Colombia Internacional No. 4 by Publicaciones Faciso

CONTENIDO

La Ley antinarcóticos de 1988 en Estados Unidos y su impacto para Colombia Entrevista Especial con Bruce Michael Bagley 3 Colombia ante las Enmiendas a la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos Ana Mercedes Botero 7 La Victoria Electoral de Bush: Preludio a un ascendente conflicto político Gary Hoskin 14 La Concertación: Un Instrumento para la Profundización de la Democracia Declaración de Uruguay 25

Editorial En esta cuarta entrega de COLOMBIA INTERNACIONAL se abordan diversos temas que muestran distintas cuestiones centrales al futuro de la conducta externa colombiana. Las drogas, el proteccionismo, la política exterior norteamericana, las acciones de importantes actores regionales como Canadá no suficientemente analizadas, la concertación continental, son todos asuntos que en lo inmediato requieren de respuestas en varios frentes del quehacer diplomático de Colombia. No estamos ante temáticas que cobrarán significación en el largo plazo. Son tópicos y problemáticas cuya resolución favorable a los intereses nacionales depende, en gran medida, de políticas concretas y próximas en el tiempo. En estos variados terrenos —muchos de ellos, claramente interrelacionados— del acontecer internacional, ya las contrapartes de Colombia han definido estrategias de largo alcance o se encuentran cerca a precisar los rumbos de su accionar. ¿Existe un diseño estratégico paralelo del gobierno colombiano? ¿Hay claramente una "política de estado" y no una simplemente gubernamental para responder a los enormes desafíos que cada una de estas cuestiones plantea? En esencia, la presentación de los argumentos que cubren este número de COLOMBIA INTERNACIONAL apunta a abrir interrogantes en la medida en que de sus respuestas pueda surgir un debate más amplio para fortalecer la capacidad negociadora colombiana. Fundamentalmente, se torna casi imposible en los finales de esta centuria tener una política "reactiva". Mucho menos para un país periférico cuyos condicionamientos externos son mayores. De allí, la casi imperiosa necesidad de elaborar, con creatividad y anticipación, una política exterior que incremente los márgenes de autonomía de una nación.

Colombia Internacional No. 4. Octubre -Diciembre 1988 CEI Centro de Estudios de la Universidad de los Andes Publicación trimestral Rector: Arturo Infante V. Director, C.E.I.: Juan G. Tokatlian. Editor: Colombia Internacional: Cristina Barrera Comité Editorial: Adriana de la Espriella, Gabriel Murillo, Rodrigo Pardo, Manuel Rodríguez Eduardo Sarmiento, Juan G. Tokatlian Coordinación Editorial: Fondo Editorial CEREC-a.a. 58308 Bogotá Martha Cárdenas, Hernán Darío Correa

Sección: Política Exterior de Colombia

La Ley antinarcóticos de 1988 en Estados Unidos y su impacto para Colombia Entrevista Especial con Bruce Michael Bagley *

* Profesor del Gradúate School of International Studies de la Universidad de Miami. Hemos considerado de gran interés reproducir esta entrevista realizada al Dr. Bagley en Bogotá en diciembre de este año, por su reconocido experticio en Colombia.

Pregunta (P.): ¿Podría ubicarnos la nueva ley antinarcóticos recientemente aprobada por el legislativo norteamericano y sancionada por el ejecutivo? Bruce M Bagley (B.M.B.): La nueva legislación antinarcóticos que se sancionó en noviembre tiene, en primera instancia, una importancia simbólica. Fue el último proyecto de ley que emanó del Congreso antes de culminar sus sesiones. Se concluyó en un período pre-electoral. Y tuvo una gran acogida entre los congresistas de ambos partidos, el presidente y la opinión pública estadounidense. En el Senado se aprobó con voto unánime y en la Cámara de Representantes con 346 votos contra 11. Básicamente, la legislación provee nuevas herramientas para el ejecutivo en cuanto a la lucha contra los narcóticos. Cambia el énfasis desde el lado del abastecimiento al de la demanda. Considero que la legislación significa un paso adelante porque representa un nuevo enfoque sobre el consulta) interno en Estados Unidos. Algo que falto durante muchos años.

P.: ¿Cuál es el enfoque que se le otorga al problema de la demanda en Estados Unidos?

B.M.B.: Para el año fiscal de 1989 se asignaron US$ 500 millones adicionales a los US$ 4.300 millones que ya se gastaban. Además, el nuevo enfoque tiene varios elementos complementarios. Existen nuevas provisiones que permiten construir más centros de rehabilitación federales en todo el territorio norteamericano y la meta es ofrecer a los adictos un tratamiento rápido y eficaz cuando lo soliciten. Ello debe proveerse en menos de una semana. Este, por ejemplo, es un cambio fundamental porque ahora en ciudades como New York, la lista de espera para entrar y recibir tratamiento en un centro de rehabilitación es de 9 a 12 meses. Obviamente, un adicto que intente recibir atención y le informen que vuelva en 12 meses, nova a regresar. P.: ¿Además de mayores servicios para la rehabilitación de consumidores de drogas, se aumentan las penas al consumo? B.M.B.: Se han creado nuevas multas civiles —no solamente penales- hasta de US$ 10.000 para toda persona arrestada con posesión de drogas ilícitas. Esto significa que para un consumidor de marihuana, por ejemplo, aunque lo cojan con un solo cigarrillo, lo pueden multar hasta con US$ 10.000. En el proyecto inicial de ley, se planteaba esto sin tener que pasar por las cortes mediante un juicio criminal y se permitía el uso de pruebas o evidencias obtenidas no muy lícita o legalmente. Sin embargo, estas disposiciones se eliminaron pues se formó todo un problema en torno a las libertades civiles y los derechos constitucionales de la ciudadanía. Reitero que esto último se quitó en la versión final luego de pasar por el Senado, aunque sí se mantuvieron fuertes penalidades civiles y criminales.

Asimismo, se le otorga al ejecutivo la facultad de imponer penas en términos de los servicios gubernamentales federales. El presidente puede quitarle a una persona una serie de beneficios proveídos por el Estado; por ejemplo, puede excluirlo de aquellos relacionados a la vivienda pública, a los préstamos para estudiantes y eliminar la posibilidad de obtener una licencia para ser piloto o corredor de bolsa. Hay, en síntesis, una amplia gama de penalizaciones que están en manos del ejecutivo. Ahora bien, la lista definitiva de éstas no se ha elaborado aún. El futuro Presidente, George Bush, deberá diseñar para mayo de 1989, una lista especificando exactamente cuáles beneficios se van a eliminar. En cuanto al proceso de toma de decisiones y del liderazgo dentro de la campaña contra las drogas, se elimina el papel protagónico del vicepresidente. En verdad, Bush estuvo metido en tantas cosas en los últimos tiempos que nunca le prestó mucha atención a este cargo. Paralelamente, los congresistas consideraron su actuación no muy efectiva. Ellos desean una persona permanente y exclusivamente dedicada a esas tareas. En pocas palabras, un verdadero director de la "guerra contra las drogas". P.: ¿Ello implica que se crea una nueva oficina al respecto? B.M.B.: En efecto, se crea un nuevo puesto; lo que se ha llamado el "Zar de las Drogas". En esencia, se convierte en una especie de director nacional de la política anti-narcóticos. Se le asigna el sueldo equivalente al de un miembro del gabinete. Sin ser un miembro oficial del gabinete, tiene supuestamente el mismo status. Sus poderes todavía no están muy delimitados. Puede realizar ciertas actividades como, por ejemplo, reasignar personal de algunas agencias a otras

pero solo temporalmente, No obstante, no puede alterar los presupuestos y recursos de ninguna agencia federal. P.: ¿Este nuevo funcionario estará por encima de organismos como la D.E.A.? B.M.A.: No. La D.E.A. continuará teniendo su propio director y sus funciones. El "zar" estará encargado de diseñar una política y coordinarla, pero no posee poderes discrecionales para cambiar al director de la D.E.A. o señalarle al director de la C.I.A. qué debe hacer. Todos mantienen sus propias jerarquías como siempre ha sido. Probablemente, será difícil para este funcionario coordinar, en la práctica, la política que supuestamente él diseña y está encargado de ejecutar. Surge la posibilidad que varias agencias gubernamentales no cooperen suficientemente. Esto ha sucedido anteriormente debido a dificultades interburocráticas. En última instancia, los poderes formales de este funcionario serán tan importantes como su relación personal con el presidente. Si esta relación es mala, todo está perdido. Si es buena, se constituirá en algo muy positivo. Realmente, es un puesto simbólico para satisfacer las demandas y presiones del Congreso. Quiero agregar que la legislación también establece un punto que considero de gran importancia. Estados Unidos siempre ha exigido que los países del Tercer Mundo — como Colombia— regulen y controlen más intensamente todo lo referente a los insumos para la elaboración de las drogas. Ha solicitado al gobierno de Colombia que imponga una nueva legislación en relación a los insumos, pero Washington no deseaba hacer algo semejante a nivel interno. En esta oportunidad

y mediante la nueva ley antinarcóticos, se crea un sistema de regularización y control sobre los insumos que se utilizan para la refinación de la coca; tales como el éter, la gasolina y la acetona, entre otros 20 químicos aproximadamente. P.: ¿En qué consiste esté tipo de control de los insumos? Se establece un sistema mediante el cual cada compañía productora de químicos que hace sus respectivos negocios, debe registrar sus ventas e informar a la D.E.A. con 15 días de anticipación si es un cliente nuevo y si está aprobado por dicha agencia. Cada empresa que vende químicos tiene que mantener sus cuentas correspondientes, sus récords, por lo menos durante 4 años. Si no es así, recibirá una serie de fuertes multas y penalizaciones por no cumplir con la ley. P.: Un aspecto muy difundido acerca de esta nueva ley antinarcóticos es el referente al establecimiento de la pena de muerte. B.M.B.: Eso es correcto. La nueva legislación plantea la pena de muerte para los narcotraficantes involucrados en asesinatos; sobre todo de policías. Habrá pena de muerte pero ello dependerá de cada Estado. El gobierno federal no tiene un lugar específico para juzgar a los narcotraficantes y ejecutar a los prisioneros. Por lo tanto, cada Estado hace lo que él considere necesario con cada prisionero juzgado culpable. Tentativamente, se espera que sean muy pocos los Estados que utilicen la pena de muerte. Se presume que este tipo de drástico castigo tendrá efectos disuasivos. No obstante, la gran mayoría de expertos sobre estas cuestiones señalan que ello no ocurrirá necesariamente y el efecto disuasivo será, a lo sumo, marginal.

En varias partes del mundo, incluso en Latinoamérica, existe la pena de muerte. Pero en muchos países esta penalidad no existe. Eso hará que sea muy difícil que algunos países vayan a extraditar sus nacionales para que se les aplique la pena de muerte en Estados Unidos. Ello podrá impedir la cooperación que se ha podido lograr en ciertos casos. P.: ¿Y respecto al lavado de dólares? B.M.B.: Se le da una alta prioridad a la problemática del lavado de dólares. Existe un conjunto de novedosos requisitos y provisiones para la banca comercial en Estados Unidos. Esta debe informar sobre depósitos mayores de US$ 10.000. Antes no se requería este proceso. Aún por debajo de esa cifra, se tiene que mantener una serie precisa de récords. La ley se aplicará con fuerza. Ello indica que se le dará una notable importancia a la cuestión del lavado de dólares que provienen del tráfico de narcóticos. Habría un aspecto complementario que despierta interés. Por primera vez, se hace hincapié en que el alcohol —como la marihuana y la cocaína— constituye una droga. En lo referente a las bebidas alcohólicas, se deberá colocar advertencias en las botellas. Los tratamientos de rehabilitación que se efectuarán, serán no sólo para consumidores de estupefacientes, sino también para alcohólicos. Se aprueba, en principio al menos, la necesidad de indagar y realizar más profundas investigaciones acerca de la adicción y la drogadicción. En torno a estos graves problemas en realidad, aún se entiende muy poco. P.: La legislación parece muy precisa, comprehensiva y atractiva. ¿Es esto cierto?

B.M.B.: Si, pero existen varias cuestiones no consideradas o evaluadas muy ligeramente. Simplemente, mencionaré dos problemas ausentes en la elaboración de esta ley. Hoy existe en Estados Unidos un enorme problema de prisiones, abarrotadas por un lado y con altísimos niveles de consumo y violencia, por el otro. Las cortes, a su vez, están abrumadas con la cantidad de procesos relacionados al tema de las drogas. Esto podría llegar a ser un cuello de botella muy grande para el sistema judicial norteamericano. No parece haber en la legislación, mucho dinero para solucionar este tipo de dificultades. Sí existen, sin embargo, recursos para los militares, tanto norteamericanos como latinoamericanos. Para el caso de Colombia, la ley indica que se le brindarán US$ 15 millones al Ministerio de Defensa en la lucha antinarcóticos. Observo que ante esta problemática, Estados Unidos está desesperado y frustrado ante la incapacidad de muchas agencias gubernamentales en toda Latinoamérica. El interrogante surge en cuanto al instrumento más idóneo para revertir ese hecho. Estamos asistiendo a una preocupante tendencia a la militarización en términos de la utilización de los ejércitos como el conducto prioritario para aplicar una política antidroga. Los problemas en América Latina, en general, y en Colombia, en particular, son muchos y serios. Y esta estrategia puede conducir a alterar el delicado balance entre el poder civil y la institución castrense. Las tareas transferidas a las fuerzas armadas son, normalmente, labores policivas. P.: El Congreso estadounidense ha insistido en presionar para que las fuerzas armadas se involucren más en el combate contra las drogas. Sin embargo, se han escuchado pronunciamientos renuentes de parte de altos oficiales mi-

litares, tanto en Washington como en Bogotá. B.M.S.: Este asunto de las drogas no es para las fuerzas armadas. Ha habido claras expresiones al respecto de parte de representantes castrenses. Además de la cuestión respecto al equilibrio de poder entre la esfera civil y la militar, existen dilemas y problemas adicionales. A pesar del equipamiento que poseen las fuerzas armadas norteamericanas, este no parece ser el más apropiado para aplicar las leyes y sancionar a pequeños criminales o narcotraficantes. Estos no configuran un "ejército regular" que esté invadiendo al país. Los ejércitos cuando invaden los países congregan grandes cantidades de hombres, municiones, armamentos, aviones, etc. Pero los individuos ligados al negocio ilícito de las drogas operan con barcos pequeños, avionetas, en número relativamente reducido y camuflados con todo tipo de parafernalia. Entonces, las fuerzas armadas con todos sus instrumentos tradicionales de lucha, no están dotados para esta suerte de combate "irregular". P.: ¿Pero además pueden surgir peleas interinstitucionales que le pueden restar eficacia y eficiencia a esas labores de represión y control? B.M.B.: Ese es otro punto interesante. En el Congreso norteamericano se ha señalado que la guardia costera ha sido bastante ineficiente. Incluso en 1987, se le recortaron USS 100.000 en presupuesto. La guardia costera, paralelamente, reclama un papel de liderazgo en este proceso pues es su principal función proteger las fronteras de la nación. Sin embargo, ahora se envían militares a cumplir dicha función. Estos no están ni equipados ni entrenados para eso. Estas actividades nuevas afectan sus misiones originales y 5

tradicionales y limitan su capacidad de movilización y acción en otras esferas de su quehacer clásico. No se puede olvidar, además, el problema generado por la corrupción que puede incidir negativamente en la institución militar. Tanto en Estados Unidos como en Colombia, esta serie de asuntos constituye un problema. Y en ambos países se han escuchado voces de preocupación en esa dirección. P.: ¿Cómo se podría dimensionar el creciente papel de las fuerzas armadas en la lucha anti-narcóticos en Estados Unidos? B.M.B.: Prácticamente hasta comienzos de esta década, la cantidad de recursos apropiados por las fuerzas armadas norteamericanas para el combate contra las drogas era insignificante, así como su papel activo o potencial respecto a dicha cuestión. Ello ha variado significativamente. Ahora recibirán más de US$ 500 millones. Los militares han contestado que incluso esa suma es insuficiente, pues necesitan entre US$ 2.000 millones y US$ 3.000 millones para efectuar las tareas que el Congreso les solicita en esta legislación. P.: ¿Cómo se puede evaluar el presupuesto general contenido en la nueva ley antinarcótico? B.M.B.: El presupuesto aprob ad o - aú n no to ta l me n te apropiado— es el más alto conocido, dedicado a la lucha contra las drogas. El objetivo es destinar la mitad del total de los recursos para combatir la demanda y la otra mitad para la oferta o el abastecimiento. Para 1990, la proporción será 60% para la demanda y 40% para el abastecimiento. Cabe resaltar que se manifiesta un énfasis importante en las labores de interdicción, en especial en

alta mar, así como en el área de erradicación de cultivos y su sustitución. En general, Estados Unidos no ha abandonado su política global hacia el tema. Va a continuar la guerra contra los narcóticos en los puntos de origen en el Tercer Mundo; es decir en Colombia y otras naciones. P.: ¿Qué sucederá con el tópico de la decertificación de países que presuntamente no colaboran con Estados Unidos? B.M.B.: Este tema ha generado un debate interesante. Para algunos se debería intensificar la presión mediante el uso estricto de la decertificación. Para otros, esta forma de sanción no es útil. En verdad, se necesitan incentivos y no penalidades negativas para inducir y promover la cooperación. Hay casos diversos con efectos similares. Negarle asistencia a Bolivia por medio de la decertificación es dramático para ese país, pero ello no alterará su política antinarcóticos. Colombia que posee un producto bruto anual relativamente importante en términos comparativos al interior de América Latina y que recibe ingresos relevantes por concepto del narcotráfico, no variará su decidida política contra las drogas a través de sanciones. Por el contrario, en ambos casos, los incentivos potenciales serían más provechosos para mejorar las luchas nacionales contra los estupefacientes. P.: ¿Ha existido un "lobby" efectivo de parte de Latinoamérica, en general, y Colombia, en especial, para persuadir al Congreso norteamericano y a la opinión pública estadounidense acerca de la urgencia y necesidad de adoptar medidas más estrictas a nivel del consumo? Y, paralelamente, ¿cuál ha sido el papel de la academia de Estados Unidos en estos debates nacionales en torno a las drogas?

B.M.B.: Comienzo por la segunda parte de su pregunta. Analistas y académicos estadounidenses han demostrado que nuestra política ha sido un gran fracaso. Estudiosos de universidades y de institutos o centros de investigación de diversa índole han señalado el poco éxito de las labores e iniciativas realizadas e implementadas hasta el momento. La opinión norteamericana ha exigido, con insistencia, a sus respectivos congresistas hacer algo concreto ante la violencia en las ciudades, la epidemia del crack, el aumento del consumo, los problemas delictivos y de salud pública, entre otros. El Congreso ha respondido, reconociendo la necesidad de trabajar en los campos de la educación, la rehabilitación y la prevención. Las campañas latinoamericanas ante Washington han sido valiosas. Colombia, al igual que México, han sido claros y elocuentes al plantear que lo que se les exige a ellos, no es lo mismo que se le demanda al gobierno de Estados Unidos. Esto no sólo es injusto, sino que no ayuda a resolver el problema de las drogas cuando la demanda total del conjunto variado de narcóticos y estupefacientes en Estados Unidos alcanza los US$ 150.000 millones aproximadamente. Mientras persista esta cuantiosa demanda y no se solucionen los graves traumas por los que atraviesa América Latina, habrá países pobres, dispuestos a producir drogas y a exportarlas. Ya también Estados Unidos es productor de marihuana y ello representa un problema difícil que no se ha podido resolver aún. Hay cultivos en los cincuenta Estados; en especial en California, Hawaii, Oregon y Florida y aquellos de clima templado. P.: Pero la cocaína sigue siendo el principal problema

para Estados Unidos. ¿No existen aún sustitutos más sofisticados? B.M.B.: Ya existe la coca farmacéutica pero todavía el precio es muy alto. En el evento de que llegáramos a controlar toda la producción de coca en Latinoamérica, existen ya las posibilidades potenciales y reales de reemplazar la coca natural por la sintética.

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Colombia ante las Enmiendas a la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos Ana Mercedes Botero *

* Investigadora del Centro Estudios Internacionales de Universidad de Los Andes

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En ocasiones, se afirma que el proteccionismo es el principal enemigo del comercio mundial y que la imposición de aranceles y de otras barreras comerciales impide el libre flujo de bienes y de servicios implicando pérdidas para varias de las partes involucradas en el juego comercial. Si bien es verdad que en algunas oportunidades el proteccionismo se hace necesario, ya sea para un despegue real hacia fases de desarrollo más avanzadas, o bien, para incentivar sectores de la economía doméstica en un momento dado, también es cierto que sus resultados generan costos que no deben subestimarse. En general, muchos países del Tercer Mundo han adoptado modelos de crecimiento que optan por estrategias de exportación que se materializan en otorgar incentivos de diversa índole a sus industrias cuyos productos, generalmente, encuentran trabas para su ingreso en los países desarrollados, y en particular, en los Estados Unidos. La política comercial de este país se ha venido traduciendo en un proteccionismo creciente que indudablemente no sólo entorpece sus relaciones con varias de las naciones en desarrollo con quienes el intercambio es intenso sino

que sus principales socios comerciales, en especial Japón y la Comunidad Económica Europea, han comenzado a protestar contra esta política y a reaccionar contra los efectos adversos que la misma causa sobre sus economías. Sin lugar a dudas, el mercado de los Estados Unidos es uno de los más importantes dentro del comercio mundial y en consecuencia, los fenómenos que se presenten dentro de la economía estadounidense revisten especial interés para muchos países. La política norteamericana relativa a las prácticas comerciales afecta a todos sus socios muy directamente, y de ahí, la necesidad de conocer la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, recientemente sancionada por el Presidente Reagan. En su negociación participaron intensamente el Congreso y la Casa Blanca, proceso en el cual de hizo manifiesta la diferencia de posiciones entre y al interior de los dos partidos tradicionales de ese país. Si observamos históricamente los Estados Unidos, nos encontramos hoy con las actitudes de los partidos demócrata y republicano un tanto modificadas. Al partido republicano, se le conoció como aquel proclive al proteccionismo, y al demócrata como el promotor del laissezfaire y de los principios librecambistas. Si bien es cierto que después de la crisis de la bolsa en los años treinta, fue un Congreso de mayoría republicana el que pasó, y un Presidente republicano el que sancionó, el Smoot Hawley Act (1930) que contribuyó a la gran depresión y se constituyó en uno de los textos legislativos más proteccionistas de la historia, hoy las posiciones se han modificado radicalmente A pesar del Lunes Negro de Octubre de 1987, los proyectos de ley sobre comercio exterior que se debatieron en el curso de estos dos últimos

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años en el Senado y en la Cámara de Representantes, respiraban en muchas de sus disposiciones ingredientes de carácter netamente proteccionista que causaron más de un dolor de cabeza a la administración del Presidente Ronald Reagan. Legislación sobre Comercio Exterior 1. Trade Act de 1974. El Trade Act de 1974 es la legislación norteamericana, que se ha convertido en fuente originaria requerida para la evaluación de cualquier asunto de intercambio comercial de los Estados Unidos con otros países. El objetivo primario de la ley es el de incentivar el crecimiento económico y promover empleo en el país, así como el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los EE.UU. y sus socios comerciales mediante un comercio libre y flexible. Igualmente, como metas fundamentales se establecen la reducción y eliminación de barreras comerciales que garanticen oportunidades competitivas al comercio estadounidense, y la existencia de mecanismos para la protección de la industria nacional contra una competencia desleal extranjera. Son precisamente estas disposiciones de carácter proteccionista las que han sido objeto de tanta polémica entre los legisladores en el Congreso norteamericano de distinta orientación y los socios comerciales de los EE.UU. en estos últimos 10 años. Su alcance obedece, es verdad, a razones de diversa índole que ciertamente son muy explicables desde la perspectiva norteamericana. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, para los ciudadanos de ese país estas premisas les protegen sus derechos. El derecho que está en juego en este caso es el de la expectativa que tiene la industria doméstica estadounidense,

de una protección frente a la competencia extranjera, cuando ésta representa una amenaza. Evidentemente, también tiene, como toda legislación comercial, un significado político, que si bien no responde siempre a los intereses de la sociedad en general, sí alivia y disminuye la fuerza que los grupos de presión ejercen sobre el Congreso, y que de otra forma desembocarían en soluciones extremas, aún más alejadas de las aspiraciones del electorado medio. En términos prácticos, es su contenido económico el de mayor trascendencia; el déficit comercial estadounidense habla por sí mismo y por obvias razones, las industrias menos competitivas de ese país, buscan decididamente en la legislación algún tipo de salvaguardia contra la competencia extranjera que les perjudica. En los últimos 10 años, el Trade Act de 1974, ha sido objeto de varias enmiendas. En 1979, el Congreso de los Estados Unidos expidió el Trade Agreements Act con el fin de incorporar en su legislación nacional los acuerdos comerciales que se negociaron con base en la ley de 1974 y en particular, para incluir los resultados de la Ronda de Tokio. En 1984, se introdujeron nuevas modificaciones que fortalecieron las facultades del Presidente para identificar las barreras comerciales a las exportaciones estadounidenses, y su capacidad para eliminarlas o reducirlas. Hace pocos meses, la legislación fue nuevamente enmendada con el Ómnibus Trade Bill de 1988. Su expedición obedeció, en parte, a ese desequilibrio ascendente de la balanza comercial de los EE.UU. y al rápido aumento de su deuda externa. Las diferencias en las políticas macroeconómicas de los principales socios comerciales de los EE.UU., el déficit fiscal de ese país, la deuda del Tercer Mundo, los defectos estructurales

del sistema monetario internacional, y la escasez de productividad y poca competitividad de la industria estadounidense (comparada con la extranjera), se han constituido en su conjunto, en factores desestabilizadores a nivel macroeconómico que el Congreso y la Casa Blanca consideraron urgente solucionar. 2. Ómnibus Trade Bill de 1988 El texto de las nuevas enmiendas ha sido calificado como el más profundo y el de mayor envergadura en todos estos años. El Ómnibus Trade Bill es un documento bastante extenso, que si bien hace innovaciones respecto a ciertas materias no representa en su forma final, ningún cambio radical de la tradicional política comercial estadounidense. Lo cierto es que introduce una suerte de "proteccionismo procedimental" como sus críticos lo han denominado, que ha sido el resultado de la reacción al primer periodo del Presidente Reagan en el que el mandatario hizo caso omiso de las sanciones establecidas en la ley existente en relación con las prácticas comerciales desleales en un momento en que se anticipaba el saldo negativo en la balanza comercial de ese país. Sin embargo, ante el deterioro de la situación, la administración Reagan dio cierto viraje a la orientación de sus acciones frente al problema comercial: por una parte, el presidente presionó de manera más decidida en las investigaciones adelantadas alrededor de supuestas prácticas comerciales desleales de ciertos países frente a los Estados Unidos. De otro lado, se tomaron medidas que indujeron la devaluación gradual del dólar en un proceso que se ha mantenido hasta el presente. Aunque estas medidas frenaron un tanto el proceso de deterioro de la balanza comercial, no tuvieron todo el efecto que se había esperado.

No sólo la preocupación de los Estados Unidos en materia de tales prácticas comerciales ha sido una constante en la política comercial norteamericana, sino que la determinación que sobre éstas haga su gobierno y la imposición de mecanismos para contrarrestarlas, es preocupación permanente para sus socios comerciales y para ciertos grupos de presión en los Estados Unidos. Sin embargo, si bien es verdad que el Ómnibus Trade Bill es proteccionista y ha sido criticado por algunos de sus socios comerciales, muchos legisladores dieron un respiro cuando se logró que la muy discutida Enmienda Gep-hardt no formara parte del paquete final, la cual fue punto focal de los debates parlamentarios con anterioridad a las primarias del "supermartes" del 8 de marzo de 19881. Las enmiendas en el nuevo texto son complejas y en general benefician a la industria estadounidense, sin perjuicio de los costos que a su turno deberán asumirse: los consumidores de los bienes que produce la industria protegida deben pagar precios más altos; a los exportadores se les cierran 1. El texto de esta enmienda estipulaba que los países socios comerciales de los EE.UU. con quienes éste tuviera un superávit comercial muy alto deberían eliminar las prácticas comerciales desleales, y que de no ser eliminadas en el lapso de un año -tiempo en que se negociaría y evaluaría la situación— se obligaría a que el excedente se redujera en un 10% anual durante un período de cuatro años, por orden del Representante del Departamento de Comercio. Su aplicación estaba circunscrita a aquellos países que son exportadores mayores a los Estados Unidos, cuyo comercio anual excede los 7 billones de dólares, cifra que está en todo caso muy por encima del nivel colombiano de intercambio comercial con ese país. La Casa Blanca, consideró siempre que la enmienda era equívoca e inconveniente, puesto que la retaliación automática que establecía podía bien generar una respuesta nacionalista por parte de muchos de los países que quedarían cubiertos por sus disposiciones, lo que tarde o temprano, repercutiría adversamente sobre los intereses estadounidenses.

los mercados extranjeros mediante la imposición de barreras a sus artículos de exportación y los trabajadores de la industria protegida creen que dicha protección les ha de garantizar sus empleos cuando en verdad su estabilidad es ficticia y está sujeta a la política del momento. El Ómnibus Trade Bill es extenso y cubre aspectos no sólo comerciales, sino de política financiera internacional, telecomunicaciones, ciencia e investigación, propiedad intelectual, inversión y tecnología, educación, y de comercio agrícola. Este artículo se limita a algunos temas de naturaleza comercial que interesan a Colombia, en particular las modificaciones del Trade Act de 1974 que se refieren a las nuevas facultades del Representante de la Oficina de Comercio, a la legislación anti-dumping y a los derechos compensatorios, y a la facultad del Presidente de los EE.UU. para negociar acuerdos bilaterales y multilaterales. En esta última categoría, cobra relevancia la Ronda Uruguay y en ese contexto, la reunión de Montreal de diciembre pasado. I. Aspectos Comerciales A. Modificaciones al Trade Act de 1974 Es mucho lo que se ha discutido en torno a las secciones 201 y 301 del Trade Act de 1974. La sección 201 autoriza al Presidente de los EE.UU. para que previa investigación por la "Comisión de Comercio Internacional", imponga restricciones en las importaciones que compruebe, causan o amenazan causar daño a la industria estadounidense. Esta sección es la disposición más proteccionista de toda la legislación comercial de los EE.UU. ya que no hace referencia a una práctica específica, sino que en su

indeterminación puede cobijar un sinnúmero de casos. Esta sección pone en vigencia la cláusula de escape del artículo XIX del GATT. El GATT reconoce que inevitablemente hay industrias que encaran un ajuste difícil a un sistema comercial mundial más abierto, y en consecuencia, plantea una excepción a sus disciplinas normales que permite a una de las partes contratantes limitar temporalmente las importaciones para suavizar el proceso de ajuste. Debido a que el artículo XIX es un remedio contra importaciones conforme a lo requerido, el socio comercial afectado adversamente tiene derecho a compensación por cualquier pérdida comercial y si no se puede negociar un paquete de ajuste adecuado, el socio comercial tiene derecho legal a tomar represalias contra las exportaciones de los EE.UU. Por su parte, la sección 301 incluye la legislación que se usa para abrir los mercados extranjeros a las exportaciones de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta sección autorizaba al presidente, no sólo para negociar con cualquier país extranjero cuyas prácticas comerciales fueran consideradas como injustas y discriminatorias, y que entorpecieran o restringieran el comercio de los Estados Unidos, sino para imponer medidas retaliatorias cuando no se lograra un acuerdo con el país socio para su remoción o compensación. El Ómnibus Trade Bill transfiere la facultad del presidente (prevista en la sección 301) al Representante del Comercio así como su facultad para la imposición de medidas retaliatorias. Si bien esto puede obedecer a que justamente el Pre-diente Reagan, en un comienzo no hizo uso extensivo de esta facultad como los congresistas hubiesen querido —de ahí el traslado de competencias—, és-

te parece un cambio puramente formal puesto que el Representante de Comercio, como parte de la rama ejecutiva del poder público sigue en términos generales la política del presidente. De allí que no parece probable que en adelante, haya que decidir sobre medidas a las que el presidente se opone. Sin embargo, en general una decisión tiene más impacto cuando la hace el presidente. Y es él quien debiera tener la autoridad para decidir si los EE.UU. entran o no en una vía que puede conducir a una "guerra comercial", lo que tampoco obsta para que se ignore que este cambio debilita el papel del Representante de Comercio que se creó en 1962 como unidad especial de negociación (al alcance de la mano derecha del presidente) y que hoy la convierte en un organismo más para hacer cumplir la ley. A pesar de esta alteración, lo que es fundamental en esta materia es la cuestión de la imposición de medidas retaliatorias, política que debe utilizarse con sumo cuidado porque puede terminar perjudicando al país que las impone. Es una decisión política muy difícil, no sólo porque puede generar una respuesta nacionalista en muchos países, sino que puede dar lugar a resultados contraproducentes con países con los que Estados Unidos tiene en la actualidad excedentes comerciales, sin perjuicio de que en algunas naciones, las represalias produzcan nuevas retaliaciones en sentido contrario. En lo que se refiere a la facultad de la administración para otorgar remedios a la industria doméstica cuando se le perjudica con importaciones, la nueva ley introduce cambios significativos. De un lado, le exige a la industria no sólo la prueba de daño (como antes), sino que tiene que demostrar que está preparada para realizar un ajuste positivo a la competencia de importación.

Esto significa que una industria moribunda o muy afectada por las importaciones no podrá obtener ningún tipo de remedio a menos que demuestre adecuadamente que puede volverse competitiva al cabo de un tiempo. Por otro lado, y como concesión del Congreso a la Casa Blanca, se decidió que la administración tuviera algo más de discrecionalidad en lo que se refiere al otorgamiento de dichos remedios y lo que es más importante, a la forma en que se haga; es decir, que no necesariamente tiene que materializarse en tarifas o en cuotas sobre las importaciones que afectan a la industria doméstica. B. Subsidios y Derechos Compensatorios A principios de la década de los 70 se estimuló en varios países del Tercer Mundo, un tipo de estrategia de desarrollo económico basada fundamentalmente en la promoción de exportaciones. En la práctica, este modelo se traduce en la introducción de incentivos a las exportaciones, en particular en la forma de subsidios, sin desmantelar las barreras de importación. Esta estrategia ha encontrado serios obstáculos en la práctica generalizada de imposición de derechos compensatorios por parte de los países desarrollados. El colombiano es un ejemplo que refleja la situación de muchos países del Tercer Mundo en su política de apertura de mercados en el exterior a través de ayudas a las exportaciones de sus productos pero que encuentran dificultades, en particular en los EE.UU. Baste mencionar que Colombia ha sido demandada por subsidiar exportaciones de textiles y de flores en varias ocasiones. La ley existente en materia de derechos compensatorios es compleja. Su objetivo es el de compensar con aranceles los subsidios que un exportador recibe de su gobierno; es decir,

fijar un arancel compensatorio que incrementa el precio de venta en el valor del subsidio. Si el subsidio no se compensara, los consumidores de la nación importadora se beneficiarían a costa del fisco de la nación exportadora perjudicándose la industria competidora del país importador. La administración Reagan ha estado dedicada a hacer cumplir vigorosamente las leyes sobre derechos compensatorios y desde 1980, el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional (C.C.I.), han realizado una cantidad sin precedentes de investigaciones de comercio desleal y han ampliado significativamente los instrumentos estadounidenses para enfrentar una amplia gama de prácticas comerciales. El Ómnibus Trade Bill introduce cambios a este respecto, que sin duda alguna contribuirán a crear más obstáculos e incertidumbre en el intercambio comercial, afectando los intereses de varios países del Tercer Mundo, incluidos los colombianos. Se aumentan los derechos compensatorios por concepto de las importaciones que utilicen insumos subsidiados; se facilita aún más a la industria doméstica estadounidense la obtención de remedios por el perjuicio ocasionado; se limita la discreción del Presidente de los Estados Unidos para rechazar restricciones a las importaciones en nombre de la industria doméstica afectada. Desde 1984, la reglamentación sobre derechos compensatorios y dumping, permite a la Comisión de Comercio en la evaluación del perjuicio o de su amenaza, acumular el impacto de las importaciones provenientes de dos o más países de productos similares objeto de investigación si tales productos compiten entre sí o con bienes parecidos a los de la industria estadounidense. Esta acumulación obviamente aumenta la probabilidad

de que se determine la existencia de perjuicio. Además, el Ómnibus Trade Bill agrega una cláusula que complica más las cosas, permitiendo la vinculación de procesos antidumping y de derechos compensatorios; acumula así el impacto de las importaciones de distintos países objeto de cualquiera de los dos tipos de investigación. Como es de esperarse, se sentirán afectados muchos exportadores, que fácilmente se verán en situaciones en que proveedores minoristas (ajuicio de la CCI) estarán causando daño, porque sus importaciones, por ejemplo, habrán sido acumuladas a las de un mayorista sujeto a una orden de derechos compensatorios. Esta cláusula representa un cruce de procesos que muy probablemente generará violaciones de otras leyes comerciales de los Estados Unidos aumentando la probabilidad de que se impute responsabilidad a las compañías extranjeras. En lo que se refiere a dumping, la ley cuenta con disposiciones nuevas relativas al "dumping de distracción" y de terceros países. En lo que se refiere a otras naciones, la legislación va un poco lejos y otorga a la industria estadounidense la facultad de solicitar a la Oficina de Comercio que demande de otro país2 la aplicación de las medidas apropiadas en contra de un tercer país que subvenciona sus productos al comerciar con un país miembro del Acuerdo' sobre implementación del artículo VI del GATT (medidas antidumping). Esta facultad sólo puede ser ejercida cuando la industria norteamericana tiene razón suficiente para creer que la mercancía está siendo subvencionada y que esto le perjudica o amenaza con perjudicarla. Por su parte, el llamado "dumping de distracción", es 2. País miembro del Acuerdo sobre implementación del Artículo VI del GATT.

decir aquellos casos en que productos finales importados en los EE.UU. incluyen materiales que fueron subvencionados en el país en que los bienes se produjeron, fue uno de los temas más debatidos en el Congreso. Este le ha considerado, y en particular, la Cámara de Representantes, como una de las órdenes antidumping impuestas por las autoridades administrativas de los Estados Unidos. La ley anterior no contenía nada en este sentido, y la propuesta de la Cámara era la de incluir una disposición al respecto con el fin de desincentivar dicha práctica. La administración Reagan siempre se opuso a propuestas para crear remedios nuevos contra este tipo de dumping. La verdad es que estos violarían el GATT, ya que los EE.UU. estarían bloqueando la interpretación convenida del código antidumping, que condena las propuestas de dumping respecto a alteraciones de insumos por considerarlas incompatibles con las obligaciones del código. Irónicamente, los EE.UU. se verían afectados en caso de que se expidiera legislación idéntica de "dumping de distracción", ya que se hostigaría injustamente a los exportadores norteamericanos, porque muchas de sus exportaciones contienen insumos importados subvencionados, sin perjuicio de que esto pudiera provocar la imposición de aranceles antidumping contra muchas firmas estadounidenses con operaciones de ensamblaje en el extranjero. El Ómnibus Trade Bill establece un procedimiento de monitoreo bajo el cual un productor nacional puede solicitar a la autoridad correspondiente que la CCI vigile el desempeño comercial del producto final con el fin de hacer una evaluación del incremento de las importaciones de ese producto —si lo hubo— teniendo en cuenta las condiciones económicas

de dicho sector productivo. De acuerdo con la información suministrada, la autoridad decidirá si hay lugar a la iniciación de una investigación anti-dum-ping. C. Autorización al Presidente de los Estados Unidos para Negociar Acuerdos Comerciales Probablemente, y como una cuestión de largo plazo, la legislación relativa a las negociaciones comerciales es la más importante dentro del paquete integral del nuevo texto. La Ley autoriza al presidente a negociar y concluir convenios bilaterales y multilaterales, incluidos dentro de esta última categoría, los que regulan bienes y servicios en el contexto de la Ronda Uruguay. Estas conversaciones iniciadas hacedos años tienen como objetivo el de liberalizar el comercio, a través de una mayor apertura de los mercados internacionales, de seguros y de otros servicios, de una flexibilización de las normas sobre inversión, y de la producción de patentes, copyright y otras formas de propiedad intelectual. En lo que se refiere a barreras tarifarias, el presidente en virtud de los acuerdos que la ley le autoriza a concluir, sólo podrá recortar aranceles hasta en un 50% de la tarifa que se aplica en ese momento e igualmente no podrá fijar una superior a la que rige. En el caso de barreras no tarifarias y cuando el presidente considere que se restringe el comercio exterior de su país y/o afecta adversamente la economía estadounidense, los acuerdos podrán establecer una reducción o eliminación de la barrera o la prohibición de su imposición, siempre y cuando con ello se promueva el acceso abierto, recíproco y equitativo de los mercados extranjeros.

II. Otras Disposiciones Vale la pena hacer una mención breve a algunos de los capitulos del Omnibus

Trade Bill que fueron intensamente debatidos. A manera de ejemplo y sin calificar el orden de importancia se pueden citar las siguientes: El título que relaciona lo concerniente a la política financiera internacional, en particular lo relativo a la coordinación de políticas macroeconómicas incluidas el mejoramiento del sistema cambiario a través de negociaciones bilaterales y multilaterales y la cuestión sobre la deuda del Tercer Mundo. El título IV de la ley relativo al comercio agrícola pone de presente la caída de estas exportaciones en más de un 36% desde 1981 y la consecuente pérdida de empleos en el sector agrícola y otros relacionados a éste. Esta sección amerita, sin duda alguna, un estudio cuidadoso, en especial con relación a la Ronda Uruguay, que de una u otra forma se ha convertido en una gran oportunidad para los Estados Unidos de negociar condiciones más favorables al comercio agrícola dentro del cual, según el Secretario del Departamento de Comercio, "hay pocos frenos para los subsidios a la exportación y para las barreras a las importaciones, elementos estos.que perjudican a los agricultores y a los contribuyentes estadounidenses". Uno de los títulos más populares de la ley es el relativo a la Educación y Entrenamiento para fortalecer la competitivi-dad norteamericana; en ese contexto, se autorizan 980 millones de dólares para el programa de entrenamiento de trabajadores, que pone énfasis en el pronto suministro de servicios de ajuste rápido a los trabajadores desplazados debido a las importaciones, canalizando los recursos necesarios para atender sus necesidades. Por otro lado, muchas de las disposiciones que se establecen en el campo financiero, agrícola o en el de inversión, obedecen claramente a realidades muy

muy concretas y coyunturales de las relaciones que los Estados Unidos mantiene con algunos de sus socios comerciales aunque su mención no se haya hecho explícita. Tal es el caso, por ejemplo, de las disposiciones que apuntan hacia el Japón, y que se refieren a la intermediación de valores, a las sanciones a la compañía Toshiba, a la industria japonesa de supercomputadores; o las relativas a la cuestión agrícola dirigidas hacia la Comunidad Económica Europea. Respecto de esta última, por ejemplo, la ley subsidia los productos agrícolas norteamericanos que se exportan a países que subsidian los suyos, proporcionando 2.5 billones de dólares para el año fiscal que termina en septiembre del próximo año, con el fin de que dichas exportaciones aumenten. En forma similar, la ley prohibe que compañías extranjeras sean intermediarios primarios de valores expedidos por el gobierno de los Estados Unidos, disposición que muy probablemente obligará a Nomura Securities Int. Inc., a Nikko Securities Co. International Inc. y a Daiwa Securities America Inc. a que salgan de este mercado, por cierto muy lucrativo, a menos de que Japón ofrezca en el término de un año, oportunidades igualmente competitivas a compañías estadounidenses. La ley, además sanciona a la casa matriz de Toshiba a raíz de la venta ilegal que la compañía hizo a la Unión Soviética de tecnología de punta, prohibiéndole sus exportaciones a los Estados Unidos por un período de tres años. Afecta igualmente al Japón la determinación del Congreso de que el Representante del Comercio dé prioridad absoluta a la conclusión y ejecución de convenios con ese país que aseguren a la industria estadounidense de supercomputadores el acceso al mercado japonés.

Conclusiones Nadie desconoce el problema crítico de déficit comercial por el que atraviesan los EE.UU., como tampoco para nadie deja de ser compleja la legislación comercial de este país. Las disposiciones sobre subsidios y dumping, la asistencia a la exportación de productos agrícolas, las cláusulas de reciprocidad que se exigen en el intercambio comercial con algunos países, pueden contribuir a reducir el déficit siempre y cuando logren ponerle freno a las trabas y restricciones del comercio exterior. Sin embargo, tampoco se puede ser ingenuo. La reacción de los socios comerciales de los EE.UU. no puede subestimarse, y en particular las de los gobiernos de Japón y de la C.E.E., cuyos superávits comerciales con los EE.UU. son significativos. Estos países no van a doblegarse ante Washington ni van a adoptar políticas que reduzcan tales cifras. Por el contrario, se quejan con insistencia de que EE.UU. unilateralmente decide lo que es o no es desleal o injusto; la CEE ha optado en consecuencia por publicar un compendio de lo que considera como prácticas comerciales desleales norteamericanas. La ley ha sido sancionada hace unas pocas semanas. En estos momentos, es difícil anticipar todas sus consecuencias y no parecería prudente especular sobre ellas, hasta tanto no se evalúen los resultados de la reunión en Montreal de la Ronda Uruguay. Lo que sí es cierto es que, independientemente de que George Bush haya sido electo presidente, la ley se constituye en un primer paso dirigido a que los intereses económicos, en particular los comerciales, sean parte prioritaria en la agenda de política exterior del próximo gobierno, y que finalmente se les dé, al igual que a los asuntos de defensa y de seguridad, la importancia que merecen en su política nacional e internacional.

Sección: Política Mundial

La Victoria Electoral de Bush: Preludio a un ascendente conflicto político Gary Hoskin *

* Profesor de la State University of New York (SUNY), en Buffalo, y actualmente profesor visitante del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

George Bush triunfó en forma impresionante en la elección presidencial de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 1988, obteniendo 426 votos electorales comparados con los 112 que logró el candidato demócrata Michael Dukakis. El candidato republicano obtuvo 54% del voto popular, mientras que un 46% de la población votó por Dukakis. La victoria de Bush se debió a una identificación casi total con el altamente popular Presidente Reagan, a una campaña muy bien orquestada y competente, a la percepción por parte del público estadounidense de una economía sana, a la tranquilidad relativa en la escena internacional, y a los malos manejos y errores cometidos en la campaña demócrata. Sin embargo, llegado el caso de que los demócratas hubieran realizado un esfuerzo más efectivo en este sentido, pareciera que la abrumadora victoria de Bush era inevitable. No obstante lo anterior, el margen de voto del Presidente electo es un tanto ilusorio en la medida en que se registró en una elección caracterizada por la tasa de abstención más alta desde 1924, por un descontento muy marcado hacia los dos candidatos por parte del electorado y por el ansia de continuidad de la Revolución

Reagan, que efectivamente encubrió problemas estructurales de índole económica generados por un endeudamiento externo cuantioso. Asimismo, el mandato de Bush probablemente es algo aún no muy sólido dado el control que los demócratas todavía ejercerán en el Congreso y en las legislaturas estatales; las consecuencias de la campaña "sucia" de los republicanos, tácticas éstas que indudablemente afectarán los logros de Bush al trabajar con el Congreso; la aparente inhabilidad de Bush para atraer directamente, al público norteamericano en forma efectiva como lo hizo el carismático Reagan; y la inevitable confrontación con la realidad económica,. El triunfo de Bush en el Colegio Electoral fue decisivo (426 a 112) lo cual refleja la mecánica de este que de alguna manera distorsiona el voto popular 1 Si los votos electorales se distribuyeran con base en el voto popular, Bush habría recibido 291 (se necesitan 270 para ganar) votos. El presidente electo venció en 40 estados, la mayoría de los cuales se ubica en el sur y en la región de las Montañas Rocallosas. Por el contrario, los 10 estados y el Distrito de Columbia que votaron por Dukakis, estuvieron principalmente localizados en el área norte del país (New York, Massachussetts, Rhode Island, West Virginia, Hawaii, Iowa, Minnesota, Oregon, Washington y Wisconsin). Con el fin de subrayar idiosincrasias del Colegio Electoral, un viraje de aproximadamente 590.000 votos en 1. Cada voto de un estado en el Colegio Electoral equivale al número de senadores y de representantes que envía a Washington. Más aún, al candidato que recibe una mayoría simple de los votos en el estado, se le atribuye el voto total del estado en el Colegio Electoral. Este sistema contribuye a la fuerza de los estados pequeños y discrimina contra los electorados urbanos.

¿Realineamiento Partidista? 11 estados (menos de 1 % del voto total) le habrían dado el triunfo a Dukakis por una A pesar de que el partido republicano ha conservado pequeña diferencia2. prácticamente el monopolio de la presidencia en los En términos de voto últimos años —han ganado 5 de popular (54% a 46%) a las 6 elecciones— el triunfo Dukakis le fue mucho mejor, de Bush no se extendió a la obteniendo mucho más apoyo arena legislativa, ni a nivel que cualquier otro colega suyo, nacional, ni estatal. Los aspirante demócrata al cargo de demócratas aumentaron su presidente desde 1964, con la control en el Senado, excepción del Presidente agregando un escañó adicional Cárter en 1976. Mientras que (la nueva distribución partidista la fuerza electoral de Bush se favorece a los demócratas 55concentró en el sur, él registró 45); aumentaron su fuerza en victorias estrechas en estados la Cámara de Representantes claves del norte y del oeste, en 5 escaños (262-173), y les como Illinois, Maryland, fue bastante bien en las Pennsylvania y California. legislaturas estatales, obteniendo 13 escaños más4. Si se observan los resultados de las encuestas electorales de Este último logro, es en la cadena CBS3, el presidente particular importante como electo recibió el siguiente tipo consecuencia de la nueva de apoyo: el sur (58% a 41% distribución de la Cámara de para Dukakis), hombres (57% a Representantes y de las 41%), blancos (59% a 40%), legislaturas de los estados, tal grupos con ingreso superior a como está previsto 50.000 dólares (62-65% a 32constitucionalmente a partir 37%) y electores de Reagan en del censo de 1990. El partido 1984(80 a 19%). Por el que controla una legislatura contrario, a Dukakis le fue estatal puede reasignar escaños mejor con los negros (86 a de tal forma que maximize sus 12%), los hispanos (69 a 30%), posibilidades de victoria. las mujeres (49 á 50%) los no bachilleres (56 a 33%), los De acuerdo con el estratega católicos (52 a 47%), los republicano, Kevin Philips, la judíos (64 a 35%), las familias tendencia de los republicanos sindicalizadas (57 a 42%), los de ganar la presidencia y de los obreros (54 a 44%), las demócratas de controlar el personas con ingresos por Congreso, refleja en últimas, debajo de 12.500 dólares (62 a que el partido republicano 37%), los liberales (81 a 18%) cuenta con la imagen de y en el este del país (49 a 50%). liderazgo y de credibilidad de Estos datos muestran que la los Estados Unidos en antigua coalición del New Deal cuestiones nacionales, pero que (Nuevo Trato) mantiene los electores confían más en los alguna fuerza, aunque demócratas cuando se trata de atenuada, en particular construir colegios, de ofrecer respecto de la plaza demócrata garantías políticas para el tradicional del sur, y más allá medio ambiente, y de velar por de las ciudades grandes que se los intereses de la clase media5. han modificado por la transición demográfica. En términos generales, la elección de un nuevo presidente implica que su partido gana 2. New York Times, Noviembre 10, 1988. 3. Ibid.

4. Ibid., Noviembre 18, 1988. 5. Ibid.

escaños en la arena legislativa, pero este fenómeno electoral no se materializó en el caso de Bush —desde 1960 no se veía que el partido del presidente perdiese escaños en la Cámara de Representantes. En resumen, Bush no podrá contar con una "luna de miel" feliz con el Congreso cuando asuma el poder; los congresistas demócratas parecen no estar de humor como para cooperar con Bush, en parte debido a sus tácticas de campaña. Por otro lado, si se tiene en cuenta que el partido del presidente por lo general pierde escaños en las elecciones de Mitaca y que algunos de los 34 senadores que les corresponde postularse nuevamente en 1990, obtuvieron sus escaños en la victoria abrumadora de Nixon de 1972; la reacción a mitad del período del Presidente Cárter en 1978 y la aplastante victoria de Reagan en 1984, las perspectivas republicanas no parecen muy prometedoras para 1990. A diferencia de las expectativas en torno a la "Revolución" Reagan, las elecciones de 1988 revelaron muy poca evidencia de un realineamiento partidista duradero. De hecho, Dukakis y los demócratas aparentemente invirtieron la tendencia que venía dándose en la coalición del New Deal hacia Reagan y al partido republicano. El realineamiento no sólo exige cambios de control en el partido de gobierno como ocurrió desde 1968, sino también cambios en las lealtades de las masas partidistas. El registro de partidos aún favorece a los demócratas sobre los republicanos (39 a 33, con 25 6. Walter Bumham, Jerome Clubb y William Flanigan, "Partisan Realignment: A Systemic Perspective" en Joel Sibley ET. al., The History of American Electoral Behavior (Princeton: Princeton University Press, 1978).

Independientes)7, los demócracratas aumentaron su control en las legislaturas, y muchos electores demócratas tradicionales regresaron al redil (demócratas de Reagan, miembros de sindicatos, negros, hispanos, judíos, personas de ingresos bajos). Estudios electorales revelan que el realineamiento por lo general, incluye una movilización de nuevos votantes, pero las encuestas sugieren que esto no ocurrió en 1988. Así, mientras la "Revolución" Reagan bien pudo impulsar a Bush hacia la presidencia, su potencial de realineamiento, parece insignificante. El electorado estadounidense parece estar modificándose; lo cual refleja lo que algunos llaman un desalineamiento; es decir las coaliciones tradicionales de partido se disipan, y cada vez menos votantes se identifican con alguno de los dos partidos8. Su longevidad ha sido una característica única de este desalineamiento partidista; el ciclo electoral completo en sistemas de partido anteriores duró de 30 a 40 años, mientras que la coalición del New Deal (hoy como una vendimia de su forma original) ha durado cerca de 50 años. Como consecuencia de este prolongado desalineamiento, el modelo de Michigan sobre comportamiento de votación, que se basa principalmente en la identificación partidista para predecir resultados electorales, ha perdido algo de sentido al tratar de explicar la opción del votante y en consecuencia, explora otras variables para predecir el voto —factores -de contexto— como percepciones sobre la economía, conflicto internacional, y desempeño

7. New York Times, Noviembre 8, 1988. 8. Ronald Inglehart y Avram Hochstein. "Alignment and Dealignment of the Electorate in France and the United States", en Comparative Political Studies, 5 (1972).

gubernamental junto con percepciones de los votantes sobre los candidatos y sobre los temas electorales. Volatilidad del Electorado La fase de desalineamiento del ciclo electoral lleva consigo una volatilidad pronunciada por parte del electorado estadounidense, a lo que dan fe varios factores. En primer lugar, la tasa de abstención fue extremadamente alta, alrededor del 50% de los votantes elegibles. Como lo sugirió Walter Dean Burham, el número de los votantes en 1988 probablemente, se habría aumentado aproximadamente en un 10%, si el pre-registro fuera eliminado. Esto, sin embargo, dejaría 2/3 partes del enigma sin explicar10. Excluyendo a los 11 estados sureños, la concurrencia de los electores a las urnas en la elección presidencial de 1988, fue la más baja en 164 años11. La menor concurrencia provino de los estratos bajos en la escala socioeconómica, grupos que tradicionalmente han favorecido al partido demócrata.

El segundo factor que mostró la alta volatilidad del electorado fue que ninguno de los dos candidatos fue lo suficientemente atractivo para los votantes tres semanas antes de la elección, 57% de aquellos entrevistados dijeron que ellos habrían preferido candidatos distintos12.

9. Paul Alien Beck, "Choice, Context and Consequence: Beaten and Unbeaten Paths Towards a Science of Electoral Behavior", en Herbert Weisberg (ed) Political Science: The Science of Politics (New York: Agathon Press, 1986) p. 267. 10. Walter Dean Burnham, "Letter to the Editor" en el New York Times, Noviembre 24, 1988. 11. Ibid. Los once estados sureños no están incluidos en este cálculo porque la Ley délos Derechos Civiles de 1965 abrió las puertas a la votación negra en la región, distorsionando con el tiempo las tasas de participación.

En tercer lugar, los datos sobre la opinión pública fluctuaban considerablemente durante la campaña. Dukakis llevó la delantera aproximadamente en 18 puntos sobre su rival después de la Convención Demócrata en Atlanta; Bush, a su vez, llegó a obtener un margen por encima del 15% sobre su oponente, para luego caer aproximadamente a un 5%, justo antes de las elecciones13. Finalmente, alrededor de un 20% de los votantes sólo se decidieron en el último momento, de cuyos votos Dukakis ganó en una proporción de 3 a 214. Así, en un período de desestabilización partidista y de una intranquilidad aguda en torno al futuro económico y sobre el rol de los Estados Unidos en asuntos mundiales, muchos votantes potenciales se abstuvieron, mientras otros tenían la dificultad de decidirse, o de votar con muy poco entusiasmo. Votación Retrospectiva Ante la carencia de alineamientos partidistas estables, de candidatos atractivos, y de confianza en el futuro, muchos votantes se atuvieron a lo que los científicos denominan "votación retrospectiva"; es decir, que ellos votan de acuerdo con sus sentimientos con respecto a la evaluación que hacen sobre la administración Reagan, posiblemente, comparándola con los años turbulentos de la administración Cárter15 . Para la mayoría de aquellos que votaron, su situación económica personal mejoró durante los años de Reagan así como sus 12. The Economist. Noviembre 12-18, 1988).

(Londres:

13. New York Times. Noviembre 7, 1988. 14. Estos resultados provienen de una encuesta sobre la que informó The Economist. 15. Ver Anthony Downs, an Economic Theory of Democraey (New York: Harperand Row, 1957.

percepciones sobre la economía. Los estudios e investigaciones sobre el comportamiento de la votación en los EE.UU. revelan de forma consistente que las percepciones sobre las condiciones generales de la economía constituyen una determinante primaria del voto —lo que llaman votación sociotrópica16. Por lo menos, de manera superficial, la economía de los Estados Unidos se desempeñaba bien: el índice de miseria (tasa de inflación más desempleo) estuvo en su punto más bajo en 14 años, la economía ha venido creciendo desde los primeros años de la década de los 80, y la tasa de interés ha descendido de 15.5% en 1980 a 10% en noviembre de 1988. De acuerdo a la encuesta de la cadena NBC, 28% de aquellos entrevistados sostuvieron que la economía iba a mejorar, 16% creyeron que empeoraría y 48% que sería más o menos igual. Dukakis obtuvo el 73% de los pesimistas, mientras que Bush atrajo el 61% de los optimistas y el 58% del grupo medio17. Las evaluaciones favorables de naturaleza retrospectiva en torno al Presidente Reagan contribuyeron al triunfo de Bush; 53% de aquellos entrevistados aprobaron el desempeño de Reagan de los cuales un 86% votó por Bush18. Temas Electorales Durante el período de alineamiento partidista estable como el de los años 50, época en que fue formulado el modelo Michigan, éste se basó principalmente en la identificación de partido más que en los temas electorales, para predecir 16. Donald Kinder y Roderick Kiewiet, "Sociotropic Politics: The American Case", en British Journal of Political Science, 11 (1981). 17. Time No. 47, Noviembre 21, 1988. p. 11. 18. Ibid.

el comportamiento del votante. Sin embargo, el trabajo pionero de V. O. Key, junto con un ciclo de desalineamiento, impulsó el argumento acerca del rol de los temas electorales como determinante primario del voto 19 . Estudios posteriores realizados por Carmines y Stimson que distinguen entre temas electorales "fáciles" y "duros" en términos de las demandas cognoscitivas que tienen significación para el votante, indican que la política de votación no exige niveles muy altos de sofisticación y en consecuencia, pueden ser más difusos que lo que se había pensado anteriormente 20 . Los temas electorales de la campaña asumieron un papel más extenso en la contienda electoral de 1988. Dukakis, intentó ganar la presidencia discutiendo lo que él percibió que eran los temas básicos que confronta el país, mientras George Bush lanzó un discurso, más en términos de ideología, de valores básicos y de continuidad de los años Reagan, esquivando los temas "duros", como la deuda nacional, hoy por encima de 2,5 trillones de dólares, el déficit comercial, el desequilibrio presupuestal, y la pobreza. A pesar de ello, Bush capturó a los votantes en una campaña cuidadosamente planeada y ejecutada. Por lo tanto, de acuerdo con la encuesta de la cadena NBC, Bush contó con más apoyo que su rival en cuatro de los cinco temas electorales principales, y Dukakis llevó la delantera en lo que se refiere a la defensa de los programas de la clase media. En cuanto a los principales temas de campaña de Bush, en su mayoría controlados al nivel de gobierno estatal —crimen, licencias a prisioneros, obliga19. V.O. Key Jr., The Responsible Electorate (Cambridge, Mass.: Belnap, 1966). 20. Citado en Beck, p. 52. 21. Time.

ción de recitar el juramento a la bandera— se comprobó que fueron irrelevantes; y sin embargo, la poca simpatía que estos temas generaron en los votantes, no le impidió ganar votos sobre los temas que intencionalmente evitó evocar durante la campaña. Evaluaciones sobre los Candidatos Además de la identificación de partido y de temas electorales, otro aspecto de la opción electoral que se ha desarrollado como una variable importante, es el relativo a las evaluaciones que se hagan sobre los candidatos. Davidson ha identificado tres componentes generales diferentes de evaluación sobre éstos: experiencia, calificaciones e imagen o personalidad22. Bush, claramente, ganó la batalla en este sentido. El puso énfasis en su larga trayectoria de experiencia gubernamental a nivel nacional, en claro contraste con los antecedentes de Dukakis quien se limitó exclusivamente a su cargo como gobernador de Massachussets. Las experiencias de Bush como vicepresidente, embajador y director de la CÍA, lo habilitaban, como lo repitió en casi todos sus discursos, para tratar con los soviéticos, mantener una defensa fuerte y administrar el gobierno nacional. Llegó a los votantes en forma más personal, menos tecnocrática que su rival, a pesar de la lejanía con las multitudes y sus antecedentes aristocráticos. Para sorpresa de todos, inclusive de sus consejeros más cercanos, Bush fue un candidato formidable durante la campaña, tal como se vio en su excelente desempeño en el segundo debate frente a Dukakis.

22. Dorothy Davidson, "Candidate Evaluation: Rational Instrument or Affective Response". Documento presentado en la Convención de Ciencia Política del Medio Oeste, Chicago, 1982.

Este George Bush, estuvo bien disimulado antes, habiendo servido lealmente a Ronald Reagan por ocho años en una forma casi totalmente oscura, precedido por experiencias análogas en las presidencias de Nixon y de Ford. Este curriculum largo y algo vago provocó que el Senador Kennedy preguntara a los delegados de la Convención Demócrata " ¿Dónde está George?", en particular con referencia al asunto Iráncontras. A pesar de estas duras críticas, por parte de los demócratas, Bush y sus consejeros contra-atacaron al punto de que su rol en el escándalo Irán-contras, sus relaciones, con Noriega y su inactividad en los años de Reagan, dejaron de ser grandes "issues". De hecho, su experiencia gubernamental se convirtió en un elemento favorable -una encuesta mostró que aquellos electores que consideraban la experiencia como el factor más importante en su opción, apoyaron a Bush por una mayoría abrumadora, 94% a 6%23. Así Bush, debido a razones no muy claras a la luz de sus antecedentes, se convirtió en el candidato capaz de evocar simpatía y confianza en los electores. La Campaña El éxito de la candidatura de Bush puede ser reconstruido a partir no sólo de los factores de contexto favorables y de su identificación con la administración Reagan, sino también en buena parte, a la organización y al manejo de la campaña que demostraron ser una obra maestra, en especial con respecto a la hábil utilización de los medios de comunicación. Durante los inicios del verano, el vicepresidente Bush y sus asistentes se empeñaron en un ataque disciplinado, coherente contra Dukakis haciéndole ver 23. Time, p. 19.

como un individuo por fuera de la corriente principal24. Este esfuerzo fue productivo, al tiempo que lo describían como un liberal (palabra que se convirtió en palabra "sucia" durante la administración Reagan), débil frente al crimen (tal como fue transmitido en el aviso comercial más fuerte y controvertido de la campaña que mostraba un retrato de un asesino convicto, un hombre negro llamado Willie Horton, a quien Dukakis había dado una licencia por el fin de semana durante el cual mató a una mujer de Maryland); y antipatriota (Dukakis había vetado una ley en Massachussets, exigiendo a los niños del colegio recitar el juramento a la bandera -la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos había declarado inconstitucional una ley similar). Estos temas, todos los cuales tomó prestados de la campaña de Pat Robertson en las primarias, fueron retransmitidos a través de los medios de comunicación por el hábil consultor de Bush en esta materia, Roger Ailes. De forma similar, el esfuerzo de campaña se maximizó con los talentos organizacionales de James Baker, Craig Fuller y Robert Teeter. Mientras la campaña se desenvolvía, los consejeros de Bush confiaron cada vez más en los medios de comunicación y evitaron exponer al vicepresidente a multitudes grandes y a la prensa, dando lugar a afirmaciones de que Bush era lejano e inaccesible. La campaña presidencial es, en buena parte, una guerra de comunicaciones y el equipo de Bush claramente demostró su superioridad técnica sobre la gente de Dukakis. Además del componente temático se debe reiterar que la campaña de Bush lo identificó, casi totalmente, con el Presidente Reagan y con sus políticas, en

24. New York Times, Noviembre 12, 1988.

particular, con sus promesas de no aumentar los impuestos y de mantener una defensa fuerte. Posiblemente el error más protuberante de la campaña de Bush fue el de elegir al Senador Quayle como compañero de fórmula, error que supuestamente le costó a la fórmula republicana cerca de un 2% del voto25. A pesar de ello, la pérdida fue minimizada por los consejeros de Bush, quienes colocaron a Quayle en el trasfondo del debate. Desde el comienzo, Dukakis procuró dirigir una campaña positiva orientada hacia los temas electorales, que hiciera hincapié en su capacidad y competencia como administrador para resolver los problemas principales. Sin embargo, él no logró establecer la agenda de la campaña, dejando esto a los consultores de los medios de comunicación de Bush. Posiblemente, el mayor desatino de la campaña de Dukakis fue su rechazo a responder enérgicamente a la difamación sistemática por parte de su rival, de sus antecedentes como liberal, débil frente al crimen, antipatriótico y derrochador. En pocas palabras, un "futuro presidente "que revertiría la "Revolución" Reagan. Dukakis junto con sus asistentes cercanos, no captó sino hasta los últimos días de la campaña, la fuerza y la potencia de los ataques de Bush. Aún más, los funcionarios de la campaña demócrata, en su mayoría provenientes de Massachussets y de Harvard-MIT eran relativamente neófitos en cuanto a campañas nacionales, y sus esfuerzos organizacionales y de comunicación, inferiores a aquellos del campo opositor. Tal como lo sugirió un asistente cercano al candidato demócrata "lo breve y lo senillo del asunto es que el campo de Bush implementó 25. Tomado de la encuesta de la cadena CBS sobre la que informo el New York Times, Noviembre 9, 1988.

una mejor campaña 26 de lo que nosotros lo hicimos" Dukakis también se distanció de Jesse Jackson tratándolo como un estorbo y después del rol de alto perfil que Jackson tuvo durante la Convención Demócrata, rehusó la posibilidad de involucrarlo a él o a su causa populista dentro de la campaña. Solo hasta los últimos días de la contienda, Dukakis cambió su estrategia, contra-atacando la campaña de comunicación de Bush y tachándola de injusta y de racista, abrazando la causa populista de Jackson y declarando que se sentía orgulloso de ser calificado como un liberal en la línea de Franklin Roosevelt, y John Kennedy. Este último cambio fue efectivo en la medida en que pudo reducir la distancia que le llevaba Bush en las encuestas27. Pero tal como lo anotó el encargado principal de las encuestas de Bush, "el desafío ante el cual se encontraba Dukakis era bien desalentador porque tenía que lograr que pasaran muchas cosas, en muchos lugares, a un mismo tiempo” 28. Resumiendo, la campaña presidencial dejó al público estadounidense con una sensación de desilusión en torno al proceso electoral, empezando por su superficialidad en cuanto a los temas electorales; descontento con las opciones que les fueron presentadas y con el énfasis negativo dado a las campañas de comunicación, en particular por parte de la gente de Bush. John B. Dakes escribió "jamás en este siglo, había habido una campaña de difamación personal a nivel presidencial"29. La contienda electoral no produjo imágenes claras para el electorado en 26. Ibid., Noviembre 12, 1988. 27. Time. 28. New York Times, Noviembre 7, 1988. 29. Ibid., Noviembre 5, 1988.

en cuanto a cómo se comportarían como presidentes. 0 más concretamente, sobre los programas que seguirían, de ser elegidos. La campaña según el conocido científico político, Robert Dahl, "representa una verdadera pérdida del control sobre el proceso de gobierno. La gente no controla más las cuestiones principales de política"30. A pesar de los cientos de trabajos sobre los temas electorales y de las miles de horas utilizadas en el sendero de la campaña, no se tiene muy en claro lo que George Bush sostiene y hacia dónde va. De acuerdo al historiador Garry Willis, "su mandato (el de Bush) significa ignorar las amenazas a nuestra economía, mantener el legado de Reagan de let's preterid y servir de figurón de lo que América se ha convertido: un imperio asustado que esconde los problemas a sí mismo"31. La campaña fue en particular divisiva, dando aliciente a enconos Inter. partidistas, profundizando en las hendiduras socioeconómicas y promoviendo tensiones raciales. A pesar de que Michael Dukakis ganó la batalla en relación con el alto calibre de su campaña, perdió la guerra con Bush quien cosechó pocos elogios por los estándares éticos que utilizó en su camino hacia la Casa Blanca. La Presidencia de Bush

Independientemente de que George Bush emerja en la presidencia, sea el peleador, el conflictivo, el reaganista ideológico de la campaña, o el moderado conciliador, o el pragmático republicano de una era anterior, Bush se enfrentará con una multitud de problemas, con poco apoyo político en el Congreso para abordarlos, y con un carisma insuficiente para llevar su caso ante el público norte-

americano con la efectividad del "Gran Comunicador". El legado de Reagan de una deuda nacional astronómica, presupuestos desequilibrados, impuestos bajos, desajustes comerciales, pobreza creciente, y descontento de la clase media, no auguran lo mejor para la continuidad de una hegemonía republicana. "En razón del endeudamiento externo, Reagan fue capaz de darle a los americanos, oportunidad para gastar más de lo que ganaban y eso les gustó. Bajo Mr. Bush tendrán que ganar más de los que gasta, y eso no les va a gustar"32. Teniendo en cuenta que el índice de miseria es el más bajo en más de una década, y la presencia de agudos problemas socio-económicos, casi nada de lo que el presidente haga respecto de la economía lo podrá volver popular, viéndose posiblemente con la necesidad de dirigirse hacia el área de los asuntos exteriores con el fin de elevar su popularidad. El éxito de su administración dependerá en buena parte, de su habilidad para trabajar con un Congreso hostil de mayoría demócrata. Pocos esperan que George Bush brille como presidente en razón de su intelecto; más bien, su mejor opción está en su larga (aunque menos que estelar) trayectoria como político pragmático, un hombre sin creencias ideológicas rígidas que se adapta a las exigencias del momento para lograr una victoria. Bush reflejará, inevitablemente, las tensiones que emanarán de los conflictos entre Bush, el de la campaña, y Bush el presidente; en particular durante las primeras fases de su administración cuando le será especialmente difícil aumentar impuestos o negociar con el gobierno sandinista. El "gentil" George Bush bien puede pre

30. Ibid., Noviembre 10, 1988. 32. The Economist. 31. Time, p. 29.

dominar; es decir un Bush que elimine los ángulos ásperos de la "Revolución" Reagan, obviamente sin decirlo en público, y confiando principalmente en lo que aparentemente es un grupo pragmático y altamente competente de funcionarios de gabinete y de asesores. Que él pueda ser capaz de dirigir al público y a las élites de la sociedad estadounidense a un replanteamiento del rol de los Estados Unidos en los asuntos mundiales en el contexto de una hegemonía en declive, así como de mostrarse resuelto —o por lo menos dar marcha atrás— en cuanto a las tendencias acuciantes de índole económica y social, parecería, por lo menos, problemático.

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La Concertación: Un Instrumento para la Profundización de la Democracia*

Los mandatarios de los países que conforman el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación, nos hemos reunido para renovar nuestra voluntad política y ahondar el compromiso con la paz, el desarrollo y la democracia de América Latina. La combinación de realismo, flexibilidad y decisión política, que ha caracterizado al proceso de concertación, arroja hoy un balance altamente satisfactorio. La amplia convergencia de intereses y opiniones, y el ánimo franco de integración, otorgan a este nuevo encuentro validez y sobre todo, vigencia futura para el Grupo. La respuesta de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional ha sido la de reconocernos el carácter de interlocutores válidos para la discusión de los grandes desafíos políticos y económicos que en el momento han adquirido trascendencia. Logros que alimentan la esperanza A comienzos del decenio de tos ochenta, América Latina se encontraba golpeada por fuerzas adversas en todos los órdenes. El regreso a la democracia en muchos de los países de la región, estaba amenazado por la profundidad de la crisis. Las dificultades se hacían aún más pronunciadas ante la realidad de un desmoronamiento de los instrumentos tradicionales de acción multilateral y ante la deserción política que se presentó en los distintos escenarios de integración regional y sub-regional.

*Discurso del Dr. Virgilio Barco, Presidente de la República de Colombia, pronunciado en la ceremonia de apertura de la Segunda Reunión de Presidentes del Grupo de los Ocho, celebrada el 27 de Octubre de 1988, en Punta del Este (Uruguay).

La acción del "Grupo de los Ocho" ha contribuido, con hechos, a afianzar el proceso de democratización y a renovar la cooperación regional. No se puede decir que todas las dificultades que existían al

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La Concertación: Un Instrumento para la Profundización de la Democracia*

iniciarse la nueva etapa de cooperación regional estén hoy superadas. Estamos ante una América

Latina renovada internamente por la democracia y fortalecida externamente consultar y concertar.

por

voluntad

Las tesis latinoamericanas sobre la necesidad de una responsabilidad compartida por acreedores y deudores, en el manejo de la deuda externa, ya han sido acogidas por el grupo de los siete países industrializados. Esto le ha otorgado un perfil político innegable a la crisis financiera internacional. Ya no se cuestiona nuestro planteamiento de que el pago de la deuda o los procesos de ajuste no pueden hacerse sin crecimiento económico. La propuesta compartida de reducir el monto de las acreencias y los intereses fue favorablemente explorada en el seno de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos son pasos que es necesario estimular hasta materializarlos en una solución real a la difícil situación económica a la cual está sometida América Latina. Los estados en vías de desarrollo, necesitan una franca y realista cooperación de los países industrializados y de los organismos multilaterales de crédito. En los últimos seis años, las economías de los países avanzados han tenido un rápido crecimiento al tiempo que las economías de nuestra región, casi sin excepción, alcanzaron, en 1987, un producto per cápita inferior al de 1980. Esta situación es intolerable e insostenible. En el campo internacional se ha avanzado considerablemente en el objetivo de presentar ante la comunidad internacional un criterio conjunto sobre los problemas que nos afectan. Se ha creado un consenso para disuadir a los poderosos de incurrir en nuevos actos hostiles en Centroamérica y en el Atlántico Sur. Las naciones industrializadas, ahora, tienen como interlocutor a un grupo de países con posiciones sólidamente compartidas. Llevar la concertación a escenarios más amplios, como el próximo diálogo de los Cancilleres Latinoamericanos y del Caribe, que tendrá lugar el año entrante en Cartagena, hace aún más decisiva la presencia de América Latina en la discusión de los problemas mundiales.

En defensa de la democracia Los fundamentos del proceso de concertación que hemos venido adelantando son las convicciones democráticas que compartimos. El esfuerzo del Grupo de los Ocho ha servido para defender la democracia y sus principios. Los enemigos del pluralismo no deben equivocarse en cuanto a nuestro compromiso. Las amenazas contra la democracia, en cualquiera de nuestros países, son un grave desafío que no se puede desconocer.

Hemos emprendido saludables procesos de transformaciones constitucionales y del Estado, que representan un significativo avance en el fortalecimiento de la democracia, de la descentralización, de la participación popular y de la eficacia de la gestión pública. Creo que en estas materias debe existir un mayor intercambio de experiencias e iniciativas. Estos desarrollos deben animarnos para hacer más explícito el contenido social y económico de nuestras democracias. La lucha contra la pobreza absoluta, y el pago de la deuda social, son metas que hay que buscar con el mismo entusiasmo con que ya se han emprendido las reformas institucionales y políticas En todos estos temas la concertación debe convertirse en un estímulo para la profundización de la democracia. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo El narcotráfico es un flagelo que se ha convertido en enemigo mortal de la democracia. Unas veces asume el carácter de socio irrestricto de las acciones del terrorismo, al alimentar la violencia y al promover las acciones extremistas contra las instituciones. En otras ocasiones, es el principal factor que atenta contra las libertades públicas, contra los derechos humanos y contra el derecho a la vida. El narcotráfico ha enfilado sus baterías contra los esfuerzos de profundización democrática y contra las organizaciones populares, al nutrir un extremismo reaccionario. Contra esta fuerza desestabilizad ora estamos adelantando una lucha sin cuartel. Los costos que ha pagado la sociedad colombiana son inmensos. En nuestro país se han logrado en los últimos meses éxitos espectaculares en esta difícil campaña. Desde enero del presente año se han capturado 4.559 personas involucradas en ese delito, se han incautado 17.326 kilos de cocaína, 3.188 kilos de base de coca, y 497.000 kilos de marihuana. Se han destruido cerca de 1'500.000 plantas de coca, 304.600 de marihuana y 1'970.000 de amapolas. También, se han incautado cientos de armas, miles de kilos de munición, cientos de vehículos, lanchas y aeronaves; y se han destruido cerca de 795 laboratorios de refinación de cocaína. Además, es indispensable que se apliquen mecanismos de acción conjunta para coordinar las acciones de los países productores y para reducir la demanda en los países desarrollados. Existe una tolerancia mal disfrazada en algunos países industrializados. Mientras que los resultados obtenidos por nuestras naciones, en la lucha contra la producción de narcóticos, demuestran la magnitud del esfuerzo realizado, en las capitales de las naciones desarrolladas las drogas circulan con una pasmosa facilidad. Hay que romper esa dicotomía en el tratamiento del problema. No puede esconderse la debilidad de

propósitos con el argumento de que, al ir más lejos en las políticas de control a la demanda de narcóticos, se atenta contra las libertades de los consumidores. En los países desarrollados, no pueden ser más significativas las libertades civiles de los consumidores, que la estabilidad misma de la democracia de nuestras naciones y que el derecho a la vida de nuestros jueces, periodistas, líderes políticos, sindicalistas, campesinos y hombres públicos. Debemos reconocer que recientes medidas adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos revelan que se está empezando a reconocer la responsabilidad compartida. Eso está bien, pero es necesario ir más lejos. El terrorismo es otro fenómeno que aparece hoy como una clara amenaza para la democracia. Debemos unir esfuerzos para combatirlo y condenarlo. Es urgente que actuemos contra quienes alimentan su capacidad destructora. Es indispensable que América Latina actúe coordinadamente para lograr que la comunidad internacional le dé prelación y un tratamiento adecuado al tráfico ilegal de armas. Los mercados ilícitos de armas en los países industrializados acrecientan la capacidad de la subversión con los países democráticos. Es indispensable asumir, prontamente, una actitud que le ponga límite a las distintas modalidades de este tráfico. Mi país ha insistido en numerosos foros internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas, sobre la necesidad de dar al tráfico ilegal de armas un tratamiento similar al que se le otorga al desarme convencional y nuclear. Nuevos horizontes para la concertación El esfuerzo de integración, concertación y consulta, llevado a cabo por el "Grupo de los Ocho", se encuentra hoy en un momento decisivo. El Mecanismo Permanente ha madurado y se ha afianzado como un nuevo escenario de cooperación y acción latinoamericana. La voluntad política de nuestros países se mantiene firme. Las bondades de este instrumento le auguran un impacto que se proyecta hacia el futuro. El mejor aporte que podemos hacer para alcanzar estas metas, es el de fijar nuevos y más ambiciosos horizontes al empeño de paz, desarrollo y democracia. Al encuentro de una Europa unida En 1992 tendremos la posibilidad de volver nuestras miradas al pasado y evaluar lo que ha sido para el mundo moderno el encuentro de Europa y nuestra América. Pero también, podemos aprovechar la celebración de los 500 años del Descubrimiento, para proyectar nuestro futuro hacia una nueva era. Las naciones europeas habrán avanzado hacia la plena integración económica. Estaremos próximos a un "Mercado Único Europeo", cimentado en una sólida convergencia política.

La nueva realidad europea generará oportunidades y desafíos para América Latina. Estos cambios deben ser afrontados desde hoy. El reto que nos plantea la unidad europea es el de alcanzar crecientes niveles de integración política en Latinoamérica. Debemos ir como una sola América Latina al encuentro de una Europa unida. Creo que el "Grupo de los Ocho" puede liderar esa cita histórica. Distensión y No Intervención Desde nuestra reunión en Acapulco, hace casi un año, es notorio un ambiente de distensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con los acuerdos alcanzados entre estos dos gobiernos se ha logrado el inicio del desarme nuclear, y también se ha generado una tendencia a buscar soluciones negociadas para los conflictos regionales. Desafortunadamente, el nuevo contenido de las relaciones entre las superpotencias, y su disposición para encontrar soluciones pacíficas, no se han reflejado en la preocupante situación de América Central. A pesar de que los grupos de Contadora y de Apoyo, y los países de la región, han diseñado múltiples fórmulas de solución, ha faltado la auténtica voluntad política de las potencias para alcanzar la paz. Tenemos que realizar un mayor esfuerzo para hacer entender a los centros del poder mundial que Centroamérica no puede ser una isla, al margen de lo que ocurre en los distintos contextos nacionales. Un fundamento de nuestros propósitos comunes ha sido el respeto y la defensa de la soberanía y la autonomía de los Estados. La no intervención es el postulado fundamental de la convivencia pacífica. Es el momento para que la distinción se proyecte también en un compromiso real con la autonomía de los pueblos y alcance a nuestros propios Estados, traducida en paz y progreso. Debemos participar en la reestructuración del sistema internacional En los años ochenta hemos presenciado la aceleración del proceso de transformación y reestructuración del sistema internacional. Estamos ante un mundo que está abandonando la rigidez de un sistema que se basa en dos bloques inevitables y excluyentes. Están surgiendo nuevos núcleos de poder político, de desarrollo económico, de innovación científica y técnica, y de organización social. Todo ello es síntoma de que nos ha tocado una era de profunda transformación del sistema internacional. Se trata, ni más ni menos, de la redistribución del poder mundial y de la definición del marco de relaciones que regirán el contexto externo en los próximos años. Sin duda alguna, América Latina tiene un papel primordial que jugar en este proceso. No podemos

escoger ser espectadores pasivos, como en el pasado, de los cambios que están ocurriendo. Por el contrario, debemos comprometernos en una decidida acción que contribuya a establecer un sistema internacional que coincida con las necesidades y las aspiraciones de nuestros pueblos. El Grupo de los Ocho puede analizar y tomar una decisión sobre los pasos que tenemos que dar para participar activamente en la construcción del mañana. Igualmente, creo que es indispensable ampliar nuestros objetivos. Debemos actuar concertadamente en los nuevos escenarios de acción internacional, como el Tercer Mundo, la Cuenca del Pacífico y las naciones socialistas.

Señoras y Señores: Punta del Este ha sido cuna de los grandes ideales de unidad latinoamericana. Estoy seguro que, en esta nueva oportunidad, esa vocación de la unidad será confirmada. Ante nosotros se abre un futuro lleno de posibilidades para trabajar intensamente en favor de la integración de América Latina. Cuenten ustedes con la más decidida y entusiasta participación de Colombia en ese empeño. Muchas Gracias.

La preservación del Medio Ambiente Sin duda, Latinoamérica tiene un patrimonio natural que es único. Tiene, además, la característica de que sus principales recursos son compartidos. Debemos aceptar la responsabilidad de preservar la riqueza común. La única manera de hacerlo, efectivamente, es actuando de manera armónica y coordinada entre nosotros. La defensa del patrimonio ecológico de la región nos abre otro frente de acción para la consulta y la concertación. Considero que dentro de las muchas tareas que tenemos por delante, pocas tendrían tanto significado histórico como avanzar en este campo. Una renovada gestión hacia el futuro El Grupo de los Ocho ha asumido cada vez un mayor perfil en el ámbito hemisférico y mundial. Considero que nuestra acción debe profundizarse. Nuestras realizaciones nos permiten dar un paso adicional en el camino que hemos recorrido. No sólo debemos ser interlocutores válidos frente a otros Estados o grupos regionales. La concertación puede enriquecerse y acrecentarse, sin pretender como no lo hemos hecho, asumir la vocería de América Latina. Colombia ha sido elegida, en el día de ayer, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el respaldo unánime de América Latina y el Caribe. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo del Grupo de los Ocho, y de las demás naciones de Latinoamérica. Nuestra posición recogerá siempre los criterios y la voluntad de paz de nuestra región. Dentro de pocas semanas en dos de nuestros países se presentará la transmisión del mando presidencial. En diciembre Miguel De la Madrid y en febrero, Jaime Lusinchi, culminarán sus respectivos períodos constitucionales. A estos ilustres mandatarios les hago llegar el reconocimiento del pueblo de Colombia y un afectuoso saludo de mi gobierno. Reciban el abrazo fraterno de su colega y admirador.

Declaración de Uruguay*

Hemos examinado la situación política y económica del mundo y de nuestra región desde el compromiso de Acapulco hasta la fecha, así como la gestión del Mecanismo en sus tres objetivos fundamentales: la concertación política; la seguridad latinoamericana basada en la paz, la democracia y el desarrollo; y la integración regional. I. La nueva situación política internacional Desde nuestra última reunión en Acapulco se han producido un conjunto de hechos excepcionales que modifican la naturaleza de las relaciones políticas a nivel mundial: los acuerdos de desarme entre las superpotencias, la consecuente distensión y el inicio de solución de numerosos conflictos regionales. Este nuevo cuadro mundial facilita la consolidación de la paz y puede liberar una extraordinaria masa de recursos que deberá ser aplicada para un orden mundial socialmente más justo. Creemos que esta nueva situación, para ser estable, requiere el desarrollo del Sur. Hoy resulta claro que ese desarrollo no es sólo una cuestión de justicia universal, sino también una necesidad para el Norte y la estabilidad global.

*Declaración emitida por los Jefes de Estado de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela, países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, durante su Segunda Reunión realizada en Punta del Este, Uruguay, los días 27, 28 y 29 de octubre de 1988.

Para alcanzar la paz y el desarrollo es necesario superar la tendencia a dividir al mundo en zonas de influencia. La plena vigencia del principio de democratización en la toma de decisiones internacionales y el respeto de las soberanías nacionales son condiciones de estabilidad para un mundo cada día más interdependiente. Esta interdependencia hace imprescindible que, por un lado, se consoliden la actual revalorización de la negociación y el multilateralismo como medio para resolver los conflictos y, por otro lado, impone la búsqueda de nuevas formas de diálogo.

Un nuevo sistema de relaciones internacionales se produce precisamente cuando América Latina está experimentando una vigorosa transformación en su estructura política, tanto por su proceso de creciente democratización, como por la puesta en marcha de los nuevos mecanismos de concertación regional. Por lo tanto, en un mundo que cambia y a partir de una región que se transforma, insistimos en la necesidad de dialogar ampliamente sobre un nuevo enfoque de las relaciones políticas y económicofinancieras internacionales. II. Acciones inmediatas De conformidad con nuestros objetivos de paz, seguridad, democracia y desarrollo, hemos establecido el siguiente conjunto de prioridades para nuestras acciones: —El diálogo político con los países industrializados, con América Latina y el Caribe; —El fortalecimiento de los organismos regionales; —La resolución pacífica del conflicto centroamericano; —El combate eficaz al narcotráfico; —El fortalecimiento de la integración latinoamericana; —El financiamiento para el desarrollo y deuda ex terna; —La participación de América Latina en el comercio internacional y la lucha contra el proteccionismo; —La protección del medio ambiente.

III. Concertación política En el año transcurrido hemos intensificado nuestra concertación política a través de las reuniones de Cancilleres celebradas en Cartagena de Indias, Oaxaca, Brasilia y Nueva York, y de consultas directas al más alto nivel. Asimismo, se ha afianzado la presencia del Grupo en el escenario mundial, tanto a través de la coordinación de posiciones en los foros regionales e internacionales, como mediante encuentros celebrados con terceros países y grupos de países. En este período fortalecimos nuestra cooperación con los demás países de América Latina y el Caribe y estamos dispuestos a continuar intensificando nuestros esfuerzos impulsando un proyecto común de desarrollo para la región. Es nuestra intención iniciar un nuevo diálogo con las naciones industrializadas, en la búsqueda de un sistema de relaciones internacionales más equitativo.

En este contexto, es necesario dialogar y proponer nuevos encuentros entre nuestros países y los de las Comunidades Europeas, así como con los de otras regiones del mundo, entre ellos, los Países Socialistas, Canadá, Japón, el Consejo de los Países Nórdicos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Organización de Unidad Africana. Las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos transcurren por una etapa de desafíos, que exige el ejercicio de una renovada capacidad política y una firme voluntad de entendimiento. Diferencias de intereses y percepciones no han permitido aprovechar cabalmente las oportunidades para una cooperación amplia y equitativa. Es necesario, por lo tanto, alentar un clima de confianza y entendimiento. Para ello, proponemos un diálogo inmediato sobre los problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan. También hemos acordado proseguir los esfuerzos destinados a fortalecer el papel de la Organización de los Estados Americanos como foro político e instrumento para el entendimiento y la cooperación interamericanos.

IV. Seguridad regional El concepto de la seguridad regional que planteamos en Acapulco exige preservar la democracia y promover el desarrollo económico y social de nuestros países. El desarrollo garantiza la paz, afianza la estabilidad institucional de nuestros países y contribuye a la seguridad global de la región. La crítica realidad económico-social de la región dificulta los esfuerzos políticos para consolidar la democracia, los procesos de pacificación y la solución de los conflictos en el área. Centroamérica En desalentador contraste con el proceso de distensión y alivio de diversos conflictos regionales no se han alcanzado condiciones para una paz justa y duradera en Centroamérica. En el pasado, los avances hacia la paz y la democratización en Centroamérica sólo fueron posibles mediante el diálogo y la negociación que culminaron en los Acuerdos de Esquipulas II. A la vez, la evolución de la crisis ha demostrado que la amenaza y el uso de la fuerza alimenta el conflicto bélico y la inestabilidad, en violación de los principios y normas de derecho que rigen la convivencia internacional.

Reafirmamos nuestra convicción de que los principios que inspiran las acciones de los Grupos de Contadora y de Apoyo para lograr una solución latinoamericana a la crisis mantienen hoy, más que nunca, su vigencia y estamos dispuestos a preservar en estos esfuerzos para cooperar en su aplicación. Es necesario procurar nuevas vías de negociación que comprometan la voluntad política de los gobiernos en conflicto aprovechando la experiencia y el marco institucional de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. La revitalización del proceso de paz requiere que la comunidad internacional intensifique su aporte a la reconstrucción política, económica y social de los países de la región, ahora también afectada por desastres naturales. Por ello, exhortamos a las naciones con mayores recursos a participar activamente en esta tarea solidaria. Narcotráfico La producción, el tráfico ilícito y. el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas está asumiendo proporciones que afectan la estabilidad de las instituciones en algunos de nuestros países y, de manera creciente, la seguridad de la comunidad de naciones. Debe reconocerse la importancia determinante que para el incremento del narcotráfico significa la creciente demanda en los países con alto nivel de consumo. Además, los vínculos que se han establecido en algunos de nuestros países entre narcotraficantes y de éstos con terroristas y con otros tipos de delincuencia, se ven reforzados por el tráfico ilícito de armas producidas fundamentalmente en los países industrializados. Asimismo, el enorme lucro resultante del narcotráfico circula y se legaliza a través de plazas financieras internacionales. Por lo tanto, para hacer frente a estos problemas se requiere el esfuerzo simultáneo de las naciones altamente industrializadas en los planos educativo, preventivo y represivo. Los países con áreas de producción ilícita, por su parte, deben continuar sus acciones para controlar las fuentes de producción y promover la sustitución de cultivos, todo lo cual requiere un costoso esfuerzo que exige la cooperación financiera internacional. A la vez, los países afectados por el tránsito deben continuar sus empeños para combatirlo. Se requiere igualmente el establecimiento de controles eficaces sobre el comercio ilegal de precursores químicos. Afirmamos nuestra voluntad de conformar un frente común y de cooperar con todas las naciones afectadas, en la efectiva erradicación de este flagelo.

Acordamos concertar posiciones con la finalidad de propiciar que las negociaciones que se realizan para la suscripción de una Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes culminen en la aprobación de un instrumento jurídico eficaz que permita combatir por igual y de manera simultánea las actividades del consumo, la producción y el tráfico ilícitos y que coadyuve a preservar la seguridad y los legítimos intereses de nuestros países.

V. Situación económica Reconocemos que nuestro desarrollo depende fundamentalmente de nosotros mismos. Nuestra región afronta la más grave crisis de su historia con responsabilidad y firmeza. Cada uno de nuestros países ha puesto en ejecución programas de reforma económica profundos, dirigidos a transformar sus estructuras productivas y a vincular más estrechamente sus economías al mercado mundial. Sin embargo, no vemos un esfuerzo correspondiente por parte de los países desarrollados. La estabilidad y el desarrollo económico y social de América Latina se ven amenazados por los graves problemas de la deuda y la evolución desfavorable del comercio internacional, que en gran medida son producto de factores externos a la región. La economía latinoamericana en la década de los 80 se ha caracterizado por el retroceso en su ritmo de crecimiento, como lo prueban el descenso, a un nivel inferior al de 1978, del ingreso promedio de sus habitantes y la transferencia neta negativa de más de cien mil millones de dólares en los últimos cinco años. Debe reconocerse que se ha agotado la etapa del tratamiento aislado de cada uno de los problemas que nos afectan: la deuda, el proteccionismo y otros obstáculos al comercio internacional, la insuficiencia del financiamiento para el desarrollo y otros de igual importancia. Es indispensable buscar un tratamiento integral de estos problemas. El desarrollo de nuestros pueblos debe ser un objetivo compartido por los países altamente industrializados, pues de él derivarán ventajas para sus economías y un aporte sustancial para la paz y la seguridad internacionales. La estabilidad política se afianza con el desarrollo y éste requiere el aumento significativo de corrientes de financiamiento a la región, la apertura de los mercados internacionales a sus exportaciones y el establecimiento de reglas de juego estables y equitativas que permitan el aumento del comercio internacional en forma sostenida y transparente.

Deuda Los avances alcanzados en materia de deuda externa desde el Compromiso de Acapulco son escasos. Se ha observado un reconocimiento de ciertos aspectos políticos del problema, pero se sigue perdiendo de vista su efecto sobre los procesos democráticos de los países del área. De igual forma, la co-responsabilidad de las partes involucradas no se ha traducido en medidas efectivas. La Cumbre de Toronto representó un cierto progreso en la consideración del problema para algunos de los países más pobres, dejando al margen, entre otros, a los de América Latina, que tienen pesadas cargas de endeudamiento. A este respecto, reafirmamos la necesidad de crear un marco general para la reducción de la deuda y reconocemos como positivas algunas de las propuestas que han surgido, incluso en los propios países industrializados. El problema de la deuda externa se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de la región, dada la masiva traslación neta de recursos hacia las naciones industrializadas. Al transferir una proporción importante de su ahorro interno, los países latinoamericanos han reducido su capacidad de invertir y, en consecuencia, de crecer, con grave deterioro para las condiciones de vida de sus pueblos. La condicionalidad de los programas de ajuste, de los créditos sectoriales y de los acuerdos de reestructuración, incluye a menudo medidas inadecuadas y contradictorias entre sí, dificultando el manejo de las políticas económicas en una coyuntura extremadamente difícil. A la luz de lo anterior y en cumplimiento de los principios y propósitos del Compromiso de Acapulco, consideramos indispensables nuevos enfoques para la solución del problema de la deuda dentro de un contexto político que permita superar las comprobadas limitaciones de las estrategias hasta ahora utilizadas. Por ello, hemos decidido convocar una reunión de Ministros de Finanzas a realizarse antes del fin de 1988 en Río de Janeiro, con el objetivo de proponer mecanismos para la reducción de la deuda y el incremento de los flujos financieros imprescindibles para el desarrollo de nuestros países. Los resultados de la Reunión de Ministros deberán constituir la base para una concertación más estrecha entre los países de la región, así como para el diálogo con otras partes interesadas, sobre los caminos para una solución efectiva del problema de la deuda externa.

bio en perjuicio de los países en desarrollo. En violación del compromiso de "statu quo" asumido en la declaración de Punta del Este, medidas restrictivas, contrarias al GATT, limitan el acceso de nuestros productos a los grandes centros de consumo y distorsionan el proceso negociador de la Ronda Uruguay. El proteccionismo, frecuentemente discriminatorio, y los subsidios a las exportaciones, particularmente en el sector agrícola, con efectos altamente negativos para la competencia en terceros mercados, se acentúan en los países altamente industrializados. Las negociaciones en las nuevas áreas de los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones relacionadas con el comercio deberán tomar en cuenta la situación especial de los países en desarrollo y sus necesidades de consolidar una base industrial y tecnológica compatible con sus objetivos de desarrollo. Reiteramos que no deben aplicarse medidas coercitivas y represalias incompatibles con el orden jurídico internacional y reafirmamos el propósito de defender nuestros derechos y proteger nuestros intereses en los foros internacionales pertinentes. Destacamos la importancia de que la reunión a nivel ministerial a realizarse en Montreal en diciembre culmine con un firme compromiso de avanzar en el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ronda Uruguay, preservando el carácter global de las negociaciones y asegurando la obtención de resultados equilibrados aceptables para todos los participantes. En este sentido, consideramos prioritario que se cumplan cabalmente los compromisos de congelación y desmantelamiento de obstáculos al comercio incompatibles con el GATT; que se definan el alcance y las formas de aplicación del principio del trato especial y más favorable a los países en desarrollo en todas las áreas y modalidades de la negociación; que el reconocimiento del vínculo existente entre la deuda externa y el comercio se traduzca en acciones concretas; y que se amplíe y estabilice el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados mundiales. Hemos acordado concertar posiciones y fortalecer las iniciativas latinoamericanas en la Ronda Uruguay. De igual forma, coordinaremos acciones en los foros pertinentes, en relación a la legislación comercial recientemente aprobada por Estados Unidos. VI. Integración Regional Integración Económica

Comercio En el comercio internacional persiste y tiende a agravarse el deterioro de los términos del intercam-

Ante un escenario internacional que se caracteriza por una creciente interdependencia y por la existencia de unidades económicas formadas por grupos de países y basadas en la ampliación de

mercados, nos proponemos, conforme a lo que señalamos en Acapulco, continuar impulsando la integración regional para hacer más eficiente nuestra participación en la economía mundial. Los avances en el proceso de integración permitirán a América Latina transformar y modernizar su actual estructura productiva, utilizar en forma más eficiente los recursos de la región y lograr la captación y creación de nuevas tecnologías. Estamos de acuerdo en adoptar fórmulas que complementen los enfoques comerciales y que faciliten también el avance en las áreas de financiamiento y pagos, complementación económica, industrialización, transporte, telecomunicaciones e integración fronteriza. Los criterios generales que aplicaremos en materia de integración económica son, entre otros: dar prioridad a la ALADI como el principal instrumento dinamizador de la integración regional, a través de la plena utilización de sus mecanismos multilaterales y bilaterales; ampliar el comercio recíproco sobre una base equitativa de equilibrio dinámico que asegure la expansión sostenida de las exportaciones intraregionales; aplicar efectivamente un tratamiento diferencial y más favorable a los países de menor desarrollo económico relativo de la región; y acelerar la ejecución de los compromisos pendientes en la Rueda Regional de Negociaciones. Integración cultural y educativa El proceso de integración requiere el establecimiento de mecanismos para intensificar la cooperación cultural y educativa de nuestros pueblos y salvaguardar sus identidades. Hemos decidido establecer, como objetivo prioritario para una mayor integración nacional y el desarrollo regional, la pronta erradicación del analfabetismo. Por ello convinimos en promover un programa de cooperación para el logro de este objetivo.

Las acciones recomendadas con relación a la integración económica, cultural, educativa y científica tecnológica están contenidas en los capítulos correspondientes del Programa de Acción. VII. Medio ambiente Conscientes de la necesidad de dar adecuada atención a la prevención y control de los impactos que sobre el medio ambiente puedan originar los proyectos de desarrollo, sostenemos que los propósitos de desarrollo nacional e integración regional deben conciliar el avance económico, científico y tecnológico con la preservación y recuperación del medio ambiente. Estamos convencidos de que el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales contribuirá de manera esencial a prevenir el deterioro ambiental y de los ecosistemas. Nos proponemos aunar nuestros esfuerzos para fortalecer la cooperación e integración regional intergubernamental y coordinar nuestras acciones en los organismos competentes. VIII. Lineamientos para la Acción Complementariamente hemos acordado los Lineamientos para la Acción que orientarán las actividades del Mecanismo en la próxima etapa. Sede de la próxima reunión presidencial Hemos realizado la Segunda Reunión de Presidentes del Mecanismo de Concertación Política en Punta del Este, gracias a la fraterna hospitalidad del Uruguay, y convenimos en reunimos nuevamente en el Perú, en el segundo semestre de 1989. 29 de octubre de 1988

Integración científica y tecnológica. En ejecución del "Programa de Asociación y Cooperación en Ciencia y Tecnología" acordado en Acapulco, se han iniciado acciones en sectores tales como la formación de recursos humanos; la creación de una red de servicios de apoyo al desarrollo científico y tecnológico; y la utilización plena y coordinada de los recursos de los organismos internacionales. Todo ello se orienta a la estructuración de proyectos conjuntos que sumen las capacidades pública y privada de investigación y desarrollo con miras, en particular, a la producción de bienes y servicios con aplicación intensiva de tecnología. Valoramos estos avances registrados y decidimos intensificar la instrumentación del Programa.

RAÚL ALFONSIN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA JOSÉ SARNEY PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL VIRGILIO BARCO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

MIGUEL DE LA MADRID PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MÉXICO ALAN GARCÍA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ JULIO MARÍA SANGUINETTI PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY JAIME LUSINCHI PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA