo este esfuerzo debe ser el mejoramiento de las condiciones de vida de millares de americanos reducidos hoy, como ayer a la condición de pobreza absoluta. Ellos no son compradores, son demandantes.

Su reclamo forma parte de otra gran preocupación, de una preocupación que no puede ser ajena a estos diálogos, la preocupación, cada día más sentida, por la gobernabilidad de nuestros países.

Lentamente, fenómenos como los de la pobreza y los conflictos sociales que suscita el narcotráfico, la subversión, la corrupción y la depredación del medio ambiente, han ido deteriorando las condiciones de gobernabilidad del área y debilitando, si se quiere, nuestras posibilidades democráticas de respuesta.

Colombia no ha sido ajena a estas dificultades a pesar de ser considerada como una de las democracias más sólidas del continente. Algunos piensan ingenuamente que la discusión sobre la gobernabilidad se refiere a si se cambian o no los gobiernos. El tema da para mucho más. La discusión sobre la gobernabilidad hace referencia a la supervivencia misma de las instituciones, acosadas por distintas formas de amenaza.

Fortalecer las condiciones de gobernabilidad del área debe ser un propósito claro que dé encuentros como este. Entre las ventabas que asegura el éxito de la zona de libre comercio americana está la de que, a diferencia de otras áreas de integración en el mundo, nosotros hablamos dos o tres lenguas.

Pero también tenemos la ventaja de que hablamos una misma lengua política, la misma que nos enseñaron Jefferson y Juárez y Martí y San Martín, pero especialmente nuestro Libertador, cuando refiriéndose al Congreso Anfictiónico de Panamá animado por el mismo sueño que hoy nos reúne, habló de una comunidad de naciones americanas formada con la "benevolencia de todos, riqueza para todos, igualdad y favor para todos, neutralidad y dignidad con todos y reciprocidad y amistad por parte de todos".

Ese mensaje de solidaridad y dignidad es el que quiero transmitirles a nombre del pueblo colombiano al declarar formalmente clausuradas las sesiones del ALCA. Que el acuerdo de Cartagena, tierra de brujas y piratas, de amores, fantasmas y de héroes, los acompañe para siempre.

Muchas gracias.

Hace referencia a la viabilidad de las salidas democráticas.

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