Colombia Internacional
PERFILES DE LAS ÉLITES POLÍTICAS L AT I N OA M E R I C A N A S
87
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Colombia Internacional 87 Editorial Carta a los lectores Presentación: Élites políticas de América Latina: una agenda de investigación abierta
11-12 13-18
Adrián Albala, Universidade de São Paulo (Brasil)
Análisis: Perfiles de las élites políticas latinoamericanas Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia
21-52
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015)
53-80
Manuel Alcántara, Mélany Barragán y Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca (España)
María Matilde Ollier y Pablo Palumbo, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010)
81-108
Bastián González-Bustamante, Universidad de Santiago de Chile y Alejandro Olivares, Universidad de Chile
Colombia Internacional
PERFILES DE LAS ÉLITES POLÍTICAS L AT I N OA M E R I C A N A S
87
La élite parlamentaria brasileña de 1995 a 2010: ¿hasta dónde va la popularización de la clase política?
109-143
Élite(s) e indianidad en Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo
145-169
Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque y Lucas Malta Mingardi, Universidade de São Paulo (Brasil)
Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colombia)
Colombia Internacional
PERFILES DE LAS ÉLITES POLÍTICAS L AT I N OA M E R I C A N A S
Tema libre
87
Extendiendo el derecho a todos los derechos: la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género
173-198
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014
199-215
Daniel Rangel Jurado, Ibarra Abogados (Colombia)
Juan Camilo Plata Caviedes, Vanderbilt University (Estados Unidos)
Colombia Internacional
PERFILES DE LAS ÉLITES POLÍTICAS L AT I N OA M E R I C A N A S
PERFILES DE LAS ÉLITES POLÍTICAS L AT I N OA M E R I C A N A S
Colombia Internacional ISSN
0121-5612 •
eISSN
1900-6004 • Mayo-agosto 2016
87
colombiainternacional.uniandes.edu.co
P E R F I L E S D E L A S É L I T E S P O L Í T I C A S L AT I N O A M E R I C A N A S
81
Documentos
87
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930
219-241
Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo. Sobre Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013), de Jens Streckert
243-259
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Daniel Emilio Rojas, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia)
Colombia Internacional
Mayo-agosto 2016 ISSN 0121-5612 · eISSN 1900-6004
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Colombia Internacional
LA
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Publicaciones · Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de los Andes Carrera 1 No. 18A-12 Bogotá, D.C., Colombia Tels: +571 339 4999 Ext 5567 Fax: +57(1) 332 4539 publicacionesfaciso.uniandes.edu.co · publicacionesfaciso@uniandes.edu.co
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Facultad de Ciencias Sociales • Departamento de Ciencia Política
Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Sociales · Departamento de Ciencia Política ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Bogotá, Colombia
Rector Pablo Navas Sanz de Santamaría
Decano Facultad de Ciencias Sociales Hugo Fazio
Vicerrector de Asuntos Académicos Carl Langebaek Rueda
Editora Facultad de Ciencias Sociales Martha Lux
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Director del Departamento de Ciencia Política Juan Carlos Rodríguez Raga
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Comité asesor emérito Ann Mason Francisco Leal
H Editor Carlo Nasi Universidad de los Andes (Colombia)
Coordinador editorial Mateo Morales Universidad de los Andes (Colombia)
Editor invitado Adrián Albala Universidade de São Paulo (Brasil)
Gestora editorial revistas Facultad de Ciencias Sociales Margarita Sierra Universidad de los Andes (Colombia)
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Las opiniones e ideas aquí consignadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase siempre y cuando se mencionen como fuente al autor, el artículo y a la revista Colombia Internacional del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario contar con la autorización del Comité editorial de Colombia Internacional.
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R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S • U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Colombia Internacional Revista del Departamento de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales • Universidad de los Andes • Bogotá, Colombia ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 Carrera 1 No. 18ª-10 • +57 1 339 4949, extensión 3036 colombiainternacional@uniandes.edu.co • http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Rector de la Universidad de los Andes Pablo Navas Sanz de Santamaría Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Hugo Fazio Vengoa
Director del Departamento de Ciencia Política Juan Carlos Rodríguez Raga Editora de la Facultad de Ciencias Sociales Martha Elisa Lux Martelo
H Fundadores Juan Gabriel Tokatlian Rodrigo Pardo Fernando Cepeda Ulloa
Comité asesor emérito Ann Mason Francisco Leal
H Editor Carlo Nasi Universidad de los Andes (Colombia)
Coordinador editorial Mateo Morales Universidad de los Andes (Colombia) Gestora editorial revistas Facultad de Ciencias Sociales Margarita Sierra Universidad de los Andes (Colombia)
H Corrección de estilo y traducción Español Jenny Katherine Vargas Inglés Carol O’Flynn Portugués Roanita Dalpiaz
Imagen de portada Víctor Gómez Calle(s), 2016 www.behance.net/indeleble Equipo informático Claudia Vega
Impresión Panamericana Formas e Impresos S. A. Diseño y diagramación Víctor Gómez H
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Comité editorial David Altman Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Lucio Renno Universidade de Brasilia (Brasil)
Flavia Freidenberg Universidad Nacional de México (México)
Angelika Rettberg Universidad de los Andes (Colombia)
Mónica Hurtado Universidad de La Sabana (Colombia)
Martín Tanaka Instituto de Estudios Peruanos (Perú)
Aníbal Pérez-Liñán University of Pittsburgh (EE. UU.)
Arlene Tickner Universidad de los Andes (Colombia)
H
Comité científico Manuel Alcántara Sáez Universidad de Salamanca (España) Barry Ames University of Pittsburgh (EE. UU.) Octavio Amorim Neto Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Brasil) Peter Andreas Brown University (EE. UU.) Bruce Bagley University of Miami (EE. UU.) Ana María Bejarano University of Toronto (Canadá) Daniel Buquet Universidad de la República (Uruguay) Ernesto Calvo University of Maryland (EE. UU.) Royce Carroll Rice University (EE. UU.) Daniel Chasquetti Universidad de la República (Uruguay)
Germán Lodola Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) Juan Pablo Luna Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) Mariana Llanos GIGA Institute of Latin American Studies (Alemania) Scott Mainwaring University of Notre Dame (EE. UU.) María Victoria Murillo Columbia University (EE. UU.) Ana María Mustapic Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) Gabriel Negretto Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (México) Carlos Pereira Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Brasil) Cristóbal Róvira Kaltwasser Universidad Diego Portales (Chile)
Brian Crisp Washington University in St. Louis (EE. UU.)
Mitchell Seligson Vanderbilt University (EE. UU.)
Scott Desposato University of California, San Diego (EE. UU.)
William C. Smith University of Miami (EE. UU.)
Mark Jones Rice University (EE. UU.) Steven Levitsky Harvard University (EE. UU.)
Richard Snyder Brown University (EE. UU.) Juan Gabriel Tokatlian Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
Colombia Internacional agradece la colaboración de las siguientes personas que participaron como árbitros de este número Ercilia Irene Adén, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) Santiago Alles, Rice University (Estados Unidos) Julián Arévalo, Universidad Externado de Colombia Bruno Bolognesi, Universidade Federal do Paraná (Brasil) Camilo Borrero, Universidad Nacional de Colombia Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos (Brasil) José Briceño, Universidad de los Andes (Venezuela) Daniel Buquet, Universidad de la República (Uruguay) Marcelo Camerlo, Universidade de Lisboa (Portugal) Miguel Centellas, University of Mississippi (Estados Unidos) Elisabeth Cunin, Institut de Recherche pour le Développement (Francia) Márcia Maria de Oliveira, Universidade Federal de Roraima (Brasil) Oniel Francisco Díaz, Universidad de Guanajuato (México) Jordi Díez, University of Guelph (Canadá) Luiz Domingos Costa, Universidade Federal do Paraná (Brasil) Javier Duque Daza, Universidad del Valle (Colombia) Marcela Ferrari, Universidad Nacional del Mar del Plata (Argentina) Elisabeth Jay Friedman, University of San Francisco (Estados Unidos) Ricardo Gamboa, Universidad de Chile Antonio Garrido, Universidad de Murcia (España) Felix Garcia Lopez, Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Brasil) Carmen Gregorio Gil, Universidad de Granada (España) Carlos Huneeus, Universidad de Chile Mariana Llanos, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien (Alemania) Daniel Levine, University of Michigan (Estados Unidos) Fernando Limongi, Universidade de São Paulo (Brasil) Jose Claudio Linhares, Banco Interamericano de Desarrollo Florencia Luci, Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina) André Marenco dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) Patricia Marenghi, Universidad de Salamanca (España) Christopher Martínez, Universidad Católica de Temuco (Chile) Cecilia Martinez-Gallardo, The University of North Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos) Lucas Massimo, Universidade Federal do Paraná (Brasil) José Fernando Mayorga, Universidad Mayor de San Simón (Bolivia) María Virginia Mellado, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) Marcus Andre Melo, Universidade Federal de Pernambuco (Brasil) Juan Pablo Micozzi, Instituto Tecnológico Autónomo de México Andrés Molano, Universidad del Rosario (Colombia) Diogo Monteiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) Mauricio Morales, Universidad Diego Portales (Chile) Alejandro Moreno, Instituto Tecnológico Autónomo de México Santiago Olivella, Princeton University (Estados Unidos) Carmen Ortega, Universidad de Granada (España) Germán Javier Pérez, Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina) Aníbal Pérez-Liñán, University of Pittsburgh (Estados Unidos) Ana Virginia Persello, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Maria Lucia Pires, Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil) Sérgio Praça, Escola Superior de Ciências Sociais (Brasil) Germán Camilo Prieto, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) Morgan Quero, Universidad Autónoma de México Josep Maria Reniu, Universidad de Barcelona (España) Cintia Rodrigo, Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) Axel Rojas, Universidad del Cauca (Colombia) Sebastian Saiegh, University of California, San Diego (Estados Unidos) Lucía Selios, Universidad de la República (Uruguay) Steven L. Taylor, Troy University (Estados Unidos) María Inés Tula, Universidad de Buenos Aires (Argentina) Javier Zelaznik, Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) Julieta Zelicovich, Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Colombia Internacional Colombia Internacional es la revista editada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). Desde 1986, Colombia Internacional lleva a la práctica la misión de la Universidad de ampliar el conocimiento y difundir información que permita entender, en términos rigurosos y científicos, los hallazgos, debates y reflexiones recientes en los campos de la ciencia política y las relaciones internacionales. Colombia Internacional es una publicación académica pluralista que se propone mejorar y promocionar la discusión académica nacional e internacional por medio del análisis de fenómenos políticos pasados y actuales desde miradas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares y abordajes metodológicos pertinentes e innovadores. Las secciones de la Revista son:
S Editorial: presenta a los lectores el número, su contenido, importancia y justifica-
ción. Esta sección incluye una “Carta a los lectores”, a cargo del equipo editorial de la Revista, y una “Presentación”.
S Análisis: presenta artículos inéditos que giran alrededor de un tema específico, convocado previamente por el Comité editorial de la Revista. Los números monográficos abordan un tema de importancia actual en las disciplinas de la ciencia política y las relaciones internacionales y suelen ser coordinados por un editor invitado.
S Tema libre: presenta artículos inéditos sobre diversos temas (relaciones internacio-
nales, teoría política, política comparada, política colombiana y política exterior, entre otros) que no forman parte de un tema específico.
S Documentos: se publican reseñas, se reproducen escritos, transcripciones, fotogra-
fías o documentos publicados previamente en otros lugares que el Comité editorial considere de interés para el público de la Revista, especialmente por el uso pedagógico e ilustrativo que puedan tener. También esta sección es un espacio para la reflexión crítica y el intercambio de puntos de vista en relación con temas políticos de actualidad, propuestas teóricas y resultados breves de investigación.
PALABRAS CLAVE: ciencia política • relaciones internacionales • política comparada • política colombiana • teoría política
Todos los contenidos de la Revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book. Contenidos disponibles en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Indexación Colombia Internacional hace parte de los siguientes catálogos, bases bibliográficas, índices y sistemas de indexación:
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desde 2007. CIBERA – Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal • German Institute of S Global and Area Studies (Alemania) • desde 2007. S CLASE – Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades • Universidad Nacional Autónoma de México (México) • desde 2007. S DIALNET – Difusión de Alertas en la Red • Universidad de la Rioja (España) • desde 2007. S DOAJ – Directory of Open Access Journal • Lunds Universitet (Suecia) • desde 2007. S EP Smartlink Fulltext, Academica Search Complete, Fuente Académica, Current Abstract y TOC Premier • EBSCO Information Services (EE. UU.) • desde 2005. S HAPI – Hispanic American Periodical Index • UCLA (EE. UU.) • desde 2008. S HLAS – Handbook of Latin American Studies • Library of Congress (EE. UU.) • desde 2002. S IBSS – International Bibliography of the Social Sciences • ProQuest (EE. UU.) • desde 2008. S LATINDEX – Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal • (México) • desde 2006. S OCENET • Editorial Océano (España) • desde 2003. S PRISMA – Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas • ProQuest (EE. UU.) • desde 2005. S PUBLINDEX – Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas • Colciencias (Colombia), actualmente categoría A2 • desde 2006. S RedALyC – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal • UNAM (México) • desde 2007. S SciELO – Scientific Electronic Library Online (Colombia) • desde 2007. S SciELO Citation Index • Thomson Reuters-SciELO (EE. UU.) • desde 2013. S SCOPUS – Database of Abstracts and Citations for Scholarly Journal Articles • Elsevier (Holanda) • desde 2011. S Ulrich’s Periodicals Directory • ProQuest (EE. UU.) • desde 2004. S Worldwide Political Science Abstracts y PAIS Internacional – Public Affairs Information Service • CSA–ProQuest (EE. UU.) • desde 2004. Portales web http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Ángel Arango, Colombia)
Contenido Editorial Carta a los lectores Presentación: Élites políticas de América Latina: una agenda de investigación abierta
13-14 15-20
Adrián Albala, Universidade de São Paulo (Brasil)
Análisis: Perfiles de las élites políticas latinoamericanas Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia
23-54
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015)
55-82
Manuel Alcántara, Mélany Barragán y Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca (España)
María Matilde Ollier y Pablo Palumbo, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010) Bastián González-Bustamante, Universidad de Santiago de Chile y Alejandro Olivares, Universidad de Chile
83-110
La élite parlamentaria brasileña de 1995 a 2010: ¿hasta dónde va la popularización de la clase política?
111-145
Élite(s) e indianidad en Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo
147-171
Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque y Lucas Malta Mingardi, Universidade de São Paulo (Brasil)
Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colombia)
Tema libre Extendiendo el derecho a todos los derechos: la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género
175-200
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014
201-217
Daniel Rangel Jurado, Ibarra Abogados (Colombia)
Juan Camilo Plata Caviedes, Vanderbilt University (Estados Unidos)
Documentos Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930
221-243
Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo. Sobre Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013), de Jens Streckert
245-261
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Daniel Emilio Rojas, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia)
Colombia Internacional
Contents Editorial Letter from the Editor Introduction: Political Elites of Latin America: An Open Research Agenda Adrián Albala, Universidade de São Paulo (Brazil)
13-14 15-20
Analysis: Profiles of the Latin American Political Elites Latin American Presidents and the Characteristics of Democracy
23-54
Test Case or Unique Case? Patterns of Cabinet Formation in Argentine Presidentialism (1983-2015)
55-82
Manuel Alcántara, Mélany Barragán and Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca (Spain)
María Matilde Ollier and Pablo Palumbo, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Cabinet Turnover and Survival of Ministers in Chile During the Concertación Governments (1990-2010) Bastián González-Bustamante, Universidad de Santiago de Chile and Alejandro Olivares, Universidad de Chile
83-110
The Brazilian Parliamentary Elite from 1995 to 2010: To What Extent Has the Political Class Become Popularized?
111-145
Elites and Indigenousness in Colombia: Challenges of Democracy in a Context of Multiculturalism
147-171
Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque and Lucas Malta Mingardi, Universidade de São Paulo (Brazil)
Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colombia)
General Interest Extending the Right to All Rights: The Transnational Diffusion of Legal Recognition of Gender Identity
175-200
Polarization? Ideological Positions During the 2014 Presidential Campaign in Colombia
201-217
Daniel Rangel Jurado, Ibarra Abogados (Colombia)
Juan Camilo Plata Caviedes, Vanderbilt University (United States)
Documents Social Elites and Political Elites in Argentina. Buenos Aires, 1880-1930
221-243
Latin Americans in Paris at the Turn of the Century: About Jens Streckert’s Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013)
245-261
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Daniel Emilio Rojas, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France)
Colombia Internacional
Índice Editorial Carta aos leitores Apresentação: Elites políticas da América Latina: uma agenda de pesquisa aberta
13-14 15-20
Adrián Albala, Universidade de São Paulo (Brasil)
Análise: Perfis das elites políticas latino-americanas Os presidentes latino-americanos e as características da democracia
23-54
Caso testemunha ou caso único? Padrões da formação de gabinete no presidencialismo argentino (1983-2015)
55-82
Manuel Alcántara, Mélany Barragán e Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca (Espanha)
María Matilde Ollier e Pablo Palumbo, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Mudanças de gabinete e sobrevivência dos ministros no Chile durante os governos da Concertación (1990-2010) Bastián González-Bustamante, Universidad de Santiago de Chile e Alejandro Olivares, Universidad de Chile
83-110
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010: até que ponto vai a popularização da classe política?
111-145
Elite(s) e indianidade na Colômbia: desafios de democracia em contexto de multiculturalismo
147-171
Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque e Lucas Malta Mingardi, Universidade de São Paulo (Brasil)
Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colômbia)
Tema aberto Estendendo o direito a todos os direitos: a difusão transnacional do reconhecimento legal da identidade de gênero
175-200
Polarização? Posições ideológicas durante a campanha presidencial colombiana em 2014
201-217
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Juan Camilo Plata Caviedes, Vanderbilt University (Estados Unidos)
Documentos Elites sociais e elites políticas na Argentina. Buenos Aires 1880-1930
221-243
Os latino-americanos de Paris na virada do século. Sobre Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013), de Jens Streckert
245-261
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Daniel Emilio Rojas, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (França)
Colombia Internacional
E EDITORIAL F
Carta a los lectores Colombia Internacional tiene el gusto de presentar a sus lectores un número especial dedicado a los perfiles de las élites políticas latinoamericanas. Aunque el concepto de élite aplica a distintos ámbitos (como el económico, el intelectual o incluso el de la coerción), los estudios en torno a las élites políticas introducen cuestionamientos relevantes sobre las democracias contemporáneas. Entre otros, ¿En qué medida en las democracias actuales gobiernan las mismas élites? ¿Son las democracias modernas elitistas por naturaleza? ¿Qué tipo de élites son las que gobiernan? ¿Es evitable el elitismo en las democracias, o es ese el precio que debemos pagar por la existencia de mecanismos de representación y por la necesidad de tener tecnócratas a cargo de la toma de decisiones colectivas de gran impacto? Y si las democracias no pueden prescindir de las élites políticas, ¿Cuánta rotación entre distintas élites es necesaria para no caer en el autoritarismo? ¿En qué medida los experimentos populistas de países vecinos (como Venezuela) han agravado el problema del elitismo al prolongar indefinidamente la permanencia en ciertos cargos públicos de personas leales a un partido, pero poco calificadas para desempeñar funciones de gobierno? Los artículos de este número quizás no respondan de manera comprehensiva las anteriores preguntas, pero incluyen reflexiones importantes sobre las élites políticas de distintos países: Argentina, Chile, Colombia y Brasil, así como una radiografía más amplia de los perfiles presidenciales y la calidad de la democracia en América Latina. En la coordinación de este número nos acompaña un especialista en el tema, Adrián Albala, profesor de la Universidad de São Paulo (Brasil) a quien agradecemos por el tiempo dedicado a la lectura y selección de artículos, y por su esfuerzo en el proceso editorial del número. Como el profesor Albala introduce los textos del dossier no me voy a extender al respecto, pero sí quisiera mencionar brevemente dos artículos de tema abierto que también se incluyen. El primero, de Juan Camilo Plata, lleva por título “¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014” y cuestiona la medida en la que los electores captaban diferencias de fondo entre los distintos candidatos. Con información del Barómetro de las Américas, Plata concluye que, más allá de existir una verdadera polarización ideológica entre candidatos y electores en Colombia, las etiquetas políticas utilizadas en esas elecciones correspondían a preferencia morales y personales. Por su parte, en el texto “Extendiendo el derecho a todos los derechos: la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género” Daniel
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Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 13-14
Rangel estudia el proceso mediante el cual se ha extendido el reconocimiento legal de la identidad de género alrededor del mundo. El autor basa su reflexión en un diálogo entre la literatura especializada en el ciclo de vida de las normas en el sistema internacional y aquella centrada en los procesos de difusión transnacional. Rangel concluye que la normativa sobre identidad de género se encuentra en un estado avanzado de la fase de emergencia conduciendo a los Estados a adoptarla a raíz de influencias internacionales. Para ilustrar esto con un ejemplo, el autor estudia la Ley de Identidad de Género de Argentina promulgada en 2012. Este número también incluye dos documentos. En primer lugar, Leandro Losada hace una reconstrucción de la estructura y composición de las élites de Buenos Aires entre 1880 y 1930, valiéndose de un acercamiento prosopográfico. Esto le permite rastrear los capitales políticos, económicos, culturales y simbólicos de los integrantes de las élites políticas, económicas y sociales, y mostrar de este modo la heterogeneidad de dicha élite. En segundo lugar, Daniel Emilio Rojas hace una revisión del libro de Jens Streckert, La capital de América Latina. Una historia de los latinoamericanos en París durante la Tercera República (18701940), publicado en 2013. Dicho libro reconstruye la forma en la que tales inmigrantes contribuyeron a forjar y divulgar una identidad latinoamericana. Espero que el número sea de agrado para los lectores. Carlo Nasi Editor de Colombia Internacional Mateo Morales Coordinador editorial de Colombia Internacional
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Élites políticas de América Latina: una agenda de investigación abierta Adrián Albala Universidade de São Paulo (Brasil) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.01
En la Ciencia Política, el estudio de las élites políticas ha experimentado un boom desde los años noventa, en tanto ha seguido un proceso de emancipación respecto a los trabajos clásicos de corte prosopográfíco o sociológico. Para dicha disciplina, el concepto de élite política es indisociable del de representación política, de manera que puede ser definido como miembro de la élite aquel personero político que a través de su posición, prestigio —o influencia— participa directa o indirectamente en el proceso de toma de decisión y elaboración de políticas.1 Esto supone, por lo tanto, un número restringido de personas, por oposición a la masa de los representados/gobernados o a los políticos de segundo rango. Asimismo, en un contexto de generalización de los valores democráticos, los politólogos han estudiado a las élites políticas con relación a sus representados bajo el prisma de las dos caras de Jano: la semejanza y la diferencia. Semejanza, porque para poder llegar a ser los representantes de sus electores, las élites precisan parecerse a estos últimos, de modo tal que puedan sentirse identificados. Diferencia porque, a la vez, deben distinguirse de los demás ciudadanos y candidatos, al mostrar sus credenciales de capacidad (intelectual, técnica, entre otras) para legitimarse en su rol decisorio. Esta consideración abrió el espacio a la elaboración de numerosos trabajos sobre el perfil de las élites políticas y la diada entre su representatividad (proximidad a los electores) y su desempeño político (su capacitación para elaborar o evaluar/aprobar políticas públicas). Emergió así una serie de trabajos que reflejan el alejamiento de las élites respecto a sus bases a favor de un crecimiento en el grado de “tecnicidad” de las mismas (tecnócratas y technopols).
1 Nótese que las élites políticas son, la mayoría del tiempo, consideradas por su cargo electivo (p. ej. un parlamentario) o ejecutivo (p. ej. un ministro) a nivel nacional, por oposición a los cargos políticos de menor rango y más bien local. Pero bien podría considerarse como tal a personeros menos expuestos, pero no por ello menos influyentes, como lo pueden ser expresidentes, jefes de partidos, entre otros. 15
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De ahí que la recuperación de la temática de las élites políticas por parte de los politólogos haya sido concomitante al auge de las literaturas sobre la crisis de la representación política y, posteriormente, sobre la calidad de la democracia. Es decir que el estudio de las élites políticas como objeto de análisis consistió en analizar su impacto (en cuanto a su capital social, intelectual y político) en el proceso político (naturaleza de los proyectos de ley en función del origen social, étnico, de género, ideológico, toma de decisión, etc.). Aunque se pueda resaltar un primer acercamiento al tema de las élites políticas en América Latina con la obra de Lipset y Solari (1967), el verdadero punto de partida se hizo a partir de los años ochenta y noventa con los trabajos sobre los procesos de transición y consolidación democrática en la región (Cavarozzi y Garretón 1989; Higley y Gunther 1992; Torre 1991). Todos estos trabajos se inscribían, sin embargo, en la tradición sociológica. A la vez, en la misma línea, podemos citar también el libro de Dezalay y Garth (2002) en el que los autores ponen en evidencia un cambio en las formaciones académicas de las élites políticas en cuatro países (Argentina, Brasil, Chile y México) y la preponderancia creciente de los economistas sobre los abogados. Ahora bien, el salto cuantitativo desde la Ciencia Política en la región se realizó a partir de 1994, con el lanzamiento del Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA) realizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Este ofrece una base de datos de dominio público sobre las percepciones e ideologías de las élites parlamentarias de hasta dieciocho países de Latinoamérica;2 al día de hoy lleva ya cinco olas de entrevistas.3 Sin embargo, este proyecto, como su nombre lo indica, se concentra esencialmente en la élite parlamentaria sin ofrecer datos sobre los miembros del ejecutivo. A la vez, no ofrece distinción clara entre las cámaras (para los nueve países que cuentan con un congreso bicameral) impidiendo así realizar distinciones entre diputados y senadores. No obstante las limitaciones, esta base ha permitido la elaboración y publicación de numerosos trabajos desde mediados de los años noventa. En la misma línea, aparecieron diversos estudios de caso sobre las élites del ejecutivo (ministros y secretarios de Estado), concentrados en torno a cinco países: Argentina (Camerlo 2015; Campomar y Jesús Suárez 2014), Chile (Dávila, Olivares y Avendaño 2013; Joignant 2011; Joignant y Guell 2011), Brasil (Codato,
2 No todos los años constan del mismo número de países presentes. A título de ejemplo, las élites venezolanas fueron entrevistadas en las dos primeras olas, pero ya no en las siguientes tres. 3 Cada ola corresponde a un período legislativo diferente. Los datos están disponibles públicamente en el sitio: http://americo.usal.es/oir/elites/bases_de_datos.htm 16
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Domingos y Massimo 2014; Inácio 2013), México (Ai Camp 2002, 2011 y 2013) y Uruguay (Chasquetti, Buquet y Cardarello 2013; Serna 2012). Sin embargo la mayoría de estos trabajos no tienen una dimensión comparada, lo que imposibilita cualquier análisis de conjunto de las élites latinoamericanas. A la vez, los estudios no han sabido dialogar con aquellos sobre élites parlamentarias, por lo que aún se sabe poco sobre las diferencias de perfiles entre las dos ramas de poder. Este número especial de Colombia Internacional se propone responder, en parte, a las lagunas que acabamos de mencionar, en tres dimensiones. Primero, seleccionamos un caso comparado sobre los perfiles de todos los presidentes latinoamericanos desde 1978. Junto a este se escogieron otros cuatro estudios de caso (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) pudiendo así tener una visión de conjunto, aunque no exhaustiva debido a las limitaciones físicas de una publicación seriada. Segundo, y para profundizar en la comparación, decidimos relacionar el estudio de las élites latinoamericanas en tres niveles: presidencial, ministerial, parlamentario. Finalmente, una tercera dimensión trata la temática indígena, su percepción por parte de las élites tradicionales y su autodefinición como élite. El trabajo de Manuel Alcántara, Mélany Barragán y Francisco Sánchez se ocupa del perfil de los presidentes latinoamericanos desde 1978. El objetivo inédito de este trabajo consiste en evidenciar la existencia de una relación entre el perfil de los presidentes y el desempeño democrático de los países de la región. Para ello, los autores seleccionaron los tres casos que registraron los mayores índices de calidad democrática frente a los tres peores. Muestran cierta correlación entre la calidad de la democracia y la calidad de los presidentes (en cuanto a su formación académica), al señalar que el ocaso del presidente outsider es más probable allí donde la calidad de la democracia es más alta. En seguida, dos trabajos presentan el perfil de los integrantes de los distintos gobiernos de Argentina y Chile. María Matilde Ollier y Pablo Palumbo realizan un estudio que profundiza en los siete gobiernos argentinos de 1983 a 2015 (Alfonsín, Menem I y II, De la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner I y II). Los autores analizan las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en los procesos de formación de gobierno. Procuran indagar si las distribuciones de cargos en el gobierno responden a lógicas de transacción con el objetivo de asegurar apoyo parlamentario, o si dependen exclusivamente de los atributos del príncipe. Los autores concluyen que, debido a la baja institucionalización de los partidos, los presidentes optan por nombrar personero de confianza, desestimando a menudo las preferencias del legislativo.
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En una línea similar, Bastián González y Alejandro Olivares analizan el grado de supervivencia de los ministros de los gobiernos de la Concertación en Chile (1990-2010). Partiendo de una extensa base de datos (180 ministros durante 20 años), los autores muestran claramente una evolución en las probabilidades de supervivencia en función del perfil de las élites. Si las dimensiones de representación parecían prevalecer en un primer momento (p. ej. ser mujer y provenir de organizaciones sociales), en un segundo, las credenciales técnicas se revelan más relevantes. Los autores muestran que las crisis económicas y el estar involucrado en un escándalo tienen un impacto relevante en la supervivencia de los ministros. El trabajo de Sergio Simoni, Rafael Moreira y Lucas Mingardi ofrece una perspectiva inédita acerca de las élites parlamentarias brasileñas, a lo largo de dieciséis años (1995-2010). Los autores proponen una subdivisión de las élites parlamentarias, al estilo de lo que se hace en los estudios sobre Gran Bretaña y la diada front/backbenchers. Amplían y sistematizan de forma original la comparación entre el perfil de los diputados y el de los senadores brasileños. De esta forma, y por primera vez, es posible observar las divergencias en el perfil de los parlamentarios en función de su cámara de actuación. El principal hallazgo de este trabajo consiste en mostrar las sorprendentes similitudes entre senadores y diputados, y sobre todo, el proceso de pluralización del perfil de los parlamentarios brasileños. Finalmente, el texto de Virginie Laurent trata la dimensión étnica en la élite política colombiana. La autora muestra que con la adopción de la Constitución de 1991, la temática de la indianidad vino a ocupar un nuevo espacio. Asimismo, sin caer en un determinismo institucional, Laurent muestra que la introducción de cuotas indígenas no sólo condujo a un aumento de la identificación electoral con representantes indígenas, sino también al empoderamiento de las poblaciones indígenas, constituyendo un quiebre con el legado colonial. Sin embargo pone de presente algunas contradicciones en el interior de las propias poblaciones indígenas con relación a este proceso. Los distintos trabajos reunidos en este número especial son una muestra de los avances recientes en la investigación sobre las élites políticas latinoamericanas. A la vez, la variedad de los asuntos aquí tratados pone en evidencia la diversidad de temáticas de una agenda cada vez más central en el estudio de las democracias de América Latina.
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Referencias 1. 2. 3. 4. 5.
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Adrián Albala es doctor en Ciencias Políticas por la Université Sorbonne Nouvelle-París 3 (Francia). Investigador posdoctoral en la Universidade de São Paulo (Brasil) con beca de la Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP: 2013/50932-7). Dentro de sus publicaciones recientes se pueden destacar Sociedad Civil y Representación Política en América Latina, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica (en prensa) y “Presidencialismo y coaliciones de gobierno en América Latina: Un análisis del papel de las instituciones”. Revista de Ciencia Política (en prensa). * adrian.albala@gmail.com
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E ANÁLISIS F
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara Mélany Barragán Francisco Sánchez Universidad de Salamanca (España) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.02 RECIBIDO: 1 de noviembre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 14 de enero de 2016
RESUMEN: El
objetivo de este trabajo es buscar relaciones entre las características de la democracia de un país y los rasgos de su clase política. Para ello, se vinculan índices que miden distintos atributos de los sistemas políticos democráticos con el perfil político y social de los individuos que han ejercido la presidencia. El estudio se aplica a los presidentes latinoamericanos en el período comprendido entre 1978 y 2015. A partir de una primera observación de los datos, el análisis se centra en seis países: los tres que presentan mejores resultados y los tres que cuentan con peores puntajes en un agregado de indicadores que evalúan los sistemas democráticos. A medida que se incrementa la calidad de los sistemas políticos existe una tendencia a que también lo haga la calidad de sus políticos o, al menos, disminuye la probabilidad de que accedan líderes con menores niveles de formación y profesionalización política.
PALABRAS CLAVE: élites • democracia • América Latina (Thesaurus) características •
políticos • presidentes (palabras clave autor)
H El presente artículo forma parte una investigación más amplia, todavía en curso, sobre el perfil de los presidentes latinoamericanos y su influencia en el desempeño democrático de sus países. Fruto de este trabajo se han realizado otras contribuciones académicas de futura publicación, como el trabajo “Latin American Presidents (1978-2015): a comparative perspective”. En Presidents and Executives in Perspective, editado por Ignacio Magna. Esta investigación cuenta con financiación de los proyectos “Congruencia política y representación: élite parlamentaria y opinión pública en América Latina”, con referencia CSO2012-39377-C02-01, y “Actividad legislativa, carrera política y sistema electoral: cómo se configura la representación política en América Latina”, con referencia CSO2012-39377, ambos financiados por el Ministerio de Economía del Gobierno de España, por medio de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 23
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Latin American Presidents and the Characteristics of Democracy ABSTRACT: The objective of this paper is to seek relationships between the characteristics of democracy in a country and the features of its political class. In order to so, indexes that measure different attributes of democratic political systems are linked with the political and social profile of the individuals who have occupied the presidency. The study applies to Latin America presidents in the period between 1978 and 2015. Starting with an initial observation of the data, the analysis concentrates on six countries: the three that present the best results and the three with the worst scores in an aggregate of indicators used to assess democratic systems. To the extent that the quality of political systems increases, there is a tendency for the quality of their politicians to increase as well, or at least there is less likelihood that leaders with low levels of training and political professionalism will be able to succeed in politics. KEYWORDS: elites • democracy • Latin America (Thesaurus) • politicians • characteristics • presidents (author’s keywords)
H
Os presidentes latino-americanos e as características da democracia RESUMO: O objetivo deste trabalho é buscar relações entre as características da democracia de um país e os traços de sua classe política. Para isso, vinculam-se índices que medem diferentes atributos dos sistemas políticos democráticos com o perfil político e social dos indivíduos que têm exercido a presidência. Este estudo se aplica aos presidentes latino-americanos no período compreendido entre 1978 e 2015. A partir de uma primeira observação dos dados, a análise se centraliza em seis países: os três que apresentam melhores resultados e os três que contam com as piores pontuações num agregado de indicadores que avaliam os sistemas democráticos. À medida que a qualidade dos sistemas políticos aumenta, existe uma tendência a aumentar também a qualidade de seus políticos ou, pelo menos, diminuir a probabilidade de que acedam líderes com menores níveis de formação e profissionalização política. PALAVRAS-CHAVE: elites • democracia • América Latina (Thesaurus) • características • políticos • presidentes (palabras-chave autor)
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Introducción ¿Existe relación entre los rasgos de la clase política y el desempeño democrático de un país? Con el fin de abordar esta cuestión desde una perspectiva empírica, a continuación buscaremos patrones que vinculen los perfiles sociopolíticos de los dirigentes con el desarrollo democrático de los países en los que han desempeñado o ejercen el cargo. Centraremos el análisis en los presidentes electos desde las transiciones a la democracia hasta el presente (1978-2015), en una muestra de seis países de América Latina seleccionados según el rendimiento de su sistema político en distintos aspectos constitutivos de la democracia. En concreto, siguiendo una estrategia de comparación de casos extremos, se han seleccionado los tres países con los puntajes más elevados y los tres con los más bajos en un agregado de índices y taxonomías.1 De manera intuitiva puede suponerse que una democracia que presente mayor grado de desarrollo o un rendimiento más positivo —ya sea en términos de institucionalización, calidad o consolidación— serviría como freno a la entrada de políticos con menor formación, experiencia o habilidades para el ejercicio del quehacer político; más aún si se toma en cuenta que tanto la política institucional como la partidista se han convertido en actividades profesionales (Alcántara 2012; Katz y Mair 2002). Con base en este argumento, un perfil que en principio pudiera asociarse a un bajo nivel de profesionalización y a un potencial peor desempeño de la actividad política, estaría marcado por la falta de: a) experiencia política, partidista o en la esfera pública, b) formación informal o formal y/o c) redes de sociabilidad y vínculos políticos. En cualquier caso, cabe recordar que se está hablando de tendencias generales. Es osado afirmar que las democracias que tienen mayor grado de desarrollo o de rendimiento pueden impedir la entrada de líderes escasamente formados o experimentados. Sin embargo, como se demuestra más adelante, aquí se considera que los sistemas políticos democráticos pueden dificultarlo. Del mismo modo, la posesión o la ausencia de determinados rasgos no actúan como un mecanismo inequívoco para determinar el mejor o peor desempeño de un político. En consecuencia, este trabajo no está planteado en términos de causalidad, sino más bien de correlación entre el perfil de las élites y el rendimiento o desempeño
1 Para esta investigación se utilizan el índice de Freedom House, el índice Polity IV Project, el Índice Democrático de The Economist Intelligence Unit y el Índice de Transformación de Bertelsmann. Todos ellos miden diferentes atributos del sistema democrático y permiten identificar diferentes niveles de desempeño. 25
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democrático de un sistema político. Dada la multiplicidad de enfoques posibles, esta investigación se engloba en los planteamientos más clásicos de las escuelas institucionales, asumiendo que el diseño y el funcionamiento de las instituciones democráticas determinan procesos internos tales como la selección o acceso del personal dirigente (Hazan y Rahat 2006; Katz 2001). El objetivo central que guía esta investigación es aportar evidencia empírica que corrobore si quienes cuentan con menores niveles de “formación política” —es decir, con escasa o nula experiencia política previa tanto en cargos de elección, nominación directa o de partido— tienen menos posibilidades de acceso al poder. La base del argumento recae en el rol que desempeñan filtros como la cultura política de los ciudadanos (electores) o los resortes institucionales que tienen este tipo de democracias. En especial se reconoce el peso de la adecuada institucionalización de sus sistemas de partidos, que cuentan con mecanismos formales e informales de selección de candidatos y dirigentes. Por otro lado, desde un supuesto tautológico, la consecución de la presidencia puede ser interpretada como evidencia de que la persona electa cuenta con las habilidades suficientes y mejores capacidades que el resto de los candidatos que no alcanzaron a superar los distintos filtros y ser elegidos. No obstante, esto no siempre puede valorarse como un dato positivo puesto que en muchos sistemas políticos en crisis, es posible que se elija a outsiders como una forma de protesta o como la búsqueda de una solución radical para los problemas del sistema. Comportamiento que en lugar de refutar el argumento, lo refuerza. Por el contrario, es necesario verificar si sistemas políticos con altos puntajes en los índices utilizados en este trabajo han favorecido la llegada a la presidencia de personas con mayor formación política. En caso afirmativo, esto se podría relacionar con un mejor funcionamiento de los mecanismos de acceso al poder (partidos, elecciones, instancias de la sociedad civil, medios de comunicación, etc.). A lo largo del tiempo estos han institucionalizado una serie de prácticas de selección formal e informal, que adoptan el papel de gatekeppers (puntos de veto) en el proceso de acceso al poder. Estas prácticas se han desarrollado a la par con otros actores e instituciones (poderes legislativos y judiciales, instituciones descentralizadas o mecanismos de democracia directa). En este sentido cabe recordar que la democracia es, ante todo, un sistema que busca dividir el poder de forma plural y que cuenta con puntos político-institucionales de control y balance cuya anuencia es necesaria para la toma de decisiones. No hay un consenso teórico y metodológico sobre cómo evaluar y estimar los atributos de la democracia. Por ello, y con el fin de seleccionar los casos de estudio sobre la base de similitudes y diferencias, el trabajo recoge diversos índices (ver nota a pie de página 1). Además, identifica regularidades que muestran 26
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diferencias cualitativas entre los países de la región. Algo similar ocurre con el concepto calidad de los políticos, pero, en este caso, existe el agravante de que los criterios de valoración son más subjetivos aún. Por esta razón tampoco existen índices consolidados que den clara cuenta de qué debe entenderse por políticos de calidad. Para llenar esa falencia, este trabajo se nutre de una amplia base de datos en la que se recogen variables relacionadas tanto con las características personales de aquellos que ocuparon la presidencia en la región en el período citado, como con sus trayectorias políticas. Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se pregunta por las características de los políticos con el fin de responder a la vieja pregunta sobre cuáles son los factores que hacen que un político sea de mayor o menor calidad. El desarrollo de este trabajo se estructura en torno a cuatro secciones. En primer lugar, se realiza una discusión teórica de los conceptos planteados en la investigación y de los posibles nexos existentes entre ellos. En segundo lugar, se presenta la metodología empleada para poner en relación las variables. En tercer lugar, se acude al terreno empírico para presentar datos concernientes a las distintas valoraciones que se hacen de los atributos democráticos de los sistemas políticos analizados y otros relativos a sus presidentes. Por último, se presentan las conclusiones y se identifican posibles relaciones entre las características de la democracia y los atributos de los políticos.
1. Los políticos y su calidad Aunque es común que se valore a los políticos, ni la sociedad ni la Ciencia Política tienen una respuesta clara sobre cuáles deberían ser los rasgos de un político de calidad. Pese a que hablar de la “mala calidad” de los representantes es un tema recurrente en las democracias actuales, y en especial en el contexto latinoamericano, la superficialidad de esta afirmación queda en evidencia cuando se pregunta por los atributos que debe poseer un buen político (Rivas, Vicente y Sánchez 2010). Lo habitual es recurrir a un conjunto de características que se podría resumir en el concepto de formación política, entendiendo como tal el conjunto de rasgos sociopolíticos, la trayectoria personal, en términos de bagaje académico acumulado, así como la experiencia en el campo del ejercicio público, ya sea en cargos de elección, de nombramiento o dentro de una organización política. Con base en estos criterios, en este trabajo se asume que políticos con más formación y experiencia tienen mayor calidad al poseer la capacidad de mantenerse activos como profesionales de la política. Esta posición deja de lado otras aparentemente más precisas como el nivel de acierto en las decisiones tomadas por los políticos o 27
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la efectividad de las políticas públicas promovidas por ellos. Aquí no se abordan por tratarse de un campo muy amplio que requiere de una ardua sistematización que traspasa el alcance de este trabajo. La pregunta sobre el tipo de influencia que pueden tener los rasgos de los gobernantes en el desempeño del régimen es antigua —ya la abordó Aristóteles en La Política— a la vez que vigente, puesto que resulta muy difícil aportar una propuesta concluyente sobre lo que es un político de calidad o cuáles características personales de la clase dirigente pueden explicar mejor las variaciones en el funcionamiento del sistema político. Así, pese a que desde la teoría de las élites y los estudios sobre carreras políticas se ha prestado atención a esta cuestión, se trata de un ámbito de estudio aún incipiente (Alcántara 2012). Por ello, en esta investigación la atención se focaliza en los atributos del político y no en cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo. En cualquier caso, dentro del debate existen diferentes aportes que pretenden identificar rasgos que aumentan la calidad de los políticos. Por un lado, Uriarte (1997, 270) sostuvo que el acceso a la élite política se ve favorecido notablemente con la posesión de algunas características objetivables. Así, haber nacido en ciudades, pertenecer a la clase media o media-alta, haber cursado estudios universitarios —de preferencia en instituciones de élite— y ser hombre aumentan las posibilidades de alcanzar posiciones en la élite política. En una línea muy similar, Galasso y Nannicini (2011) miden la calidad de los políticos a partir de los años de formación académica, la actividad profesional previa y la experiencia política. No obstante, más allá de las características sociales, se entiende la necesidad de ponderar valores más subjetivos que permitan complejizar la relación entre élites políticas y desempeño. Al respecto, para Stone, Sandy y Maestas (2004) en la calidad de los políticos influye un conjunto de habilidades personales y de recursos estratégicos, mientras que para Martínez (2006, 179) esta puede entenderse como un conjunto concreto de características presentes (o ausentes) en los dirigentes, y no como las características que diferencian a los candidatos que lograron ser elegidos de aquellos que no lo fueron. Tratar de buscar relaciones causales con las características de la democracia es una tarea compleja, sobre todo, cuando los rasgos de los políticos actúan como variables independientes (Alcántara y Rivas 2007; Blondel y MüllerRommel 2009; Hoffman-Lange 2009). Por otra parte, y siendo conscientes del papel fundamental que juegan las instituciones, sería un error obviar que estas están integradas por personas que son responsables y garantes de su funcionamiento. Al contrario de lo que ocurría en el siglo XIX o incluso durante los dos primeros tercios del siglo XX, la procedencia de estos individuos no es consecuencia de su 28
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pertenencia a una élite agraria, oligárquica o armada, sino que más bien el acceso a los puestos dirigentes se articula a través de elecciones competitivas en las que los votantes eligen a los candidatos de acuerdo con sus preferencias. Existe una amplia literatura que explica el surgimiento de los sistemas democráticos gracias a una serie de pactos y acuerdos de élites, que dota a sus miembros de una fuerte influencia en el diseño y desarrollo de los sistemas políticos (Karl y Schmitter 1991; Morlino 1985; O´Donnell y Schmitter 1988). Por otro lado, desde un enfoque más vinculado a la cultura política, también se ha señalado que el incremento de los valores democráticos opera como una fuerza social que consolida la integridad de la élite (Inglehart y Welzel 2006, 275). Igualmente, cada vez son más las investigaciones que vinculan el desempeño y la calidad del gobierno con las características del político. Desde el punto de vista de variables objetivables, Moessinger (2012) relaciona la edad con la calidad de las decisiones tomadas, vinculando la experiencia vital con las políticas ejecutadas. Asimismo, son varios los trabajos que demuestran correlación entre el nivel educativo del político y la calidad del gobierno o los rasgos del sistema democrático (Diankkov y Sequeira 2013; Fortunato y Panizza 2015; Glaeser et al. 2004; Rivas, Vicente y Sánchez 2010). Los atributos personales de los políticos han iluminado investigaciones recientes que abordan la relación entre la identidad de los líderes y su desempeño, estableciéndose paralelismos entre el rendimiento de su actividad política y diferentes procesos de socialización, características personales y procesos de profesionalización (Besley y Reynal-Querol 2011; Jones y Olken 2005). Otro grupo de estudios relaciona las habilidades personales de los políticos, la calidad del gobierno y su grado de profesionalización, prestando especial atención a la cuestión de los salarios percibidos (Gagliarducci y Nannicini 2013). En resumen, todas estas contribuciones han creado un cuerpo de literatura que sostiene la tesis de que una de las mejores maneras de medir la calidad de los políticos es considerar sus atributos personales ya que estos repercuten en la calidad de su gestión (Hayo y Neumeier 2013; Jochimsen y Thomasius 2012; Moessinger 2012).
2. Criterios de valoración de la democracia En las dos últimas décadas se han abierto líneas de investigación que tienen como objetivo dotar de un soporte teórico a conceptos como calidad de la democracia, desarrollo democrático, consolidación de la democracia o institucionalización democrática, a la vez que se han realizado propuestas para su medición (Beetham 1994; Coppedge, Gerring y Lindberg 2012; Diamond y Morlino 2004; Levine y Molina 2011; Morlino 2012; Munck 2009, entre otros). 29
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Pese a que existen diversas aproximaciones al estudio de los atributos cualitativos de la democracia, estas pueden juntarse en tres grandes grupos (Barreda 2010). El primero integra las aproximaciones basadas en una concepción procedimental de la democracia, siguiendo la noción de poliarquía de Dahl (1971). De este modo, la democracia es concebida como un conjunto específico de procesos que regulan el acceso al poder político. Un segundo grupo está conformado por los trabajos vinculados a enfoques normativos y a diferentes tradiciones de la teoría política. Como principal diferencia respecto al grupo anterior, esta aproximación se destaca sobre todo por sus aportes en el ámbito de la reflexión teórica sobre lo que hace “buena” a una democracia (Held 2007). Por último, están las investigaciones que se enmarcan en una posición intermedia y se caracterizan por resaltar la importancia de los aspectos institucionales, pero incorporan elementos normativos sin renunciar al análisis empírico. En este último enfoque se encuentran aportes como el de O´Donnell (2004), Diamond y Morlino (2004), Hagopian y Mainwaring (2005) y Levine y Molina (2007). La definición de Morlino (2012) sobre calidad de la democracia resume bastante bien los aspectos señalados por la literatura, al afirmar que se trata de una estructura institucional estable que permite que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad mediante el legítimo y correcto funcionamiento de sus instituciones y mecanismos. En esa definición se identifican tres dimensiones del concepto: 1) calidad en términos de resultados (el régimen debe estar ampliamente legitimado y satisfacer completamente a sus ciudadanos), 2) calidad en términos de contenidos (ciudadanos y organizaciones deben gozar de libertad e igualdad) y 3) calidad en términos de procedimientos (los ciudadanos deben tener el poder de verificar y evaluar si su gobierno persigue los objetivos de libertad e igualdad siguiendo las reglas del Estado de derecho). A pesar de que los conceptos anteriores no ponen énfasis en el papel de los actores políticos, su estudio es fundamental para valorar la calidad y rendimiento democráticos, puesto que son los políticos quienes accionan la maquinaria institucional. Morlino (2009) insiste en la necesidad de estudiar la relación entre la calidad de la élite política y la calidad de la democracia, pero no profundiza en el argumento ni desarrolla una metodología de análisis, como sí lo hace con otros factores. No hay que olvidar que las instituciones —uno de los elementos observados por todos los teóricos de la calidad de la democracia— tienen un papel relativamente autónomo dentro del proceso político, aunque no de supremacía ni de subordinación. Es ahí donde actúan los políticos al generar estrategias de adaptación o resistencia, buscando maximizar beneficios y reducir sus pérdidas, llegando incluso a modificar las mismas instituciones. 30
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
El amplio debate sobre la operacionalización de los atributos de la democracia (García y Mateos 2006) se ha reflejado en varias propuestas analíticas cristalizadas en distintos índices que miden los rasgos de las democracias y de los elementos a ella asociados. En la sección correspondiente se presentan estos índices y sus criterios, a la vez que se desarrollan los resultados obtenidos por los países de la región.
3. Calidad de la democracia y rasgos de los políticos: el caso de los presidentes Como ya se ha dicho, este trabajo busca establecer relaciones entre el tipo de político que llega a la presidencia y las características de la democracia del país en el que ocupa el cargo. Para medir los rasgos de las democracias se toma como referencia los indicadores desarrollados en el siguiente apartado, mientras que para el análisis de los políticos se atiende a tres grupos de variables. En primer lugar, se presentan los datos relativos a las características sociodemográficas de los presidentes latinoamericanos. En concreto, se atiende a su edad, género, lugar de nacimiento, nivel de estudios y profesión. En segundo lugar, se aporta información relativa a su trayectoria previa a la presidencia, haciendo referencia a la duración media de la carrera, el número de cargos ocupados y el cargo anterior a ser presidente. Por último, se presta atención a su trayectoria partidaria (tabla 1). Los presidentes incluidos en el análisis son todos aquellos que han accedido a la presidencia mediante un proceso electoral, dejando fuera del análisis a aquellos que llegaron por designación o mediante cualquier otro procedimiento al margen de las urnas. La selección de este grupo de variables para el análisis de los presidentes responde a que, además de haber sido subrayadas por la literatura especializada, son características objetivables que construyen la formación política. Dado que medir la calidad de un político implica tener en cuenta múltiples factores, las decisiones metodológicas adoptadas en este trabajo conducen a dejar fuera variables relacionadas con las capacidades y habilidades del líder y de su formación, pues son elementos subjetivos cuya medición requiere metodologías específicas e información fuera del alcance de esta investigación. En resumen, a partir de los datos de la tabla 1, se puede establecer la hipótesis 1 que busca verificar si las democracias con mejores valoraciones cuentan con una clase política experimentada, con elevados niveles de formación y con una larga trayectoria tanto partidaria como en el ejercicio de la función representativa. Por el contrario, la hipótesis 2 establece que bajos niveles de valoración de las democracias favorecerían la aparición de outsiders o de personas con poca experiencia y con menor nivel formativo. 31
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Tabla 1. Características de los políticos Aspectos
Indicadores hipótesis 1
Indicadores hipótesis 2
Perfil sociodemográfico
Género, edad (al momento de llegada a la presidencia), lugar de nacimiento, nivel educativo y profesión.
Nivel educativo y profesión
Trayectoria en cargos públicos
Duración de la carrera hasta la presidencia, No. de cargos de designación, No. de cargos de elección, último cargo antes de la presidencia.
Outsiders, carrera política muy corta
Trayectoria en el partido
Candidatura partidaria, recorrido/plataforma electoral, cargos ocupados en el partido.
Candidatura independiente, transfuguismo, sin cargos partidistas
Fuente: elaboración propia.
En cualquier caso, pese a las diferencias entre países,2 lo cierto es que los datos muestran que dentro de la región existe un apoyo mayoritario a la democracia. Así, el estudio del Latinobarómetro de 2013 lo sitúa, en términos agregados, en un 56%.3 Sin embargo, las cifras de satisfacción con la democracia descienden notablemente hasta ubicarse en un 36%.4 Tal como señalan Zovatto y Tommasoli (2013), estos bajos niveles de satisfacción con la democracia se deben a dos problemas centrales. En primer lugar, sólo el 25% de la población de la región considera que la distribución de la riqueza es justa. En segundo lugar, sólo el 28% piensa que se gobierna para el bien de todos. 2 Cabe señalar que tras los procesos de transición a la democracia, iniciados con las elecciones dominicanas y ecuatorianas de 1978 y finalizados con las salvadoreñas de 1994, los países de América Latina han logrado consolidar procesos electorales competitivos y libres. Ello ha supuesto un cambio radical respecto al pasado, dado que nunca antes se había extendido durante un período de tiempo tan largo la celebración de elecciones de manera periódica. Junto a esto, se han logrado notables avances en materia de respeto a los derechos humanos y libertades civiles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de la región y el consiguiente distinto peso diferencial de sus propias experiencias políticas. Con respecto al peso específico del pasado hay que recordar en qué forma los legados políticos son diferentes en países que tuvieron largas experiencias democráticas como Chile y Uruguay, de otros como Guatemala y Honduras donde sucedió todo lo contrario. 3 No obstante, existen fuertes disparidades entre países. Los porcentajes más elevados se encuentran en Venezuela (87%), Argentina (73%) y Uruguay (71%). Por el contrario, los niveles más bajos se ubican en Honduras (44%), Guatemala (41%) y México (37%). 4 Aquí vuelven a hacerse patentes las diferencias regionales: Uruguay (82%) alcanza el porcentaje más elevado, seguido a cierta distancia por Ecuador (59%) y Nicaragua (52%). Por su parte, los valores más bajos son los registrados en Perú (25%), México (21%) y Honduras (18%). 32
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
Junto a estos dos elementos, los autores subrayan que hay que tener en cuenta que en la última década se llevaron a cabo intensas agendas de reformas constitucionales, políticas y electorales, dirigidas a equilibrar, ajustar y sintonizar los sistemas políticos con las dinámicas sociales. Asimismo, estas reformas fueron encaminadas a satisfacer las crecientes exigencias de una ciudadanía que cada vez reclama más y mejores niveles de representación, participación, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad. Ahora bien, para evitar caer en particularidades y disminuir el efecto de la coyuntura en los rendimientos democráticos, en este trabajo se forman dos grupos de tres países con el fin de utilizar el método comparado basado en los sistemas más diferentes (Guy 1998; Llamazares 1995). Para seleccionar los casos se utiliza una representación HJ-Biplot. Se trata de una técnica de análisis que permite representar simultáneamente las distintas puntuaciones alcanzadas por los países en los índices en distintos años en un espacio de dimensión reducida (ver anexo 1). De esta forma no sólo se puede conocer la configuración de los sistemas democráticos de los países, sino también qué dimensiones son las responsables de dicha configuración. Gracias a esto podemos establecer con claridad cuáles son los países que integran cada uno de los grupos, a partir de lo cual se hace la comparación. a. Características de la democracia y sus elementos en América Latina: una revisión de la última década A continuación se lleva a cabo una revisión general de los datos desagregados por países que se encuentran en el anexo, para los años 2006-2014, de las siguientes instancias de medición de las características de los sistemas democráticos: Freedom House; Polity IV Project; el Índice de Desarrollo Democrático en América Latina (IDD); Índice de Democracia de EIU y el Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI). A partir de estos, se construye la representación HJ-Biplot con la que se seleccionan los casos de democracias mejor y peor posicionadas, para luego comparar los casos con los rasgos de los presidentes. Una primera aproximación al nivel de desarrollo democrático de los países de la región requiere prestar atención a los derechos y libertades garantizados por las instituciones. Para ello, el índice de Freedom House resulta una herramienta útil pese a que no es un instrumento de medición de la democracia per se. En realidad, únicamente mide dos componentes de la misma: las libertades civiles y los derechos políticos, tratándose más que de una evaluación del rendimiento de los gobiernos, de una valoración de los derechos y las libertades que gozan las personas. 33
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Al ver el promedio de los datos recogidos por este índice para América Latina, se aprecia que existe un grupo de países conformado por Chile, Costa Rica y Uruguay que se mantiene de forma estable con las mejores valoraciones a lo largo del período estudiado. Por el contrario, países como Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se ubican a la cola. Los resultados de este índice a lo largo del tiempo evidencian también la estabilidad de la región y el comportamiento democrático de los países, puesto que en los últimos años únicamente se han experimentado variaciones en Colombia, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. En estos países el desempeño democrático ha empeorado. El Polity IV Project, índice que tiene una orientación referida al desempeño de las instituciones, muestra resultados parecidos al anterior. Aquí también aparece un claro grupo a la cabeza, integrado por Chile, Uruguay y Costa Rica, países que obtienen una calificación máxima en la escala adoptada, aunque las diferencias con los otros países no son muy grandes. Una clara diferencia la marcan Ecuador y Venezuela. En 2013 fueron evaluados en una escala de 1 a 10 (donde 10 es el valor más positivo) con 5,5 el primero y 4 el segundo. El índice de Desarrollo Democrático en América Latina (IDD) está compuesto por indicadores que miden los atributos de la democracia formal sobre la base de elecciones libres, sufragio universal, participación plena (dimensión I) y otros de la democracia real. Estos se articulan en tres dimensiones: respeto a los derechos políticos y libertades civiles (dimensión II), calidad institucional y eficiencia política (dimensión III) y el ejercicio de poder efectivo para gobernar (dimensión IV), escindida esta última en: capacidad para generar políticas que aseguren bienestar y eficiencia económica. En este sistema de indicadores Chile, Costa Rica y Uruguay presentan de nuevo los mejores valores. Al ser un índice que observa más elementos de los sistemas democráticos y tener una escala decimal, las posiciones de los países ofrecen una mayor variabilidad. En esto difiere del anterior, cuyos datos casi no varían. En cuanto a la evolución del puntaje a lo largo del período estudiado, tan sólo cuatro -Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay- han experimentado una mejora en el desarrollo democrático desde 2006. Por el contrario, la situación ha empeorado en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Economist Intelligence Unit (EIU) realiza una valoración cuantitativa y una escala cualitativa de los regímenes políticos de los países. El índice EIU es resultado de la integración de cinco variables: procesos electorales y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política y libertades civiles. Su puntuación distingue entre democracias plenas (8-10 puntos), democracias defectuosas (6-7,9 puntos), regímenes híbridos (4-5,9 puntos) y regímenes autoritarios (menos de 4 puntos). 34
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
Sus datos muestran un equilibrio en la región entre los países que han mejorado y empeorado la calidad de su democracia. Según el índice, hay diez países que han mejorado la calidad de su democracia: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Por otro lado, ocho han obtenido peores calificaciones: Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Pero las posiciones en los extremos de la tabla casi no difieren si se compara con los otros países. Por último, el Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI) es el resultado de la agregación de los dos subíndices que miden el estado de la democracia (integrado por cinco criterios: nivel de estatismo, estado de derecho, participación política, estabilidad de las instituciones democráticas e integración social y política) y el de la economía de mercado (integrado por siete criterios: rendimiento económico, sustentabilidad, régimen de bienestar, propiedad privada, estabilidad monetaria y de precios, organización del mercado y nivel socioeconómico). Sin embargo, ofrece valores similares a los anteriores. Uruguay, Chile y Costa Rica siguen constituyendo la triada con mejores resultados, mientras que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Nicaragua registran los peores puntajes. Asimismo, se observa cierto equilibrio en los avances y retrocesos en los niveles de calidad de la democracia. A partir de estos cinco indicadores y recurriendo a un ejercicio que ya se realizó en un trabajo anterior (Alcántara 2014), se lleva a cabo la integración de las cuatro mediciones abordadas y recogidas en el anexo mediante la técnica HJ-Biplot. Esta permite realizar una representación gráfica de datos multivariantes de la información recogida,5 presentando un formato que admite señalar la existencia de cuatro distintas familias de países latinoamericanos, en relación con las características de sus democracias (gráfico 1).6 De esta manera, se pueden seleccionar los tres países con mejores y peores indicadores con el fin de compararlos con las características de sus presidentes.
5 De la misma manera que un diagrama de dispersión muestra la distribución conjunta de dos variables, un Biplot permite representar simultáneamente individuos y tres o más variables. 6 Para una mejor interpretación de los gráficos HJ-Biplot hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: las variables (índices de democracia) se representan mediante vectores y los individuos (países) mediante puntos. La relación entre individuos y variables se obtiene a partir de la proyección perpendicular de los puntos sobre los vectores. La proximidad entre los puntos se interpreta como similitud entre los casos. Proyectando perpendicularmente cada uno de los puntos que representan a los países sobre los vectores que representan a las variables obtenemos perfiles de países con características similares en los índices de democracia. 35
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Gráfico 1. Perfiles de países según índices de democracia (2014) 3 2
Eje 2 (8,83%)
Guatemala
Paraguay
1 0
Nicaragua
Polity IV
Panamá Chile Costa Rica
-1
R. Dom
Perú FH EIU Brasil I.Bertelsmann
Uruguay
México Honduras Bolivia El Salvador Colombia
Argentina
IDD
Ecuador
-2 -3 -6
-4
-2
0 Eje 1 (84,43%)
2
Venezuela
4
6
Fuente: elaboración propia a partir de los índices recogidos en el anexo.
A partir de los datos arrojados por el gráfico 1 se configuran dos grupos a comparar, siguiendo el diseño de los sistemas más diferentes. Por un lado, están los que muestran los mejores resultados: Chile, Costa Rica y Uruguay; resultado nada sorprendente si se observan los comentarios que se vienen haciendo a los resultados de los índices. La configuración del grupo de contraste resulta menos clara, pero Ecuador, Honduras y Guatemala son los países cuyos datos en los distintos índices los ubican a la cola del rendimiento de sus democracias (tabla 2). En este caso se ha dejado fuera a Venezuela porque indudablemente se trata de un valor atípico (outlier) desde el punto de vista estadístico y, sobre todo, porque el largo gobierno de Hugo Chávez aporta poca información debido a que no hay variación en las dimensiones analizadas. Tabla 2. Grupos de países seleccionados Grupo A: mejores resultados en los índices Grupo B: peores resultados en los índices
Chile, Costa Rica, Uruguay Ecuador, Guatemala, Honduras
Fuente: elaboración propia a partir de HJ-Biplot.
b. Perfil de los presidentes en América Latina Desde la tercera ola de democratización (Huntington 1994), América Latina ha contado con 112 presidentes electos, más veintitrés que ejercieron la presidencia por la muerte del titular, renuncia u otros motivos que impidieron al presidente electo 36
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
completar su mandato. En vista de que algunos de ellos fueron reelectos, se podría decir que durante el período estudiado ha habido 138 presidencias (tabla 3). La literatura relevante sobre los presidentes en América Latina a la hora de configurar las formas en que accedieron al poder ha insistido en el papel que han desempeñado los sistemas de partidos así como los propios partidos políticos, como filtros determinantes de la entrada en la política (Alcántara 2004; Mainwaring y Torcal 2005). Igualmente se han abordado los procesos de selección de candidatos (Alcántara y Cabezas 2013; Freidenberg y Sánchez 2002; Siavelis y Morgenstern 2008). Ambas aproximaciones han supuesto notables contribuciones para entender cómo se llega al poder. Sin embargo, este artículo, que no deja de obviar la importancia de estos mecanismos institucionales, se centra en la figura de los individuos ya en el poder presidencial, recogiendo exclusivamente variables sociodemográficas, de profesión, y de la propia experiencia política a través del concepto de carrera política. Tabla 3. Presidencias y presidentes por grupo de estudio País
Total presidencias
Presidencias electas
Total presidentes
Presidentes electos
Mejores resultados (A)
Chile
6
6
5
5
Costa Rica
10
10
9
9
Uruguay
7
7
5
5
Peores resultados (B)
Ecuador
16
10
13
8
Guatemala
8
7
8
7
Honduras
10
9
10
9
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
Una primera conclusión que se puede observar al comparar los dos grupos tiene que ver con el origen de los presidentes. Mientras que todas las presidencias y todos los presidentes del grupo A han sido elegidos en las urnas, los países del grupo con peores resultados democráticos muestran un elevado número de casos no electos, hecho que puede ser evidencia de menor estabilidad institucional. Asimismo, se podría afirmar que ese tipo de escenarios permite que individuos sin los méritos políticos y el expertise necesario para el ejercicio de la presidencia accedan al cargo, en tanto que su elección no contará con los filtros propios del proceso electoral. Todo esto sin considerar el lastre que implica la baja legitimidad de su gobierno al no poder apelar a la delegación electoral como fuerza de su poder. 37
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En principio la variable género parece no tener mayor incidencia debido al fuerte predominio de varones presidentes en todos los países. No obstante, hay seis países donde la Presidencia de la República ha sido ocupada por una mujer. Dos de ellos (Chile y Costa Rica) son los que integran el grupo A, es decir, el que agrupa a los países que cuentan con los mejores indicadores democráticos. Los otros cuatro países con presidentas son: Brasil, Panamá, Argentina y Nicaragua. Tratando de dar un valor añadido a la presencia de mujeres en el Ejecutivo, se puede decir que tanto Michelle Bachelet, presidenta de Chile, como la costarricense Laura Chinchilla, contaban con una larga militancia y trayectoria en el partido y tenían además experiencia de gestión como ministras. Comparando todos los casos de presidentas puede afirmarse que, aunque todas ellas han sido presidentas electas y contaban con méritos propios para el ejercicio del cargo, hay una división en dos grupos. Por un lado, están las dos presidentas del grupo A (Bachelet de Chile y Chinchilla de Costa Rica), más la presidenta Rousseff de Brasil, que acceden al poder gracias, sobre todo, al capital mayoritariamente político o partidario propio, y en el otro, se combina el capital político con otro de naturaleza familiar (Mireya Moscoso en Panamá, Cristina Fernández en Argentina y Violeta Chamorro en Nicaragua). Este último, muestra una mayor correspondencia con países en los que el puntaje de calidad de la democracia disminuye. Tabla 4. Variables sociodemográficas: género, edad y lugar de nacimiento
País
% Hombres
% Mujeres
Edad media de llegada a la presidencia
Chile
80,0
20,0
60,4
80,0
Costa Rica
89,9
11,1
51,1
55,6
Uruguay
100,0
0,0
62,2
100,0
Promedio
89,9
10,1
57,7
78,5
Ecuador
100,0
0,0
49,9
25,0
Guatemala
100,0
0,0
52,0
85,7
Honduras
100,0
0,0
55,1
22,2
Promedio
100,0
0,0
52,3
44,3
% de nacidos en la capital
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
38
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
Respecto a la edad media de llegada a la presidencia, Uruguay (62,2 años) y Chile (60,4 años), países integrantes del grupo A, cuentan con los presidentes que llegan al poder con más edad. Sin embargo Costa Rica, que también pertenece al grupo A, ha tenido presidentes con una edad promedio similar a la de los presidentes de los países con menores rendimientos democráticos (ver tabla 4). Ello podría invitar a pensar que la edad no es una variable importante a la hora de medir la calidad de los políticos. No obstante, puede parecer razonable considerar que a medida que aumenta su edad las personas acumulan más experiencia vital que les puede llevar a valorar de forma más sosegada las decisiones tomadas y a ser menos impulsivos en el trato con los oponentes políticos En cualquier caso, cabe señalar que la elevada edad media con la que acceden a la presidencia los políticos uruguayos y chilenos se debe, en gran medida, a que gran parte de su clase política actual formó parte de la resistencia a las respectivas dictaduras, y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ejercer el poder a edades más tempranas. En los países del grupo B se detecta que sus dirigentes son más jóvenes. Esto se aprecia sobre todo en Ecuador, aunque no es el país con los presidentes más jóvenes de la región, posición ocupada por México con una edad promedio de 46,5 años. Pese a que no existe una relación directa y universal entre las características de la democracia y la edad media de llegada a la presidencia, sí se observa que los países con mayor puntaje cuentan con presidentes de mayor edad, y, por tanto, más experiencia. No obstante, para el caso de los países con valores medios o bajos de democracia la relación no es tan clara al existir mayores diferencias en la media de edad. El dato relativo al lugar de nacimiento de los presidentes ofrece información sobre las dinámicas internas de los países, si bien hay que señalar el sesgo de la muestra que no recoge ningún caso de país federal. En los casos del grupo A, son países cuyas capitales son las ciudades más pobladas y ejercen un claro liderazgo económico, cultural y político en el país del que forman parte, lo que a la vez refleja cierto centralismo en sus sistemas políticos. Por su parte, en el grupo B se encuentran países como Ecuador y Honduras, cuyas principales ciudades —Guayaquil y San Pedro Sula respectivamente— no son capitales. Esto se traduce en el desarrollo de mayor diversidad política, que se manifiesta en formas diferenciadas de hacer o entender la política. Sin embargo, al ver el conjunto de los datos se observa que, independientemente de su lugar de nacimiento, la mayoría de los presidentes se trasladaron pronto a la capital y fue allí donde se socializaron políticamente, ya fuera a nivel partidario o institucional. Junto con las características demográficas básicas, la educación y profesión de origen son otras variables a tener en cuenta. Respecto al papel de la formación académica como parte del capital político, hay que considerar que los estudios 39
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no constituyen únicamente un mecanismo de movilidad social, sino también de movilidad política (Best y Cotta 2000). No obstante, en Latinoamérica hay condicionantes —desigualdad socioeconómica estructural, dificultad en el acceso a la educación e inequidad en el sistema educativo— que hacen que los niveles de educación formal de una persona sean más bien indicadores de elitismo. Es decir, de pertenencia a sectores más privilegiados en lugar de un mecanismo de movilidad social (Rivas, Vicente y Sánchez 2010). Generalmente, los presidentes presentan un elevado nivel educativo aunque su formación académica suele ser inferior a la de los legisladores, en gran parte debido a que el intervalo de diputados que provienen de cohortes generacionales en las que los estudios universitarios de posgrado se han generalizado es bastante mayor. El hecho de que algunos presidentes no hayan terminado la universidad puede ser explicado, al menos en parte, por la historia política de sus países. De este modo, cabe tener en cuenta situaciones como el exilio o procesos de fuerte movilización social que contribuyeron a una temprana y absoluta dedicación a la política. En cuanto a la consideración del nivel de estudios (tabla 5), otra vez Chile (60%) y Uruguay (80%) cuentan con porcentajes considerablemente superiores al resto, en términos de presidentes con estudios de doctorado. Si se retoma el argumento de que la educación no es sólo un instrumento de movilidad social sino también política, el hecho de que ambos países cuenten con un predominio de presidentes con estudios de doctorado refleja la existencia de procesos de socialización política más prolongados, dentro de un entorno académico. Por el otro lado, Honduras y Guatemala tienen los presidentes con niveles de estudio más dispersos dentro de los estratos contemplados, aunque no es una diferencia sustancial porque Costa Rica, que forma parte del grupo A, cuenta con presidentes sin estudios universitarios. Asimismo cabe resaltar que sólo en países con bajos estándares democráticos ha habido presidentes con formación militar. De este modo, pese a ser presidentes electos, resulta interesante subrayar cómo a medida que disminuye el puntaje de los indicadores de calidad, aumenta el vínculo entre política y milicia. Por último, en relación con la profesión de origen (tabla 6), no parecen existir relaciones entre el oficio desempeñado y el rendimiento del sistema democrático. Sin embargo, hay una supremacía de presidentes dedicados al Derecho y destaca el porcentaje de aquellos vinculados a los negocios, lo que de cierta manera refleja las crecientes conexiones entre la política y el mundo empresarial en América Latina. No cabe duda de que el éxito en la actividad empresarial puede ofrecer a una persona visibilidad pública y esta repercutir en las opciones político-electorales de la misma (Ai Camp 1995; Joignant y Güel 2011). 40
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
Tabla 5. Nivel de estudios (%) País
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
C. Militar
Máster
Doctorado
Chile
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
60,0
Costa Rica
11,1
0,0
44,0
0,0
22,2
22,2
Uruguay
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
Ecuador
0,0
0,0
62,5
12,5
0,0
25,0
Guatemala
0,0
25,0
37,5
12,5
12,5
12,5
Honduras
0,0
10,0
50,0
0,0
40,0
0,0
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
En los países del grupo B, resultan evidentes dos tendencias que marcan una clara diferencia respecto al primero. Por un lado, existe un elevado porcentaje de personas dedicadas a los negocios que, posiblemente, llegan al Ejecutivo sin la debida experiencia en el sector público o que quieren imponer modelos de gestión propios del sector privado. Actitudes ambas que no siempre repercuten en beneficio de una mejor democracia, existiendo también, aunque no en todos los casos, la idea de aproximarse al control del Estado como mecanismo de lucro y negocios, como se vio en el caso del presidente Martinelli en Panamá. Por otro lado, se presenta el fenómeno de los presidentes-militares del que ya se habló. Tabla 6. Profesión de origen (%)
País
C. Militar
Derecho
Ingeniería
Medicina
Negocios
Político
Profesor Universidad
Chile
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
20,0
0,0
Costa Rica
0,0
22,2
0,0
11,1
22,2
22,2
0,0
22,2
Uruguay
0,0
60,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Ecuador
12,5
37,5
0,0
0,0
12,5
0,0
25,0
12,5
Guatemala
14,3
0,0
0,0
0,0
71,4
14,3
0,0
0,0
Honduras
0,0
22,5
0,0
11,1
66,7
0,0
0,0
0,0
Otros
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores. 41
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Para el estudio de la trayectoria política, en primer lugar se analiza la duración media de la carrera política hasta la presidencia, la cual se ha contabilizado desde el momento en el que ocuparon el primer cargo público, sea electo o por designación, hasta la llegada al Ejecutivo. Este dato parece no presentar ninguna tendencia general, puesto que en los dos grupos se pueden encontrar carreras de muy diferente duración. Sin embargo, sí que resulta importante señalar que en los países mejor calificados no existen trayectorias breves. Se puede afirmar que en los países con mejores puntajes, los individuos que acceden a la Presidencia de la República cuentan con una trayectoria política previa relativamente larga, sin que se dé el caso de la llegada de outsiders al poder. Una larga trayectoria permite la acumulación de capital político en forma de conocimiento de las instituciones, de las estructuras partidarias, de la práctica política y el establecimiento de redes. Tabla 7. Trayectoria antes de la presidencia País
Duración media de la carrera hasta presidencia
No. de cargos designación (media)
No. de cargos elección (media)
Chile
17,2
1,0
0,6
Costa Rica
20,1
1,2
1,0
Uruguay
29,4
0,6
2,2
Ecuador
15,6
0,5
1,3
Guatemala
15,4
0,9
0,6
Honduras
23,4
1,2
1,2
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
En lo que tiene que ver con los cargos de elección popular y de designación ocupados antes de la presidencia, puede observarse cómo los países con mejores niveles de democracia muestran, por lo general, una media de número de cargos más elevada que aquellos con niveles inferiores. De este modo, Ecuador y Guatemala, países del grupo B, presentan, sumando los cargos de elección popular y de designación, valores inferiores a 2. A priori, este dato indicaría que sus presidentes tuvieron menor experiencia en el ejercicio de la representación, y, en cierto sentido, contaron con un menor capital político en ese aspecto. Aquí cabe explicar la particularidad de Chile que también muestra una media reducida si se suman los cargos de elección y de designación. La explicación puede encontrarse en 42
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
que sus periodos de gobierno fueron más largos al inicio de la transición que en el resto de la región (6 años), además de ser el país con la transición a la democracia más tardía de América del Sur. Resulta claro que únicamente en los países con bajos niveles de rendimiento democrático han sido electos outsiders para la Presidencia de la República (tabla 8). De ello se extrae que, si bien no todos los países con baja calidad democrática cuentan con outsiders, estos sólo se observan en contextos de puntajes negativos. Tabla 8. Presencia de outsiders Total
Outsiders
% Outsiders
Chile
5
0
0,0
Costa Rica
9
0
0,0
Uruguay
7
0
0,0
Ecuador
13
1
7,7
Guatemala
8
1
12,5
Honduras
10
0
0,0
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
Por último, la tabla 9 recoge información relativa al último cargo público ocupado antes de la presidencia. Como Ecuador es el único país que permite la reelección en el periodo estudiado, existe la posibilidad de que se registre el de presidente como el cargo inmediatamente anterior. Una vez hecha esta puntualización, se aprecia que los datos vuelven a evidenciar lo mismo que la tabla 8: únicamente en países con bajos niveles de democracia se muestran porcentajes de presidentes que no han ocupado ningún cargo antes de llegar al Ejecutivo. Esto evidentemente repercute en los elementos que se venían anotando sobre la experiencia y la construcción de capital político, a la vez que muestra la incapacidad del sistema para impedir que accedan a la presidencia personas sin carrera. Por lo demás, no parece existir una clara relación entre el último cargo ocupado y la valoración de la democracia. Finalmente, uno de los aspectos a los que parece estar más vinculado el rendimiento del sistema democrático y los políticos es a su trayectoria dentro de un partido político. Esto resulta consistente desde el punto de vista teórico debido a que los partidos son las organizaciones que canalizan la participación y representación política en los sistemas democráticos, volviendo muy difícil acceder a un cargo de elección al margen de ellos en las democracias consolidadas (Alcántara 43
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
Tabla 9. Último cargo antes de la presidencia País
Presidencia (reelección inmediata)
Ministro
Viceministro
Diputado
Senador
Alcalde
Otros
Sin cargo
Chile
0,0
40,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
Costa Rica
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Uruguay
0,0
0,0
0,0
0,0
42,9
0,0
28,6
28,6
Ecuador
22,2
11,1
0,0
44,4
0,0
22,2
0,0
0,0
Guatemala
0,0
14,3
14,3
42,9
0,0
14,3
0,0
14,3
Honduras
0,0
11,1
0,0
33,3
0,0
0,0
22,2
33,3
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
y Cabezas 2013; Freidenberg y Sánchez 2002; Siavelis y Morgenstern 2008). Además, no hay que olvidar que una de las funciones de los partidos políticos es la selección y reclutamiento de dirigentes políticos, y que, por tanto, es de esperar que las democracias consolidadas cuenten con partidos fuertes que desarrollen esta tarea. Al observar los datos, se aprecia que aunque todos los presidentes llegan bajo la etiqueta de un partido (muchas veces usada de forma instrumental y estratégica por parte de los candidatos como ya se ha expresado anteriormente), se pueden detectar diferencias. Bajo la categoría que aquí se enuncia como partido con recorrido, se agrupan aquellas organizaciones partidarias que no se crearon únicamente como plataforma electoral sino que perviven en el tiempo. De acuerdo con los resultados, el porcentaje más bajo de presidentes que llegaron al cargo con partidos con recorrido corresponde a países con democracias peor valoradas (Ecuador con un 62,5% y Guatemala con un 57,1%) (tabla 10). Algo similar ocurre con la variable transfuguismo, entendiendo como tal el cambio de la formación por la que el candidato fue elegido a otro partido, puesto que sólo se presenta en países con bajos puntajes. Vuelve a repetirse un patrón ya observado: no todos los países que cuentan con esta condición tienen bajos niveles de democracia, pero esta condición sólo se evidencia en este grupo de países. Tabla 10. Trayectoria en el partido
44
País
Candidato con partido
Partido con recorrido
Transfuguismo
Chile
100,0
100,0
0,0
Costa Rica
100,0
88,9
22,2
Uruguay
100,0
100,0
0,0
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
País
Candidato con partido
Partido con recorrido
Transfuguismo
Ecuador
100,0
62,5
37,5
Guatemala
100,0
57,1
57,1
Honduras
100,0
100,0
0,0
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de los autores.
Conclusiones: posibles relaciones entre democracia y políticos en América Latina Este trabajo ha explorado la relación existente entre las características de los sistemas políticos y sus líderes. A partir de un análisis comparado entre diferentes países de la región se evidencia que a medida que incrementa la calidad de los sistemas políticos existe una tendencia a que también lo haga la calidad de sus políticos o, al menos, disminuye la probabilidad de que accedan líderes con menores niveles de formación y profesionalización política. En este sentido, los países que presentan mejores puntajes en los diferentes índices que miden atributos de los sistemas políticos, son los mismos que cuentan con presidentes con trayectorias políticas, en promedio, más largas, tanto a nivel partidario como en el ejercicio de la representación, dificultando el acceso de outsiders. Sin embargo, en el fondo siempre estará latente la siguiente pregunta: ¿los sistemas democráticos que funcionan bien producen o seleccionan políticos de calidad o se trata simplemente de evitar el acceso al poder de los menos capacitados? Cuestión que dejamos planteada para nuevas investigaciones. Al tratarse de un ejercicio que ha seguido una estrategia descriptivainductiva, este trabajo abre la posibilidad de llevar a cabo estudios que expliquen mejor los mecanismos teóricos para la selección de políticos idóneos. En este sentido, todo parece indicar que debe darse una combinación entre mecanismos institucionales, con capacidad de selección adecuada de las élites, y carreras políticas más profesionalizadas. Esta mixtura es más pertinente en situaciones en las que la institucionalización de los sistemas de partidos es precaria. Complementariamente, parece indudable que la coyuntura actual, presente en buen número de países latinoamericanos, vincula la calidad democrática con el diseño de mecanismos institucionales y la trayectoria histórica, pero también con la calidad de sus líderes. El presente trabajo pretende, por tanto, contribuir a la discusión sobre un aspecto que no ha sido considerado en términos comparados y cuyo carácter circular hace del mismo un dilema incómodo. ¿Son los líderes producto de los diseños institucionales? ¿Hasta qué punto la calidad de los líderes es endógena 45
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
o es un mero producto de los mecanismos de selección y de continuidad de la carrera política? ¿Cuál es el peso de los diferentes tipos de capital con que se construye el capital político de los líderes? ¿Qué nivel de institucionalización tiene que tener un sistema político para que sea determinante el capital político de los líderes? Se trata de cuestiones pertinentes con las que este texto se siente vinculado y que suponen ejes de análisis futuros.
Referencias 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
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Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
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Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
32. 33. 34.
35. 36. 37. 38.
39. 40.
41.
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
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Anexo Cuadro 1. Polity IV Project País
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución 2006-2013
Argentina
8
8
8
8
8
8
8
8
=
Bolivia
8
8
8
7
7
7
7
7
1↓
Brasil
8
8
8
8
8
8
8
8
=
Chile
10
10
10
10
10
10
10
10
=
Colombia
7
7
7
7
7
7
7
7
=
Costa Rica
10
10
10
10
10
10
10
10
=
Cuba
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
=
Ecuador
7
7
5
5
5
5
5
5,5
1,5↓
El Salvador
7
7
7
8
8
8
8
8
1↑
Guatemala
8
8
8
8
8
8
8
8
=
Honduras
7
7
7
7
7
7
7
7
=
México
8
8
8
8
8
8
8
8
=
Nicaragua
9
9
9
9
9
9
9
9
=
Panamá
9
9
9
9
9
9
9
9
=
Paraguay
8
8
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
9
1↑
Perú
9
9
9
9
9
9
9
9
=
República Dominicana
8
8
8
8
8
8
8
8
=
Uruguay
10
10
10
10
10
10
10
10
=
Venezuela
5
5
5
-2
-2
-2
-2
4
1↑
Fuente: Political Regime Characteristics and Transitions, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 49
50
4,58
10,36
2,73
4,47
10,77
4,36
9,70
2,24
4,71
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
2,73
6,45
5,92
3,15
6,83
3,75
3,59
4,19
8,40
2,72
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
3,50
Honduras
2,85
9,38
2,90
4,11
3,88
5,57
4,78
3,83
4,43
Guatemala
3,97
3,21
9,71
4,78
3,28
6,12
5,33
2007
2006
País
Argentina
3,59
9,26
3,68
5,59
3,86
7,19
3,80
6,49
3,86
3,28
3,49
3,48
9,70
4,05
10,00
4,51
2,59
5,85
2009
3,35
9,73
2,74
5,77
3,62
6,13
3,04
5,46
2,54
3,00
3,53
2,93
9,25
4,31
10,00
4,69
3,08
5,66
2010
2,47
8,91
3,12
6,07
3,64
5,14
2,93
4,93
3,23
1,90
3,46
2,07
8,50
3,69
10,00
4,84
3,33
4,99
2011
2,42
9,61
2,89
5,70
3,81
6,05
2,85
5,37
3,33
2,95
4,36
2,73
10,00
3,97
9,96
4,91
2,98
5,66
2012
Fuente: Konrad Adenauer y Polilat, http://www.idd-lat.org/
2,85
9,38
2,90
4,11
3,88
6,45
2,73
5,57
4,78
3,50
3,97
3,21
9,71
4,78
10,36
4,58
3,28
6,12
2008
Cuadro 2. Índice de Desarrollo Democrático en América Latina
2,65
10,00
3,12
5,50
2,77
5,24
3,51
5,06
3,17
2,72
4,49
3,25
9,29
3,74
9,04
5,05
3,66
5,36
2013
2,41
10,00
1,77
6,42
3,18
4,77
2,63
5,02
1,94
0,88
4,81
4,64
8,49
3,23
8,52
4,20
3,29
6,65
2014
0,31↓
1,60↑
2,42↓
2,83↑
0,57↓
2,06↓
0,52↓
0,90↓
2,49↓
2,95↓
0,10↑
2,40↑
1,21↑
1,13↓
2,25↓
0,27↓
0,56↑
1,32↑
Evolución 2006-2014
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
6,20 8,08
6,13
7,96
5,42
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
6,40
5,18
8,10
6,20
6,40
6,40
7,08
5,73
6,93
5,84
6,05
6,47
3,52
5,77
8,04
6,55
7,67
7,12
5,92
6,84
2010
5,08
8,17
6,20
6,59
6,40
7,15
5,56
6,93
5,84
5,88
6,47
3,52
5,72
8,10
6,63
7,54
7,12
5,84
6,84
2011
5,15
8,17
6,49
6,47
6,26
7,08
5,56
6,90
5,84
5,88
6,47
3,52
5,78
8,10
6,63
7,54
7,12
5,84
6,84
2012
5,07
8,17
6,74
6,54
6,26
7,08
5,46
6,91
5,84
5,81
6,53
3,52
5,87
8,03
6,55
7,80
7,12
5,79
6,84
2013
0,35↓
0,21↑
0,61↑
0,43↑
0,10↑
0,27↓
0,22↓
0,24↑
0,41↓
0,26↓
0,31↑
=
0,23↑
0,01↑
0,15↑
0,09↓
0,26↓
0,19↓
0,31↑
Evolución 2006-2013
Fuente: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit
5,34
6,31
6,16
6,11
Perú
7,35
6,07
6,78
6,18
6,07
6,40
3,52
5,64
8,04
6,54
6,15
Paraguay
5,68
7,35
Panamá
México
Nicaragua
6,25
6,67
Honduras
6,22
6,07
Guatemala
Cuba
El Salvador
5,64
3,52
Ecuador
8,04
Costa Rica
7,89
7,89
6,40
Chile
Brasil
Colombia
7,38
5,98
7,38
Bolivia
6,63
6,53
Argentina
2008
2006
País
Cuadro 3. El Índice de Democracia de EIU
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
51
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
Cuadro 4. Índice de Transformación de Bertelsmann País
2008
2010
2012
2014
Evolución 2008-2014
Argentina
7,34
7,25
7,00
7,55
0,21↑
Bolivia
5,75
5,98
6,20
7,10
1,35↑
Brasil
7,90
8,05
8,10
8,15
0,25↑
Chile
8,99
8,99
8,90
9,10
0,11↑
Colombia
6,21
6,33
6,30
6,55
0,34↑
Costa Rica
8,73
8,86
8,80
9,30
0,57↑
Cuba
3,42
3,47
3,42
3,62
0,20↑
Ecuador
5,75
5,56
5,40
5,70
0,05↓
El Salvador
6,99
7,14
7,20
7,50
0,51↑
Guatemala
5,43
5,55
5,40
5,20
0,23↓
Honduras
6,09
5,88
6,00
6,65
0,56↑
México
7,30
7,09
6,90
6,85
0,45↓
Nicaragua
6,08
5,63
5,60
5,57
0,51↓
Panamá
7,42
7,49
7,40
7,07
0,35↓
Paraguay
6,14
6,34
6,40
6,13
0,01↓
Perú
6,60
6,74
6,90
7,04
0,44↑
República Dominicana
6,80
6,78
6,70
7,20
0,40↑
Uruguay
8,90
9,25
9,30
9,33
0,43↑
4,50
4,60
0,10↑
Venezuela
Fuente: Bertelsmann Transformation Index, http://www.bti-project.de/?&L=1
52
3 2 1 3 1 3 7 2,5 3,5 3 2,5 3 1,5 3 2,5 2 1 4
3 2 1 3 1 3 7 2,5 3,5 3 2,5 3 1,5 3 2,5 2 1 4
Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Cuba El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela 1 4
2
3 2 1 3 1 3 7 2,5 3,5 3 2,5 3 1,5 3 2,5
2
2008
1 4
2
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 3,5 3 2,5 3,5 1,5 3 2,5
2
2009
1 4,5
2
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 4 4 2,5 4 1,5 3 2,5
2
2010
1 5
2
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 4 4 3 4 1,5 3 2,5
2
2011
1 5
2
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 3,5 4 3 4,5 1,5 3 2,5
2
2012
1 5
2
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 3,5 4 3 4,5 1,5 3 2,5
2
2013
1 5
2,5
3 2 1 3,5 1 3 6,5 2,5 3,5 4 3 3,5 2 3 2,5
2
2014
Fuente: Freedom House, http://www.freedomhouse.org/
Valores medios de los índices de derechos políticos y de libertades civiles.
2
2
Argentina
2007
2006
País
Cuadro 5. Índice de Freedom House
= 1↓
0,5↓
= = = 0,5↓ = = 0,5↓ = = 1 0,5↓ 0,5↓ 0,5↓ = =
=
Evolución 2006-2014
Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia Manuel Alcántara • Mélany Barragán • Francisco Sánchez
53
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 23-54
Manuel Alcántara es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca (España) y director de FLACSO-España. Investigador principal del proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina. Sus principales líneas de investigación son las élites políticas, partidos y sistemas de partidos, poderes legislativos y calidad de la democracia. Entre sus publicaciones se destacan Gobernabilidad, crisis y cambio. Fondo de Cultura de España, 1995; ¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos. Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2004 y El oficio del político. Tecnos, 2012. * malcanta@usal.es Mélany Barragán es magíster en Ciencia Política y candidata a doctor por el Programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca (España). Investigadora del Equipo de Élites Parlamentarias de América Latina y de FLACSOEspaña. Sus principales líneas de investigación son élites, partidos y sistemas de partidos, y sistemas electorales. Entre sus publicaciones recientes se destacan “La selección de candidatos a la presidencia del PP y del PSOE: un reflejo de la oligarquía partidista”. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas 11 (4): 133-148, 2012 y “El estudio de las élites en América Latina: pasado, presente y futuro”. Revista Andina de Estudios Políticos 5 (2): 4-30, 2015. * mbarragan@usal.es Francisco Sánchez es doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad de Salamanca (España). Subdirector de FLACSO-España y miembro del Instituto de Iberoamérica. Sus principales líneas de investigación son la política comparada y el estudio de los legislativos en América Latina. Entre sus publicaciones se destacan Funciones, procedimientos y escenarios: un análisis del Poder Legislativo en América Latina. Ediciones Universidad de Salamanca, 2005 y ¿Democracia no lograda o democracia malograda? Un análisis del sistema político del Ecuador. FLACSO-Ecuador, 2008. * fsanchez@usal.es
54
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015) María Matilde Ollier Pablo Palumbo Universidad Nacional de San Martín (Argentina) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.03 RECIBIDO: 29 de octubre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 19 de enero de 2016
La mayoría de los estudios sobre coaliciones de gobierno en las democracias latinoamericanas consideran al gabinete un órgano de gobierno colectivo y analizan el apoyo legislativo al presidente a partir de la filiación partidaria de los ministros. Dado que el caso argentino no se ajusta a esta perspectiva, al construir el concepto trayectoria de gabinete, el artículo prueba cómo dos causas fundamentales (la baja institucionalización de los partidos políticos y la centralidad presidencial) combinadas con dos causas próximas (el contexto en el cual asume y transcurre su mandato un jefe de Estado y las estrategias que utiliza para gobernar) definen la formación del gabinete. El trabajo concluye que el intercambio de puestos en el gabinete por votos en el parlamento es inexistente para la formación del gabinete en Argentina.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE:
presidencia • ministerio • gobernabilidad • partido político (Thesaurus) • estrategias presidenciales (palabras clave autor)
H Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), del 12 al 15 de agosto de 2015. Los autores agradecen los comentarios de Sebastián Mazzuca, Adrián Albala y los evaluadores anónimos de la Revista Colombia Internacional. 55
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 55-82
Test Case or Unique Case? Patterns of Cabinet Formation in Argentine Presidentialism (1983-2015) ABSTRACT: Most studies on government coalitions in Latin American democracies consider the cabinet to be an organ of collective government and analyze legislative support for the president on the basis of the political party affiliation of the ministers. Given that the Argentinian case does not adjust to this perspective, by constructing the concept of cabinet trajectory, the article shows how two fundamental causes (i.e., the low degree of institutionalization of political parties and the centrality of the presidency) combined with two proximate causes (i.e., the context in which the head of state assumes and holds office, and the strategies he or she uses to govern) determine the makeup of the cabinet. The study concludes that the trade-off of cabinet posts for legislative votes does not exist in Argentina. KEYWORDS: presidency • political party (Thesaurus) • ministry • governability • presidential strategies (author’s keywords)
H
Caso testemunha ou caso único? Padrões da formação de gabinete no presidencialismo argentino (1983-2015) RESUMO: A maioria dos estudos sobre coalizões de governo nas democracias latinoamericanas considera o gabinete um órgão de governo coletivo e analisa o apoio legislativo ao presidente a partir da afiliação partidária dos ministros. Tendo em vista que o caso argentino não se ajusta a essa perspectiva, ao construir o conceito trajetória de gabinete, este artigo prova como duas causas fundamentais (a baixa institucionalização dos partidos políticos e a centralidade presidencial) combinadas com duas causas próximas (o contexto no qual assume e transcorre o mandato de um chefe de Estado e as estratégias que utiliza para governar) definem a formação do gabinete. Este trabalho conclui que o intercâmbio de cargos no gabinete por votos no parlamento é inexistente para a formação do gabinete na Argentina. PALAVRAS-CHAVE: ministério • governabilidade • partido político (Thesaurus) • presidência • estratégias presidenciais (palavras-chave autor)
56
Introducción El artículo comprueba la dificultad de la literatura sobre coaliciones en gabinetes presidenciales en América Latina para explicar la formación de los gabinetes en Argentina. Estos trabajos analizan la gobernabilidad que aportan los ministros a través del apoyo legislativo de sus respectivos partidos (Amorim Neto 1998; Altman 2000; Chasquetti 2006; Deheza 1998). Nuestra investigación demuestra que, en este sentido, el parlamento es irrelevante para la gobernabilidad argentina, ya que no existe intercambio de votos en el Congreso por cargos en el gabinete. En consecuencia, el caso resulta sumamente importante porque es atípico comparado con aquellos que aborda la literatura sobre el tema. Para obtener este hallazgo respondimos a la pregunta sobre las causas de la formación del gabinete en el presidencialismo argentino. A partir de la convergencia de dos causas fundamentales, i) la escasa institucionalización de los partidos políticos y ii) la centralidad presidencial, y dos causas próximas: i) los contextos de asunción del presidente y ii) las estrategias presidenciales, diseñamos una tipología compuesta por cinco patrones que explican la formación del gabinete. Estos son: 1) todos los presidentes, sean dominantes o inestables,1 finalizan su mandato con un gabinete cerrado a sus seguidores; 2) a diferencia de otros casos, la jerarquía entre los ministerios cambia según los contextos, sin que los distintos presidentes consideren siempre a un mismo ministerio como central; 3) los cambios en el gabinete responden a situaciones puntuales, es decir no se reemplazan varios ministros al mismo tiempo; 4) todos los presidentes cuentan con un gabinete informal, muy influyente en la toma de decisiones y 5) los técnicos representan una proporción importante en todas las administraciones. Para hacer converger las cuatro causas en cada presidencia, construimos el concepto metodológico de trayectoria de gabinete. El trabajo destaca primero los hallazgos del marco conceptual existente y presenta una perspectiva teórica y metodológica propia para analizar el caso. La segunda sección describe la trayectoria de los gabinetes entre 1983 y 2015, y especifica su formación a partir de los criterios de selección y cambios ministeriales. Finalmente, señala cómo convergen las cuatro causas y emerge una tipología constituida por cinco patrones. El artículo concluye que, a diferencia de otros presidencialismos latinoamericanos, en Argentina no existe intercambio
1 Los dominantes se caracterizan por una alta concentración de poder en manos del presidente en relación a los partidos, al parlamento y a distintos actores sociales y políticos relevantes. Los inestables remite a los repetidos episodios en los cuales los presidentes tuvieron que dejar el cargo sin haber cumplido sus mandatos (Ollier 2008 y 2014). 57
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 55-82
de votos en el Congreso por cargos en el gabinete. Es decir, el Parlamento no colabora en la gobernabilidad a través de la formación del gabinete.
1. Marco conceptual Heredera de la discusión sobre el presidencialismo y las coaliciones, la literatura reciente en Ciencia Política estudia la importancia y la formación de los gabinetes desde distintas perspectivas. Un corpus lo analiza como un instrumento presidencial para lograr: a) gobernabilidad, b) capacidad técnica para desarrollar políticas públicas y c) alineamiento personal con el presidente o con su programa. Los dos últimos resultan evidentes para Lijphart (1992), Linz (1990), Shugart y Carey (1992) y Sartori (1994). Mientras, en Latinoamérica, Amorim Neto (1998), Altman (2000), Dávila, Olivares y Avendaño (2013), Deheza (1998) y Chasquetti (2006) indagan sobre el apoyo legislativo que le garantizan los ministros al presidente. Según Chasquetti, Buquet y Cardarello (2013) el contingente legislativo explica la formación de coaliciones. Los mandatarios sin respaldo parlamentario intercambian cargos en el ejecutivo por leyes en la Cámara. El acento legislativo radica en el origen parlamentarista de estos estudios. Altman (2000, 261) resume la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo en dos cuestiones: 1) la falta de necesidad institucional de las coaliciones, porque el presidencialismo no requiere la confianza parlamentaria y 2) la creencia sobre la imposibilidad de este sistema para la cooperación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Las investigaciones resaltan el respaldo legislativo porque analizan los casos brasilero, chileno y uruguayo. Para Amorim Neto (2006) los presidentes optan por dos estrategias: decisoria estatutaria (cooperación con la rama legislativa) y de tipo ejecutivo (el presidente minimiza la interacción con el Congreso merced a sus poderes unilaterales). Camerlo (2013) recupera el estudio de los gabinetes de partido único y adapta la propuesta anterior, sosteniendo que la distribución de ministerios se implementa por medio de dos estrategias: apertura, que incluye actores ajenos al equipo del presidente con diversas instancias de cooperación, o clausura, que restringe la incorporación a actores propios, incluso como compensación a quienes respaldaron de manera activa la carrera presidencial. Finalmente, Camerlo y Pérez-Liñán (2015), así como Martinez-Gallardo (2011) examinan la selección y los cambios de ministros como respuestas presidenciales al contexto y como estrategia para llevar adelante sus propias agendas de gobierno. Atendiendo a la literatura, se observa que un presidente, como único formateur, maneja alternativas para armar su gabinete. Por lo tanto, esta sección combina hallazgos de la literatura precedente y organiza un marco conceptual y 58
¿Caso testigo o caso único? María Matilde Ollier • Pablo Palumbo
metodológico capaz de explicar la descripción empírica. Primero, los tres aspectos que distinguen un gabinete (gobernabilidad, capacidad técnica y alineamiento con el presidente) pueden darse parcialmente de forma simultánea (Camerlo 2013). Segundo, los mandatarios recurren a la estrategia de apertura o de clausura según las circunstancias, o seleccionan y cambian ministros en respuesta al contexto o para cumplir su agenda. Con este menú a cuestas, el estudio se pregunta por las causas de la formación del gabinete en el presidencialismo argentino. En respuesta a este interrogante, el análisis detecta dos tipos de causas: fundamentales y próximas. Las causas fundamentales son cronológicamente anteriores a las próximas y forman rasgos permanentes, o estructurales, del proceso estudiado.2 Las cuatro causas (fundamentales y próximas) contribuyen a comprender las razones que conducen a cada presidente a formar su gabinete: a) garantizar la gobernabilidad, b) adquirir capacidad técnica, c) responder a los contextos y d) llevar adelante su agenda. A continuación definimos primero las causas fundamentales y después las próximas. a. Causas fundamentales y próximas Las causas fundamentales son la escasa institucionalización de los partidos políticos y la centralidad presidencial. Son constitutivas de la democracia y del presidencialismo argentino. Están presentes en todos los períodos presidenciales y funcionan como dos caras de una misma moneda. Sin embargo, impactan de forma diferenciada para tipos opuestos de presidentes: mientras en los dominantes no perjudican la gobernabilidad, en los inestables se convierten en un obstáculo a la misma. Por eso los primeros, peronistas, suelen ser reelegidos o logran nominar a su sucesor y poseen abundantes recursos, y los segundos, radicales, no consiguen cumplir su mandato y carecen de recursos suficientes. La baja institucionalización partidaria ha sido estudiada de forma extensa.3 Según Levitsky (2003) un partido institucionalizado incluye normas y procedimientos estables, definidos y conocidos sobre el funcionamiento del mismo. Las reglas se rutinizan y el partido emerge institucionalizado. No sucede así con los partidos argentinos, cuya escasa (o a veces inexistente) rutinización influye inter e
2 Olson (2015) fue el primero en proponer la distinción entre causas próximas y fundamentales. Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) también utilizan esta diferenciación. Otros autores interpretan la causa fundamental como la variable independiente y la próxima como interviniente (Wright 1921). 3 La institucionalización partidaria refiere a la volatilidad (Coppedge 1998), la volatilidad y el enraizamiento en la sociedad (Mainwaring y Torcal 2005) y a la edad del partido (Mainwaring y Pérez‐Liñán 2005). Luna y Altman (2011) discuten las interpretaciones de Mainwaring y Scully (1995) sobre la institucionalización del sistema de partidos a partir del caso chileno. 59
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 55-82
intra-partidariamente, impactando sobre la relación entre el presidente y el poder legislativo. La debilidad de las reglas suscita consecuencias. Las transacciones de apoyo legislativo por cargos en el gobierno entre partidos se vuelven inciertas pues estos últimos no garantizan disciplina, en parte porque suelen conformarse por facciones subnacionales.4 Partidos con tradiciones movimentistas y altos niveles de fragmentación y facciosidad se organizan en torno a liderazgos. El apoyo al presidente es personal o de una facción, difícilmente del partido. Los dos partidos que arribaron a la Casa Rosada entre 1983 y 2015, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), estaban formados por facciones regionales que giraban alrededor de un jefe subnacional y se alineaban bajo un líder nacional, sobre todo si este ejercía la presidencia. En 1983 ambos ocuparon el centro del espectro político, mientras el Partido Intransigente (PI) y la Unión de Centro Democrático (UCD) se ubicaron a izquierda y derecha, respectivamente. Se trataba, asimismo, de un sistema de dos partidos y medio (McGuire 1995). En 1997, el sistema transitó hacia un arreglo bipolar, con dos grandes conglomerados: el PJ (con diferentes facciones) y la Alianza UCR-Frepaso. La experiencia fallida del último conduce a un sistema con un partido dominante y varias fuerzas fragmentadas organizadas alrededor de un líder (Ollier 2014). Estos escenarios de partidos escasamente institucionalizados advierten la dificultad de la literatura multipardista para explicar la formación de coaliciones. Hay un factor adicional. Los estudios que reconocen en el Parlamento la clave de la gobernabilidad obvian el impacto de otros actores sobre esta, en la que el comportamiento del órgano legislativo suele ser un reflejo, o incluso un resultado, de lo que ocurre en otras instancias del sistema político. Ollier (2015) argumenta que la escasa institucionalización partidaria guarda como contrapartida la influencia de distintos actores e instituciones (sindicatos, agrupaciones empresarias, gobernadores, fuerzas armadas y/o la Iglesia) para contribuir u obstaculizar la gobernabilidad. Sobre esta afirmación, este artículo registra los diversos actores que participan en la formación del gabinete. La centralidad del presidente hace referencia al rol decisivo y único que este, sea dominante o inestable, posee en el funcionamiento del presidencialismo argentino; el presidente es percibido por la opinión pública como el responsable del éxito o fracaso de su gobierno (O´Donnell 1995; Ollier 2010 y 2011).
4 Desde la recuperación de la democracia, los presidentes cuentan con una base legislativa superior a 45% en al menos una cámara, por lo que Bonvecchi y Zelaznik (2012) los definen como presidentes cuasi mayoritarios o mayoritarios unicameralmente. Pero esta conclusión no repercute en la formación del gabinete, ya que cuando pierden esa mayoría siguen sin intercambiar cargos por votos. 60
¿Caso testigo o caso único? María Matilde Ollier • Pablo Palumbo
Según Ollier (2008), la centralidad del primer mandatario no sólo yace en sus poderes constitucionales, sino también en una tradición caudillescamovimientista y en una dinámica política centrada en la competencia entre el presidente y la oposición. En esta competencia impactan distintas instituciones y actores (partidos políticos, poderes legislativo y judicial, gobernadores, sindicatos, movimientos sociales, la ciudadanía e instituciones del Estado) que se ubican de uno o de otro lado de la misma. Por lo tanto, si son aliados del presidente se convierten en recursos frente a la oposición. En consecuencia, los recursos pueden ser partidarios, parlamentarios, judiciales, federales, sociales, económicos, ciudadanos y estatales. Ollier (2015) los define del siguiente modo. 1) Los partidarios, remiten a la influencia del presidente sobre el partido de pertenencia y sobre otras fuerzas. 2) Los recursos parlamentarios los constituyen la mayoría en las cámaras, la primera minoría o un bloque numeroso a favor del presidente. 3) Los judiciales, refieren al control que el primer mandatario posea sobre el poder judicial y la Corte Suprema de Justicia. 4) Los federales, dan cuenta del apoyo de los gobernadores al gobierno. 5) Los sociales, corresponden al aval de los sindicatos y de organizaciones sociales a las políticas presidenciales. 6) Los económicos, comprenden los fondos con que cuenta el presidente para llevar adelante sus políticas. 7) Los ciudadanos, configuran el apoyo de la población al presidente y se dividen en dos: electorales y de popularidad. 8) Los estatales, refieren al apoyo que el presidente recibe de actores o instituciones estatales como las Fuerzas Armadas (FF.AA), organismos de control, etc. La centralidad presidencial conduce a que un presidente con recursos garantice la gobernabilidad y uno que carece de ellos tenga altas probabilidades de no terminar su mandato. Dicha centralidad se refleja, entonces, en la oscilación entre presidentes dominantes e inestables, pero también en la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ollier (2008) señaló que Argentina cuenta con un poder legislativo que es ejecutivo-dependiente. Esto significa que si el presidente es fuerte, es decir con abundantes recursos, incluido un alto nivel de popularidad, el poder legislativo marcha detrás de sus iniciativas. Si por el contrario es débil (e impopular), el parlamento no colabora para fortalecerlo y contribuir a la gobernabilidad. Por lo tanto, la centralidad del presidente resta capacidad al gabinete para configurarse como válvula de escape en situaciones críticas, sobre todo ante un mandatario débil; en estos casos el gabinete puede incluso empujar su caída. Mientras tanto, la baja institucionalización partidaria tiene dos consecuencias: 1) dificulta el acuerdo inter-partidario, requiere más esfuerzos o vuelve inútil la búsqueda de consensos dentro del partido y 2) otorga mayor influencia y poder 61
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a actores extrapartidarios (sindicatos, movimientos sociales, empresarios, etc.) en la competencia entre el presidente y la oposición. Por otra parte, las causas próximas son: i) los contextos de asunción del presidente y ii) las estrategias presidenciales. El contexto remite a los problemas y demandas (sociales, económicas y políticas) hacia un presidente desde su llegada al poder. Como el contexto es dinámico, la trayectoria del gabinete da cuenta de cómo y por qué el presidente cambia ministros. El gabinete final destaca la terminación del mandato luego del recorrido gubernamental. Las estrategias presidenciales, por su parte, son las respuestas y las propuestas que, ante los distintos desafíos, implementa el jefe de Estado para gobernar. Estas se dan vía apertura o clausura. Para hacer converger las cuatro causas en cada presidencia, el artículo construye el concepto de trayectoria de gabinete. A diferencia de la literatura que distingue entre gabinetes inaugurales, intermedios y de fin de mandato, nuestro concepto pone en primer plano la idea de proceso, aunque utilizamos las nociones de gabinete inaugural y final porque son útiles para dar cuenta de los extremos de la trayectoria. Desde esta perspectiva, el artículo prueba que la baja institucionalización partidaria, la centralidad presidencial, el contexto en el cual asume un jefe de estado y las estrategias presidenciales explican la formación del gabinete. El objeto de estudio lo constituyen los gabinetes de todos los presidentes electos por voto ciudadano entre 1983 y 2015: Raúl Alfonsín (UCR), Carlos Menem (PJ), Fernando de la Rúa (Alianza UCR-FREPASO), Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (PJ). La investigación detecta cinco patrones para definir una tipología del caso y un hallazgo. Primero, descubre el orden jerárquico de los ministerios y las razones del mismo. Acorde al prestigio político y al presupuesto de cada ministerio, Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson (2005) señalan que en Estados Unidos el orden es Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. Se trata de un orden constante. Chasquetti, Buquet y Cardarello (2013) incorporan esta tipología al caso uruguayo. Nuestro artículo revela que en Argentina el orden jerárquico de los ministerios es cambiante y depende del contexto y de las estrategias presidenciales. Segundo, pese a las diferentes trayectorias, los gabinetes de finales de mandato siempre acaban en estrategias de clausura, aunque la Alianza merece una salvedad pues estuvo dos años en el gobierno. Tercero, a diferencia de otros países, los cambios en el gabinete responden a situaciones puntuales. Rara vez se dan cambios de varios ministros al mismo tiempo y por la misma razón. Cuarto, todos los presidentes contaron con lo que aquí denominamos gabinetes informales. Quinto,
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los técnicos5 representan una proporción importante en todas las administraciones. Sin embargo, no siempre resulta sencillo diferenciar si son convocados por su expertise, por su filiación cercana al presidente o por una combinación de ambas. El conjunto de patrones conduce al hallazgo del artículo: el intercambio de puestos en el gabinete presidencial por votos en el parlamento es inexistente en Argentina.
2. Gabinetes argentinos (1983-2015) A partir del contexto de asunción y de la trayectoria del gabinete, esta sección analiza cada uno de los mandatos mostrando cómo se combinan las dos causas fundamentales con las dos causas próximas en la definición de los gabinetes presidenciales. a. Raúl Alfonsín (1983-1989) Contexto de asunción. Es único e irrepetible pues Alfonsín (UCR) encabezó la transición a la democracia. Llega a la primera magistratura con una doble legitimidad: triunfa en las elecciones internas partidarias y derrota al peronismo por primera vez en elecciones libres. Su gobierno se inaugura en medio de la crisis de la deuda desatada en 1982, en una coyuntura regional plagada de gobiernos autoritarios y en un contexto nacional donde los sindicatos, de filiación peronista, controlan el Partido Justicialista, siendo adversarios acérrimos de Alfonsín. Pese a su derrota, con 40% de votos el peronismo consigue un formidable poder institucional al ganar 16 de 22 gobernaciones y alcanzar mayoría en el Senado. Por lo tanto los problemas que enfrenta el novel presidente incluyen qué hacer con los militares, con los sindicatos, con la economía y con el peronismo. Para ello, cuatro ministerios, Defensa, Economía, Trabajo e Interior, resultan claves. El Juicio a las Juntas impulsado por el presidente, con FF.AA desprestigiadas pero con poder de veto, convierte a Defensa en el primer ministerio. Si la crisis de la deuda vuelve importante al Ministerio de Economía, la fortaleza del sindicalismo peronista convierte al Ministerio de Trabajo en la tercera área relevante, mientras que el poder federal del PJ coloca a Interior en cuarto lugar. Trayectoria del gabinete. Alfonsín distribuye siete de los ocho ministerios entre sus colaboradores y partidarios, el restante es para un miembro de otra facción.6 Conformado a partir de una estrategia cerrada y orientada a su 5 Entendemos por ministros técnicos aquellos que tienen experiencia en la gestión de sus áreas, tanto pública como privada. En este trabajo concluimos que no hay forma de diferenciar si son seleccionados por su expertise o por su afiliación partidaria porque muchos de ellos son expertos (sin trayectoria política) afiliados al partido. 6 Raúl Borrás (Defensa), Bernardo Grinspun (Economía) y Roque Carranza (Obras Públicas) son cofundadores de su línea (MRyC). Antonio Mucci (Trabajo), sindicalista peronista colabora en 63
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partido, el gabinete inaugural refleja la centralidad presidencial: un gabinete de partido único, donde la popularidad y el liderazgo de Alfonsín disciplinan al partido detrás de él.7 Los cambios responden a escenarios críticos y el presidente cuenta con recursos, ciudadano y partidario, pero carece de recursos sociales, federales, militares y económicos. Aunque goza de cuatro años de quorum propio en la Cámara Baja (83-87) y alcanza 45,3% de sus bancas en los últimos dos, el Senado se halla siempre en manos peronistas. Durante su gobierno comienza a organizarse el bipartidismo, pero sobrevive pocos años. El peronismo apunta a ser un partido bajo las banderas de su renovación, pero al inicio se halla atomizado. Cuando sus dos liderazgos más salientes, Carlos Menem y Antonio Cafiero, se enfrentan por la candidatura presidencial en 1988, que acaba con el triunfo del primero, el movimiento abandona la construcción partidaria y vuelve a marchar detrás de un liderazgo fuerte. La UCR cambia su estatuto, y, al igual que el peronismo, decide que el presidente de la nación sea el presidente del partido. Este se disciplina bajo el liderazgo de Alfonsín pero su debilitamiento impactará también el partido. En Defensa, luego del fallecimiento de dos ministros, un incondicional de Alfonsín, Germán López, ocupa la cartera en medio del malestar militar por el Juicio a las Juntas, y lo sucede, en 1986, Horacio Jaunarena. Las sublevaciones militares ponen en jaque al gobierno, por lo cual los juicios terminan con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luego del rechazo a la ley de reorganización sindical en el Senado (con 22 votos a favor y 24 en contra) renuncia Antonio Mucci, a continuación dimite el radical Juan Manuel Casella para ser sustituido por Hugo Barrionuevo, un sindicalista peronista colaborador en la campaña, quien se retira al frustrarse la Ley de Modernización Laboral. A esas alturas la Confederación General del Trabajo (CGT) ha golpeado con siete paros generales. Otro sindicalista peronista, Carlos Alderete, ocupa la cartera en 1986, pero al hacerlo a título personal no evita ni el paro ni la dura represión a seis meses de haber asumido. Ideler Tonelli ejerce la función los dos años últimos sufriendo cinco paros generales más por parte de la CGT. En Economía, luego del retiro de Grinspun, con 600% de inflación, Juan Sourrouille, un académico elegido por cercanía al presidente, implementa el Plan Austral que mejora por un tiempo la situación económica. Sin embargo, cuando la crisis retorna, abandona la cartera en 1989, siendo reemplazado sucesivamente por
la campaña. Dante Caputo (RREE) y Aldo Neri (Salud) de escasa militancia partidaria, son colaboradores programáticos. Carlos Alconada Aramburú (Educación) y Antonio Tróccoli (Interior), provienen de una facción rival, aunque el último colabora en la campaña. 7 La UCR, bajo Alfonsín, contiene cinco facciones (Masi 2014). 64
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dos radicales: Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez. El Ministero del Interior es clave debido a las numerosas gobernaciones peronistas con las que se negocia el apoyo en el Senado y las transferencias fiscales a cada provincia. Se mantienen dos radicales importantes, Tróccoli y Nosiglia, ocupando Pugliese el cargo los últimos meses. Alfonsín dicta diez Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).8 La derrota en las elecciones legislativas de 1987 provoca cambios en el gabinete, pero este continúa con su orientación cerrada. Reforzando la estrategia de clausura, son incorporadas figuras que conformaban el gabinete informal (como Nosiglia). Existían cónclaves paralelos con asesores, sin los ministros del área (De Luca 2011). La centralidad presidencial se observa en su vínculo radial y directo con cada ministro. Frente a la crisis del final del mandato, Alfonsín opta por la estrategia de clausura para la formación del último gabinete. b. Carlos Menem (1989-1995) Contexto de asunción. Menem, al igual que Alfonsín, arriba a la Presidencia con la doble legitimidad ocasionada por su triunfo en la competencia interna partidaria y en las elecciones generales. Asume en medio de dos crisis: una socioeconómica, signada por la hiperinflación, y otra política, marcada por el malestar militar. Por eso Economía y Defensa resultan áreas prioritarias. Para llevar adelante su agenda y haciendo gala del pragmatismo propio del peronismo, Menem dio un giro copernicano al tradicional modelo económico a partir de la desregulación, la privatización de las empresas públicas de servicios, la descentralización administrativa, la puesta en primer plano del mercado y un realineamiento con la política exterior de Estados Unidos. Trayectoria del gabinete. Algunos analistas destacan las figuras vinculadas al círculo presidencial en el gabinete inaugural (Carmelo 2013; De Luca 2011), sin embargo, un seguimiento pormenorizado muestra ministros ligados a corporaciones económicas, sociales, militar y a la Iglesia Católica. Además de integrar el grupo de “los doce apóstoles”,9 Eduardo Bauzá y Julio César Corzo participaron en las gestiones provinciales de Menem en La Rioja, y lo acompañaron durante la elección interna del PJ. Los ministros que poseen aceitados
8 Desde 1994, los presidentes argentinos tienen la atribución constitucional de sancionar decretos con fuerza de ley sobre diversas área de políticas públicas (excepto sobre cuestiones impositivas y penales). Este poder de legislar sin pasar por el Poder Legislativo refuerza la estrategia de clausura o ejecutivas. 9 Se denominó “los doce apóstoles” al grupo de los colaboradores más cercanos a Menem durante su campaña electoral. Entre ellos se destacaron Luis Barrionuevo, César Arias, Kohan, Granillo Ocampo, Bauzá y Juan Carlos Rousselot. La denominación refiere a una analogía entre el mesianismo de Menem y Jesucristo. 65
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vínculos con organizaciones económicas, sociales y religiosas son: Domingo Cavallo, ligado al establishment a través de la Fundación Mediterránea, Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli pertenecen al grupo empresarial Bunge y Born, Jorge Alberto Triaca, sindicalista peronista, y Antonio Salonia del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien tiene estrechos vínculos con la Iglesia. Roberto Dromi, en Obras Públicas, proviene de la UCD, un partido de derecha aliado al presidente. Ítalo Luder, en Defensa, cercano a las FF.AA y al sindicalismo, resulta el único integrante del personal político del PJ. León Arslanián, en Justicia, gozaba de gran prestigio por haber sido miembro del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares. Dada la crisis económica, los primeros años se caracterizan por cierta inestabilidad ministerial. Pero a partir de 1991, controlada la inflación, se dan cambios puntuales (por ejemplo por escándalos de corrupción) y algunas rotaciones. Exceptuando el breve paso de Gustavo Béliz, el resto de los ministros son menemistas. La solución al conflicto militar y el freno a la inflación a partir de la convertibilidad (que le provee el recurso económico), la popularidad del presidente sube (recurso ciudadano), posibilitándole subordinar a su voluntad al sindicalismo (recurso social) y al PJ (recurso partidario). Obtiene mayoría en el Senado y cuasi mayorías en Diputados —48%, 45,5% y 49% en cada bienio— (recurso parlamentario). A su vez, la mayoría de gobernaciones son peronistas y subordinadas a su voluntad (recurso federal). Finalmente, Menem nombra nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, logrando que una “mayoría automática” satisfaga sus requerimientos (recurso judicial). Menem es un presidente dominante con cuantiosos recursos. Sin embargo, en una clara estrategia de tipo ejecutiva, dicta 167 DNU y clausura su gabinete. En Justicia, nombra a Jorge Luis Maiorano, socio en el estudio de abogados de la familia Menem y le sucede Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte Suprema nombrado por el presidente. En Educación, Jorge Alberto Rodríguez (ex ministro en La Pampa bajo un gobernador menemista) desplaza a Salonia, quien renuncia por un conflicto con los docentes y con gobernadores peronistas. En Trabajo, en 1993, ocupa el cargo Armando Caro Figueroa de perfil técnico, bautizado como la “cara de la flexibilización laboral”. Menem concluye con un gobierno fortalecido y un gabinete estable. Al saberse un presidente fuerte y popular, Menem conduce a Alfonsín a encarar una reforma constitucional. El acuerdo entre ambos, conocido como el Pacto de Olivos, incluía la posibilidad de la reelección del propio Menem. En este la centralidad presidencial se manifiesta en forma dominante. El compromiso entre los dos líderes pasa por alto la consulta a sus respectivas fuerzas, evidenciando la debilidad partidaria. La expectativa de la reelección disciplina al PJ detrás de Menem. A su vez, el Pacto desacredita el rol opositor de la UCR y abre el camino a una fuerza nueva, el Frente País Solidario (FREPASO), que pone fin al consenso bipartidista. 66
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Frente a un contexto de asunción problemático económica y socialmente, con los militares en rebelión, Menem conforma un gabinete abierto, con una estrategia que incluye ministros capaces de brindarle el sostén de sectores corporativos y de partidos menores. No obstante hacia el final lo cierra a sus allegados. Menem es en el único presidente post transición que convoca reuniones de gabinete, pero de carácter informativo y con participación de otros funcionarios cercanos a él (De Luca 2011). Impone una organización piramidal, aunque las jerarquías varían. Al igual que Alfonsín, Menem cuenta con un gabinete informal conformado por los “doce apóstoles”, algunos de ellos ocupan carteras pero lo aconsejan en diversos temas, y por el Grupo Yoma, del que su cuñado emerge como la principal figura. c. Carlos Menem (1995-1999) Contexto de re-asunción. Menem logra la reelección con 49,94% de votos. El FREPASO, con 29,30%, relega a la UCR al tercer puesto (16,99%). Mientras el bipartidismo languidece, la centralidad presidencial es ejercida por un presidente fortalecido. Entre 1995 y 1997 obtiene mayoría en ambas cámaras, sin embargo, Menem firma 107 DNU durante este mandato. La reforma constitucional, aunque incorpora al Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) para flexibilizar el presidencialismo y desconcentrar funciones asignadas a la Presidencia, se convierte en el brazo político-institucional del presidente reforzando su poder. Trayectoria del gabinete. Camerlo (2013, 129) afirma que los gabinetes inaugurales de los presidentes reelectos se conforman en gran parte por los ministros precedentes y funcionarios de segundas líneas. Bauzá ocupa la flamante Jefatura de Gabinete y Alberto Mazza, fundador de la Asociación de Entidades de Medicina Privada, se hace cargo de Salud. Si bien Menem retiene a la mayoría de los ministros, la disputa entre el “ala política” y el “ala económica” o tecnocrática (encabezada por Cavallo), que se opone a la elección por un tercer período buscando rédito político por la estabilidad económica, ocasiona cambios. La mudanza más resonante ocurre cuando los cortocircuitos entre el presidente y el ministro de Economía acaban con el retiro de Cavallo, a quien sucede Roque Fernández, presidente del Banco Central. En la cúspide de su poder, Menem no está dispuesto a compartir los beneficios de la estabilidad económica con su ministro de economía. La mayoría de los cambios restantes se debe a escándalos por corrupción (denunciados por los medios de comunicación y por el FREPASO, que crecía impulsado por un discurso anticorrupción).10 Al fracasar el 10 En Defensa, sale Camilión por la venta ilegal de armamentos a Ecuador y Croacia. Lo reemplaza un amigo del presidente Jorge Domínguez. En Justicia, Rodolfo Barra dimite siendo 67
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proyecto re-reeleccionista, el presidente mantiene un margen de popularidad importante por lo cual su gabinete, cada vez más cerrado, se sostiene hasta el final. Su relación con los ministros deja explícita la estrategia de clausura. A partir de 1996, debido a varias filtraciones a la prensa, Menem restringe los cónclaves a los ministros y al secretario general de la Presidencia (De Luca 2011). Finaliza su gestión con abundantes recursos, sin embargo, firma durante sus dos períodos 274 DNU. Su centralidad dominante, con abundantes recursos, resulta insuficiente para llevar a cabo una nueva reforma constitucional que lo habilite por un nuevo período. Le sirve, en cambio, para llegar con su poder intacto a 1999, sabotear a su competidor dentro de las filas del peronismo (Duhalde) y prepararse para competir en 2003. d. Fernando de la Rúa (1999-2001) Contexto de asunción. Fernando de la Rúa llega a la presidencia a través de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición electoral y de gobierno formada por su partido, la UCR y el FREPASO. Sin ser el jefe de ninguna de las dos fuerzas, encabeza un gobierno dividido y carece de recursos sociales, federales, judiciales, partidarios y legislativos.11 Aceptada por 80% de la ciudadanía, continúa con la convertibilidad, pese a la recesión, la desocupación, los altos índices de pobreza e indigencia. Por lo tanto, Economía, Trabajo, Interior y Desarrollo Social resultan prioritarios. Trayectoria del gabinete. De la Rúa asigna ocho de los once ministerios a afiliados de la UCR,12 dos para el FREPASO (Alberto Flamarique en Trabajo y Graciela Fernández Meijide en Desarrollo Social) y otro a Juan José Llach (Educación), ex viceministro de economía de Menem. Debido a un escándalo de corrupción por el supuesto pago de sobornos en el Senado para aprobar la Ley de Reforma Laboral, renuncia el vicepresidente Carlos Álvarez, aunque ordena a los funcionarios frepasistas seguir en sus cargos. Tras la dimisión del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, lo sucede un leal al presidente, Christian Colombo. sustituido por un amigo personal del presidente, Elías Jassán, quien luego se va por su contacto con Alfredo Yabrán, sospechoso de estar detrás del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En su lugar asume otro amigo personal de Menem, Granillo Ocampo. Luego de la derrota electoral de 1997, Caro Figueroa renuncia. Su sucesor es el leal comodín Erman González, quien cesa tras conocerse que cobraba doble sueldo. 11 En Diputados la UCR obtiene 33,5% de las bancas, el FREPASO 14,4%, mientras el PJ concentra 39,3%. En Senado, el PJ alcanza 39 bancas sobre 70 pues conquista 16 provincias. 12 Rodolfo Terragno (jefe de Gabinete) y Federico Storani (Interior) pertenecen a la UCR. Adalberto Rodríguez Giavarini (RREE), Nicolás Gallo (Obras públicas) y Héctor Lombardo (Salud) son afiliados a la UCR y han colaborado con De la Rúa en la ciudad. Ricardo López Murphy, José Luis Machinea y Ricardo Gil Lavedra afiliados radicales pero de perfil técnico. Los dos últimos cercanos a Alfonsín. 68
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Para salir de la crisis, De la Rúa nombra a Patricia Bullrich, de su facción, en Trabajo y a Flamarique (FREPASO) en la Secretaría General de la Presidencia; reemplaza en Justicia a Gil Lavedra (UCR) por su hermano, Jorge de la Rúa, que ocupaba la Secretaría de la Presidencia; Infraestructura y Vivienda queda en la órbita de Economía. Llach (independiente) renuncia por el recorte a Educación. Lo sucede uno de sus críticos, Hugo Juri (cercano al presidente). Cuando López Murphy (UCR) se hace cargo de Economía y anuncia su plan de ajuste, dimiten Juri y Federico Storani (UCR), en Interior, y lo sustituye el radical Ramón Mestre. A estas salidas, se suma el alejamiento de una figura importante del FREPASO, Graciela Fernández Meijide. Luego de ser relevada por dos frepasistas, Marcos Makón y Juan Pablo Cafiero, ocupa el cargo Daniel Sartor (UCR, ex secretario de Estado). En poco tiempo, la Alianza está desdibujada y con un presidente impopular. Domingo Cavallo le propina el golpe de gracia, cuando sucede a López Murphy. Si bien su ingreso abre el gabinete en un intento desesperado (que se mostró equivocado) por sortear la crisis, el tinte delarruísta del gobierno es evidente. Derrotado en las elecciones legislativas de 2001, el presidente crea dos ministerios: Turismo, Cultura y Deportes, encabezado por Hernán Lombardi —un amigo de su hijo Antonio— y Seguridad Social. Patricia Bullrich rota de Trabajo a Seguridad Social, siendo sustituida por el radical José Dumón. Los miembros del llamado grupo sushi13 organizan su gabinete informal. Lo encabeza su hijo Antonio y ocupan varias carteras (Bullrich, Delich, Lombardi, Lopérfido). Cercanos al presidente completan el gabinete: su hermano, Lombardo, Colombo y Mestre. Culmina sin aliados y conformado por amigos. Sólo Cavallo se encuentra fuera de este esquema. El ex vicepresidente Álvarez intenta volver como jefe de Gabinete cuando Cavallo es designado ministro, pero De la Rúa no acepta. El presidente no delega ninguna decisión. Su estilo de gestión se organiza en torno a círculos concéntricos, donde no se consulta a los ministros o a los líderes partidarios sino a allegados personales o técnicos de segundo nivel. e. Néstor Kirchner (2003-2007) Contexto de asunción. Kirchner asume la presidencia luego de la transición encabezada por Eduardo Duhalde. La salida anticipada de De la Rúa en 2001 acabó con una Asamblea Legislativa, que nombró a Duhalde presidente provisional. Dos años después se produce un nuevo llamado electoral. Como prueba de su debilidad partidaria y su alta fragmentación, el peronismo presenta tres candidatos
13 El grupo sushi fue el círculo de confianza y la usina generadora de ideas del presidente De la Rúa. El periodismo los bautizó así por su ritual de reunirse en la zona de Las Cañitas para compartir esa comida oriental. 69
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diferentes a esas elecciones. Uno de ellos es Kirchner. Se trata del candidato respaldado y propuesto por Duhalde, quien alcanza la presidencia con 22% de los votos, luego de que Menem desistiera del balotaje. El mandatario carece de recursos partidarios, judiciales, federales, sociales, mediáticos, ciudadanos y parlamentarios, pero cuenta con el económico, pues su antecesor deja encaminada la salida de la crisis. Trayectoria del gabinete. El presidente distribuye los ministerios con tres lógicas distintas. La primera refiere a la continuidad de cuatro ministros del gobierno de Duhalde, de los cuales tres pertenecen al PJ bonaerense: Aníbal Fernández (Interior), José Pampuro (Defensa) y Ginés González García (Salud). En el cuarto, el ministerio clave, Economía, deja a Roberto Lavagna. La segunda lógica comprende a los participantes de la gobernación y los que impulsaron su campaña: Julio de Vido (Infraestructura), su hermana Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Alberto Fernández (JGM) y Carlos Tomada (especialista en temas laborales, ex secretario de Trabajo durante la gestión ministerial de Alfredo Atanasof). La tercera lógica adjudica ministerios a políticos con experiencia en la gestión, que apoyaron su campaña y pertenecen a la Capital Federal: Gustavo Béliz en Justicia, Rafael Bielsa en Relaciones Exteriores y Daniel Filmus en Educación. Kirchner presiona al PJ con la transversalidad, una coalición de partidos de centro-izquierda —principalmente, el FREPASO— que ofrece dirigentes y apoyo legislativo aunque su influencia en el gabinete es nula. El primer relevo ocurre en Justicia, cuando el ministro cuestiona públicamente al servicio de inteligencia.14 En 2005, una serie de cambios acontece debido a que varios ministros se presentan a cargos legislativos. Rafael Bielsa, Alicia Kirchner y Pampuro son reemplazados por Jorge Taiana, Juan Carlos Nadalich y Nilda Garré, respectivamente.15 Las elecciones dan la ocasión a Kirchner para romper con Duhalde y expulsar luego a Lavagna, tras algunas señales de autonomía. La carrera presidencial del 2007 plantea una disputa sobre quién es el artífice de la salida de la crisis. Luego de la salida de Lavagna, Kirchner se convierte en el ministro informal pues interviene en todas las decisiones económicas directamente y designa a técnicos (Felisa Miceli y Miguel Peirano) de bajo perfil mediático, político y académico. Infraestructura y Desarrollo Social permiten repartir fondos a sus aliados territoriales para obras públicas y planes sociales. Kirchner logra la prórroga de la ley de emergencia económica (que le transfiere poderes como renegociar contratos con las empresas públicas privatizadas
14 Sustituido por Horacio Rosatti, quien abandona el cargo en 2005 por razones personales y lo sucede su segundo, el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne. 15 Alicia Kirchner toma licencia meses después como senadora y vuelve al ministerio. 70
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y regular precios de insumos) y las delegaciones al jefe de gabinete, quien puede reasignar las partidas sin ningún límite. Las tensiones con el Congreso se resuelven a favor de la concentración de poder en el ejecutivo, vía dos mecanismos: los superpoderes y la firma de DNU, que llegó a 236. Termina su mandato con estabilidad ministerial y cuenta con un gabinete informal compuesto por un reducido círculo de confianza: fundamentalmente la pareja presidencial, a la cual se suma el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y algún ministro. No hay reuniones de gabinete ni conferencias de prensa. El presidente mantiene una relación radial con los ministros y reuniones individuales. Kirchner se encuentra pendiente de todas las áreas de gobierno y se castiga cualquier filtración a los medios de comunicación (De Luca 2011; Ollier 2005). f. Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) Contexto de asunción. La fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos llega al Ejecutivo encabezando la Concertación Plural, construida por Néstor Kirchner entre el Frente para la Victoria (FpV), partidos de centro-izquierda y un sector de la UCR. Cristina Fernández hereda abundantes recursos: partidarios (peronismo, frepasismo, sectores independientes, radicales y socialistas), federales (la alineación de los gobernadores peronistas y aliados), parlamentarios (mayoría en el Senado —58,3%— y Diputados —50,6%), sociales (la unificación de la CGT, el apoyo de sectores piqueteros, la cooptación y partidización de varios organismos de derechos humanos), económicos (la presidencia obtiene un porcentaje mayor de la masa de recaudación de impuestos del país, lo cual otorga una situación económica holgada a la presidente) y ciudadanos (imagen positiva en la opinión pública e incremento de votos con relación a su marido en 2003). Trayectoria del gabinete. El gabinete no refleja la participación de sus aliados. De las doce carteras, Cristina Fernández ratifica a siete de los ministros anteriores. Seis en sus mismos puestos y uno cambia de cartera.16 Tras la salida de Ginés González García (embajada de Chile) y de Filmus (Senaduría por la CABA) ascienden sus colaboradores: Graciela Ocaña y Juan Carlos Tedesco, respectivamente. Crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dirigido por un académico, Luis Barañao. Los nuevos ministros, Martín Lousteau en Economía y Florencio Randazzo en Interior, efectuaron gestiones similares en la provincia de Buenos Aires. El conflicto impositivo con el sector agroexportador en 2008, sumado a la crisis económica mundial, desata una pérdida de recursos: partidarios (se 16 Alberto Fernández (JGM), Taiana (RR EE), Garré (Defensa), De Vido (Infraestructura), Tomada (Trabajo), Alicia Kirchner (Desarrollo Social) y Aníbal Fernández pasa a Justicia. 71
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alejan los “radicales K”17 encabezados por el vicepresidente Cobos); económicos (en el 2009, la economía entra en recesión y, a pesar de cierta recuperación en los años posteriores, la alta inflación y la restricción de las divisas marcarían la agenda); parlamentarios (en 2009 pierde su mayoría en la Cámara de Diputados —con sólo 33,5%— a pesar de ser mayoría, la debilidad partidaria lleva a que los bloques opositores no logren llegar a acuerdos legislativos); y ciudadanos (por la derrota electoral y la caída en los sondeos de imagen). La presidenta reacciona profundizando la estrategia de clausura. El conflicto con el sector agroexportador ocasiona la derrota legislativa y los primeros cambios ministeriales. Además se crean las carteras de Agricultura, Industria, Turismo y se desprende Seguridad de Justicia. Firma 15 DNU pese a sus recursos y a casi diez años de su sanción se prorroga la ley sobre emergencia pública. El gabinete continúa con la misma lógica de su marido: concentración de las decisiones en el Ejecutivo, sin reuniones del equipo ministerial, con poca o ninguna autonomía de los ministros y la toma de decisiones ocurre en el gabinete informal. La muerte de Néstor Kirchner, en 2010, revierte el humor social adverso al gobierno, debido a la forma que la presidenta presenta su viudez: su imagen positiva pasa de 19% a 36% y a 55% para fin de año, logrando ser reelegida en 2011 (Ollier 2014). g. Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) Contexto de re-asunción. Confirmada con 54,11% de votos, la presidenta asume con abundantes recursos. Sin embargo, la economía da signos de agotamiento y las demandas por seguridad están a la orden del día. Trayectoria del gabinete. Cristina Fernández asume con dieciséis ministerios, el doble de 1983. Ratifica trece ministerios y tres asumen cargos electos.18 En Jefatura de gabinete asume Juan Abal Medina, un académico kirchnerista; en Economía, Hernán Lorenzino, ex secretario de Finanzas del Ministerio; en Agricultura se promueve a Norberto Yahuar (ex Subsecretaría de Pesca y Agricultura de la Nación). Ningún ministro pertenece a otra facción peronista que no sea el kirchnerismo ni representa vínculos con sectores sociales. Encontramos un gabinete cerrado y de partido único. Pese a que el vicepresidente queda envuelto en un escándalo por corrupción es mantenido en el cargo.19
17 Se denominó “radicales K” a un grupo de gobernadores y dirigentes de segunda línea de la Unión Cívica Radical (UCR), partido de la oposición, que apoyaron al kirchnerismo a partir del 2006. 18 Fernández senador, Domínguez diputado y Boudou vicepresidente. 19 El vicepresidente es procesado por tráfico de influencias en la compra de la empresa encargada de imprimir el papel moneda (caso Ciccone). 72
¿Caso testigo o caso único? María Matilde Ollier • Pablo Palumbo
La tragedia ferroviaria de Once, en la que mueren más de cincuenta personas, produce el primer cambio y la cartera de Transporte pasa de Infraestructura a Interior. El desgaste de su popularidad continúa con dos hechos: las movilizaciones auto-convocadas y la derrota electoral en 2013. El ex kirchnerista Sergio Massa, forma una facción peronista opositora y vence al FpV en Buenos Aires. Tras la derrota electoral, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, reemplaza a Abal Medina. Axel Kicillof, de estrecha relación con la presidenta, sustituye a Lorenzino, ridiculizado por declaraciones a la televisión griega. Yahuar asume la banca, siendo reemplazado por Carlos Casamiquela, de perfil técnico. Una revuelta, con toma de edificios y marchas de gendarmes y prefectos, lleva a cambios en Seguridad y en Defensa. En 2014, se crea el Ministerio de Cultura a cargo de Teresa Parodi, una cantante popular. Con esta cartera, ascienden a cinco los ministerios creados durante las dos gestiones de CFK. A principios de 2015, Aníbal Fernández es nuevamente designado jefe de Gabinete y Manzur, al retornar a su provincia para disputar la gobernación, es sustituido por Daniel Gollán, ex secretario de Salud Comunitaria.20 En el segundo período toma vuelo el gabinete informal conformado por una organización de jóvenes llamada La Cámpora, comandada por su hijo Máximo.
3. Patrones de formación de gabinete Pese a las similitudes y diferencias, en los cinco presidentes se detectan cinco patrones. Primero, el cuadro 1 evidencia que todos los presidentes culminan con un gabinete cerrado. Según Pomares et al. (2014), cuando los presidentes argentinos pierden votos se retraen a su círculo de confianza. Sin embargo, nuestro artículo muestra que la estrategia de clausura, hacia el partido o hacia el círculo íntimo, se da en presidentes tanto dominantes como inestables. Aunque De la Rúa merece una salvedad: ante la crisis económica, ofreció a Cavallo el Ministerio de Economía indicando una apertura de su gabinete que refuta en parte la conclusión de Pomares. Sin embargo, al haber permanecido tan sólo dos años en el cargo vuelve difícil extraer una conclusión sobre apertura o clausura de gabinete. Pero además, en ese corto tiempo será de apertura en tanto convoca a Cavallo para salir de la crisis de la convertibilidad, y será clausura, ya que lo mantuvo pese a la fuerte protesta social en contra de su política económica. Sólo Menem y
20 En diciembre de 2014, el secretario Gral. de la Presidencia, Oscar Parrilli (quien se mantiene en el cargo desde 2003) pasa a la Secretaría de Inteligencia y su lugar lo ocupa Eduardo Wado de Pedro (luego del breve interregno de Aníbal Fernández). 73
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Kirchner en períodos de debilidad abren sus gabinetes. Sin embargo, esa apertura no responde, en el caso de Menem, a una lógica inter-partidaria; lo hace para fortalecer una alianza con sectores corporativos. Ambos presidentes clausuran una vez que se han fortalecido. Alfonsín comienza con un gabinete cerrado pero a medida que se debilita por la crisis socioeconómica y su falta de recursos, lejos de privilegiar la apertura, continúa en la estrategia de clausura. De la Rúa representa el único intento de plasmar una coalición interpartidaria en el gabinete, no obstante, se desarma frente al primer conflicto. Fernández de Kirchner continúa con la estrategia de clausura emprendida por su esposo al final. Por lo tanto, presidentes en lugares opuestos —Alfonsín y Kirchner— en relación a sus recursos y a sus posibilidades de garantizar la gobernabilidad, prefieren la clausura. Así, dada la baja institucionalización partidaria, los presidentes radicales y peronistas arman gabinetes intrapartidistas antes que interpartidistas. Aunque en menor medida, las organizaciones de la sociedad (empresariado, sindicatos u otros movimientos sociales) suelen verse representadas. Cuadro 1. Patrones y características de cada gestión presidencial ¿Abre el Canti- Total Gabigabinedad de de minete fin te frente Minis- nistros de mancrisis? terios (3) dato (2)
Gabinete inaugural
Lógica predominante en conformación del gabinete
Alfonsín
Cerrado
Partidaria
Cerrado
1º Menem
Abierto
Corporativa
2º Menem
Cerrado
Partidaria
De la Rúa
Abierto
Kirchner
Ministros por cargo
No
8
31
3,88
Cerrado
Sí
9
32
3,56
Cerrado
No
9
18
2
Interpartidaria
Cerrado (1)
No
13
27
2,08
Abierto
Intrapartidaria
Cerrado
Sí
11
18
1,64
1º Fernández de Kirchner
Cerrado
Partidaria
Cerrado
No
16
25
1,56
2º Fernández de Kirchner
Cerrado
Partidaria
Cerrado
No
17
25
1,47
74
¿Caso testigo o caso único? María Matilde Ollier • Pablo Palumbo
DNU
Mayoría Diputados
Mayoría Senadores
Sí
10
Sí*
No
22
No (4)
167
No**
Sí
7 (38,89%)
9
Sí
107
Sí***
Sí
7 (25,93%)
8 (29,63%)
13
No
62
No
No
Kirchner
10 (55%)
2 (11,11%)
8
No
236
Sí
Sí
1º Fernández de Kirchner
15 (60%)
7 (28%)
9
Sí
15
Sí****
Sí
2º Fernández de Kirchner
14 (52%)
9 (36%)
8
Sí
8
Sí
Sí
Ministros facción presidente
Ministros técnicos
Cantidad de cambios
Jefe de su partido
Alfonsín
12 (38,71%)
11 (35,48%)
21
1º Menem
16 (50%)
10 (31,25%)
2º Menem
8 (44,4%)
De la Rúa
* Alfonsín pierde la mayoría entre 1987 y 1989 con 45,3%; ** Menem tenía una cuasimayoría con 48% (89-91), 45,5% (91-93) y 49% (93-95); *** Menem pierde la mayoría entre el 97 y 99 con 46,3%;**** Fernández de Kirchner pierde la mayoría entre el 2009 y 2011 con 33,5%. Fuente: elaboración propia a partir de Bonvecchi y Zelaznik (2012) y notas periodísticas de los diarios La Nación (1996-2013), Clarín (2000-2003) y Página 12 (1999 y 2015). (1) Intentó abrir su gabinete designando a Cavallo, un técnico sin estructura partidaria pero el precio de su incorporación fue el alejamiento de los otros sectores que lo apoyaban (FREPASO y parte de la UCR). (2) Se considera crisis a las derrotas electorales la pérdida de mayorías parlamentarias, pérdida de confianza en los partidos políticos o crisis económicas. (3) Se cuenta cada gestión ministerial, aunque a veces una misma persona rota entre ministerios. La comparación de este dato no es lineal debido a que hay diferencias temporales a tener en cuenta: Alfonsín y el primer Menem estuvieron seis años en el gobierno y De la Rúa sólo dos. (4) Si bien por estatuto del PJ, el peronista que sea el presidente de la nación será también el presidente del partido, entre 1989 y 1991, Menem gobernó sin incluir al partido en la toma de decisiones hasta que logró disciplinarlo a partir de su popularidad y estabilización de la crisis económica.
Segundo, la jerarquía entre los ministerios no es estática, por el contrario, cambia según los contextos. Defensa es prioritario al inicio de la democracia debido a la decisión presidencial de juzgar a las Juntas Militares y se mantiene bajo Menem. Desarrollo Social e Infraestructura resultan cruciales para realizar transferencias sociales y de capital durante el kirchnerismo. El cuadro 1 muestra la cantidad de ministros que ocupan cada cartera. El recambio es un indicador de la jerarquía de los 75
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ministros según el contexto: durante el período post-transición, cuando la cuestión militar seguía activa, se sucede la mayor cantidad de ministros de Defensa; lo mismo ocurre en Trabajo durante las administraciones radicales que sufren los embates del sindicalismo peronista, o en Desarrollo Social durante la gran crisis social del 2001. Economía emerge como un área importante en la que todas las administraciones realizan varios reemplazos, sin embargo hay ministros estrellas, ministros con bajo perfil y etapas donde el presidente, de hecho, maneja la economía. Tercero, los cambios responden a situaciones puntuales. Rara vez se dan cambios de varios ministros al mismo tiempo y por la misma razón. Las causantes de los cambios de ministros se observan en el cuadro 2. En primer lugar, un conflicto en el área (por ejemplo huelgas o conflictos gremiales en Trabajo, epidemias en Salud, crisis energéticas en Obras Públicas) promueve la mudanza. En segundo lugar, hay que diferenciar las destituciones de ministros de las rotaciones de los mismos. Ambas deben ser evaluadas de forma diferente, pues la rotación no responde a la inconformidad del presidente con un ministro sino a otro tipo de necesidad. En Argentina, ellas son utilizadas principalmente por Menem y Cristina Fernández. En tercer lugar, los conflictos intra-ejecutivos (una disputa entre ministros o con el propio presidente) son otra razón de cambio: las diferencias de dirigentes radicales históricos con el plan de Sourrouille, la agudización del conflicto entre las alas política y económica en el segundo período menemista y, por último, el desplazamiento de quienes intentaron mostrar autonomía con Kirchner. En cuarto lugar, a excepción del gobierno de Alfonsín y de Cristina Fernández, todas las gestiones sufrieron alteraciones por escándalos de corrupción.
20
2º CFK
15
1º CFK
10
De la Rúa
Kirchner 2º Menem
5
1º Menem
le s so
ci
na
on
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ón
Alfonsín
0
ón
Número de ministros desplazados
Cuadro 2. Razones del cambio de los ministros 25
Fuente: elaboración propia a partir de notas periodísticas de los diarios La Nación (1996-2013), Clarín (2000-2003) y Página 12 (1999 y 2015). 76
¿Caso testigo o caso único? María Matilde Ollier • Pablo Palumbo
Cuarto, todos los presidentes contaron con un gabinete informal muy influyente en la toma de decisiones. En general lo conformaban familiares o técnicos cercanos, sin ningún cargo formal o de segundo orden (miembros de la Junta Coordinadora con Alfonsín, los apóstoles y el Grupo Yoma con Menem, el grupo Sushi con De la Rúa, el matrimonio Kirchner, su hijo y el grupo La Cámpora con Cristina Fernández). Finalmente, los técnicos representan una proporción importante en todas las administraciones. Ligados al presidente antes que al partido, promedian 35% de los ministros bajo Alfonsín, 31% y 38% en cada mandato de Menem, 29% con De la Rúa, 11% durante Kirchner, 28% y 36% en los dos períodos de Cristina Fernández. Pomares et al. (2014) sostienen que la mayoría de los ministros tiende a combinar competencias técnicas y políticas. Sin embargo, no siempre resulta sencillo diferenciar si son convocados por su expertise, por su filiación cercana al presidente o por una combinación de ambas. En este último caso, a su vez, es difícil detectar cuál criterio fue prioritario, si la expertise o la cercanía. Queda aquí una incógnita para despejar.
Reflexiones finales Al entender la trayectoria del gabinete como proceso, se observan las razones y la variación en la designación de los ministros. El paso de cada presidente por la Casa Rosada reveló cómo se combinan cuatro causas, dos fundamentales y dos próximas, en la formación del gabinete. En Alfonsín se descubre, por un lado, cómo se despliegan la centralidad presidencial de un mandatario crecientemente sin recursos, que entrega el poder anticipadamente —aunque consensuando con su sucesor— y su contrapartida, la baja institucionalización partidaria. Esto último impacta más en la oposición con un peronismo en proceso de renovación. Por otro lado, en un contexto de transición plagado de problemas en el que el actor militar aún mantiene poder de veto, el presidente despliega, no siempre con éxito, diferentes estrategias para resolverlos. La combinación de las cuatro causas acaba en un gabinete que al inicio fortalece el poder presidencial para luego debilitarlo crecientemente. En Menem se revela, por un lado, cómo juegan la centralidad presidencial manteniendo recursos que le vienen dados y acumulando otros, y su contrapartida, la baja institucionalización partidaria. El liderazgo presidencial en el peronismo, al funcionar como disciplinador partidario, resta impacto negativo —en la gobernabilidad— a su baja institucionalización. Por otro lado, frente a un contexto de asunción problemático que dura dos años, el presidente implementa estrategias para resolver conflictos que acaban exitosamente cuando debilita 77
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definitivamente el poder militar y logra estabilizar la economía. Las cuatro causas convergen en la formación del gabinete que contribuye a afianzar su poder. Con De la Rúa, la centralidad presidencial que aspira a aprovechar (62 DNU en dos años) y la baja institucionalización partidaria, combinadas con un contexto socioeconómico crítico y con estrategias desacertadas para resolver demandas, se expresan en un gabinete que lo debilita más, al punto que su clausura probablemente empujó su salida anticipada del gobierno. Una combinación al servicio de la ingobernabilidad. En Kirchner se detecta, por un lado, cómo la centralidad presidencial, en esta ocasión utilizada para acumular recursos —de los cuales carece al inicio— y para ejercer el poder concentradamente, contrasta con la baja institucionalización partidaria. Fortalecido su liderazgo, la baja institucionalización no sólo no lo perjudica sino que, como ocurre con los presidentes peronistas, sus seguidores se alinean detrás de sus políticas. Por otro lado, los problemas del contexto son resueltos mediante diferentes estrategias. La combinación de las cuatro causas acaba en la formación de un gabinete, que al igual que en Menem, juega a favor de la consolidación de su poder dominante. Similar a su marido, con Cristina Fernández se observa por un lado cómo el uso de la centralidad presidencial para mantener los recursos heredados, aspirando a acumular otros y ejercer el poder concentradamente, contrasta con la baja institucionalización partidaria en la que se profundiza la fragmentación. Al igual que los otros presidentes peronistas, esto no afecta su poder. Por otro lado, los problemas del contexto son resueltos mediante diferentes estrategias. La combinación de las cuatro causas, al igual que en Menem y Kirchner, acaba en la formación de un gabinete que refuerza su poder dominante. En su segundo período, la centralidad presidencial —pese a la pérdida de aliados y de algunos recursos— no le impide ejercer el poder concentradamente, a lo cual contribuye la baja institucionalización partidaria del peronismo y la fragmentación de la oposición. La combinación de las cuatro causas acaba en la formación de un gabinete que le permite garantizar la gobernabilidad y evitar la crisis sucesoria del peronismo. El conjunto de los patrones señalados conduce a un hallazgo central para entender el presidencialismo argentino y continuar abriendo la agenda de investigación: el intercambio de puestos en el gobierno por votos en la legislatura no es una práctica a la cual recurran los jefes de Estado. Es probable que a la misma conclusión pueda llegarse con otros estudios en democracias con baja institucionalización partidaria y centralidad presidencial.
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María Matilde Ollier es doctora en Ciencia Política por University of Notre Dame (Estados Unidos), profesora-investigadora y decana de la Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Es miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), de Latin American Studies Association (LASA) y de International Political Science Association (IPSA). Ha investigado sobre la violencia política en Argentina, sobre la provincia de Buenos Aires y actualmente estudia los liderazgos presidenciales en América Latina. Entre otros libros, se envuentran Atrapada sin salida. La imbricación de Buenos Aires en la política nacional (1916-2007). UNSAM, 2010; De la Revolución a la Democracia. Siglo XXI, 2009. Capítulos de libros: “El ciclo de las presidencias dominantes: Néstor y Cristina Kirchner (2003-2013)”, en ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo, editado por Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti. Debate, Random House Mondadori, 2015; “‘La democracia invertida’: entre la abdicación y la dominación. Hacia su formulación conceptual en un estudio de caso”, en Democratizar a los políticos. Un estudio sobre líderes latinoamericanos, coordinado por Rut Diamint y Laura Tedesco. Los libros de la Catarata, 2013. * maria.ollier@unsam.edu.ar Pablo Palumbo es licenciado en Ciencia Política y estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Sus líneas de investigación son presidencialismo, federalismo y relaciones intergubernamentales. * palumbopablo@gmail.com
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Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010) Bastián González-Bustamante Universidad de Santiago de Chile Alejandro Olivares Universidad de Chile DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.04 RECIBIDO: 30 de noviembre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 01 de febrero de 2016
RESUMEN: Este
artículo analiza la rotación de los gabinetes y los factores que inciden en la supervivencia de los 180 ministros en Chile entre 1990 y 2010. Con análisis de supervivencia, específicamente modelos de riesgos proporcionales y regresiones de Cox con fragilidad compartida, se evalúan características individuales de los ministros como predictores de supervivencia/riesgo y la influencia de los factores institucionales y eventos críticos. Se descubre que existen predictores individuales diferentes para los ministros del primer y segundo decenio del período, además se comprueba que eventos críticos como las crisis económicas y los escándalos de corrupción influyen en la supervivencia ministerial. PALABRAS CLAVE:
élites • Chile (Thesaurus) • gabinetes • ministros • análisis de supervivencia (palabras clave autor)
H Este artículo se desprende del trabajo presentado por los autores en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) en la Pontificia Universidad Católica del Perú en julio de 2015. La redacción del artículo terminó en octubre de 2015 y se incorporaron cambios entre enero y febrero de 2016 siguiendo las recomendaciones de los evaluadores anónimos. Esta investigación fue financiada por el proyecto Fondecyt #1140564 (Sergio Toro, investigador principal). Agradecimientos a Luis Garrido, Antoine Maillet y Diego Barría Traverso por sus valiosos comentarios y recomendaciones. Los errores u omisiones son responsabilidad de los autores. 83
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Cabinet Turnover and Survival of Ministers in Chile During the Concertación Governments (1990-2010) ABSTRACT: This article analyzes cabinet turnover and factors that had an influence on the survival of 180 ministers in Chile between 1990 and 2010. With survival analysis, specifically, proportional hazards models and Cox regressions with sharedfrailty, the individual characteristics of ministers, such as survival/risk predictors and the influence of institutional factors and critical events, are evaluated. It reveals that there were different individual predictors for ministers during the first and second decade of the period, as well as the fact that critical events such as economic crises and corruption scandals influenced the survival of ministers.
Chile • elites (Thesaurus) • cabinets • ministers • survival analysis (author’s keywords)
KEYWORDS:
H
Mudanças de gabinete e sobrevivência dos ministros no Chile durante os governos da Concertación (1990-2010) RESUMO: ESTE artigo analisa a rotação dos gabinetes e os fatores que tiveram impacto na sobrevivência dos 180 ministros no Chile entre 1990 e 2010. Com análise de sobrevivência, especificamente, modelos de riscos proporcionais e regressões de Cox com fragilidade compartilhada, avaliam-se caraterísticas individuais dos ministros como preditores de sobrevivência/risco e a influência dos fatores institucionais e eventos críticos. Os principais achados consistem na evidenciação de preditores individuais diferentes para os ministros do primeiro e segundo decênio do período; além disso, comprova-se que eventos críticos como as crises econômicas e os escândalos de corrupção influenciaram na sobrevivência ministerial.
elites • Chile (Thesaurus) • gabinetes • ministros • análise de sobrevivência (palavras-chave autor)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introducción La capacidad de un individuo para permanecer en la cúspide del poder es un fenómeno que se ha estudiado desde la sociología, la historia y la ciencia política. Aquella capacidad se relaciona con el proceso por el cual un ciudadano se distingue entre otros y se convierte en gobernante, pasando a formar parte de la élite política. Los alcances y enfoques metodológicos de cada disciplina condicionan y delimitan ciertas dimensiones para comprender y abordar este objeto de estudio. Por una parte, es posible advertir una dimensión que centra su atención en lógicas institucionales propias del sistema político y del sistema de partidos. Por otra parte, existe una dimensión que se centra en los procesos de socialización de los agentes políticos y en lógicas de carácter cultural. Si bien ambos enfoques no son excluyentes, su combinación es compleja ya que responden a tradiciones disciplinarias diferentes. Desde la ciencia política las lógicas institucionales han puesto atención al modo en que las reglas formales e informales permiten que los individuos alcancen posiciones de poder y permanezcan en ellas, ejemplo de esto son los trabajos de Blondel (1985 y 1988).1 Desde la sociología, por otra parte, se han analizado las características individuales de quienes gobiernan y cómo estas se vinculan al hecho de alcanzar posiciones de privilegio y las posibilidades de mantenerse en la cúspide del poder. Esto se realiza desde un enfoque de recursos y capitales, que asume que ciertos individuos o grupos poseen determinados recursos y especies de capital que constituyen una ventaja para acceder a posiciones de privilegio e iniciar carreras políticas (Joignant 2012).2 Para este enfoque, la teoría sociológica de Bourdieu ha tenido una gran influencia pues ofrece un marco útil para abordar cómo determinadas características permiten a un individuo convertirse en gobernante y sostener carreras políticas en el tiempo (Garrido 2013; Joignant 2011a). Una de las posiciones formales más relevantes que puede alcanzar un individuo en el campo político es la de ministro de Estado. Los nombramientos ministeriales se dan en el marco de una distribución de poder en el cual reglas informales condicionan los nombramientos y la permanencia en dichos cargos. Por un lado, los agentes poseen ciertas características individuales que favorecen su oportunidad para alcanzar posiciones de privilegio relevantes, y, por otro lado, las características institucionales del sistema político condicionan el nombramiento. Este artículo 1 Estos trabajos en conjunto con Blondel y Müller-Rommel (1993 y 1997) y Blondel y Thiébault (1988 y 1991) han marcado una tradición de estudio sobre gabinetes y rotación ministerial en regímenes parlamentarios. 2 El acceso y la permanencia se asocian a la profesionalización de la política. En este contexto, la ambición resulta clave para que un individuo emprenda una carrera (Alcántara 2012). 85
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profundiza en aquella dualidad —características individuales e institucionales— enfocándose en la supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (en adelante Concertación), coalición de centro-izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. El objetivo principal de este artículo es analizar los factores que inciden en la supervivencia de los ministros en Chile durante los veinte años que gobernó la Concertación. Para esto se evalúan predictores de riesgo, es decir, factores que aumentan la probabilidad de que un ministro sea removido del gabinete. Se utilizan diferentes variables vinculadas al enfoque de recursos y capitales, es decir, características individuales de los ministros. Además, con análisis multinivel, se analiza la influencia de factores institucionales y eventos críticos (shocks) sobre el sistema político: tipo de ministerio, crisis económicas, baja aprobación presidencial, escándalos políticos y movilización social. La pregunta que guía esta investigación es: ¿qué factores inciden en la supervivencia de un ministro en el contexto de un cambio de gabinete? A continuación se presenta una revisión teórica sobre ministros, con énfasis en procesos de nombramiento y rotación de los gabinetes. Luego se aborda brevemente el contexto político del período estudiado. Posteriormente, en la tercera parte del trabajo, se ofrecen detalles sobre el diseño metodológico, las hipótesis de trabajo, la precisión y alcance de los datos y las características específicas de las técnicas utilizadas. En la cuarta parte del trabajo se presentan los principales resultados de los análisis estadísticos en un nivel descriptivo, multivariado y multinivel. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación y se evalúa si las hipótesis fueron corroboradas o refutadas.
1. Estudio, conformación y rotación de los gabinetes a. Estudio de los gabinetes El estudio de los gabinetes ha tenido un interesante desarrollo reciente en América Latina. Hasta el momento se ha logrado dar cuenta de cómo variables personales, como la trayectoria pública de los sujetos, influyen en el proceso de conformación de gabinetes. En Argentina destacan los trabajos de Camerlo (2013), Canelo (2014), Gené (2012) y Giorgi (2014). Por otra parte, Amorim Neto (2000), Batista (2013), Inácio (2013) y Rennó y Wojcik (2015) son trabajos relevantes para el caso brasileño. En esta línea también están los trabajos de Carreras (2013) sobre Perú y Chasquetti, Buquet y Cardarello (2013) sobre Uruguay. En Chile, el estudio sobre ministros se ha enfocado tradicionalmente en la duración de los gabinetes y la rotación, y no precisamente en las características individuales de los agentes. Destaca el trabajo pionero de Reimer (1970) que analiza 86
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la circulación del personal ministerial entre 1915 y 1970 en el marco un análisis de la circulación de la élite política en distintas instituciones. Para esto evalúa las carteras ministeriales con base en el número de días del mandato presidencial y la fecha del nombramiento, estableciendo categorías de acuerdo a la “velocidad” (frecuencia) de circulación. En la misma línea Heise (1974) analiza tangencialmente la rotación ministerial desde el inicio del parlamentarismo liberal en 1861 hasta el fin del gobierno de Ibáñez del Campo en 1958. Con un análisis de corte descriptivo sostiene que la rotación se incrementó sostenidamente desde el decenio de José J. Pérez (18611871) y que la rotación en el presidencialismo instaurado en 1925 es más alta que la del parlamentarismo liberal de finales del siglo XIX y comienzos del XX.3 Sobre el período previo al presidencialismo instaurado en 1925 también resulta relevante el trabajo de Barría (2008) que describe la reorganización ministerial de 1887 en Chile. Otros trabajos relevantes son Valenzuela (1984) y Rehren (1998). El primero analiza la magnitud de los cambios de gabinete entre 1932 y 1973. El segundo se centra en los ajustes, en el marco de la organización de la presidencia, durante los tres gobiernos anteriores al quiebre democrático y el régimen militar,4 y calcula indicadores de rotación ministerial basándose en las fórmulas de Reimer (1970). Recientemente la agenda de investigación se ha concentrado en analizar de forma descriptiva los cambios de gabinete en los gobiernos de la Concertación. Muestra de esto son los trabajos de Avendaño y Dávila (2012) y Dávila, Olivares y Avendaño (2013). Sin embargo, en este punto se advierte una discontinuidad con los análisis de los trabajos pioneros. Aquella desconexión se tiende a superar en trabajos más recientes como Olivares, González-Bustamante, Meneses y Rodríguez (2014) y Olivares, Baeza y Dávila (2015), los cuales utilizan técnicas de análisis estadístico y enfoques mixtos más sofisticados para analizar los gabinetes en Chile.5 El primer trabajo concluye que la pertenencia a think tanks y las credenciales académicas son factores relevantes para acceder a ministerios políticos y
3 No existe acuerdo sobre el grado de rotación entre el período previo a 1925 y el período 19251973, situación que se evidencia en los trabajos mencionados. 4 Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Salvador Allende (1970-1973) y Augusto Pinochet (1973-1989). 5 Recientemente Cuevas, Morales, Rojas y Aubry (2015) publicaron un trabajo sobre los ministros de la Concertación. Los autores intentan explicar, con un modelo logístico y análisis de supervivencia, el impacto de distintos tipos de capitales en la probabilidad de ejercer como ministro. Si bien trabajan con una submuestra no probabilística, lo que puede generar sesgos en el análisis estadístico, especialmente cuando se trabaja con análisis de supervivencia, el trabajo es interesante ya que intentan elaborar índices para distintos tipos de capitales que en este trabajo se miden como variables no agrupadas. 87
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económicos durante los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010) y Sebastián Piñera (2010-2014). El segundo trabajo concluye que la experiencia política previa al quiebre democrático y la cercanía con quienes pertenecen al círculo íntimo de la coalición son factores importantes para permanecer en los gabinetes de los gobiernos de la Concertación.6 Entre las publicaciones más recientes sobre rotación ministerial en Chile se encuentra el trabajo de Siavelis y Baruch (2015) que analiza los gabinetes entre 1932 y 2010. Esta investigación concluye que la distribución de los ministerios es central para el proceso de formación de coaliciones y ayuda a la existencia de un multipartidismo en un régimen presidencial. En este contexto, el período de los gobiernos de la Concertación presenta altos niveles de estabilidad ministerial en comparación con el período previo al quiebre democrático. Además existen trabajos recientes vinculados al enfoque de recursos y capitales que han realizado análisis parciales sobre ministros como parte de la élite política gubernamental. Joignant (2011b y 2011c), por ejemplo, estudia el caso chileno utilizando el concepto technopols, el cual da cuenta de agentes que ejercieron un liderazgo transversal en la coalición y que se caracterizaron por poseer elevados recursos técnicos y un gran capital político, situación que los distinguía de tecnócratas y hombres de partido.7 Por otra parte, Delamaza (2011) analiza trayectorias de individuos que desempeñaron cargos gubernamentales relevantes entre 1990 y 2006, concluyendo que se trata de agentes con militancia política, altos niveles educacionales y que provienen mayoritariamente de la sociedad civil. Por último, González-Bustamante (2013) evidencia que para acceder a las posiciones gubernamentales más relevantes resulta importante la cercanía con los partidos, las credenciales académicas y la participación en los think tanks de la coalición. Pero para permanecer prolongadamente en el ejecutivo es crucial la acumulación de capital político, para lo cual desempeñarse como dirigente de partido resulta clave. Si bien estos trabajos han ofrecido evidencia sobre la importancia de la profesión —específicamente aquellas vinculadas al derecho y a la economía— y la trayectoria pública, social y militante de los individuos como recursos y
6 Olivares et al. (2015) apelan al concepto usado por Joignant (2011c) para referirse a los miembros clave, fundadores y líderes históricos de la coalición. 7 De aquí se desprende el concepto de especies de capital que han usado Joignant, Perelló y Torres (2015). Entre las especies se encuentran el capital familiar, universitario, político militante, político oligárquico, tecnocrático pragmático, tecnocrático político, tecnopolítico, de notoriedad y carismático. Si bien es una conceptualización útil inspirada en el trabajo de Bourdieu, su operacionalización resulta compleja. Para más detalles véase González-Bustamante (2013 y 2014). 88
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capitales que les permiten acceder y permanecer en el campo político, no se ha realizado un análisis sistemático a nivel de ministros, desde este enfoque y con este tipo de variables. b. Procesos de nombramiento, rotación y cambios de gabinete En los presidencialismos el actor más relevante durante el proceso de nombramiento de ministros es el presidente ya que tiene la prerrogativa exclusiva de formar el gabinete e invitar personas y partidos a formar parte del gobierno. Esta atribución exclusiva constituye una ventana de oportunidad para que individuos externos al campo político ingresen a los gabinetes, situación que potencia la autonomía presidencial, pues estos agentes sólo tienen lealtad con el presidente, a diferencia de ministros militantes que poseen una responsabilidad dual: con el presidente y con sus partidos (Altman y Castiglioni 2008). Por ello es que la inclusión de no militantes puede ser explicada según varios factores: voluntad del presidente de alejarse de los partidos, falta de centralidad de estos en el sistema, o falta de acuerdo entre el presidente y los partidos por nombramientos y distribución de cargos (Amorim Neto 2006). Cuando un presidente busca gobernar por la vía legislativa, en el proceso de nombramiento de ministros tienen prioridad los líderes de la coalición y de los partidos (Amorim Neto 2006).8 Estas designaciones tienden a correlacionarse con la representación de los distintos partidos de la coalición en el poder legislativo, es decir, su peso relativo con base en los escaños que controlan. Por el contrario, si el presidente se propone gobernar sin apoyo legislativo, es altamente probable que designe ministros técnicos e independientes y/o personas de su círculo de confianza. Más allá de las características propias del nombramiento y de los equilibrios que se logren existe una certeza: tarde o temprano ocurre un cambio de gabinete. La reasignación de ministerios puede ser utilizada para optimizar el apoyo político o mejorar las competencias técnicas del gabinete. En los regímenes presidenciales la decisión de ajustar el gabinete recae principalmente en el presidente e implica una rotación y reordenamiento de las fuerzas políticas en el aparato gubernamental. Martinez-Gallardo (2012) analizó el uso estratégico de los procesos de nombramiento en el gabinete. La rotación y los cambios ministeriales serían herramientas de ajuste que permiten hacer frente a shocks externos impredecibles.
8 Sobre el funcionamiento de las coaliciones en el contexto de sistemas presidenciales véase Reniu y Albala (2012). 89
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Recientemente, Camerlo y Pérez-Liñán (2015) analizaron el contexto en el cual los presidentes latinoamericanos deciden remover ministros de sus gabinetes. Señalan que shocks9 o eventos críticos aumentan el riesgo de rotación ministerial, lo que está condicionado por factores institucionales y de orden estratégico, relacionados con el calendario electoral y límites constitucionales como la posibilidad de reelección. Cuando un presidente busca reelegirse remueve ministros vinculados a escándalos al inicio de su mandato, ya que esto le da tiempo para limpiar la imagen del gobierno. Por otra parte, tiende a remover ministros debilitados por protestas hacia el fin de su mandato, cuando ya no hay suficiente tiempo para implementar de forma exitosa políticas controversiales.10 Este tipo de análisis no se ha desarrollado para el caso chileno a nivel de ministros.11
2. Contexto del estudio: los gobiernos de la Concertación Durante los cuatro gobiernos de la Concertación,12 finalizó la transición e inició un proceso de consolidación democrática. Los primeros dos gobiernos estuvieron marcados por un contexto transicional en el cual las fuerzas armadas mantenían una capacidad de veto relevante. La amenaza constante que esto significaba para la estabilidad forzó una política de consensos y un diálogo con la derecha política y económica. Esta situación fue un incentivo para privilegiar el desempeño económico como una señal de capacidad en la gestión gubernamental. Los primeros siete años coinciden con una gran bonanza económica, situación que implicó la expansión del modelo neoliberal y la consolidación de la autonomía en materia económica. De esta forma se aseguraba continuidad en las políticas macroeconómicas. Por este motivo es que durante todo ese período sólo hubo cinco ministros de Hacienda. El único cambio en el titular de Hacienda fue durante el gobierno de Eduardo Frei. Este contexto permitió que la intocabilidad del modelo económico se consolidara como un enclave de transición (Siavelis 2009). A lo anterior se suma que desde el gobierno de Patricio Aylwin se desarrolló una serie de reglas informales
9 Principalmente escándalos mediáticos y protesta social, aunque la literatura también identifica las crisis económicas y baja popularidad como eventos críticos que impulsan cambios de gabinete (Camerlo y Pérez-Liñán 2015; Martinez-Gallardo 2014). 10 Sucede de forma inversa cuando el presidente tiene un mandato limitado. 11 González-Bustamante y Olivares (2015) analizaron distintos shocks y factores institucionales a nivel de subsecretarios (viceministros) entre 1990 y 2014. Durante los gobiernos de la Concertación las crisis económicas y los casos de corrupción son factores de riesgo estadísticamente significativos a nivel de subsecretarías. 12 Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). 90
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para la conformación de gabinetes. Según Rehren (1992) se organizó el gabinete con una lógica de “integración vertical”, en la cual cada ministro tenía como subsecretario (viceministro) a un político perteneciente a otro partido de la coalición. Además los ministerios más relevantes —generalmente aquellos eminentemente políticos— fueron ocupados por militantes del partido del presidente. Estas prácticas dieron paso a una estructura suprapartidista o partido transversal, es decir, una instancia informal que trascendía las diferencias partidistas y daba cuenta del amplio consenso alcanzado para el diseño de políticas públicas (Silva 2010). Esto concuerda con la relevancia de los technopols durante aquel período (Joignant 2011b y 2011c). En este contexto, los presidentes se inclinaron por realizar nombramientos ministeriales proporcionales respecto al peso relativo de los partidos de la coalición (Altman 2008). Con el tiempo, la coalición sufrió el desgaste propio del ejercicio continuo de la administración del Estado; muestra de aquello son los escándalos de corrupción que atravesó. Si bien no son muchos los casos de corrupción que incluyen directamente a ministros, el bajo nivel de tolerancia a la corrupción que históricamente ha demostrado Chile hace que las consecuencias de aquellos escándalos sean de largo alcance e incluyan remoción de ministros, acuerdos para la reforma y modernización del Estado, y, en algunos casos, investigaciones judiciales. En este trabajo se consideran los escándalos de corrupción como shocks sobre el sistema político. Los principales escándalos que tuvieron impacto en la coalición fueron: (a) Casas Copeva (junio a julio de 1997);13 (b) Coimas, MOP-Gate, MOP-Ciade, MOP-Idecon, Corfo-Inverlink (enero de 2002 a diciembre de 2003);14 y (c) Chiledeportes (diciembre de 2005 a octubre de 2006).15 Por último, durante el segundo decenio de los gobiernos concertacionistas se advierte un incremento en la movilización social. Los vínculos entre los movimientos sociales y la política comenzaron a erosionarse desde la recuperación de la democracia y se generó un distanciamiento entre los políticos instalados en
13 A mediados de 1997 alrededor de siete mil viviendas sociales construidas por la empresa Copeva en la comuna de Puente Alto —una de las comunas más pobladas de Chile— se inundaron completamente durante un frente de mal tiempo. La investigación permitió ver que hubo serios problemas de fiscalización por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el proceso de construcción. El escándalo se agravó cuando se confirmó que el ministro había recibido dos caballos fina sangre como regalo del dueño de la empresa. 14 Escándalos de corrupción donde funcionarios públicos recibieron u ofrecieron favores a cambio de dinero. También se incluye como parte del problema la práctica de pagar en efectivo sobresueldos a altos funcionarios del sector público. Para más detalles véase Olavarría, Navarrete y Figueroa (2011). 15 Corresponde a un desvío de recursos públicos a organizaciones sociales de dudosa procedencia. 91
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el aparato gubernamental y las organizaciones sociales. Son hitos relevantes las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2008, las cuales se proyectaron más allá de 2010 y utilizaron diversos repertorios de acción colectiva para ejercer presión sobre el sistema político (véase Donoso 2013; von Bülow y Bidegain 2015).
3. Método a. Hipótesis y tipo de análisis Para analizar los factores que inciden en la supervivencia de los ministros concertacionistas se evalúan como predictores de supervivencia/riesgo diferentes variables vinculadas a las características individuales de los ministros, como también otras variables institucionales, específicamente tipo de ministerio, y variables relacionadas con eventos críticos o shocks. Entre los eventos críticos se encuentran crisis económicas, bajos niveles de aprobación presidencial, escándalos de corrupción y movilización social. Específicamente se busca probar las siguientes hipótesis: (H1) las características individuales de los ministros, específicamente la posesión de recursos técnicos, capital político, y una trayectoria pública y social, constituyen predictores de supervivencia en los gabinetes de los gobiernos de la Concertación; y (H2) los factores institucionales y eventos críticos, específicamente desempeñarse en un ministerio político, crisis económicas, baja aprobación presidencial, escándalos de corrupción y movilización social, condicionan la supervivencia en los gabinetes de los gobiernos de la Concertación. Para probar estas hipótesis se trabaja con técnicas de análisis de supervivencia que permiten explorar el efecto de variables independientes sobre la probabilidad de que un ministro deje el gabinete. Este análisis constituye uno de los más pertinentes para estudiar las rotaciones ministeriales ya que la principal variable de interés es la permanencia en el gabinete (Martinez-Gallardo 2014). El análisis de supervivencia ha sido utilizado en trabajos recientes como Kerby (2015) quien analiza las carreras ministeriales en Canadá o Quiroz (2015) que se enfoca en el caso estadounidense. Camerlo y Pérez-Liñán (2015) y MartinezGallardo (2014) también han utilizado análisis de supervivencia para evaluar la rotación ministerial en varios países de América Latina. b. Características y detalles del análisis de supervivencia El análisis de supervivencia se realiza con base en las técnicas descritas por Hosmer, Lemeshow y May (2008) y Singer y Willett (2003). Se estima la supervivencia de los ministros de la Concertación con curvas Kaplan-Meier y se analizan los predictores de supervivencia/riesgo con modelos de riesgos proporcionales de 92
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Cox (1972 y 1975). Para los modelos se utilizan las características individuales de los agentes, variables institucionales y eventos críticos en una lógica multinivel. Los modelos se ajustan con el método de Efron ya que el modelo clásico de Cox presenta problemas para evaluar eventos colindantes, lo que es bastante restrictivo, pues es usual observar varios eventos que ocurren al mismo tiempo (BoxSteffensmeier y Jones 2004). Esta situación aplica especialmente a la rotación ministerial. Para manejar esta restricción existen métodos que permiten aproximar el marginal exacto del logaritmo de verosimilitud, entre los cuales destacan Breslow (1974) y Efron (1977) como los más utilizados.16 En los modelos también se utiliza el estándar de diez o más EPV (events per predictor variable) lo que limita el número de covariables, pero otorga validez a los resultados (Peduzzi et al. 1995; Peduzzi et al. 1996; Vittinghoff y McCulloch 2006). Por otra parte, se revisó la no violación del supuesto de proporcionalidad que asume que el efecto de las variables tiene un patrón constante en el tiempo de análisis, lo que permite evitar sobrestimaciones de riesgo y sesgos en la supervivencia (Box-Steffensmeier y Jones 2004). Para esto se trabajó con la escala y los residuos de Schoenfeld y con la prueba de suposición de riesgos proporcionales (Grambsch y Therneau 1994). Además se realizaron pruebas y análisis bivariados para evaluar que los predictores de riesgo en los modelos no tuviesen una relación lineal para evitar colinealidad. También se trabaja con regresiones de Cox con fragilidad compartida (Cox shared-frailty model) para detectar cómo variables latentes afectan la función de supervivencia. Estos modelos son análogos a las regresiones con efectos aleatorios cuando se realiza análisis multinivel. Para el ajuste se organizan los datos en grupos y se procede a la estimación del modelo. Las observaciones de un mismo grupo comparten una debilidad theta, ϑ (Therneau y Grambsch 2000). Para la estimación se ajusta la fragilidad y luego se estima el modelo de riesgos proporcionales con el logaritmo de verosimilitud (log likelihood) ponderado por theta, cálculo que condiciona los coeficientes y los errores estándar del modelo a la debilidad que se está probando y permite evaluar si realmente es significativa. Estos modelos se utilizan para evaluar los factores institucionales y eventos críticos: ocupación de ministerio político, crisis económicas, baja aprobación presidencial, escándalos de corrupción y movilización social.
16 El primero es más rápido y directo y el segundo más exacto, sin embargo, el costo de aquella exactitud se traduce en un mayor esfuerzo de cálculo. 93
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c. Precisión de los datos y medición Se utiliza un conjunto de datos construido con fuentes de acceso público.17 Los casos del conjunto son nombramientos y no individuos, por lo cual cuando una persona fue nombrada como biministro aparece dos veces en la base de datos. Se aplica el mismo criterio para aquellos individuos que volvieron a ser ministros después de dejar el cargo.18 Esto permite realizar análisis de supervivencia con datos censurados de registro único (single-record data with right-censoring), descartando las complicaciones de utilizar registros múltiples. Tabla 1. Cantidad de ministros titulares de la Concertación Gobierno
Período
Ministros
Patricio Aylwin
1990-1994
27
Eduardo Frei
1994-2000
54
Ricardo Lagos
2000-2006
53
Michelle Bachelet
2006-2010
46 180
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010).
Se registra un fracaso cuando un ministro fue removido de su cargo, con la excepción de que abandonase el gabinete para ser candidato al congreso o asumir un puesto relevante en el comando presidencial de la coalición durante el año de elecciones programadas, o que sea inmediatamente nombrado en otro ministerio. Esto es porque difícilmente aquellas situaciones pueden ser calificadas como fracasos, todo lo contrario. Es por esto que en el análisis multinivel no se consideran variables relacionadas con el calendario electoral: aquello está considerado en la operacionalización de la variable dependiente. Por otra parte, los individuos que cesan en el cargo al terminar el mandato del presidente son tratados con censura administrativa, calificándolos como sobrevivientes. Las variables independientes utilizadas en los modelos de riesgos proporcionales de Cox corresponden a características personales de los individuos que representan diversos recursos y capitales (tabla 2). El capital político es representado por las variables militancia, experiencia en directivas de partidos
17 Biografías oficiales, datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) y revisión de prensa. 18 Este criterio hace que la cifra total difiera de la reportada por Olivares et al. (2014) quienes consideran ministros subrogantes e interinos para los gobiernos de Bachelet y Piñera. 94
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y trayectoria pública, siguiendo las ideas de Joignant (2011b; 2011c), Delamaza (2011) y González-Bustamante (2013). Los recursos técnicos se podrían revisar mediante el nivel educacional, sin embargo, la participación en organizaciones como think tanks ha operado de forma subsidiaria a la credenciales académicas (González-Bustamante 2013; Olivares et al. 2014), por lo cual se ha optado por evaluar las profesiones con mayor prestigio en el campo político, las cuales además son una buena representación de la composición profesional del círculo íntimo concertacionista (Joignant 2011c; Olivares et al. 2015). También se incluye la trayectoria social siguiendo las ideas de GonzálezBustamante (2013) y Delamaza (2011). La pertenencia al partido del presidente es una variable que emana de la corriente principal de la ciencia política y sigue lo planteado por Rehren (1992), Amorim Neto (2006) y Olivares et al. (2015). Finalmente, se utiliza el sexo y la edad como variables de control, aunque hay que tener en cuenta que el sexo afecta bastante el desarrollo de carreras políticas, tal como lo indica Alcántara (2012). Tabla 2. Variables para las regresiones de Cox para supervivencia de ministros
Variable
Operacionalización
Sexo
0 = Mujer; 1 = Hombre
Edad
Edad al momento del nombramiento
Profesión de prestigio
Abogado o economista
Militancia política
Militancia al momento del nombramiento
Partido del presidente
Militancia al momento del nombramiento
Directiva de partido
Experiencia en directiva nacional, regional o comité central
Trayectoria pública
Experiencia como congresista, jefe de gabinete/ servicio o asesor
Trayectoria social
Experiencia en ONG, sindicatos o think tanks Fuente: elaboración propia.
Para los modelos con fragilidad compartida, se incluyeron en el análisis factores institucionales y eventos críticos: desempeñarse en un ministerio político, crisis económicas, baja aprobación presidencial, escándalos de corrupción y movilización social. El tipo de ministerio fue operacionalizado siguiendo a Egaña y Chateau (2011) que distinguen carteras que cumplen funciones tradicionalmente atribuidas a los centros de gobierno: Interior, Hacienda y los ministerios encargados de la relación ejecutivo/legislativo y la vocería de gobierno (Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno en el 95
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caso chileno). Esta tipología de ministerios también concuerda con la utilizada por Joignant (2011b), sin embargo, excluye las áreas de defensa y relaciones exteriores, lo cual resulta adecuado ya que en Chile tienen un bajo nivel de rotación, por lo cual no son posiciones de riesgo. Los factores enumerados como shocks son posibles determinantes de cambios de gabinete (véase Camerlo y Pérez-Liñán 2015; Martinez-Gallardo 2014). Estas mismas variables fueron utilizadas por González-Bustamante y Olivares (2015) para evaluar las rotaciones a nivel de subsecretarios (viceministros) en Chile entre 1990 y 2014. Se consideró que un ministro estaba expuesto a la debilidad si ejerció el cargo cuando ocurrió el shock: (a) crisis económica, crisis asiática (septiembre de 1998 a diciembre de 1999) y crisis de las hipotecas subprime (octubre de 2008 a diciembre de 2009); (b) baja aprobación presidencial, inferior al 40% en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) (figura 1), umbral bajo el primer cuartil de aprobación durante los veinte años del estudio; (c) escándalos de corrupción, períodos que concuerdan con los casos indicados en el apartado de contexto y que la literatura reconoce como relevantes y con impacto mediático; y (d) movilización social, períodos que concuerdan con las protestas de estudiantes secundarios indicadas en el apartado de contexto (septiembre a octubre de 2006 y mayo a junio de 2008). Figura 1. Aprobación presidencial durante los gobiernos de la Concertación 90%
Porcentaje de aprobación
80%
70%
60%
50%
40%
Lagos
Oct-09
Jun-09
Jul-07
Jun-08
Jul-06
Dic-04
Sept-05
Dic-03
Ene-02
Dic-02
Oct-99
Nov-00
Jul-97 Frei
Jun-98
Jul-96
Jun-95
Dic-93
Oct-93
Ago-92
Aylwin
Mar-93
Jul-91
Ene-92
Jun-90
20%
Nov-90
30%
Bachelet
Nota: cálculo con base en la respuesta a la siguiente pregunta: Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como está conduciendo el presidente el gobierno? Fuente: elaboración propia a partir de base en datos de la serie de tiempo de la Encuesta CEP. 96
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4. Resultados a. Características y rotación de los ministros de la Concertación Los 180 ministros de la Concertación fueron en su mayoría militantes de los partidos de la coalición. Aylwin y Frei reservaron una amplia cuota de cargos para su partido (41% y 44% respectivamente). Este porcentaje fue menor durante los gobiernos de Lagos y Bachelet (34% y 22% respectivamente). El promedio de militantes fue de 91,7% durante todo el período, además los cuatro gobiernos tuvieron gabinetes con más del 90% de ministros militantes. Entre 1990 y 2010 el partido que tuvo más ministros fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC) (42,78%), seguido por el Partido Socialista de Chile (PS) (21,67%), el Partido por la Democracia (PDD) (21,11%), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) (5,56%) y el Partido Alianza de Centro (PAC) (0,56%).19 Por otra parte, la mayoría de los individuos que se desempeñaron como ministros no fueron líderes dentro de sus partidos, sólo un 25% de ellos tuvo experiencia en directivas de nivel nacional, regional o local. La presencia de mujeres en los gabinetes fue creciente. El gobierno de Aylwin tuvo una sola ministra, el gobierno de Frei aumentó a tres las mujeres en el gabinete. Con Lagos el avance es importante: trece de sus 53 ministros fueron mujeres. Por último, Bachelet intentó conformar gabinetes paritarios, lo que implicó tener 21 ministras de un total de 46.20 Por otra parte, los ministros de Aylwin, y parte importante de los ministros de Frei, habían desarrollado una actividad política antes del golpe de Estado en 1973. La edad promedio de los ministros de todos los gobiernos al asumir su cargo fue 51 años. En general los ministros de la Concertación fueron agentes con una trayectoria política previa relevante. Cerca del 32% tuvo vínculos comprobables con centros de estudios, por otra parte, casi la mitad de los ministros participaron en alguna organización de la sociedad civil. Aquella experiencia no aplica a materias legislativas: sólo un 11% tuvo experiencia en el congreso antes de ser ministro, lo que contrasta con el 35% que verifica una experiencia previa en el ejecutivo. El nivel de rotación y estabilidad se puede apreciar con la estimación de supervivencia con curvas Kaplan-Meier (figura 2). De inmediato se distingue la gran estabilidad del gobierno de Aylwin. El resto de los gobiernos muestran pendientes
19 En el caso del PRSD se consideró a los ministros que ejercieron durante el gobierno de Patricio Aylwin, es decir, antes de la fusión del Partido Radical con el Partido Social Demócrata que dio origen al PRSD. El PAC fue un partido de corte liberal que existió hasta 1993, sólo tuvo un ministro, un subsecretario y unos pocos cargos en el ejecutivo. Una vez disuelto, la mayoría de sus miembros se unieron a otros partidos de la Concertación. 20 Para más detalles sobre la política de paridad de Bachelet véase Franceschet y Thomas (2015). 97
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relativamente similares que se relacionan con los eventos críticos o shocks. Como ya se especificó, para evaluar si estos factores realmente son significativos e inciden en la rotación ministerial se trabaja con modelos de fragilidad compartida. Figura 2. Estimaciones de supervivencia Kaplan-Meier para ministros de la Concertación, 1990-2010
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Estimación 1990-2000
0
500
1000 1500 Analysis Time Gobierno=Aylwin
2000
Gobierno=Frei
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Estimación 2000-2010
0
500
1000 1500 Analysis Time Gobierno=Lagos
2000 Gobierno=Bachelet
Nota: la duración de los mandatos de cada gobierno es diferente. Los gobiernos de Aylwin y Bachelet duraron cuatro años. Los gobiernos de Frei y Lagos duraron seis. Por esto las curvas tienen extensiones distintas. Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010). 98
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La excepcionalidad del gobierno de Patricio Aylwin en términos de estabilidad se ratifica al evaluar las tasas de incidencia y la exposición al riesgo de rotación (tabla 3). Esto coincide con la idea de que durante el gobierno de Aylwin existió una autoridad suprapartidista y un partido transversal. Tabla 3. Riesgo, incidencia y rotación de los ministros de la Concertación Gobierno
Días en riesgo
Tasa de incidencia
Aylwin
30.254
Frei
Rotación 25%
50%
75%
0,0003
932
--
--
45.101
0,0012
263
672
1.312
Lagos
44.773
0,0011
465
667
1.104
Bachelet
31.722
0,0012
381
668
1.081
Total
151.850
0,0010
432
793
1.392
Nota: los días en riesgo se calculan con base en la cantidad de ministros de cada gobierno y su tiempo en el gabinete. La tasa de incidencia corresponde al número de nuevos casos que dejan el gabinete con base en la población en riesgo por unidad de tiempo. A mayor tasa de incidencia, mayor “mortalidad política”. Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010).
El gobierno de Patricio Aylwin rotó el 25% de su gabinete a los dos años y medio de mandato, en cambio, los otros gobiernos rotaron la mitad de su gabinete antes de cumplir los dos años. Las tasas de incidencia y rotación aumentan drásticamente después del gobierno de Aylwin. Esto coincide con el fin del partido transversal (Silva 2010 y 2011). El fin de la estructura suprapartidista se relaciona con la estrategia que utilizó Frei para conformar su gabinete. En una primera instancia invitó a líderes de los partidos de la coalición a asumir ministerios clave, sin embargo, aquello no funcionó y a los seis meses debió realizar los primeros ajustes. Desde entonces las tensiones entre políticos tradicionales y tecnócratas escalaron y surgió la pugna de las “dos almas” de la Concertación: un sector crítico que rechazaba las políticas pro-mercado implementadas y un sector que defendía los resultados obtenidos gracias al protagonismo de los elencos tecnocráticos (Silva 2010). Los technopols no recuperaron la influencia que tuvieron durante el primer gobierno concertacionista y con el paso del tiempo se volvieron menos relevantes, particularmente después de la estabilización de las relaciones cívico-militares y la aprobación de las reformas constitucionales de 2005 (Joignant 2011b). 99
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b. Modelos de riesgos proporcionales de Cox Los modelos se pueden interpretar directamente por medio de los coeficientes de riesgo (hazard ratio) (tabla 4). Cuando el coeficiente es menor a uno, la variable se configura como un predictor de supervivencia dado que disminuye el fracaso, esto se graficaría como un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Cuando el coeficiente de riesgo es mayor a uno, la variable es un factor de riesgo que Tabla 4. Modelos de riesgos proporcionales de Cox con método Efron para supervivencia de los ministros de la Concertación Variables Sexo (1 = Hombre) Edad Profesión de prestigio Militancia política Partido del presidente Directiva de partido Trayectoria pública Trayectoria social Estratificación Observaciones Prob > X2 Log likelihood PH Assumption Días en riesgo
Modelo I (1990-2010)
Modelo II (1990-2000)
Modelo III (2000-2010)
1,497 (0,404) (0,247) 1,012 (0,012) (0,010) 0,670** (-0,401) (0,182) 2,139** (0,761) (0,342) 0,805 (-0,216) (0,186) 0,720 (-0,329) (0,209) 1,005 (0,005) (0,181) 1,255 (0,227) (0,178) Gobierno 180 0,043 -449,825 0,060 151.850
19,872*** (2,989) (1,120) 1,020 (0,019) (0,016) 0,920 (-0,084) (0,301) 0,855 (-0,157) (0,535) 0,855 (-0,057) (0,292)
0,975 (-0,026) (0,256) 1,004 (0,004) (0,015) 0,579** (-0,547) (0,240) 2,752** (1,012) (0,457) 0,791 (-0,234) (0,262) 0,743 (-0,298) (0,280) 1,052 (0,051) (0,242) 1,969*** (0,678) (0,242) -99 0,046 -315,443 0,520 76.495
--0,594** (-0,520) (0,292) -81 0,010 -214,295 0,228 75.355
Nota: se indica hazard ratio, coeficientes beta y errores estándar entre paréntesis. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1 Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010). 100
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aumenta las probabilidades de fracaso en el gabinete, lo que se graficaría como un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. El modelo I (1990-2010) muestra que tener una profesión de prestigio constituye un factor de supervivencia. Además la militancia política resulta ser un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de dejar el gabinete. Si bien esto puede resultar algo contradictorio, la mayoría de los ministros sólo fueron militantes y no ejercieron cargos relevantes en sus partidos, por esos sus redes y capital político son frágiles. Por otra parte, los líderes de partido tienen capacidad de realizar conexiones dentro del campo político, lo cual resulta esencial para desarrollar influencia y para la formulación de políticas públicas. Los modelos por decenio arrojan resultados diferentes. El modelo II (1990-2000) muestra que ser hombre es un factor de riesgo, además poseer una trayectoria ligada a organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio constituye un factor de supervivencia. El resultado relacionado con el sexo no resulta sorprendente ya que en aquel período hubo muy pocas ministras, por lo cual se genera un sesgo. Por otra parte, se ratifica la importancia de las organizaciones sociales y centros de pensamiento durante la reconstrucción del campo político entre la década de 1980 y 1990, situación que se relaciona con el surgimiento de una élite tecnocrática (Delamaza 2011; Silva 2010 y 2011). El modelo III (2000-2010) muestra resultados similares al modelo I con respecto a la profesión de prestigio y militancia, pero aquí sucede algo interesante con la trayectoria social: el coeficiente de riesgo aumenta y el coeficiente beta cambia de signo. Este cambio implica que para este período, aquella variable deja de ser un predictor de supervivencia y se convierte en un factor de riesgo. Esto sucede porque la relación de los partidos con las organizaciones sociales se rompe y se vuelve distante. Es interesante constatar que si bien durante el gobierno de Bachelet la pertenencia a centros de estudios fue un factor relevante para el nombramiento en ministerios políticos y económicos, tal como indican Olivares et al. (2014), de acuerdo a los resultados de este artículo esa pertenencia constituye un riesgo para sobrevivir a las rotaciones ministeriales. Esto es consistente con lo que señala Silva (2010) sobre el debilitamiento de la alianza tácita entre Bachelet y sectores tecnocráticos producto de la desregulación del conflicto entre políticos tradicionales y tecnócratas durante aquel período. A continuación se grafican los efectos de los predictores significativos del modelo II y III (figura 3). En el modelo II la curva con mayor coeficiente de riesgo está modelada con las siguientes variables: hombre = 1; trayectoria social = 0; céteris páribus (c.p.). La curva con menor coeficiente de riesgo está modelada con las siguientes variables: mujer = 1; trayectoria social = 1; c.p. En el modelo III la curva con mayor coeficiente de riesgo está modelada de la siguiente forma: 101
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profesión de prestigio = 0; militancia = 1; trayectoria social = 1; c.p. La curva con menor coeficiente de riesgo está modelada con los siguientes factores: profesión de prestigio = 1; militancia = 0; trayectoria social = 0; c.p. Figura 3. Efectos de los predictores significativos de supervivencia/riesgo de los modelos de riesgos proporcionales de Cox
0
.2
.4
Survival
.6
.8
1
Modelo II (1990-2000)
0
500
1000 1500 Analysis Time
2000
0
.2
.4
Survival
.6
.8
1
Modelo III (2000-2010)
0
500
1000 1500 Analysis Time
2000
Nota: no se grafica el modelo I ya que es una regresión de Cox estratificada. Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010). 102
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De las variables institucionales y eventos críticos (shocks) evaluados como factores de debilidad compartida para la supervivencia ministerial (tipo de ministerio, crisis económica, baja aprobación presidencial, escándalos de corrupción y movilización social), sólo dos tienen un efecto de fragilidad significativo. En el primer decenio de los gobiernos de la Concertación las crisis económicas resultan estadísticamente significativas (Likelihood-radio test H0: ϑ = 0,029). En el segundo decenio son relevantes los escándalos de corrupción (Likelihood-radio test H0: ϑ = 0,043). c. Bondad de ajuste de los modelos de regresión Por último, se revisa la bondad de ajuste de los tres modelos de riesgos proporcionales de Cox. Para evaluar el ajuste se realiza un análisis de los residuos de Cox-Snell y se compara la función de riesgo acumulada Nelson-Aalen con la pendiente de 45 de grados de los residuos (figura 4). Figura 4. Bondad de ajuste de los modelos de riesgos proporcionales para la supervivencia de los ministros de la Concertación Modelo II
0
0
1
1
2
3
2
4
3
5
Modelo I
1
2 Cox-Snell residual
3
4
0
1
Cox-Snell residual
2
3
1
2
3
Modelo III
0
0
0
1
Cox-Snell residual
Nelson-Aalen cumulative hazard
2
3
Cox-Snell residual
Nota: se grafican función de riesgo acumulada Nelson-Aalen y residuos Cox-Snell. Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de ministros en Chile (1990-2010). 103
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En general la función de riesgo se ajusta a la pendiente en todos los modelos. Algunos presentan cierto desajuste, sin embargo, como aquello ocurre en la cola donde la estimación de la incertidumbre es mayor, se asume que no es señal de omisión de variables relevantes y que existe un buen ajuste en los modelos (Box-Steffensmeier y Jones 2004).
Rotación y supervivencia ministerial: a modo de conclusión Con base en los resultados de los modelos de riesgos proporcionales y las regresiones con fragilidad de Cox compartida se comprueban parcialmente las dos hipótesis de esta investigación. La primera hipótesis, relacionada con que las características individuales de los ministros facilitan su permanencia en el gabinete, se comprueba de forma parcial ya que no todas las características facilitan la sobrevivencia. Durante el primer decenio de la Concertación, ser mujer y provenir de organizaciones sociales son factores que aumentan las probabilidades de sobrevivir a los cambios de gabinetes. En este contexto, la variable sexo debe ser más bien interpretada como un sesgo y no una ventaja, dado el escaso número de ministras durante el período. Por otra parte, durante el segundo decenio la profesión de prestigio constituye un factor de supervivencia, sin embargo, la militancia política constituye un factor de riesgo. Si bien esto puede parecer contradictorio, se explica por la baja tasa de ministros que han ejercido cargos relevantes en sus partidos, sólo un 25%, por lo cual el simple hecho de ser militante de alguno de los partidos no constituye un factor que aumente las probabilidades de sobrevivir a los ajustes ministeriales. Además en este período provenir de organizaciones sociales se convierte en un factor de riesgo, situación que no resulta sorprendente ya que con el tiempo los partidos tomaron distancia de la sociedad civil. Por otro lado, su relación con organizaciones como los think tanks se ve marcada por una creciente tensión entre políticos tradicionales y tecnócratas (Silva 2010 y 2011). La segunda hipótesis también se comprueba parcialmente ya que no todos los factores institucionales y eventos críticos (shocks) resultan significativos para la supervivencia. Para el primer decenio son estadísticamente significativas las crisis económicas. Durante el segundo decenio resultan significativos los escándalos de corrupción. Esto concuerda con los hallazgos realizados por González-Bustamante y Olivares (2015) a nivel de subsecretarios (viceministros) en Chile durante 1990 y 2014. Es relevante destacar que los análisis descriptivos con curvas Kaplan-Meier y tasas de incidencia permiten apreciar con claridad el nivel de rotación ministerial durante el período. Además se profundiza en características de los ministros concertacionistas abordadas por Olivares et al. (2014) y Olivares et al. (2015). En este 104
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contexto, hay que considerar que existen ciertas variables que no fueron incorporadas en los modelos estadísticos por los límites propios del análisis de supervivencia, el cual impone trabajar con el supuesto de proporcionalidad que asume que el efecto de las variables debe presentar un patrón constante en el tiempo de análisis. Lo anterior no permite evaluar variables como el capital familiar que ofrece claras ventajas para emprender carreras políticas como lo ha evidenciado Joignant (2014). En este sentido, la acumulación de capital familiar responde a estrategias de reproducción social que presentan patrones que no son constantes en el tiempo, ya que su acumulación puede darse en una lógica de “contagio”. Otra limitante tiene relación con la variable profesión de prestigio. Como en este trabajo se agruparon abogados y economistas en una misma categoría, no resulta posible vislumbrar las tensiones y pugnas por el dominio del campo político entre aquellas disciplinas. Finalmente, resulta relevante destacar dos puntos relacionados con la importancia de los descubrimientos realizados. Primero, las técnicas de análisis utilizadas permiten abordar de forma apropiada el fenómeno de la rotación ministerial, lo que hace que este trabajo sea novedoso en lo que respecta al caso de estudio chileno. En este contexto, es importante destacar que las técnicas de análisis de supervivencia se han usado en relevantes estudios recientes como Kerby (2015) y Quiroz (2015). También Camerlo y Pérez-Liñán (2015) y MartinezGallardo (2014) usaron estas técnicas para analizar la rotación ministerial de forma comparada en varios países de América Latina. Además González-Bustamante y Olivares (2015) las utilizaron para analizar las subsecretarías en Chile. Segundo, los hallazgos permiten distinguir las características individuales que constituyen factores de supervivencia/riesgo durante los gobiernos de la Concertación, además con los modelos de fragilidad compartida se evidencia que las crisis económicas y los escándalos de corrupción influyen en los cambios de gabinete. Lo relevante de esto es que los resultados apuntan a un diálogo entre los estudios sobre élites políticas enfocados en las lógicas institucionales en una perspectiva sistémica y la dimensión centrada en los procesos de socialización, capitales y recursos de los individuos.
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H Bastián González-Bustamante es magíster en Ciencia Política por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor adjunto e investigador asociado en el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Además es investigador del Programa de Estudios de Gobierno de la misma casa de estudios. Su publicación más reciente es: “Servicio civil en Chile, análisis de los directivos de primer nivel jerárquico (2003-13)”. Revista de Administração Pública 50 (1), 2016. * bastian.gonzalez.b@usach.cl Alejandro Olivares es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como docente e investigador en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Entre sus publicaciones está: “Los gabinetes ministeriales en la democracia chilena post-1990: Un caso de estabilidad, continuidad histórica y negociación inter-partidaria”. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal 15 (24), 2015. * aleolivares@iap.uchile.cl
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A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010: até que ponto vai a popularização da classe política? Sergio Simoni Junior Rafael Moreira Dardaque Lucas Malta Mingardi Universidade de São Paulo (Brasil) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.05 RECIBIDO: 15 de noviembre de 2015 APROBADO: 16 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 25 de enero de 2016
O objetivo deste artigo é debater a tese da popularização do perfil social dos parlamentares brasileiros buscando ressaltar que a literatura, ao ignorar a assimetria de poder institucional entre os legisladores, pode apresentar um viés no seu diagnóstico sobre as características da representação política no Brasil. A partir da análise da distribuição temporal do perfil educacional, ocupacional e de gênero de deputados e senadores entre 1995 e 2010, conclui-se que a popularização ocorre em graus diferenciados entre os perfis, grupos parlamentares e casas legislativas. Ademais, sugere-se que, em algumas situações, seria mais adequado qualificar esses processos como propriamente uma diversificação do perfil social dos legisladores, antes que uma popularização.
RESUMO:
PALAVRAS-CHAVE: Brasil (Thesaurus) • elites políticas • popularização • recrutamento político • deputados • senadores (palavras-chave autor)
H Este artigo foi elaborado no âmbito das pesquisas do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (Brasil) sob o financiamento da Fundação KonradAdenauer. Agradecemos os comentários principalmente de José Álvaro Moisés e de Beatriz Sanchez. Somos gratos também aos participantes do Congresso “Élites y liderazgo en tiempos de cambio”, realizado na Universidade de Salamanca (Espanha), aos participantes do “1º Seminário Internacional de Ciência Política”, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), e também a Adrián Albala, Lilian Sendretti, Maurício Izumi, Fábio Lacerda e aos pareceristas anônimos da Revista. 111
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The Brazilian Parliamentary Elite from 1995 to 2010: To What Extent Has the Political Class Become Popularized? ABSTRACT: The objective of this article is to discuss the theory of popularization of the social profile of Brazilian parliamentarians, emphasizing that the literature on the subject, by ignoring the asymmetric relations of institutional power among legislators, may be biased in its diagnosis of the characteristics of political representation in Brazil. Based on an analysis of the temporal distribution of educational, occupational and gender profiles of deputies and senators between 1995 and 2010, it concludes that popularization occurs at different levels in the profiles of individual parliamentarians, parliamentary groups and legislative bodies. Furthermore, it suggests that in some situations it would be more appropriate to qualify these processes as a diversification of the social profile of legislators, rather than a popularization as such.
Brazil (Thesaurus) • political elites • popularization • political recruitment • deputies • senators (author’s keywords)
KEYWORDS:
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La élite parlamentaria brasileña de 1995 a 2010: ¿hasta dónde va la popularización de la clase política? RESUMEN: El objetivo del artículo es discutir la tesis de la popularización del perfil social de los parlamentarios brasileños buscando enfatizar que la literatura, sin tener en cuenta la asimetría de poder institucional entre los legisladores, puede tener un sesgo en su diagnóstico acerca de las características de representación política en Brasil. Desde el análisis de la distribución temporal de los perfiles educativo, ocupacional y de género de diputados y senadores entre 1995 y 2010, se concluye que la popularización se produce en distintos niveles entre los perfiles, grupos parlamentarios y órganos legislativos. Además, se sugiere que en algunas situaciones sería más apropiado calificar estos procesos como una diversificación del perfil social de los legisladores, en lugar de una popularización. PALABRAS CLAVE: Brasil (Thesaurus) • élites políticas • popularización • reclutamiento
político • diputados • senadores (palabras clave autor)
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Introdução Os padrões de recrutamento legislativo e de perfil social das elites políticas são de central importância para o funcionamento e para a qualidade de um regime democrático. Os mecanismos sociais e político-institucionais que condicionam a oferta de candidatos e as escolhas dos eleitores têm impacto direto para as configurações dos diferentes tipos de representação política presentes nas democracias contemporâneas. A literatura internacional e brasileira se atenta particularmente para o aspecto que Pitkin (1967) denominou de representação descritiva, a saber, a propriedade de semelhança ou espelhamento dos representantes quanto a características dos representados,1 concedendo atenção às clivagens sociais de determinada sociedade. Alguns autores argumentam que as características sociais dos políticos podem impactar, em maior ou menor grau, em questões como preferências e/ou perspectivas e, logo, podem afetar o resultado da política (Carnes e Lupu 2015; Sances e You 2015; Schwindt‐Bayer e Mishler 2005; Young 2000). Outros, por sua vez, apresentam a justificação normativa de que a pluralização da representação de clivagens sociais de dada sociedade em seu respectivo corpo político seria um bem em si, independentemente do seu impacto observável nas decisões políticas por trazer, por distintas razões, maior legitimidade política ao sistema como um todo (Costa e Codato 2011; Inglehart, Norris e Welzel 2002; Mansbridge 1999). A literatura sobre os Estados Unidos e, particularmente, a Europa apresenta um acúmulo de teses e evidências de longuíssimo prazo a respeito de como o recrutamento e o perfil social das elites políticas se relacionam com o desenvolvimento do sistema político, com processos de integração e mobilidade social, com as instituições eleitorais e partidárias, bem como com as preferências e as decisões políticas efetivamente tomadas (Best e Cotta 2000; Matthews 1984; Norris 1997; Putnam 1976). Uma das questões centrais no debate europeu diz respeito ao grau de homogeneização dos perfis sociais dos parlamentares, que resulta do duplo processo tanto de diminuição da frequência de políticos de origem popular quanto dos de origem abastada, acompanhada da crescente importância da profissionalização da carreira política (Best e Cotta 2000; Norris 1997). Para o caso brasileiro, uma referência atual central nesse debate são as teses de Rodrigues (2009 e 2014). Analisando o perfil social dos deputados federais eleitos no período recente, o autor defende a tese de que a continuidade
1 Evidentemente, essa posição não significa que outras dimensões da representação, como as preferências, comportamentos ou ações políticas não sejam importantes, nem uma negação de que haja certa tensão entre elas, mas apenas um foco em um aspecto teórico específico. 113
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da democracia de massas no Brasil se faz acompanhar por um processo de popularização da classe parlamentar brasileira. Depreende-se de sua argumentação que esse processo se concretizaria no longo prazo, e que, no momento atual, se manifestaria mais propriamente como uma maior penetração de políticos oriundos das classes médias em detrimento das classes tradicionais e abastadas, pois as classes populares, segundo os próprios dados apresentados pelo autor, teriam logrado apenas um pequeno aumento de sua participação no legislativo no período recente.2 Para além do debate sobre as possíveis causas da popularização, como as mudanças nas estruturas sociais e econômicas e nos pesos das forças partidáriasideológicas,3 do ponto de vista da qualidade da democracia, a tese de Rodrigues (2009 e 2014) chama atenção para o fato de que o Brasil, contrariamente às tendências europeias atuais, estaria passando por processos de democratização do acesso à arena legislativa, o que amplia as bases de representação. No entanto, sua análise, bem como outras que procuram qualificá-la ou matizá-la empírica e conceitualmente (Costa e Codato 2011 e 2013; Mucinhato 2014), padecem de uma lacuna analítica notável: não levaram em consideração as assimetrias de poder internas aos deputados e senadores. De acordo com a literatura de estudos legislativos brasileiros, o arranjo institucional do parlamento confere mais poder a certos parlamentares que a outros. Notadamente, membros da Mesa Diretora, líderes partidários e presidentes de Comissão têm maior capacidade formal de influenciar os trabalhos legislativos (Figueiredo e Limongi 1999; Lemos 2008; Moura, Freitas e Medeiros 2008; Ricci e Lemos 2004; Santos 2002). Mais do que isso, ainda que não existam mecanismos formais claros de seleção de lideranças como no caso americano (Polsby 1968), Figueiredo Filho e Silva Jr. (2012) mostram que esse grupo de políticos possui características distintas em relação ao total da Casa Legislativa. A partir dessa constatação, este artigo se propõe a debater a hipótese da popularização da classe política brasileira analisando perfis sociais de parlamentares e dividindo-os em dois grupos: o alto clero ou elite parlamentar, em
2 A definição do autor sobre o processo de popularização é a seguinte: “o recrutamento para a profissão política está se fazendo cada vez mais nas camadas médias e, em menor medida, nas classes populares” (Rodrigues 2014, 17). Ela carrega uma certa dose de ambiguidade, pois apesar de o termo se referir às classes populares, sua definição engloba também as classes médias. Neste texto, analisamos tanto processos de inclusão de políticos de perfil mais próximo das classes populares quanto processos de diversificação de elites políticas, cujo termo entendemos possa ser mais acurado para descrever certos processos de pluralização social do corpo de representantes. Adiante falaremos mais sobre essa questão. 3 Argumento semelhante para o caso uruguaio foi elaborado por Serna (2009). 114
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contraposição ao baixo clero ou parlamentares comuns (em adiante “não elite”).4 O critério metodológico que utilizamos para segmentar os legisladores entre esses grupos consiste no que Putnam (1976) denominou de positional analysis. Por esse método, a elite política é definida como aqueles que ocupam posições de poder institucional. Nossa crítica consiste em ressaltar que, ao não se diferenciar elite e não elite parlamentar, as evidências apresentadas pela tese da popularização podem estar enviesadas: de um lado, podem ter sua importância reduzida, se esse processo se restringe ao baixo clero, ou, ao contrário, essa tese pode ser fortalecida, se a popularização ocorre com mais força no grupo de parlamentares com maior poder decisório. Analisamos a diferença de distribuição dos perfis dos parlamentares em três características: i) educação, ii) profissão e iii) gênero. A análise abrange a totalidade dos deputados e senadores brasileiros entre 1995 e 2010, perfazendo um conjunto de 1731 parlamentares em quatro legislaturas. Essas variáveis são centrais para a tese da popularização pois dizem respeito a alguns dos principais atributos sociais que condicionam preferências e comportamento político. Apresentamos uma análise que cobre todo o período aqui estudado e ressalta as tendências de evolução temporal dessas características por legislatura comparando alto e baixo clero. Vale notar que nosso estudo contempla também as duas casas do Congresso Nacional, estratégia metodológica de modo geral negligenciada pela literatura,5 com o intuito de verificar se os processos ocorrem de forma diferenciada entre os grupos de parlamentares nas duas casas. Os resultados de nossas análises nos levam a uma melhor compreensão das hipóteses formuladas por Rodrigues (2009 e 2014). Em algumas dimensões e variáveis os processos de popularização foram ligeiramente mais fortes no alto clero, como no caso do crescimento de trabalhadores manuais na elite parlamentar da Câmara, ou a queda de empresários rurais no Senado, fatos que fortalecem ainda mais a importância analítica e normativa da tese da popularização. No entanto, em outras variáveis, esse processo ocorreu com maior nitidez no baixo clero, como no caso do grau de escolaridade da Câmara dos Deputados. Notamos ainda, na comparação entre as Casas Legislativas, que a Câmara Baixa apresenta de modo geral um perfil mais popular que a Alta. Do ponto de vista conceitual, chamamos atenção para o fato de que alguns fenômenos seriam melhor qualificados como consistindo propriamente em uma diversificação do perfil social dos políticos brasileiros, antes que uma 4 As expressões alto e baixo clero são recorrentes no linguajar coloquial e político brasileiro. 5 Uma exceção é Costa e Codato (2013). 115
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popularização, particularmente na questão do crescimento do número de mulheres no parlamento, notadamente no alto clero, e de representantes com cursos superiores e ocupações não tradicionais. Por diversificação, entendemos a pluralização de perfis sociais no parlamento, e não necessariamente o incremento da participação de uma classe social específica. Em que pese a necessidade de aprofundar as diferenças teóricas e empíricas entre os conceitos de popularização e diversificação, o que deve ser objeto de estudos específicos, ressaltamos aqui que ambos os processos indicam alterações nos mecanismos de funcionamento da representação política no Brasil, com impactos para a qualidade da democracia. Além desta introdução, o texto segue com a construção do problema de pesquisa por meio do debate com a literatura, a apresentação dos procedimentos metodológicos, que é seguida pela exposição e análise dos dados. Por último, apresentamos nossas considerações finais.
1. Problema de pesquisa Os estudos de Rodrigues (2009 e 2014) se inserem em um conjunto ainda pequeno, porém crescente, de teses e evidências sobre recrutamento parlamentar e carreiras políticas no Brasil, com um relevante debate entre algumas proposições e interpretações. A literatura de modo geral utiliza argumentações e variáveis tanto institucionais quanto sociológicas. Com destaque para as primeiras, Leoni, Pereira e Rennó (2004), Pereira e Rennó (2007), Samuels (2003), dentre outros, argumentam que a estrutura institucional do sistema político brasileiro incentiva políticos a buscarem determinadas estratégias e padrões de carreira nos quais é central a ocupação de posições institucionais de poder no legislativo. Em abordagem semelhante, mas que incorpora variáveis sociais, Santos (2000) compara o perfil biográfico de deputados entre 1946 e 1999 e defende a tese que as diferenças nas atribuições de poder formal no processo decisório, concedidas ao legislativo pelas Constituição de 1946 e de 1988, resultam em diferentes incentivos para os políticos buscarem a permanência de longo prazo nessa instituição. Marenco dos Santos (1997 e 2001) aprofunda esse aspecto e defende que a baixa taxa de reeleição de deputados federais indica uma baixa institucionalização do poder legislativo no Brasil. O autor procura ressaltar que as posições de comando da Câmara, a mesa diretora, os líderes partidários e os presidentes de comissões, os mesmos postos que nós estamos aqui considerando como definidores da elite parlamentar, não seriam de modo geral ocupados por indivíduos com alta experiência, o que prejudica a performance do poder legislativo no processo decisório. 116
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Ao mobilizar essa literatura, chamamos atenção para a importância concedida à divisão interna do poder legislativo na compreensão da carreira parlamentar, central no nosso argumento. A organização institucional, ao determinar uma desigualdade no poder parlamentar, impacta no funcionamento da representação política no Brasil. Para além dessa corrente de investigação que se preocupa eminentemente com questões institucionais, existem teses que mobilizam mais fortemente explicações sociológicas, que procuram verificar quais são os tipos sociais dos representantes brasileiros com o intuito de compreender o recrutamento social e político dos parlamentares, bem como sua relação com as características da sociedade. Destacamos, nessa perspectiva, além das já mencionadas teses de Rodrigues (2009 e 2014) a respeito da popularização da classe política, sua crítica e matização realizada por Costa e Codato (2011 e 2013). Esses autores, em sintonia com diagnósticos da literatura internacional, argumentam que, antes que uma popularização propriamente dita, a democracia brasileira passa por um processo de profissionalização. Ainda nessa perspectiva, as evidências de longo prazo trazidas por Mucinhato (2014) mostram que, se em algumas dimensões sociais pode-se argumentar que ocorrem processos de popularização, em outras, talvez o mais adequado seja qualificar as tendências como consistindo em uma diversificação dos perfis dos deputados federais, conceito que também utilizaremos neste texto. Metodologicamente, a literatura utiliza desenhos de pesquisa variados: algumas análises concentram-se em uma determinada característica dos parlamentares (Araújo 2009; Carneiro, Mignozzetti e Moreira 2011); outras realizaram comparações entre o perfil dos eleitos e não eleitos (Braga, Veiga e Miríade 2009; Perissinoto e Bolognesi 2010; Perissinoto e Miríade 2009); alguns estudos compararam deputados do Brasil com outros países da América do Sul (Marenco dos Santos e Serna 2007), e outros trataram especificamente do Senado brasileiro (Neiva e Izumi 2012; Lemos e Ranincheski 2008). Merece destaque os enormes esforços de coleta e análise de dados de longo prazo realizados, por exemplo, por Neiva e Izumi (2014) e Mucinhato (2014). O debate sobre a tese da popularização, para além da sua importância explicativa, tem importantes consequências para a avaliação que fazemos sobre o funcionamento da democracia brasileira, ao investigar o grau de abertura da estrutura de oportunidades sociais de participação política. Sua ancoragem normativa consiste em uma dimensão da representação política que Pitkin (1967) denomina como representação descritiva. Essa abordagem ressalta que as características sociais dos representantes têm valor normativo e faz uso de termos como semelhança e reflexão entre representantes e representados para especificar seu conceito de representação. A premissa que usualmente se faz é que, quanto mais semelhante o corpo político em relação aos representados 117
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em suas clivagens sociais, menor seria a distância dos interesses entre esses conjuntos de atores e, portanto, maior chance de se tratar de temas que realmente fossem de interesse público. Essa visão foi recentemente retomada por teóricos que advogam uma maior inclusão de minorias sociais na política e que buscam incorporar as críticas usualmente feitas contra essa literatura. Nessa linha de argumentação, Young (2000), preocupada em não cair em um simples determinismo social, distingue conceitualmente a noção de “interesses” de “opiniões” e de “perspectivas”, ao afirmar que, embora indivíduos pertencentes a certos grupos sociais não necessariamente possuam interesses ou opiniões a eles intrinsicamente ligados, suas experiências de vida e o pertencimento a esses grupos criam certas perspectivas. Estas, por sua vez, fazem com que esses indivíduos sejam mais sensíveis a certos tópicos que outros não necessariamente perceberiam e, portanto, melhor se atenderia aos interesses desses diferentes sujeitos, caso houvesse um corpo político mais pluralizado. Dessa perspectiva, a hipótese da popularização da classe legislativa brasileira poderia significar que os mecanismos de representação política da democracia brasileira estariam passando por processos de inclusão de novas demandas e perspectivas para o centro das instituições de decisão política. No entanto, tanto as análises de Rodrigues (2009 e 2014) quanto as que procuram refinar ou matizar seus achados (Costa e Codato 2011 e 2013; Mucinhato 2014) não verificam se as transformações dos perfis sociais dos políticos ocorrem da mesma forma e com mesmo padrão pelas diferentes posições institucionais que conferem assimetria de poder aos parlamentares. Como dito, a literatura sobre estudos legislativos brasileiros mostra que a organização interna do parlamento confere relevância para a Mesa Diretora, a liderança partidária e a presidência das Comissões. Ou seja, parlamentares que ocupam essa posição têm acesso a recursos institucionais que resultam em maior poder no processo legislativo. Um refinamento maior desse quadro, como apresenta Miranda (2010), mostra que existem diferenças no grau de atribuição de poderes concedidos a esses atores institucionais pelos dispositivos regimentais da Câmara e do Senado Federal. De modo geral, a Câmara Baixa apresenta uma estrutura decisória mais concentrada que a Câmara Alta. A seguir, apresentamos uma breve descrição das prerrogativas dessas instâncias de poder em ambas as casas legislativas. A Mesa Diretora, em ambas as Casas, é composta pelo presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários.6 A eleição para esses cargos é bianual e
6 Consideramos apenas os parlamentares titulares de todos os cargos aqui analisados. 118
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a reeleição imediata é impedida (exceto nos casos que se muda a legislatura). A Mesa, além de funções administrativas e financeiras, determina, em grande medida e conjuntamente com o Colégio de Líderes no caso da Câmara dos Deputados, a agenda dos trabalhos legislativos, ou seja, o tempo e o conteúdo das matérias a irem para votação. Ademais, é responsável também pela convocação e abertura das seções legislativas, distribuição dos projetos de lei às comissões e nomeação dos seus membros, apreciação de pedidos de informação, designação de relatoria no plenário, submissão de requerimento de urgência etc. Os líderes partidários, da maioria, da minoria e dos blocos partidários são eleitos pelas bancadas no início de cada legislatura, com periodicidade variável, mas de modo geral seu mandato é anual. Os líderes do governo são indicados pelo Executivo. Na Câmara dos Deputados, esses políticos compõem o Colégio de Líderes que pauta, conjuntamente com a Mesa Diretora, a agenda dos trabalhos legislativos. Na Câmara Baixa, ainda, às lideranças é facultado se pronunciar em nome da bancada em diversas instâncias, como na apresentação de requerimentos para apreciação de matérias, pedidos de destaque e apresentação de emendas. No Senado Federal, por sua vez, as atribuições dos líderes são reduzidas, mas eles detêm, dentre outros, o poder formal para requerer a inclusão de matérias e a discussão de proposições. Outra instância de deliberação importante do Congresso Nacional são as Comissões Permanentes. Os presidentes dessas comissões são os responsáveis por guiar os trabalhos nessas instâncias de atividades legislativas. A eles cabem a organização da apreciação das matérias, a escolha do relator e a organização de audiências públicas. Sua eleição é anual, impedida a reeleição imediata, exceto nos anos de mudança de legislatura. Por essas atribuições e capacidades, consideramos que os ocupantes desses cargos detêm maior influência e, logo, mais poder em relação aos outros membros do parlamento. A maior assimetria entre elite e não elite na Câmara em comparação com o Senado nos permite ainda uma maior variação para verificar tendências diversas do processo de popularização. Finalmente, uma pequena ressalva. Sabemos que existe um conjunto de parlamentares que, mesmo não ocupando posição institucional, detém poder de influência nos trabalhos legislativos devido a outros atributos.7 Nosso critério, portanto, não cobre esse grupo de políticos. No entanto, devido às
7 Ou mesmo ocupando outras posições institucionais que possuem certa relevância, ainda que menor, como relatoria de projetos importantes ou presidência e relatoria de comissões provisórias de impacto. 119
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dificuldades do estabelecimento de critérios objetivos de mensuração desses parlamentares,8 preferimos nos ater aos aspectos institucionais formais, para os quais há informações disponíveis.
2. Aspectos metodológicos Várias fontes de dados foram utilizadas pela literatura para mensurar a morfologia social dos parlamentares brasileiros. Destacam-se as informações disponibilizadas por meio dos sites das casas legislativas e das páginas pessoais dos parlamentares, aquelas fornecidas pelos políticos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando da inscrição de sua candidatura, os documentos oficiais elaborados pela Câmara e Senado, o Dicionário Histórico-bibliográfico Brasileiro ou relatórios elaborados por consultorias e sindicatos dedicados ao acompanhamento do processo legislativo.9 Cada uma dessas fontes permite determinados caminhos analíticos e dificulta outros. Para o propósito do presente artigo, procuramos utilizar fonte primária de dados e criar categorias que mais se aproximam das utilizadas por outros autores com os quais dialogamos, como Rodrigues (2009 e 2014), Mucinhato (2014) e Costa e Codato (2011 e 2013). Assim, para o caso da Câmara dos Deputados, utilizamos uma série de informações que nos foram fornecidas pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Cedi), que, por sua vez, servem como base para as publicações Repertórios biográficos dos Deputados Brasileiros, editados pela Câmara a cada legislatura. No que se refere ao Senado Federal, as informações foram coletadas nos perfis biográficos de cada parlamentar constantes no site do Senado Federal.1 0 O período de análise cobre as legislaturas 50ª a 53ª, ou seja, as que ocorreram em 1995-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010, que coincidiram com os dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso e as duas que coincidiram com os de Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, iniciamos nosso estudo a partir do estabelecimento da bipolaridade do quadro partidário nacional brasileiro entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), e abarcamos, em igual número de mandatos, os períodos de
8 Por exemplo, não é claro o critério objetivo utilizado por Messenberg (2007) para definir a elite parlamentar brasileira. 9 Como o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), por meio dos relatórios “Os Cabeças do Congresso” e a Arko Advice, com “A elite parlamentar no Congresso Nacional”. Para este último, ver Aragão (2007). 10 Agradecemos a Maurício Izumi por nos fornecer parte das informações referentes ao perfil biográfico dos senadores. 120
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governo desses dois partidos.11 As variáveis sociais que analisamos são o perfil educacional, a ocupação prévia à entrada no mundo político e o gênero.12 O perfil educacional se subdivide em três aspectos: o grau de escolaridade, o curso de formação e o caráter da instituição de ensino superior ou técnico (pública, privada ou privada conceituada)13 para o caso dos deputados e senadores com ensino superior ou técnico completo ou incompleto. Essas variáveis são de importância crucial para o estudo da hipótese da popularização. Nas formulações originais de Rodrigues (2009 e 2014), uma das características desse processo era a retraída da participação de empresários, especialmente aqueles ligados ao mundo agrário, conjugada com o aumento de trabalhadores manuais, pastores, professores e comunicadores, que tendem a apresentar um patrimônio inferior aos demais legisladores. Adicionalmente à categoria ocupacional, a formação educacional é um dos principais determinantes do status social de um indivíduo e, por isso, sua inclusão na análise é relevante. Por último, a desigualdade na distribuição de gênero no parlamento brasileiro consiste em um dos principais processos de desigualdade política da sociedade brasileira. Todas as informações a respeito do perfil dos parlamentares aqui apresentadas são autodeclaradas, ou seja, os dados se baseiam nas informações que os próprios políticos forneceram à Câmara dos Deputados e ao Senado quando da sua posse em cada legislatura. Procedemos a um minucioso processo de
11 Como nosso artigo não tem um objetivo propriamente de explicar os padrões e as tendências observados, não submetemos a teste a hipótese de que a mudança de governos e variações nas forças partidárias estariam relacionadas à mudança de tipos de representantes eleitos (ver Borsani [2015] para um tratamento preliminar dessa questão). Embora sejam questões importantes, por questão de recorte de pesquisa terão de ser tratadas em um momento futuro. 12 Optamos por não incluir a variável patrimônio dos políticos, tal como fornecida pelo TSE, pois ela tende a apresentar consideráveis erros de medida. Já quanto às informações acerca da carreira política, embora importantes e presentes em parte da literatura, não foram incluídas pois dizem respeito mais propriamente a um debate sobre determinantes da reeleição ou institucionalização do poder legislativo, tópicos correlatos, mas não centrais para nossa questão de pesquisa. Sabemos também que outra variável importante para o estudo da diversificação do perfil dos parlamentares seria a distribuição das diferentes preferências religiosas no Congresso. Porém, dada a falta de informação a respeito dessa característica para o caso do Senado, não pudemos incorporar essa dimensão ao artigo. Sobre a distribuição das preferências religiosas especificamente na Câmara dos Deputados para o período de 1986 a 2012, ver Mucinhato (2014). 13 No sistema educacional superior brasileiro, as universidades públicas, são, de modo geral, mais valorizadas que as privadas. No entanto, algumas privadas se destacam por seu nível elevado, de modo que optamos por discriminá-las em nosso banco. Aquelas que consideramos universidades privadas conceituadas são: a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica (PUC), Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Educacional Inaciana “Padre Saboia de Medeiros” (FEI). Além disso, alguns políticos estudaram em notórias universidades privadas estrangeiras e também as consideramos como pertencentes à categoria “universidades privadas conceituadas”: Bradley University, Cornell University e Harvard University. 121
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checagem das informações ocupacionais dos parlamentares com outras fontes14 para minimizar o fato de que alguns poderiam declarar profissões habilitadas por suas formações educacionais, mas que eles de fato nunca exerceram. Dessa forma, conseguimos traçar um perfil o mais preciso possível para cada um dos deputados e senadores brasileiros. Após essa verificação, elaboramos uma padronização da informação primária referente à escolaridade e à profissão, haja visto tanto a multiplicidade de respostas que cada parlamentar forneceu quanto nosso propósito de criar categorias analíticas capazes de dialogar com outros estudos. Assim, para o caso das profissões, agregamos as declarações dos políticos nas seguintes categorias: empresário urbano, empresário rural, profissional liberal tradicional, advogado, administrador, servidor público, economista, professor, comunicador, pastor, trabalhador manual e outros. Dada a importância teórica e relevância estatística particular dos advogados (Putnam 1976; Rodrigues 2009), consideramo-los uma categoria à parte e definimos os profissionais liberais tradicionais como médicos e engenheiros. Os servidores públicos englobam tanto os funcionários do Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto os policiais e os militares; em comunicadores, estão jornalistas, radialistas e pessoas ligadas ao entretenimento. Os trabalhadores manuais são constituídos por indivíduos que se ocupavam de atividades manuais tanto em meio urbano, como metalúrgicos, quanto no meio rural, como lavradores. A categoria “outros” é composta por profissões que não têm relevância quantitativa isoladamente e também não são centrais na literatura sobre perfil dos políticos no Brasil, como veterinários, arquitetos, dentistas, etc. No entanto, sua análise pode revelar se existem processos de diversificação da formação ocupacional dos representantes para além da popularização, o que revelaria novos “caminhos sociais” de acesso ao parlamento brasileiro. Essas categorias ocupacionais, por serem uma proxy da origem e inserção na estrutura social dos políticos, nos permitem verificar a hipótese da popularização. É importante, no entanto, ressaltar que existe uma grande variação interna às profissões. Por exemplo, os empresários são de todo tipo, de microempresários até grandes empreendedores; os professores podem se referir a pessoas que ministram aulas desde o Ensino Básico ao Ensino Superior e assim por diante nas demais categorias. Apesar de essas diferenças internas poderem suscitar debates interessantes, daremos preferência a comparações entre categorias profissionais mais abrangentes. 14 Consultamos o site do TSE, o site pessoal de cada parlamentar e o Dicionário Históricobibliográfico Brasileiro. 122
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Um aspecto que deve ser notado se refere a que não consideramos a categoria “político profissional” na nossa análise. Tal decisão foi feita baseada em diferentes motivos. Primeiro, como o aspecto central de nossa pesquisa é comparar distintas origens sociais dos representantes, tal categoria pouco enriqueceria nossas análises. Além disso, verificamos que praticamente todos os legisladores chegaram de fato a exercer alguma profissão prévia à entrada no mundo político, o que indica que, mesmo a hipótese de viés da análise, por essa nossa opção analítica, seria minimizada. Por fim, cabe-se a ressalva de que a inclusão da profissão “político” não deixa de passar por controvérsias, pois muitas vezes tal categoria acaba sendo incluída ou excluída a depender da própria origem dos dados: enquanto essa variável é expressa nos bancos de dados do TSE, tais dados não constam nas declarações de ocupação dos representantes às suas respectivas casas legislativas.15 Para a variável curso superior, procedemos a uma categorização das respostas fornecidas pelos parlamentares da seguinte forma: direito, medicina, administração e administração pública, economia, engenharia e outros.16 O critério para definição dessas variáveis é a possibilidade de comparação com demais estudos da literatura. Todos os cursos que destacamos são tradicionais no Brasil; no entanto, não é evidente a associação e as hierarquias entre cursos superiores e o status social do indivíduo. Nossa análise nesse caso estará centrada em debater teses correlatas à popularização sobre recrutamento parlamentar, como o declínio da importância dos bacharéis em direito notada tanto pela literatura internacional (Best e Cotta 2000) quanto nacional (Mucinhato 2014), e a importância de engenheiros (Santos 2000) e de economistas (Neiva e Izumi 2012) para o caso brasileiro. Nosso interesse também se volta para o comportamento da variável “outros”, que, assim como no caso da profissão, pode indicar uma diversificação do perfil social dos parlamentares. Diferentemente da grande maioria de outros estudos, os políticos que nos serviram como base de comparação, tanto para a Câmara quanto para o Senado, são todos aqueles que em algum momento participaram das referidas legislaturas, e não apenas aqueles que tomaram posse após as eleições. Adotamos esse critério pois nossa preocupação é com as características da representação política descritiva do sistema político brasileiro. Como os suplentes que assumiram mandato se
15 Cabe notar de passagem, pois isso merece maior aprofundamento em outra oportunidade, que parte da divergência entre as teses da popularização e da profissionalização dos políticos pode ser devido, em parte, a propriamente essa divergência de classificação dos distintos órgãos governamentais brasileiros. 16 Como exemplo da categoria “outros”, tem-se História, Letras, Matemática, Biologia dentre outros cursos. 123
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tornam representantes, seja temporariamente durante a ausência de um titular, seja assumindo efetivamente por conta de afastamento ou cassação de outro parlamentar, eles fazem parte da nossa análise. Nesse sentido, elaboramos uma radiografia ampla e minuciosa de todos os representantes do legislativo brasileiro entre 1995 e 2010. Por fim, para identificar quais são os deputados e senadores que se enquadram no que chamamos de alto clero ou elite parlamentar do Congresso Nacional utilizamos as publicações dos Anais da Câmara e do Senado.17 Nesses documentos encontram-se os nomes dos deputados e senadores que foram os membros titulares da Mesa Diretora da Câmara, que foram líderes de suas bancadas partidárias, líderes do governo, da maioria, minoria e dos blocos partidários, e também aqueles que foram presidentes das Comissões Temáticas permanentes.
3. Análise dos dados Estiveram em disputa 2052 vagas para a Câmara dos Deputados e 324 para o Senado Federal entre as 50ª e 53ª legislaturas (513 cadeiras na Câmara e 81 no Senado para cada uma das quatro legislaturas). As 2052 vagas da Câmara foram ocupadas por 1441 deputados diferentes, entre eleitos e suplentes que chegaram a assumir durante o período. Com relação ao Senado, as 324 cadeiras foram ocupadas por 290 representantes. No total, temos então 1731 parlamentares em nosso universo de dados. Desse conjunto, 342 deputados e 124 senadores em algum momento pertenceram ao alto clero do Congresso Nacional, o que representa 27% do total de congressistas. Em cada uma das legislaturas analisadas, o número de deputados federais desse grupo foi o seguinte: 98, 100, 126, 125, respectivamente na 50ª, 51ª, 52ª e 53ª legislatura. Por sua vez, o número de senadores da elite parlamentar foi 40, 48, 48, 56, respectivamente.18 Como se pode notar, a soma do número de parlamentares na elite por legislatura é maior que o número geral de parlamentares que pertencem a essa categoria, o que mostra que muitos legisladores foram da elite em mais de uma legislatura. Além disso, existem diferenças entre as casas legislativas: dos políticos que passaram pela Câmara dos Deputados, 76,27% não
17 Disponíveis on-line em: http://imagem.camara.gov.br/pesquisa_diario_basica.asp e http://legis. senado.gov.br/diarios/PublicacoesOficiais, respectivamente. 18 O aumento do número de parlamentares classificados como sendo da elite se deve a dois fatores: primeiramente, o aumento do número de Comissões Temáticas, o que, por consequência, aumenta o número de presidentes das Comissões; o segundo fator trata-se do aumento do número de partidos representados no Congresso, que, por sua vez, gera um maior número de líderes partidários.
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A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
foram parte da elite parlamentar sequer uma vez; 17,56% foram ao menos uma vez; 5,0% foram duas vezes; 1,11% foram parte da elite por três vezes e 0,07% pertenceu à elite durante todo o período estudado.19 Já quanto ao Senado, vemos um aspecto mais homogêneo: 57,24% nunca foram parte da elite; 25,17% foram uma vez; 13,10% foram parte por duas vezes; 3,10% formaram a elite por três vezes e 1,38% cobriram quatro legislaturas, ou todo o período por nós analisado. O nosso modelo de análise consiste em verificar diferenças de magnitude e temporais na distribuição das variáveis educacionais, ocupacionais e de gênero dos parlamentares entre a clivagem elite e não elite, tanto na Câmara como no Senado, tendo por foco hipóteses derivadas da tese da popularização. Na nossa análise, chamaremos também atenção para uma hipótese correlata, embora teoricamente distinta: a diversificação do perfil social dos representantes. Além disso, é importante relembrar que as disposições regimentais configuram uma maior assimetria formal entre alto e baixo clero na Câmara em comparação com as relações internas no Senado, o que permite uma maior variação de hierarquias de poder para análise do processo de popularização. No caso da distribuição educacional, entendemos que a hipótese da popularização implicaria (H1) um aumento de parlamentares com grau educacional inferior a superior completo e, entre os legisladores com ensino superior ou técnico completo ou incompleto, um (H1b) aumento na frequência de instituições privadas não conceituadas. A hipótese da diversificação (H1c) é fortalecida no caso da elevação da importância de áreas de formação não tradicionais, reunidas na categoria “outros”. No caso do perfil profissional, a tese da popularização implicaria (H2) uma elevação de trabalhadores manuais, pastores, professores e comunicadores, e queda de empresários, principalmente os empresários rurais. A hipótese (H2b) da diversificação, assim como no caso da área de formação, significa um aumento na porcentagem de ocupações não especificadas. Por sua vez, na distribuição de gênero, entendemos que (H3) um aumento no número de mulheres também indicaria mais propriamente uma diversificação que uma popularização. a. Perfil educacional A primeira característica considerada em nossa análise dos deputados federais e senadores foi o seu perfil educacional. Essa dimensão se subdivide em três aspectos: grau de escolaridade, o curso de formação e o caráter da instituição de ensino superior ou técnico (se pública, privada ou privada conceituada) para o caso dos parlamentares com ensino superior ou técnico completo ou incompleto. 19 Trata-se do deputado pernambucano Inocêncio Oliveira.
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A seguir, apresentamos a distribuição nas quatro legislaturas da variável grau de escolaridade agregada em três grupos: ensino superior completo, ensino superior incompleto e outros (que engloba todas as outras possibilidades de resposta, como ensino médio completo e ensino fundamental incompleto, por exemplo). Gráfico 1. Grau de escolaridade do alto e baixo clero da Câmara dos Deputados por legislatura (1995-2010) — % sobre total de parlamentares 100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
50ª Leg 51ª Leg 52ª Leg 53ª Leg Elite
0%
Superior Completo Superior Incompleto Outros
50ª Leg 51ª Leg 52ª Leg 53ª Leg Não Elite
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo Cedi.
Gráfico 2. Grau de escolaridade do alto e baixo clero do Senado Federal por legislatura (1995-2010) — % sobre total de parlamentares 100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
Superior Completo
40%
40%
Superior Incompleto
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg Elite
53ª Leg
0%
Outros
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite
Fonte: elaboração própria a partir do cruzamento de informações cedidas por Neiva e Izumi (2014) com informações coletadas no site oficial do Senado (http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/) 126
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
É nítido que parlamentares com ensino superior completo são amplamente majoritários em ambos os grupos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Além disso, enquanto na Câmara a proporção de parlamentares desse nível educacional é similar entre alto e baixo clero, no Senado há uma diferença maior entre os dois grupos, com 13 pontos percentuais a mais de parlamentares com ensino superior completo na sua elite parlamentar considerando todo o período de análise. Na Câmara Baixa, parlamentares com ensino superior completo apenas não atingiram mais de 80% na elite da 51ª legislatura. Por sua vez, deputados com escolaridade menor que superior incompleto (os “outros”) atingiram sua maior proporção na não elite da 50ª legislatura. Refinamos aqui a análise de Mucinhato (2014) mostrando que ocorre uma leve tendência de crescimento de parlamentares com superior incompleto principalmente na não elite e, em menor medida, na elite. Na última legislatura estudada, deputados com esse nível de escolaridade ultrapassaram 9% em ambos os grupos. Ou seja, na Câmara dos Deputados, observou-se, no período estudado, uma pequena tendência de popularização. Com relação ao Senado, o gráfico 2 mostra que a porcentagem de parlamentares com ensino superior completo na elite da Casa se mantém estável ao longo do período, com um leve crescimento na categoria não elite, de 82% para 87%. Isso significa que, na Câmara Alta, as alterações no grau de escolaridade dos representantes brasileiros entre 1995 e 2010 foram no sentido contrário à popularização. Assim, a hipótese H1 levantada acima se aplica apenas, e ainda fracamente, a não elite da Câmara dos Deputados. Dentre os deputados e senadores com ensino superior completo ou incompleto e ensino técnico completo ou incompleto, analisamos os seus respectivos cursos de formação. Nessa variável, nosso interesse consiste em verificar tendências de diversificação do perfil social dos parlamentares. Abaixo, nos gráficos 3 e 4, apresentamos a tendência temporal dos cinco cursos com maiores frequências. Como cada político poder ter completado ou iniciado mais de um curso, as somas ultrapassam 100%. Inicialmente, é importante ressaltar que a distribuição das profissões na Câmara e no Senado guarda certas semelhanças. De modo geral, no alto clero de ambas as casas se encontram mais legisladores dos cursos de direito, economia e engenharia (aqui englobando todas as suas subáreas) do que no baixo clero. Por sua vez, políticos que iniciaram ou concluíram o curso de administração e medicina não exibem um padrão claro entre os grupos de parlamentares.
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Gráfico 3. Cursos superiores e técnicos frequentados pelo alto e baixo clero da Câmara dos Deputados por legislatura (1995-2010) — % sobre total de cursos
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Direito
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Adm e Adm Pública
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Engenharias
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Medicina
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
Economia
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Outros
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
Não Elite Elite
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo Cedi.
128
53ª Leg
53ª Leg
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
Gráfico 4. Cursos superiores e técnicos frequentados pelo alto e baixo clero do Senado Federal por legislatura (1995-2010) — % sobre total de cursos
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Direito
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Adm e Adm Pública
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Engenharias
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Medicina
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Economia
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Outros
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite Elite
Fonte: elaboração própria a partir do cruzamento de informações cedidas por Neiva e Izumi (2014) com informações coletadas no site oficial do Senado (http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/)
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Cabe aqui tecer alguns comentários acerca da presença maior da área do direito, da economia e da engenharia no alto clero tanto da Câmara quanto do Senado. A primeira área de formação é tradicionalmente aquela que mais se faz presente nos parlamentos ao redor do mundo (Best e Cotta 2000), e os dados aqui apresentados mostram que, no caso brasileiro de 1995 a 2010, isso é ainda mais notável na elite parlamentar do Poder Legislativo. Já as informações sobre a área da economia ecoam e reforçam os dados de Neiva e Izumi (2012) sobre a formação educacional dos senadores brasileiros, ao notar sua presença no grupo mais influente das Casas Legislativas. Os engenheiros, por seu turno, conforme cita Santos (2000), apresentaram maior entrada no poder legislativo durante a Ditadura Militar, e os nossos dados, ao indicarem sua maior inserção na elite do Congresso, ressaltam que sua importância no processo decisório continua durante o regime democrático. Salta aos olhos a magnitude da presença de “outros” cursos tanto no Senado quanto, e principalmente, na Câmara: em ambos os casos, essa categoria residual, que reúne as áreas de formação menos tradicionais, constituem-se, de modo geral, no segundo maior grupo de formação educacional dos representantes brasileiros. A segmentação entre alto e baixo clero revela que, entre os deputados, os “outros” se destacam principalmente no baixo clero, enquanto no Senado não existe um padrão claro dessa categoria entre os dois grupos de parlamentares. Isso mostra, ainda que de maneira não cabal, que os parlamentares que não ocupam posições de comando na Câmara Baixa apresentam um perfil social mais diversificado, com maior tendência a terem cursado áreas de formação que não são as mais tradicionais, em comparação com os demais legisladores. Quando observamos a tendência temporal dos cursos nos gráficos 3 e 4, observamos padrões relevantes. Se deputados e senadores formados em direito se destacam na informação agregada, em uma análise temporal, nota-se uma queda de sua frequência no legislativo brasileiro, particularmente no baixo clero do Senado, quando passam de 42% para 22%, mas também na sua elite e no baixo clero da Câmara dos Deputados. Já os políticos com formação em economia apresentam uma queda da elite da Câmara ao cair de 18% para 10%. Os legisladores com “outras” formações, por sua vez, aumentaram no alto clero dos deputados e em ambos os grupos de parlamentares no Senado. As demais áreas apresentam, de modo geral, tendências temporais menos acentuadas. Em síntese, observamos que parlamentares com formação em direito apresentam uma tendência de queda em sua proeminência tanto quantitativa como qualitativa; economistas têm sua participação reduzida na elite e outras ocupações não especificadas crescem. Em conjunto, e minimizando os detalhes de cada distribuição, podemos dizer que existe uma tendência de diversificação da área de formação do legislador brasileiro, o que fortalece a hipótese H1c. 130
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
Por fim, analisamos se a instituição de ensino superior ou técnico cursada pelos Deputados Federais e Senadores da elite e não elite era de caráter público, privado ou privado conceituado. Como mostram os gráficos 5 e 6, mais uma vez existem semelhanças no padrão encontrado na Câmara e no Senado. A elite parlamentar das duas Casas tem uma clara tendência a estudar em instituições públicas ou em instituições privadas conceituadas. Quase 80% e 90% dos cursos de ingresso de deputados federais e dos senadores, respectivamente, que ocuparam cargos institucionais relevantes, foram em instituições que se encaixam nessas categorias.20 Porém, enquanto no conjunto dos deputados que não fazem parte da elite observa-se uma certa equivalência na frequência entre instituições pública e privadas (somando-se as conceituadas com as não conceituadas),21 nos senadores há uma supremacia de “ex-alunos” de instituições públicas também na categoria não elite. Além disso, saltam aos olhos as diferenças na magnitude de importância de universidades privadas não conceituadas: elas são muito mais importantes na Câmara Baixa que na Alta. Gráfico 5. Caráter da instituição de ensino frequentada pelo alto e baixo clero da Câmara dos Deputados (1995-2010) — % sobre total de cursos 140%
140%
120%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg Elite
53ª Leg
0%
Privada Privada Conceituada Pública
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo Cedi. 20 As cinco instituições que mais “formaram” deputados federais pertencentes à elite parlamentar foram, pela ordem, Universidade Federal da Bahia UFBA (5,21%), Universidade Federal de Minas Gerais UFMG (4,96%), Universidade de São Paulo USP (4,71%), Universidade Federal de Pernambuco UFPE (3,47%) e Universidade Federal do Pará UFPA (3,47%). Por sua vez, no Senado, foram: UFPA (6,52%), Universidade Federal do Amazonas UFAM (4,35%), Universidade Federal de Goiás UFG (4,35%), Universidade Federal do Paraná UFPR (4,35%) e UFPE (3,62%). 21 Por sua vez, as cinco instituições que mais “formaram” deputados federais que não fazem parte da elite da Câmara foram: USP (2,39%), UFPE (2,23%), Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ (2,23%), UFBA (2,23%) e UFMG (2,15%). Quanto ao Senado, foram: UFPA (5,63%), Centro Universitário de Brasília UniCEUB (4,93%), UFRJ (4,93%), UFPE (4,23%) e Fundação Getúlio Vargas FGV (4,23%). 131
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 111-145
Gráfico 6. Caráter da instituição de ensino frequentada pelo alto e baixo clero do Senado Federal (1995-2010) — % sobre total de cursos 140%
140%
120%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg Elite
53ª Leg
0%
Privada Privada Conceituada Pública
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite
Fonte: elaboração própria a partir do cruzamento de informações cedidas por Neiva e Izumi (2014) com informações coletadas no site oficial do Senado (http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/)
Observando esses dados temporalmente, nota-se que as escolas privadas, conceituadas ou não, têm uma leve tendência de aumento de sua participação na elite e no baixo clero da Câmara dos Deputados. Neste último grupo, inclusive, pela primeira vez são maioria na última legislatura estudada. Assim, com relação a esse aspecto, existem evidências de um processo, ainda que discreto, de popularização ocorrendo tanto na elite quanto no baixo clero parlamentar da Câmara, conforme a H1b. Por sua vez, os dados referentes ao Senado apresentam tendências diferentes. Na sua elite, o número de “ex-alunos” de universidades públicas e privadas conceituadas tem uma tendência instável, de subidas e descidas, enquanto observa-se um crescimento de universidades privadas não conceituadas. Com relação ao baixo clero do Senado, o movimento que se destaca é o crescimento dos legisladores que passaram em instituições privadas conceituadas, em detrimento das universidades públicas. Como síntese da análise sobre o perfil educacional, podemos dizer que encontramos algumas tendências similares entre o perfil do baixo e alto clero de Deputados Federais e Senadores. A elite parlamentar do Congresso tende a possuir um nível de escolaridade maior que o baixo clero, em estudar em universidades públicas e em privadas conceituadas, ainda que nesses dois quesitos as diferenças sejam mais marcantes no Senado que na Câmara, e a estudar na área de direito, economia e engenharia.
132
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
No entanto, as tendências temporais dessas variáveis mostram que os processos de popularização e diversificação dos perfis sociais, grosso modo, ocorrem com uma tendência levemente maior na Câmara dos Deputados que no Senado, e no baixo clero que no alto clero. Dessa forma, a inclusão dessa clivagem de poder entre os parlamentares, bem como a análise conjunta de Câmara Alta e Baixa, revela-se analiticamente importante para nuançar a compreensão que temos sobre o processo de popularização da representação no Brasil. b. Perfil profissional A segunda dimensão a ser considerada é o perfil profissional dos deputados federais e senadores. Esta é uma das principais referências para o debate sobre popularização da classe política brasileira e também uma referência central na literatura internacional (Carnes e Lupu 2015). Segundo Rodrigues (2009 e 2014), o número de empresários, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, passa por um processo de diminuição na frequência na Câmara dos Deputados, o que se reverteria, de um lado, em uma diversificação ocupacional de modo geral e, de outro, a um aumento específico no número de trabalhadores manuais, pastores, professores e comunicadores. Por sua vez, os estudos relacionados a esse aspecto sobre o Senado apontam que essas tendências seriam mais matizadas na Câmara Alta (Costa e Codato 2013). De modo a analisar em que medida esse processo ressaltado pela literatura também ocorre no alto clero das duas Casas, mostramos nos gráficos 7 e 8 as onze categorias profissionais cujas composições foram expostas anteriormente.22 Inicialmente, nota-se a razoável diversidade das formações ocupacionais dos representantes brasileiros. No entanto, empresários urbanos, profissionais liberais, advogados e professores se destacam sejam entre deputados, sejam entre senadores. Os servidores públicos logram maior relevância na Câmara, e os economistas, no Senado. Entretanto, três profissões centrais para o debate de popularização têm penetração diferenciada entre as casas: a Câmara Baixa é mais aberta para trabalhadores manuais e pastores, e o Senado Federal, para os comunicadores. Mais do que isso, as linhas que mostram a distribuição das ocupações por grupos de poder parlamentar mostram que, enquanto os primeiros estão mais presentes no baixo clero dos deputados, os segundos se encontram predominantemente no alto clero da Câmara Alta.
22 Cabe ressaltar que cada parlamentar poderia indicar mais de uma profissão, por isso a soma das frequências ultrapassa 100%. 133
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Gráfico 7. Profissão prévia à política do alto e baixo clero da Câmara dos Deputados por legislatura (1995 a 2010) Empresário Urbano
Empresário Rural
35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
53ª Leg
Advogado
Profissional Liberal 35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Servidor Público
Administrador 35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
5% 0%
50ª Leg
Economista
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Professor
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
52ª Leg
35% 30% 25% 20% 15% 10% 50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
5% 0%
Não Elite Elite
134
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi Pastor
Comunicador 35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
51ª Leg
50ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
51ª Leg
52ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Outros
Trabalhador Manual 35% 30% 25% 20% 15% 10% 50ª Leg
50ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite Elite
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo Cedi.
Gráfico 8. Profissão prévia à política do alto e baixo clero do Senado Federal por legislatura (1995 a 2010) Empresário Urbano
Empresário Rural
35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
Profissional Liberal
53ª Leg
Advogado
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
52ª Leg
35% 30% 25% 20% 15% 10% 50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite Elite
135
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 111-145 Administrador
Servidor Público
35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
Economista
53ª Leg
Professor
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
52ª Leg
35% 30% 25% 20% 15% 10% 50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
5% 0%
50ª Leg
51ª Leg
35% 30% 25% 20% 15% 10%
35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
Trabalhador Manual 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
5% 0%
51ª Leg
52ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Outros
35% 30% 25% 20% 15% 10% 50ª Leg
53ª Leg
Pastor
Comunicador
50ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
50ª Leg
51ª Leg
52ª Leg
53ª Leg
Não Elite Elite
Fonte: elaboração própria a partir do cruzamento de informações cedidas por Neiva e Izumi (2014) com informações coletadas no site oficial do Senado (http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/)
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A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
Ainda em observações sobre as profissões vinculadas à tese da popularização, nota-se que o grupo de legisladores com menor poder decisório abarca mais os empresários urbanos, principalmente no Senado, e professores se encontram mais no alto clero das duas Casas. Já os empresários rurais não se diferenciam de forma significativa entre os grupos, enquanto a categoria residual “outros”, por seu turno, é majoritária na não elite parlamentar, de modo geral. Na Câmara Alta, ao contrário da Câmara dos Deputados, a elite parlamentar abarca uma proporção maior de políticos oriundos de setores ocupacionais mais populares em comparação com a não elite. No entanto, considerando o conjunto do plenário das Casas Legislativas, nota-se que trabalhadores manuais e pastores se encontram em menor número no Senado, o que indica que, no geral, essa Casa seria menos aberta à inclusão de setores oriundos de status social mais rebaixados. A distribuição temporal mostra movimentos analiticamente relevantes. Com relação aos trabalhadores manuais, na elite dos deputados observa-se um pequeno aumento no decorrer das legislaturas, de 4,08% para 6,4%, ao passo que no baixo clero ocorreu um processo de quedas e subidas: 5,9%, 4,8%, 8,8% e, finalmente, 7,8%. Dentro desse grupo, ademais, os empresários rurais e urbanos mantiveram-se relativamente estáveis. Porém, no grupo com maior poder formal dos deputados, os primeiros assistiram a uma queda considerável, passando de 10% para 6%, enquanto os segundos passaram por um movimento errático. Logo, nessas quatro categorias centrais para a tese da popularização, vemos que os movimentos no interior da elite parlamentar são mais elásticos que na Câmara como um todo, com tendência para popularização. Uma pequena exceção é o grupo de pastores, que apresentam um incremento e uma variação um pouco maior na não elite, mas de magnitude desprezível. No que diz respeito às outras profissões, destacam-se na elite parlamentar o forte crescimento, ainda que não linear, de profissionais liberais tradicionais —médicos e engenheiros (de 18,3% na 50ª legislatura para 25,6% na 53ª)—, a queda dos advogados (de 27,5% para 22,4%) e economistas (de 11% para 7%), e a fortíssima queda dos professores (de 30% para 20%). A categoria “outros”, por sua vez, mostrou uma tendência crescente ao ultrapassar, em termos percentuais, os empresários rurais. No baixo clero, pode-se observar que profissionais liberais tradicionais apresentaram uma tendência de retração de sua participação, ao passo que advogados e economistas mantiveram-se razoavelmente estáveis, e professores igualaram sua importância entre os dois grupos de parlamentares. Em suma, em se tratando da Câmara, os movimentos de popularização e diversificação, em maior ou menor grau, parecem ocorrer em ambos os subgrupos de legisladores. 137
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Passemos agora a uma análise mais detida com relação aos senadores, no gráfico 8. Com relação à sua elite parlamentar, salta aos olhos a constante e acentuada diminuição na proporção de quatro profissões: empresários rurais, advogados, administradores e comunicadores. As três primeiras categorias caíram aproximadamente pela metade ao longo do período: os empresários rurais caíram de 10% para 5%; os advogados de 32% para 14%, e os administradores de 10% para 5%; enquanto a queda dos comunicadores foi ainda mais acentuada, de 22% para 8%. As únicas profissões que apresentam uma clara tendência de crescimento no alto clero do Senado é a dos professores, principalmente, e dos trabalhadores manuais, enquanto as demais profissões apresentam pouca variação no período. Por sua vez, o baixo clero desta Casa Legislativa apresenta como tendência a ser destacada a queda acentuada no número de advogados, também verificada no alto clero, o que sinaliza para uma queda geral na representação desses profissionais naquela Casa. Também com tendência de queda, mas menos acentuada, encontram-se os administradores e os servidores públicos. Essas trajetórias de queda são acompanhadas por um notável crescimento da categoria “outros”. Logo, se na Câmara os dados apontavam para processos de popularização e diversificação que ocorriam similarmente entre alto e baixo clero, as evidências referentes ao Senado não são tão claras: enquanto empresários rurais diminuem sua participação no alto clero, e professores e trabalhadores manuais aumentam, os comunicadores se retraem, assim como, em menor medida, as “outras” categorias não especificadas. Já na não elite parlamentar, verificamos uma certa tendência de queda na porcentagem de trabalhadores, ao mesmo tempo que um crescimento de “outras” profissões não especificadas. Em suma, para as variáveis relacionadas com as ocupações dos parlamentares brasileiros, os processos de popularização são mais claros e discerníveis na Câmara dos Deputados em comparação com o Senado Federal, refinando a hipótese H2 levantada anteriormente. Ademais, nesse aspecto do perfil social, a dicotomia que introduzimos neste artigo é menos relevante: não existem diferenças substantivas nas trajetórias observadas entre alto e baixo clero. No entanto, a análise de H2b mostra que a distribuição e o crescimento de categorias ocupacionais não tradicionais agrupadas no grupo “outros” é notável, especialmente no alto clero da Câmara e no baixo clero do Senado. Esse dado aponta para processos de diversificação e pluralização das origens profissionais dos representantes no Brasil.
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A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010 Sergio Simoni Junior • Rafael Moreira Dardaque • Lucas Malta Mingardi
c. Perfil de gênero Por fim, tratamos da distribuição de gênero dentro das categorias alto clero e baixo clero do Congresso Nacional. Em se tratando especificamente da composição da Câmara dos Deputados como um todo, a literatura tem mostrado que, apesar de haver um aumento gradual na porcentagem de mulheres representadas nos cargos eletivos, o Brasil segue convivendo com fortes distorções na representação de gênero naquela Casa (Moisés e Sanchez 2014). Para o período referente a 1998 a 2010, entre os deputados eleitos, a porcentagem de mulheres passou de 6% para 9% (Moisés e Sanchez 2014), o que ainda fica distante dos 51% de mulheres existentes na população brasileira em 2010 (IBGE, Censo 2010). O mesmo ocorre quanto ao Senado. Apesar de também haver um crescimento no número de mulheres eleitas a partir da redemocratização, os números ainda são baixos e vêm crescendo lentamente. A representação das mulheres naquela Casa passou de 6% em 1990 (ano no qual se elegem as duas primeiras senadoras do país) para 18,5% em 2014 (Senado Federal 2015), números superiores aos da Câmara, mas ainda assim modestos. Ao considerarmos o recorte histórico de 1995 a 2010, foco desta pesquisa, os dados dos Gráficos 9 e 10 mostram que as mulheres estiveram ligeiramente em menor número na elite da Câmara (7%) do que no seu baixo clero (8,3%). O mesmo padrão é encontrado no Senado, com uma representação das mulheres menor na sua elite (8%) do que nas posições de menor poder formal (11%). Logo, essa informação mostra que, considerando todo nosso período de análise, a baixa inserção das mulheres no processo decisório é ainda mais preocupante, pois elas tendem a se encontrar longe das posições institucionais de poder legislativo. Gráfico 9. Gênero do alto e baixo clero da Câmara dos Deputados por legislatura (1995-2010) 100%
100%
90%
90%
80%
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70%
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Elite
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51ª 52ª Leg Leg Não Elite
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Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo Cedi. 139
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Gráfico 10. Gênero do alto e baixo clero do Senado por legislatura (1995-2010) 100%
100%
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90%
80%
80%
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70%
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40%
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30%
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20%
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10%
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50ª Leg
51ª Leg
Elite
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50ª Leg
51ª 52ª Leg Leg Não Elite
53ª Leg
Fonte: elaboração própria a partir do cruzamento de informações cedidas por Neiva e Izumi (2014) com informações coletadas no site oficial do Senado (http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/)
No entanto, a análise da tendência temporal mostra que a presença feminina na elite parlamentar tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal foi aumentando com o passar do tempo. Se na 50ª legislatura apenas uma mulher deteve em suas mãos um dos cargos institucionais mais importantes da Câmara,23 a porcentagem de mulheres que ocupou esses cargos chegou a 8% ao decorrer de quatro legislaturas. Ou seja, o aumento na proporção de mulheres na Câmara vem se refletindo em um aumento da proporção de mulheres também nos altos cargos institucionais daquela Casa. Da mesma forma, no Senado Federal, a proporção de mulheres na categoria alto clero também vem crescendo gradativamente. Enquanto na primeira legislatura analisada apenas 2% dos integrantes desse grupo eram mulheres, essa porcentagem passou a ser de 12% no final do período, um aumento bastante significativo para um recorte de tempo de apenas quinze anos. Em suma, os dados e a análise da hipótese H3 sobre a distribuição de gênero dos deputados brasileiros mostram que, se em todo o período de 1995 a 2010, as mulheres estiveram mais ainda sub-representadas nas decisões de comando da Congresso Nacional, esse quadro apresenta mudanças, ainda que pequenas, com o passar do tempo. Embora esses processos sejam mais fortes principalmente na elite parlamentar do Senado Federal, onde as assimetrias de poder entre elite e não elite são comparativamente menores em relação aos da Câmara, temos evidências de um processo de diversificação dos postos de decisão.
23 A saber, trata-se da deputada Sandra Starling (PT-MG), que foi líder do partido em 1996. 140
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Considerações finais Nosso principal objetivo neste artigo foi defender a importância da incorporação das assimetrias de poder geradas pelos arranjos institucionais do parlamento brasileiro na controvérsia sobre a popularização dos perfis sociais de nossos representantes. Argumentamos que, ao não se diferenciarem entre elite e não elite parlamentar, as evidências apresentadas pela tese da popularização podem estar enviesadas: esse processo poderia ocorrer com maior intensidade em grupos com maior ou menor decisório, o que afetaria seu impacto nos mecanismos de representação política. Adotamos o método que Putnam (1976) designou como positional analysis para identificar a elite parlamentar brasileira. Esta é composta pelos membros da Mesa Diretora, pelos líderes partidários e presidentes de Comissão Permanente. Nosso universo de dados abrangeu o período de 1995 a 2010 e incluiu titulares e suplentes que assumiram mandato tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado; um desenho de pesquisa inovador e que não é comum na literatura específica do caso brasileiro. Nossa análise consistiu em descrever as características sociais dos parlamentares em três dimensões: nível educacional, perfil profissional e gênero, em que se observaram sua distribuição em todo o período e as tendências temporais pelas legislaturas. As conclusões caminham no sentido de qualificar as hipóteses formuladas por Rodrigues (2009 e 2014): embora existam evidências de processos de popularização em algumas variáveis e casas legislativas, estas ainda são reduzidas e, algumas vezes, não atingem a elite parlamentar e/ou todo o Congresso Nacional. Dessa forma, a inclusão analítica da assimetria de poder formal interna aos legisladores da Câmara dos Deputados e do Senado permite refinar o conhecimento sobre as características da representação descritiva no Brasil, examinando mais detidamente “até que ponto vai a popularização da classe política”. Não pudemos avaliar neste texto fatores explicativos desses fenômenos como, por exemplo, o impacto da alternância na coalizão governamental que ocorreu na metade do período temporal aqui analisado, com a ascensão do PT à presidência. Outra questão que não pôde aqui ser abordada foi possíveis mudanças no recrutamento de candidatos dentro dos partidos políticos brasileiros. No entanto, queremos ressaltar que, para além das evidências de popularização, um fenômeno correlato, embora teoricamente distinto e pouco teorizado pela literatura, parece estar ocorrendo. Trata-se da diversificação do perfil social dos representantes brasileiros. Ou seja, a arena política está passando por uma pluralização das características sociais de seus membros e ampliando os “caminhos sociais” de acesso ao parlamento, contrariamente às interpretações recentes 141
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do cenário europeu. São evidências dessa caracterização, por exemplo, a queda no número de advogados, de formados em direito, o incremento de profissões e cursos superiores não especificados pelas categorias tradicionais e a maior inserção das mulheres no Congresso. Esse debate empírico é teoricamente importante pois nos permite avaliar o funcionamento da representação e da democracia no Brasil. Adotando-se o conceito de representação descritiva, que ressalta que as características sociais dos representantes importam em um sistema representativo democrático, podendo afetar desde o tipo de política pública a ser produzida à própria legitimidade do regime, nossos dados indicam que existe um avanço, ainda que pequeno, da qualidade da democracia no Brasil em tempos recentes. Se esse processo perdurará ou aumentará de intensidade ou se ele se constitui propriamente em popularização ou diversificação de elites, são investigações que podem guiar futuras agendas de pesquisa nessa temática.
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Sergio Simoni Junior é mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (Brasil). Suas áreas de pesquisa são instituições políticas, partidos, competição e representação eleitoral no Brasil e América Latina. Suas últimas publicações incluem: “Um índice para medir a força do legislativo no Brasil”, em O congresso nacional, os partidos políticos e o sistema de integridade: representação, participação e controle interinstitucional no Brasil contemporâneo, organizado por José Álvaro Moisés, 11-31 (em coautoria com José Álvaro Moisés). Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2014. “Competição eleitoral e programas de transferência de renda no Brasil”, apresentado no IV Fórum de Pós-graduação em Ciência Política, Universidade Federal Fluminense (Brasil), 2015.
*
sergiojr_ssj@yahoo.com.br
Rafael Moreira Dardaque é mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (Brasil). Suas áreas de pesquisa são partidos políticos, perfil parlamentar, redemocratização, poder legislativo. Suas últimas publicações incluem: “Quem são os deputados brasileiros? Um balanço do perfil biográfico de 1986 a 2012”, em O congresso nacional, os partidos políticos e o sistema de integridade: representação, participação e controle interinstitucional no Brasil contemporâneo, organizado por José Álvaro Moisés, 61-88. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2014. “Partido Popular (1979-1982): uma efêmera experiência partidária em meio à transição democrática”, apresentado no V Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, São Paulo (Brasil), 2015. * rafaeldardaqueusa@hotmail.com Lucas Malta Mingardi é mestrando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (Brasil). Suas áreas de pesquisa são partidos políticos, representação política, perfil parlamentar, poder legislativo. * lucasmingardi@gmail.com
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Élite(s) e indianidad en Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo Virginie Laurent Universidad de los Andes (Colombia) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.06 RECIBIDO: 1 de noviembre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 14 de enero de 2016
Este artículo propone una reflexión sobre la articulación entre élites e indianidad a partir de dos procesos que reflejaron una apertura democrática del país: el reconocimiento de Colombia como nación diversa desde 1991 y la inserción de fuerzas políticas indígenas en la arena electoral. Más específicamente, hace énfasis en la percepción de lo(s) indígena(s) entre las élites desde el pasado colonial hasta hoy. Paralelamente, se enfoca en el surgimiento de figuras públicas que pueden considerarse como una —nueva— élite indígena, cuya acción hace frente a expresiones de poder y autoridades consideradas comunitarias y tradicionales.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE:
Colombia • élite • democracia • política • multiculturalismo (Thesaurus) • pueblos indígenas (palabras clave autor)
H La información y los análisis presentados a continuación son fruto de investigaciones sobre movilizaciones sociales y político-electorales indígenas en Colombia y América Latina (entre ellas una tesis doctoral [2001a y 2001b] publicada en Laurent 2005, y el estudio Poblaciones indígenas y política(s). Veinte años de multiculturalismo en Colombia, financiado por el Centro de Estudios Sociales [CESO] de la Universidad de los Andes [Colombia], 2009-2012). Estos trabajos se respaldan en consulta bibliográfica y documental, observación etnográfica y entrevistas (enfocadas en el trato a las poblaciones indígenas y sus procesos de resistencia, el surgimiento del movimiento indígena colombiano desde la década de 1970 y el seguimiento de campañas y resultados electorales; así como de las negociaciones entre organizaciones indígenas y representantes gubernamentales desde los noventa —in situ, con base en actas oficiales, comunicados y medios de comunicación). 147
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Elites and Indigenousness in Colombia: Challenges of Democracy in a Context of Multiculturalism ABSTRACT: This article proposes a reflection on the articulation between Colombian
elites and indigenousness based on two processes that have reflected a democratic opening in this country: official recognition since 1991 of the fact that Colombia is a diverse nation, and the insertion of indigenous political forces into the electoral arena. More specifically, the article places emphasis on the elites’ perception of indigenous people from colonial times to the present day. At the same time, it focuses on the rise of public figures that can be considered a —new— indigenous elite, whose action confronts expressions of power and authorities that are considered communal and traditional.
KEYWORDS: Colombia • elite • politics • democracy • multiculturalism (Thesaurus) • indigenous peoples (author’s keywords)
H
Elite(s) e indianidade na Colômbia: desafios de democracia em contexto de multiculturalismo RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre a articulação entre elites e indianidade a partir de dois processos que refletiram uma abertura democrática do país: o reconhecimento da Colômbia como nação diversa desde 1991 e a introdução de forças políticas indígenas na arena eleitoral. Mais especificamente, enfatiza a percepção do(s) indígena(s) entre as elites desde o passado colonial até a atualidade. Ao mesmo tempo, enfoca-se no surgimento de figuras públicas que podem ser consideradas como uma —nova— elite indígena, cuja ação enfrenta expressões de poder e autoridades consideradas comunitárias e tradicionais.
Colômbia • elite • democracia • multiculturalismo • povos indígenas • política (Thesaurus)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introducción Desde finales de los ochenta, y sobre todo en los noventa, América Latina se ha destacado por su apertura oficial al multiculturalismo.1 Más allá de matices propios de cada contexto nacional, muchos países de la región han llevado reformas constitucionales orientadas a instituir el reconocimiento de grupos de población reivindicados como particulares debido a su pertenencia identitaria, así como en la adopción de herramientas jurídicas para asegurar su protección (Gargarella y Courtis 2009; Gros 2000; Sánchez 1996; Uprimny 2011). Para el caso de Colombia, el carácter diverso de la nación y el principio de igualdad en la(s) diferencia(s) para los “grupos étnicos” se hacen explícitos desde la Constitución adoptada en 1991.2 Paralelamente, la proyección de la multiculturalidad en el escenario electoral se convirtió en una de las dinámicas políticas de la región —tendencia de la que Colombia no ha quedado aislada. La conquista de cargos en alcaldías y consejos municipales, gobernaciones y asambleas departamentales, Senado y Cámara de Representantes se asocia a lo que puede leerse hoy como 1 El multiculturalismo se entiende aquí como la proyección de la diversidad étnica y cultural en la esfera pública, con la implementación de medidas estatales destinadas a velar por su respeto. En este sentido se distingue de otras posibles acepciones de la palabra, utilizadas con referencia a los debates teóricos e ideológicos que dichas acciones pueden despertar a su favor o en su contra; u otras veces para aludir a la pluralidad cultural e identitaria propiamente dicha (respecto de la cual se usará igualmente el término de multiculturalidad en este texto). Es importante recalcar que, incluso desde enfoques que coinciden en concebir el multiculturalismo como una “traducción” de la multiculturalidad en políticas públicas, sus implicaciones pueden ser múltiples —y contradictorias. Puede ser reclamado, por ejemplo, en nombre del reconocimiento igualitario de derechos entre grupos sociales asumidos como diferentes dentro de una misma nación y, por lo tanto, para contribuir al fortalecimiento democrático, pero también, para asegurar un control de dichos grupos por parte del Estado y evitar así procesos contestatarios. Por último, vale resaltar que, después de haberse expandido en los escenarios políticos y académicos de diversas regiones del mundo a partir de la década de los noventa, el multiculturalismo ha llegado a ser cuestionado por su carácter vertical desde el Estado hacia la sociedad. A cambio, se han defendido diálogos interculturales desde una perspectiva horizontal, como ha podido observarse alrededor de los cambios constitucionales operados en Ecuador (2008) y en Bolivia (2009). Para un acercamiento a reflexiones sobre cómo definir e interpretar el multiculturalismo y acerca de efectos prácticos de políticas multi/interculturales en América Latina, ver por ejemplo Agudelo y Boullosa-Joly 2015; Gros y Dumoulin 2012; Kymlicka 1996; Wieviorka 1997 y 2001. 2 La Constitución de 1991 hace énfasis en la convivencia de poblaciones indígenas y negras —calificados como “grupos étnicos”— en la nación colombiana y plasma para ellas derechos generales y específicos. En este sentido, se acerca a la fórmula de “ciudadanía multicultural” que señala Will Kymlicka (1996) y apunta a conjugar garantías del sistema de ciudadanía liberal —fundada en los valores universales y la igualdad— con el reconocimiento de derechos culturales diferenciales para “minorías nacionales”, es decir, culturas anteriormente dotadas de autogobierno y concentradas en un Estado mayor. Vale resaltar que, sin embargo, el trato previsto para los afrodescendientes se limita al artículo transitorio 55, contrario al énfasis que se hace en el reconocimiento de los derechos indígenas. 149
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veinticinco años de movilización electoral indígena (Laurent 2001a, 2001b, 2005, 2012a, 2013 y 2015). Así, paralelo a la “crisis de la representación” (Mainwaring, Bejarano y Pizarro 2008; Rosanvallon 1998; Tanaka y Jácome 2010), y a partir de la reivindicación de ciudadanías más activas (Roulleau-Berger 1995), ha tendido a observarse un doble proceso: contestación y redefinición de sistemas políticos considerados demasiado cerrados e inserción en el ámbito electoral de actores antes ausentes de él —como los indígenas.3 En otras palabras, son dinámicas que, según sus defensores, han apuntado a renovar la democracia con la implementación de medidas enfocadas en una mayor participación ciudadana y el reconocimiento de la multiculturalidad de la nación colombiana.4 Las siguientes páginas proponen una reflexión sobre la manera como la combinación de estas transformaciones, oficial y popularmente justificadas en nombre de una “apertura democrática” y a favor de una —nueva— concepción de la nación, ha conducido a una serie de efectos perceptibles en la articulación entre élites e indianidad —o identidad impuesta o afirmada en cuanto que indígena(s).5 La primera parte aclara brevemente lo que se entiende bajo el término de élite(s) y hace énfasis en la manera como, a partir de la entrada española a los territorios indígenas, durante la colonia y durante gran parte de la historia republicana, los pueblos indígenas (y sus élites) han estado ubicados en escalones bajos de la jerarquía social. Paso seguido, vuelve sobre estrategias de resistencia, organización y reivindicación que, a lo largo del siglo XX, lograron afianzar el papel de las autoridades indígenas dentro de espacios de interlocución con
3 Sobre debates relativos a la articulación entre pluralismo cultural, Estado y democracia, ver por ejemplo Benhabib 2002; Kymlicka 1996; Leca 1996; Lijphart 1984; Norris 2003; Pitkin 1985. Sobre reflexiones acerca de la representación política de las “minorías” en Colombia y América Latina —concebidas como tales desde su exclusión de las tomas de decisiones, antes que por su peso poblacional—, ver por ejemplo Agudelo 2005; Albó 2003; Bareiro, López, Soto y Soto 2004; Borrero 2003; Brett 2006; Cunin 2003 y 2005; Escandón 2011; Gros 2000; Gros y Dumoulin 2012; Guerrero y Ospina 2003; Lacroix 2005; Laurent 2005, 2012c y 2015; Le Bot 1994; Massal 2005; Ortiz 2004 y 2007; Recondo 2001; Van Cott 1995 y 2005; Yashar 2008; Wills 2007. 4 Es importante recordar el contexto desde el cual se concretó el cambio constitucional colombiano a través de un órgano deliberativo de carácter excepcional. En efecto, la Constitución de 1991 fue adoptada con la elección de una asamblea constituyente que reflejó la pluralidad política, étnica y religiosa de la sociedad y que, en este sentido, permitió la participación de actores sociales hasta entonces relegados en un plano posterior. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reunió entre sus elegidos a representantes de las organizaciones indígenas, voceros de asociaciones religiosas no católicas, un líder estudiantil, numerosas mujeres, así como excombatientes de grupos desmovilizados de la guerrilla. Sobre este proceso, consultar por ejemplo Buenahora 1992; Laurent 2005. 5 Rebasa los límites de este artículo medir, desde una perspectiva que pretendería la exhaustividad, los múltiples impactos que ha tenido el giro nacional hacia el multiculturalismo a raíz de la Constitución de 1991. Para más información al respecto, ver Bocarejo y Restrepo 2011; Chaves 2011; Laurent 2010, 2012a, 2012b y 2012d; Rappaport 2008, entre otros. 150
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dirigentes estatales y abrir el paso a la proyección de sus demandas en el escenario nacional. La segunda parte se ocupa de los giros concretos y simbólicos inspirados por la Constitución de 1991 en cuanto al trato a los grupos étnicos dentro de la nación colombiana y sobre la manera como aquella pudo contribuir a una valoración inédita de la percepción de la indianidad, con su visibilización en múltiples ámbitos públicos, incluso en las instancias del poder. La tercera y última parte se dedica a la forma en la que, a raíz de estos cambios, han surgido figuras públicas que pueden considerarse como una —relativamente nueva— élite indígena. Paralelamente, expone cómo dicho liderazgo está puesto a prueba frente a otros tipos de autoridades y expresiones del ejercicio político que, por su parte, tienden a ser consideradas como “tradicionales”.6
1. Un vistazo a la historia: Conquista, Colonia y República. Su impacto sobre los pueblos indígenas —y sus élites a. Élite(s) en conceptos y contrastes Referirse al concepto de élite(s) implica, desde la influencia del Vilfredo Pareto y su Tratado de sociología general (1917), remitirse a grupos específicos de individuos dentro de la sociedad: sean los que logran el mayor éxito en su campo de actividad (generalmente mencionados en forma plural como las élites); sean los que detentan el poder y ejercen funciones dirigentes desde el gobierno y las clases dominantes —en este caso conocidos como la élite, en forma singular— (Genieys 2006; Leferme-Falguières y Van Renterghem 2000). A la vez, es válido subrayar dos dimensiones significativas relacionadas con la(s) élite(s), de especial resonancia para casos latinoamericanos. Por un lado, el vocablo tiende a designar una minoría destacada por el prestigio que obtiene de propiedades, supuestamente naturales o adquiridas, valoradas socialmente: raza, sangre, cultura, mérito, aptitudes. Por otro lado, de manera frecuente, se ha apreciado una correspondencia entre el hecho de acceder a —o estar alejado de— responsabilidades, sociales y políticas, y la pertenencia a grupos cultural y/o “étnicamente” identificables (Bonfil 1977; Gros 1991; Laurent 2005; Le Bot 1994; 6 Es menester recordar la dimensión subjetiva y dinámica de las identidades —e identificaciones—, y, con base en ello, el hecho de que la tradición se mueve alrededor de múltiples procesos de adaptación, apropiación e invención mientras las comunidades son imaginadas en los términos propuestos respectivamente por Hobsbawm y Ranger (1983) y por Anderson (1983). En cuanto a la manera de concebir la autoridad indígena en el periodo posterior a la Constitución de 1991, es importante mencionar el contenido del Decreto 2164 de 1995: “Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social” (artículo 2). 151
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Maya 2001; Touraine 1988). De allí, es de anotar el impacto que generó la llegada de los españoles a América en la organización social de los pueblos indígenas que habitaban el continente. Independientemente de sus diferencias internas y de la existencia de unas élites en su seno, y más allá de las dinámicas de resistencia que opusieron,7 la jerarquía social tendió a ubicarlos en estratos inferiores, a estigmatizarlos negativamente y a descartarlos de los procesos de toma de decisiones. Tal como lo plantea Guillermo Bonfil (1977, 22), con la introducción de la categoría —inventada— de los indios en América, las diferencias preexistentes entre las comunidades prehispánicas se vieron absorbidas por una relación de dominio colonial marcada por una escisión: “(…) el dominador y el dominado, el superior y el inferior, la verdad y el error (…)”. En este sentido, la Conquista y la Colonia fueron de la mano con el establecimiento de instituciones de origen español que dirigían al desmantelamiento del poder de los caciques (en otras palabras las élites precolombinas) así como a la dispersión, reagrupación y reorganización de las poblaciones indígenas dentro de los límites de unos territorios colectivos (resguardos), bajo el control colegial de concejos conocidos como los cabildos. Más tarde, durante el periodo republicano, la presencia indígena pasó por lógicas contradictorias: unas, en pro de su disolución en la nación, en nombre de una necesaria fusión humana y ciudadana; otras, por el contrario, a favor de la preservación de las fronteras de dichos resguardos indígenas para controlar a sus habitantes (Gros 1991; Laurent 2005; Uribe 1985). Así, desde finales del siglo XVIII, el destino de los indígenas parecía obligado a su desaparición, tal como lo recomendaba el pensador de la élite criolla Pedro Fermín de Vargas: “(…) con el objetivo de mejorar nuestra agricultura, sería necesario hispanizar nuestros indios. Su insolencia general, su estupidez y su insensibilidad manifiesta frente a todo lo que toca y anima los otros hombres, todo esto deja pensar que provienen de una raza degenerada… Sería deseable 7 De hecho, antes de la llegada de los españoles los numerosos grupos indígenas que poblaban el continente estaban organizados sobre la base de sistemas políticos propios. Por lo general, se ha hecho una distinción entre tierras bajas y altas. Mientras que las llamadas sociedades sin Estado fundadas en comunidades tribales, aparentemente “sin poder” e igualitarias, se han destacado en la Amazonía y la Orinoquía, los cacicazgos o señoríos de los Andes se han caracterizado por la existencia de jerarquía. Sobre el caso colombiano y para discusiones más amplias al respecto, ver por ejemplo Clastres 1974; Descola 1988; Rappaport 1987; Tovar 1990. También es de recalcar que, aunque remodeladas, las formas de poder indígena en parte se han mantenido a lo largo de los siglos y que, paralelamente a quienes desempeñan variadas funciones de mando, tienden a sobresalir otras figuras de referencia en el marco de las comunidades indígenas: por ejemplo asociadas al ámbito mágico-religioso o calificadas en cuanto que intelectuales (ver Laurent 2005; Rappaport 2008). 152
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que se extinga la raza india, mezclando los indios con los blancos, declarándolos libres de todo tributo y otros cargos específicos, y dándoles tierras en propiedad” (citado en Uribe 1985, 14).
Por su parte, oficialmente animado por intenciones a favor de la “igualdad de las razas” en el momento de la Independencia, Simón Bolívar apuntó a implementar decretos destinados a “liberar a los indígenas” y convertirlos en individuos del todo. Considerado por la élite liberal decimonónica como un obstáculo al progreso y la modernidad, el resguardo tenía que ser disuelto (Arango y Sánchez 1998; Favre 1984). Pero más allá de principios que abogaban por la democracia republicana y la igualdad ciudadana, no se impidió que se siguiera afirmando con fuerza, después de la Independencia, una diferenciación clara entre grupos sociales, económicos y políticos que tenían acceso a la toma de decisiones: hombres blancos letrados y propietarios; y amplios sectores sociales excluidos de éstas, independientemente de su peso cuantitativo: indígenas, afrodescendientes, mujeres, pobres en general (Archila 2012; Guillaumin 1992; Wills 2007). Además, al finalizar el siglo XIX y bajo la influencia conservadora del gobierno de Rafael Nuñez, se reafirmó la obligación de ubicar a los indígenas dentro de los resguardos, a partir de la Ley 89 de 1890 “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”.8 No obstante, en el siglo XX se destacó una interacción creciente de los pueblos indígenas con el Estado, desde dos dimensiones principales: a través de procesos organizativos y reivindicativos, y con su incursión en el escenario político electoral. Con ello, los pueblos indígenas fueron demostrando su cuestionamiento a las relaciones de dominación y exclusión que los afectaban y su intención de inmiscuirse en las agendas públicas. Al respecto, desde las décadas de 1920 y 1930 se dieron experiencias llamativas iniciadas por líderes indígenas del suroccidente del país. En esta época, Manuel Quintín Lame llamó a una lucha conocida como Quintiada e instigada desde el departamento del Cauca hacia el Tolima, para la “defensa de la raza indígena”.9 También tomó parte en las contiendas electorales para competir primero por la Asamblea Departamental caucana y luego por el Congreso (aunque sin éxito). Por su parte influenciados por el marxismo y el sindicalismo
8 De allí en adelante y hasta ser declarada anticonstitucional (en 1996) dicha Ley marcó fuertemente la historia de los pueblos indígenas por mantenerlos en una situación de menores de edad en el ámbito legal, pero también por haberse convertido en una de sus mejores herramientas para hacer valer sus derechos a la autodeterminación a través de sus territorios colectivos y autoridades propias (Arango y Sánchez 1998; Gros 1991; Laurent 2005). 9 En estos términos se formula uno de los escritos de Manuel Quintín Lame (1971) bajo el título “En defensa de mi raza”. 153
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agrario, José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté participaron respectivamente en la creación del Partido Comunista Colombiano, y este último como candidato del partido para las elecciones presidenciales de 1934.10 Pero, sobre todo, se inició un giro significativo en la manera como, a partir del surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la movilización indígena logró pasar de ser relativamente marginal y localizada a expandirse a nivel nacional. De hecho, cuando en 1971 nació la organización, esta orientó su accionar en dos direcciones: por un lado, conforme a la Ley 89 de 1890, recuperar los territorios colectivos de los resguardos y fortalecer las autoridades comunitarias de los cabildos; por otro lado, afirmar la identidad indígena (Consejo Regional Indígena del Cauca 1990). Hasta allí la referencia al hecho de ser indígena (o indio) tenía un contenido discriminatorio y era impuesta desde el Estado. Pero, en adelante, se afirma entre quienes aparecían como víctimas de sus efectos. Así, se retoma la consigna: “porque indio es el nombre por el cual nos sometieron, indio será el nombre con el cual nos levantaremos” (Le Bot 1982, 26). b. Hacia la ciudadanía multicultural de 1991 (o cómo los “salvajes” se vuelven autoridades) Con dicha estrategia, se fueron multiplicando las experiencias organizativas indígenas en todo el territorio nacional y en la década de los ochenta tomaron forma asociaciones de amplia envergadura: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Movimiento de Gobernadores en Marcha (posteriormente rebautizado Movimiento de las Autoridades Indígenas del Suroccidente y luego Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia). A través de estas, las comunidades indígenas progresivamente establecieron relaciones de interlocución con el Estado. Esperaban que estas relaciones fueran planteadas desde una dimensión horizontal, “de autoridad a autoridad”, entre las llamadas autoridades tradicionales y los gobernantes nacionales.11 A la vez, desde su creación, las organizaciones indígenas colombianas se destacaron por su voluntad de acercamiento a sectores no-indígenas para proponer una transformación de fondo de la sociedad al lado de campesinos, obreros,
10 Sobre la vida y la actividad de estos líderes, ver entre otros Bonilla 1988; Castrillón 1973; Espinosa 2003; Fajardo, Gamboa y Villanueva 1999; Gros 1991; Laurent 2005; Rappaport 2000; Sevilla 1976; Vega 2002, así como las propias reflexiones de Lame, publicadas en los años setenta (1971, 1973 y 1973b). 11 Al respecto, se puede mencionar la visita del presidente Belisario Betancur (1982-1986) al Tercer Encuentro de Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia, realizado en tierra de los indígenas guambianos, en noviembre de 1982, con motivo de la clausura de dicho evento (“Despertar guambiano” 1980). 154
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sindicalistas, estudiantes y organizaciones de mujeres, entre otros “acompañantes” del movimiento indígena.12 Así las cosas, lejos de plantearse hacia el encierro, la referencia franca a las comunidades indígenas fue a la par con una voluntad de inserción dentro de la nación, reclamando con ello una apertura democrática del país: ampliar el sistema político, que al ser considerado excluyente, motivaba la promoción de la abstención desde las organizaciones indígenas y defender una Colombia respetuosa de su diversidad.13 La ubicación de los grupos étnicos dentro de la nación colombiana llega precisamente a ser definida bajo nuevos términos con el impulso del multiculturalismo en la Constitución de 1991. En efecto, esta última reconoce los idiomas de los pueblos indígenas y plasma su derecho a la doble nacionalidad en zonas de frontera. Propone un trato adecuado a su especificidad cultural en materia de educación, salud, justicia y medio ambiente. Se refiere a la necesidad de que se respete su integridad cultural, social y económica y llama a su consulta antes de proceder con proyectos de explotación de los recursos naturales en sus territorios. A la vez, reafirma la validez de autoridades políticas indígenas, tanto en el marco específico de sus territorios colectivos como en el ámbito nacional, a través de tres curules reservadas para su representación en el Congreso. Por último, asigna al Estado la responsabilidad explícita de velar por la igualdad ciudadana, más allá de toda diferencia. De esta forma se impone una innovación en la enunciación de la diversidad nacional, cuestionando los principios rectores de la sociedad colombiana condensados, por ejemplo, en el lema de la Academia Colombiana de la Lengua: “una sola raza, una sola lengua, un solo Dios”. Marca la hora de la inclusión e inaugura la Colombia multiétnica y pluricultural, mientras se contempla el fin de la casi exclusividad de los partidos tradicionales y se abre la vía de la participación para la sociedad en su diversidad (Laurent 2005). 12 Más allá de estas dinámicas perceptibles en las organizaciones indígenas, es importante tener en cuenta su fuerte heterogeneidad —entre tierras altas y tierras bajas, y amplitudes diversas desde lo local hacia lo nacional— así como divergencias que han marcado sus proyectos de acción, sus relaciones con el entorno y los respaldos que han recibido de simpatizantes no indígenas. Una vertiente, asociada a las experiencias del CRIC y la ONIC, fue principalmente inspirada por luchas de corte “gremial” compartidas con los demás “explotados” del país; otra, encabezada por los movimientos de Gobernadores en Marcha y Autoridades Indígenas, hizo más énfasis en reivindicaciones a favor de una “política propiamente indígena” (Consejo Regional Indígena del Cauca 1980; “Reconocimiento al derecho”. s.f., 3) y en la idea de desplegar sus peticiones “juntos pero no revueltos” con otros sectores sociales (Movimiento de Solidarios 1980, 6-7). Sobre estas diferencias y sobre la manera como interactuaron con ellas perfiles, trayectorias e influencias de acompañantes no indígenas, ver Archila 2009; Caviedes 2002; Laurent 2005. 13 Acerca de los proyectos de nación promovidos por las organizaciones indígenas a través de sus delegados ante la Constituyente —presentados, para el caso de la ONIC, bajo el título de “La Colombia que queremos”—, ver Fals Borda y Muelas 1991a y 1991b; Laurent 2005; ONIC 1990; Peña 1990; Rojas 1991. 155
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2. Ser indio, ya es políticamente correcto a. Igualdad en la diferencia, desde los principios hacia su aplicación Ad portas de finalizar el primer cuarto de siglo, el multiculturalismo “a la colombiana” invita a hacer un balance prudente frente a los cambios sucedidos. Varios aspectos previstos por la Constitución de 1991 aún quedan sin reglamentar y son objeto de pleitos por parte de las organizaciones indígenas. Entre estos, se mencionan reiteradamente las ambivalencias que rodean, en la práctica, la cuestión del ejercicio de una justicia propia; la forma como los territorios indígenas aparecen en el centro de disputas con empresas (multi) nacionales; y el peso que, al respecto, adquiere el controvertido derecho de los pueblos indígenas a una “consulta previa, libre e informada” antes de la toma de decisiones, leyes o medidas susceptibles de tener impacto en sus formas de vida.14 Paralelamente, las peleas han permanecido entre las organizaciones indígenas y los dirigentes nacionales sucesivos, incluso en el contexto posterior a la adopción de la Magna Carta de 1991. De hecho, el movimiento indígena no ha renunciado a sus repertorios iniciales de acción colectiva por las vías de hecho: recuperación de tierras, bloqueo de carreteras, marchas y manifestaciones diversas (Laurent 2010). Promovidas como Mingas (en referencia a la palabra quechua utilizada para designar trabajos comunitarios para el bien de todos), dichas dinámicas se han asumido como una “resistencia activa” para exigir el respeto de los derechos indígenas, oponerse a la presencia armada en sus territorios o rechazar las políticas de los gobiernos nacional y regionales cuando se estima que van en contra de la supervivencia comunitaria. También han buscado afirmar la dignidad de los pueblos indígenas y el peso de sus autoridades dentro de la nación. Al respecto, resulta interesante tener en cuenta la insistencia, desde la parte indígena, en reivindicar, por un lado, una autoridad de índole colectiva que dimane de la/os mingueros en su conjunto más allá de toda personificación; por otro lado, relaciones desprovistas de jerarquía entre estos últimos y los actores estatales. Y vale subrayar que a pesar de ser instigados desde la acción contestataria, dichos escenarios efectivamente se han prestado para que se (re) establezcan negociaciones entre dirigentes regionales y/o nacionales, y liderazgos indígenas. 15
14 Para una mirada de conjunto al respecto, ver por ejemplo DNP 2010; Laurent 2010 y 2013; Programa de justicia global y derechos humanos 2009; Rodríguez 2010. 15 Entre estas movilizaciones, pueden destacarse algunas de las más visibles en las últimas décadas: la toma pacífica de la sede de la Conferencia Episcopal y marchas indígenas emprendidas simultáneamente en todo el país, en julio de 1996 —que finalizaron con la creación de la Mesa Permanente de Concertación Nacional (MPCN), un nuevo espacio de negociaciones entre las organizaciones indígenas y el Estado (ver más adelante); el bloqueo de la Panamericana, en 156
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No obstante, más allá de la persistencia de tensiones, desde la fecha “reconstituyente” de los años 1990-1991 se han dado avances legales que han contribuido a una proyección de la indianidad en el ámbito institucional. Sin pretender la exhaustividad, son de destacar algunas leyes votadas durante la continuidad de la Constitución de 1991: unas, destinadas a concretar su contenido en materia de ampliación democrática; otras, más específicamente relativas a los derechos de los pueblos indígenas.16 Entre estas, la Ley 24 de 1992 y la Ley 201 de 1995 definen respectivamente las funciones del Defensor del Pueblo y del Procurador General de la Nación,17 a la vez que les asignan la responsabilidad de velar por el respeto de las minorías étnicas. La Ley 60 de 1993 (luego convertida en Ley 715 de 2001) previó la transferencia de parte de los recursos de la nación hacia los resguardos indígenas. La Ley 100 de 1993 (orientada en la creación de un sistema nacional de seguridad social integral) y luego la Ley 115 de 1993 (o Ley General de Educación) tomaron importancia para las comunidades indígenas, al permitirles beneficiarse de una cobertura respetuosa de sus particularismos culturales en materia de salud y de educación, así como cederles la administración de sistemas médicos y educativos propios. Sobre todo, más recientemente es de recalcar la firma de dos decretos (1952 y 1953 de octubre de 2014) por parte del presidente Santos, para reafirmar el principio de la autonomía —territorial, política, educativa y relativa a la salud.18
junio 1999 —que llevó a la firma, por parte del presidente Andrés Pastrana del Decreto 982 de 1999, “Por el cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena [y] se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios”; la gran marcha, conocida como Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la dignidad, realizada en septiembre de 2004, entre las ciudades de Popayán y Cali; o la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, iniciada el 12 de octubre de 2008 y desde entonces reivindicada como permanente, a favor de espacios de discusión abierta entre todas y todos en Colombia. Respecto a estas movilizaciones es preciso aclarar que, en su mayoría instigadas desde el Cauca, han logrado tener un impacto y agrupar comunidades indígenas a nivel nacional (aunque sin duda son de considerar diferencias entre las capacidades organizativas y reivindicativas de una región a otra y, a propósito, es de reconocer el carácter sobresaliente —y relativamente excepcional— de la solidez de la experiencia indígena caucana [ver Achila 2008; Laurent 2005 y 2010]). 16 Paralelo al marco legal, es menester subrayar el papel que ha jugado la Corte Constitucional, también introducida por la Constitución de 1991, a favor del respeto de la diversidad cultural y para obligar al Estado a cumplir con su obligación constitucional al respecto. Sobre el conjunto de estas leyes y acciones, ver por ejemplo DNP 2010 y Programa de Justicia Global y Derechos Humanos 2009. 17 Instituidas a través de la Constitución de 1991, estas dos figuras tienen como misión la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente al Estado e impedir cualquier tipo de actuación contraria a las leyes en el marco del poder público. 18 Es importante resaltar que la autonomía indígena garantizada por la Constitución de 1991 tendió a ser contrabalanceada en las prácticas por la aparición de “nuevas dependencias” frente al aparato estatal. Paralelamente, la ampliación de la margen de acción indígena, entre otros aspectos en materia de salud y educación, así como en cuanto a la posibilidad de ejercer formas 157
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b. Lo indígena, desde arriba A la vez, los discursos acerca de los “salvajes para civilizar” cederían el paso al orgullo oficialmente reconocido de la diversidad nacional, perceptible desde la Constitución hacia los museos, las aulas de clase y hasta la Presidencia de la República y los ministerios. En parte, esta nueva retórica se alimenta de una visión romántica y renovada de lo indígena, que llega a ser proyectada y acogida entre la élite del país, en usos ecológicos, medicinales y de creencias, pero también en el campo de la política. Al respecto, vale resaltar el peso considerable que adquirió en las últimas décadas la referencia al “nativo ecológico” como modelo de relación armoniosa con la naturaleza, en el marco de contextos (trans) nacionales influenciados por el entrecruce del multiculturalismo y las preocupaciones en torno a la protección del medio ambiente (Ulloa 2004). Asimismo, las representaciones de las “culturas indígenas” han tendido a ser revalorizadas, como puede ilustrarse en su escenificación en dos famosos museos de la capital colombiana (Museo Nacional y Museo del Oro); o, aún, a través de la manera en que encarnan nuevas “espiritualidades” y “formas del creer” inspiradas por la alteridad, entre jóvenes de las élites (Sarrazin 2010). Por último, la validación de la indianidad se reflejó hasta dentro de las altas instancias del poder, por ejemplo, en las negociaciones gobierno/organizaciones indígenas y en la política nacional (Laurent 2005 y 2013). Sobre este punto, se reveló, sin duda llamativa, la llegada al poder del presidente Juan Manuel Santos, en agosto de 2010. Ministro de Defensa durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010) (entre otros aspectos caracterizado por sus relaciones de tensión con las organizaciones sociales, entre ellas las indígenas) marcó un viraje radical, si no en el contenido del conjunto de las políticas gubernamentales,19 sí en la forma de expresarlas y de relacionarse con su entorno dentro de la nación. De hecho, además de su intención —lograda— de conformar una propuesta gubernamental de Unidad Nacional, desde su investidura dejó claramente al descubierto su acercamiento con los pueblos indígenas cuando, antes de la ceremonia oficial de su investidura en Bogotá, quiso visitar a los indígenas koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con pocas horas de diferencia de su
propias de justicia, ha sido una constante en la agenda de las organizaciones indígenas de los últimos años (ver Baronnet y Mazars 2010; Laurent 2010, 2012a y 2013). 19 Sobre los años de la presidencia Uribe y sus choques con las organizaciones indígenas, ver por ejemplo González 2006; Laurent 2010. Más allá de diferencias entre los gobiernos Santos y Uribe expresadas principalmente con respecto de las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas, es importante destacar la continuidad en cuanto a la implementación de políticas influenciadas por el neoliberalismo. 158
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posesión en el palacio presidencial, acompañado de su familia, vestido de blanco y descalzo a la manera de los autóctonos, participó allí en un ritual.20 Esta posición del primer hombre del país no deja de recordar la que, antes de él, había asumido el presidente boliviano Evo Morales, entronizado en el 2006 en compañía de comunidades indígenas en las riveras del lago Titicaca. No obstante, contrario a este último, el presidente colombiano de ninguna manera busca afirmarse como indígena. Nieto del fundador de uno de los principales diarios del país (El Tiempo) y miembro de una familia de renombre, es más bien claramente identificado como parte de la élite colombiana (Suárez-Krabbe 2011). Pero sin duda, la proximidad declarada de Juan Manuel Santos con sus anfitriones ilustraba un cambio de estilo frente a su predecesor y parecía leerse como su disposición a la “reconciliación”, entre comunidades indígenas y destinos nacionales después de ocho años de enfrentamientos con las organizaciones indígenas bajo la presidencia anterior. Posteriormente, esta postura de apertura hacia los pueblos indígenas revelada por el primer mandatario desde su posesión, igualmente pudo percibirse entre los ministros y demás funcionarios de las carteras estatales que estuvieron presentes en la denominada Mesa Nacional Permanente de Concertación (MNPC), con el fin de dialogar con representantes de las organizaciones indígenas. Aunque los temas tratados sigan siendo objeto de múltiples desacuerdos, los apoderados del presidente Santos parecen haber obedecido al mandato de “tratar bien al oponente”, en todo caso siempre en un tono de proximidad.21 Por último, hay que tener en cuenta la forma como, con la ampliación del escenario electoral, el periodo post-Constitución de 1991 se ha asociado a una penetración de la indianidad en cargos de representación y, con ello, al surgimiento de una —nueva— élite política indígena.
3. Entre la comunidad y la arena electoral: apuestas y desafíos a. Palabras e imágenes, perfiles indígenas para la conquista del poder Con las nuevas condiciones ofrecidas por la Magna Carta de 1991, la entrada en la década 1990 se acompañó de un fenómeno sin precedentes en el país: la
20 Para una mirada crítica del episodio desde la Sierra Nevada, ver por ejemplo Suárez-Krabbe 2011. 21 Puede mencionarse al respecto la actitud de los agentes estatales (entre ellos los [vice]ministros) manifestada en este espacio de negociaciones entre el gobierno y las organizaciones indígenas, con su uso de expresiones abiertamente amables para dirigirse a los representantes indígenas —“hermanos”— así como su insistencia para dar a conocer su “voluntad política” con el fin de resolver todos tipos de problemas (observación y apuntes personales, reuniones de la MPCN, Bogotá, febrero/marzo de 2012). 159
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conversión de la indianidad en pilar de nuevas opciones electorales de amplitud nacional y, con ello, la multiplicación de las candidaturas (y elegidos) en su nombre.22 En un entorno marcado por el descrédito de la clase política, las organizaciones electorales indígenas se destacaron en sus inicios por gozar de un fuerte potencial entre los votantes, no sólo indígenas sino también no indígenas. Asociadas a la idea de conocimientos ancestrales y/o de una revancha de los primeros habitantes de América, supuestamente alejadas del clientelismo y de la corrupción, aparecieron como fuerzas alternativas frente a las demás agrupaciones políticas. Y con ellas han sido numerosos los símbolos que, en un trasfondo de “guerra de las imágenes” (Gruzinski 1991) se han impuesto en el escenario electoral nacional. De hecho, la conversión de la indianidad en capital político pudo percibirse en primer lugar en las denominaciones bajo las cuales algunas organizaciones se inscribieron en la palestra electoral, haciendo claramente alusión a un origen o una pertenencia desde la categoría genérica de indígena —sin que importe mucho la heterogeneidad interna de ésta. Al respecto, sobresalen los ejemplos de los llamados Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Social Indígena (ASI).23 A través de esta adscripción identitaria, las fuerzas políticas indígenas proclaman una idoneidad ventajosa frente a los otros partidos: sus candidatos sacan gran parte de su legitimidad de la estrecha relación que dicen mantener con las comunidades indígenas. A la vez, lo indígena se ha hecho presente en las plataformas electorales: a través de alusiones directas a los “destinos de las comunidades”, para “preservar la cultura” o “revivir la tradición”; pero también, con base en temas-claves atribuidos por el imaginario colectivo, aunque sea de manera estereotipada, a unas cualidades indígenas: la armonía entre el hombre y la naturaleza, el respeto de los ancianos o la capacidad de llevar a cabo esfuerzos colectivos para el bien común, como las mingas (Laurent 2005 y 2009).24
22 Como he sugerido en otros textos (Laurent 2005 y 2012b), vale concebir por movilización electoral indígena el conjunto de candidatos, programas, estrategias, discursos y resultados de organizaciones reconocidas por los organismos electorales que se reivindican bajo el calificativo de indígena, aunque también agrupan a no indígenas entre sus filas; igualmente, se contemplan casos de candidatos y elegidos que a título personal se identifican como indígenas, indiferentemente de las fuerzas políticas a las que pertenecen. 23 En una dirección contraria, vale recordar que, con la intención de ampliar su electorado, la Alianza Social Indígena llegó a cambiar de nombre en los últimos años para llamarse Alianza Social Independiente, lo cual deja de lado la referencia étnico-cultural de la organización (respecto de dicha decisión, ver Laurent 2012b). 24 Es importante resaltar que, al lado de estas cuestiones “específicamente indígenas”, igualmente se incluyen en las plataformas políticas indígenas temas de dimensiones más amplias, relacionados con la sociedad en su conjunto (medio ambiente, participación, paz, entre otros); al respecto, ver por ejemplo Alianza Social Indígena, Estatutos, Bogotá, s.f.; Alianza Social Indígena, 160
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Por último, lo que de pronto más llama la atención en este proceso de “indigeneización de la política” es la manera como, en los últimos años, han tendido a afirmarse públicamente “signos exteriores de indianidad”. Así las cosas, los hombres —y las mujeres— que han buscado acceder a cargos públicos en representación de las poblaciones indígenas han tendido a usar una vestimenta considerada tradicional (ilustrando así, como lo afirma Jean-François Bayart, que en política “el hábito sí hace el monje […], y los actores políticos no se equivocan al respecto” [1996, 196]).25 Con estas apuestas, los parlamentarios son quienes han gozado de la mayor visibilidad entre los protagonistas indígenas de la vida política colombiana. Esto, debido tanto al carácter central de sus cargos (ubicados en la capital de la República), como al cambio profundo marcado por la introducción de las curules especiales reservadas para los indígenas. Incluyendo las últimas elecciones del año 2014, quienes accedieron a las dos entidades del Congreso de la República (Senado y Cámara) fueron siempre hombres. Entre los primeros, dos consiguieron entrar al Senado a principio de los noventa después de una experiencia inicial de veinte años en la creación de las organizaciones regionales indígenas. Dedicados al trabajo agrícola, al problema de la falta de tierra y a la explotación de los indígenas por los terratenientes desde su infancia, y sin haber avanzado lejos en la escuela primaria, estos primeros militantes a favor de las reivindicaciones indígenas entraron a participar electoralmente “por la puerta grande”. Lorenzo Muelas fue electo en la Asamblea Constituyente de 1991, luego como senador en 1994, en representación del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Anatolio Quirá (q.e.p.d.) igualmente llegó a ser senador en 1991, después de haber presidido la Organización Nacional Indígena de Colombia entre 1987 y 1990.
Perfil político y programa de la ASI, Bogotá, mimeo., s.f.; Bloque Social Alternativo (BSA), Todos en minga por el Cauca. Floro Alberto Tunubalá Gobernador, folleto de campaña electoral de Floro Tunubalá-Gobernación del Cauca 2000; Jacanamijoy B., Preserva tu cultura, revive la tradición, folleto de campaña electoral de Benjamín Jacanamijoy-Senado 1997; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, En minga por Silvia, folleto de campaña electoral Alcaldía de Silvia-Cauca 1997; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Estatutos, El Corzo, Guachucal, Nariño, mimeo., 15 de mayo de 1994; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Elementos para la construcción de una política indígena del Estado colombiano, Bogotá, mimeo., s.f.; Movimiento Indígena de Páez, En minga por Páez, folleto de campaña electoral Alcaldía de Páez-Belalcázar 2000; Movimiento Social e Indígena, Aida Quilcué al Senado, folleto de campaña electoral de Aida Quilcué-Senado 2010. 25 Para una mirada más precisa sobre los perfiles y las trayectorias de quienes se aproximaron a cargos de representación a nivel nacional, regional o local en nombre de organizaciones indígenas ver por ejemplo Laurent 2005, 2009 y 2015; Muelas 2005; Santamaría 2013, así como el portal de Congreso Visible http://www.congresovisible.org/congresistas/ 161
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Los demás accedieron al Senado siendo más jóvenes.26 Entre ellos, varios se destacan por ser hijos de personalidades respetadas dentro de sus comunidades —entre la élite que conforman los representantes de la autoridad tradicional, así como quienes participaron en los primeros tiempos de la “lucha indígena”. Como sus predecesores, estos senadores indígenas han logrado imponerse en el escenario electoral después de comprobar sus capacidades en el marco de organizaciones de índole local y regional.27 Con pocas excepciones, se caracterizan por haberse vinculado temprano a estas, desde sus regiones de origen. Para el caso de muchos de ellos, el paso por la escuela así como por la(s) iglesia(s) jugó a favor de su socialización e integración con la sociedad no indígena: desde allí, aprendieron a leer y escribir, compartieron información y experiencias, se inició su movilización (Laurent 2005 y 2009). A su lado, otros integrantes de las organizaciones políticas indígenas (incluyendo en este caso algunas, aunque pocas, mujeres) accedieron a los cargos de autoridades locales. Como para los senadores, la victoria electoral frecuentemente se consiguió a partir de un trabajo y experiencia previa en el marco de una organización indígena “de base”. Por esta misma razón, independientemente de su participación en elecciones, estos elegido/as defienden la idea de que son miembros de las comunidades indígenas, como los demás, y que mantienen una relación constante con los representantes de las autoridades comunitarias (Laurent 2005 y 2009). b. Nueva élite indígena y representación cuestionada Más allá de dichas aspiraciones, la entrada de las organizaciones indígenas en la palestra electoral contribuyó a cuestionar el equilibrio entre, por un lado, las bases comunitarias y sus “autoridades tradicionales”; por otro, los que, retomando los términos de Jean-Pierre Chaumeil (1990), pueden considerarse como “nuevos jefes”. De hecho, en los años noventa empezaron a destacarse líderes indígenas en el escenario político nacional. En cierta medida, dichos actores serían
26 Se trata de los siguientes elegidos: Floro Tunubalá, Gabriel Muyuy, Jesús Piñacué, Francisco Rojas, Martin Tengana, Efrén Tarapues, Ernesto Estacio, Germán Carlosama, Marco Avirama, Luis Evelis Andrade. 27 Desde la década 2000 ha podido perfilarse una tendencia a la penetración de partidos —y candidatos— no necesariamente relacionados con el movimiento indígena, para las curules reservadas a los representantes de este último, en el ámbito del Congreso de la República. Por otra parte, igualmente es de resaltar la forma en que, a su vez, las organizaciones políticas indígenas han ido abriendo sus filas a candidata/os no indígenas, como estrategias de captación de votos. Para más información respecto de estas dos dinámicas paralelas que contrastan con la presencia afirmada de representantes del movimiento indígena en la arena electoral, ver por ejemplo Laurent 2012b, 2012c y 2015. 162
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ciertamente nuevos, por sacar su reconocimiento en formas de participación que, hasta este entonces, despertaban poco interés entre las comunidades indígenas: las elecciones. Pero al fin y al cabo habría que verles como no tan nuevos, si se tienen en cuenta sus trayectorias previas dentro del movimiento indígena. En efecto, con la creación de las organizaciones indígenas en los años 1970 y 1980 ya habían empezado a diseñarse perfiles destacados entre las poblaciones indígenas. Desde esa época, además de los representantes de la autoridad comunitaria (cabildantes, ancianos y otros sabios), algunas personas adquirieron responsabilidades inéditas en el marco de dichas organizaciones. Con ello, apareció una élite indígena letrada, conocedora de las leyes (en especial, las que conciernen a los pueblos indígenas) y los rudimentos del aparato estatal, y que sabe tratar con interlocutores nacionales e internacionales, pero que no siempre es respetuosa de los jefes comunitarios, lo que en algunos casos ha conducido a conflictos de generaciones (Laurent 2005; López 2008).28 A su vez, el aprendizaje de la política moderna,29 que parte del voto, la delegación del poder y la representación, modificó aún más la naturaleza de las relaciones entre bases comunitarias y líderes e implicó cambios en los términos, las formas y los lugares del poder. Con la proyección del ámbito local de la comunidad hacia las contiendas electorales llevadas a escala nacional, se hizo necesario depositar su confianza en individuos recomendados por las organizaciones indígenas, pero poco o mal conocidos. Práctica que en cierta medida puede ser contraria a costumbres comunitarias, caracterizadas por encarnar una participación abierta, directa y entre toda/os en las tomas de decisiones, a través de la realización de amplias asambleas. Además, los políticos indígenas tendieron a ubicarse en los centros urbanos para ejercer sus oficios, lo que entrañó un alejamiento físico de los entornos en los cuales nacieron, crecieron y se construyeron como líderes, y originó otro tipo de distancias: limitar la frecuencia de los intercambios, reducir el compromiso de los elegidos frente a sus electores y agrupaciones políticas, además de tener generalmente que enfrentar una posición minoritaria que limitaría considerablemente el alcance de la acción política susceptible de ser lograda desde la arena 28 De la misma manera, vale la pena llamar la atención sobre la categoría de “intelectuales” indígenas que considera Joanne Rappaport (2008), en referencia al cuadro intelectual gramsciano, conscientizador y movilizador de masas. A grandes rasgos, dichos intelectuales indígenas se caracterizan por ubicarse al entrecruce de sus comunidades y de la sociedad dominante. Rechazan ser identificados en una élite y defienden la autoridad comunitaria tradicional. En este sentido, pueden ser considerados como activistas culturales y se diferencian de los políticos indígenas (aunque su acción puede leerse también como de índole política). 29 Tomo prestados estos términos de Roberto Santana, quien los utiliza a propósito de los indígenas de Ecuador (Santana 1992, 153). 163
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electoral. Por último (y a causa de esta nueva configuración del poder a nivel nacional y desde las comunidades indígenas), quienes salen elegidos en nombre de estas últimas regularmente han estado en el centro de recriminaciones, sobre todo por su afán de protagonismo y preocupaciones por velar por sus intereses personales en detrimento de las prioridades colectivas.30 Así las cosas, se evidencian dos fenómenos paralelos, en parte contradictorios. Por un lado, se ha confirmado la entrada de líderes indígenas en dinámicas electorales dentro de las cuales no tenían mayores opciones de inclusión hasta la Constitución de 1991 y, con ello, la visibilización de la indianidad en las esferas del poder estatal. A la vez, se han refrendado las formas de gobierno de los pueblos indígenas dentro de sus territorios colectivos. Pero también, por otro lado, tiende a marcarse una distancia entre quienes cumplen funciones de autoridades tradicionales y los —nuevos— voceros indígenas. Con ello se ponen al descubierto riesgos de dispersión entre las élites políticas indígenas, y se debate la capacidad de representación no sólo formal sino también substantiva de quienes acceden a cargos electorales en nombre del movimiento indígena.31
Reflexiones finales A la hora de considerar un giro hacia el multiculturalismo, no hay duda de que la reivindicación y validación del “ser indígena” se han transformado en Colombia. Antes renegada en nombre de una supuesta igualdad ciudadana, otras veces objeto de discriminación y destinada a desaparecer a favor del avance del país, la indianidad está hoy en día inscrita en la definición constitucional de la nación y sus reglas del juego. En este —ya no tan— nuevo contexto, la identificación como indígena se expresa públicamente desde los escenarios electorales y a través de la movilización social, para seguir exigiendo una mayor equidad al interior de la sociedad. Dentro de este panorama, los indígenas se abrieron paso entre la(s) élite(s) política(s) colombiana(s): sea porque se han establecido como algunos de sus
30 Vale resaltar que estas críticas van dirigidas no solamente a la nueva élite político-electoral indígena, sino también al conjunto de candidatos/elegidos que acceden a cargos de representación respaldados por las organizaciones políticas indígenas, pero que no tienen mayores vínculos con el movimiento indígena (como fue señalado en la nota 27). Sobre estas dudas generadas, tanto en cuanto a los alcances de la movilización política y/o electoral indígena como al papel desempeñado por sus representantes en Colombia (y de manera más general en América Latina), ver por ejemplo Laurent 2005, 2008 y 2012c; López 2008; Massal 2005 y 2008. 31 Remito aquí a la advertencia que propone María Emma Wills (2007) sobre la —no automática— articulación entre inclusión y representación política a propósito del caso de las mujeres en Colombia. Para elementos de reflexión sobre su aplicación al caso indígena ver Laurent 2005, 2008 y 2012c. 164
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nuevos protagonistas desde lo electoral; o porque, con los principios de respeto a la diversidad nacional plasmados por la Constitución de 1991, la proximidad con los pueblos indígenas ha sido abiertamente proclamada desde la oficialidad. Paso en pisos movedizos que no se da sin la aparición de nuevos riesgos e incertidumbres. Por un lado, dichos cambios, ocurridos en las últimas décadas, acarrean dudas acerca de cómo asegurar el equilibrio entre variadas expresiones indígenas del poder: entre estas, unas se han mantenido desde el espacio comunitario, otras surgieron desde la arena electoral; unas son asumidas a título individual, otras siguen siendo reivindicadas desde la colectividad. Por otra parte, si bien se ha ganado visibilidad, permanece la inquietud sobre la validez de la representación y, en términos más amplios, sobre la solidez de la democracia que se propone en el contexto de multiculturalismo inaugurado por la Constitución de 1991. Por supuesto, nada se resuelve únicamente a fuerza de principios y marco jurídico. Ni el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad ni la inclusión de la indianidad en la esfera política y electoral nacional pueden, en sí, asegurar una mayor igualdad ciudadana y el ejercicio democrático desde la práctica. No obstante, el giro multicultural introducido por la Constitución de 1991 parece haber tenido una virtud innegable: obligar a la reflexión sobre la percepción, la posición y el trato de los pueblos indígenas (así como de otras “minorías”, sean estas étnico-culturales, de género o de preferencias sexuales) dentro de la sociedad. Con ires y venires, el perfil de la democracia colombiana va cambiando en esta dirección, oficialmente abierta al multiculturalismo y ensayándose aún de manera sinuosa en el día a día. Innegablemente, la reflexión sobre el paso abierto para la indianidad entre las élites colombianas es sólo un aspecto entre muchos otros que merecen atención y una prudente evaluación. Pero como alguna vez lo recordaba el ex-Constituyente guambiano Lorenzo Muelas: “Ya me dicen ‘honorable’… ¡Hace unos treinta años, uno se sentía más bajo que la suela del zapato y ahora le dicen ‘honorable’…!”.32
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32 Entrevista con Lorenzo Muelas, Silvia-Cauca (Colombia), 2 de mayo de 1999. 165
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H Virginie Laurent es doctora en Sociología por la Université Sorbonne Nouvelle-París 3 (Francia), profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia) y miembro del Grupo de investigación Política contestataria, producción de sujetos políticos y construcción de ciudadanía. Se interesa en los temas relacionados con identidades, movilizaciones sociales y representación política; multiculturalismo y democracia; constitución, pluralismo y políticas públicas. Ha publicado, entre otros: “Elecciones 2014 y movilización política indígena: apuestas, ajustes y ¿(re)consolidación?”. En Elecciones presidenciales y de Congreso en Colombia, 2014, editado por Margarita Battle y Fredy Andrés Barrero, 169-205. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2015; “Diversité et construction plurielle de l’action publique en Amérique andine: au-delà des conflits, une option viable?” (Con Cristina Echeverri y Nathalia Sandoval). En Refonder la légitimité de l’État, dirigido por Séverine Bellina y Marion Muller, 157-178. París: Karthala, 2015. * vlaurent@uniandes.edu.co
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E TEMA LIBRE F
Extendiendo el derecho a todos los derechos: la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género Daniel Rangel Jurado Ibarra Abogados (Colombia) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.07 RECIBIDO: 30 de abril de 2015 APROBADO: 23 de septiembre de 2015 MODIFICADO: 10 de diciembre de 2015
El presente artículo es un análisis del proceso mediante el cual se ha extendido el reconocimiento legal de la identidad de género alrededor del mundo, entendido como un proceso de difusión transnacional de normas de derechos humanos. A partir de un diálogo entre la literatura del ciclo de vida de las normas en el sistema internacional y de la difusión transnacional, se argumenta que la norma estudiada se encuentra en un estado avanzado de la fase de emergencia, en la cual los países tienden a adoptarla influenciados por el contexto internacional, pero sigue siendo necesaria la presión interna para su adopción. Lo anterior se corrobora al estudiar el caso de la Ley de Identidad de Género de Argentina promulgada en 2012.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: ciclo de vida • derechos humanos • identidad (Thesaurus) • género
• normas • difusión transnacional (palabras clave autor)
H El presente artículo tuvo su origen dentro de un proyecto de litigio de alto impacto del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (Colombia) y es parte del trabajo de grado presentado para la obtención del título de politólogo y de abogado en la Universidad de los Andes (Colombia). No contó con financiación. 175
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Extending the Right to All Rights: The Transnational Diffusion of Legal Recognition of Gender Identity ABSTRACT: This paper focuses on the process by which the legal recognition of gender
identity has spread throughout the world, understood as a process of transnational diffusion of human rights standards. To that extent, the paper is founded in a dialogue between the literature regarding transnational diffusion and life cycle of norms in the international system. It argues that the analyzed norm is currently in an advanced stage of the emergence phase; therefore, states are influenced by the international context in order to adopt the norm, however internal pressure is still necessary. This is supported by the study of the Argentinean identity gender law enacted in 2012.
KEYWORDS: human rights • identity • life cycle (Thesaurus) • transnational diffusion • norms • gender (author’s keywords)
H
Estendendo o direito a todos os direitos: a difusão transnacional do reconhecimento legal da identidade de gênero RESUMO: Este artigo é uma análise do processo pelo qual o reconhecimento legal da identidade de gênero tem se estendido ao redor do mundo, entendido como um processo de difusão transnacional de normas de direitos humanos. A partir de um diálogo entre a literatura do ciclo de vida das normas no sistema internacional e da difusão transnacional, argumenta-se que a norma estudada se encontra num estado avançado da fase de emergência, na qual os países tendem a adotála influenciados pelo contexto internacional, mas continua sendo necessária a pressão interna para sua adoção. Isso é corroborado ao estudar o caso da Lei de Identidade de Gênero da Argentina, promulgada em 2012.
direitos humanos • identidade • gênero (Thesaurus) • difusão transnacional • ciclo de vida • normas (palavras-chave-autor)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introducción En los últimos años se ha evidenciado un creciente interés por la situación de las personas transgénero alrededor del mundo. Se argumenta que uno de los problemas más apremiantes que presenta esta población es la ausencia de reconocimiento legal a su identidad de género; en otras palabras, la inexistencia de procedimientos que le permitan a una persona transgénero cambiar el sexo que está inscrito en su documento de identificación por el sexo o el género con el cual ha construido su identidad.1 La presencia de leyes que no reconocen la existencia de las personas transgénero como individuos con derecho de construir de manera integral su identidad de género es uno de los mayores obstáculos para que esta población goce de una protección igualitaria de sus derechos (PNUD 2013). Este es un problema central en la medida en que, sin documentos de identificación que reflejen su identidad, esta población difícilmente puede acceder a un empleo formal, servicios de salud, educación, vivienda, entre otros (ACNUDH 2011). Ante esta situación de vulnerabilidad, tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en las legislaciones nacionales, se han empezado a generar soluciones. Desde el Derecho Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha establecido que no permitir la rectificación del sexo en los documentos de identificación constituye una violación de los derechos a la vida privada y a la familia de la población transgénero.2 Así mismo, los principios de Yogyakarta han reconocido la obligación en cabeza de los Estados de establecer mecanismos efectivos y eficientes que permitan dicha rectificación. Por su parte, hasta la fecha más de cuarenta Estados han regulado
1 Usualmente, se ha entendido por sexo la clasificación que se hace de los seres humanos según sus órganos sexuales internos y características sexuales secundarias; por su parte, el género es la construcción sociocultural, o el sistema de representación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, etc.) a los individuos en la sociedad según el sexo de su nacimiento (De Lauretis 1989). Bajo estas definiciones, las personas transgénero serían aquellas que no se identifican con el género que les ha sido asignado socialmente en virtud de su sexo de nacimiento (Border Line 2012). No obstante, la diferenciación entre sexo y género se ha criticado últimamente, puesto que se considera que el sexo es tan culturalmente construido como el género. Según Butler (2007), la concepción del sexo como una categoría natural y “prediscursiva” asegura la existencia de los supuestos que dan lugar a la normatividad heterosexual, esto es, los ideales de género que proponen la heterosexualidad como el único comportamiento sexual aceptable. A pesar de entender la complejidad y relevancia de la discusión esbozada, en el presente artículo no se profundizará en el debate sobre sexo y género en términos conceptuales. De esta manera, al referirnos al reconocimiento legal de la identidad de género, se abarca el cambio o la rectificación en los documentos de identidad ya sea del sexo o del género de la persona en cuestión, independientemente de cómo se definan estos conceptos y la relación entre ellos. 2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Goodwin vs. the United Kingdom, judgment, no. 28957/95. 11 de julio de 2002. 177
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el tema jurisprudencialmente o expedido leyes de identidad de género (Table of Gender Recognition Systems). Estos avances sitúan a la población transgénero de algunos países en una situación más ventajosa que en la que se encontraban hace veinte años. A pesar de la rapidez e importancia del proceso, ni desde el Derecho ni desde las Relaciones Internacionales se ha intentado teorizar este fenómeno en búsqueda de factores que lo expliquen y que permitan dilucidar qué puede esperarse del mismo. Generar estudios teóricos y empíricos sobre el tema es de vital importancia para entender las perspectivas y las posibilidades que existen en países donde aún no se han adoptado regulaciones al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, en este texto se propone una explicación del fenómeno como un proceso de difusión transnacional de normas. De esta manera, se propone que el reconocimiento legal de la identidad de género es un estándar normativo que se encuentra en un estado moderadamente avanzado del ciclo de vida de las normas (Finnemore y Sikkink 1998), en el cual el contexto internacional se está convirtiendo en un elemento fundamental para el acogimiento de la norma por parte nuevos países. Con este fin, en la primera parte del texto se esboza un marco teórico que profundiza el diálogo entre la literatura de la difusión transnacional y aquella que se ocupa del ciclo de vida de las normas en el sistema internacional. Con dicho marco, en la segunda parte se analiza el proceso de emergencia y difusión del estándar normativo, referente al reconocimiento legal de la identidad de género. Finalmente, en la tercera parte se realiza un estudio de caso sobre la Ley de Identidad de Género en Argentina, buscando rastrear indicios de la existencia de un proceso de difusión transnacional. Se ha escogido este caso porque la ley argentina ha sido considerada la más progresista en cuanto a protección de los derechos de las personas transgénero, ha sido tomada como ejemplo en distintos países y su reciente publicación (2012) permite estudiar el estado actual de la norma en el sistema internacional.
1. La difusión transnacional de estándares de derechos humanos y su ciclo de vida Los estudios sobre procesos de difusión transnacional han surgido recientemente como una alternativa para explicar la convergencia de fenómenos sociales, económicos, políticos y jurídicos en distintos países. Tradicionalmente, se ha intentado explicar por qué es posible constatar la presencia de un mismo fenómeno en dos países a partir de la coexistencia de variables internas similares. No obstante, esta aproximación ha sido desafiada mediante la aparición del problema de Galton. 178
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Dicho problema indica que las explicaciones funcionales, basadas en factores internos, ignoran el posible impacto que la difusión puede tener en la explicación de fenómenos sociales. Así, dos países pueden presentar el mismo fenómeno no porque presenten factores internos similares, sino porque uno influenció la aparición del fenómeno en el otro (Ross y Homer 1976). Los estudios sobre difusión transnacional pretenden hacer uso del obstáculo que plantea el problema de Galton, y proponen una aproximación alternativa para analizar la aparición de fenómenos similares en distintos países. Esta propuesta indaga sobre cómo la toma de decisiones internas en un país se ve influenciada por el contexto internacional, especialmente, por las ideas, normas y políticas acogidas y promovidas en otros países u organizaciones internacionales (Gilardi 2012, 453). Así, la premisa básica es que la interdependencia internacional, entendida como el sistemático condicionamiento al que se ven sujetos los Estados por las decisiones, normas y políticas adoptadas previamente por otros actores ya sean estatales o supranacionales (Simmons, Dobbin y Garrett 2006), es un factor importante a la hora de explicar el cambio a nivel nacional. La literatura ha identificado y clasificado las formas en las cuales la interdependencia opera, generando procesos de difusión transnacional en cuatro tipos de mecanismos: competencia, aprendizaje, coerción y emulación (Gilardi 2012, 466). Si bien Gilardi incluye la difusión de normas exclusivamente dentro de la emulación, no existe nada intrínseco a una norma que imposibilite que se difunda mediante alguno de los otros mecanismos identificados. La competencia se entiende como el proceso por medio del cual las autoridades de un país se anticipan o reaccionan a las conductas de otros países con el fin de atraer o retener recursos económicos (Gilardi 2012, 468). Al respecto, Greenhill, Mosley y Prakash (2009) sugieren que los derechos laborales tienden a fortalecerse en países que desarrollan estrechas relaciones comerciales con otros Estados donde estos derechos ya se encuentran fuertemente protegidos. De esta manera, pareciera que las exigencias del último grupo de países hacen que los demás compitan entre sí, mejorando sus condiciones laborales para mantener sus relaciones comerciales. Así, gracias a la competencia es posible que se difundan normas asociadas a los derechos humanos, en este caso, normas de protección a los trabajadores. A través del aprendizaje las autoridades de un país usan la experiencia de otros Estados para estimar las posibles consecuencias de adoptar una política en su territorio (Gilardi 2012, 470). Una aproximación desde el aprendizaje es aportada por Meseguer (2009) quien argumenta que las autoridades públicas, al constatar la relación entre reformas de liberalización y privatización de la
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economía con crecimiento económico en otros países, optan por llevar a cabo el mismo tipo de reformas. La coerción sugiere que ciertas organizaciones internacionales o países poderosos pueden presionar a los Estados para que estos adopten un tipo de políticas en particular (Gilardi 2012, 466). En ese sentido, Schimmelfennig y Sedelmeier (2004) han argumentado que bajo el incentivo de ingreso a la Unión Europea, esta última ha coaccionado a los países de Europa Central y Oriental a aceptar la implementación a nivel interno de la legislación europea. Ahora bien, nada excluye la posibilidad de que la coerción sea utilizada para la adopción de normas relacionadas con los derechos humanos, como se verá más adelante con relación al reconocimiento legal de la identidad de género en ciertos países. El último tipo de mecanismo es el que se ha asociado tradicionalmente con la difusión de estándares normativos. Este hace referencia a la emulación, que se define como el proceso mediante el cual ciertas políticas, normas, etc., se difunden por sus características normativas construidas socialmente, sin importar sus características objetivas (Gilardi 2012, 475). En la emulación, a diferencia de los otros mecanismos, las autoridades nacionales tienen en cuenta criterios normativos al adoptar una política, ignorando o disminuyendo las lógicas racionales de maximización de la utilidad. Es por esto que Checkel (2005) indica que en la emulación se pasa de una lógica de consecuencias, donde los actores toman decisiones evaluando sus posibles consecuencias de costo-beneficio, a una lógica de lo apropiado, en la cual las decisiones adoptadas se ven determinadas por la identidad o el rol del actor en una situación específica. Como se mencionó previamente, Gilardi (2012) argumenta que la emulación puede entenderse como difusión de normas. En esa medida, es menester referirse al trabajo de Finnemore y Sikkink (1998) sobre el ciclo de vida de las normas en el sistema internacional. Para estas autoras, la dinámica de una norma en el plano internacional se divide en tres etapas, a saber, emergencia, cascada e interiorización de la norma. El reconocimiento de distintas fases del ciclo de vida es crucial en la medida en que operan diferentes procesos sociales y lógicas de acción dependiendo de la fase en la que la norma se encuentre. La primera fase del ciclo de vida es la emergencia de la norma. Es el momento en que un nuevo estándar normativo aparece en el sistema internacional y es promovido por ciertos emprendedores políticos que cuentan con el apoyo de plataformas institucionales. Estas últimas pueden ser entidades construidas con el propósito de impulsar la norma en cuestión (las ONG) u organizaciones internacionales con agendas más amplias. En esta fase del ciclo, la política doméstica y los movimientos sociales internos son esenciales para que se dé cualquier tipo de cambio normativo (Finnemore y Sikkink 1998, 902). En esa medida, 180
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en la primera fase del ciclo, el papel que juega la difusión transnacional en la adopción de nuevos estándares normativos es mínimo. Los cambios normativos obedecerán más a una explicación funcional tradicional que a una centrada en la difusión transnacional. Una vez los promotores de la norma han persuadido a un número crítico de Estados para que la adopten, esta llega a un umbral o punto de saturación (threshold o tipping point). Finnemore y Sikkink (1998, 901) afirman que dicho número crítico se alcanza cuando cerca de un tercio del total de Estados del sistema han adoptado la norma; claro está, esto depende de cuáles son los países que la suscriben. Al alcanzar el umbral se da inicio a la segunda fase del ciclo. Esta se conoce como la cascada de la norma. La cascada implica que la norma será adoptada por más Estados en menos tiempo de manera exponencial. El inicio de esta etapa puede coincidir con la institucionalización de la norma en un grupo de reglas internacionales u organizaciones. Dicha institucionalización facilita el fenómeno de cascada en la medida en que aclara el contenido de la norma y define de manera palmaria en qué casos los Estados estarían incumpliendo la misma. Desde 1948, los procesos de institucionalización usualmente se realizan mediante instrumentos de derecho internacional (Finnemore y Sikkink 1998, 900). Por ejemplo, las normas relativas a las prácticas aceptadas durante la guerra se institucionalizaron a través de las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario. Antes de la promulgación de estas convenciones y sus protocolos, ya existían normas nacionales y regionales de carácter jurídico, moral y político que valoraban las prácticas en contextos de guerra, pero dada su vaguedad estos estándares eran difícilmente exigibles (Veuthey 1999). En esta fase los procesos de difusión transnacional pueden discernirse de manera más clara, especialmente, los que están relacionados con la emulación. Al llegar al punto de saturación, la política doméstica pierde relevancia y las influencias internacionales son las que determinan la adopción de la nueva norma. Lo anterior, en virtud de que en esta fase se da inicio a un proceso de socialización internacional que pretende aumentar el número de Estados adeptos, al recompensar el cumplimiento de la norma y castigar el incumplimiento. Este proceso de socialización internacional se fundamenta en la premisa según la cual la identidad de los Estados determina su comportamiento. En ese sentido, los que aún no han adoptado la norma se ven obligados a acogerla porque, al llegar al umbral, se redefine lo que se considera un comportamiento adecuado para los Estados en general, o para un tipo de Estado en particular, por ejemplo, los Estados liberales. Así, los entes estatales actúan en concordancia con esa identidad y acogen la nueva norma para legitimarse ante la comunidad 181
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internacional o ante su propia población (Finnemore y Sikkink 1998, 902). Este es un claro ejemplo de difusión transnacional vía emulación, pues los Estados actúan primordialmente fundamentados en razonamientos normativos, partiendo de una pretendida identidad que se ostenta en el sistema internacional.3 La última fase del ciclo de vida de las normas es la interiorización. En esta fase, el que la norma haya sido aceptada por parte de la gran mayoría de los Estados genera la creencia por parte de la comunidad internacional de que ésta representa el único comportamiento normativamente correcto.
2. Ciclo de vida del reconocimiento legal de la identidad de género Al rastrear los eventos vinculados con el reconocimiento legal de la identidad de género en distintas partes del globo, es posible argumentar que esta norma se encuentra en el tránsito de la fase de emergencia a la de cascada. Por ende, los mecanismos de difusión transnacional están empezando a cobrar especial relevancia para la adopción de regulaciones que permiten que las personas transgénero modifiquen el sexo consignado en sus documentos de identificación. La primera aparición de la norma se dio en 1972, cuando el Parlamento Sueco expidió la ley que reglamentó el reconocimiento legal de la identidad de género en dicho país (Scherpe 2007). Tras la adopción de la norma en cuestión por parte de Suecia, otros Estados promulgaron leyes permitiendo el cambio de sexo en los documentos de identificación de las personas transgénero, a saber: Alemania en 1980, Italia en 1982, Holanda en 1985, Turquía en 1988, entre otros (Scherpe 2007). Hasta este punto, la adopción de regulaciones que permitieran la rectificación del sexo de personas transgénero se dio principalmente por la presión interna que ejercieron los movimientos LGBT, la cual llevó a los países a adoptar regulaciones en pro de éstas. Ahora bien, desde la década de los noventa un actor internacional empieza a cobrar especial relevancia en el proceso: el TEDH. El Tribunal fue utilizado por activistas europeos para posicionar la problemática del reconocimiento legal de la identidad de género en un plano regional. El primer caso en el cual esta corte falla de fondo sobre la posibilidad de la rectificación del sexo en los documentos
3 Es menester aclarar que, siguiendo a Finnemore y Sikkink (1998), no es posible trazar una línea divisoria entre lo racional por un lado, y lo identitario/normativo por el otro. Las identidades, y por ende el cumplimiento de estándares normativos, pueden ser utilizados estratégicamente. Es más, los emprendedores políticos actúan de forma extremadamente racional al intentar cumplir sus objetivos. De esta manera, la racionalidad y los cálculos de costo-beneficio deben ser tenidos en cuenta al llevar a cabo estudios de cambio normativo, incluso, cuando se considere que este se está produciendo o se produjo a través de dinámicas de emulación. 182
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de identidad de personas transgénero fue Rees vs. Reino Unido de 1986.4 En este caso, el Tribunal negó que el gobierno hubiera vulnerado las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) al no permitir la modificación del registro de nacimiento de una persona transgénero. De esta manera, es visible como al principio el TEDH se opuso al estándar normativo estudiado, permitiendo que los Estados impidieran el cambio de sexo en los documentos de identidad. Esta posición se replicó en algunas providencias subsiguientes.5 Sin embargo, en 2002 el Tribunal cambia radicalmente su precedente en el caso Goodwin vs. Reino Unido.6 En esta oportunidad, el TEDH determinó que el gobierno británico había violado los derechos a la vida privada y a la familia consagrados en el CEDH –artículos 8 y 12 respectivamente–, al no otorgar reconocimiento legal a la identidad de género de la peticionaria transgenerista. Como puede observarse, este fallo contradice diametralmente lo decidido en Rees vs. Reino Unido. A partir de este caso y otros como B vs. Francia de 1992, en el que se consideró que el Estado francés vulneró el derecho a la vida privada de la peticionaria al no permitirle modificar el sexo consignado en su registro civil,7 el Tribunal se convierte en un actor internacional que propugna por la implementación de la norma en cuestión por lo menos a nivel de Europa. En 2008, los renombrados abogados y activistas de derechos humanos Michael O’Flaherty y John Fisher (2008) reconocieron el importante papel que ha jugado el TEDH en la protección de los derechos de las personas transgénero, y en general de la población LGBT. El rol que ha venido jugando el TEDH fue determinante para la adopción del reconocimiento legal de la identidad de género en el Reino Unido. En 2004, se expidió una de las legislaciones más liberales para el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero, como consecuencia de la decisión de Goodwin vs. Reino Unido y el fallo del caso interno Bellinger vs. Bellinger (Scherpe 2007). En este último, la Cámara de los Lores reconoció la incompatibilidad de la legislación de 1973 que regula el matrimonio civil con los artículos
4 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rees vs. the United Kingdom, judgment, no. 9532/81. 17 de octubre de 1986. 5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cossey vs. United Kingdom, judgment, no. 10843/84. 27 de septiembre de 1990; Tribunal Europeo de Derechos Humanos. X, Y and Z vs. United Kingdom, judgment, no. 21830/93. 22 de abril de 1997; Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sheffield and Horsham vs. United Kingdom, judgment, no. 31–32/1997/815–816/1018– 1019. 30 de julio 1998. 6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Goodwin vs. United Kingdom, judgment, no. 28957/95. 11 de julio de 2002. 7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. B vs. France, judgement, no. 13343/87. 25 de marzo de 1992. 183
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8 y 12 del CEDH basándose en la decisión de Goodwin contra Reino Unido, al enfrentarse a un matrimonio entre una mujer transgénero y un hombre (Mck Kenneth 2004). Estos dos fallos judiciales llevaron a que se adoptara la Gender Recognition Act en 2004 (“Rules and legislation-Gender Recognition Panel”). Este proceso resulta de especial relevancia en términos de difusión transnacional, pues es un caso en el cual la toma de decisiones interna se ve influenciada por las decisiones de un tribunal internacional. En esa medida podría argumentarse que a partir de la coerción (pues las decisiones judiciales y el derecho son en su naturaleza coercitivos), como mecanismo de difusión transnacional, las cortes internacionales de derechos humanos influencian el marco normativo de ciertos Estados. El caso del Reino Unido también resulta relevante para la literatura sobre el ciclo de vida de las normas, dado que incluye a las cortes internacionales de derechos humanos dentro de los actores institucionales que promueven la difusión de normas en el sistema internacional. En la literatura sobre el ciclo de vida de las normas se ha entendido que las plataformas institucionales son organizaciones internacionales u ONG. No obstante, este caso permite ver cómo otro tipo de actor, a saber, las cortes internacionales, pueden convertirse en plataformas institucionales que propugnen por la difusión de una norma en el sistema internacional; o por lo menos, en el ámbito regional donde yace su jurisdicción. En ese sentido, puede afirmarse que el TEDH fue una de las primeras plataformas institucionales que impulsó el reconocimiento legal de la identidad de género. Por su parte, desde 2006 el ámbito de Naciones Unidas empezó a prestarse para promover el reconocimiento de la identidad de género en los documentos de identificación de las personas transgénero. En este año, un grupo de expertos de derechos humanos, el cual incluía una ex alta comisionada de derechos humanos (Mary Robinson), miembros de órganos de tratado y de procedimientos especiales de Naciones Unidas, elaboró el documento conocido como Principios de Yogyakarta. Los principios son un instrumento de soft law8 que establece el alcance de la legislación internacional de derechos humanos al ser aplicada con relación a la orientación sexual y la identidad de género. La elaboración de un documento en el cual se analiza la forma como se aplica la normativa internacional de derechos humanos a asuntos de orientación
8 Se refiere a documentos jurídicos sin fuerza vinculante para los Estados, pero con efectos que los tornan relevantes por la autoridad que emanan y su congruencia con el sistema de garantías internacionales vigente. En las sociedades dispuestas a aceptar estas obligaciones, permite acuerdos y consensos internacionales que repercuten de diferentes formas en la formación, desarrollo, interpretación, aplicación y cumplimiento de los derechos allí enunciados (Maffia et al. 2014). 184
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sexual e identidad de género fue impulsada por organizaciones sociales LGBT y auspiciada por la entonces alta comisionada de Derechos Humanos, Louise Arbour (Ettelbrick y Trabucco 2010, 4). Esto permite ver cómo Naciones Unidas también ha fungido como plataforma institucional para la difusión de la norma estudiada. Específicamente frente al reconocimiento legal de la identidad de género, el tercer principio de Yogyakarta, referente al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, establece que la orientación sexual y la identidad de género constituyen un aspecto esencial de la misma. De manera puntual, en los principios se recomienda a los Estados adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para que existan procedimientos eficientes que permitan que los documentos de identidad reflejen la identidad de género que la persona ha definido para sí. Al llevar a cabo este proceso, no podrá exigirse la ausencia de matrimonio o el sometimiento a tratamientos médicos. Esto está íntimamente relacionado con el principio 18 de Yogyakarta, según el cual la orientación sexual y la identidad de género no constituyen trastornos de la salud, por lo que no deben ser suprimidas o sometidas a tratamientos médicos. Así, se contraría la tendencia a patologizar el transgenerismo, es decir, a considerar que las identidades de género divergentes constituyen una enfermedad mental.9 La promulgación de los Principios de Yogyakarta es un suceso de gran importancia en el ciclo de vida del estándar normativo relativo al reconocimiento legal de la identidad de género. En primera instancia, se puede ver que los altos funcionarios de la ONU han actuado como emprendedores políticos y cómo la ONU misma ha sido la plataforma institucional principal sobre la cual se está difundiendo la normativa. En segunda instancia, los Principios significan la institucionalización de la norma en términos de Finnemore y Sikkink (1998). Con estos principios se da claridad al contenido del estándar normativo, dejándolo sin ambigüedades, puesto que se identifican las características que debe tener el trámite de rectificación de sexo en los documentos de identificación y se prescriben, de forma palmaria, las condiciones válidas que los Estados pueden exigir para realizar dicho trámite. La institucionalización de la norma en los Principios ha tenido gran impacto. En 2009, Uruguay expide la Ley No. 18.620 sobre el Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos de Identificación. Esta ley contiene la definición de identidad de género aportada por los Principios y,
9 Hoy en día existen dos importantes organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, que clasifican el transgenerismo como una enfermedad mental llamada desorden de identidad de género o disforia de género (Comisionado para los Derechos Humanos 2009). 185
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en su preámbulo reconoce la influencia que el tercer principio tuvo en la promulgación de la misma (Ettelbrick y Trabucco 2010, 35-36). En 2012 se expide la Ley de Identidad de Género en Argentina que será el objeto de estudio en el siguiente capítulo, pero es posible anticipar que esta fue fuertemente influenciada por los Principios, incluyendo también la definición de identidad de género en su texto. En abril de 2014, la Corte Suprema de India profirió una sentencia mediante la cual reconoció la identidad de género de las personas trans al permitir la existencia de un tercer género en los documentos de identificación nacionales; al hacerlo, se fundamentó en los lineamientos del tercer principio de Yogyakarta. Finalmente, en julio de 2014 se promulga en Andalucía (España) la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, por medio de la cual se reconoce la identidad de género para todo trámite administrativo dentro de la Comunidad Autónoma, sin ningún tipo de certificación o intervención médica, entre otras disposiciones.10 La exposición de motivos de la ley reconoce la importancia de los Principios de Yogyakarta para la despatologización del transgenerismo y adopta su definición de identidad de género. También vale anotar que la ley reconoce explícitamente la influencia que tuvo el caso argentino sobre la ley andaluza. Otras regulaciones, aunque no hacen mención explícita a los Principios, deben traerse a colación pues denotan que en los últimos años cada vez más Estados han adoptado la norma, lo cual indica que esta se encuentra próxima al punto de saturación, en términos de Finnemore y Sikkink. En 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó la llamada Ley de Concordancia Sexogenérica, mediante la cual se permite la modificación del acta de nacimiento de una persona para ser reconocida según su identidad de género. No obstante, la ley exige peritajes médicos y el trámite debe hacerse a través de un proceso judicial ante un juez de familia (Bastidas 2014). En Australia, desde 2011 el gobierno federal permite que las personas transgénero soliciten que su pasaporte refleje la identidad de género con la cual se sienten identificadas, incluso optando por un tercer género, todo sin requerir una cirugía de reasignación de sexo u otro tipo de intervención médica (“Getting a passport for gender diverse people”). De este modo, es evidente que cada vez más Estados han adoptado regulaciones sobre la materia en un periodo menor de tiempo. Aún más, gran parte de estos Estados ha tenido en cuenta la institucionalización de la norma en el tercer principio de Yogyakarta al adoptar regulaciones sobre el tema. De igual
10 Boletín oficial No. 139 de la Junta de Andalucía (18 de julio de 2014). 186
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manera, se debe resaltar la forma como las legislaciones se van influenciando las unas a las otras. El caso de Andalucía puede verse como un ejemplo de la difusión de la norma a través de la emulación, toda vez que las autoridades andaluzas pretendieron emular la ley argentina, considerada la más avanzada en la materia. Así las cosas, puede concluirse que la norma se encuentra en un punto avanzado de su ciclo de vida, entre la emergencia y la cascada. Cada vez son más los Estados que adoptan regulaciones que permiten el cambio de sexo en los documentos de identificación. Por otra parte, la promulgación de los principios fue de vital importancia en la medida en que contribuyó a la clarificación del contenido de la norma y facilitó que su adopción sea exigida a los miembros del sistema internacional, ya sea por parte de los Estados que la han adoptado o por parte de organizaciones de la sociedad civil. Los principios también han probado su utilidad para que distintas agencias y órganos de las Naciones Unidas se hayan convertido en plataformas institucionales promotoras de los derechos de la población LGBT y preocupadas por la falta de reconocimiento legal de la identidad de género. Por lo anterior, es posible suponer que los últimos países en los cuales se adoptaron leyes de identidad de género o regulaciones similares los mecanismos de difusión transnacional, especialmente la emulación, permearon el proceso. Como ya se mencionó, uno de estos países es Argentina que en 2012 adoptó la Ley de Identidad de Género. Esta ley ha sido reconocida como la regulación más avanzada sobre la materia (PNUD 2013) y ha sido tenida en cuenta en otras latitudes, como es el caso de Andalucía. Por estas razones, en el capítulo siguiente se estudia en profundidad el proceso argentino, con especial énfasis en la influencia que el contexto internacional tuvo en la formulación y expedición de la ley.
3. La ley de identidad de género en Argentina En esta sección se da cuenta del proceso de adopción de la Ley de Identidad de Género en Argentina y de cómo el contexto internacional, es decir, las regulaciones de otros países y los Principios de Yogyakarta, entre otros, influyeron en dicho proceso. Con este fin, a partir de fuentes secundarias se analizan los factores que explican que para 2012 dicha ley haya tenido éxito en el Congreso argentino. Así mismo, se realiza un análisis de las declaraciones de los congresistas durante el trámite legislativo, lo cual permite extraer sus consideraciones para aprobar la ley. Finalmente, se aporta un análisis sobre cómo se puede entender el papel que jugó el contexto internacional en este proceso y las lecciones que se desprenden del mismo.
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El 9 de mayo de 2012 el Senado argentino aprobó, tras el aval ya otorgado por la Cámara de Diputados, la Ley 26.743 conocida como la Ley de Identidad de Género (“El Senado dio luz verde” 2012). Esta ha sido catalogada como una de las leyes más progresistas en la materia, por lo cual ha servido de modelo en otros países como Malta, Irlanda y Francia (PNUD 2013) e incluso en gobiernos sub-centrales como es el caso de Andalucía. Más aún, en diciembre de 2012, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a introducir o revisar los procedimientos de reconocimiento de identidad de género con base en la ley argentina (“Informe derechos fundamentales UE”). Todo esto evidencia el impacto que la ley ha tenido en la comunidad internacional, y la forma como las decisiones de un país repercute en otros lugares del globo. Sin embargo, para efectos del presente artículo es menester analizar en mayor profundidad la influencia del contexto internacional en la promulgación de la ley, así como los demás factores que han sido identificados como determinantes para la expedición de la Ley de Identidad de Género en Argentina. En un estudio realizado por el PNUD (2014) se sugiere que, en términos generales, para que se diera la promulgación de la ley en comento confluyeron cuatro factores: (i) la presión de movimientos sociales cohesionados y consolidados; (ii) la posición del gobierno; (iii) antecedentes judiciales y legislativos favorables a las reivindicaciones de la población LGBT; y (iv) un ambiente internacional propicio a la adopción de la norma. a. Los movimientos sociales Dentro de las múltiples organizaciones y colectivos que integran el movimiento LGBT argentino sobresalen la Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de Argentina (ATTTA), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), ya que fueron los actores principales que impulsaron el proceso y presionaron al Congreso argentino para que tomara una decisión favorable a sus intereses. Para Mauro Cabral (s.f.), académico, activista trans y miembro del grupo de expertos de Yogyakarta, la emergencia de comunidades transgeneristas políticamente movilizadas y organizadas fue determinante para la sanción de la ley por parte del Congreso. Así mismo, Barocelli (2012) resalta la lucha de los movimientos sociales como factor fundamental para la aprobación de la norma. De hecho, el proceso de adopción del reconocimiento legal de la identidad de género en Argentina inició con la fundación de la FALGBT en 2005, puesto que fue la primera vez que el movimiento social LGBT se fijó como objetivo la consecución de una ley de identidad de género. En el momento fundacional, las 188
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organizaciones miembro acordaron como objetivos a cumplir tanto la promulgación de una ley de matrimonio igualitario, como la de una ley de identidad de género (FALGBT, “Objetivos”). Tras la adopción del matrimonio igualitario en 2010, los esfuerzos del movimiento social LGBT se volcaron a la adopción de una ley de identidad de género que propendiera por la protección de la población transgénero argentina (Paulón 2011). Consecuentemente, el 10 de noviembre de 2010 la CHA y ALITT, junto con otras organizaciones, presentaron ante el Congreso el proyecto de ley que sería debatido el año siguiente (“Ley de Identidad de Género Diputados”). Tras la presentación de dicho proyecto, las organizaciones dieron inicio a diferentes estrategias con el objetivo de ejercer presión sobre el Congreso para que tramitara y aprobara la ley. Estas construyeron alianzas con otros movimientos sociales, incidieron en la forma como los medios presentaban las noticias acerca del trámite legislativo del proyecto de ley e iniciaron una campaña consistente en la presentación de derechos de amparo ante los jueces argentinos. En estos últimos se solicitaba la rectificación del sexo y el cambio del nombre en los documentos de identificación de personas transgénero, sustentados principalmente en instrumentos internacionales (PNUD 2014). El trabajo y la dedicación del movimiento LGBT fueron reconocidos por los congresistas argentinos en los debates que dieron lugar a la sanción de la Ley 26.743 de 2012. De esta manera, vale la pena mencionar la intervención de la diputada Ibarra en el debate de la plenaria de la Cámara de Diputados del 30 de noviembre de 2011, en el cual se aprueba la Ley de Identidad de Género: “(…) quiero también agradecer a las organizaciones sociales de la diversidad sexual, en particular a las militantes de la comunidad trans, por el trabajo que han llevado a cabo durante muchísimos años, junto a los diputados y diputadas de diferentes bloques, para poder llegar al reconocimiento de sus derechos. Estos dictámenes son el fruto de una lucha histórica de muchos años y han costado mucho sufrimiento. Por lo tanto, más que un agradecimiento quiero brindar un reconocimiento a esa militancia” (Cámara de Diputados 2011).
Este reconocimiento da sustento a la conclusión del PNUD (2014), Cabral (s.f.) y Barocelli (2012) según la cual la presión efectuada por las organizaciones sociales fue determinante para que el proyecto de ley tuviera un trámite legislativo favorable en el Congreso.
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b. El gobierno kirchnerista Ahora bien, el informe del PNUD (2014) también reconoce que la posición favorable del gobierno hacia las reivindicaciones de la población transgénero fue un factor de gran importancia que permitió la promulgación de la Ley. Esta puede ejemplificarse con dos sucesos. En primer lugar, merece atención la posición que adoptó el gobierno en un famoso caso de rectificación de sexo y cambio de nombre por medio de acción judicial, a saber, el de Florencia Trinidad, una actriz argentina transgénero. Cuando su identidad de género fue legalmente reconocida, la actriz recibió sus documentos rectificados por parte de altos funcionarios del gobierno argentino (Vallejos 2010). Segundo, la redacción de un informe por parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se reconocieron las dificultades que viven las personas transgénero en su cotidianidad y se esbozaron argumentos para apoyar la adopción de una ley que atacara estas dificultades (INADI s.f.). Vale la pena mencionar que el INADI ha apoyado constantemente las reivindicaciones de la población LGBT y ha sido una de las entidades administrativas que más ha promovido y difundido los Principios de Yogyakarta en el mundo (Ettelbrick y Trabucco 2010). La posición favorable del gobierno kirchnerista fue ampliamente reconocida por los congresistas a lo largo del trámite legislativo. A manera de ejemplo puede tomarse el siguiente extracto del pronunciamiento de la senadora Blas: “El proyecto de ley que hoy nos ocupa y que considera el derecho a la identidad de género forma parte, sin lugar a dudas, de la política de Derechos Humanos instaurada por el doctor Carlos Néstor Kirchner y profundizada por nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner” (Senado de la Nación Argentina 2012).
c. Antecedentes judiciales y legislativos El tercer factor en beneficio de la adopción de la ley en cuestión fueron los antecedentes legislativos y judiciales favorables a las reivindicaciones de la población LGBT. En materia legislativa, los avances más relevantes fueron la expedición de la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires en 2002, la derogatoria de los edictos que penalizaban la homosexualidad y el travestismo entre 2005 y 2013, y la aprobación de la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario en 2010. Esta última es de gran relevancia pues convirtió a Argentina en uno de los países pioneros de la región en cuanto a protección de derechos de la población LGBT, además 190
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de ser el antecedente que se ha vinculado de forma más clara con la Ley de Identidad de Género. Lo anterior se sustenta en la siguiente intervención del diputado Rossi durante el trámite legislativo: “También vinimos con la clara convicción de que si hoy estamos tratando, y seguramente aprobando por mayoría, una ley de identidad de género, es porque esta Cámara de Diputados dio el año pasado un paso trascendental cuando sancionó la ley de matrimonio igualitario. Si no hubiera ley de matrimonio igualitario seguramente nosotros no estaríamos abordando ahora esta ley de identidad de género de la manera en que lo estamos haciendo” (Cámara de Diputados 2011).
En cuanto a los precedentes judiciales, Medina (2012) considera que la Ley de Identidad de Género se debe en gran parte a la evolución constante de la jurisprudencia argentina que desde hace más de veinte años ha venido aceptando las pretensiones de quienes solicitaban el cambio del sexo y nombre de pila según el género libremente elegido. La primera sentencia que reconoció el derecho a la identidad de género como un derecho humano básico, sin el condicionamiento de diagnósticos médicos ni operaciones de reasignación, se dio en el ya mencionado caso de Florencia Trinidad. En esta sentencia de diciembre de 2010 se autorizó el cambio de nombre y sexo en el documento de la actriz sin exigir ningún tipo de tratamiento, intervención o diagnóstico médico (INADI s.f.). Cabral (s.f.) coincide en señalar que este tipo de pronunciamientos judiciales facilitó que el Congreso adoptara una posición favorable a las demandas de la población transgénero. Todos estos avances legislativos y jurisprudenciales en materia de derechos de la población LGBT allanaron el camino para que la Ley de Identidad de Género fuera efectivamente sancionada por el Congreso. d. El contexto internacional Finalmente, el último factor identificado por el PNUD (2014) fue el contexto internacional. Si bien los elementos antes descritos explican en buena medida la adopción de la ley, especialmente la presión ejercida por las organizaciones activistas, no se debe menospreciar el impacto que tuvo el contexto internacional en el proceso. La institucionalización de la norma en comento en los Principios de Yogyakarta, el incremento sostenido de países que habían adoptado regulaciones sobre la materia y los pronunciamientos de organizaciones internacionales como la OEA, a favor de los derechos de la población LGBT, 191
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jugaron un papel preponderante a la hora de convencer a los congresistas para votar favorablemente la Ley de Identidad de Género. Existen diversas razones que permiten sostener lo anterior. Para comenzar, al realizar un análisis del contenido de la ley es visible que estuvo influenciado por los Principios de Yogyakarta. En primer lugar, la definición de identidad de género contenida en el artículo 2 de la Ley 26.743 es casi textualmente copiada de la definición que se encuentra en el preámbulo de los Principios.11 Esto es una muestra de que al legislar sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, tanto los movimientos sociales como el Parlamento argentino estaban siendo influenciados por los Principios. Esta conclusión encuentra aún mayor fundamento en el contenido material de la ley, pues este se ajusta perfectamente a los lineamientos planteados en el tercer principio de Yogyakarta. En dicho principio se establece que la orientación sexual y la identidad de género son elementos esenciales de la personalidad jurídica de todo ser humano y, por ende, deben ser reconocidos por el Estado. Por su parte, la ley argentina consagra en su artículo primero el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Así mismo, los principios de Yogyakarta dictan que el Estado no puede exigirle a la persona que se someta a tratamiento médico alguno o que no tenga vigente un vínculo matrimonial para que se le reconozca legalmente su identidad de género. De esta manera, la decisión del Congreso argentino de despatologizar está en concordancia con los principios, toda vez que la ley no establece ninguno de los requisitos prohibidos por los mismos. Finalmente, el tercer principio estipula que los Estados deben garantizar la existencia de procedimientos mediante los cuales una persona pueda rectificar su sexo en los documentos de identificación nacional. Estos mecanismos deben ser eficientes, justos, no discriminatorios y deben respetar la privacidad de quien hace uso de ellos. Al revisar la ley argentina, se puede constatar que cumple con estos requisitos ya que se estableció un trámite administrativo eficiente y sujeto a confidencialidad, pues sólo la persona o quien esté autorizado por ella puede tener acceso al acta de nacimiento originaria. Cabe mencionar que, al realizar un análisis dogmático de la norma, Medina (2012, 51) reconoció que la decisión de otorgarle el trámite al Registro
11 En el preámbulo de los principios se estipula que: “la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. 192
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Nacional y no a la Rama Judicial se vio influenciada por los lineamientos de Yogyakarta, dado que en estos se aboga por una noción de identidad de género basada en la auto-percepción y para que el trámite fuera lo más eficiente posible. De otra parte, el mismo estudio del PNUD (2014) menciona dos elementos provenientes del contexto internacional que contribuyeron a que el Congreso optara por promulgar una ley de identidad de género. Por un lado, el hecho de que un gran número de países ya había adoptado leyes y regulaciones en las cuales se reconoce, en diversos grados, la identidad de género del colectivo trans. Para la época en que se empieza a discutir el proyecto de ley, más de 20 países ya habían adoptado leyes de identidad de género o habían realizado reformas con efectos similares (PNUD 2014). Por otro lado, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de 2008 a 2012 aprobó resoluciones anuales reconociendo la vulneración de derechos, basada en la orientación sexual e identidad de género, instando a los Estados miembro a tomar medidas al respecto.12 De esta manera, la institucionalización del reconocimiento legal de la identidad de género en los Principios de Yogyakarta, el gran número de países que ya había adoptado regulaciones sobre la materia y las declaraciones de organizaciones internacionales como la OEA, fueron factores que tuvieron impacto en el proceso de adopción de una ley de identidad de género en Argentina. Esta conclusión encuentra aún más asidero en las declaraciones de los congresistas durante los debates que dieron lugar a la sanción de la Ley 26.743. En la plenaria de la Cámara de Diputados, la diputada Giudici se expresó en los siguientes términos: “Decían recién los diputados preopinantes que el derecho internacional en materia de Derechos Humanos, recogidos en los principios de Yogyakarta, planteaba el reconocimiento de la identidad de género textualmente con estas palabras: (…) Quiero agradecer a todos los bloques y diputados que trabajaron en la redacción y el pulido de este dictamen, porque con su aporte se pudo elaborar un texto de avanzada acorde con la moderna legislación comparada. Tal como lo señalaba la señora diputada Ibarra, este dictamen recoge aspectos muy importantes en materia de Derechos Humanos y de principios y valores, que convierten a esta iniciativa que hoy propiciamos sancionar en una de las legislaciones más avanzadas del mundo en cuanto a los derechos de las minorías sexuales” (Cámara de Diputados 2011).
12 Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (3 de junio de 2008). Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Recuperada el 25 de septiembre de 2014, en http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf 193
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Al analizar la intervención de la diputada Giudici se corrobora que los Principios de Yogyakarta fueron un referente importante durante la tramitación de la Ley 26.743 en Argentina. De igual manera, esta intervención, entre otras,13 ayuda a demostrar que los congresistas argentinos formularon y aprobaron la mentada ley referenciándose con otros países considerados como “modernos” o “avanzados” en materia de derechos humanos. En otras palabras, al proferir la norma, Argentina estaba llevando a cabo un ejercicio de comparación con modelos que consideraba propios de emulación, pues comparte con ellos una identidad en el sistema internacional y actúa mediante una lógica de lo apropiado. La construcción identitaria del Estado argentino es aún más clara en el siguiente extracto del discurso de la senadora Itúrrez proferido en el Senado cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género: “A lo largo de la historia, nuestro país ha sido pionero en sancionar leyes que garantizaron los Derechos Humanos. La abolición de la esclavitud, el juicio a las Juntas Militares y, más recientemente, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, son clarísimos ejemplos, si se quiere muy extremos, que certifican lo que estamos diciendo” (Senado de la Nación Argentina 2012).
El extracto citado permite observar cómo Argentina se ve a sí misma como un país a la vanguardia en materia de Derechos Humanos. En consecuencia, al propagarse la preocupación por la salvaguardia de los derechos de cierto grupo en el sistema internacional, países como Argentina se ven motivados a adoptar normas que protejan dichos derechos, emulando a otros países que ya lo hayan hecho. Lo anterior permite argumentar que en este caso la difusión transnacional operó por medio de la emulación, en tanto que el país objeto de análisis adoptó un estándar normativo guiado por una pretendida identidad que ostenta en el sistema internacional.
13 En ese sentido pueden estudiarse otras intervenciones, como la del diputado Barrios, quien se refiere a otros países latinoamericanos: “El texto que finalmente se ha consensuado es equiparable a las legislaciones más modernas, como las que existen en el Distrito Federal, en México, y en Uruguay, es decir, se puede acceder al cambio de nombre y de sexo dentro de los requisitos de nacimiento y documento de identidad, sin los requisitos especiales, es decir, cirugías compulsivas ni diagnósticos médicos o psiquiátricos” (“Versión Taquigráfica Diputados”). 194
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e. Entre la presión de los movimientos sociales y el contexto internacional Luego de analizar los principales factores que dan cuenta de la adopción de la ley en cuestión, es posible extraer varias conclusiones. En primer lugar, el análisis realizado sustenta en términos generales la conclusión del PNUD (2014) según la cual los factores determinantes para la promulgación de la ley fueron: (i) la presión de los movimientos sociales; (ii) un gobierno favorable; (iii) antecedentes judiciales y legislativos; y (iv) el contexto internacional. En cuanto al primer factor, vale la pena señalar que el hecho de que las acciones judiciales impulsadas por las organizaciones sociales se fundamentaran en los tratados internacionales ratificados por el Estado argentino da cuenta de cómo el entorno internacional afecta las estrategias mediante las cuales los movimientos sociales impulsan sus reivindicaciones, además de influenciar la toma de decisiones de las autoridades estatales. La difusión transnacional de estrategias adoptadas por los movimientos sociales es un campo prolífico en el cual aún hay mucho por explorar. En segundo lugar, la idea de que la protección de los derechos humanos sea una política de Estado en Argentina se relaciona directamente con la difusión transnacional de estándares normativos por emulación. La adopción de una norma por emulación se da cuando un Estado percibe que en el sistema internacional un número importante de países con los cuales comparte o pretende compartir cierta construcción identitaria están adoptando una norma. De esta manera, el Estado adopta la normativa para legitimarse frente a su población y frente a la comunidad internacional, reafirmando su identidad en el sistema internacional (Finnemore y Sikkink 1998). En este caso, el hecho de que en los últimos años Argentina se haya construido como un Estado defensor y promotor de los derechos humanos hace que sea más susceptible de verse influenciado por los comportamientos de otros Estados que típicamente se identifican con la protección y promoción de estos derechos. Así, la difusión de estándares normativos mediante la emulación está estrechamente ligada con la identidad que el Estado receptor de la norma ha construido o pretende construir ante la comunidad internacional. En concordancia con lo anterior, el análisis efectuado permite afirmar que el contexto internacional fue un factor decisivo en la adopción de la Ley y en la definición de su contenido, mediante la difusión del estándar normativo por emulación. Ahora bien, en el caso argentino confluyeron otros factores decisivos sin los cuales no se avizoraría la promulgación de una ley de identidad de género. Es más, de dichos factores surgen ciertas condiciones necesarias para la difusión de estándares normativos, como la necesidad de que la construcción identitaria del Estado en cuestión sea compatible con la norma difundida. 195
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Esta interacción de factores nacionales e internacionales permite afirmar que, siguiendo la literatura del ciclo de vida de las normas, el estándar normativo referente al reconocimiento legal de la identidad de género aún no ha llegado al umbral y, por lo tanto, aún no se encuentra en la fase de cascada. Según Finnemore y Sikkink (1998), una vez la norma en cuestión llega a dicha fase, los Estados tienden a adoptarla incluso sin presión interna, puesto que los países la adoptarían para cumplir con los nuevos estándares de comportamiento aceptados en el nivel internacional. El caso argentino no permite afirmar que el reconocimiento legal de la identidad de género se encuentre en esa etapa puesto que fueron necesarios la constante presión y el trabajo articulado de las organizaciones sociales de la diversidad sexual para que el Estado aceptara la adopción de la normativa. Sin embargo, el contexto internacional también fue un factor decisivo para que se promulgara la Ley de Identidad de Género, lo cual permite afirmar que la norma se encuentra en un estado avanzado de la fase de emergencia y que cada vez más los Estados la adoptarán con menos presión interna de movimientos, como el LGBT.
Conclusiones La profundización del diálogo entre la literatura de la difusión transnacional y aquella que estudia el ciclo de vida de las normas puede aportar nuevas formas de entender los procesos de nacimiento, desarrollo y consolidación de estándares de derechos humanos. Especialmente, porque a partir de este diálogo se puede determinar en qué situaciones y con relación a cuáles normas la interdependencia entre países y el contexto internacional tiene mayor relevancia. Así, en la etapa de emergencia de una norma no debe esperarse que los países la adopten en virtud de la influencia que el contexto internacional ejerza sobre ellos. Excepcionalmente, en la primera etapa del ciclo normativo algunos actores internacionales poderosos pueden coaccionar a algunos Estados menores para que acojan estándares normativos emergentes. Por el contrario, en la etapa de cascada es bastante factible que los Estados adopten la norma con el fin de actuar en concordancia con una pretendida identidad construida en el sistema internacional. De esta manera, en esta etapa el contexto internacional se convierte en un factor determinante para la adopción del estándar. El estudio realizado sobre la difusión del reconocimiento legal de la identidad de género, entendido como un estándar de derechos humanos, corrobora estas conclusiones. El análisis de este proceso ha permitido identificar un tipo de plataforma institucional mediante la cual se promueven normas que no suelen 196
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contemplarse dentro de la literatura: las cortes internacionales de derechos humanos. Puntualmente, el TEDH fue una de las primeras plataformas que promovió la adopción de la norma en cuestión. En este sentido, los fallos de este Tribunal fueron un factor decisivo para que el Reino Unido adoptara una regulación al respecto en 2004. De esta manera, se comprueba que en algunos casos las plataformas institucionales pueden coaccionar a los Estados, incluso a países poderosos del sistema internacional, para que adopten estándares normativos que aún se encuentran en la fase de emergencia. Por otro lado, la forma como el reconocimiento legal de la identidad de género se institucionalizó en un instrumento de soft law, en el caso de los Principios de Yogyakarta, plantea ventajas y desventajas. Ventajas en tanto que permitió la aparición de una norma clara y sin ambigüedades, sin necesidad de que esta se consagrara en un tratado internacional, hecho que habría requerido consentimiento estatal. Lo anterior a su vez constituye una desventaja, toda vez que la ausencia de apoyo explícito por parte de algunos Estados le resta efectividad al instrumento. A pesar de lo anterior, los principios han tenido gran impacto y han sido tenidos en cuenta por parte de los Estados que han optado por reconocer la identidad de género en los últimos años: Uruguay, India y Argentina, entre otros. La concreción de normas en instrumentos internacionales no vinculantes, con apoyo de instituciones como Naciones Unidas —usadas para la difusión normativa a través del globo— plantea retos en la forma como se suele entender el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, se debe enfatizar en la importancia de generar diálogos entre el Derecho Internacional, las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política para que se puedan dar explicaciones más comprensivas de la difusión del discurso de los derechos humanos, fenómeno característico del mundo contemporáneo. Al analizar el caso argentino, fue posible constatar la importancia que tuvo el contexto internacional, especialmente los Principios de Yogyakarta, para la adopción de la Ley de Identidad de Género en 2012. Sin embargo, otros factores fueron determinantes para que se adoptara la norma en este país, principalmente, la presión de movimientos sociales cohesionados y una posición favorable del gobierno. Lo anterior pareciera indicar que la norma aún no se encuentra en la fase de cascada, toda vez que la presión constante de movimientos sociales fue necesaria para su adopción. Ahora bien, para el momento en que se elabora este texto ya han pasado tres años desde que se promulgó la ley argentina, es posible que actualmente el estado de la norma en el ciclo de vida sea más avanzado. Por último, el análisis realizado sobre la difusión del estándar normativo a través del sistema internacional y la experiencia argentina, permite evaluar las 197
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posibilidades de que se adopten regulaciones tendientes al reconocimiento legal de la identidad de género en otros países que aún no lo han hecho. La claridad proporcionada por la institucionalización de la norma en el tercer principio de Yogyakarta, la gran cantidad de Estados que han suscrito la norma y la forma como el contexto internacional influenció al Congreso argentino para la promulgación de la Ley de Identidad de Género en 2012, permiten avizorar buenas probabilidades de que esta se difunda a través del globo en los próximos años.
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H Daniel Rangel Jurado es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes (Colombia). Actualmente está asociado a la firma Ibarra Abogados (Colombia), en la cual se desempeña en el área de comercio internacional. Fue pasante de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y miembro del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Su trabajo investigativo se enfoca en la difusión transnacional, los derechos humanos, el comercio internacional y el derecho económico. * danielrangeljurado@gmail.com
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¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes Vanderbilt University (Estados Unidos) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.08 RECIBIDO: 3 de noviembre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 22 de enero de 2016
RESUMEN: A partir del estudio de la campaña presidencial de 2014 en Colombia, este
trabajo analiza cómo las personas usan las etiquetas ideológicas para caracterizar sus propias preferencias ideológicas y las de los candidatos. Usando información del Barómetro de las Américas se establece que las personas no perciben mayores diferencias en las posiciones de los candidatos presidenciales. Segundo, se encuentra que las preferencias ideológicas de los entrevistados son menos polarizadas de lo que parece en los datos “en bruto”. Finalmente, se presenta evidencia de que la forma como las personas interpretan las etiquetas ideológicas, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2014 en Colombia, refleja sus preferencias en temas morales y la favorabilidad hacia ciertos candidatos.
PALABRAS CLAVE: elecciones • ideología • Colombia (Thesaurus) • izquierda • derecha (palabras clave autor)
H
Este trabajo fue realizado durante el curso Estadística Bayesiana dictado por el profesor Joshua Clinton en Vanderbilt University (Estados Unidos). 201
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Polarization? Ideological Positions During the 2014 Presidential Campaign in Colombia Based on a study of the 2014 presidential campaign in Colombia, this article analyzes how individuals use ideological labels to characterize their own ideological preferences and those of the candidates. Using information from the Americas Barometer, it establishes that individuals do not perceive major differences among the positions of presidential candidates. Secondly, it finds that the ideological preferences of those interviewed are less polarized than the “raw” data would seem to indicate. Finally, it presents evidence that the way individuals interpret ideological labels, within the context of the 2014 presidential elections in Colombia, reflects their preferences with respect to moral issues and the favorability of certain candidates.
ABSTRACT:
KEYWORDS:
keywords)
elections • Colombia (Thesaurus) • ideology • left • right (author’s
H
Polarização? Posições ideológicas durante a campanha presidencial colombiana em 2014 A partir do estudo da campanha presidencial de 2014 na Colômbia, este trabalho analisa como as pessoas usam as etiquetas ideológicas para caracterizar suas próprias preferências ideológicas e as dos candidatos. Usando informação do Barômetro das Américas, estabelece-se que as pessoas não percebem maiores diferenças nas posições dos candidatos presidenciais. Também se constata que as preferências ideológicas dos entrevistados são menos polarizadas do que aparece nos dados “em bruto”. Finalmente, apresenta-se evidência de que a forma como as pessoas interpretam as etiquetas ideológicas, no contexto das eleições presidenciais de 2014 na Colômbia, reflete suas preferências em temas morais e a favorabilidade a certos candidatos.
RESUMO:
PALAVRAS-CHAVE: ideologia • Colômbia (Thesaurus) • esquerda • direita • eleições (palavras-chave autor)
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Introducción Según varios comentaristas, la campaña presidencial de 2014 en Colombia se caracterizó por un alto nivel de polarización de los candidatos y la opinión pública (Forero Tascón 2014). Esta polarización estuvo asociada al uso de las etiquetas ideológicas izquierda y derecha para caracterizar las posiciones políticas de los distintos candidatos (Granés 2014). Sin embargo, dicha caracterización de las posiciones y los temas de la campaña no puede entenderse como libre de distorsión, puesto que cada persona interpreta el debate político desde sus propias preferencias. Así, quienes caracterizan las posiciones de los candidatos como “extremistas” o asociadas a la “ultraderecha” están describiendo dichas posiciones como diferencias reales, pero eso también refleja cómo cada persona usa referentes particulares para caracterizar a los candidatos. Por tanto, dichas manifestaciones no pueden entenderse ni como descripciones precisas del contexto político ni como expresiones distorsionadas carentes de verdad. El presente trabajo presenta la “verdad” que subyace al uso de las etiquetas ideológicas y la forma particular como cada persona las entiende. Esto se hará por medio de tres análisis. Por un lado, se establece la medida en la que el público percibe que los candidatos presidenciales tienen posiciones polarizadas. Así mismo, se establece si las posiciones de los ciudadanos estaban o no polarizadas. Finalmente, se explora si las concepciones ideológicas de cada persona y el nivel de favorabilidad hacia los candidatos moldean la forma como cada individuo asocia etiquetas ideológicas con las posiciones de cada uno de los candidatos presidenciales. Para este estudio se usan datos del Barómetro de las Américas para Colombia en 2014. En dicha encuesta se le pide a los entrevistados que se ubiquen ellos mismos y a los candidatos presidenciales en una escala que va de izquierda a derecha. A partir de esta información, se encuentra que los entrevistados, lejos de percibir una polarización real entre los candidatos, apenas identifican diferencias menores. Segundo, se encuentra que las posiciones de los entrevistados, una vez se descuenta la forma idiosincrática como usan las etiquetas ideológicas, son menos polarizadas de lo que parece en los datos “en bruto”.1 Finalmente, la evidencia acá presentada sugiere que las etiquetas ideológicas no sólo sirven para describir las posiciones ideológicas de los candidatos presidenciales, sino que también expresan, en el caso de las personas mejor informadas, la forma particular como interpretan las etiquetas ideológicas a partir de sus preferencias en temas morales y favorabilidad hacia los candidatos. 1 Se entiende por datos “en bruto” las respuestas que dan las personas cuando se les pide que ubiquen en una escala su posición ideológica. 203
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1. El uso de las etiquetas izquierda y derecha para dar sentido al mundo político Los ciudadanos usan las etiquetas izquierda y derecha para facilitar la comunicación de ideas, coordinar acciones entre quienes comparten posiciones ideológicas e identificar adversarios políticos. El uso de estas etiquetas está asociado a características individuales y del contexto político en el que son usadas. En particular, estas etiquetas se utilizan con más frecuencia y coherencia entre individuos con un mayor nivel de educación, en contextos con mayor polarización política, menos partidos políticos y donde la volatilidad electoral es baja (Zechmeister y Corral 2012). Estas etiquetas cumplen la función de proveer un marco de referencia para darle sentido al mundo político, aun si no se tiene una idea clara del significado de las mismas. De esta forma, al facilitar la toma de decisiones políticas, particularmente al momento de votar, ayudan a que sea menos gravoso que los individuos participen en política (Miller y Levitin 1979). A pesar de la enorme diversidad de contextos políticos, estas etiquetas han mostrado una enorme capacidad para adquirir nuevos significados a medida que cambia el eje del debate político (Knutsen 1995). En particular, desde finales de los años ochenta, con el fin de la Guerra Fría, la tensión entre izquierda y derecha perdió fuerza y surgió la pregunta por si estas etiquetas tendrían aún alguna relevancia. A este respecto, varios estudios han encontrado que los nuevos debates políticos han contribuido a que estas etiquetas ideológicas adquieran nuevos significados. Por ejemplo, en los países industrializados, la tensión entre valores materialistas y post-materialistas se incorporó al significado de estas etiquetas (Van Deth y Geurts 1989). De forma similar, se ha encontrado que los nuevos partidos ecologistas han articulado a sus posiciones sobre temas económicos las preocupaciones culturales que han venido ganando relevancia en el debate político (Kitschelt y Hellemans 1990). Sin embargo, estos trabajos no hacen explícito que aunque las etiquetas ideológicas reflejan la realidad política, también expresan diferencias en la forma como cada persona las entiende. Por un lado, como lo reflejan los trabajos ya mencionados, estas etiquetas son usadas para identificar posiciones en los conflictos políticos del momento. Pero al mismo tiempo, son usadas para caracterizar y diferenciar los distintos actores políticos a partir de la forma como cada persona las interpreta, aun si esas diferencias no corresponden con sus posiciones reales (Zechmeister 2006). Así, aunque sabemos que las personas usan etiquetas ideológicas para facilitar su comprensión de la política, no es claro en qué medida reflejan diferencias reales o la forma idiosincrática como cada persona las utiliza. Trabajos previos sobre el caso colombiano tampoco han identificado la forma idiosincrática como cada persona usa las etiquetas ideológicas. Así, existe 204
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes
evidencia de que la proximidad ideológica y las propuestas para manejar el conflicto armado influyeron en las elecciones presidenciales de 2006 (Olivella y Rodríguez Raga 2009), y que la forma como las personas identifican su posición ideológica está asociada al lugar de residencia, nivel de educación, edad y nivel de ingreso (Rodríguez Raga 2007). Sin embargo, estos trabajos no precisan si la asignación de etiquetas ideológicas a los candidatos refleja sus posiciones reales, o si las etiquetas ideológicas son usadas para expresar las opiniones y preferencias de cada persona. Esta ambigüedad en el uso de las etiquetas izquierda y derecha se manifiesta cuando el mismo candidato o partido es ubicado en posiciones muy diferentes, a pesar de referirse a la misma persona. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe es presentado a la vez como “el líder que la derecha siempre ha buscado” (El Tiempo 2005b) y como “un hombre de centro” (El Tiempo 2005a). Estas diferencias implican que además de identificar las posiciones de los actores políticos, las etiquetas ideológicas también son usadas para expresar la forma como cada persona las interpreta. Sin embargo, entre aquellos que usan etiquetas ideológicas, resulta difícil distinguir ambos propósitos. Por esto, no es obvio que cuando una persona es descrita como de derecha, esto indique que sus posiciones correspondan efectivamente a esa posición ideológica, o si es identificada de este modo como una manera de manifestar la forma como cada persona interpreta dichas etiquetas (aunque esta caracterización no corresponda a las diferencias reales en sus posiciones). Frente a esta dificultad, una aproximación para identificar la interpretación que cada persona hace de las etiquetas ideológicas es comparar la forma como estas son usadas a propósito de un mismo grupo de actores. Así, si varias personas entendieran de la misma forma las etiquetas ideológicas, ellas deberían caracterizar de igual manera a cada uno de los actores políticos. Por el contrario, si las etiquetas ideológicas son interpretadas de una forma particular por cada persona, las posiciones ideológicas de un mismo grupo de actores políticos serán caracterizadas de formas muy diferentes. En la siguiente sección se describe una técnica que implementa estos dos criterios.
2. El uso de etiquetas ideológicas en las encuestas de opinión pública La información sobre dónde ubican los ciudadanos a los partidos políticos y candidatos juega un papel central en el estudio de su comportamiento político. Por ejemplo, esta información permite estudiar si el voto se basa en la proximidad entre las preferencias del ciudadano y el candidato, o si acaso están en juego otro tipo de motivaciones —clientelistas, por ejemplo— (Kitschelt 2000). 205
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Sin embargo, dicha información perceptual incorpora a la vez la identificación de las posiciones de los ciudadanos y los actores políticos, junto al uso de las etiquetas ideológicas para expresar una forma particular de entender el debate político. Por tanto, la información de opinión pública provee la oportunidad de distinguir estos dos aspectos de las etiquetas ideológicas. Esta información sobre la posición percibida de los diferentes actores políticos usualmente se obtiene a través de encuestas de opinión. En ellas se le pide al entrevistado que ubique, en una escala que va de izquierda a derecha, la posición ideológica de diferentes actores (por ejemplo partidos o candidatos) y la de él mismo. Sin embargo, este procedimiento enfrenta la dificultad de que los entrevistados entienden de forma diversa los extremos de la escala en la izquierda y la derecha, y los intervalos en que se divide esa escala (Saiegh 2015). Estas diferencias se conocen como “funcionamiento diferencial del ítem” (Hare et al. 2015), y debido a este fenómeno, no es posible comparar estas respuestas como si fueran una descripción “pura”, libre de interpretaciones idiosincráticas de cada persona. La forma particular como cada persona entiende la pregunta se manifiesta en patrones de respuesta que, aunque se refieren a los mismos estímulos (es decir los mismos actores políticos), difieren en la posición en la que son ubicados. Algunos han interpretado estas inconsistencias como una manifestación del poco conocimiento que tienen las personas sobre política (Aldrich y McKelvey 1977). Sin embargo, dicha interpretación supone que las personas entienden de la misma forma este tipo de preguntas. Aún más, es posible que lo que se interpreta como una opinión “desinformada” no sea otra cosa que una opinión formulada desde un marco de referencia distinto. Por ello, resulta adecuado interpretar dichas inconsistencias como el producto de diferencias en la forma como cada persona entiende las etiquetas ideológicas. Para comparar adecuadamente este tipo de información es necesario poner estas respuestas en una misma escala. Esto es posible mediante la técnica conocida como escalamiento Aldrich-McKelvey (Aldrich y McKelvey 1977). Con esta técnica, las respuestas (ⱬij) dadas por cada entrevistado (i) sobre cada estímulo (j) –partidos políticos o candidatos–, se modelan como el producto de la posición real de cada estímulo (ζj), pero cada individuo la distorsiona dependiendo del tipo de posiciones que asocia con los extremos de la escala (αi). Así mismo, la posición de cada estímulo es distorsionada a partir de la interpretación que cada entrevistado le da a los intervalos de la escala (βi), pudiendo este exagerar o minimizar las diferencias reales. Así, el proceso que da lugar a la forma como los entrevistados ubican a los diferentes actores políticos puede aproximarse usando el siguiente modelo: ⱬij=αi + βi ζj +uij 206
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Este modelo permite apreciar que si dos personas difieren en el tipo de posiciones que asocian con el extremo de la escala (αi), aunque entiendan de la misma forma los intervalos, van a ubicar el mismo candidato en posiciones diferentes.2 Por ejemplo, una persona puede pensar que el extremo izquierdo corresponde a posiciones propias de un comunismo radical, pero otra lo asocia con políticas de asistencia social. Así, en relación con la concepción de la primera persona, el mismo candidato va a ser ubicado en una posición más lejana del extremo que la de la segunda persona. De forma similar, un individuo con valores más altos de βi va a caracterizar una misma distancia ideológica con una mayor distancia en la escala usada en la encuesta, en comparación a una persona con valores de βi menores. Así mismo, cuando βi es negativo, esto refleja que el entrevistado invierte las posiciones reales de los estímulos (partidos políticos o candidatos). Para estimar la posición de los candidatos presidenciales en Colombia para las elecciones de 2014 se usó información del Barómetro de las Américas.3 Estas encuestas, representativas a nivel nacional, piden a los entrevistados que se ubiquen ellos mismos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 derecha.4 A continuación también se les pide a los entrevistados que ubiquen a cada uno de los candidatos presidenciales en esas elecciones.5 En particular, se les pide que ubiquen a Clara López (Polo Democrático Alternativo), Juan Manuel Santos (Unidad Nacional), Enrique Peñalosa (Partido Alianza Verde), Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador Colombiano) y Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático). Aunque este tipo de modelos puede ser estimado usando métodos de máxima verosimilitud, las técnicas bayesianas tienen la ventaja de poder incluir entrevistas en las que no ubicaron alguno de los candidatos (Hare et al. 2015). Por tanto, esta técnica de estimación evita desechar información cuando los entrevistados no ubican a todos los candidatos. Esto es crítico si se tiene en cuenta el porcentaje de entrevistados que, de una muestra de 1.500 individuos, no ubicaron
2 En este contexto, uij representa el error estadístico bajo los supuestos tradicionales de homocedasticidad, independencia y promedio de cero. 3 El trabajo de campo de la encuesta tuvo lugar entre marzo 28 y mayo 5 de 2014. Los datos usados en este trabajo pueden descargarse de: http://datasets.americasbarometer.org/database-login/index.html. Para facilitar la consulta, a lo largo de este trabajo se hace referencia al código usado en los datos originales. 4 La pregunta L1 dice: “Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos ‘izquierda’ y ‘derecha’ cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame el número”. 5 Este conjunto de preguntas (COLVB11) dicen: “Usando la misma escala, ¿dónde ubicaría los siguientes candidatos a la Presidencia de la República?” 207
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a alguno de los candidatos por no conocerlo o por no tener una opinión sobre su posición ideológica. La tabla 1 presenta ambos porcentajes. Esta información revela que aunque el porcentaje de entrevistados que dicen conocer al candidato, pero no tiene una opinión, es similar (alrededor del 15%) para todos los candidatos, el porcentaje de quienes dicen no conocerlos es mucho más variable. Este porcentaje va de 0,9% en el caso de Juan Manuel Santos, hasta el 32,1% en el caso de Marta Lucía Ramírez. Aunque este alto nivel de respuestas faltantes impide hacer inferencias sobre la totalidad de la población colombiana, las entrevistas restantes representan la población que usa etiquetas ideológicas para describir el mundo político. Por tanto, al analizar sus respuestas podemos obtener lecciones importantes sobre la forma como este sector de la población percibe y representa el mundo en términos de polos ideológicos. Tabla 1. Porcentaje de entrevistados que no ubicaron los candidatos por no conocerlos o no tener una opinión sobre ellos.
Clara López
Conoce pero no tiene opinión
No conoce al candidato
15,6%
28,7%
Juan Manuel Santos
12,7%
0,9%
Óscar Iván Zuluaga
15,3%
30,5%
Marta Lucía Ramírez
15,2%
32,1%
Enrique Peñalosa
15,9%
14,9%
Fuente: Barómetro de las Américas, Colombia, 2014. (www.lapopsurveys.org)
La estimación de este modelo mediante métodos bayesianos permite estimar simultáneamente todos los parámetros desconocidos, esto es, la posición verdadera de los candidatos (ζj) y los parámetros que describen la forma particular como cada persona entiende la escala de izquierda-derecha (αi y βi). Este modelo asume que Ⱬij tiene una distribución normal: ⱬij~ N(µij, τij) µ ij= αi+ βi ζj τij=τi+ τj Se usan distribuciones a priori uniformes no informativas para los parámetros αi y βi: α i~U(-100,100) βi~U(-100,100)
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¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes
Así mismo, se usa una distribución a priori normal para la posición de los candidatos: ζ j~ N(0,1) Al estimar este modelo descrito arriba, es necesario fijar la posición de dos de los candidatos, quienes sirven como referencia para definir la polaridad y el significado de cada unidad de la escala común en la que son ubicados. Para ello, se fija la posición de Enrique Peñalosa en 1 y la de Clara López en -1.6 Aunque estos valores son arbitrarios, esta representación numérica de la distancia percibida entre las posiciones de estos dos candidatos se usa como referencia para ubicar en una misma escala a los otros tres candidatos. Por tanto, la distancia numérica estimada entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, por ejemplo, estará puesta en términos de las dos unidades (entre -1 y 1) que representan las diferencias ideológicas entre los dos candidatos usados como referencia. Así mismo, valores cercanos a 1 indican posiciones más cercanas a las de Enrique Peñalosa, mientras que posiciones cercanas a -1 indican que dicho candidato tiene preferencias más afines a las de Clara López. Finalmente, se estiman errores particulares para cada estímulo (τj) y entrevistado (τi) con el fin de permitir que sean heterocedásticos. Se usan distribuciones a priori gamma inversa para ambos errores (τi y τj). τ j ~ Gamma(0.1,0.1) τi ~ Gamma(υ, ω) υ ~ Gamma(0.1,0.1) ω ~ Gamma(0.1,0.1) El modelo se estima usando JAGS (versión 3.4.0). Este análisis incluye las entrevistas en las que los entrevistados ubicaron, como mínimo, a Clara López y a Enrique Peñalosa. Con esta información se ejecutan tres cadenas, descartando las primeras 250.000 iteraciones, y se conservan 1’250.000 iteraciones, guardando una de cada 100. Esta estimación parece haber convergido de acuerdo al diagnóstico de Geweke, el número efectivo de observaciones y a que las distribuciones posteriores son unimodales. A continuación se presentan los resultados de esta estimación. Primero, se presentan los resultados relacionados con la posición percibida de los
6 Cualquier par de candidatos puede usarse como referencia en esta estimación. Sin embargo, al escoger a Clara López y Enrique Peñalosa se busca visualizar la posición percibida de los dos principales candidatos en esta elección: Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Así mismo, los dos candidatos usados como referencia tienen diferencias ideológicas evidentes a priori, y al usar como referencia a Enrique Peñalosa, se maximiza el número de observaciones con información. Independiente del par de candidatos usados como referencia, se llega a las mismas conclusiones que se presentan a continuación. 209
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candidatos, el parámetro ζj en el modelo; luego se presenta la posición de los entrevistados, ajustada por la forma como entienden las etiquetas ideológicas; y finalmente, se explora si la forma como cada entrevistado usa estas etiquetas refleja sus propias preferencias ideológicas y/o la favorabilidad de los candidatos.
3. Posición percibida de los candidatos presidenciales Uno de los primeros componentes que se puede extraer de esta estimación es la posición percibida de los candidatos (el parámetro ζj en el modelo), una vez se aísla la forma particular como cada persona entiende las etiquetas ideológicas. Aunque la interpretación numérica de estos resultados es difícil, es posible extraer varias conclusiones de la figura 1. La figura representa con un punto la posición estimada para cada candidato, y con una línea el intervalo de credibilidad del 95%. En el caso de Enrique Peñalosa y Clara López no hay intervalos de credibilidad puesto que estos candidatos fueron fijados para servir de referencia en la estimación. Figura 1. Posiciones percibidas de los candidatos presidenciales en 2014 Enrique Peñalosa
Marta L. Ramirez
Oscar I. Zuluaga
Juan M Santos
Clara López
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas, Colombia, 2014.
Una vez se ponen los candidatos en una escala común, es evidente que los entrevistados no perciben mayores diferencias entre las posiciones de Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez. Estos 210
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes
resultados parecen contradecir la idea de que los candidatos asumieron posiciones polarizadas durante esta campaña, al menos en términos de las etiquetas izquierda y derecha. Es importante destacar que en este estudio se usa como referencia la diferencia entre las posiciones de Clara López y Enrique Peñalosa. En términos de esa diferencia, los candidatos fueron percibidos con posiciones similares y concentradas en un extremo del espectro ideológico. Este comportamiento es consistente con la idea según la cual los candidatos presidenciales no enfrentan el mismo tipo de costos por un mal resultado durante la primera vuelta que quienes participan en elecciones legislativas. Por tanto, los candidatos a la presidencia, especialmente los independientes, no tienen incentivos para formar coaliciones a pesar de tener posiciones ideológicas afines (Pachón y Hoskin 2011).
4. Posición percibida de los entrevistados Además de ubicar la posición de los candidatos, el Barómetro de las Américas le pide a los entrevistados que se ubiquen ellos mismos en la escala ideológica. Sin embargo, así como la ubicación de los candidatos presidenciales está sujeta a la forma idiosincrática como cada persona entiende las etiquetas ideológicas, la forma como los entrevistados representan su propia posición está sujeta a la misma distorsión. El anterior análisis permite identificar la forma como cada persona entiende el extremo de la escala (αi), y la forma como entiende cada intervalo de la misma (βi). Al usar esta información, es posible ajustar las respuestas en “bruto” (ⱬi (entrevistado)) para obtener la posición de cada entrevistado en una escala común (xi):
La siguiente figura presenta en negro la distribución de las respuestas “en bruto” y en gris la distribución de las posiciones “ajustadas” al tener en cuenta las diferencias en la forma como cada persona entiende las etiquetas ideológicas.7
7 Siguiendo a Hare et al. (2015), se usa la media de la distribución de x i como medida sintética y no el promedio. 211
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Figura 2. Posición del entrevistado “en bruto” y “ajustadas” a una escala común Posiciones “en bruto”
Posiciones “ajustadas”
Proporción
20%
10%
0% 1
2
3 4 5 6 7 8 Escala izquierda - derecha
9
10
Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas, Colombia, 2014.
Las respuestas en bruto de los entrevistados generan la impresión de que existe un número importante de individuos con posiciones en el centro ideológico, pero también, que existe un número importante de personas con posiciones más extremas tanto a la izquierda como a la derecha. Sin embargo, esta distribución refleja diferencias en la forma como cada persona entiende las etiquetas ideológicas. Una vez las respuestas en bruto se ubican en una escala común, es aparente que las posiciones de los entrevistados se concentran en el centro, y decrece rápidamente hacia los extremos. Esto sugiere que la manera como cada persona caracteriza sus preferencias en términos de etiquetas ideológicas refleja su forma particular de entender dicho marco de referencia. Como se verá en la siguiente sección, al menos entre los mejor informados, dicha comprensión refleja sus preferencias en temas morales y la favorabilidad del primer candidato por el que se pregunta.
5. Diferencias en la asignación de las etiquetas izquierda y derecha Cuando las personas asignan una etiqueta ideológica a los actores políticos, lo hacen de una forma idiosincrática para cada individuo. Así, aunque se refieren 212
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a los mismos actores, algunos los ubicarán cerca al extremo de la izquierda, otros preferirán el centro de la escala, mientras otros lo harán cerca al extremo de la derecha. Adicionalmente, algunas personas asignan a los candidatos etiquetas que no corresponden con sus preferencias ideológicas. Ambas tendencias reflejan diferencias en el contenido que cada persona asocia con los extremos izquierda y derecha. Estas diferencias reflejan ya no diferencias en las posiciones de los candidatos, sino divergencias en el uso de las etiquetas ideológicas, y son capturadas en el parámetro αi estimado anteriormente. Usándolo como variable dependiente, a continuación se presentan los resultados de dos modelos de regresión. En el primero se usan los entrevistados que identifican correctamente que Clara López tiene preferencias más hacia la izquierda que las de Enrique Peñalosa, y por tanto en el modelo tienen un parámetro βi positivo. En el segundo modelo se usan las entrevistas en las que Clara López es ubicada a la derecha de Enrique Peñalosa, y tienen un parámetro βi negativo. El contraste de estos dos modelos permite identificar diferencias en la forma como las personas mejor informadas (en la primera columna) usan las etiquetas ideológicas en comparación con los entrevistados menos informados (en la segunda columna). Como variables independientes se usa la favorabilidad de Clara López, candidata sobre quien se pregunta primero en la encuesta. Así mismo, se usa la ubicación en bruto del entrevistado. Finalmente, se incluyen dos variables que son el resultado de calcular el promedio de una serie de preguntas sobre las preferencias morales8 y de otro conjunto de preguntas sobre las preferencias económicas del entrevistado.9
8 Estas preguntas tienen una introducción común que dice: “Ahora, utilizando también una escala de 1 a 10, le voy a pedir que usted me diga hasta qué punto aprueba o desaprueba las siguientes situaciones. En este caso, 1 indica que usted desaprueba firmemente la situación, y 10 indica que usted aprueba firmemente la situación”. A esta le sigue un listado de temas sobre los que se pide la opinión al entrevistado: COLIDEOL4B. “La Homosexualidad”. COLIDEOL4C. “La Eutanasia”. COLIDEOL4D. “El Divorcio”. COLIDEOL4F. “Fumar Marihuana”. COLIDEOL4G. “El Sexo antes del matrimonio”. COLIDEOL4H. “El uso de anticonceptivos”. 9 Estas preguntas tienen una introducción común que dice: “Ahora me gustaría conocer su opinión acerca de algunos asuntos más específicos. ¿Cómo ubicaría su propia posición en la siguiente escala dónde 1 indica que usted se encuentra ‘muy en desacuerdo’ con la afirmación y 7 qué usted se encuentra ‘muy de acuerdo’ con la afirmación?”. A esta le sigue un listado de temas sobre los que se pide la opinión del entrevistado: COLIDEOL3A. “Los ingresos de las personas deberían hacerse más iguales”. COLIDEOL3C. “Es necesario aumentar los impuestos para mejorar los planes sociales del gobierno”. COLIDEOL3E. “El estado debería ocuparse de que todas las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas”. 213
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Tabla 2. Modelos lineares. Explicación de las diferencias en la forma de asignar etiquetas ideológicas β positivo
β negativo
Coeficiente (error estándar)
Coeficiente (error estándar)
Favorabilidad de Clara López
0,629 (0,107) ***
0,312 (0,179)
Posición ideológica del entrevistado (en bruto)
0,030 (0,027)
0,117 (0,045)**
Preferencias en temas morales
0,077 (0,033)**
-0,017 (0,056)
Preferencias en temas económicos
0,109 (0,075)
-0,083 (0,109)
Constante
5,311 (0,544)***
6,311 (0,794)***
N
377
218
R-cuadrado
0,112
0,042
Nota: **p<0,05; ***p<0,001 Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas, Colombia, 2014.
Según los análisis presentados en la tabla 2, la forma como las personas asignan etiquetas ideológicas depende del nivel de información de los entrevistados sobre los candidatos. Los entrevistados que identifican que Clara López tiene posiciones a la izquierda de Enrique Peñalosa ubican los candidatos presidenciales a partir de su favorabilidad hacia Clara López. En promedio, quienes tienen una opinión muy favorable hacia Clara López ubican los candidatos 2,5 unidades más a la derecha que los entrevistados con una opinión muy desfavorable.10 Así mismo, quienes tienen preferencias más liberales en temas morales tienden a ubicar a los candidatos más a la derecha de la escala ideológica que quienes tienen preferencias más conservadoras. En promedio, quienes tienen preferencias en el extremo más liberal ubican los candidatos 0,77 unidades más a la derecha que quienes tienen preferencias en el extremo más conservador en temas morales.
10 Este mismo análisis (que no se reporta en este artículo) se hizo con todos los candidatos, pero sólo la favorabilidad hacia Clara López es estadísticamente significativa. Esto sugiere que al ser la primera candidata por la que se pregunta, su favorabilidad es usada como referencia para responder esta serie de preguntas. 214
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes
En contraste, las preferencias en temas económicos no parecen estar relacionadas con el uso de las etiquetas izquierda y derecha. Por otro lado, quienes tienen menos conocimiento sobre los candidatos no informan cómo los ubican a partir de la favorabilidad hacia Clara López o sus preferencias ideológicas. En este caso, sólo la forma como se ubican ellos mismos tiene una relación significativa con el modo de usar las etiquetas ideológicas. Así, quienes se ubican una unidad más a la derecha, también ubican los candidatos 0,11 unidades más hacia la derecha de la escala ideológica. Estos resultados ponen en perspectiva el discurso público durante la campaña. Mientras personajes como Álvaro Uribe reiteraron que en las elecciones estaba en juego la posibilidad de la llegada del “castro-chavismo” al país, los opositores a Óscar Iván Zuluaga lo asociaron con el retorno del “embrujo autoritario” (León 2014). Sin embargo, los resultados presentados arriba sugieren que la forma como los ciudadanos más informados usan las etiquetas ideológicas refleja la favorabilidad hacia Clara López, y en menor medida, de las preferencias sobre temas morales. La implicación es que la forma como los ciudadanos representan a los candidatos presidenciales en 2014 respondía en buena medida a sus propias preferencias. Quienes tienen una opinión favorable hacia la candidata de la izquierda, Clara López, y tienen preferencias liberales en temas morales representan el debate electoral como la competencia entre candidatos con posiciones de derecha. En contraste, quienes tienen una opinión desfavorable hacia Clara López y posiciones conservadoras en temas morales representan la campaña como una competencia entre posiciones más cercanas a la izquierda. Esto pone de presente que las etiquetas ideológicas cumplen un papel expresivo importante.
Conclusiones Las etiquetas ideológicas son usadas para describir las posiciones de los actores políticos, pero también, para expresar las opiniones y preferencias idiosincráticas de cada persona. Al distinguir estos dos aspectos de las etiquetas ideológicas, es posible establecer que los candidatos en las elecciones presidenciales de 2014 tenían posiciones que, lejos de estar “polarizadas”, no son diferenciables. Así mismo, las posiciones del público tampoco parecen estar tan polarizadas como el discurso público sugiere. En ambos casos, la aparente polarización durante estas elecciones es el resultado del modo como cada persona, a partir de sus preferencias sobre temas morales y su favorabilidad hacia Clara López, entiende las etiquetas izquierda y derecha.
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Estos resultados sugieren una diferencia sutil pero importante en lo que implica la aparente polarización cuando el público usa etiquetas ideológicas para dar sentido al mundo político. Dicha “polarización” refleja diferencias en el marco de referencia que usa cada persona, no divergencias ideológicas dentro de un marco de referencia común a todas las personas. Esto no implica que hablar de polarización durante la campaña presidencial de 2014 careciera de fundamento. Aunque de forma idiosincrática para cada persona, el uso de las etiquetas ideológicas refleja sus preferencias y opiniones. El hecho de que esta aparente polarización sea el producto de la forma como cada persona entiende las etiquetas ideológicas implica que el debate público y académico no puede limitarse a contraponer las etiquetas izquierda y derecha como si tuvieran un significado definido. Por el contrario, debe hacerse un esfuerzo por identificar las preferencias y opiniones que subyacen a su uso en el debate público. En ese sentido, las herramientas presentadas en este trabajo pueden extenderse a otras elecciones presidenciales o al análisis de las posiciones de otros actores políticos (congresistas, magistrados, alcaldes) y a su evolución en el tiempo.
Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
216
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¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014 Juan Camilo Plata Caviedes
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
Knutsen, Oddbjorn. 1995. “Value orientarions, political conflicts and left-right identification: A comparative study”. European Journal of Political Research 28: 63-93. DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1475-6765.1995.tb00487.x León, Juanita. 2014. “Entre el castro-chavismo y el embrujo autoritario”. La Silla Vacía, 13 de junio. URL: http://lasillavacia.com/historia/entre-el-castro-chavismo-y-el-embrujo-autoritario-47862 Miller, Warren E. y Teresa E. Levitin. 1979. “Ideological Interpretations of Presidential Elections”. The American Political Science Review 73 (3): 751-771. DOI: dx.doi.org/10.2307/1955402 Olivella, Santiago y Juan Carlos Rodríguez Raga. 2009. “Lo espacial es especial: La decisión de voto por proximidad en Colombia”. En Juntos pero no revueltos: partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006, editado por Felipe Botero, 107-134. Bogotá: Ediciones Uniandes. Pachón, Mónica y Gary Hoskin. 2011. “Colombia 2010: análisis de las elecciones presidenciales y legislativas”. Colombia Internacional 74: 9-26. DOI: dx.doi. org/10.7440/colombiaint74.2011.02 Rodríguez Raga, Juan Carlos. 2007. “Izquierdas y derechas en Colombia: Una mirada rápida a los rasgos sociodemográficos del espectro ideológico del país”. Colombia Internacional 66: 184-193. Saiegh, Sebastián M. 2015. “Using Joint Scaling Methods to Study Ideology and Representation: Evidence from Latin America”. Political Analysis 23 (3): 363-384. DOI: dx.doi.rog/10.1093/pan/mpv008 Van Deth, Jan W. y Peter A.T.M. Geurts. 1989. “Value orientation, left-right placement and votinh”. European Journal of Political Research 17: 17-34. DOI: dx.doi. org/10.1111/j.1475-6765.1989.tb00179.x Zechmeister, Elizabeth. 2006. “What’s Left and Who’s Right? A Q-method Study of Individual and Contextual Influences on the Meaning of Ideological Labels”. Political Behavior 28: 151-173. DOI: dx.doi.org/10.1007/s11109-006-9006-5 Zechmeister, Elizabeth y Margarita Corral. 2012. “Individual and Contextual Constraints on Ideological Labels in Latin America”. Comparative Political Studies 46 (6): 675-701. DOI: dx.doi.org/10.1177/0010414012463880
H Juan Camilo Plata Caviedes es candidato a doctor en Ciencia Política por Vanderbilt University (Estados Unidos). Su trabajo de investigación se concentra en las relaciones entre gobierno nacional y local, los procesos de representación política y el análisis de la opinión pública. Sus últimas publicaciones incluyen “Power to the People? Support for Direct Democracy in the Americas”. Americas Barometer Insights 87: 1-8, 2013 y “Buscar la reelección en 2010: el efecto de la efectividad legislativa”. Colombia Internacional 74: 153172, 2011. * juan.c.plata@vanderbilt.edu
217
E DOCUMENTOS F
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada CONICET (Argentina) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.09 RECIBIDO: 22 de octubre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 20 de enero de 2016
El artículo analiza la estructura y composición de las élites de Buenos Aires entre 1880 y 1930. Para ello, se presenta un acercamiento prosopográfico que revela indicadores referidos a capitales políticos, económicos, culturales y simbólicos (orígenes familiares) entre integrantes de las élites políticas, económicas y sociales. Los argumentos se centran especialmente en la relación entre élite social y élite política. A partir de ello, se esgrimen hipótesis sobre el impacto de la ampliación democrática del sistema político (ocurrida en 1912) y más en general, de la transformación de Argentina en una sociedad de masas a principios del siglo XX.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: Argentina • élites • democracia (Thesaurus) • sociedad de masas •
siglo XIX • siglo XX (palabras clave autor)
H Este artículo hace parte de una investigación más amplia, referida a la composición, estructura e identidades de las élites argentinas entre 1880 y 1930. Cuenta con financiación del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,) Argentina. 221
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016 • PP. 221-243
Social Elites and Political Elites in Argentina. Buenos Aires, 1880-1930 ABSTRACT: The article analyzes the structure and composition of the elites of Buenos Aires between 1880 and 1930. A prosopographical approach is presented that reveals indicators related to political, economic, cultural and symbolic capital (family origins) among members of the political, economic and social elites. The arguments are especially focused on the relationship between social elite and political elite. Based on this, the article presents hypotheses regarding the impact of the democratic expansion of the political system (which occurred in 1912) and, more generally, of Argentina’s transformation into a mass society in the early 20th century. KEYWORDS: Argentina • elites • democracy (Thesaurus) • mass society • XIX century • XX century (author’s keywords)
H
Elites sociais e elites políticas na Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Este artigo analisa a estrutura e a composição das elites de Buenos Aires entre 1880 e 1930. Para isso, apresenta-se uma aproximação prosopográfica que revela indicadores referentes a capitais políticos, econômicos, culturais e simbólicos (origens familiares) entre integrantes das elites políticas, econômicas e sociais. A partir disso, discutem-se hipóteses sobre o impacto da ampliação democrática do sistema político (ocorrida em 1912) e, mais em geral, da transformação da Argentina numa sociedade de massas a princípios do século XX.
RESUMO:
PALAVRAS-CHAVE: Argentina • elites • democracia (Thesaurus) • sociedade de massas
• século XIX • século XX (palabras-chave autor)
222
Introducción Argentina atravesó una transformación de su estructura social entre el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Según una interpretación clásica, esta metamorfosis enmarcó un proceso de modernización cuyo escenario privilegiado fue la región litoral, y sobre todo, la ciudad de Buenos Aires. La inmigración ultramarina (sin parangones en ese período en cuanto a su importancia relativa frente a la población receptora), la movilidad social, la formación de vastos sectores medios, la integración a la economía mundial por medio de exportaciones agropecuarias y el pasaje hacia un régimen político con sufragio secreto, obligatorio y universal (en 1912, a través de la reforma electoral conocida como Ley Sáenz Peña), habrían sido las características distintivas de la transición de una sociedad tradicional a una sociedad de masas (Germani 1962). Esta visión, que subraya los cambios estructurales, ha coexistido con otra caracterización referida especialmente a los sectores dominantes. De acuerdo a esta perspectiva, estos grupos (coincidentes a su vez con las familias tradicionales de la sociedad) habrían integrado un reducido y homogéneo círculo social, dueño de las riendas de la política y de la economía. La dominación de una oligarquía omnipotente es el retrato más emblemático al respecto.1 La renovación historiográfica que comenzó a desarrollarse en Argentina desde la década de 1960 revisó y refutó en gran medida esta mirada tradicional, a partir de un análisis más complejo de los rasgos y relaciones que habrían definido a los grupos políticos, económicos e intelectuales gravitantes (Botana 1994; Di Tella y Halperin Donghi 1969; Halperin Donghi 1992; Hora 2002; Losada 2009). Sin embargo, no abundan los trabajos que recuperen estas contribuciones con un acercamiento amplio y de conjunto, orientado a indagar la composición y la estructura de los sectores dominantes de Argentina en el puente del siglo XIX al siglo XX (Cantón 1964; De Imaz 1959; 1964; Edsall 1999; Ferrari 2008; Korn 1983; Smith 1974). Ese es precisamente el propósito de este artículo: abordar la estructura y composición de las élites, y preguntarse por el impacto que tuvieron sobre estas las transformaciones sociales, económicas y políticas que signaron al país entre 1880 y 1930. Los interrogantes que guían la exploración pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) ¿debemos referirnos a una élite indivisa que conjugó poder político, riqueza y prestigio?; o, en cambio, 2) ¿se delinea un panorama más
1 Dicha semblanza es propia de la corriente revisionista de la historia argentina. Ver por ejemplo Puiggrós 1986, tomo 1: 133-157. Con énfasis singulares, su influencia también está presente en cierta historiografía académica, por ejemplo Rock 1975, 14-17 y 36-37; más atenuada, también en Rock 1989, 206-249. 223
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cercano a la existencia de tantas élites como dimensiones sociales? La atención se ha concentrado en la ciudad de Buenos Aires, pues además de ser el escenario en el que los cambios sociales tuvieron mayor alcance, fue allí donde se establecieron las élites de gravitación nacional. Para responder a los interrogantes se ha realizado un estudio prosopográfico. Se relevaron los integrantes de instituciones, corporaciones y entidades políticas, sociales, económicas y académicas en tres cortes temporales (1885, 1905 y 1925) y se seleccionaron 347 casos por medio de un “muestreo aleatorio sistemático” (Levin y Rubin 2004, 238-242). Los casos fueron distribuidos de acuerdo a su “puerta de entrada” en la muestra: políticos; directivos de clubes sociales (en adelante DCS); directivos de corporaciones económicas (en adelante DCE); y profesores universitarios. La indagación empírica rastreó, para cada caso, un conjunto de variables entendidas como relevantes para ocupar una posición de gravitación social: poder político, riqueza, prestigio social, saber (o capital cultural) y orígenes familiares. Como se puede advertir, por un lado, se buscó identificar variables ocupacionales, a falta de un término más apropiado en tanto es difícil establecer hasta qué punto la participación en determinada esfera de la sociedad implicaba, recurriendo a Max Weber, un “vivir de” o al menos un “vivir para” a comienzos del período (Weber 1992, 1066-1068). Por otro lado, se pretendió detectar atributos simbólicos, por ejemplo el prestigio.2 La naturaleza de la sociedad sobre la que se vuelca esta pesquisa, que delimitaba en gran medida la vida pública a los hombres, hace que las variables e indicadores nos enfrenten con un universo exclusivamente masculino. A su vez, las cantidades sectoriales son: 136 DCS; 94 DCE; 63 políticos; y 54 profesores universitarios. Es importante subrayar que este diferente peso relativo entre los casos
2 Las variables se definieron sobre los siguientes indicadores. “Poder político”: desempeño de cargos en los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en los tres niveles jurisdiccionales (nacional, provincial —no sólo provincia de Buenos Aires—, municipal —ciudad de Buenos Aires—). “Riqueza”: membresía a corporaciones económicas (Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, Club Industrial, Unión Industrial), vinculación a grupos familiares terratenientes de más de 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, accionista o socio de entidades, compañías y sociedades agropecuarias, industriales, de transporte y ferrocarriles, financieras y comerciales. “Prestigio”: membresía a clubes sociales distinguidos (Club del Progreso, Jockey Club y Círculo de Armas). “Saber”: docentes, académicos o autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Orígenes familiares: procedencia espacial y antigüedad de orígenes familiares patrilineales. En segundo lugar, los indicadores para la selección de los casos de la muestra fueron: “Políticos”: integrantes de los gabinetes nacionales de ministros, y diputados y senadores nacionales por la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires; “Directivos de corporaciones económicas”: dirigentes de la Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, Unión Industrial Argentina, entidades financieras, comerciales y de servicios, y terratenientes; “Directivos de clubes sociales”: dirigentes del Jockey Club y del Club del Progreso; “Profesores universitarios”: docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires. 224
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
no implica sesgos en los resultados obtenidos. Metodológicamente fueron entendidos como diferentes categorías de análisis para el abordaje de un problema y de un universo social, considerado formalmente común en principio: las altas capas sociales. Concluir que cada una de esas categorías refleja grupos sociales históricamente existentes es un resultado posible, pero no un punto de partida.3 El objetivo de la reconstrucción prosopográfica, por lo tanto, fue rastrear las características de la participación de los casos en la esfera social por la que ingresaron a la muestra (el poder político, la riqueza, la sociabilidad distinguida, el capital cultural), el alcance y los rasgos de su participación en aquellas dimensiones distintas a las de su vía de entrada, y sus orígenes familiares. Aun con las limitaciones explicativas intrínsecas a la prosopografía como opción metodológica (Stone 1986, 61-94), un análisis del entrecruzamiento de las élites desde diferentes vías de acceso, permite obtener evidencias sobre el grado de homogeneidad o de heterogeneidad de su composición, estructura y evolución a lo largo del período. Además de ponderar la escala de unidad o de diversidad, el ejercicio aquí presentado brinda un panorama sobre la composición social de cada uno de los sectores elegidos. El artículo propone un abordaje de conjunto. De todos modos, algunas consideraciones interpretativas se concentrarán especialmente en las élites políticas. Las razones son que, como se ha dicho, algunas de las transformaciones más emblemáticas del período ocurrieron en la esfera política (la sanción del sufragio secreto, obligatorio y universal en 1912) y que nociones muy transitadas para retratar a los sectores dominantes, como oligarquía, proceden de un vocabulario político extrapolado luego para trazar semblanzas generales.
1. Poder, riqueza y prestigio Una pregunta central es si se advierte la existencia de una élite o varias y cuándo es apreciable una u otra posibilidad. En términos operativos, este problema podría desagregarse en diversos interrogantes: ¿Qué grado de superposición y proximidad social existe entre los casos? ¿Puede identificarse un conjunto de individuos con actuaciones en múltiples esferas de la sociedad, o por el contrario, más definidamente volcados a determinadas dimensiones? ¿Qué vínculos se delinean
3 La disparidad en la cantidad de casos por año y por sector surge del distinto grado de éxito en la recolección de información. Para los DCS se agrega un elemento puntual: las comisiones directivas del Jockey y del Club del Progreso se renovaban anualmente por mitades. Así, se tomaron comisiones de dos períodos sucesivos: por ejemplo, para 1905, 1904-1905 y 1905-1906, y así seguido. De esta manera, una cantidad variable de individuos, por año y por club, podía integrar comisiones de dos períodos sucesivos distintos. A este tipo de casos, por supuesto, se lo consideró sólo una vez. 225
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entre atributos como el poder, la riqueza y el prestigio (Weber 1972)? ¿Cómo evolucionan todos estos aspectos a lo largo del período? Para contestar estas preguntas se ha diseñado el cuadro 1. Allí se presenta el entrecruzamiento entre los casos de la muestra (directivos de clubes sociales —DCS—; directivos de corporaciones económicas —DCE—, políticos y profesores universitarios) y, sobre ello, la importancia relativa de las variables incluidas en el análisis. Cuadro 1. Participación de directivos de clubes sociales, directivos de corporaciones económicas, políticos y profesores universitarios 1885-1905-1925 (N= 347). Total
Poder político
Prestigio social
Riqueza
Saber
1885 DCS
33
16
33
30
7
DCE
30
10
15
30
1
Políticos
19
19
13
18
5
Profesores universitarios
16
5
5
8
16
1905 DCS
53
16
53
39
8
DCE
30
6
11
30
4
Políticos
19
19
14
14
7
Profesores universitarios
20
9
12
10
20
1925 DCS
50
12
50
37
7
DCE
34
6
17
34
2
Políticos
25
25
11
11
6
Profesores universitarios
18
3
7
2
18
DCS
136
44
136
106
22
DCE
94
22
43
94
7
Políticos
63
63
38
43
18
Profesores universitarios
54
17
24
20
54
Total del periodo
Fuente: base de datos del autor.
226
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
De acuerdo a las ponderaciones del cuadro 1, es apreciable que en el primer año considerado (1885) una importante mayoría de los casos proviene de un universo social común. Podría decirse que se está frente a una élite relativamente homogénea y polifuncional, cuyos integrantes están socialmente próximos y conjugan diversos capitales gravitantes. Los políticos, directivos de corporaciones económicas (DCE) y directivos de clubes sociales (DCS) de 1885 se destacan por tener poder, prestigio y riqueza en proporciones significativas y/o relativamente similares entre sí. Casi la mitad de los DCS ocupan cargos políticos y prácticamente todos tienen una importante posición económica. Esta última es una característica que cubre a un porcentaje similar de los políticos (95%), cuyo 70%, aproximadamente formaba parte de clubes sociales distinguidos. El único contraste notorio es que sólo la mitad de los DCE integran las entidades sociales de prestigio y apenas un tercio ejercía cargos políticos. Aun así, los profesores universitarios son quienes menos próximos están al resto de la muestra: la membresía a clubes sociales alcanza a un tercio de estos casos (contra el casi 70% de los políticos y el 50% de los DCE); y sólo la mitad de ellos tiene un destacado estatus económico (contra prácticamente la totalidad de los DCS y de los políticos). Si se considera el período en su conjunto, es posible identificar una más cercana relación entre prestigio y riqueza que entre prestigio, poder político y capital cultural. Por ejemplo, al observar los indicadores globales de los tres años incluidos en el análisis (“Total del período” del cuadro 1), para los directivos de clubes sociales la riqueza y/o una destacada actuación en el campo económico es un eje con un peso relativo definitivamente más importante que la participación política o académica. El primer rasgo incluye a casi el 80% de los DCS, mientras que los dos últimos, a alrededor del 33% y del 16% respectivamente. A su vez, su gravitación económica es mayor que la constatada en políticos y profesores universitarios. De nuevo, sumando el total del período, dicha variable aparece en el 68% de los políticos (proporción que incluye además un pronunciado descenso a lo largo de los años: de un 95% en 1885 a un 44% en 1925) y en un 37% de los profesores universitarios. Un matiz que merece destacarse es que la presencia de los DCE de la muestra en los clubes distinguidos no resulta muy significativa. En ninguno de los tres años relevados supera el 50% (aunque en el último año, 1925, su participación allí es mayor que la de políticos y profesores universitarios: 44% y 39% respectivamente). Tampoco es muy destacable la proporción de DCE que ocupó cargos políticos (para todo el período 23,4%). Posiblemente ambos indicadores se deriven del perfil de los casos. Entre las corporaciones y entidades relevadas, se incluyeron las que representaban sectores novedosos de la economía, como la 227
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industria o las finanzas, y no sólo los más tradicionales, como el agropecuario. Ello quizá incida en la moderada participación en los espacios de sociabilidad, para la cual, sin embargo, hay también algunos matices según los clubes, como se verá enseguida. Paralelamente, el desempeño al frente de entidades sectoriales o corporaciones pudo haber desalentado la participación política al ofrecer canales alternativos para la relación con el poder público. La interrelación entre prestigio, poder, riqueza y capital cultural que se desprende de estos índices sugiere, por otro lado, un cambio respecto al panorama que caracterizaba a la ciudad de Buenos Aires a mediados de siglo XIX. Por entonces, la actuación política, el perfil intelectual y la gravitación económica eran ejes con un peso relativamente similar en las élites porteñas, aunque, paulatinamente, la riqueza y el poder económico comenzaran a adquirir relevancia (González Bernaldo de Quirós 2001, 257-261). Estas torsiones tienen una expresión singular en el propio campo de la alta sociabilidad. Junto al Club del Progreso —centro social creado en 1852—, símbolo de la Buenos Aires anterior a las grandes transformaciones del fin de siglo, y en cuyo perfil fundacional la dimensión política había tenido importante protagonismo, aparece el Jockey Club —fundado en 1882— que simboliza un proceso de refinamiento de conductas y consumos alentado por la belle époque de preguerra (Losada 2008). Al desagregar la membresía de uno y otro club, la pertenencia al Jockey es mayoritaria en todos los casos de la muestra. Pero a su vez, su preeminencia es más equilibrada entre políticos y profesores universitarios, y más acentuada en los directivos de corporaciones económicas. Entre los políticos, los socios del Jockey son un 47,5%, y los del Club del Progreso un 40,7%; entre los profesores universitarios, un 32,7% y un 26,6% respectivamente. En cambio, el 51,5% de los DCE fueron socios del Jockey, y sólo el 23,5% lo fue del Progreso. A la vez, la actuación económica fue un rasgo más preponderante entre los círculos directivos del Jockey que entre los del Progreso (alcanza a un 93% de los primeros y a un 65% de los segundos), mientras que la actuación política, menos notoria en ambos grupos, es ligeramente mayor entre los del Progreso (38% contra el 31% entre los del Jockey) (Losada 2006). En suma, los casos de la muestra que pertenecieron al club social que nace y se consolida en este período, el Jockey Club, reflejan la estrecha relación entre prestigio y riqueza que se afirma en estos años. Las novedades en la edificación del prestigio social tienen un indicio en el hecho de que la pertenencia al Jockey era un capital más valioso que la membresía al Progreso para acceder a la entidad más exclusiva de la ciudad, el Círculo de Armas (creado en 1885, a diferencia del Progreso y del Jockey, estableció un tope de 400 socios). 228
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
Entre los políticos, académicos y directivos de corporaciones económicas hubo 44 socios del Círculo de Armas pero sólo dos fueron exclusivamente socios del Club del Progreso y de ningún otro centro social; un tercio (15) fue conjuntamente miembro del Jockey y del Club del Progreso; y más de la mitad (25) fue sólo socio del Jockey Club. De igual manera, más de la mitad de los directivos del Jockey integraron el Círculo de Armas (45 sobre 80), mientras que sólo lo fue un 18% (10 de 56) de los directivos del Progreso. Se ve también mayor cercanía entre prestigio y riqueza que entre prestigio y política. El peso relativo de los socios del Círculo de Armas, para todo el período, es mayor entre los políticos que entre los DCE (28,6 y 19,1% respectivamente). Pero su evolución es inversa: los 18 políticos socios del Círculo se distribuyen en cuatro (1885), diez (1905) y cuatro (1925); los DCE, por su parte, en tres (1885), seis (1905) y nueve (1925).4 Por lo tanto, la cercana relación entre gravitación económica y gravitación social que se vislumbra en la muestra se recorta como un signo de las huellas que provoca la consolidación de una economía capitalista en la estratificación social, y sobre ello, en el perfil de las élites. Este proceso, delineado en Argentina ya desde el tercer cuarto del siglo XIX, se afirmó en sus dos últimas décadas gracias a la integración territorial del país, favorecida por las campañas de apropiación de tierras hasta entonces ocupadas por indígenas, la normalización político-institucional alcanzada en 1880 (unidad política y consolidación del Estado Nacional) y la apertura a capitales y trabajo extranjeros, que aparejaron una sofisticación de la estructura económica y su definitiva incorporación a la economía mundial como exportadora de materias primas agropecuarias (Cortés Conde 1979). En otro sentido, la muestra arroja indicadores que aluden a una progresiva diversificación y especialización de campos sociales. Las ponderaciones concernientes a la política y los políticos son reveladoras. Se ha afirmado que entre 1880 y 1916 se desplegó un “orden conservador” durante el cual la política estuvo en manos de “notables”, es decir, de individuos en posiciones gravitantes de la sociedad y de la economía (Botana 1994, 65-81; Botana y Gallo 1997). La muestra brinda índices que sustentan esta semblanza. Un 95% de los políticos de 1885 tuvo una destacada posición económica y casi el 70% perteneció a la sociabilidad distinguida. En 1925, en cambio, sólo un 44% de los políticos integraba los círculos económicos o sociales de relevancia o de alto estatus.
4 Los bajos índices del primer año son esperables teniendo en cuenta el reciente origen de la institución. Por lo demás, las ponderaciones acerca de las membresías recuerdan los “escalonamientos” entre los clubes de alta sociedad, producidos por el grado en que facilitaban o no el acceso a otras entidades de mayor exclusividad o prestigio. Tales aspectos han sido señalados para la Costa Este norteamericana de este mismo período (Digby Baltzell 1971, 335-363). 229
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En otras palabras, se advierte un proceso de distanciamiento de los políticos respecto a los espacios de estatus y de gravitación económica. Esta tendencia, vale destacar, fue pausada antes que súbita. Algunos indicadores así lo constatan. Por ejemplo, los directivos de clubes sociales y de corporaciones económicas que ocuparon cargos políticos se reducen de manera apreciable ya entre 1885 y 1905. Este índice pasa de un 48% a un 30%, y de un 33% a un 20% respectivamente. Puede notarse que el descenso continúa en 1925, pues ese año los indicadores arrojan un 24% para los DCS y un 17% para los DCE. Pero aun así la disminución de la ocupación de cargos políticos es más pronunciada entre 1885 y 1905, que entre 1905 y 1925. Semejantes indicadores podrían interpretarse como indicios de cierta autonomía sectorial de la política, delineada desde finales del siglo XIX y acentuada desde entonces (Botana 1994; Gallo 2000; Halperin Donghi 1992). Es importante resaltar que es una tendencia identificable en tiempos en que existía un universo social relativamente homogéneo, pues, como se vio previamente, los casos iniciales de la muestra conjugan poder, prestigio y riqueza. También merece subrayarse que sería un proceso visible antes de los cambios políticos e institucionales de 1912-1916. Es decir, del punto de inflexión tradicionalmente asociado con la reforma electoral de 1912 y con el cambio de régimen aparejado por el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) con Hipólito Yrigoyen en 1916, que desplazó del poder al elenco gobernante desde 1880, el Partido Autonomista Nacional (PAN). Al mismo tiempo, entre los políticos de la muestra, la actuación académica tiene un mayor peso que entre los DCS o los DCE (un 28,5% frente a un 16% y apenas un 7,5% respectivamente para todo el período). De manera recíproca, la actuación política de los profesores universitarios tiene un índice próximo a los DCS y mayor a los DCE (31%, 32% y 23% respectivamente, otra vez considerando los totales para el conjunto del período). Son indicadores sugestivos, teniendo en cuenta que se ha entendido a la formación universitaria como un signo de la profesionalización de la política (en tanto supone la necesidad de ciertos saberes especializados para desempeñarse en funciones estatales, González Bernaldo 2001, 124-131 y 266-278). Además, a lo largo de este arco temporal, la gravitación de la formación universitaria aumentó a raíz de la ampliación y complejización del entramado institucional del Estado (Plotkin y Zimmermann 2012; Zimmermann 1995). Cabe agregar que hubo cambios en la sociabilidad, que posiblemente también distendieron la relación entre alta sociedad y política. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX el Jockey Club otorgaba la membresía a los integrantes del poder ejecutivo nacional, los gobernadores provinciales, el intendente de Buenos Aires, los representantes y funcionarios diplomáticos, y a diputados y senadores 230
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
nacionales (estos últimos bajo la figura, en sí moderada, de “socios transeúntes”). Pero a la vez, ninguno de ellos tenía “la facultad de deliberar en las asambleas de socios efectivos” (La Nación, “Notas sociales. Jockey Club”, 30 de septiembre de 1902). Es decir, no podían intervenir en la vida institucional del club. La disposición fue una manifestación puntual de un fenómeno más extendido: la huella de conflictividad y fractura que la política había dejado en los clubes sociales a lo largo del siglo XIX y que, por ejemplo, había afectado al propio Jockey Club en las elecciones de sus comisiones directivas (Gálvez 1999; Losada 2007). Lo interesante es que posiblemente por la conjugación de todos estos aspectos (la profesionalización, o al menos la especialización de la política; una relación entre alta sociabilidad y política recorrida por mediaciones), se aprecia un alejamiento progresivo de la política de individuos con gravitantes posiciones en la sociedad o en la economía. Con todo, vale igualmente subrayar que el contexto 1912-1916 (reforma electoral y triunfo de la UCR) parece haber resignificado esta brecha. Al focalizar la atención en los DCS, en 1925 se ve que perdura un descenso en la participación política, ya advertido entre 1885 y 1905. De todos modos, asoman algunas peculiaridades entre los dirigentes del Jockey Club. Los casos de 1925 que reconocen en sus trayectorias biográficas la ocupación de cargos políticos, los ejercieron antes de 1916 (o lo volverían a hacer con el golpe de estado de 1930 que desplazó al radicalismo del poder). Sólo hay una excepción, correspondiente a Benito Villanueva, quien concluyó su segundo mandato como senador en 1922. Por lo tanto, aun cuando se ha matizado la renovación social que supuso el cambio de régimen aparejado por el ciclo de las presidencias radicales de 1916-1930, y, aún más, se ha subrayado una importante pertenencia al Jockey Club de sus elencos ministeriales (al menos hasta la segunda presidencia de Yrigoyen de 1928-1930, Gallo y Sigal 1963; Smith 1976), la ausencia de hombres del radicalismo entre los círculos directivos de clubes sociales de la muestra constituye un sugestivo indicador a favor de los desplazamientos que implicó este recambio político. Al menos, pone de presente que la identificación radical no fue un rasgo especialmente valorado en la alta sociabilidad al momento de perfilar sus núcleos más representativos o gravitantes (en una misma dirección apunta el dato de que los directivos relevados hayan vuelto a tener actuación política después de 1930). Por otro lado, debe contemplarse que la importante participación de los directivos del Jockey Club en el mundo de la economía seguramente los convertía en hombres influyentes, con herramientas para ejercer poder en sentido weberiano (capacidad de influencia para imponer la propia voluntad, Weber 1992, 43). La misma conducción de un centro social como el Jockey, que a diferencia del Progreso tuvo 231
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una activa intervención en la esfera pública (fundamentalmente a través de una extendida acción filantrópica y de asistencia financiera a la política social del Estado), ofrecía un lugar institucional para otorgarles un poder social con fuerza política, y quizá volver innecesaria una actuación personal en esa esfera (Hora 2002). No obstante, la ausencia de ocupación de cargos políticos es un aspecto a destacar debido a que implica un contacto más indirecto con el poder político y el control del Estado (acudiendo una vez más a Weber, el fundamento último del poder en sociedades modernas). En consecuencia, el panorama que devuelve la muestra refleja que a mediados de la década de 1910 hubo desplazamientos en los elencos políticos. Estos, a su vez, fueron manifestaciones concretas de transformaciones más amplias de la sociedad. Acerca de este punto, conviene recordar la información relevada sobre los políticos. La proximidad social que podía plantearse entre los casos de 1885 y los individuos en lugares gravitantes de la alta sociedad o de la economía se atenúa de manera apreciable avanzando el tiempo. La pertenencia a clubes sociales prestigiosos o una destacada posición económico-social no alcanza a la mitad de los políticos de 1925. En cambio, en 1905 ambos índices cubrían a casi las tres cuartas partes de los casos, y en 1885, la membresía a clubes sociales se encontraba en el 70%, mientras que prácticamente todos los políticos de ese año (18 de 19) tenían una relevante posición y/o actuación económica. De forma paralela, adquiere nitidez el carácter “profesional” de los políticos. Para una tercera parte de los políticos de 1925 no pudieron constatarse otras ocupaciones que el propio ejercicio de cargos públicos. Más aún, casi todos comenzaron su carrera luego de la sanción de la reforma electoral (sólo 2 casos de los 25 de este último año ocuparon cargos con anterioridad a 1912). Sus edades no habrían sido obstáculo para ello. El promedio de edad de los políticos de 1925 es de 47,7 años, es decir, estaban en condiciones formales de ocupar cargos legislativos ya a mediados de la primera década del siglo XX. Los resultados aquí presentados tienen puntos de coincidencia con los de otras investigaciones. Un estudio pionero de la década de 1960 ya había argumentado las similitudes entre las élites políticas anteriores y posteriores a 1916, precisando de todos modos que los dirigentes de la UCR provenían de familias prominentes pero de raíces más recientes que las del PAN. A raíz de ello, se sostuvo que entre ambos grupos hubo similitudes en lo referido a la situación económica e incluso a la pertenencia a ámbitos de sociabilidad de prestigio, pero diferencias en lo tocante a los antecedentes de la familia en la vida política (una singularidad que se denominó “incongruencia de estatus”) (Alonso 2000; Gallo y Sigal 1963). Otros trabajos posteriores enfatizaron el carácter atenuado de la renovación social que supuso el ascenso de la Unión Cívica Radical en las élites políticas. 232
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
Se encontraron matices entre los parlamentarios y los miembros de los gabinetes presidenciales, y, en general, las evidencias indican que entre conservadores y radicales, en estos últimos hubo más indicios de la renovación poblacional provocada por la movilidad social y la inmigración masiva (Cantón 1964; Ferrari 2008; Smith 1974, 25-26). Mirando las cosas en perspectiva, puede concluirse que las rupturas que supuso 1916 en general, y el radicalismo en particular, en la composición social de la élite política fueron importantes —al menos— en los integrantes de la cámara baja. El panorama fue más atenuado al contemplar conjuntamente diputados y senadores, y los contrastes, prácticamente inexistentes, si la atención se dirige a los gabinetes nacionales (al menos hasta 1928).
2. Orígenes familiares La consideración de los orígenes familiares, precisamente, brinda evidencias adicionales sobre el grado de proximidad entre los casos de la muestra. Al mismo tiempo, permite visualizar la recomposición provocada por la inmigración masiva y la movilidad social del período. A tal efecto, en el cuadro 2 se presentan los índices relativos al origen temporal patrilineal y en el cuadro 3 al origen espacial patrilineal.5 Cuadro 2. Orígenes familiares patrilineales temporales de directivos de clubes sociales, directivos de corporaciones económicas, políticos y profesores universitarios 1885-1905-1925 (N= 252) Total
Colonial
No colonial
1885 DCS
26
20
6
DCE
20
9
11
Políticos
16
12
4
Profesores universitarios
12
8
4
1905 DCS
38
26
12
DCE
24
8
16
Políticos
11
7
4
Profesores universitarios
15
8
7
5 De los 347 casos, se obtuvo información sobre orígenes temporales de un 72% (252 casos) y sobre orígenes espaciales, de un 71% (247 casos). 233
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Total
Colonial
No colonial
34
22
12
1925 DCS DCE
27
11
16
Políticos
17
3
14
Profesores universitarios
12
5
7
Total del período DCS
98
68
30
DCE
71
28
43
Políticos
44
22
22
Profesores universitarios
39
21
18
Fuentes: base de datos del autor.
Cuadro 3. Orígenes familiares patrilineales espaciales de directivos de clubes sociales, directivos de corporaciones económicas, políticos y profesores universitarios 1885-1905-1925 (N= 247). Total
Porteños
Provincianos
Inmigrantes
1885 DCS
26
10
7
9
DCE
20
4
5
11
Políticos
15
7
2
6
Profesores universitarios
12
4
4
4
1905 DCS
35
16
6
13
DCE
21
6
1
14
Políticos
14
4
6
4
Profesores universitarios
16
3
7
6
1925
234
DCS
37
14
11
12
DCE
26
10
1
15
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
Total
Porteños
Provincianos
Inmigrantes
Políticos
14
1
6
7
Profesores universitarios
11
3
3
5
Total del período DCS
98
40
24
34
DCE
67
20
7
40
Políticos
43
12
14
17
Profesores universitarios
39
10
14
15
Fuentes: base de datos del autor.
En un primer momento (1885) los orígenes temporales confirmarían lo señalado en el apartado anterior: una apreciable cercanía social entre la gran mayoría de los casos, no sólo por sus trayectorias personales, sino también por el perfil predominante de sus procedencias familiares. El universo social preponderante de los casos de 1885 (un 66% —49 sobre 74—) podría definirse como el de las “familias tradicionales”, por antigüedad de orígenes patrilineales. Es cierto que puede argumentarse que a medida que se avanza en el tiempo es esperable que disminuya la proporción de casos con orígenes de temprana raigambre en la ciudad o en el territorio argentino. Por esto mismo, resulta significativo que ese tipo de orígenes familiares “tempranos” mantenga su preeminencia en los directivos de clubes sociales (DCS) a lo largo de los tres años considerados, a pesar de la mutación estructural en la sociedad producida por la inmigración masiva. En cambio, su preeminencia se diluye progresivamente entre los políticos, los DCE y los profesores universitarios. Si se contemplan los índices para la totalidad del período, casi el 70% de los DCS (68 casos sobre 98) tienen orígenes familiares patrilineales en el período colonial y cerca del 41% (40 casos sobre 98), orígenes porteños. Para los políticos, DCE y profesores universitarios considerados conjuntamente, en cambio, esas proporciones —nuevamente para todo el período— son del 46,1% (71 casos sobre 154) en lo referido a orígenes coloniales, y 28,2% (42 casos sobre 149) respecto a orígenes porteños. Es decir, en estos casos se advierte un proceso de recomposición social de una envergadura que no se constata en los DCS. Los orígenes familiares, en suma, refuerzan el panorama apreciable en la ponderación de las variables socio-ocupacionales: la atenuación de la proximidad entre los casos avanzando el período. Aparecen, además, otros puntos de interés. 235
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En primer lugar, al volver sobre los índices de los cuadros 2 y 3, es identificable un panorama de relativa porosidad en la ciudad de Buenos Aires desde los momentos iniciales del período, en distintas esferas sociales. Considérese, a modo de ejemplo, que en 1885 más de la mitad de los DCE, la cuarta parte de los políticos y un tercio de los profesores universitarios no tienen orígenes coloniales. Lo mismo se observa en 1905 para dos tercios de los DCE, la tercera parte de los políticos, casi la mitad para los profesores universitarios, e incluso aproximadamente un tercio de los DCS. De todos modos, también se advierte que la porosidad se atenúa, o al menos se difiere, en un plano generacional. De los 106 casos de origen inmigrante (de todo el período), 71 nacen en Argentina. Semejantes índices sugieren que estos eran argentinos de primera o segunda generación, pero ya no, ellos mismos, extranjeros. En segundo lugar, debe considerarse que en una sociedad inmigratoria la antigüedad familiar y de residencia podían ser un valioso capital simbólico, de prestigio y distinción, frente a la sociedad en su conjunto, pero quizá más en el interior de las élites. Significativamente, los políticos, DCE y profesores universitarios de orígenes familiares coloniales de todo el período (71 casos) pertenecieron en una importante proporción a la alta sociabilidad (el 73% —52 casos—). En cambio, sólo un 42% (35 casos sobre 83) de los políticos, DCE y profesores universitarios de orígenes no coloniales integró los clubes sociales distinguidos de la ciudad. Por último, cabe agregar que si se desagregara esta pertenencia según las entidades aquí relevadas, el Jockey Club volvería a ser el más importante: los orígenes tempranos predominan entre los directivos del Club del Progreso a comienzos del período (todos ellos tienen orígenes coloniales en 1885) y lo hacen entre los del Jockey a finales del mismo (más significativo, teniendo en cuenta que para entonces ya es patente el cambio estructural de la sociedad). En 1925 las tres cuartas partes de estos (contra un 60% de sus pares de 1885) poseían ascendientes familiares patrilineales coloniales (sólo dos del Progreso poseen esa característica por entonces). A la luz de estas evidencias, bien puede concluirse que la sociabilidad (y más específicamente el Jockey Club) es el indicador más pertinente, de todos los aquí contemplados, para identificar durante el período en su conjunto a las “familias tradicionales”, o al grupo social frecuentemente denominado “clase alta” porteña. Líneas arriba se ha señalado que es razonable argumentar que la renovación de las élites en un país de inmigración y de movilidad social es una consecuencia esperable, así como lo es que los espacios de sociabilidad hayan implementado filtros más estrictos en semejante contexto. Los indicadores presentados muestran que, en efecto, las transformaciones desplegadas en Argentina 236
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
de inicios del siglo XX atenuaron la centralidad de las familias tradicionales en la integración de las élites y, por lo tanto, en la conducción de la sociedad. Pero asimismo puede identificarse otro proceso, en relación con el anterior, pero singular. Los cambios de la sociedad erosionaron además el carácter de las familias tradicionales como grupo social de referencia o de arbitraje en la construcción y consagración de reputaciones (Merton 1964, 230-283). La política vuelve a ofrecer casos ilustrativos al respecto. Por ejemplo, vale presentar someramente las relaciones establecidas por dos políticos de la muestra con una misma familia de la “aristocracia”, la Alvear, en distintos momentos: Ramón Cárcano en los años 1880 y José Tamborini a mediados de la década de 1910 y en la de 1920.6 Estos personajes exponen puntos ya señalados, como también precisan los alcances de algunas afirmaciones. Por un lado, Cárcano y Tamborini ilustran la renovación de la élite política que supusieron en sus momentos respectivos 1880 y 1916. Cárcano provenía de la élite política cordobesa, e integró los elencos del PAN que llegaron al poder en 1880. Tamborini refleja la promoción de hombres nuevos en la sociedad a través de la política que aparejó el radicalismo. Asimismo, el caso de Cárcano da cuenta de la permeabilidad de la sociedad anterior a la inmigración masiva, y en particular del campo político anterior a 1916, sin olvidar por ello las diferencias cualitativas de la inmigración temprana: su padre era un profesor universitario italiano afincado en la provincia de Córdoba a mediados del siglo XIX. Ahora bien, el presidente de la República entre 1922 y 1928, proveniente además de la Unión Cívica Radical, fue Marcelo T. de Alvear. La gravitación en la política posterior a 1916 de un individuo proveniente de la élite social marca puntualmente los límites de la renovación social del radicalismo, y en un plano más general, ilustra la ausencia de uniformidad política que recubrió a las familias tradicionales (en este sentido, las ponderaciones presentadas anteriormente sobre la ausencia de ocupación de cargos políticos entre los directivos del Jockey Club después de 1916 se recortan como un signo de sus propias orientaciones políticas antes que de las de su círculo social en su conjunto). Este podría pensarse, entonces, como un ejemplo que matiza el progresivo desplazamiento de la élite social.
6 Ramón Cárcano, nacido en Córdoba en 1860, abogado, fue diputado nacional por esa provincia en varios períodos, ministro de Justicia, y gobernador en dos oportunidades; presidente del Consejo Nacional de Educación; embajador en el Brasil y organizador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, entre otros cargos. José Tamborini, nacido en 1886 en Buenos Aires, médico, tuvo una dilatada actuación dentro del radicalismo, llegando a ser cabeza de la fórmula de la Unión Democrática en las elecciones de 1946 que consagraron presidente a Juan D. Perón. Ver por ejemplo Quién es quién en la Argentina 1939, 91 y 416. 237
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De todos modos, conviene subrayar un punto adyacente. En sus memorias, Cárcano recuerda que su incorporación al nuevo oficialismo nacional de los años ochenta lo había llevado a recalar en las tertulias de don Diego de Alvear, para desde allí anudar y profundizar contactos políticos. Esto le permitió, además, insertarse en el mundo de la “sociedad porteña” a pesar de su declarada “susceptibilidad provinciana” (Cárcano 1965, 212; Fernández Lalanne 1980, 357). Diferentes, en cambio, fueron el contexto y las modalidades por las cuales Tamborini (que nació contemporáneamente a la llegada de Cárcano a Buenos Aires en 1886) se vinculó con el mencionado Marcelo T. de Alvear, sobrino de don Diego. La trayectoria de Tamborini se debió a su inserción temprana en el radicalismo (a los diecinueve años participó en la última asonada revolucionaria de la UCR en 1905) continuada como elector presidencial en 1916 y como diputado nacional desde 1918, hechos que lo acercaron a Alvear, de quien sería ministro del Interior en 1925-28, uno de los pocos miembros de ese gabinete que debía su puesto a su trayectoria en el partido y en el que no se conjugaban la filiación política y la pertenencia al grupo social del presidente. El diferente vínculo que ambos establecieron con el mundo de la élite social podría entonces aparecer a primera vista como signo de una exclusión de hombres nuevos a medida que se avanza en el tiempo: Cárcano frecuentó las tertulias de la alta sociedad; Tamborini, hasta donde puede constatarse, no. Sin embargo, lo que ambos ejemplos muestran es que la autonomización del campo político ofreció otras instancias para la construcción de una carrera política exitosa: concretamente el partido, no ya las veladas en residencias familiares o en los clubes de la upper class. En otras palabras, la paulatina aparición de élites autónomas sobre campos crecientemente específicos, con sus propios mecanismos de construcción de trayectorias, de legitimación e incluso de consagración de prestigio, pudo volver progresivamente innecesaria la pertenencia a las entidades de la alta sociabilidad en sus connotaciones funcionales. El capital social urdido a través del contacto con figuras de las familias tradicionales no exigía, en todo caso y de manera ineludible, acceder a su mundo social para edificarlo. Derivado de esto, la vinculación con personajes de la upper class apareció cada vez más, y ante todo, como una relación con personajes relevantes por su peso específico en una determinada dimensión social; peso en el que su origen familiar podía tener cierta importancia, pero que debía estar necesariamente reforzado por capitales singulares. Así lo expresa el propio Alvear, en tanto fue su capital político (su designación por Yrigoyen) antes que su procedencia social el eje que favoreció su candidatura presidencial en 1922 y su éxito electoral (Losada 2016; Persello 2004). 238
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
Conclusiones ¿Coincidieron las élites sociales y las élites políticas en Buenos Aires entre 1880 y 1930? ¿Los grupos dominantes fueron un bloque indiviso y polifuncional? Las evidencias que ofrece el trabajo prosopográfico aquí presentado indica que, al comienzo del período, quienes ocupaban posiciones destacadas en diferentes esferas de la sociedad provenían de un universo social relativamente próximo. Sus perfiles tienen fuertes puntos de contacto. El rastreo empírico no permite elucidar, per se, si esta relativa homogeneidad implicó a ciencia cierta una indivisa “clase dominante” (semejante conclusión exigiría conocer la naturaleza y características de la relación recíproca entre estos individuos). También es arriesgado proponer específicos perfiles socio-ocupacionales para individuos que actuaban en diferentes escenarios. En todo caso, a partir de la prosopografía sí se aprecia, por un lado, la creciente relevancia de la riqueza o del poder económico en la construcción de gravitación social, signo de la consolidación de una economía capitalista. Por otra parte, detrás de la inicial proximidad y de actuaciones múltiples, se percibe la especificidad que van cobrando ciertas esferas de la sociedad ya en el fin de siglo. El campo político es revelador al respecto, al menos en el sentido weberiano de “vivir para”. Sin olvidar la incidencia de un complejo haz de factores (formas alternativas a la política para ejercer cierta capacidad de influencia; el capital social ofrecido por vínculos familiares que no volverían necesaria la ocupación de cargos para tener contactos con el poder; la recomposición social de la clase política), el hecho de que la participación en política no sea mayoritaria entre los directivos de clubes sociales y de corporaciones económicas de 1885 (alcanzaba a poco menos de la mitad de los primeros y a un tercio de los segundos), posiblemente ilustre la profesionalización o especialización política por la negativa. Esto es, que las exigencias y reglas específicas que conlleva la definición de campos autónomos y profesionales (acudiendo al concepto de Pierre Bourdieu), intrínseca manifestación de la complejización de la sociedad, pudieron volver indeseable o crecientemente imposible abocarse a una actuación intensa en la política, al menos por medio de la ocupación de cargos (Bourdieu 1967). Por otro lado, en un sentido positivo, es sugestivo ver la afirmación de esa tendencia a través de trayectorias sociales que avanzando el período no reconocen otras inserciones que aquellas correspondientes a su vía de entrada en la muestra. Nuevamente, por la mayor formalidad institucional, esto puede observarse sobre todo entre los políticos (también en los profesores universitarios). Para un tercio de los políticos y algo más de la mitad de los profesores universitarios de 1925, 239
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no pudieron constatarse ocupaciones adicionales. A su vez, esta tendencia corre paralela a una recomposición social de los casos. También en 1925, alrededor del 80% de los políticos y del 60% de los profesores universitarios no reconocen orígenes familiares coloniales. Cabe precisar, de todos modos, que la permeabilidad es relativamente notoria en la política, en la universidad e incluso en la economía a lo largo de todo el período, habiendo sido sus beneficiarios extranjeros o hijos de extranjeros llegados al país hacia 1860-1870. En segundo lugar, vale destacar que no hay que esperar a 1925 para encontrar itinerarios biográficos delimitados a áreas determinadas. La especialización o la profesionalización no necesariamente fueron paralelas o simultáneas con la renovación social de los casos ni un producto inaugurado en momentos de cambio puntuales, como los años 1912-1916 en el campo político. Por último, al mirar el período en su conjunto, la muestra señala que quienes poseían un alto estatus (por sus orígenes familiares o por su pertenencia a los clubes de prestigio) ocuparon posiciones de gravitación en distintas dimensiones de la sociedad. Pero su proporción disminuyó avanzando los años. La importante superposición de un comienzo se desdibuja a lo largo del tiempo, licuándose entonces la exclusividad de la “clase alta” del cambio de siglo en la conducción de la sociedad. La aristocracia o la clase alta habría pasado de ser una élite social en un sentido amplio (una minoría conductora de la sociedad) a una en sentido específico o restringido, en tanto la esfera en la que mantuvo vigencia y gravitación entre 1880 y 1930 fue la más específicamente social (la sociabilidad, en la cual asimismo se visualiza una progresiva preeminencia del Jockey Club sobre el Club del Progreso). En conclusión, la reconstrucción prosopográfica aquí presentada permite aprehender un conjunto de cambios sensibles en la estructura y composición de las élites entre 1880 y 1930: procesos de recomposición social de sus integrantes; una decreciente superposición entre las familias tradicionales y las distintas élites, que atenúa su protagonismo en la conducción de la sociedad pero también su carácter como grupo social de referencia; la compleja relación entre la recomposición y la autonomización de campos sociales. Mirando las cosas en perspectiva, resulta difícil visualizar para este período en su conjunto y sobre la base empírica aquí abordada “una élite unificada, coherente, y consciente que domine el conjunto del sistema social”.7 Se aprecia, en cambio, la paulatina afirmación de un panorama signado por élites diferenciadas, por quienes las componen y por la especialización o autonomización profesional 7 La expresión, extraída de un artículo abocado a las élites francesas, es de Saint-Martin 2001, 61, nota 5. 240
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930 Leandro Losada
que se dibuja detrás de las trayectorias de sus miembros, antes que una única élite multiimplantada e indivisa, conformada a su vez por las familias tradicionales, tal como lo proponían las interpretaciones más clásicas aludidas al comienzo de este trabajo. En la Argentina de mediados de la década de 1910 en adelante crujió la lógica elitista y se resquebrajó la gravitación de las familias antiguas en el escenario que les había dado proyección nacional, la ciudad de Buenos Aires. Teniendo esto en consideración, el enemigo que el peronismo señalaría ya en la década de 1940 como el responsable de los males del país, la “oligarquía” (esa forma imprecisa de nominar con términos políticos un grupo social relacionado con los sectores tradicionales), remitía, con todas sus ambigüedades, a un actor en retirada. En realidad, su declinación, y en un sentido más amplio, el ocaso del país asociado a dicho círculo social, fueron las coordenadas sobre las que se asentó la conversión de Argentina en una sociedad de masas.
Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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H
Leandro Losada es doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN-Argentina). Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), profesor adjunto de Historia Argentina en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de UNICEN, profesor visitante en el Departamento de Historia y en el posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y profesor a cargo del curso Historia Argentina en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Sus investigaciones recientes se centran en la historia de las élites latinoamericanas y en la historia política argentina de las primeras décadas del siglo XX. Es autor de Historia de las élites en la Argentina. De la conquista al surgimiento del peronismo. Buenos Aires: Sudamericana, 2009; Esplendores del Centenario. Relatos de la elite argentina desde Europa y los Estados Unidos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010 y Una familia de la elite argentina: los Senillosa, 1810-1930 (con Roy Hora). Buenos Aires: Prometeo, 2016. * llosada@utdt.edu; l.losada@conicet.gov.ar
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Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo. Sobre Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013), de Jens Streckert1 Daniel Emilio Rojas Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Francia) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.10
Introducción París fue el punto de encuentro de los latinoamericanos desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Ninguna otra ciudad albergó una comunidad latinoamericana tan amplia y diversa como la que tuvo la ciudad luz en aquella época. Intelectuales, artistas, exilados, activistas políticos y miembros de las élites convivieron en el mismo microcosmos urbano, asistieron a los mismos eventos y leyeron los mismos periódicos y revistas. Fue en París donde se creó, por primera vez, la idea de América Latina. Die Haupstadt Lateinamerikas (2013) (la Capital de América Latina), de Jens Streckert, se suma a la lista de trabajos históricos sobre la vida, la sociabilidad y las actividades de los extranjeros en la metrópoli francesa de los siglos XIX y XX. Resultado de la reescritura de una tesis de doctorado, el libro se basa en una investigación estadística y archivística de los latinoamericanos que pasaron o vivieron en la ciudad luz durante la Tercera República (1870-1945). En este período, París experimentó su máximo crecimiento poblacional y sufrió transformaciones sociales y urbanísticas por la afluencia de comunidades de inmigrantes de dentro y fuera de Francia (Casselle 2003; Marchand 1993). Como se verá en las siguientes páginas, los latinoamericanos fueron un grupo importante de la ciudad en el período estudiado y contribuyeron significativamente a la creación y difusión de una identidad latinoamericana en América Latina y Europa. Por eso, para estudiar la historia de este grupo, es necesario 1 El libro Die Haupstadt Lateinamerikas. Eine Geschichte der Lateinamerikaner im Paris der Dritten Republik (1870-1840) o La capital de América Latina. Una historia de los latinoamericanos en París durante la Tercera República (1870-1940) no ha sido traducido al español. Salvo indicación contraria, todas las citas que figuran en el presente documento son traducciones del alemán al español hechas por Daniel Emilio Rojas. 245
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pensar la historia de París en una dimensión transnacional y estudiar la construcción de la identidad latinoamericana en un contexto planetario.
1. América Latina en París La atracción de los latinoamericanos por París y la cultura francesa no era una novedad de la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo de las luces, Francia fue un polo cultural y científico para los habitantes de los territorios americanos de los imperios ibéricos y continuó siéndolo después de las independencias, aún con toda la desconfianza que provocó el anticatolicismo radical de 1789 y las aventuras coloniales de Napoleón III. La novedad estuvo, más bien, en el aumento del flujo de latinoamericanos que viajaban a Europa. Si París se elevó como capital mundial atrayendo a quienes buscaban las maravillas de un progreso humano e industrial en las tiendas de moda, en el lujo artístico y culinario, o en la unión del acero y el cristal que evocaba a la ciudad del futuro (Benjamin 1942), el inicio de la navegación a vapor en 1860 y la instalación del primer cable telegráfico transatlántico en 1874, acortaron más que nunca la distancia que había entre América y Europa (p. 17). La llegada de los latinoamericanos a París hizo posible un intercambio cultural y político inédito hasta ese entonces. Fue en el microcosmos parisino donde intelectuales, políticos, artistas, comerciantes y exiliados provenientes desde el Río Grande hasta la Tierra del fuego se dieron cita para elaborar un diagnóstico global del continente. Así, en contacto permanente con la vida política y cultural de la ciudad, los latinoamericanos abordaron una serie de debates que se convirtieron en el núcleo de una reflexión sobre su lugar en el mundo, entre los cuales estaba la producción literaria y plástica, el indigenismo, y la necesidad de enfrentar la hegemonía de los Estados Unidos (EE.UU.) en América Central y el Caribe. Quienes han contextualizado la aparición de la idea de América Latina en el proyecto expansionista de Napoleón III han caído en el error de supeditar la búsqueda de la “unión latina” a su política exterior.2 La prensa de la época prueba que los proyectos de unión y confederación no sólo tuvieron una vertiente gala, sino que hubo múltiples declinaciones efectuadas por portugueses, españoles y latinoamericanos. Una de las virtudes de Die Haupstadt
2 El emperador francés buscó limitar el poderío anglosajón para darle a Francia un lugar privilegiado en el concierto de las grandes potencias y para eso promovió un panlatinismo opuesto a los EE.UU. e Inglaterra.
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Lateinamerikas se encuentra precisamente allí, pues su autor demuestra a través de una rigurosa investigación archivística que la idea de América Latina fue el fruto del trabajo paciente de un grupo de publicistas latinoamericanos que se hallaban insertos en el microcosmos parisino. Además de aspirar a conformar un bloque homogéneo contra EE.UU. (p. 202), esos publicistas también se preocuparon por iniciar una exploración sobre la identidad cultural y el sentido histórico de sus propias naciones.3 Otros trabajos documentaron los casos de los creadores de la idea latinoamericana (Fernández Cabrelli 1984; Moya 2012; Phelan 1969; Rivadeneira Vargas 1989), pero uno de los aportes de Streckert consiste en estudiar las formas institucionales que difundieron el discurso latinoamericanista en París. La primera asociación de latinoamericanos de la ciudad se creó en 1877, por iniciativa del cubano Severino de Heredia. Entre los miembros fundadores se encontraban el embajador venezolano Modesto Urbaneja, y los nicaragüenses Crisanto y Francisco Medina (p. 200). El ejemplo más revelador de esta generación germinal fue el del colombiano José María Torres Caicedo, quien junto al chileno Francisco Bilbao fue uno de los primeros en emplear la expresión América Latina en su poema “Las dos Américas” (1857). El 29 de enero de 1879, Torres Caicedo fundó en un edificio de la calle Montigny la asociación Union Latino-Américaine, que reunió a numerosos representantes de la diplomacia y de las artes de la ciudad. Frente a un público heteróclito, el colombiano hizo un llamado a renunciar a las nacionalidades para construir una identidad latinoamericana común: “(…) habrá un momento para todos nosotros en el que no seremos ni Peruanos, ni Bolivianos, ni Argentinos, ni Dominicanos, ni Haitianos, ni Uruguayos, ni Venezolanos, ni Ecuatorianos, ni Colombianos, ni Centroamericanos… seremos todos latino-americanos!” (p. 203).4
La reelaboración de la identidad latinoamericana en París continuó durante todo el período de la Tercera República, combinando asociaciones científicas, políticas y culturales. En 1886, Torres Caicedo, Pedro S. Lamas y el brasileño Santa Ana Nery fundaron la Académie de l’Amérique Latine, cuyo propósito era acercar moral y materialmente a América Latina y a Europa. La academia esperaba consolidarse como una sociedad de conocimiento en la que
3 Ver, por ejemplo, el artículo de François-Xavier Guerra “La lumière et ses réflets: Paris et la politique latino-américaine”, (Guerra 1989). 4 En español en el texto. 247
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“se articularan todas las formas de investigación política, histórica, social, geográfica y etnológica sobre América Latina” (p. 223). Además de estar afiliada a otras sociedades científicas de París, Francia y Europa, contaba con un órgano de difusión propio (p. 223-224). Una pregunta que conviene plantear es si Londres o Nueva York podrían matizar el papel dominante que Streckert atribuye a París en el surgimiento de una sociabilidad transnacional latinoamericana. De hecho, Londres fue una de las ciudades más frecuentadas por las élites de esta parte del mundo durante la primera mitad del siglo XIX, sobre todo después del reconocimiento inglés de los gobiernos independientes. El americanismo de Miranda, Bolívar y Bello se construyó en contacto permanente con la city, y Londres fue el punto privilegiado durante casi un siglo para adquirir empréstitos y ofrecer las materias primas con las que los países latinoamericanos se integraron al comercio mundial (Decho y Diamond 1998). Por otra parte, en el cambio de siglo, Nueva York se convirtió en un punto de encuentro de los latinoamericanos, en particular de quienes abrazaron como causa común la independencia cubana o huyeron de México al inicio de la revolución de 1910 (Lázaro 1988). No obstante, frente a tales cuestionamientos, Streckert parecería oponer el que en dichas ciudades no se articulara cultural e institucionalmente una comunidad con el mismo grado de importancia demográfica y cohesión con que los latinoamericanos se organizaron en París durante la Tercera República. El peso del número es, pues, fundamental.
2. Los números Según Streckert, una de las características de la comunidad de latinoamericanos en París durante la Tercera República fue su crecimiento demográfico sostenido.5 De 4.000 latinoamericanos en la década de 1870 se pasó a 6.000 en 1900, y a 15.000 en 1924, año en el que se registró el punto más alto de crecimiento.6 La crisis económica mundial de 1929, que forzó a los latinoamericanos a abandonar la ciudad masivamente, restableció una cifra cercana a la de 1870. A lo largo del siglo XIX, y durante buena parte de la Tercera República, los brasileños fueron el segmento nacional más numeroso de los latinoamericanos. 5 El autor obtuvo los datos en los Archives nationales de France, Archives de Paris, Archives de la Préfécture de Police, y en la Bibliohtèque nationale de France, así como en estadísticas que figuran en diarios de viaje, informes, memorias y períodicos. Una lista exhaustiva de los períodicos que Streckert empleó en su trabajo figura en las páginas 11 y 12 del presente estudio. 6 En 1924, París tenía tres millones de habitantes. Los latinoamericanos equivalían al 0,5% de la población total (p. 75-76). 248
Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo Daniel Emilio Rojas
El fenómeno es explicable por la continuidad de las relaciones entre el régimen monárquico brasileño y las monarquías europeas.7 Sin embargo, entre 1920 y 1924 los argentinos los sobrepasaron en términos absolutos, convirtiéndose en la comunidad latinoamericana más numerosa de París hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Tabla 1. Argentinos y brasileros en el departamento de Sena, 1920-1937
Año
1920
1921
1922
1923
1924
Argentina
1.163 (20,4%)
2.196 (21,1%)
2.535 (22,0%)
2.969 (22,0%)
3.315 (21,6%)
Brasil
1.948 (24,6%)
2.465 (23,7%)
2.607 (22,6%)
2.927 (21,6%)
3.214 (20,9%)
País
Fuente: detalle del cuadro “Procedencia nacional de la comunidad latinoamericana en el departamento del Sena, 1920-1937”, tomado de Streckert (p. 55).
Una segunda característica de la población latinoamericana en el período estudiado es su composición en parejas y familias. A diferencia de lo ocurrido antes de 1870, cuando la mayoría de los latinoamericanos que residían en la ciudad eran hombres jóvenes y solteros, en la Tercera República se creó una paridad entre el número de hombres y mujeres. El censo de 1896 señala que entre los residentes procedentes de América Latina hay 3.595 personas, de las cuales 1.887 son hombres (52,5%) y 1.708 mujeres (47,5%). En la década siguiente, entre 1901 y 1911, el porcentaje de mujeres se equilibró con el de hombres. La proporcionalidad entre mujeres y hombres se acompañó del crecimiento y la estabilización de la población infantil (p. 60-61). Otras cifras presentadas en publicaciones no oficiales de la época duplican y triplican las cifras presentadas por Streckert. En 1885, la Revue Sud-Américaine señalaba que la cifra de latinoamericanos que albergaba la ciudad no podía ser inferior a 40.000 personas, mientras que el periódico L’Argentine sostenía que había 7.000 argentinos viviendo allí; un diplomático brasilero aseguraba que en la ciudad había por lo menos 10.000 de sus compatriotas antes del inicio de la Primera Guerra Mundial (p. 77). En buena medida, el desfase entre las cifras de Streckert y las de los contemporáneos puede explicarse porque el primero se basó en la categoría
7 Una razón que Roderick Barman esgrime para explicar la afluencia de brasileros a París es el capital cultural que estos podían capitalizar visitando París, pues a su regreso a América podían posicionarse como portadores de los verdaderos valores de la civilización (Barman 2000). 249
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“residentes” de la ciudad (aquellos que poseían un domicilio registrado en París), mientras que las publicaciones mencionadas incluyeron una muestra de población más amplia que también incluyó a los viajeros y a quienes pasaban temporadas de varios meses en la ciudad.
3. Los latinoamericanos: una comunidad transnacional El proceso de construcción de la identidad latinoamericana se ha efectuado en diferentes lugares y momentos. Los viajes, las estadías prolongadas en otros países y el exilio político, han actuado como dinamizadores de una reflexión intelectual que busca entender la pertenencia a una comunidad de origen. El recorrido y las ideas de Miranda, Bolívar u O’Higgins indican que Londres constituyó una referencia primigenia para la evolución de una identidad transnacional latinoamericana, pero no fue la única. En el curso del siglo XIX, el americanismo independentista que ligaba a los latinoamericanos con Inglaterra y EE.UU., cedió terreno a un latinoamericanismo que rechazaba el poderío anglosajón. Las amenazas inglesas de bloqueo marítimo, la invasión estadounidense a México en 1846 y la amarga suerte de la Cuba independiente —que pasó de la dominación directa de Madrid a la dominación indirecta de Washington (Ferrer 1999)— hicieron que el mundo anglosajón fuera percibido como una amenaza, e impulsaron un nuevo proceso de identificación de los Estados latinoamericanos con el republicanismo francés. Junto al aumento del flujo de habitantes del continente americano a Francia, ese viraje resultó decisivo en la creación de una comunidad transnacional latinoamericana en París. En el París de la Tercera República, el abandono de una identidad nacional para subrayar la pertenencia latinoamericana estuvo acompañado de una simbiosis entre diplomáticos, escritores y periodistas.8 Los escritos y las trayectorias de Torres Caicedo, del nicaragüense Rubén Darío o del guatemalteco Enrique Sánchez Carrillo indican que la disolución de las fronteras nacionales también estuvo vinculada a una versatilidad en el terreno de la práctica profesional. Si el acceso a los círculos diplomáticos y a los grupos de reflexión sobre la producción artística crearon escenarios de debate de lo latinoamericano, el periodismo constituyó el medio que permitió difundirlos al otro lado del Atlántico (p. 89-92). El arte fue uno de los escenarios más importantes en la creación de la identidad latinoamericana. Entre la Exposición Universal de 1900 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, los espacios de sociabilidad de los artistas patrocinaron
8 Ver al respecto Rauillet 1995. 250
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la emergencia de una perspectiva transnacional que desdibujaba las fronteras nacionales para promocionar un “arte latinoamericano” (p. 121). En el período de entreguerras, las trayectorias de Armando Maribona, Alejo Carpentier, Diego Rivera y Heitor Villa-Lobos, demuestran la vitalidad de los debates que animaban a los artistas latinoamericanos que se encontraban en París en torno a la creación de una identidad artística continental (p. 122).9
4. Personas ¿Quiénes eran los latinoamericanos de París en la Tercera República? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué vínculos tenían con otras ciudades y con otras comunidades de inmigrantes? En el segundo capítulo de su trabajo, Streckert propone una lectura de los perfiles de los actores basada en las actividades profesionales, la proveniencia económica y la actividad política, que vale la pena comentar. a. Diplomáticos, intelectuales y artistas Un primer actor concreto, que los estudios literarios e históricos delimitan en la comunidad de latinoamericanos de París, es el escritor/diplomático. Santa Anna Nery, César Vallejo o Rufino Blanco Fombona son ejemplos que ilustran la figura del hombre de letras, poseedor de una copiosa educación literaria que le permite absorber y difundir la ciencia y la cultura que París irradia al resto del mundo. En una época en la que la transmisión de imágenes y sonidos no está a la orden del día, las calidades narrativas de los escritores son ampliamente valoradas por los Estados que poseen legaciones en París (Raquillet 1995). Streckert comenta al respecto: “En el siglo XIX muchos países de América Latina nombraron en sus misiones diplomáticas en París a reconocidos escritores. Esta práctica dio lugar a una estrecha relación entre el medio literario y diplomático, lo que hace que una separación entre los dos grupos carezca de sentido. Los casos de escritores diplomáticos o diplomáticos escritores eran típicos. Los escritores diplomáticos utilizaban comisiones diplomáticas para financiar una estadía en París o los diplomáticos consignaban los recuerdos de sus años de servicio de forma literaria” (p. 79).
9 Las celebraciones también eran momentos de encuentro continental que permitían apreciar el fenómeno transnacional en toda su complejidad. A la inauguración de monumentos, calles o plazas que conmemoran el Descubrimiento de América, o el natalicio y la muerte de los héroes de las independencias, asistía una comunidad integrada, cuya congregación no dependía de los particularismos nacionales y que era identificada por otros observadores como latinoamericana (Ver p. 256 y 257 del presente documento). 251
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Junto a los diplomáticos-escritores coexistía un grupo de personas que se articulaba al mercado editorial español, portugués y latinoamericano de la ciudad luz. Se trataba de traductores, correctores y lexicógrafos quienes trabajaban en las casas editoriales que publicaban libros en español y portugués o que realizaban traducciones al francés. Las tres editoriales que agolparon a esta pequeña comunidad de especialistas fueron la de los hermanos Garnier, la Bouret y la Ollendorf.10 En el grupo de artistas que pasaron temporadas importantes en París durante la Tercera República, hay que destacar a los pintores Diego Rivera y a Tarsila do Amaral. Rivera llegó a París en 1909 y, salvo por una corta interrupción durante la Primera Guerra Mundial, vivió en la ciudad hasta 1921. Además de estar rodeado de otros pintores y artistas latinoamericanos como el chileno Manuel Ortiz de Zárate y los mexicanos Gerardo Murillo y Roberto Montenegro, Rivera frecuentó los círculos artísticos de Montmartre y Montparnasse, donde conoció a Amadeo Modigliani, Piet Mondrian y Pablo Picasso. No sería posible evocar los años franceses de Rivera sin pensar en su contacto con los inmigrantes rusos de París, como lo prueban los dos hijos que tuvo con las pintoras Angelina Beloff y Maria Worobjowa-Stebelskaja, así como su amistad con Leon Trotski, Igor Stravinsky e Ilia Ehrenburg (p. 114). La brasilera Tarsila de Amaral fue uno de los ejemplos más interesantes de lo que podía provocar la congregación de latinoamericanos que se hallaba en la ciudad en el período de entreguerras. Su taller de la calle Hégésippe Moreau fue uno de los puntos de encuentro característicos de la vanguardia de artistas latinoamericanos y europeos. De Amaral conoció el indigenismo que impulsaba la creación literaria y pictórica de otros artistas latinoamericanos mientras se encontraba en París. Integrada a los círculos diplomáticos y académicos junto con su esposo Oswald de Andrade, formó parte del Grupo dos cinco, que ideó la Semana del Arte de São Paulo y fundó el modernismo brasilero de los años veinte y treinta (Fonseca 1990). b. Élites sociales y económicas Los testimonios de viajeros, las memorias, los diarios femeninos y los anuncios de la prensa parisina dan cuenta del lujo (e incluso de la extravagancia) de las élites latinoamericanas instaladas en la metrópoli francesa. Las alusiones a los mejores vestidos o a las más elegantes mujeres latinoamericanas del público de las carreras de caballos en Neuilly son numerosas, tanto como lo son los matrimonios entre hijos de la élite parisina, porteña y santiaguina (p. 133). 10 Para más información sobre las editoriales que publicaban autores y temas latinoamericanos en París ver las páginas 108 a 112 del libro. 252
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La presencia de las élites latinoamericanas en la opinión pública de la ciudad aumentó durante toda la década de 1920 (les années folles) cuando se transfirieron grandes sumas de dinero desde las capitales latinoamericanas, que fueron invertidas en la vida mundana y en la adquisición de suntuosas propiedades dentro y en los alrededores de París.11 La notoriedad pública hizo que las élites fueran uno de los actores fundamentales de la comunidad latinoamericana en la capital francesa. Los casos más significativos fueron los del cubano Antonio Emmanuel Eusebio Terry y del boliviano Simón Iturri Patiño. Perteneciente a la sacarocracia cubana de finales del siglo XIX, Terry fue una de las figuras más comentadas del jet-set latinoamericano de París. Apasionado por las mujeres, los caballos y el dinero, se trasladó a la capital francesa después de la muerte de su padre, el patriarca Tomaso Terry, y residió allí con su familia durante muchos años. Terry no sólo compró una suntuosa casa en la avenida de los Campos Elíseos, sino que también adquirió el castillo de Chenonceau en Indre-et-Loire (p. 143-145). Casi al mismo tiempo que Terry residía en París, surgió en las montañas andinas un empresario que dividió en dos la historia económica boliviana del siglo XX: Simón Iturri Patiño, el propietario de la mina de estaño más grande del planeta en el departamento de Potosí. Llegó a Europa en 1912 y se estableció en Hamburgo, donde poseía contactos gracias a su amistad con el empresario alemán Gustavo Hinkel. Antes de la Primera Guerra Mundial, Patiño se desplazó con su familia a París. Allí se instaló en una de las suites del Hotel Carlton y después adquirió una propiedad en la avenida de los Campos Elíseos. De Patiño se comentaba en los periódicos que era uno de los pocos habitantes de la ciudad que disponía de un auto y se le fotografió en numerosas ocasiones en el parque de Vincennes. Su emporio comercial adquirió una dimensión sin precedentes: sus redes se extendían desde Bolivia hasta Malasia y su holding poseía bancos, líneas de navegación de vapor y propiedades inmobiliarias alrededor de todo el planeta. Abandonó París y se desplazó a Nueva York en 1939, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial (p. 147-148). Junto a las grandes fortunas había un grupo de latinoamericanos empleado en el sector terciario. Médicos, comerciantes y banqueros animaban una parte de la vida económica que unía a París con los países latinoamericanos. El doctor peruano F. Arriaga y Ponce ofrecía en su gabinete de operaciones de la calle de Bac la protección a todos sus “compatriotas de América del Sur” en 1873,
11 Este proceso adquirió una importancia inédita en el período de entreguerras, cuando el consumo de lujo se convirtió en uno de los pilares de la recuperación económica francesa tras la Primera Guerra Mundial. 253
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mientras numerosos comerciantes vendían café colombiano, mate argentino y chocolate brasilero en diferentes puntos de la ciudad. Un grupo de bancos ingleses que empleaba latinoamericanos aseguraba las transferencias de dinero entre las sucursales de París y los países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica.12 c. Exiliados, políticos y activistas Streckert ofrece una serie de estudios de caso que permiten identificar a un grupo de activistas, publicistas políticos y exiliados que hacen parte de la comunidad latinoamericana de París. Una primera división dentro de este grupo la conforman los intelectuales que debieron abandonar sus países tras el acenso de gobiernos autoritarios. Rufino Blanco Fombona, por ejemplo, debió abandonar Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde la ciudad luz el venezolano desarrolló una crítica mordaz contra Gómez que difundió en un libro publicado en la editorial Garnier en 1912, El Judas Capitolino, y en numerosos ensayos y artículos periodísticos. Blanco Fombona fue uno de los pensadores liberales venezolanos más fecundos de la primera mitad del siglo XX y desarrolló una obra histórica, política y literaria original que reflejó la búsqueda permanente de una identidad venezolana y latinoamericana. Otro caso interesante es el de Alejo Carpentier, quien huyó de La Habana en 1928 con una identidad falsa para escapar a la dictadura de Gerardo Machado. Los años que el cubano pasó en la capital francesa fueron un momento de reflexión literaria, política y de ejercicio de una asidua crítica contra Machado a través de un periodismo radial y escrito difundido en Europa y América Latina (p. 163-164). Los casos de dirigentes políticos que debieron abandonar sus países luego de transformaciones de régimen o cambios de gobierno, como los de Pedro II y Porfirio Díaz, fueron los más comentados en la Tercera República. Con el inicio de la era republicana en 1889, la familia imperial brasilera abandonó América y se dirigió a Europa. La llegada y la vida cotidiana de Pedro II en París fueron objeto de una nutrida atención por parte de todos los periódicos de la ciudad. Don Pedro II mantenía una exigente agenda de actividades que incluía la correspondencia con numerosas academias europeas, visitas y reuniones con políticos franceses y una gran cantidad de citas con los brasileros de la ciudad. Su muerte, en el Hotel Bedford en 1891, provocó una crisis política en Brasil, un hecho que ilustra los vínculos que existían entre la vida cotidiana de la ciudad y la política interna brasilera. 12 En este grupo estaba el English Bank of Rio de Janeiro, The New London and Brazilian Bank y el Anglo South-American Bank (p. 142). 254
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El estallido de la Revolución mexicana en 1910 forzó al exilio al General Porfirio Díaz, quien se desplazó al año siguiente a la capital francesa. Díaz estuvo rodeado de otros dignatarios latinoamericanos que se encontraban en la ciudad y varias de sus apariciones públicas provocaron verdaderas manifestaciones latinoamericanistas, como su encuentro con el expresidente colombiano Rafael Reyes en el Hotel Majestic en 1913, que fue catalogado como un “almuerzo de familia latinoamericano” que congregó una reunión de hermanos “bajo la gran bandera latino-americana” (citado por Streckert, 171). La misa de su muerte se realizó en la iglesia de Saint-Honoré d’Eylau, el templo católico por excelencia de los latinoamericanos en París durante la Tercera República, que contaba con un vitral consagrado a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América del Sur (p. 154).
5. Actividades La comunidad latinoamericana de París se aglutinó en torno a varias actividades asociativas, editoriales y periodísticas. Del mismo modo, la celebración de festividades y la inauguración de plazas y monumentos que evocaban la historia latinoamericana la congregaron en los espacios públicos de la ciudad. a. El mundo asociativo El tejido asociativo fue uno de los principales escenarios de socialización y congregación de los latinoamericanos de París. Según Streckert, entre 1870 y 1890 hubo un primer momento de desarrollo bajo la dirección personal de intelectuales latinoamericanos, que fundaron asociaciones políticas y culturales de vocación continental. De ese período datan la Union Latino-américaine, la Exposition permanente de l’Amérique Latine, la Académie de l’Amérique Latine y la creación de una Société Latino-Américaine que financió e instaló la Bibliothéque Bolívar en 1883.13 Un segundo momento correspondió al período de entreguerras. Para ese entonces los Estados latinoamericanos y el Estado francés crearon plataformas institucionales que favorecieron el intercambio entre los dos continentes. Una de las características de ese momento fue la creación de grandes asociaciones de estudiantes universitarios que se articularon y movilizaron en la ciudad para oponerse al intervencionismo de los EE.UU. en América Central y los países del Caribe. Si esta oposición ya había estado presente en la primera fase, en la segunda adquirió una dimensión diferente al tematizar el “anti-imperialismo” como nuevo punto de convergencia de los latinoamericanos.
13 Para más información ver el capítulo III. 255
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Dos ejemplos de esta coyuntura fueron la Association Générale des Étudiants Latino-américains, fundada en 1924, y la Union Latino-américaine des Étudiants, fundada en 1932, cuya creación puede entenderse como una reacción a la big stick policy de los años 1905 a 1930. Muchas de las actividades de ambas agrupaciones estuvieron dirigidas a criticar las medidas económicas, diplomáticas y militares de los EE.UU. que atacaban la soberanía de los Estados latinoamericanos, como las intervenciones en la República Dominicana (1915-1924), Nicaragua (1912-1933), Honduras (1919-1925) y Guatemala (1920) (p. 209 y 217). b. Fiestas y lugares El descubrimiento de América, las fiestas nacionales y las fechas conmemorativas de los natalicios y las muertes de Bolívar y San Martín constituyeron momentos claves de la congregación de la comunidad latinoamericana de París. Aunque Streckert menciona que no es posible construir una base documental que permita rastrear la evolución de las celebraciones, los anuncios de periódicos y revistas de la época muestran la importancia que revestía la fecha del Descubrimiento de América como ícono de congregación de la comunidad latinoamericana de la ciudad. La Société Latino-américaine-Bibliothèque Bolívar congregó “a las señoras y caballeros distinguidos de las colonias americanas de París” a una gran reunión en el Hotel Continental en 1883 para celebrar los vínculos existentes entre “las familias de origen americano residentes en esta capital” (p. 232). Más tarde, en 1925, los representantes diplomáticos de los países hispanoamericanos y de España se reunieron para festejar el 12 de octubre en el Hotel Lutecia, y en 1926, los cuerpos diplomáticos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Cuba, México, Perú, El Salvador y Uruguay se volvieron a reunir allí para conmemorar el Día de la Raza (p. 232-234). La Tercera República significó un momento de refundación de la identidad política republicana que quedó grabada en la toponimia de las calles, plazas y parques de las ciudades francesas. Esta tesis clásica, que Streckert extrae de la obra de Maurice Agulhon, da cuenta de la voluntad de los nuevos gobiernos republicanos de reapropiar el pasado revolucionario de 1789 y de matizar la herencia imperial de Napoleón I y Napoleón III (Agulhon 1989). En el caso de París, la transformación urbanística emblemática que resultó de ese ideal fue la construcción de la Place de la République, donde antes estaba la Place du Château d’eau. En la segunda fase de la Tercera República, la nomenclatura y la configuración física de París incluyeron una cuota de íconos republicanos internacionales. La vocación universalista del modelo republicano francés se expresó a través de la erección de estatuas y monumentos de líderes mundiales entre los 256
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que se encontraban varios latinoamericanos. La consagración oficial de la calle Simón Bolívar en avenida y la denominación de dos caminos en el parque Buttes Chaumont con los nombres del General San Martín y de Jacques Liniers en 1927, motivaron una celebración de gran trascendencia en el distrito 19 (p. 244). La iconografía y la nomenclatura latinoamericanas se insertan en lo que Agulhon llamó la “bipolaridad parisina”, es decir, en una geografía simbólica en la que coexisten dos proyectos políticos diferentes. Si en el Este se encuentra la ciudad revolucionaria y republicana, que alberga los grandes símbolos de la izquierda francesa como la Place de la Nation, la Place de la Bastille y la Place de la République, en el Oeste está la ciudad imperial y patriótica, que se manifiesta a través de la tumba de Napoleón, de los grandes monumentos consagrados a los triunfos militares como la columna de la Place Vendôme, de los arcos del triunfo y de las estatuas de los soldados desconocidos (Agulhon 1992). Las avenidas Simón Bolívar y las calles Hidalgo y San Martín, al Este de la ciudad, y sus estatuas ecuestres y militares, en el Oeste, obedecen a la misma lógica. c. Periódicos La mejor prueba del dinamismo periodístico latinoamericano en París durante la Tercera República es la cantidad abrumadora de revistas y periódicos publicados. Antes de 1870 hubo cuatro publicaciones en español impresas en la ciudad que abordaban temáticas relacionadas con América Latina. Otras noticias se obtenían por medio de la importación de periódicos latinoamericanos.14 La proclamación de la Tercera República transformó ese panorama por completo. Entre 1870 y 1939 había diecisiete publicaciones impresas en la metrópoli francesa dirigidas a latinoamericanos, cuya dirección y elaboración incluyó a los latinoamericanos que vivían en la ciudad.15
14 Las publicaciones son El Eco Hispano-americano (1854-1872), el Eco de Ambos Mundos (1859186 ?), la Sátira de Ambos Mundos (1852-1855) y el Correo de Ultramar (1842-1886), dirigido por Torres Caicedo. Según Streckert, en París circulan 23 periódicos importados de América Latina antes de 1870. 15 Los periódicos y revistas analizados por Streckert son El Américano: ilustrado, politico y literario (1872-1874); Europa y América. Revista quincenal ilustrada de literatura, artes y ciencias (1880-1895); Le Brésil. Courrier de l’Amérique du Sud (1881-1922); Revue Sud-Américaine (1882-1890, 1913); La Estrella de Chile. Órgano de la colonia chilena en Europa (1891); América en París. Revista quincenal (1891-1892); La République Cubaine. La República Cubana (18961897); L’Argentine. Économique, politique, sociale. Premier organe de la solidarité argentine en Europe (1908-1809, 1912-1914, 1920-1922); Smart. Petite revue mensuelle (1910-1912); Mundial Magazine. Arte, ciencias, historia, teatros, actualidades, modas (1911-1914); Elegancias. Revista mensual ilustrada artística, literaria, modas y actualidades (1911-1914); Revista de América (1912-1914); Revue de l’Amérique latine (1922-1932); Par-Sud-Am. Paris-Sud-Amérique. Journal des Américains latins en France et des Français en Amérique, también Paris-Sud et 257
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Según Streckert, una de las características dominantes de estas publicaciones fue su composición transnacional: “La composición de los equipos de redacción y de las contribuciones no se limitaban a ejemplos nacionales, ni tampoco representaban los intereses de una sola nación. En general, los diarios de Centro y Suramérica no eran publicados por Mexicanos, Colombianos o Uruguayos para sus países de origen, sino por latinoamericanos en nombre de todo el continente” (p. 301).
Entre 1881 y 1922 se publicó en París Le Brésil. Courrier de l’Amérique du Sud, que fue el proyecto periodístico latinoamericano de mayor permanencia en la capital francesa. Contaba con el sustento financiero de miembros de la élite brasileña que residían en la ciudad.16 Santa Anna Nery fue su primer jefe de redacción. Le Brésil se distribuía en los principales quioscos de periódicos, en las estaciones de tren y en el metro. Si la actualidad brasileña era revisitada en cada número, el periódico publicaba también anuncios sobre las actividades que congregaban a la comunidad latinoamericana de la ciudad y noticias sobre política y catástrofes naturales en otros países suramericanos. Según Streckert, la publicación finalizó en 1922, cuando se fusionó con otras publicaciones latinoamericanas en la Revue L’Amérique latine (p. 267-270). Otro ejemplo es la Revue Sud-Américaine que apareció en París entre 1882 y 1890, y volvió a imprimirse brevemente en 1913. Su editor era Pedro S. Lamas. En la década de 1880, la revista apareció cada quince días y a partir de 1888 empezó a publicarse semanalmente. Las ediciones alcanzaban las cincuenta páginas y se podían adquirir mediante suscripción o en todas las oficinas de correos, además de poder consultarse gratuitamente en salones de lectura, establecimientos públicos, y en bolsas y sindicatos comerciales. La revista informaba a Europa sobre las inmensas posibilidades comerciales y culturales de los países suramericanos y tenía como objetivo “afianzar los lazos de fraternidad y solidaridad entre todas las comarcas de América Latina” (p. 271). La orientación económica de la publicación hizo que varios gobiernos y empresarios privados la emplearan como medio para divulgar estadísticas de importaciones y exportaciones, noticias bursátiles y licitaciones. Cada tiraje contaba con una crónica sobre la actualidad latinoamericana y europea además de poseer
Centre-Amérique (1925-1938); Parisina. Espejo de las elegancias parisienses (1926-1928); La Antorcha. Revista hispanoamericana (1931); La Revue Argentine (1934-1939, 1945). 16 En particular con el de varios miembros de la aristocracia rural, del servicio diplomático y de las fuerzas armadas brasileras. 258
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estudios especiales sobre países o regiones. La partida de Lamas de París puso fin a la publicación en 1890. A pesar de su éxito y prestigio, la publicación desapareció definitivamente después de que Lamas publicara un nuevo número en 1913. Par-Sud-Am. Paris-Sud-Amérique. Journal des Américains latins en France et des Français en Amérique, después llamado Paris-Sud et Centre-Amérique, se publicó entre 1925 y 1938. Fundado por el periodista Louis Forest, Par-Sud-Am contó con la colaboración del argentino Manuel Ugarte, el peruano Juan Francisco Elguera, el costarricense Francisco Cordero y el cubano Armando Maribona. Además de las noticias sobre los países suramericanos, Par-Sud-Am cubrió regularmente las noticias de América Central y del Caribe, lo cual le dio un alcance que otras publicaciones no tuvieron. Como en el caso de Le Brésil, Par-Sud-Am era un órgano de difusión de las actividades de los latinoamericanos en París: matrimonios, enfermedades, muertes, cenas y fiestas, reuniones de asociaciones, diplomáticos y escritores, inauguraciones de plazas y calles eran anunciados regularmente en la sección Mondanités à Paris (p. 292). La depresión de 1930 y la desintegración de la comunidad latinoamericana de la ciudad pusieron fin a la publicación.
Conclusiones Los latinoamericanos de París durante la Tercera República fueron un grupo de extranjeros en medio de muchos otros. Sin embargo, al compararlos con los españoles, los portugueses, los italianos o los rusos, su singularidad reside en el hecho de que actuaron y fueron percibidos como miembros pertenecientes a una misma comunidad compuesta por nacionalidades diferentes. Esa percepción, a su vez, estaba respaldada por prácticas y escenarios de sociabilidad concretos. El latinismo, el indigenismo y el anti-imperialismo nutrieron la idea de unidad latinoamericana y permitieron la creación de grupos culturales, académicos y científicos que dieron a las aspiraciones de cohesión una base material. Escritores, pintores, publicistas y diplomáticos tuvieron un papel decisivo en la difusión continental de los debates que se gestaron en esos círculos y que respaldaron la identificación a una misma comunidad espiritual. París surgió como un punto de referencia de una construcción identitaria cuya difusión sería difícil de imaginar desde cualquier ciudad latinoamericana en el cambio de siglo. Sin embargo, en el interior de esa comunidad transnacional también hubo límites. Salvo por los casos del periódico Le Brésil o de la pintora Marsila do Amaral, la cisión entre una América hispánica y otra portuguesa siguió teniendo un peso considerable y sería un error pensar que el credo continental logró superarla. Los contactos esporádicos entre brasileros e hispanoamericanos no son suficientes para sostener que hubo un diálogo y una compenetración reales. En 259
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esa medida, la comunidad transnacional instalada en París continuó reflejando la distinción secular entre el Brasil y el resto de naciones latino-americanas. Si Nueva York también acogió una cantidad importante de latinoamericanos a finales del siglo XIX, no hay trabajos que demuestren que “la Gran Manzana” tuviese una comunidad y una red de actividades latinoamericanas tan amplia y activa como la que existió en la capital francesa entre 1870 y 1940. Es evidente que en diferentes períodos otras metrópolis globales como Londres, Madrid y Miami acogieron comunidades de latinoamericanos, pero en la cronología estudiada por Streckert, París fue un punto de encuentro y un núcleo demográfico latinoamericano inédito. Además de constituir una herramienta básica para estudiar los fenómenos de circulación de personas e ideas entre América Latina y Francia, el libro de Strecker sitúa la construcción de lo latinoamericano en una dimensión global. Este es uno de los aportes esenciales del libro. La búsqueda de raíces culturales y de tropismos primarios no sólo se efectuó en círculos definidos por la pertenencia a una u otra nacionalidad, sino que resultó de un contacto permanente con sociedades y movimientos artísticos que no se originaron en América Latina. En esa medida, la construcción de la identidad latinoamericana se enmarcó dentro un escenario global que se nutrió tanto del intercambio entre latinoamericanos como del diálogo entre estos y otras sociedades. Aunque Die Hauptstadt Lateinamerikas asegure que la Primera Guerra Mundial no tuvo una incidencia directa en la cohesión de la comunidad latinoamericana de París, hubiese sido deseable que su autor proveyera más información sobre el impacto del conflicto en la imagen que los latinoamericanos tenían de Francia y de la cultura europea como polos de la civilización occidental. Sostener que los latinoamericanos se alinearon incondicionalmente a Francia no es suficiente para comprender toda la complejidad del conflicto para los latinoamericanos de París y, de manera más general, para América Latina.
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Daniel Emilio Rojas es historiador y filósofo de la Universidad de los Andes (Colombia), magíster en Historia de la École Normale Superiore-Paris (Francia) y de la École des hautes études en sciences sociales (EHESS-Francia) y doctor en Historia de las Relaciones Internacionales de la Université Paris 1 Pantheón-Sorbonne (Francia). Es catedrático de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia), miembro asociado del Laboratorio Mundos Americanos (UMR 8168), miembro del Grupo de Métodos Experimentales en Humanidades de Columbia University (Estados Unidos) y columnista de El Espectador. Sus líneas de investigación son la historia global, la historia de las Relaciones Internacionales en América Latina y los estudios de la guerra. Dentro de sus publicaciones recientes están “La reconnaissance de gouvernements ibéro-américains. Histoire du Droit Internationale et Histoire Transnationale au XIXème Siècle”. Relations Internationales 2 (162): 9-30, 2015 y “Forces navales, recrutement d’étrangers et formation de la nation en Colombie, 1825-1830”. Revue historique des armées 277: 93-103, 2015. * danielrojascastro@gmail.com 261
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autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Al finalizar este proceso, los textos no serán devueltos. Los autores recibirán dos ejemplares de cortesía del número en el que participaron. En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, deberán señalarse claramente los datos de la publicación original en Colombia Internacional, previa autorización solicitada al Equipo Editorial de la revista. Parámetros para la presentación de artículos
A continuación se enumeran las características que deben tener los manuscritos que se presenten para publicación. El Equipo Editorial de la revista pide a los autores tener en cuenta estas recomendaciones para facilitar el proceso de evaluación y de edición.
• El manuscrito debe presentarse en un archivo compatible con Word, en hoja tamaño carta (21,59 cm x 27,54 cm), con márgenes de 3 cm, letra Times New Roman tamaño 12, espacio sencillo, separación entre párrafos de 0 puntos y texto justificado. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman tamaño 10, espacio sencillo y texto justificado. • El manuscrito debe tener una extensión máxima de 10.000 palabras (artículos de más palabras serán considerados excepcionalmente), incluidos el título, resumen, palabras clave, notas al pie, lista de referencia y anexos. • En la primera página, se debe incluir el título, un resumen en español de máximo 100 palabras (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados) y un listado de cuatro a siete palabras clave. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en el Thesaurus de la Unesco (http://databases.unesco.org/ thesso/) para seleccionar estas palabras. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en Thesaurus, debe señalarse.
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• El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés. • Después de esta primera página de presentación, el artículo debe comenzar. Recuerde escribir el documento siguiendo las normas gramaticales y de sintaxis del idioma en el que escribe. Use un lenguaje académico accesible a diferentes públicos. • La información sobre el (los) autor(es) debe incluirse en un documento aparte con la siguiente información: nombre completo, nacionalidad, dirección de correo, títulos académicos, afiliación institucional actual, grupos de investigación, líneas de investigación y publicaciones recientes en libros y/o revistas. En este documento también se debe indicar el origen del artículo y su fuente financiación. • Todas las tablas, gráficas, cuadros o imágenes que se incluyan en los artículos deben ser autoexplicativos, claros y pertinentes; deben estar titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Por motivos de diagramación, recomendamos que las tablas, gráficas y cuadros se adjunten en un documento aparte en formato Excel. Las imágenes se deben entregar en formato digital (.jpg o .riff 300 y dpi 240). Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran. • Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el listado de referencias.
Los manuscritos deben ser enviados al correo colombiainternacional@uniandes.edu. co o remitidos por medio de la herramienta “Presentar artículo” disponible en la página web de la Revista. Reglas de edición
• Las divisiones en el cuerpo del texto (secciones principales) deben ir numeradas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión; las subdivisiones (secciones secundarias) deben ir numeradas con
Políticas editoriales
• • •
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letras minúsculas. Recuerde aplicar sangría a cada párrafo. Los términos en latín y las palabras extranjeras deben estar en letra itálica. Evite el uso excesivo de itálicas a lo largo del texto. Recuerde tener en cuenta las reglas ortográficas del idioma en el que escribe. La primera vez que se use una sigla o abreviatura deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o la abreviatura. Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. Las notas de pie de página deben aparecer en números arábigos. Indique claramente en el texto el lugar donde debe ir cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Al final del artículo deben presentarse todas las referencias usadas en el texto. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas en el texto (no incluir títulos no referenciados), enumeradas y dispuestas en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias. Colombia Internacional utiliza el formato autor-año del Chicago Manual of Style, versión 16, para presentar las citas y referencias. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos y la información necesaria requerida.
A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B). Libros: De un solo autor:
T: (Apellido año, páginas) (Sáenz 1992, 100) B: Apellido(s), Nombre. Año. Título completo. Ciudad: Editorial.
Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Nota: no se usa coma entre el apellido y el año; y no se usan las abreviaturas p. o pp. para indicar las páginas. Dos o tres autores:
T: (Apellido y Apellido año, páginas) (Frieden, Williams y Lake 2000, 67-70) B: Apellido(s), Nombre y Nombre Apellido(s). Año. Título completo. Ciudad: Editorial. Frieden, Jeffry, Paul Williams y David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Cuatro o más autores:
T: (Apellido et al. año, página(s)) (Quijano et al. 1995, 21) B: Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Año. Título completo. Ciudad: Editorial. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez y Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilaciones (editor, traductor o compilador) además del autor
T: (Camacho Guizado 2004) B: Apellido(s), Nombre(s), eds./comps. Año. Título completo. Traducido por Nombre Apellido. Ciudad: Editorial. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Capítulo de libro
T: (Gómez y Gamboa 2010, 70) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título capítulo”. En Título libro, editado por Nombre Apellido(s), páginas. Ciudad: Editorial. 267
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Gómez, Hernando José y Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade Policy-Making”. En Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, editado por Ann Capling y Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press. Artículos de revistas académicas (impresa o en línea)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus y Riebow 2004, 645) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título artículo”. Nombre revista Volumen (Número): páginas. DOI o URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113:752-72. DOI: dx.doi. org/10.1086/ahr.113.3.752 Karmaus, Wilfred y John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112 (mayo): 643-47. URL: http://www.jstor. org/stable/3435987
Tesis o disertación:
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título de la tesis”, tesis de maestría/doctorado, Institución, país. Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, tesis de maestría, Universidad de los Andes, Colombia. Publicaciones en internet De sitios virtuales:
T: (“Título [abreviado] de la página”) (“US-Colombia Free Trade”) B: “Título de la página”. Nombre del sitio virtual, última modificación día, mes, año, último acceso día, mes, año, URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, última modificación 21 de octubre de 2011, último acceso 22 de septiembre de 2014, URL: http://www.oxfamamerica.org/ press/us-colombia-free-trade-agreement-astep-back-for-development/
Artículo en prensa
De blogs:
Con autor:
T: (Roa Roa 2015) B: Apellido(s), Nombre (o pseudónimo). Año. “Título de la entrada o comentario”. Nombre del blog (blog), día, mes, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), 5 de marzo, URL: http://nadaflota.blogspot. com.co/2015/03/desde-quibdo-hasta-chiay-no-perder-la.html
T: (Coronell 2014) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título noticia”. Título periódico, fecha publicación, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, 10 de mayo, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3 Sin autor:
T: (“Título [abreviado] del artículo” año) (“Así se cocinó” 2014) B: “Título noticia”. Año. Título periódico, fecha publicación, URL. “Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos”. 2014. Semana, 13 de mayo, URL: http://www. semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/un-acuerdo-entre-progresistas-santos-para-apoyar-el-proceso-de-paz/387230-3 268
Nota: si tiene dudas sobre como referenciar otro tipo de documentos, incluya toda la información necesaria para identificar la fuente. Reseñas:
Se mantiene el mismo formato de citación para reseñas de libro, capítulo de libro, película, álbum de música, exposición, entre otros.
Políticas editoriales
T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título reseña”. Reseña de Título (libro), de Nombre Apellido. Título revista/ periódico, fecha de publicación, páginas. Duque, Juliana. 2008. Reseña de Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Reseña de A Dry White Season (película), dirigida por Euzhan Palcy. New Republic, 9 de octubre: 24-25. Ponencias:
T: (Doyle 2002) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título ponencia”. Ponencia presentada en lugar donde se presentó. Institución, país. Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, Estados Unidos.
• En ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem. • Para documentos legales, sean leyes, resoluciones, decretos, tratados, constituciones, entre otros, se recomienda citarlos en notas al pie con el nombre completo del documento e indicar la fecha exacta en que se expidió. • Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico.
Consulte las “Normas para los autores” en español, inglés y portugués en http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Políticas éticas Publicación y autoría
La revista Colombia Internacional es la publicación académica del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), institución encargada de su soporte financiero. La oficina está ubicada en el Edificio Franco, GB417. La dirección electrónica es http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co y su correo colombiainternacional@uniandes.edu.co. El teléfono de contacto es 3394999, extensión 3036. La revista tiene la siguiente estructura: un equipo editorial —compuesto por un director, un editor y un asistente editorial—, un comité editorial, un comité científico y un equipo de soporte administrativo y técnico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la publicación. Los miembros de los comités son evaluados bianualmente en función de su prestigio en su disciplina de trabajo y su producción académica en otras revistas y publicaciones académicas nacionales e internacionales. Los artículos presentados a Colombia Internacional deben ser originales e inéditos y no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, el equipo editorial espera que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo publicado en la revista quiere incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista, compilación o libro donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, es decir, Colombia Internacional, previa autorización del editor de la revista. Asimismo, cuando la revista tenga interés en reproducir un artículo previamente publicado, se compromete a pedir la 269
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autorización correspondiente a la editorial donde apareció por primera vez. Responsabilidades del autor
Los autores deben remitir sus artículos a través del enlace disponible en la página web de la revista y/o enviarlo al correo electrónico: colombiainternacional@uniandes.edu.co en las fechas establecidas para la recepción de los artículos (convocatorias). La revista tiene pautas para los autores de acceso público, con los requisitos para la presentación de artículos, así como las reglas de edición. Las pautas se pueden consultar en: http://colombiainternacional. uniandes.edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas o al final de la versión impresa de la revista. Aunque el equipo editorial es responsable de aprobar los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta las evaluaciones realizada por pares internacionales, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. También es responsabilidad de los autores asegurarse de tener las autorizaciones para usar, reproducir e imprimir el material que no sea de su propiedad/autoría (cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc.). Los autores aceptan someter los textos a la evaluación de pares externos y se comprometen a tener en cuenta sus observaciones, así como las del equipo editorial, al momento de revisar el documento. Estas modificaciones deberán ser realizadas en el plazo que el equipo editorial le indique al autor. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación definitiva. Cuando los textos sometidos a Colombia Internacional no son aceptados para publicación, el equipo editorial enviará una notificación escrita al autor explicando los motivos de esta 270
decisión. Durante el proceso de edición, el equipo editorial puede consultar a los autores para resolver inquietudes. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico es el medio de comunicación privilegiado entre la revista y los autores. El equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de un artículo y el número en el cual se publicará. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor entregue toda la documentación solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo al documento antes de la publicación. Los autores de los textos aceptados deben autorizar a la Universidad de los Andes a usar los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, para incluir el texto en Colombia Internacional (versión impresa y electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores
Cuando se recibe un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, la calidad y la pertinencia del documento. Después de esta primera revisión, se seleccionan los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos internacionales y al concepto del equipo editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el equipo editorial deberá informar al autor.
Políticas editoriales
Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores internacionales, quienes podrán hacer sugerencias/comentarios al autor y señalar referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución, y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con los temas sobre los que se les pide arbitrar. Ante cualquier duda, se procederá a buscar a otro evaluador. La revista tiene un formato de evaluación que incluye preguntas con criterios cuidadosamente definidos. Los evaluadores tienen la responsabilidad de sugerir la aceptación, rechazo o aprobación con modificación del artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato. Responsabilidades editoriales
El equipo editorial, junto a los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permitan su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la revista mejore y satisfaga las expectativas de la comunidad académica. Así como la revista publica normas editoriales, que se esperan sean cumplidas, también se compromete a publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El equipo editorial es
responsable de seleccionar los mejores artículos para la publicación. Esta selección se hace con base en las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y el proceso de revisión editorial del artículo, en el que se tienen en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad y contribución a la disciplina. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado, la justificación que se le da al autor debe orientarse hacia estos aspectos. El equipo editorial es responsable de vigilar el proceso editorial de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad durante el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo editorial debe responder prontamente de acuerdo a las normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la rápida resolución del problema. Cuando se reconozca una falta de exactitud o un error en un contenido publicado, se consultará al comité editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la revista. Tan pronto un número de la revista sea publicado, el equipo editorial es responsable de la difusión y distribución entre los colaboradores, evaluadores y las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como entre los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el equipo editorial es el encargado de hacer los envíos a los suscriptores activos.
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Editorial Policy
Instructions for Authors Types of articles, submission dates and guidelines
Colombia Internacional publishes unpublished articles which present the results of research, theoretical and/or methodological innovation and bibliographical reviews in the fields of Political Science and International Relations written in Spanish, English or Portuguese. The dates for receiving articles on open topics and/or for special editions will be communicated in the relevant calls for papers, which will be published on the journal’s website and distributed via an email mailing list created for this purpose. If you would like to know when the calls for papers will open and what the topics will be, email colombiainternacional@uniandes.edu.co to be included on the mailing list. Receipt of a text will be acknowledged immediately and the results of its evaluation will be made known within a maximum period of six months. Colombia Internacional does not required any article processing charges from the authors. Colombia Internacional uses a plagiarism detection tool to check the originality of the documents submitted to review; if it is discovered that the article or parts of it have been extracted from other work without the appropriate referencing, the author will be notified and the process of rejecting the document will begin. All the articles published have a DOI identification number which, according to international editorial policies, must be cited by the authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: colomb.int. Peer review and editorial policy
When an article is received, the Editorial Board assesses it to see whether it meets 272
the basic requirements established for publication by the journal. All articles accepted for consideration are subjected to international peer-review process in which the evaluators can also make suggestions to the author regarding the article. The names of the authors and the evaluators will remain anonymous throughout the evaluation process. The final decision to either publish or reject an article is made by the Editorial Board, based on the results of the peer evaluation, and is communicated to the author in writing by the editor of Colombia Internacional. Observations made by the evaluators and by the Editorial Board must be taken into account by the author, who will make the necessary adjustments within the time limit set by the editor. The Editorial Board has the final say regarding the publication of articles and the issue in which each article will be published. The author will be informed of the decision immediately, provided that all required documentation has been presented within the established deadlines. During the editing process, authors may be called on to resolve any doubts that arise, but the journal reserves the right to proofread and correct any minor errors detected in the text. E-mail will normally be used for communicating with the author during the evaluation and editing processes. The authors of approved manuscripts authorize the use of intellectual property rights by signing the ‘Document of authorization of intellectual property rights use’ and the usage of the author’s patrimonial rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to theUniversidad de los Andes, in order to include the text in the journal (both printed and electronic
Editorial Policy
versions). In this same document the authors confirm that they are the authors of the text and that intellectual property rights of third parties are respected in the text. Each author will receive two copies of the issue which includes their article. If an author wishes to include their article in another journal or book in the future, they must request authorization from the director of Colombia Internacional, and the article’s original publication in Colombia Internacional must be clearly referenced. General Presentation of Articles
Below you will find a list of the characteristics required by manuscripts being submitted for publication. The journal’s editorial team asks the authors to keep these recommendations in mind in order to facilitate the evaluation and editing process. • The manuscript should be presented in a file compatible with Word, Letter size paper (21.59 cm x 27.54 cm), with 3 cm margins, using Times New Roman size 12, single spacing, 0 point separation between paragraphs and justified text. Footnotes should be in Times New Roman size 10, with single spacing and justified text. • The manuscript should have a maximum word count of 10,000 words (longer articles will be considered in exceptional cases), including the title, abstract, keywords, footnotes, bibliography and appendices. • The first page should include the title of the article, an abstract with a maximum of 100 words (the abstract should be clear and precise) and a list of four to seven key words. We recommend that you should check the terms and hierarchies established in Unesco’s Thesaurus (http://databases. unesco.org/thesso/) to help you select these words. When a word cannot be found in Thesaurus, it has to be marked • If possible, you should also include the title, abstract and keywords in the Journal’s other two publication languages. • After this first presentation page, the article should begin. Remember to follow
the rules of grammar and syntax of the language in which you are writing the document. Use academic language that will be accessible to different audiences. • The author information should be included in a separate document and should include the following information: full name, nationality, email address, academic titles, current institutional affiliation, research groups, areas of research and recent publications in books and/or journals. In this document you should also indicate the origin of the article and its source of finance. • All tables, graphs, charts and images included in the articles should be self-explanatory, clear and relevant; they should have titles, be listed in a numbered sequence and be accompanied by their respective image credit and source(s). For design purposes, we recommend that the tables, graphs and charts should be attached in a separate Excel document. The images should be submitted in digital format (.jpg o .riff 300 and 240 dpi). It is the responsibility of the author to obtain permission to publish the images required for the article and to submit this permission to the Journal. • When the contents used have a DOI identification number, it should be included in the list of references.
The manuscripts should be emailed to colombiainternacional@uniandes.edu. co or sent using the “Presentar artículo” (Submit article) online tool available on the Journal’s website. Editorial Guidelines
• Divisions in the body of the text (main sections) should be listed with Arabic numerals, except for the introduction and the conclusion; the subdivisions (secondary sections) should be listed with lower case letters. Remember to indent every new paragraph. • Latin terms and foreign words should be written in italics. Avoid the excess use of italics throughout the text.
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• The first time an acronym or abbreviation is used, it should be placed in parentheses immediately following the full form to which it corresponds. On subsequent occasions, the acronym or abbreviation will be used alone. • Textual quotes longer than four lines should be written in long quote form, with single spacing, size 11-point font and reduced margins. • Footnotes should be used with Arabic numerals. • State clearly in the text where each chart/ table/image/graph should be placed. • All the references used in the text should be presented at the end of the article. The bibliography should include all references cited in the text (it should not include any that were not referenced), listed in alphabetical order. It is essential to include the complete names of the authors and/or editors for each of the references. • Colombia Internacional uses the AuthorDates References from Chicago Manual of Style to present quotes and references. You should take into account the details of required punctuation and other necessary information when writing your article.
The following examples are presented to show the differences between the brief parenthetical form of citation to be used within the text (T), and the full form of citation to be used in the bibliography (B). Books: By a single author:
T: (Surname year, pages) (Sáenz 1992, 100) B: Surname(s), Name. Year. Complete title. City: Publisher. Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Note: No punctuation appears between author and date. Abbreviations such as p or pp. for page or multiple pages are omitted. 274
Book by two or three authors:
T: (Surname and Surnam year, pages) (Frieden, Williams and Lake 2000, 67-70) B: Surname(s), Name and Name Surname(s). Year. Complete title. City: Publisher. Frieden, Jeffry, Paul Williams and David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Book by four or more authors:
T: (Surname et al. year, pages) (Quijano et al. 1995, 21) B: Surname(s), Name, Name Surname(s), Name Surname(s) and Name Surname(s). Year. Complete title. City: Publisher. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez and Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilations (editor, translator or compiler) besides the author
T: (Camacho Guizado 2004) B: Surname(s), Name(s), eds. /comps. Year. Complete title. Translate by Name Surname. City: Publisher. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Book chapter
T: (Gómez and Gamboa 2010, 70) B: Surnames(s), Name. Year. “Complete title”. In Book title, edited by Name Surname(s), pages. City: Publisher. Gómez, Hernando José and Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade PolicyMaking”. In Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, edited by Ann Capling and Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press.
Editorial Policy
Article in journal (printed or digital)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus and Riebow 2004, 645) B: Surname(s), Name. Year. “Article title”. Journal Title Vol (No): pages. DOI or URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113:752-72. DOI: dx.doi.org/10.1086/ ahr.113.3.752 Karmaus, Wilfred and John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112 (may): 643-47. URL: http://www.jstor. org/stable/3435987. Press Article With author:
T: (Coronell 2014) B: Surname(s), Name. Year. “Headline”. Publication, date of publication, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, May 10, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3 Without author:
T: (“[abbreviated] Article title” year) (“Así se cocinó” 2014) B: “Headline”. Year. Publication, date of publication, URL. “Así se cocinó el acuerdo ProgresistasSantos”. 2014. Semana, May 13, URL: http:// www.semana.com/nacion/elecciones-2014/ articulo/un-acuerdo-entre-progresistass a nt o s - p a r a - ap oy a r- e l - p r o c e s o - d e paz/387230-3. Thesis or dissertation:
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Surname(s), Name. Year. “Thesis title”, Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Country.
Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, Master`s thesis in, Universidad de los Andes, Colombia. Online publications Websites:
T: (“[abbreviated] Article title”) (“US-Colombia Free Trade”) B: “Title”. Website name, date of publication (day, month, year), Access date (day, month, year), URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, October 21, 2011, Access date September 22, 2014, URL: http://www.oxfamamerica.org/ press/us-colombia-free-trade-agreement-astep-back-for-development/ Blogs:
T: (Roa Roa 2015) B: Surname(s), Name (o pseudonym). Year. “Title of article”. Blog name (blog), day, month, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), March 5, URL: http://nadaflota.blogspot.com. co/2015/03/desde-quibdo-hasta-chia-y-noperder-la.html Note: if you are unsure about how to reference any type of document, include all the information necessary for the source to be identified. Book Review
The same citation form should be maintained for book reviews, chapter reviews, movies reviews, music albums reviews, among others. T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Surname(s), Name. Year. “Review Title”. Review of (book) Title, by Name Surname. Journal/Press Title, publication date, pages. 275
Colombia Internacional 87 • Colomb. int. • PP. 296 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Mayo-agosto 2016
Duque, Juliana. 2008. Review of Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Review of A Dry White Season (movie), directed by Euzhan Palcy. New Republic, October 9, 24-25. Paper presented at a meeting or conference:
T: (Doyle 2002) B: Surname(s), Name. Year. “Paper title”. Submitted at (where was presented). Institution, country. Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Submitted at the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, United States. • Ibid, ibidem or op. cit. should not be used in these cases. • For legal and public documents, such as cases, constitutions, statutes and other government documents, it is recomended to use footnotes with the complete information (name, date of expedition, etc.) • Articles that include source files should present the references in numbered footnotes, so as to facilitate the reader’s identification of and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate the following: Abbreviation of the name of the file, Section, Source, vol./ leg./t., f. o ff. (place, date and other relevant information). The complete name of the file, followed by its abbreviated form set in parentheses, is used the first time a file is cited; the abbreviation is used alone in subsequent citations. All primary references should be placed on a separate reference list at the end of the text, before the bibliography. • Consult the “Instructions for authors” in Spanish, English and Portuguese on http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co/
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Ethical Guidelines Publications and Authorship
Colombia Internacional is the academic publication of the Department of Political Sciences in the Faculty of Social Sciences at the Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), the institution that provides it with financial support. The journal’s office is located in the Franco Building (GB-417) on the university campus; the website is http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co; the email address is http://colombiainternacional. uniandes.edu.co; and the contact telephone number is 3394999, extension 3036. The journal’s structure is as follows: an editorial team —including a general director, a general editor and an editorial assistant—, an editorial committee, a scientific committee and an administrative and technical support team, which together guarantee the quality and relevance of the publication’s content. The members are evaluated biannually based on their prestige in their area of work and their academic output in other national and international journals and academic publications. The articles submitted to Colombia Internacional must be original and unpublished and should not simultaneously be undergoing an evaluation process or have any editorial commitments with another publication. If a manuscript is accepted, the editorial team will expect it to appear in the journal before appearing in any other publication, either partially or entirely. If the author of an article published in the Journal later wishes to include it in another publication, the journal, edited volume or book in question must clearly state the details of its original publication, i.e. Colombia Internacional, after receiving authorization from the journal’s editor. Similarly, when the Journal is interested in reproducing a previously published article, it commits to requesting the relevant
Editorial Policy
authorization from the publisher where it appeared for the first time. Author Responsibilities
The authors must submit their articles using the link available on the journal’s website and/ or by emailing it to colombiainternacional@ uniandes.edu.co during the timeframe established for the submission for articles (call for papers). The journal has publicly available guidelines for authors, with information about the requirements for the presentation of articles as well as editorial rules and instructions. The guidelines can be found at http://colombiainternacional.uniandes.edu. co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas or at the end of the printed version of the Journal. Although the editorial team is responsible for approving the articles based on the criteria of quality, accuracy and thoroughness of research, taking into account the reviews carried out by international peers, the authors are responsible for all the ideas expressed in the articles, as well as for their suitability on an ethicallevel. The authors must explicitly state that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in the article. It is also the author’s responsibility to ensure that they have permission to use, reproduce and print any material that is not owned or created by them (tables, graphs, maps, diagrams, photographs, etc.). The authors agree to submit their texts to an external peer review and commit to take these observations, and those of the editorial team, into account when revising the document. These revisions should be made within the timeframe communicated to the author by the editorial team. After the journal receives the revised article, the author will be informed regarding its definitive approval. If a text submitted to Colombia Internacional is not accepted for publication, the editorial team will send a written notice to the
author explaining the reasons behind this decision. During the editing process, the editorial team may consult the authors to resolve any uncertainties. During the reviewing and editing processes, the main form of contact between the journal and the authors will be by email. The editorial team reserves the right to have the final word regarding the publication of an article and the issue in which it will be published. The article will be published on the stated date as long as the author submits all the required documentation during the established timeframe. The Journal reserves the right to make copyediting changes to the document before publication. The authors of the accepted texts must authorize the Universidad de los Andes to make use of the copyrights (reproduction, public communication, transformation and distribution), by signing the “Use of intellectual property rights authorization document”, in order for the text to be included in Colombia Internacional (printed and electronic versions). On this same document the authors must confirm that the text is of their own authorship and that they respect the intellectual property rights of third parties. Peer Review/ Peer Reviewer Responsibilities
When an article is received, the editorial team evaluates it to see whether it complies with the basic requirements demanded by the Journal. The editorial team establishes the first filtering process; this takes into account aspects such as the format, quality and relevance of the document. After this first review, and based on the comments and suggestions of the members of the editorial and scientific committees, the selected articles will begin a further review process. In this case, the articles are submitted to international peer review, as well as to the views of the editorial team. The result will be communicated to the author within 277
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six months of receiving the article. If the evaluation process lasts longer than this, the editorial team must inform the author. All articles that pass the initial review filter will be submitted to a further judging process carried out by international peer reviewers, who will make suggestions/ comments to the author and highlight significant references that have not been included in the paper. These readers are usually external to the institution, and are chosen on the basis that they should have no conflict of interest in terms of the topics they will be reviewing. If there is any doubt in this area, another reviewer will be found. The Journal has an evaluation form that includes questions with carefully defined criteria. The reviewers are responsible for recommending whether the article under review should be accepted, rejected or approved with changes. During the evaluation process, both the names of the authors and the names of the reviewers are kept strictly anonymous. Editorial Responsibilities
The editorial team, along with the editorial and scientific committees, is responsible for defining the editorial policies in order for the journal to meet the necessary standards to ensure its positioning as a renowned academic publication. The continuous revision of these parameters guarantees that the journal will continue to improve and satisfy the expectations of the academic community. As well as publishing these editorial rules, which authors are expected to follow, the journal commits to publishing any corrections, clarifications, rectifications and justifications as the situation requires. The
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editorial team is responsible for selecting the best articles for publication. This selection process is based on recommendations made during the evaluation process and the process of editing the article, taking into account the criteria of quality, relevance, originality and the contribution it makes to the author’s field. Similarly, if an article is rejected, the justification given to the author must focus on these same aspects. The editorial team is responsible for overseeing the editorial process of all the articles submitted to the journal, and must develop confidentiality mechanisms during the peer review process until the articles are published or rejected. When the journal receives complaints of any kind, the editorial team should respond promptly, in accordance with the rules established by the publication. If the complaint is found to be worthwhile, the editorial team must ensure that an appropriate investigation is carried out in order to rapidly resolve the problem. If a lack of accuracy or an error of published content is identified, the editorial team will be consulted and the relevant corrections and/or clarifications will be made on the journal’s website. As soon as an issue of the journal is published, the editorial team is responsible for disseminating and distributing that issue among its collaborators, reviewers and the entities with which exchange agreements have been established, as well as with the relevant national and international repositories and indexing systems. Additionally, the editorial team is responsible for sending the journal to its active subscribers.
Políticas Editoriais
Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidades de recepção
A Colombia Internacional publica artigos inéditos que apresentarem resultados de pesquisa, inovações teóricas e/ou metodológicas e revisões bibliográficas nas disciplinas da Ciência Política e das Relações Internacionais escritos em espanhol, inglês ou português. As datas de recepção de artigos de Tema Aberto e/ou para os números monográficos são informadas nos respectivos editais, os quais são publicados na página web da revista e distribuem-se por meio de uma lista de e-mails disposta para isso. Se tiver interesse em saber quando são abertos e/ou quais são os temas dos editais, envie um e-mail a colombiainternacional@ uniandes.edu.co para ser incluído na lista especial de e-mails. Os artigos apresentados não devem estar em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. A recepção de um texto será acusada de imediato e os resultados da avaliação serão informados num prazo máximo de seis meses. Colombia Internacional não cobra dos autores os costos dos procesos editoriais. A Colombia Internacional usa uma ferramenta de detecção de plágio para verificar a originalidade dos documentos submetidos à avaliação; caso se comprove que o artigo ou partes dele foram extraídos de outros trabalhos sem a apropriada referência, o autor será notificado e o documento, recusado. Todos os artigos publicados contam com um número de identificação DOI que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, bem como o título abreviado da revista: colomb.int.
Avaliação de artigos e processo editorial
Ao receber um artigo, o Corpo Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista. Em seguida, os artigos são submetidos a um processo de arbitragem sob a responsabilidade de pares avaliadores, os quais podem formular sugestões ao autor. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avaliadores se manterão no anonimato. A decisão final de publicar ou recusar os artigos é tomada pelo Corpo Editorial, com base nos relatórios apresentados pelos avaliadores; essa decisão é comunicada ao autor por meio de um conceito escrito emitido pelo Editor da revista. As observações dos avaliadores, bem como as do Corpo Editorial, deverão ser consideradas pelo autor, o qual fará os ajustes solicitados no prazo estipulado pela revista. A data de publicação informada pelos editores se cumprirá contanto que o autor faça chegar toda a documentação solicitada no prazo indicado. Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver as dúvidas existentes. No entanto, a revista se reserva o direito de fazer revisões de texto menores. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o e-mail constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores. Os autores dos textos aceitos autorizam, mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais autorais (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) à Universidad de Los Andes, Departamento de Ciência Política, para incluir o texto na revista Colombia Internacional (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que nele são respeitados os 279
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direitos de propriedade intelectual de terceiros. Ao finalizar esse processo, os textos não serão devolvidos. Os autores receberão dois exemplares de cortesia do número do qual participaram. Caso queiram incluir o artigo posteriormente em outra publicação, deverão ser indicados claramente os dados da publicação original na Colombia Internacional, com prévia autorização solicitada à Equipe Editorial da revista. Parâmetros para a apresentação de artigos
A seguir, são relacionadas as características que devem ter os manuscritos que se apresentam para publicação. A Equipe Editorial da revista pede aos autores que considerem estas recomendações para facilitar o processo de avaliação e de edição.
• O manuscrito deve ser apresentado num arquivo compatível com Word, em tamanho carta (21,59 cm x 27,54 cm), com margens de 3 cm, letra Times New Roman tamanho 12, entrelinhas simples, separação entre parágrafos de 0 pontos e texto justificado. As notas de rodapé devem estar em Times New Roman tamanho 10, entrelinhas simples e texto justificado. • O texto deve ter uma extensão máxima de 10 mil palavras (artigos com mais palavras serão considerados excepcionalmente), incluídos título, resumo, palavras-chave, notas de rodapé, lista de referência e anexos. • A primeira página deve incluir o título do artigo, um resumo de máximo 100 palavras (o qual deve ser claro e preciso) e uma lista de quatro a sete palavras-chave. Recomenda-se revisar os termos e hierarquias estabelecidos no Thesarurus da Unesco (http://databases.unesco.org/thesso/) para selecionar essas palavras. O resumo, as palavras-chaves e o título devem ser apresentados também em inglês. • Depois dessa primeira página de apresentação, o artigo deve começar. O texto deve estar adequado às normas gramaticais da respectiva língua, mas com uma linguagem acadêmica acessível a diferentes públicos.
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• A informação sobre o(s) autor(es) deve ser incluída num documento separado. Informar: nome completo, nacionalidade, endereço e e-mail, títulos acadêmicos, afiliação institucional atual, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa e publicações recentes em livros e/ou revistas. Nesse documento, também se devem indicar a origem do artigo e sua fonte de financiamento. • Todas as tabelas, gráficos, quadros ou imagens que aparecerem no artigo devem ser autoexplicativos e acompanhados por suas respectivas legenda e fonte. Por motivos de diagramação, recomendamos que as tabelas, gráficos e quadros se anexem num documento separado em formato Excel. As imagens devem ser entregues em formato digital (.jpg ou .riff 300 e dpi 240). O autor é responsável por conseguir e entregar à Revista a permissão para a publicação das imagens utilizadas. • Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.
Os artigos devem ser enviados ao e-mail colombiainternacional@uniandes.edu.co ou remitidos por meio da ferramenta “Presentar artículo” (Apresentar artigo) disponível na página web da revista. Regras de edição
• As divisões no corpo do texto (seções principais) devem ser enumeradas em números arábicos, exceto a introdução e a conclusão; as subdivisões (seções secundárias) devem ser enumeradas com letras minúsculas. Além disso, deve-se aplicar tabulação a cada parágrafo. • Os termos em latim e as palavras estrangeiras devem estar em itálico. Contudo, evite o uso excessivo de itálico ao longo do texto. • Em nenhum caso, são utilizadas as expressões op. cit., ibid. ou ibidem. • A primeira vez que se usar uma abreviatura ou sigla deve estar entre parênteses depois da fórmula completa; nas demais citações, usar somente a abreviatura. • As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas na formatação de citação longa, com
Políticas Editoriais
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entrelinha simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas. As notas de rodapé devem aparecer em números arábicos. Indique claramente no texto o lugar onde deve ir cada quadro/tabela/ imagem/gráfico. Ao final do artigo, devem ser apresentadas todas as referências usadas no texto. A lista bibliográfica deve incluir as referências que foram citadas no texto (não incluir títulos não referenciados), enumeradas e dispostas em ordem alfabética. É indispensável incluir os nomes completos dos autores e/ ou editores em cada uma das referências. A Colombia Internacional utiliza formato autor-data do Chicago Manual of Style para apresentar as citações e referências. Devem ser considerados os detalhes de pontuação exigidos e a informação necessária requerida.
A seguir, apresentam-se alguns exemplos que mostram as diferenças entre a forma de citar no texto (T) e a forma de citar na lista bibliográfica (B). Livro de só um autor:
T: (Sobrenome ano, páginas) (Sáenz 1992, 100) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. Título completo. Cidade: Editora. Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Observação: não se usa vírgula entre o sobrenome e o ano; além disso, não se usam as abreviaturas p. ou pp. para indicar as páginas. Dois ou mais autores
T: (Sobrenome e Sobrenome ano, páginas) (Frieden, Williams e Lake 2000, 67-70) B: Sobrenome(s), Nome e Nome Sobrenome(s). Ano. Título completo. Cidade: Editora. Frieden, Jeffry, Paul Williams e David Lake. 2000. International Political Economy:
Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Quatro ou mais autores
T: (Sobrenome et al. ano, páginas) (Quijano et al. 1995, 21) B: Sobrenome(s), Nome, Nome Sobrenome(s), Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s). Ano. Título completo. Cidade: Editora. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez e Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilações (editor, tradutor ou compilador) além do autor
T: (Camacho Guizado 2004) B: Sobrenome(s), Nome(s), eds./comps. Ano. Título completo. Traduzido por Nome Sobrenome. Cidade: Editorial. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Capítulo de livro
T: (Gómez e Gamboa 2010, 70) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título capítulo”. Em Título livro, editado por Nome Sobrenome(s), páginas. Cidade: Editora. Gómez, Hernando José e Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade Policy-Making”. Em Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally? editado por Ann Capling e Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press. Artigo de revista (impresso ou on-line)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus e Riebow 2004, 645) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título artigo”. Nome jornal Volume (Número): páginas. DOI ou URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113 (4):752-72. DOI: dx. doi.org/10.1086/ahr.113.3.752 281
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Artigo de imprensa
B: “Título da página”. Nome do site, última modificação dia, mês, ano, último acesso dia, mês, ano, URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, última modificação 21 out. 2011, último acesso 22 set. 2014, URL: http://www.oxfamamerica. org/press/us-colombia-free-trade-agreementa-step-back-for-development/
Com autor
De blogs
T: (Coronell 2014) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título da notícia”. Título jornal, data publicação, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, 10 de maio, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3
T: (Roa Roa 2015) B: Sobrenome(s), Nome(s) (ou pseudônimo). Ano. “Título da entrada ou comentário”. Nome do blog (blog), dia, mês, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), 5 mar. URL: http://nadaflota.blogspot.com.co/2015/03/ desde-quibdo-hasta-chia-y-no-perder-la.html
Karmaus, Wilfred e John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112(maio):643-47. URL: http://www.jstor.org/stable/3435987.
Sem autor
T: (“Título [curto] do artigo” ano) (“Así se cocinó” 2014) B: “Título notícia”. Ano. Título jornal, data publicação, URL. “Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos”. 2014. Semana, 13 de maio, URL: http://www. semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/un-acuerdo-entre-progresistas-santos-para-apoyar-el-proceso-de-paz/387230-3.
Observação: se tiver dúvidas sobre como referenciar outro tipo de documento, inclua toda a informação necessária para identificar a fonte. Resenhas
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título tese”, dissertação de mestrado/ doutorado, instituição, país. Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, dissertação de mestrado, Universidad de Los Andes, Colômbia.
Mantém-se a mesma formatação de citação para resenhas de livro, capítulo de livro, filme, álbum de música, exposição, entre outros. T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Sobrenome(s), Nome(s). Ano. “Título da resenha”. Resenha de Título (livro), de Nome Sobrenome. Título revista/ periódico, data de publicação, páginas. Duque, Juliana. 2008. Resenha de Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Resenha de A Dry White Season (filme), dirigida por Euzhan Palcy. New Republic, 9 out.: 24-25.
Publicações na internet
Palestras/conferência
De sites
T: (Doyle 2002) B: Sobrenome(s), Nome(s). Ano. “Título da palestra”. Palestra apresentada [lugar onde aconteceu]. Instituição, país.
Dissertação ou Tese
T: (“Título [abreviado] da página”) (“US-Colombia Free Trade”) 282
Políticas Editoriais
Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Palestra apresentada no Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, Estados Unidos da América.
• Para documentos legais (leis, resoluções, decretos, tratados, constituições, entre outros), recomenda-se citá-los em notas de rodapé com o nome completo do documento e indicar a data exata em que foi expedido. • Os artigos que incluírem fontes de arquivo devem apresentar as referências em notas de rodapé numeradas, de maneira que facilitem ao leitor a identificação e o acesso aos documentos no arquivo correspondente. É necessário indicar: siglas do arquivo, seção, fundo, vol./leg./t., f. ou ff. (lugar, data e outros dados pertinentes). Na primeira menção, cita-se o nome completo do arquivo com a abreviatura ou sigla entre parênteses; depois, somente a abreviatura. Ao final do texto, devem ser relacionadas todas as referências primárias numa lista separada da bibliográfica. • Consulte as “Normas para os autores” em espanhol, inglês e português em http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Guia de políticas éticas Publicação e autoria
A Colombia Internacional é a publicação acadêmica do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de Los Andes (Bogotá, Colômbia), instituição encarregada de seu suporte financeiro. O escritório da Revista está localizado no Edifício Franco (GB-417) —campus universitário—; a página web da revista é http://colombiainternacional. uniandes.edu.co; o e-mail é colombiainternacional@uniandes.edu.co e o telefone é o (57 1) 339-4999, ramal 3036.
A revista tem a seguinte estrutura: uma equipe editorial —composta por um diretor(a) geral, um editor(a) geral e um assistente editorial—, um comitê editorial, um comitê científico e uma equipe de suporte administrativo e técnico que garante a qualidade e pertinência dos conteúdos da publicação. Os membros são avaliados bianualmente em função de seu prestígio em sua disciplina de trabalho e sua produção acadêmica em outras revistas e publicações acadêmicas nacionais e internacionais. Os artigos apresentados à Colombia Internacional devem ser originais e inéditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com outra publicação. Se o artigo for aceito, a equipe editorial espera que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial deste. Se o autor de um artigo publicado na revista quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a revista, compilação ou livro em que se publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original, isto é, Colombia Internacional, com autorização prévia do editor da revista. Além disso, quando a revista tiver interesse em reproduzir um artigo previamente publicado, compromete-se a solicitar a autorização correspondente à editora na qual apareceu pela primeira vez. Responsabilidades do autor
Os autores devem enviar os artigos por meio do link disponível na página web da Revista e/ou ao e-mail: colombiainternacional@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas para a recepção dos artigos (editais). A revista tem regras de acesso público para os autores, com os requisitos para a apresentação de artigos e as normas e instruções editorais. Estas podem ser consultadas em: http://colombiainternacional.uniandes. edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas ao final da versão impressa da Revista. 283
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Embora a equipe editorial seja a responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considere as avaliações realizadas por pares internacionais, os autores são os responsáveis pelas ideias neles expressas, bem como pela idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e que neste se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é responsabilidade dos autores ter as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não seja de sua propriedade/ autoria (quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.). Os autores aceitam submeter os textos à avaliação de pares externos e comprometem-se a considerar suas observações, bem como as da equipe editorial no momento de revisar o documento. Essas modificações deverão ser realizadas no prazo que a equipe editorial indicar ao autor. Depois que a revista receber o artigo modificado, o autor será informado sobre sua aprovação definitiva. Quando os textos submetidos à Colombia Internacional não são aceitos para publicação, a equipe editorial enviará uma notificação escrita ao autor, na qual se explicarão os motivos dessa decisão. Durante o processo de edição, a equipe editorial pode consultar o autor para resolver dúvidas. No processo de avaliação e de edição, o e-mail é o meio de comunicação privilegiado entre a revista e o autor. A equipe editorial se reserva a última palavra sobre a publicação de um artigo e o número no qual será publicado. Essa data se cumprirá contanto que o autor entregue toda a documentação solicitada no prazo indicado. A revista se reserva o direito de fazer revisão de texto no documento antes de sua publicação. Os autores dos textos aceitos devem autorizar a Universidad de Los Andes a usar os direitos patrimoniais autorais (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição), mediante a assinatura do 284
documento “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, para incluir o texto na Colombia Internacional (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Revisão por pares/responsabilidades dos avaliadores
Quando se receber um artigo, a equipe editorial avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela revista. A equipe editorial estabelece o primeiro filtro; para esse processo, consideram-se aspectos sobre a formatação, a qualidade e a pertinência do documento. Depois dessa primeira revisão e a partir dos comentários e sugestões dos membros do comitê editorial e científico, selecionam-se os artigos que iniciarão o processo de arbitragem. Os textos são, nessa instância, submetidos à avaliação de pares acadêmicos internacionais e ao conceito da equipe editorial. O resultado será comunicado ao autor num período de até seis meses a partir da recepção do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, a equipe editorial deverá informar ao autor. Todos os artigos que passarem o primeiro filtro de avaliação serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de avaliadores internacionais, os quais poderão fazer sugestões/comentários ao autor e indicar referências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em sua eleição, a revista busca que não tenham conflitos de interesse com os temas sobre os quais devem arbitrar. Ante qualquer dúvida, outro avaliador será estabelecido. A revista tem uma formatação de avaliação que inclui perguntas com critérios cuidadosamente definidos. Os avaliadores têm a responsabilidade de sugerir a aceitação, recusa ou aprovação com modificações
Políticas Editoriais
do artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avaliadores serão mantidos em anonimato. Responsabilidades editoriais
A equipe editorial, junto com os comitês editorial e científico, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a revista cumpra com os padrões que permitam seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros garante que a Revista melhore e satisfaça as expectativas da comunidade acadêmica. Assim como a revista publica normas editoriais que se esperam ser cumpridas, também se compromete a publicar correções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando for necessário. A equipe editorial é responsável pela seleção dos melhores artigos para a publicação. Essa seleção se faz com base nas recomendações derivadas do processo de avaliação e do processo de revisão editorial do artigo; consideram-se critérios de qualidade: relevância, originalidade e contribuição para a disciplina. Nesse sentido, quando um artigo é recusado, a justificativa que se dá ao autor deve estar orientada a esses aspectos.
A equipe editorial é responsável por controlar o processo editorial de todos os artigos que forem submetidos à revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade durante o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa. Quando a revista receber reclamações de qualquer tipo, a equipe editorial deve responder brevemente de acordo com as normas estabelecidas pela publicação; caso a reclamação tenha fundamento, a equipe deve garantir que se realize a adequada investigação para que seja resolvido o problema rapidamente. Quando se reconhecer uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo publicado, o comitê editorial será consultado e as correções e/ou esclarecimentos serão divulgados na página web da revista. Assim que um número da revista for publicado, a equipe editorial é responsável pela difusão e distribuição entre os colaboradores, avaliadores e entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como entre os repositórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, a equipe editorial é a encarregada de fazer os envios da revista aos seus assinantes.
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No. 16
Mayo - Agosto, 2015
Desigualdades étnico-raciales E st u d i o s s o b r e L a t i n o a mér ica y el C ar ibe c o n p e r s p e c t i v a g lob al
www.icesi.edu.co/revista_cs | cs@icesi.edu.co Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Artículos [ Luis Ernesto Valencia Angulo ] Ambigüedades en dos décadas de paradigma multiculturalista Algunos elementos de la historia inmediata de los Afrocolombianos [ Meyby Ugueto-Ponce ] Mecanismos de inserción sociopolítica en Curiepe, Estado Miranda, Venezuela [ Alen Castaño ] Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial esclavista en el Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII) [ Vicenta Moreno Hurtado y Debaye Mornan] ¿Y el Derecho a la Ciudad? Aproximaciones sobre el racismo, la dominación patriarcal y estrategias feministas de resistencia en Cali, Colombia [ Janeth Mosquera Becerra ] Develando lo que dicen sobre raza y etnia las revistas de salud pública de Colombia
[ Luz Edith Valoyes Chávez ] Los negros no son buenos para las matemáticas: ideologías raciales y prácticas de enseñanza de las matemáticas en Colombia [ Juan Carlos Zuluaga Díaz ] Afrodescendientes, representaciones y movilidad social en Tuluá Documentos [ Henry Arenas Valencia ] Da Guiné-Bissau à Colômbia. Benkos Biohó, resistência e (é) palenque. Um caso da diáspora africana [ Gustavo Emilio Balanta Castilla ] El abrazo por la vida y la libertad Reseñas [ Octávio Sacramento ] Capital, desigualdade e o passado que devora o futuro [ Maria del Pilar Acosta ] Intervención social y el debate sobre lo público
[ Fernando Urrea-Giraldo, Gustavo Bergonzoli Peláez, Bladimir Carabalí Sinisterra y Víctor Hugo Muñoz Villa ] Patrones de mortalidad comparativos entre la población afrodescendiente y la blanca-mestiza para Cali y el Valle del Cauca Calle 18 No. 122-135, Cali-Colombia | Teléfono: 555 2334 | Fax: 555 1441
IssN 0124-4035 •IssNe 2145-5112 dx.doi.org/10.12804/desafios
Desafíos • Número 28-I• pp. 9-462 UNIversIDaD Del rosarIo • Bogotá dx.doi.org/10.12804/desafios28.1.2016
Dossier temático La paradiplomacia y la política internacional de las regiones
Introducción. para entender la paradiplomacia Zidane Zeraoui
el contexto histórico para la reflexión teórica sobre el fenómeno de la paradiplomacia en el mundo globalizado David Sarquís
Identidades compartidas: la centralidad de los lazos culturales como motor paradiplomático Victorino Morales Dávila y Carlos Manuel Reyes Silva
a paradiplomacia financeira em países emergentes de estrutura federativa Nelson Bessa y Flávio Sombra
los pilares de las relaciones internacionales de los gobiernos locales de méxico: el caso de Baja California Rafael Velázquez Flores y Ernesto Alonso León Valdez
la paradiplomacia de Nuevo león: un estudio de caso Luz Araceli González
Bogotá, Cali y medellín en el escenario internacional (2001-2012) Edgar Zamora Aviles
la política Internacional subnacional: una propuesta para el abordaje del accionar contemporáneo en argentina Mariana Calvento
Sección general
Comunidades epistémicas en los estudios de seguridad y la interpretación del orden mundial Gabriel Orozco
la ciencia es ciencia de la ideología en louis althusser María Cecilia Padilla y Facundo Norberto Bey
Diplomacia pública y américa del sur. De los conceptos a la práctica: telesur y el caso venezolano Érico Sousa Matos
Documentos de reflexión
arquitectura institucional, contexto sociocultural e integridad electoral Dieter Nohlen
Reseña
Conflict resolution and the everyday politics of International Intervention Christian Völkel
Colombia Internacional ISSN 0121-5612 · eISSN 1900-6004
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Enero-abril 2016
U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S • F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A
Editorial Carta a los lectores
13-14
Tema libre The Politics of Accountability: Indigenous Participation in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador), Esther Sánchez, Consultora independiente, Marco Córdova y Susan Velasco, FLACSO (Ecuador) El perfil del votante anulista en la elección federal de 2009 en México: independencia partidista y movilidad cognitiva Gerardo Isaac Cisneros, Instituto Electoral del Distrito Federal (México) Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá María Camila Angulo Amaya, Universidad de los Andes (Colombia) Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista Hernán Fair, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) Neomubarakismo: al-Sisi y la nueva cara del autoritarismo en Egipto Rafat Ghotme, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) y Nadia García Sicard, Universidad Santo Tomás (Colombia)
17-50
51-80 81-106
107-136 137-162
Documentos Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica: 200 años después de la Carta de Jamaica Juan Camilo Herrera, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (España)
165-192
Subjetivación y pensamiento global. A propósito de la obra de Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015) Eguzki Urteaga, Universidad del País Vasco
193-200
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Colombia Internacional U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S • F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A
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La revista Colombia Internacional invita la comunidad académica a participar en su próxima convocatoria para la presentación de artículos. El número monográfico busca contribuir al debate académico sobre Política subnacional en América Latina, coordinado por Margarita Batlle (Universidad Externado de Colombia), Julieta Suárez-Cao (Universidad Católica de Chile), y Laura Wills-Otero (Universidad de los Andes). El periodo de recepción de artículos será entre el 4 de julio y el 15 de agosto de 2016. La política subnacional es un campo de estudio creciente en las Ciencias Sociales contemporáneas. Del mismo modo que en otras regiones del mundo, existe hoy en América Latina un gran interés por entender y explicar las dinámicas y procesos políticos que se desarrollan en el nivel local, así como sus interconexiones con otros niveles (v.g., regional, nacional e internacional). Las y los especialistas en estos temas se están haciendo preguntas sobre la heterogeneidad existente en la configuración del poder político y los niveles de competencia electoral a través de los territorios nacionales; sobre la capacidad estatal de las instituciones locales en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas; y sobre el impacto de las prácticas informales (como el clientelismo y la minería ilegal, por ejemplo) en las dinámicas políticas locales, entre otras cuestiones. Con esta convocatoria invitamos a todos los interesados en las dinámicas políticas subnacionales de los países de América Latina a escribir artículos teóricos y/o empíricos relacionados con los ejes temáticos que se presentan a continuación, y a hacer uso de metodologías variadas para responder sus preguntas de investigación. En este sentido, la convocatoria está abierta a todo tipo de diseños de investigación (tanto experimentales como observacionales, y dentro de estos últimos, estudios de caso y estrategias comparadas) y metodologías (cuantitativas, cualitativas y mixtas). 1. 2. 3. 4. 5.
Ejes temáticos: Competencia electoral: la competencia de partidos nacionales y subnacionales en los niveles regional y local y su coordinación (o no) a través del territorio; configuración del poder político; alianzas electorales entre élites partidistas regionales. Régimen político local: democracia y autoritarismo; representación y participación de grupos minoritarios; capacidad estatal, institucionalización y gobernabilidad. Instituciones informales en el nivel local: clientelismo, corrupción, entre otros. Contextos políticos: movilización, conflictos sociales y armados; condiciones estructurales; interacción entre estructura, agencia y resultados políticos. Carreras políticas: análisis de las carreras políticas desde una perspectiva multinivel, con una mirada sobre los diferentes espacios territoriales de competencia y representación.
Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos o documentos breves de investigación con orientación crítica sobre temas propios de la disciplina en inglés, español y portugués. Les recordamos que también recibimos artículos de interés general para las otras secciones de la Revista. Durante el periodo de la convocatoria podrán remitir sus manuscritos a través del enlace habilitado en la página electrónica de la revista o enviarlos directamente al correo electrónico colombiainternacional@uniandes.edu.co Consulte las normas editoriales y criterios de presentación de artículos disponibles en el sitio web de revista (https:// http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/). Instrucciones para los autores, disponibles en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page. php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas
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Colombia Internacional 87 Editorial Carta a los lectores Presentación: Élites políticas de América Latina: una agenda de investigación abierta
11-12 13-18
Adrián Albala, Universidade de São Paulo (Brasil)
Análisis: Perfiles de las élites políticas latinoamericanas Los presidentes latinoamericanos y las características de la democracia
21-52
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015)
53-80
Manuel Alcántara, Mélany Barragán y Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca (España)
María Matilde Ollier y Pablo Palumbo, Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010)
81-108
Bastián González-Bustamante, Universidad de Santiago de Chile y Alejandro Olivares, Universidad de Chile
Colombia Internacional
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La élite parlamentaria brasileña de 1995 a 2010: ¿hasta dónde va la popularización de la clase política?
109-143
Élite(s) e indianidad en Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo
145-169
Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque y Lucas Malta Mingardi, Universidade de São Paulo (Brasil)
Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colombia)
Colombia Internacional
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Tema libre
87
Extendiendo el derecho a todos los derechos: la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género
173-198
¿Polarización? Posiciones ideológicas durante la campaña presidencial colombiana en 2014
199-215
Daniel Rangel Jurado, Ibarra Abogados (Colombia)
Juan Camilo Plata Caviedes, Vanderbilt University (Estados Unidos)
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Colombia Internacional ISSN
0121-5612 •
eISSN
1900-6004 • Mayo-agosto 2016
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P E R F I L E S D E L A S É L I T E S P O L Í T I C A S L AT I N O A M E R I C A N A S
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Documentos
87
Élites sociales y élites políticas en Argentina. Buenos Aires 1880-1930
219-241
Los latinoamericanos de París en el cambio de siglo. Sobre Die Hauptstadt Lateinamerikas (2013), de Jens Streckert
243-259
Leandro Losada, CONICET (Argentina)
Daniel Emilio Rojas, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia)
Colombia Internacional
Mayo-agosto 2016 ISSN 0121-5612 · eISSN 1900-6004
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Decano Facultad de Ciencias Sociales Hugo Fazio
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Editora Facultad de Ciencias Sociales Martha Lux
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H Editor Carlo Nasi Universidad de los Andes (Colombia)
Coordinador editorial Mateo Morales Universidad de los Andes (Colombia)
Editor invitado Adrián Albala Universidade de São Paulo (Brasil)
Gestora editorial revistas Facultad de Ciencias Sociales Margarita Sierra Universidad de los Andes (Colombia)
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