Colombia Internacional 86
R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S • U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Colombia Internacional Revista del Departamento de Ciencia Política Facultad de Ciencias Sociales • Universidad de los Andes • Bogotá, Colombia ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 Carrera 1 No. 18ª-10 • +57 1 339 4949, extensión 3036 colombiainternacional@uniandes.edu.co • http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Rector de la Universidad de los Andes Pablo Navas Sanz de Santamaría Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Hugo Fazio Vengoa
Director del Departamento de Ciencia Política Juan Carlos Rodríguez Raga Editora de la Facultad de Ciencias Sociales Martha Elisa Lux Martelo
H Fundadores Juan Gabriel Tokatlian Rodrigo Pardo Fernando Cepeda Ulloa
Comité asesor emérito Ann Mason Francisco Leal
H Editor Carlo Nasi Universidad de los Andes (Colombia)
Coordinador editorial Mateo Morales Universidad de los Andes (Colombia) Gestora editorial revistas Facultad de Ciencias Sociales Margarita Sierra Universidad de los Andes (Colombia)
H Corrección de estilo y traducción Español Guillermo Díez Inglés Carol O’Flynn Portugués Roanita Dalpiaz
Imagen de portada Russell Prince In Day Out (38 X 38 cms.), 2014 http://russellprince.com/ Equipo informático Claudia Vega
Impresión Panamericana Formas e Impresos S. A. Diseño y diagramación Víctor Gómez H
Las opiniones e ideas aquí consignadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase siempre y cuando se mencionen como fuente al autor, el artículo y a la revista Colombia Internacional del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario contar con la autorización del Comité editorial de Colombia Internacional.
Comité editorial David Altman Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Lucio Renno Universidade de Brasilia (Brasil)
Flavia Freidenberg Universidad Nacional de México (México)
Angelika Rettberg Universidad de los Andes (Colombia)
Mónica Hurtado Universidad de La Sabana (Colombia)
Martín Tanaka Instituto de Estudios Peruanos (Perú)
Aníbal Pérez-Liñán University of Pittsburgh (EE. UU.)
Arlene Tickner Universidad de los Andes (Colombia)
H
Comité científico Manuel Alcántara Sáez Universidad de Salamanca (España) Barry Ames University of Pittsburgh (EE. UU.) Octavio Amorim Neto Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Brasil) Peter Andreas Brown University (EE. UU.) Bruce Bagley University of Miami (EE. UU.) Ana María Bejarano University of Toronto (Canadá) Daniel Buquet Universidad de la República (Uruguay) Ernesto Calvo University of Maryland (EE. UU.) Royce Carroll Rice University (EE. UU.) Daniel Chasquetti Universidad de la República (Uruguay)
Germán Lodola Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) Juan Pablo Luna Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) Mariana Llanos GIGA Institute of Latin American Studies (Alemania) Scott Mainwaring University of Notre Dame (EE. UU.) María Victoria Murillo Columbia University (EE. UU.) Ana María Mustapic Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) Gabriel Negretto Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (México) Carlos Pereira Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Brasil) Cristóbal Róvira Kaltwasser Universidad Diego Portales (Chile)
Brian Crisp Washington University in St. Louis (EE. UU.)
Mitchell Seligson Vanderbilt University (EE. UU.)
Scott Desposato University of California, San Diego (EE. UU.)
William C. Smith University of Miami (EE. UU.)
Mark Jones Rice University (EE. UU.) Steven Levitsky Harvard University (EE. UU.)
Richard Snyder Brown University (EE. UU.) Juan Gabriel Tokatlian Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
Colombia Internacional agradece la colaboración de las siguientes personas que participaron como árbitros de este número Gerardo Aboy Carlés, Universidad Nacional de San Martín (Argentina) David Altman, Pontificia Universidad Católica de Chile Ernani Carvalho, Universidade Federal de Pernambuco (Brasil) Ana Sofía Castellanos, Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) Benjamin Creutzfeldt, Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA (Colombia) Adela Cubillos Meza, Universidad Católica Silva Henríquez (Chile) José Del Tronco Paganelli, FLACSO-México Khatchik DerGhougassian, Universidad de San Andrés (Argentina) Cristina Echeverri, Universidad de los Andes (Colombia) Víctor Alejandro Espinoza, El Colegio de la Frontera Norte (México) Marco Antonio Estrada Saavedra, El Colegio de México Hugo Fazio, Universidad de los Andes (Colombia) Marta Inés Fierro, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) Roberto Fragale Filho, Universidade Federal Fluminense (Brasil) Ivan de Franco, InternetLab - Pesquisa em Direito e Tecnologia (Brasil) Ana Beatriz Franco-Cuervo, Universidad del Rosario (Colombia) Rigoberto Gallardo, ITESO/ Universidad de Guadalajara (México) Pío García, Universidad Externado de Colombia Ignacio Gutiérrez de Terán, Universidad Autónoma de Madrid (España) Magda Hinojosa, Arizona State University (Estados Unidos) Mauricio Jaramillo Jassir, Universidad del Rosario (Colombia) Virginie Laurent, Universidad de los Andes (Colombia) Ralf Leiteritz, Universidad del Rosario (Colombia) Julie Evelyne Massal, IEPRI (Colombia) Rodrigo Megchun, Escuela Nacional de Antropología e Historia (México) Janiel David Melamed, Universidad del Norte (Colombia) Daniel Montalvo, Vanderbilt University (Estados Unidos) Silvia Otero, Northwestern University (Estados Unidos) Juan Diego Prieto, University of California, Santa Cruz (Estados Unidos) María Virginia Quiroga, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) Adriana Ramírez Baracaldo, Universidad EAFIT (Colombia) Omar Rincón, Universidad de los Andes (Colombia) Salvador Schavelzon, Universidade Federal de São Paulo (Brasil)
Colombia Internacional Colombia Internacional es la revista editada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). Desde 1986, Colombia Internacional lleva a la práctica la misión de la Universidad de ampliar el conocimiento y difundir información que permita entender, en términos rigurosos y científicos, los hallazgos, debates y reflexiones recientes en los campos de la ciencia política y las relaciones internacionales. Colombia Internacional es una publicación académica pluralista que se propone mejorar y promocionar la discusión académica nacional e internacional por medio del análisis de fenómenos políticos pasados y actuales desde miradas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares y abordajes metodológicos pertinentes e innovadores. Las secciones de la Revista son:
S Editorial: presenta a los lectores el número, su contenido, importancia y justifica-
ción. Esta sección incluye una “Carta a los lectores”, a cargo del equipo editorial de la Revista, y una “Presentación”.
S Análisis: presenta artículos inéditos que giran alrededor de un tema específico, convocado previamente por el Comité editorial de la Revista. Los números monográficos abordan un tema de importancia actual en las disciplinas de la ciencia política y las relaciones internacionales y suelen ser coordinados por un editor invitado.
S Tema libre: presenta artículos inéditos sobre diversos temas (relaciones internacio-
nales, teoría política, política comparada, política colombiana y política exterior, entre otros) que no forman parte de un tema específico.
S Documentos: se publican reseñas, se reproducen escritos, transcripciones, fotogra-
fías o documentos publicados previamente en otros lugares que el Comité editorial considere de interés para el público de la Revista, especialmente por el uso pedagógico e ilustrativo que puedan tener. También esta sección es un espacio para la reflexión crítica y el intercambio de puntos de vista en relación con temas políticos de actualidad, propuestas teóricas y resultados breves de investigación.
PALABRAS CLAVE: ciencia política • relaciones internacionales • política comparada • política colombiana • teoría política
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Contenido Editorial Carta a los lectores
13-14
Tema libre The Politics of Accountability: Indigenous Participation in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies
17-50
El perfil del votante anulista en la elección federal de 2009 en México: independencia partidista y movilidad cognitiva
51-80
Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador), Esther Sánchez, Consultora independiente, Marco Córdova y Susan Velasco, FLACSO (Ecuador)
Gerardo Isaac Cisneros, Instituto Electoral del Distrito Federal (México)
Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá
María Camila Angulo Amaya, Universidad de los Andes (Colombia)
81-106
Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista
107-136
Neomubarakismo: al-Sisi y la nueva cara del autoritarismo en Egipto
137-162
Hernán Fair, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Rafat Ghotme, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) y Nadia García Sicard, Universidad Santo Tomás (Colombia)
Documentos Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica: 200 años después de la Carta de Jamaica
165-192
Subjetivación y pensamiento global. A propósito de la obra de Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015)
193-200
Juan Camilo Herrera, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (España)
Eguzki Urteaga, Universidad del País Vasco
Colombia Internacional
Contents Editorial Letter from the Editor
13-14
General Interest The Politics of Accountability: Indigenous Participation in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies
17-50
Null Voter Profile in the 2009 Midterm Federal Election in Mexico: Non-Party Affiliation and Cognitive Mobility
51-80
Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador), Esther Sánchez, Consultant, Marco Córdova and Susan Velasco, FLACSO (Ecuador)
Gerardo Isaac Cisneros, Instituto Electoral del Distrito Federal (Mexico)
Voting Intention and Party Preference in Bogota
María Camila Angulo Amaya, Universidad de los Andes (Colombia)
81-106
From National-Popular Peronism to Neoliberal Peronism: Transformations of Political Identities in Menemist Argentina
107-136
Neomubarakism: Al-Sisi and the New Authoritarian Façade in Egypt
137-162
Hernán Fair, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Rafat Ghotme, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) and Nadia García Sicard, Universidad Santo Tomás (Colombia)
Documents Integration Clauses in the Constitutions of South American Countries: 200 Years After the “Letter from Jamaica”
165-192
Subjectivation and Global Thinking: About the Work of Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015)
193-200
Juan Camilo Herrera, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Spain)
Eguzki Urteaga, Universidad del País Vasco
Colombia Internacional
Índice Editorial Carta aos leitores
13-14
Tema aberto A política de Accountability: participação indígena nas políticas de petróleo e gás da Colômbia e do Equador
17-50
O perfil do eleitor que votou nulo na eleição federal de 2009 no México: independência partidária e mobilidade cognitiva
51-80
Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador), Esther Sánchez, Consultor independente, Marco Córdova e Susan Velasco, FLACSO (Ecuador)
Gerardo Isaac Cisneros, Instituto Electoral del Distrito Federal (México)
Intenção de voto e simpatia partidária em Bogotá
María Camila Angulo Amaya, Universidad de los Andes (Côlombia)
81-106
Do peronismo nacional-popular ao peronismo neoliberal: transformações das identidades políticas na Argentina menemista
107-136
Neomubarakismo: al-Sisi e a nova cara do autoritarismo no Egito
137-162
Hernán Fair, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Rafat Ghotme, Universidad Militar Nueva Granada (Côlombia) e Nadia García Sicard, Universidad Santo Tomás (Côlombia)
Documentos As cláusulas de integração nas constituições da América do Sul: 200 anos depois da Carta da Jamaica
165-192
Subjetivação e pensamento global. Sobre a obra de Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015)
193-200
Juan Camilo Herrera, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Espahna)
Eguzki Urteaga, Universidad del País Vasco
Colombia Internacional
E EDITORIAL F
Carta a los lectores Comienza 2016, un año lleno de retos difíciles para el país. El principal de ellos será culminar exitosamente las negociaciones de paz con las FARC, lo que daría inicio al posconflicto. Si las negociaciones llegan a buen término y son ratificadas por la mayoría de los colombianos, se producirá un hito histórico: por primera vez en más de cincuenta años tendremos paz. Una paz imperfecta, claro, pero cuya importancia no se puede desestimar. La paz será imperfecta porque incluye una dosis de impunidad grande para los perpetradores de delitos graves. Gústenos o no, ese es el costo que hay que pagar en toda negociación de paz. Si, incluso, en las instancias claras de “justicia de vencedores” hubo castigo para apenas una pequeña fracción de los perpetradores de crímenes de guerra (piénsese en Alemania y Japón como países derrotados y ocupados por las fuerzas aliadas luego de la Segunda Guerra Mundial), resulta inverosímil pretender que en Colombia, donde las FARC no fueron doblegadas, se apliquen sanciones drásticas a todos los que cometieron delitos atroces. A su vez, con la paz no se trata (ni mucho menos) de “entregar el país al terrorismo”, acusación que va en contravía de toda evidencia. Ni el alcance de los acuerdos de paz da para pensar en un vuelco institucional que nos conduzca a desvirtuar a nuestras instituciones, ni el endeble apoyo social del que gozan las FARC permite anticipar que llegarían al poder por la vía democrática en el corto o mediano plazos. Para que las FARC obtengan el favor de las mayorías (si es que algún día lo logran) deberán primero recorrer un largo trecho, que incluye dejar de lado las autojustificaciones y distanciarse de su propia historia violenta. De lo que se trata con la paz imperfecta es de demostrar que somos capaces de resolver nuestras diferencias políticas sin matarnos los unos a los otros. Nuestra democracia funcionará bastante mejor sin toda la interferencia generada por la guerra en materia de asesinatos, atentados, secuestros, intimidación, “boleteo”, amenazas y demás. Por supuesto, persistirá la criminalidad, pero en la medida en que ya no existan territorios controlados por las guerrillas, el Estado estará en mejores condiciones de enfrentarla. Además, si se desmovilizan las FARC, el gobierno podrá concentrar recursos en combatir la criminalidad, en vez de dispersarlos en labores contrainsurgentes. La paz también significará una oportunidad única para poder saldar la deuda histórica que tiene el país con las zonas rurales olvidadas, y la consolidación allí de condiciones favorables para la inversión, la creación de empresa
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y la generación de empleo. Todo esto resulta más que urgente si se consideran los tiempos difíciles por los que atraviesa la economía: si uno toma en cuenta las graves consecuencias que nos han implicado la caída del precio del petróleo, la inflación y el “fenómeno del Niño”, es más que sensato buscar ahorrarnos los costos de destrucción que significa la guerra. Dicho esto, aunque el número 86 de Colombia Internacional se planteó como una convocatoria de tema libre, tiene algunos componentes temáticos: en efecto, dos de los artículos seleccionados para publicación versan sobre asuntos electorales: el texto de Gerardo Isaac Cisneros aborda el fenómeno del voto “anulista” en México, tomando como caso de estudio los comicios para diputados federales en 2009; y el de María Camila Angulo versa sobre la relación de mutua causalidad entre el comportamiento electoral y la simpatía partidista de los ciudadanos en Bogotá. Dos artículos abordan el tema de la transformación de las identidades y los sistemas políticos. Hernán Fair analiza los cambios llevados a cabo por Menem en Argentina, de un peronismo nacional-popular hacia un modelo neoliberal de acumulación. Por su parte, Rafat Ghotme y Nadia García estudian la nueva cara del autoritarismo, consolidado en Egipto tras la caída de Mubarak en 2011. El artículo restante, no por ello menos relevante, desarrolla el tópico de la rendición de cuentas. Guillaume Fontaine, Esther Sánchez, Marco Córdova y Susan Velasco analizan, en un estudio comparado entre Colombia y Ecuador, por qué los gobiernos ven la necesidad (o no) de incluir a actores no estatales en la toma de decisión y la adopción de políticas públicas. Para ello, se refieren al mecanismo de consulta previa frente a las poblaciones indígenas con respecto a las políticas de petróleo y gas en estos dos países. Espero que este número agrade a los lectores y contribuya a un mejor entendimiento de la política contemporánea. Carlo Nasi Editor Colombia Internacional
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E TEMA LIBRE F
The Politics of Accountability: Indigenous Participation in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies Guillaume Fontaine FLACSO (Ecuador) Esther Sánchez Consultant Marco Córdova Susan Velasco FLACSO (Ecuador) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.01 RECEIVED: April 29, 2015 ACCEPTED: June 28, 2015 REVISED: October 27, 2015
Current literature on social and political accountability hardly explains why governments are (or are not) interested in including non-state actors in decision-making and policy implementation. This paper argues that accountability is the product of the interplay of ideas and institutions to mediate contradictory interests in the definition of normative, strategic and operational policy aims and means. Process-tracing is utilized to identify the causal mechanism linking the adoption of international law instruments to actual enforcement of accountability in a policy area. The case study is about the indigenous right to prior consultation on oil and gas policies in Colombia and Ecuador.
ABSTRACT:
accountability • public policy • indigenous • Colombia • Ecuador (Thesaurus) • neo-institutionalism • process-tracing (author’s keywords)
KEYWORDS:
H This paper is a partial product of the research project titled “Participation as a Governance Problem: The Case of Security and Energy Policies in Ecuador and Colombia,” conducted from March 2014 to March 2015. The project was financed by the Academic Development Fund of FLACSO Ecuador. The authors wish to thank Mike Howlett, Derek Beach, Ernesto Isunza, Adrián Gurza, two anonymous reviewers and the Editor of Colombia International for their comments on a previous version of this paper. Special thanks goes to Luis Carlos Erazo for his invaluable help on logistics. 17
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La política de rendición de cuentas: Participación indígena en las políticas de petróleo y gas de Colombia y Ecuador RESUMEN: La literatura contemporánea sobre el control social y la responsabilidad no
explica con solvencia por qué gobiernos están (o no están) interesados en involucrar a actores no estatales en los procesos de toma de decisión y de implementación de políticas públicas. Este artículo argumenta que la responsabilidad es el producto de las interacciones entre ideas e instituciones para mediar intereses contradictorios en la definición de los objetivos y medios de políticas normativos, estratégicos y operacionales. Se utiliza el seguimiento de proceso para identificar el mecanismo causal que vincula la adopción de instrumentos de derecho internacional con el fortalecimiento efectivo de la responsabilidad en un área de política. El caso de estudio es el derecho de los indígenas a la consulta previa en las políticas de petróleo y gas en Colombia y Ecuador.
PALABRAS CLAVE:
control social • responsabilidad • política pública • Colombia • Ecuador (Thesaurus) • neoinstitucionalismo • indígenas • seguimiento de procesos (palabras clave autor)
H
A política de Accountability: participação indígena nas políticas de petróleo e gás da Colômbia e do Equador RESUMO: A literatura contemporânea sobre o controle social e a responsabilidade não explica com solvência por que governos estão (ou não estão) interessados em envolver atores não estatais nos processos de tomada de decisão e de implementação de políticas públicas. Este artigo argumenta que a responsabilidade é o produto das interações entre ideias e instituições para mediar interesses contraditórios na definição dos objetivos e meios de políticas normativos, estratégicos e operacionais. Utiliza-se o acompanhamento de processo para identificar o mecanismo causal que vincula a adoção de instrumentos de direito internacional com o fortalecimento efetivo da responsabilidade numa área de política. O estudo de caso é o direito dos indígenas à consulta prévia nas políticas de petróleo e gás na Colômbia e no Equador.
controle social • responsabilidade • Colômbia • Equador (Thesaurus) • política pública • neoinstitucionalismo • indígenas • acompanhamento de processos (palavras-chave autor)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introduction: Why Do Governments Bother About Accountability? The emergence of citizens’ rights to participation and control over the state in contemporary literature on democracy came along with the global transformation regarding the role and nature of state institutions: upwards (through globalization and regional integration processes), downwards (through decentralization processes) and outwards (through the politicization of civil society) (Pierre and Peters 2000). In Latin America, after the democratic transition of the 1980s and the governability crisis faced by many countries during the following decade, the framing of democracy building has challenged the traditional concept of representative democracy with that of “co-governance” (Fontaine 2010a), a collaborative system based on participation and social control by different actors, in which the state acts as a coordinator (Kooiman 2002). Yet participation and social control over the state are both time-consuming and economically expensive for governments (Irvin and Stansbury 2004). They are also often frustrating for social actors wanting more consultation, more accountability and more controlling capacity (Fung 2006a; 2006b), all of which affects the political outcomes governments can expect from such measures. Therefore, the reason why governments do (or do not) care for granting citizens such rights calls for more explanation, especially considering the irreversible nature of policy change for more accountability, which is comparable with the irreversibility of previous changes such as the recognition of human rights and universal suffrage. There is a need to know more about how governments face the need to design and implement effective public policies under growing scrutiny by non-state actors. The argument in this paper is that such changes actually become irreversible when they materialize at three levels of objectives and means of policy content. This process is consistent with the neo-institutional three-order change framework1 (Hall 1993), according to which first-order change, through calibration of policy instruments, and second-order change, through definition of policy objectives and means, result from social learning, while third-order change, through paradigmatic shift2 (or a new cognitive framework), results from the adjustment obtained by influential actors through “puzzling” and
1 On neo-institutional frameworks and theories, see Lowndes and Roberts 2013. 2 Drawing on the theory of scientific revolutions (Kuhn 1971), this framework also considers the process of a policy paradigm shift which experiences a moment of incommensurability (Hall 1993), since it is a sociological, rather than a scientific process, that depends on the positional advantages of experts within a broader institutional framework and on exogenous factors affecting the power of one set of actors over the other. 19
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“powering.” During this process, ideas and institutions mutually reinforce one another at two different moments (Hall 1993). Initially (at t1), ideas are an insufficient but necessary cause of change that can provoke resistance due to contradictory interests among state and non-state actors. For this change to become sustainable, ideas need to be supported (at t2) by institutional reforms and policy design. Hence, although participation of non-state actors generally depends on a normative obligation, it is also the result of strategic compromises and operational necessities. This research focuses on the causal relationship between the adoption of international legal instruments aimed at increasing accountability to a domestic policy change implemented by governments in Colombia and Ecuador, two middle-range oil and gas-exporting countries of Latin America. Analytically, this is a relevant case of irreversible policy change since oil policies have been affected at three levels after the legislative power ratified international instruments protecting indigenous peoples, such as International Labor Organization (ILO) Convention 169 and the United Nations (UN) Declaration on Indigenous Peoples Rights (Fontaine 2009; 2010b; 2011). The adoption of said instruments materialized recognition of the right of indigenous peoples to be consulted on any development project affecting their territory and identity. In Latin American oil-exporting countries, this has triggered irreversible change at normative, strategic and operational levels of policy contents, thus improving indigenous peoples’ capacity to exercise control over oil and gas policies. The following sections explain why this change occurred in Ecuador and Colombia, and why it can be considered irreversible. We start by reviewing the theoretical literature in political science and sociology on political and social accountability in order to construct a typology based on the degree of coercion and the relationship between state and society. We then proceed with a description of the method applied through case selection, congruence analysis and causal-mechanism testing. We continue with a presentation of our case study, including an analysis of policy change at three levels, and the description of the causal mechanism linking ideas and institutions throughout the process. We conclude with a brief reflection on accountability as a policy problem.
1. Theoretical Discussion Over the past three decades, the debate on democracy in Latin America has gone through three different moments: during the 1980s it focused on transitions to democracy; in the 1990s it dealt with more effective mechanisms of accountability; in the 2000s it was about governmental effectiveness and the quality of democracy 20
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
(Altman, 2011; Mainwaring, 2003). In the last of these phases, a general agreement arose regarding the existence of novel forms of participation in the political process. These have been observed particularly in Brasil, Mexico, Colombia and Venezuela (Isunza Vera and Olvera 2006a; Isunza Vera and Gurza Lavalle 2010; Isunza Vera 2012), with special attention given to major cities in these countries (Hernández 2010; 2011; Gurza 2011; Hernández and Arciniegas 2011a). Research on accountability in Latin America started with Guillermo O’Donnell’s pioneering works on the democratic deficits of Latin American “polyarchies” (Dahl 1991) and the pattern of domination exerted by the executive power over the legislative and judicial branches, which he qualified as “delegative democracy” (O’Donnell, Schmitter and Whitehead 1986; O’Donnell 1993; 1994; 1996).3 On the one hand, political scientists analyze this as a problem of power, expressed in terms of vertical, horizontal and social accountability (Schedler, Diamond and Plattner 1999; Peruzzotti and Smulovitz 2002a; Mainwaring and Welna 2003). Sociologists on the other hand see it as a problem of social processes and interactions between civil society (rather than society as a whole) and the state (Isunza Vera and Olvera 2006b; Isunza Vera and Gurza Lavalle 2010; Hernández and Arciniegas 2011b; Isunza Vera, 2012). Accountability embodies the three philosophical traditions —liberal, republican and democratic— that constitute the base of modern democracy regarding the control of political power (Ríos Ramírez et al. 2014). The liberal conception of accountability results from the individual’s mistrust of the state and clearly separates the private and public spheres. The republican conception underscores the need for institutional equilibrium within the public sphere. The democratic conception stands for active exercise of citizenship through participation in constitutional power. The twofold dimension of “answerability” and “enforcement” lies at the heart of the debate on accountability (Schedler 1999). While answerability refers to the public debate and the rule of reason inherited from the Enlightenment project of monitoring and overseeing power, enforcement refers to rewarding good and punishing bad behavior, which restricts our conception of accountability considerably, compared to more general notions of participation and social control. The main objective of answerability is to foster transparency through information and justification based on principles of publicity and responsibility.
3 In delegative democracies, “whoever wins election to the presidency is thereby entitled to govern as he or she sees fit, constrained only by the hard facts of existing power relations and by a constitutionally limited term of office” (O’Donnell 1994, 59). 21
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 17-50
Enforcement on the other hand seeks to give non-state actors the power or capacity to make answerability effective. The transition to democracy in the 1980s created mechanisms of effective vertical accountability through regular elections (with minimum protection of fundamental rights). Nevertheless, most Latin American countries still suffer from weak or intermittent horizontal accountability4 frequently affected by encroachment, due to the (illegal) authority of one state agency over another, and corruption, due to the lack of transparency regarding government action toward citizens, which violates horizontal accountability. According to O’Donnell (1999), the reason is these “new democracies” inherited ready-made institutional packages from earlier democratic systems that identified democracy with the right of the demos to decide on any issue (following the ancient Athenian tradition), while the other philosophical components, regarding the protection of fundamental individual rights (sacred to liberalism) and subjection of law to the public interest (as in republicanism) were hardly assimilated at all in their institutional designs. The institutional deficits of horizontal accountability increased the number of social actors demanding more participation and control over the state. This is commonly qualified as “social accountability,” a vertical but non-electoral form of pressure to make civil servants and elected representatives justify and inform about their decisions, and face possible sanctions when acting incorrectly or illegally (Peruzzotti and Smulovitz 2002b). Social accountability is (at least partly) the product of a threefold strategy at the judicial, the mass media and the social level. At the judicial level, it means the activation of judicial power and control agencies based on claims and petitions from organizations of civil society. At the media level, it involves informing the public regarding the action of civil servants and elected representatives in order to assign blame and possibly to put them on trial in the case of wrongdoing. At the social level, it refers to mobilization aimed at raising the reputational costs of illegal behaviors even when they do not receive judicial sanctions. a. Four Kinds of Accountability Mechanisms The novelty in today’s Latin American polyarchies lies in the multiplication of alternative agencies and mechanisms of accountability, which represents a genuine innovation compared to the oldest democratic regimes. The region is
4 Horizontal accountability refers to the classic separation of the executive, the legislative and the judicial powers, while vertical accountability refers to electoral mechanisms of control by citizenship over the state (O’Donnell 1999, 38). 22
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
indeed experiencing deep changes through the creation of independent state agencies and social organization networks to compensate for the weakness of checks and balances (Escandón and Velásquez 2015; Ríos Ramírez et al. 2014). Independent state agencies, such as public ministries, national auditing offices and electoral authorities, are supposed to strengthen the traditional separation of the executive, legislative and judicial powers, while social organizations are expected to secure citizens’ control over the state apparatus (Hernández and Arciniegas 2011b). Effective horizontal accountability would then depend on two kinds of agencies to prevent and sanction transgressions of the limits of formally defined authority by elected representatives or civil servants (O’Donnell 1999, 40). The “balance agencies” still epitomize the division between the executive, legislative and judicial branches, but their deficiencies have led to a multiplication of “assigned agencies” such as prosecutors, auditors, ombudsmen, etc., that assume a function of social control with diverse degrees of coercion (O’Donnell 2002). Nevertheless, the causal relationship between the difficulties faced by Latin American democracies and the emergence of new accountability mechanisms remains undetermined. First, the concept of accountability suffers from stretching and polysemy and its complexity is hardly reflected in the spatial metaphor of vertical versus horizontal, or the synonymous expressions of “electoral” (for vertical) and “intrastate” (for horizontal) accountability (Mainwaring 2003, 20). Hence, it may have been adequate initially to qualify the general trends of contemporary democracy in Latin America, but it may well cause confusion when trying to determine the degree of coercion exerted through these political innovations by the state and the citizenry. Moreover, the fading of the borderline between the public and private spheres blurs the relationships between the rights of citizens and the obligations of political or administrative agents. Accordingly, a clear distinction between the responsibilities of politicians and the dysfunctions of administrative and legal systems is unlikely to be drawn except through due process and judicial control. At the end of the day, political accountability, “this obscure object of political desire and institutional design” (Schedler 1999, 27), refers to moral integrity as well as legality and legitimacy. Therefore, the old institutionalist conception of state institutions as the best mechanisms for achieving accountability must be revised since the need for accountability has long outweighed governments’ mere willingness to be or not to be accountable to their citizens. Social accountability offers no accurate alternative, however, since its relationship to vertical accountability and democratic institutions is endogenous. Social accountability agencies constitute a heterogeneous category in which 23
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articulation with horizontal accountability is highly variable. They are more ambiguous than state agencies since they relate to the semantics of both “participation” and “responsibility” (Gurza and Isunza 2010). They consist of increasingly complex socio-state interfaces, acting at the heart of three different kinds of relationships between state and society: explicit agreements on accountability between two subjects, possible sanctions of one another, and the articulation of different modalities of accountability. Indeed, the most recent “democratic innovations” (Gurza and Isunza 2010, 19) for social control in Latin America involve collective actors assuming activities of representation more than participation (e.g., through transparency councils or inter-institutional groups negotiating policy agenda-setting, elaborating participatory budgets, monitoring and evaluating policy programs, etc.). The most constricted understanding of social accountability implies new mechanisms of representation and places the problem of “controlling the controllers” at the center of the debate on democracy (Gurza and Insunza 2010, 35). The paradox is that social accountability was conceptualized to describe a solution to the failures of vertical-electoral and horizontal accountability, yet its acknowledgement by government reflects a political system’s degree of openness to political accountability. In other words, social accountability is more likely to blossom where there is simultaneously a longstanding mobilization capacity among social actors and the media, and notable respect for fundamental rights such as freedom of opinion and of the press, as well as control agencies.5 Hence we suggest dropping the distinction between “political” and “social” accountability, by assimilating “social accountability” into the category of “nonelectoral democratic controls” (Isunza and Gurza 2012). This makes it possible to elaborate a single typology of political accountability mechanisms based on their degree of coercion over the state and their inclusion of non-state actors (Cf. Table 1). Vertical electoral mechanisms simultaneously involve the largest number of non-state actors and have the greatest power of coercion over the state. In contrast, horizontal mechanisms in the form of dedicated agencies do not involve non-state actors and exert little coercion over the state. Non-electoral democratic controls do involve non-state actors but they have only limited capacity to coerce the state. Horizontal mechanisms in the form of balanced agencies have a high coercion capacity but they do not include non-state actors.
5 Unsurprisingly, most experiences of social accountability in Latin America and the Caribbean have been studied in countries where governability crises resulted from corruption and encroachment denounced by urban social movements and middle-class protests. (See Peruzzotti 2006). 24
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Table 1. Typology of political accountability mechanisms Coercion over the state
Inclusion of non-state actors
+
-
+
Electoral democratic control
Non-electoral democratic control
-
Horizontal control through balanced agencies
Horizontal control through dedicated agencies
Source: Compiled by the authors.
All four categories are more complementary than exclusive of one another, which means the more integrated these mechanisms are, the less reversible political accountability will be. The integration of these mechanisms results from policy changes at the normative, strategic and operational levels. The case of countries adhering to international standards protecting the rights of indigenous peoples through legislative acts regarding strategic policy areas such as oil and gas in countries that export them offers a good way to test this theory, as we shall see in the following sections.
2. Methodology a. Case Selection The right of indigenous people to prior consultation in their territories is an example of a non-electoral democratic control mechanism, inasmuch as it refers simultaneously to social control and to the participation of non-state actors in public policies. It was originally regulated by International Labor Organization (ILO) Convention 107, adopted in 1957, and later reformed through Convention 169 “Indigenous and Tribal Peoples Convention” (hereafter referred to as C169) in 1989 (ILO 1989, Art. 6). This convention has been ratified by 22 countries around the world to date, 15 of which are in Latin America and the Caribbean (hereafter LAC) (IADB, 2015). It preceded the United Nations “Declaration on Indigenous Peoples Rights”, which was adopted by 144 countries in 2007, while 11 countries, including Colombia, abstained and 4 countries, including the US, voted against it (UN 2007, Art. 11). These international legal instruments have been used by indigenous movements and their supporters around the world to advocate for the protection of indigenous identities and territories within nation states. Consequently, governments have had to adapt their extractive policies through new regulations, new systems of information, new organization of the state apparatus and new financial planning. Policy changes have been particularly important in countries 25
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where strategic resources are located in indigenous territories, as in the case of oil and gas in the Amazon basin. As a matter of fact, 8 of the 15 LAC countries that adopted C169 export oil and/or gas. This justifies a special analysis of the oil and gas exporting countries among all of the countries that have adopted C169. The information and sources used for case selection are summarized in a rectangular data set based on a qualitative comparative analysis (QCA) (Cf. Table 2).6 Table 2. QCA of LAC countries adopting ILO Convention 169
X1=Oil export
X2= Indigenous population (>10%)
X3=Oil rent (>10% GDP when C169 adopted)
Z=Protracted conflicts for oil and gas exploitation (2010-2013)
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
Peru (Legislative Resolution 26253/1993)
1
1
1
0
1
Ecuador (Registro Oficial 304/1998)
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Country
Mexico (Senate Resolution July 11, 1990) Colombia (Law 21/1991) Argentina (Law 24071/1992)
Venezuela (Law 41/2000) Brazil (Executive Decree 5051/2004) Bolivia (Law 3760/2007) Costa Rica (Law 7316/1992)
Y= Adoption of ILO Convention 169
6 On QCA, see Ragin 2008. On case selection, see George and Bennett 2005; Gerring 2007; Seawright and Gerring 2008. 26
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Country
Paraguay (Law 234/1993) Honduras (Executive Decree 2694/1994) Guatemala (Legislative Decree 9-96/1996) Chile (Executive Decree 236/2008) Dominican Republic (NC) Nicaragua (NC)
X1=Oil export
X2= Indigenous population (>10%)
X3=Oil rent (>10% GDP when C169 adopted)
Z=Protracted conflicts for oil and gas exploitation (2010-2013)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Y= Adoption of ILO Convention 169
Source: Compiled by the authors from ILO 2015; IADB 2015; ECLAC 2014, 37; World Bank 2015.
Before we start tracing the process that led from the adoption of international law instruments to policy changes improving accountability, three competing explanations regarding the adoption of C169 ought to be considered. The demographic hypothesis states that it depends on the relative weight of indigenous peoples within national populations.7 The economic hypothesis states that it depends on the importance of oil and gas rent within the gross national product (GDP).8 The sociological hypothesis states that it depends on the degree of organization of indigenous groups and their ability to mobilize in order to exert pressure on the state. The demographic and economic hypotheses fail to pass a hoop test,9 since C169
7 For a complete data set on indigenous peoples in the selected countries, see Annex 1. 8 For a complete data set on oil and gas rent in the selected countries, see Annex 2. 9 On process-tracing tests, see: Beach and Pedersen 2013; Bennett 2010; Collier 2011. A hoop test is used in process-tracing to prove an insufficient but necessary causal hypothesis. When a 27
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was adopted stochastically in countries where indigenous peoples represent either less than 10% of the population (as in the case of Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela and Brazil) or more than that (as in Mexico, Peru and Bolivia) (UN 2009), and where oil and gas rent represented either more than 10% of GDP (Venezuela and Bolivia) or less than 10% of GDP (Mexico, Colombia, Ecuador, Argentina, Peru and Brazil) at the time it was adopted (World Bank 2015). The sociological hypothesis is more difficult to grasp since it requires a socio-spatial perspective to contrast the main reserves of oil and gas and the indigenous territories, which is rarely available at the national level. The legal territories of indigenous peoples may be clearly defined, but they have different status in each country with respect to protection from the impact of extractive activities. Furthermore, natural resource cadasters tend to overestimate the location of reserves to maximize the government preemptive rights. However, the persistence of protracted social conflicts in 6 out of 8 countries (the exceptions being Mexico and Venezuela) after the adoption of C169 indicates a strong correlation between the existence of such capacities and the need to improve accountability in relation to oil and gas policies (ECLAC 2014, 49). Such conflicts also indicate that effective accountability needs to be improved in the countries where they occur, although this does not mean that improvements are not necessary in the absence of such conflicts. To solve this problem, we applied a smoking-gun test10 to the case where we found the longest process since the adoption of C169, namely Colombia. Colombia is arguably the country where prior consultation of indigenous peoples has become the most common for environmental licenses, with more than 156 processes implemented from 1993 to 2012 for 2,331 such licenses, including 931 for oil and gas activities (Rodríguez 2014, 140). We replicated this test later in Ecuador. We chose to compare both causal mechanisms following a most similar system design,11 i.e., two processes that started from a similar situation and context but led to different policy change processes due to intervening variables that have yet to be identified. b. Process-Tracing We use process-tracing to analyze “evidence on processes, sequences, and conjunctures of events within a case for the purposes of either developing or
hypothesis passes the test, it is relevant but cannot be confirmed; if it fails, it can be eliminated (Bennett 2010, 210). 10 A smoking-gun test is used to prove sufficient but unnecessary causality. A hypothesis cannot be eliminated just because it fails this test, but if it passes the test, it is confirmed (Bennett 2010, 210). 11 On comparative research design, see: Peters 2013. A most similar system design is used to identify differences in the outcome (Y) or to control extraneous variance in the causal process linking similar independent variables to similar dependent variables (Peters 2013, 40). 28
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testing hypotheses about causal mechanisms that might causally explain the case” (Bennett and Checkel 2015, 7). A causal mechanism is a combination of entities triggered by X and engaging in activities that end up in Y, where each entity is an insufficient but necessary part of an overall mechanism (Beach and Pedersen 2013, 29-30). Our process is based on a congruence analysis featuring the causal relationships between the three orders of change, consistent with the path dependence theory, which states that a critical juncture is the starting point of the longstanding continuity of an institutional system, due to increasing returns and lock-in effects that make change more and more costly.12 The original framework (Hall 1993) has already been adapted to provide for a typology by aims and means at the macro (third-order change), meso (secondorder) and micro (first-order) levels of policy contents (Howlett 2009; Howlett and Cashore 2009). However, this analogy of three orders of change with three levels of action does not respect the idea that third-order change is a “sociological process” that is different from second- and first-order change, which involve a “learning process” (Hall 1993, 281). Such discontinuity leads to a distinction between the three orders of policy change, with the first affecting instrument settings, the second affecting policy instruments and prioritization of goals, and the third affecting settings, instruments and goal priorities simultaneously. Drawing on this framework, we suggest that policy change can best be traced by a one-way sequence analysis leading from third to second and first orders of change, and by evaluating the consistency between policy aims and means at each level (Cf. Table 3). Thus, third-order change is characterized by normative aims implying constitutional reforms after the adoption of C169. These objectives are defined according to the cognitive framework or the paradigm accepted by a community, through the adoption of norms and rules that act as “informal institutions” (March and Olsen 1984). Second-order change is characterized by strategic aims implying policy design following constitutional reforms. These objectives are defined according to the state’s capacities and needs, through the selection of policy instruments, not only taken separately but, above all, incorporated into a policy mix (Howlett 2011). First-order change is characterized by operational aims implying instrument calibration during early implementation of the policy. These objectives are defined according to short-term necessities and teleological criteria, through adjustment of the existing policy mix during its implementation.
12 On the path dependence theory, see: Mahoney 2000; Pierson 2000; Lowndes and Roberts 2013. 29
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Table 3. Three-order analytical framework of policy change Level of Policy Content Third Order
Second Order
First Order
Aims
Normative
Strategic
Operational
Means
International Law Constitutional Reform
Policy Design
Instrument Calibration
Source: Compiled by the authors. Adapted from Hall 1993; Howlett and Cashore 2009; Howlett 2009.
Secondary sources were used to identify international law instruments and contextual information on indigenous rights in LAC oil-exporting countries. Previous studies on social conflicts related to oil and gas exploitation in the Amazon were used to identify key confrontational moments between social actors (including indigenous organizations and environmental NGOs), public and private oil companies, and state agencies (including the executive, legislative and judicial branches of government) after the adoption of C169. Primary sources were used to identify policy design preferences and instrument calibration. We used a simple typology of instruments based on state resources and including nodality, authority, treasury and organization (Hood 2007; Howlett 2011). Nodality instruments refer to information resources processed and produced by government agencies; authority instruments refer to specific and general regulation of policy areas; treasury instruments refer to the economic and financial dimensions of these areas; organization instruments refer to the entities involved in the design and implementation of a policy. These instruments are the practical elements by which state agencies translate ideas into institutions, and therefore they provide reliable empirical observable units of second and first orders of change (Table 4). Data were collected from institutional sources and completed through interviews of civil servants from both countries. In Colombia, information came from Constitutional Court jurisprudence (since 1991) and congressional archives. In Ecuador, information came from the constitutional debates of 2008, executive assessments of the prior consultation regarding Southern Amazon bids in 2013, and assessments of the 2013 legislative debate on the declaration of national interest in relation to blocks 31 and 43. Semi-structured interviews were conducted in Ecuador in the Department of Hydrocarbons, the National Assembly Permanent Commission on Biodiversity, and the Coordinating Ministry of Strategic Sectors.
30
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Table 4. Policy instruments of accountability in Colombia and Ecuador Nodality ŚŚ Social and Environmental Impact Assessments ŚŚ National Council for Economic and Social Planning (CONPES) (Law 1151) Authority ŚŚ Law 21/1991 (on ILO C169) ŚŚ 1991 Political Constitution ŚŚ Executive Decree 1397/1996 (on regulation of prior consultation) ŚŚ Executive Decree 1320/1998 (on roundtable concertation) ŚŚ Executive Orders 2010, 2013 (on consultation procedure) ŚŚ Constitutional Court Jurisprudence: Decision 39/1997 (on the Uwa case) ŚŚ Decision 129/2011 (on prior “consent”)
Colombia
Treasury ŚŚ Royalties = 8%-25% ŚŚ Income Taxes on Oil Activities = 33% ŚŚ Central Government takes 32% (National Fund) ŚŚ Departments take 47% (including 5% for indigenous people per well within their territories +5km) ŚŚ Municipalities take 12,5% (including 20% for indigenous people per well within their territories +5km) ŚŚ Harbors take 8% Organization ŚŚ Constitutional Court ŚŚ Renewable Resources Institute (INDERENA) ŚŚ Ministry of the Interior and Justice ŚŚ Department of Indigenous Affairs, Minorities and Rom (Executive Decree 4530/2008) ŚŚ Ecopetrol ŚŚ Multinational Companies ŚŚ National Agency of Hydrocarbons ŚŚ National Authority for Environmental Licenses (ANLA) ŚŚ Permanent Coordination Roundtable (1996-2009) ŚŚ Consulting Commissions (national and departmental) Nodality ŚŚ Social and Environmental Impact Assessments ŚŚ National Plan of the Good Life (2010-2017)
Ecuador
Authority ŚŚ Executive Decree 1527/1998 (on ILO C169) 2008 Political Constitution ŚŚ Executive Decree 1215/2001 (on environmental regulation for hydrocarbon activities) ŚŚ Executive Decree 3401/2002 (on regulation of prior consultation for hydrocarbon activities) ŚŚ Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization 2010 ŚŚ Organic Law on Citizen Participation 2010 ŚŚ Constitutional Court Jurisprudence: Decision 2010 (on prelegislative prior consultation)
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Treasury ŚŚ Royalties = 25% ŚŚ Income Taxes on Oil Activities = 25% ŚŚ GAD takes 10% of Non-permanent Incomes from Public Spending (including 27% for provinces + 67% for municipalities + 6% for lower level governments) + 21% of Permanent Incomes from Public Spending ŚŚ Regional Fund for the Amazon = US$1/Barrel Ecuador
Organization ŚŚ National Assembly Commission on Biodiversity ŚŚ State Secretary of Hydrocarbons ŚŚ Petroamazonas ŚŚ Ministry of Environment ŚŚ Council of Peoples, Social Movements and Citizen Participation (Executive Decree 2007) ŚŚ Subsecretary of Lands and Agrarian Reform (Executive Decree 373/2010) Source: Compiled by the authors from institutional sources.
3. Case Study a. Third-Order Change The institutionalization of accountability to indigenous peoples in oil-exporting countries has been shaped by constitutional reforms in Brazil (1988 and 2005), Colombia (1991 and 2003), Venezuela (1999), Ecuador (1998 and 2008), Peru (1993 and 2005) and Bolivia (1994, 2004 and 2009) (ECLAC 2014). In all the cases selected, the political constitution recognizes the principles of pluralism and cultural diversity, although they have different ideas about the state’s duty to protect indigenous rights. In cases like Ecuador and Bolivia, the constitution refers explicitly to plurinationalism, (Republic of Ecuador 2008, Art. 1; Republic of Bolivia 2009, Art. 1). In others, it simply refers to the protection of minorities by the state, as in the case of Colombia (Republic of Colombia 1991, Art. 7), Peru (Republic of Peru 1993, Art. 19), and Venezuela (Republic of Venezuela 1999, Preamble). These countries undoubtedly underwent quite different processes13. In Colombia and Ecuador, the constitutional reforms embody a paradigmatic change in the direction of democracy as co-governance, from a state under the rule of law to a social state under the rule of law that is responsible for protecting its multicultural and pluriethnic society. These changes came after decades of mobilizations and politicization of the indigenous peoples (Laurent 2010; Massal 2010), which does not mean the latter phenomenon was responsible for the former, but rather that it took advantage of the opening of a policy window. Colombia had already ratified C169 13 For a complete list of the official documents ratifying ILO Convention 169 in the selected countries, see Annex 3. 32
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through Law 21 (Republic of Colombia, Ley 21/1991), which was enacted a few months before the constitutional reform. Ecuador did so after adopting the Constitution of 1998 (Republic of Ecuador, Executive Decree 1527/1998), but mesolevel reforms did not take place there until ten years later, after the Constitution of 2008 was adopted by referendum. Bolivia would likewise wait until 2009 to reform its constitution and adapt the institutional design of the state accordingly. As for Peru, the Constitution of 1993 was adopted before ratifying ILO Convention 169 and there was no constitutional amendment related to it afterwards. The last constitutional reform in Venezuela took place three years before that country ratified the convention. The differences among these constitutional reforms implied different degrees of policy change regarding recognition of the right of indigenous peoples to prior consultation. The Colombian constitution institutionalizes the existence of special districts where indigenous peoples exercise their collective rights. It also explicitly states that the exploitation of natural resources in indigenous territories should neither infringe nor threaten the cultural, social and economic integrity of indigenous communities (Republic of Colombia 1991, Art. 330). In contrast, the Peruvian constitution assigns neither specific rights nor territories to indigenous peoples as such. Between both extremes, these ideas are echoed in the constitutions of Venezuela (Republic of Venezuela 1999, Art. 120), Ecuador (Republic of Ecuador, Art. 57.7) and Bolivia (Republic of Bolivia, Art. 352), although in a less contentious way. The Colombian Constitution of 1991 was the starting point for the creation of participatory state institutions, with mechanisms including popular initiatives for referendum, consultation, repeal, and open councils of citizens (Escandón and Velásquez 2015; Velásquez 2010; Velásquez and González 2012). It also established the fundamental right to control government power and new means of accountability such as forms of constitutional supervision by ordinary courts (acción de tutela and acción de amparo constitucional). Further regulatory developments were implemented by the National Planning Department through the National Council of Economic and Social Policy (CONPES). This third-order change has led simultaneously to the emergence of new assigned agencies and to the expansion of social accountability mechanisms at both the meso and micro levels. Among the main assigned agencies are national auditing offices, courts of auditors, district attorneys’ offices, ombudsmen, national human rights commissions, etc. (Hernández and Arciniegas 2011b). The Ecuadorian Constitution of 2008 eventually improved horizontal accountability through greater control over the executive by the legislative power, particularly in restricting oil exploitation within protected areas and indigenous territories and conditioning them to a declaration of national interest by the National Assembly or by referendum (Republic of Ecuador 2008, Art. 307). Although the Constitutional Court has not yet proven to be a hardline balance 33
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agency, horizontal accountability has influenced the implementation of oil policy in indigenous territories through the National Assembly Special Commission on Biodiversity and Natural Resources (Republic of Ecuador 2013). Although this commission has no coercive power over the executive, it does act as a whistleblower to foster transparency through answerability of the Secretary of Hydrocarbons and the Petroamazonas national oil company. Thus, the avoidance of blame currently provides the main protection for indigenous rights to participate in oil policy. b. Second-Order Change The paradox in Colombia is the fact that, although many new rules have been adopted at the base of Constitutional Court jurisprudence,14 there is still general discontent among indigenous organizations regarding the implementation of prior consultation (Foundation of Due Process of Law 2011, 49). The constitution establishes the right to prior consultation as part of the civil right to participate (Republic of Colombia 1991, Art. 40). Its contents have been developed as a consequence of the judicialization of civil participation in Colombia, within the context of violence caused by the armed conflict that has led to the militarization of indigenous territories and the forced displacement of local communities. In addition to Law 21, secondary instruments of authority include Law 99/1993 on prior consultation regarding the exploitation of natural resources, Executive Decree 1397/1996 on prior consultation of indigenous communities, and Executive Decree 1320/1998 on the creation of a permanent coordination roundtable (Republic of Colombia 1996. Executive Decree 1397/1996). Other, weaker instruments were added through presidential orders in 2010 and 2013 regarding prior consultation procedures in order to cope with restrictive interpretation of the constitution by the Constitutional Court. At present, the right to prior consultation is strongly supported by Ruling 39/1997 on the right of the U’wa people to oppose oil exploration within their traditional territory, and Ruling 129/2011 on the right to “prior consent” when major projects threaten to affect indigenous peoples physically or culturally (Republic of Colombia. 1996, Executive Decree 1397/1996; Republic of Colombia. 2011. “Ruling ST-129”). In Ecuador, there is also a claim for adequate means at the secondary level of regulation and effective communication channels between the state, indigenous organizations and other non-governmental organizations (NGOs) (Burgos 2015; DPLF 2011, 62). The implementation of prior consultation procedures has been more erratic there than in Colombia since the ratification of ILO
14 Republic of Colombia 1993, “Ruling T-308”; Republic of Colombia 1994, “Ruling T-001”; Republic of Colombia, “Ruling T-428”; Republic of Colombia 1997, “Ruling SU-039”; Republic of Colombia 2003, “Ruling C-620”; Republic of Colombia 2011, “Ruling ST-129.”. 34
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Convention 169 in 1998. Secondary instruments were initially introduced through Executive Decree 1215/2001 regarding environmental regulation of oil-related activities, and Executive Decree 3401/2002 on prior consultation regarding oil-related activities (Republic of Ecuador. 2001. Executive Decree 1215/2001; Republic of Ecuador. 2002. Executive Decree 3401/2002). Nevertheless, these initiatives were hampered by protracted conflicts over oil contamination and violation of the right to prior consultation within indigenous territories, so that no real progress has been recorded until recently. The Constitution of 2008 assumed most of the principles of the Constitution of 1998, which have since been significantly enhanced through a special chapter dedicated to the collective rights of indigenous and Afro-Ecuadorian peoples (Republic of Ecuador, Chapter 4, Art. 56-60) and a special chapter dedicated to civil participation (Republic of Ecuador, Chapter 5, Art. 61-65). In 2010 the National Assembly adopted the Organic Law on Citizen Participation, which qualifies as a superior norm in the Ecuadorian legal system. However, unlike its Colombian counterpart, the Constitutional Court of Ecuador has dismissed any interpretation of the right to prior “consultation” as a matter of prior “consent” through a ruling it handed down in 2010 regarding the scope of the Mining Law that had been adopted in 2009 (Republic of Ecuador 2013).15 Thus far, the instruments of treasury have proven to be much more precise in Colombia than in Ecuador. In Colombia they have been improved by the General System of Royalties -through different investment funds of the National Planning Department (Republic of Colombia 2008). Said royalties amount to between 8% and 25%, depending on oil and gas activities. They are distributed among the central administration (32%), departments (47%) and municipalities (12,5%), with an additional share allotted to ports (8%). According to Law 756/2002, indigenous peoples can receive a share from departments (5%) and municipalities (20%) for each well located within their territories and a five-kilometer buffer zone. In Ecuador they depend on the Ministry of Finance, so they are traditionally highly concentrated. The Financial Law of 2008 was intended to eliminate all mechanisms of pre-assignation through special funds (to the army, Amazonian provinces, universities, etc.). However, the current distribution of oil incomes actually coincides with the decentralized public administration map. Royalties amount to 25% and complement the 25% income tax paid to the state on oil activities. The Organic Code of Territorial Organization and
15 This refers to the case of “Saramaka People versus Surinam” that inspired the Interamerican Court of Human Rights ruling according to which the state should guarantee the effective participation of the Saramaka people, provide them with accurate benefits from the plan to be implemented in their territory, and suspend any further mining concession until environmental impact assessments be available. Regarding the distinction between prior consultation and prior consent, said ruling by the court indicates that the question requires further analysis (IACHR 2007, 41-43). 35
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Decentralization adopted in 2010 formally recognized the indigenous territories as special territorial districts (Republic of Ecuador 2011, Art. 10, 72 and 93 to 103), which enjoy the same privileges as decentralized autonomous governments. Under this regulation (Republic of Ecuador 2011, Art. 192), local governments ought to receive 10% of non-permanent incomes from public spending (including oil incomes), in addition to their 21% share of permanent incomes. These incomes are distributed among provinces (27%), municipalities (67%) and smaller territorial entities (6%). Furthermore, local governments in the Amazon region also benefit from a special Amazon Region Ecodevelopment Fund that is financed by a one-dollar tax on each barrel of oil, as stipulated in Law 010/1992. The instruments of organization are also quite well defined in both countries. The attempt to organize a permanent roundtable for coordination between indigenous organizations and the government in Colombia failed due to lack of legitimacy and indigenous groups’ refusal to participate between 1996 and 2009. It was gradually replaced with thematic consulting commissions at the national and departmental levels. Initially, the Ministry of the Interior and Justice was in charge of prior consultation procedures, but these matters are currently being handled through the Department of Indigenous Affairs, Minorities and Roms, and the National Authority for Environmental Licenses. These agencies are accountable to legally elected indigenous authorities for activities carried out by the national oil company (Ecopetrol) and multinational oil companies within indigenous territories. In Ecuador, the government tried to centralize all indigenous affairs through the Department of Peoples, Social Movements and Citizen Participation between 2007 and 2013. The experience proved detrimental to the public interest since said department actually had no coercive power to counterbalance that of major ministries such as Energy and Mining, or Finance. The highest state agency for participation is currently the Council of Citizen Participation and Social Control (aka “The Fourth Power”, since it is composed of members of civil society), but thus far it has had little to do with prior consultation on oil-related activities. The state agencies in charge of such procedures are the Ministry of Non-Renewable Resources (acting through the Secretary of Hydrocarbons) and the Ministry of the Environment (which is in charge of environmental licensing in protected areas). They are both accountable to the Coordinating Ministry of Strategic Sectors and to the National Assembly’s Permanent Commission on Biodiversity and Natural Resources regarding the activities of Petroamazonas and its multinational partners. Finally, the instruments of nodality are similar in both countries. They include social and environmental impact assessments, which have been institutionalized for the past two decades through environmental policies. In practical terms, these assessments include the right of local communities (including indigenous 36
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peoples) to be informed about the risks involved in oil and gas activities, to monitor the management of the environment, and to obtain reparations and indemnities for negative impacts such as contamination, violation of territorial integrity, and damages to private property. Moreover, development planning in both countries is subject to social control by local populations. The National Council for Economic and Social Planning in Colombia and the National Secretary of Planning and Development in Ecuador elaborate multiannual policy documents within the constitutional framework of civic participation and prior consultation. Indigenous peoples in both countries are responsible for elaborating local development plans in accordance with the general national planning guidelines, to be applied to the special oil-financed public investment funds. c. First-Order Change Although the process of transition from constitutional reform to policy change was more erratic in Ecuador than in Colombia, since it underwent two constitutional reforms, the government in both countries showed a preference for weak executive instruments such as executive decrees.16 The instruments selected caused a legitimacy gap in the institutional system for ensuring accountability, which provoked fierce resistance among indigenous peoples and increased the conflicts in their territories over the past two decades (Fontaine 2003; 2010a). In Colombia, the conflict which confronted the U’wa community with the Occidental Petroleum company and the Colombian state constituted the most dramatic example of a policy failure, since neither the government nor the oil company were ever able to counteract the indigenous opposition to oil activities in their territory. Likewise, in Ecuador, the conflict between the Kichwa community of Sarayaku and the Arco and Burlington companies, and the conflict between the Shuar people of the Transkutuku area and CGC San Jorge epitomize the oil policy failures of all governments until now. Before second-order change could improve enforcement by indigenous peoples and government answerability at an operational level, judicialization of accountability was required through Constitutional Court jurisprudence regarding the protection of indigenous rights. As mentioned above, the Constitutional Court in Colombia has been playing a key role in the enforcement of indigenous peoples’ rights since 1991, unlike the Ecuadorian Supreme Court. Horizontal accountability has thus conditioned legal reforms and oil policy implementation in indigenous territories in this country, thanks to a high degree of coercion for constitutional protection.
16 In fact, the recurrent use of executive decrees to govern in conflictive situations is a strong indicator of the drift toward presidentialism, which weakens horizontal accountability. As such, it is a typical feature of delegative democracies in LAC. (Cf. O’Donnell 1994). 37
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In Ecuador, the Permanent Commission on Biodiversity and Natural Resources purports to act as a balancing agency, by controlling the activities of Petroamazonas through assessments every six months prepared by the Secretary of Hydrocarbons. However, this control has only been mandatory for oil activities carried out in block 43 (aka ITT oilfields, for Ishpingo-Tiputini-Tambococha) since it was first established in 2013. This was done through declaration of the importance, in terms of national interest, of these reserves located within the Yasuni National Park (Republic of Ecuador 2013). In fact, the commission has no real capacity to sanction infringements of environmental licenses or violation of declarations of national interest except when they affect non-contacted peoples, a situation which is constitutionally codified as a risk of genocide. In Colombia, the permanent consultation roundtable or local and national consulting commissions have endured severe criticism from, and low participation on the part of representatives of indigenous organizations. Nevertheless, constitutional protection of indigenous rights (through acción de amparo and acción de tutela) has led to sanctions such as the suspension of projects in progress and the conditionality of legislation prepared without proper prior consultation. This has improved horizontal accountability through greater judicial control over the executive and legislative branches. In the meantime, indigenous organizations and their supporters have gained international support from the InterAmerican Court of Human Rights, which has reaffirmed their right to prior consultation and recommended the application of precautionary measures to protect indigenous peoples from negative impacts of oil activities. However, in Ecuador this has also led to the criminalization of social protest and the militarization of indigenous territories, the multiplication of detention orders against indigenous and political leaders, and the persecution of environmental and human rights NGOs accused of illegal activities.17 d. Causal Mechanism The right of indigenous peoples to prior consultation guaranteed through the adoption of C169 by national states is closely related to the existence of social conflicts over oil and gas extraction in indigenous territories. Once ratified by the legislative or the executive branch at the national level, it constitutes a non-electoral democratic control mechanism with little coercive power over the state, since there is no possibility of a veto or requirement of prior consent. Nonetheless,
17 The most infamous case of criminalization of social protest in Ecuador was the shutdown of the radical environmentalist NGO Pachamama in December of 2013, officially for administrative reasons, but actually for its activism against oil exploitation in the Amazon region, especially in indigenous territories. The decision was based on Presidential Decree No. 16 by which the government considerably increased its control over social organizations through their registration in the state information system (L19). 38
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when combined with other political accountability mechanisms, it does become a powerful constraint on policy choices for non-state actors. Constitutional reforms can complement the adoption of C169 by institutionalizing ideas regarding indigenous rights, but they are neither a sufficient nor a necessary cause for these rights to become effective. In Colombia and Ecuador the constitutional reforms of 1991 and 1998, respectively, were indeed influenced by the adoption of C169, but our research has shown that policy change followed different paths. While the constitutional reform in Colombia strengthened the balanced agencies that would later sustain second-order changes through policy control by the judicial branch, the 1998 reform in Ecuador was not sufficient to foster policy change in the absence of a strong and active constitutional court. Hence, a second reform was necessary in 2008 before a second-order policy change was able to institutionalize the new ideas regarding indigenous participation in determining oil policy. When existing policy instruments institutionalize social control, prior consultation programs become an effective way to prevent or mitigate social conflicts. These first-order changes then constitute sufficient cause to improve participation through instrument calibration. In contrast, when third-order changes are not complemented by accurate policy design and institutional reforms, protracted social conflicts become more frequent. Hence, social conflicts are a sufficient though unnecessary cause of second-order change. They can either be a cause of improvement of accountability when mediated at a political level by balanced agencies, as in Colombia, or a cause of policy failure when demands by social actors are not supported by national balanced agencies, as in the case of Ecuador. The causal mechanism linking third-order change to second- and first-order change is presented in Figure 1. The adoption of a new non-electoral democratic control mechanism, such as C169, triggers the process leading to increased accountability in sectorial policy such as oil and gas policies. Third-order change requires constitutional and institutional system reforms that constitute the first interplay between ideas and institutions. These reforms command a new policy design in different sectorial areas, through the selection of instruments that constitutes a second-order change. The nature of the policy mix determines the way social conflicts are processed, either in a negotiated way when selecting consistent instruments regarding third-order change, or in a protracted way when these instruments lack consistency. This constitutes a second interplay between ideas and institutions, which mediates contradictory interests of social, economic and political actors. Non-state actors involved in these conflicts require the support of balanced agencies in order to counter-balance the executive power. The support of these agencies is fundamental for improving horizontal accountability and social control over the state. 39
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Figure 1. Causal mechanism of the politics of accountability for C169 Adoption of a new non-electoral democratic control mechanism (X)
Requires
Constitutional and institutional system reforms (third-order change)
Commands
New policy design through new instruments mix (secondorder change)
Determines
Horizontal accountability
Improves
Balanced and dedicated agencies support
Mobilizes
Social conflicts resolution (through mediation) or radicalization
Guides
Policy instruments calibration during early policy implementation (first-order change)
Conditions
Long-term policy implementation through stabilization of participation and social control routines
Enforces
Political accountability (Y)
Source: Elaborated by the authors.
Horizontal accountability mechanisms then provide a guide to policy instrument calibration during the early moments of policy implementation. This is a third interplay between ideas and institutions, in which ideas supported by social actors are effectively taken into account by the government to increase accountability. Hence policy instrument calibration conditions long-term policy implementation through the stabilization of participation and social control routines. This eventually enforces political accountability in the reformed policy area, which can in turn be replicated to other areas.
Conclusion: Accountability as a Policy Problem The policy of accountability is essentially designed for procedural purposes, inasmuch as it affects the relationships between state and society (Howlett 2011). It may be participatory in itself or it may correspond to hierarchical modes of governance. In any case, since it is mainly about regulation, it is centered on 40
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“authority” instruments. This means that instrument mix overrates state legal resources, as opposed to nodality (information), treasury, and organization. Accountability is a combination of three modalities, including vertical-electoral mechanisms, horizontal-intrastate mechanisms, and non-electoral democratic control mechanisms. The reason why governments actually bother about it is because they are obliged to do so by judicial and legislative power and by public opinion. In a context of increasingly complex interplay among state, society and the economy, non-electoral democratic controls are not an alternative to horizontal accountability aimed at strengthening vertical-electoral mechanisms: they depend on it. Otherwise these mechanisms are mere formalities since they do not imply coercion. Therefore, non-electoral democratic controls ought to be secured by horizontal accountability, so that assigned agencies can exert effective influence on the policy design and implementation by the government. Rather than substituting balance agencies, they provide a natural complement for them. However, without strong legal support, they remain subject to conjunctural variations, depending on the good will of the executive and the intensity of the social protest. In a delegative democracy, non-electoral democratic controls are not the solution: they are the problem. The analysis of indigenous participation in oil and gas activities shows that the consistency of the instrument mix regarding accountability may vary from one country to another, depending on the relationships among state, society and economy on the one hand, and among the balance agencies on the other. However, a similar causal mechanism links macro level (third-order) to meso and micro levels (secondand first- orders) of the policy process, making policy change irreversible. After demonstrating that constitutional reforms are an insufficient but necessary condition for implementing third-order change regarding accountability, we have shown that they are an independent variable for second-order change, rather than the result, which confirms that third-order change consists of a discontinuity in the social learning process, rather than an accumulated effect of second-order changes. Our research concludes that the initial ideational dimension of third-order change needs to be institutionalized through policy design improving horizontal accountability mechanisms that sustain non-electoral democratic controls. These mechanisms may later be calibrated through first-order change regarding the operationalization of accountability. This is ultimately the key to explaining the greater development of the right of indigenous peoples to consultation and participation in Colombia, in spite of the structural obstacles and the absence of any consistent instrument mix for the policy of accountability. This is also why we can expect that further development of accountability through non-electoral democratic mechanisms will depend on the degree of autonomy and coercion of these agencies, as well as the enforcement power of non-state actors. 41
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Non-electoral democratic controls relate to the possibility of influencing and changing public action by individual and collective actors. They still aim at correcting the deficits of vertical-electoral and horizontal accountability, which remain common in Latin America, but they adopt more sophisticated modalities than prior mechanisms of social accountability, as and when they are institutionalized. Today, the question is not why governments should implement policies of participation and social control but how they actually do it.
References Primary Sources 1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 42
Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales. 2013. “Debate sobre la solicitud del Presidente de la República para la Declaración de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, y Anexos.” Mimeo: Asamblea Nacional, 30/09/2013. Due Process of Law Foundation (DPLF). 2011. “El Derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas: La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.” Washington, Lima: DPLF, Oxfam. URL: http://www.dplf.org/ sites/default/files/1301680587.pdf [November 2015]. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 2014. “Guaranteeing the Indigenous Peoples Rights in Latin America: Progress in the Past Decade and Remaining Challenges. Summary.” URL: http://repositorio.cepal.org/ bitstream/handle/11362/37051/S1420782_en.pdf?sequence=4 [November 2015]. Interamerican Court of Human Rights (IACHR). 2007. “Caso del pueblo Saramaka versus Surinam. Sentencia del 28 noviembre 2007”. URL: http://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf [November 2015]. Inter American Development Bank (IADB). 2015. “Indigenous Legislation Data Bank.” URL: http://www.iadb.org [November 2015]. International Labour Organization (ILO). 1989. “Indigenous and Tribal Peoples Convention.” URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:121 00:0:NO:P12100_ILO_CODE:C169 [November 2015]. Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Decentralizados. 2011. “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización.” URL: http://www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf [November 2015]. Republic of Bolivia. 2009. “Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia.” URL: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html [November 2015]. Republic of Colombia. 1991. “Constitución política de Colombia.” URL: http://pdba. georgetown.edu/Constitutions/Colombia/vigente.html [November 2015] Republic of Colombia. 1991. Ley 21/1991. Republic of Colombia. 1992. “Sentencia T-428” Corte Constitucional, M. P.: Ciro Angarita Barón. Republic of Colombia. 1993. “Sentencia T-308” Corte Constitucional, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Republic of Colombia. 1994. “Sentencia T-001” Corte Constitucional, M. P.: José Gregorio Hernández Galindo.
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Republic of Colombia. 1996. Executive Decree 1397/1996. Republic of Colombia. 1997. “Sentencia SU-039” Corte Constitucional, M. P.: Antonio Barrera Carbonell. Republic of Colombia. 1998. Executive Decree 1320/1998. Republic of Colombia. 2002. Ley 756/2002. Republic of Colombia. 2003. “Sentencia C-620” Corte Constitucional, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Republic of Colombia. 2008. “Las regalías en el sector de los hidrocarburos.” Bogotá: Agencia Nacional de Hidrocarburos. URL: http://www.anh.gov.co/ Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Regalias/Documents/regaliasSector.pdf [November 2015]. Republic of Colombia. 2011. “Sentencia ST-129” Corte Constitucional, M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Republic of Ecuador. 1998. Executive Decree 1527/1998. Republic of Ecuador. 2001. Executive Decree 1215/2001. Republic of Ecuador. 2002. Executive Decree 3401/2002. Republic of Ecuador. 2008. “Constitución de la República del Ecuador.” URL: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html [November 2015]. Republic of Peru. 1993. “Constitución política del Perú.” URL: http://pdba. georgetown.edu/Constitutions/Peru/per93reforms05.html [November 2015] Republic of Venezuela. 1999. “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” URL: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/vigente. html [November 2015] United Nations Organization (UN). 2009. “State of the World’s Indigenous Peoples.” URL: http://www.escr-net.org/docs/i/1162039 [November 2015] United Nations Organization (UN). 2007. “Declaration on Indigenous Peoples Rights.” URL: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf [November 2015] World Bank (WB). 2015. “World Development Indicators.” URL: http://data. worldbank.org [November 2015]
Secondary Sources 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Altman, David. 2011. Direct Democracy Worldwide. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Beach, Derek and Rasmus Brun Pedersen. 2013. Process-tracing methods: Foundations and guidelines. Ann Arbor: University of Michigan Press. Bennett, Andrew. 2010. “Process tracing and causal inference.” In: Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, edited by Brady Henry and David Collier, 207-220. Plymouth: Rowman & Littlefield. Bennett, Andrew and Jeffrey Checkel. 2015. “Process tracing: From philosophical roots to best practices.” In: Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool, edited by Andrew Bennett and Jeffrey Checkel, 3-38. Cambridge: Cambridge University Press. Burgos, Alonso. 2015. “La implementación de la consulta previa en Ecuador en el marco de la XI Ronda Petrolera.” Revista Andina de Estudios Políticos 5 (1): 47-61. URL: http://www.iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/47/45 Collier, David. 2011. “Understanding process tracing.” Political Science and Politics 44 (4): 823-830. DOI: dx.doi.org/10.1017/S1049096511001429 Dahl, Robert. 1991. Poliarquía: La democracia y sus críticos. Buenos Aires: Paidós. 43
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 17-50
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
52.
44
Escandón, Marcela and Lina Velásquez Bernal. 2015. “Accountability social en Colombia: oferta institucional y demanda ciudadana.” Colombia Internacional 83: 269-294. DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint83.2015.10 Fontaine, Guillaume. 2003. El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. Quito: FLACSO, IFEA. Fontaine, Guillaume. 2009. “Las políticas energéticas de cara al desarrollo sostenible en el Perú y el Ecuador.” América Latina Hoy 53: 103-126. URL: http:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=30812173006 Fontaine, Guillaume. 2010a. Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética. Quito: FLACSO, Instituto de Estudios Peruanos, Abya Yala. Fontaine, Guillaume. 2010b. “The effects of energy co-governance in Peru.” Energy Policy 38 (5): 2234-2244. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.011 Fontaine, Guillaume. 2011. “The Effects of Governance modes on the energy matrix of Andean countries.” Energy Policy 39 (5): 2888-2898. DOI: dx.doi. org/10.1016/j.enpol.2011.02.064 Fung, Archon. 2006a. “Democratising the Policy Process.” In: The Oxford Handbook of Public Policy, edited by Robert E. Goodin, Michael Moran and Martin Rein, 669-685. New York: Oxford University Press. Fung, Archon. 2006b. “Varieties of Participation in Complex Governance.” Public Administration Review 66: 66-75. DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x George, Alexander and Andrew Bennett. 2005. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge: MIT Press. Gerring, John. 2007. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press. Gurza Lavalle, Adrián. 2011. “Waves of change within civil society in Latin America: Mexico City and Sao Paulo.” Politics & Society 39 (3): 415-450. DOI: dx.doi.org/10.1177/0032329211415504 Hall, Peter. 1993. “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: the Case of Economic Policymaking in Britain.” Comparative Politics 25 (3): 275-296. DOI: dx.doi.org/10.2307/422246 Hernández, Andrés. 2010. “La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010: Discursos, trayectorias, expectativas y limitaciones.” Colombia Internacional 71: 85-107. DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint71.2010.05 Hernández, Andrés and Elizabeth Arciniegas, comps. 2011a. Experiencias de accountability horizontal y social en América Latina: Estudios de caso comparados en Sao Paulo, México D.F., Caracas y Bogotá. Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes. Hernández, Andrés and Elizabeth Arciniegas. 2011b. “Aproximación conceptual. El accountability desde una perspectiva comparada en América Latina: Estudios de caso.” In: Experiencias de accountability horizontal y social en América Latina: Estudios de caso comparados en Sao Paulo, México DF, Caracas y Bogotá, compiled by Andrés Hernández and Elizabeth Arciniegas, 21-48. Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes. Hernández, Andrés. 2011. “El caso de Bogotá.” In: Experiencias de accountability horizontal y social en América Latina: Estudios de caso comparados en Sao Paulo, México DF, Caracas y Bogotá, compiled by Andrés Hernández and Elizabeth Arciniegas, 197-279. Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes.
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60.
61. 62.
63.
64. 65. 66. 67.
Hood, Christopher. 2007. “Intellectual Obsolescence and Intellectual Makeovers: Reflections on the Tools of Government after Two Decades.” Governance 20 (1): 127–144. DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00347.x Howlett, Michael. 2009. “Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design.” Political Sciences 42 (1): 73-89. DOI: dx.doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1 Howlett, Michael. 2011. Designing Public Policies: Principles and Instruments. New York: Routledge. Howlett, Michael and Benjamin Cashore. 2009. “The Dependent Variable Problem in the Study of Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem.” Journal of Comparative Policy Analysis 11 (1): 33-46. DOI: dx.doi.org/10.1080/13876980802648144 Irvin, Renée A. and John Stansbury. 2004. “Citizen Participation in DecisionMaking: Is it Worth the Effort?” Public Administration Review 64 (1): 55-65. DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x Isunza Vera, Ernesto, coord. 2012. Controles democráticos no electorales y régimen de rendición de cuentas. En búsqueda de respuestas comparativas: México, Colombia, Brasil y Sudáfrica. Mexico D.F.: CIESAS. Isunza Vera, Ernesto and Alberto Olvera, coords. 2006a. Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social. Mexico D.F.: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa. Isunza Vera, Ernesto and Alberto Olvera. 2006b. “Introducción.” In: Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, coordinated by Ernesto Isunza Vera and Alberto Olvera, 7-21. Mexico D.F.: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa. Isunza Vera, Ernesto and Adrián Gurza Lavalle, coords. 2010. La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social. Mexico D.F.: CIESAS, Universidad Veracruzana. Gurza Lavalle, Adrián and Ernesto Isunza Vera. 2010. “Precisiones conceptuales para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática: participación, controles sociales y representación.” In: La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social, coordinated by Ernesto Isunza Vera and Adrián Gurza Lavalle, 19-82. Mexico D.F.: CIESAS, Universidad Veracruzana. Isunza, Vera Ernesto and Adrián Gurza Lavalle. 2012. “Develando cauces recurrentes. Los controles democráticos no electorales como prácticas de resignificación en la construcción democrática.” In: Controles democráticos no electorales y régimen de rendición de cuentas. En búsqueda de respuestas comparativas: México, Colombia, Brasil y Sudáfrica, coordinated by Ernesto Isunza Vera, 9-62. Mexico D.F.: CIESAS. Kuhn, Thomas. (1971 [1962]). La Estructura de las revoluciones científicas, translated by Agustín Contin. Mexico D. F.: Fondo de Cultura Económica. Kooiman, Jan. 2002. Governing as Governance. London: Sage. Laurent, Virginie. 2010. “Con bastones de mando o en el tarjetón: Movilizaciones políticas indígenas en Colombia.” Colombia Internacional 71: 35-61. DOI: dx.doi. org/10.7440/colombiaint71.2010.03 Lowndes, Vivien and Mark Roberts. 2013. Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science. London: Palgrave Macmillan.
45
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 17-50
68. 69. 70. 71. 72. 73.
74. 75. 76.
77.
78. 79.
80. 81.
82. 83.
46
Mahoney, James. 2000. “Path Dependence in Historical Sociology.” Theory and Society 29 (4): 507-548. URL: http://www.jstor.org/stable/3108585. Mainwaring, Scott and Christopher Welna, eds. 2003. Democratic Accountability in Latin America. New York: Oxford University Press. Mainwaring, Scott. 2003. “Introduction: Democratic Accountability in Latin America.” In: Democratic Accountability in Latin America, edited by Scott Mainwaring and Christoper Welna, 3-33. New York: Oxford University Press. March, James and Johan Olsen. 1984. “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life.” The American Political Science Review 78 (3): 734-749. DOI: dx.doi.org/10.2307/1961840 Massal, Julie. 2010. “El proyecto político indígena ecuatoriano: Convergencia y divergencias con su entorno político.” Colombia Internacional 71: 9-33. DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint71.2010.02 O’Donnell, Guillermo. 1993. “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales: Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas.” Desarrollo Económico 33 (130): 164-184. URL: http://www. jstor.org/stable/3467251 O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 5 (1): 55-69. DOI: dx.doi.org/10.1353/jod.1994.0010 O’Donnell, Guillermo. 1996. “Illusions About Consolidation.” Journal of Democracy 7 (2): 34-51. O’Donnell, Guillermo. 1999. “Horizontal Accountability in New Democracies.” In: The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc F. Plattner, 29-51. Boulder: Lynne Rienner Publishers. O’Donnell, Guillermo. 2002. “Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones.” In: Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, edited by Enrique Peruzzotti and Catalina Smulovitz, 87-102. Buenos Aires: Temas. O’Donnell, Guillermo, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, comps. 1986. Transitions from Authoritarian Rule. Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Peruzzotti, Enrique. 2006. “La política de accountability social en América Latina”. In: Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, edited by Ernesto Isunza Vera and Alberto J. Olvera, 245-264. Mexico D.F.: CIESAS, Miguel Ángel Porrúa. Peruzzotti, Enrique and Catalina Smulovitz, eds. 2002a. Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas. Buenos Aires: Editorial Temas. Peruzzotti, Enrique and Catalina Smulovitz. 2002b. “Accountability social: la otra cara del control.” In: Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, edited by Enrique Peruzzotti and Catalina Smulovitz, 23-52. Buenos Aires: Editorial Temas. Peters, B. Guy. 2013. Strategies for Comparative Research in Political Science. New York: Palgrave Macmillan. Pierre, Jon and B. Guy Peters. 2000. Governance, Politics and the State. London: Macmillan Press.
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
84. 85. 86.
87. 88. 89. 90. 91.
92.
Pierson, Paul. 2000. “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.” The American Political Science Review 94 (2): 251-267. DOI: dx.doi. org/10.2307/2586011 Ragin, Charles. 2008. Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago: University of Chicago Press. Ríos Ramírez, Alejandra, Alejandro Cortés Arbeláez, María Camila Suárez Valencia and Laura Fuentes Vélez. 2014. “Accountability: aproximación conceptual desde la filosofía política y la ciencia política.” Colombia Internacional 82: 261288. DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint82.2014.10 Rodríguez, Gloria Amparo. 2014. “De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas de Colombia.” Bogotá: GIZ, Universidad Externado. Schedler, Andreas, Larry Diamond and Marc Plattner, eds. 1999. The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Schedler, Andreas. 1999. “Conceptualizing Accountability.” In: The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond and Marc Plattner, 13-28. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Seawright, Jason and John Gerring. 2008. “Case selection techniques in case study research.” Political Research Quarterly 61 (2): 294-308. DOI: dx.doi. org/10.1177/1065912907313077 Velásquez, Fabio. 2010. “Participación ciudadana y control social institucionalizado en Colombia.” In: La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social, coordinated by Enrique Isunza Vera and Adrián Gurza Lavalle, 345-375. Mexico D.F.: CIESAS, Universidad Veracruzana. Velásquez, Fabio and Esperanza González. 2012. “Colombia.” In: Controles democráticos no electorales y régimen de rendición de cuentas. En búsqueda de respuestas comparativas: México, Colombia, Brasil y Sudáfrica, coordinated by Ernesto Isunza Vera, 161-244. Mexico D.F.: CIESAS.
Annex Annex 1. Indigenous peoples in oil and gas exporting countries around 2010 Brazil Argentina Venezuela Colombia Ecuador Mexico Peru Bolivia
National population (million)
% indigenous
190,8 40,1 27,3 46,5 14,5 112,3 29,3 10,0
0,5 2,4 2,7 3,4 7,0 15,1 24,0 62,2
Source: elaborated by Guillaume Fontaine from ECLAC 2014, 37
47
48
0,50
3,52
7,86
3,31
1,06
Brazil
Colombia
Ecuador
Mexico
Peru
Venezuela
Tobago
21,13
10,73
2,06
Bolivia
Trinidad &
1,16
23,83
18,38
1,11
3,72
7,86
3,85
0,54
4,76
1,68
rent
Total
25,95
10,80
1,36
3,92
14,00
5,00
1,97
3,85
3,30
rent
Oil
3,49
25,08
0,16
0,52
0,04
0,78
0,17
7,71
2,53
rent
Gas
2000-2004
29,44
35,88
1,52
4,44
14,04
5,78
2,14
11,56
5,83
rent
Total
31,48
13,55
2,13
6,91
22,40
6,40
2,91
7,64
4,56
rent
Oil
3,40
43,70
0,69
0,99
0,18
0,92
0,20
23,47
3,51
rent
Gas
2005-2009
7,32
3,11
31,11
8,07
rent
Total
34,88
57,25
2,82
7,90
22,58
Source: elaborated by Guillaume Fontaine from World Bank 2015
2,70
7,65
0,05
0,41
0,00
0,33
0,04
2,70
0,52
rent
rent
Argentina
Gas
Oil
1995-1999
Annex 2. Oil & gas rent in Latin America and the Caribbean (% GDP)
25,44
11,63
1,77
6,59
19,31
7,80
2,50
5,35
3,15
rent
Oil
1,27
24,58
0,94
0,56
0,08
0,44
0,08
8,93
1,00
rent
Gas
2010-2012
26,71
36,21
2,71
7,15
19,39
8,24
2,58
14,28
4,15
rent
Total
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 17-50
The Politics of Accountability: Indigenous Participation Guillaume Fontaine • Esther Sánchez • Marco Córdova • Susan Velasco
Annex 3. Latin American and Caribbean countries and the ratification of ILO Convention 169 Countries that have not ratified ILO C169
Countries that have ratified ILO C169
Oil and gas exporting countries
Trinidad and Tobago
Mexico (Senate Resolution/July 11, 1990) Colombia (Law 21/1991) Argentina (Law 24071/1992) Peru (Legislative Resolution 26253/1993) Ecuador (Registro Oficial 304/1998) Venezuela (Law 41/2000) Brazil (Executive Decree 5051/2004) Bolivia (Law 3760/2007)
Oil and gas non-exporting countries
Cuba El Salvador Panama Surinam Guyana French Guyana Uruguay
Costa Rica (Law 7316/1992) Paraguay (Law 234/1993) Honduras (Executive Decree 26-94/1994) Guatemala (Legislative Decree 9-96/1996) Chile (Executive Decree 236/2008) Dominican Republic (NC) Nicaragua (NC)
Source: elaborated by Guillaume Fontaine from ILO 2015; IADB 2015
H Guillaume Fontaine is a sociologist of the Université Sourbonne Nouvelle-Paris III (France) and a political scientist of Sciences Po (France). Research professor at FLACSO Ecuador; member of the Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas of FLACSO Ecuador; member of the Research Committee on Comparative Public Policy (RC30) of IPSA (International Political Science Association); member of the Comparative Public Policy Research Group of ALACIP (Latin American Political Science Association); member of the Executive Committee of the IAPP (International Association of Public Policy). His lines of research are governance, public policy instruments, and comparative energy policies. His latest publications include: El análisis de políticas públicas: Conceptos, teorías y métodos. Quito, Barcelona: FLACSO, Anthropos, 2015; “The Effects of Governance modes on the energy matrix of Andean countries,” Energy Policy 39 (5), May 2011: 2888-2898; “The effects of energy co-governance in Peru,” Energy Policy 38 (5), May 2010: 2234-2244. * gfontaine@flacso.edu.ec
49
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 17-50
Esther Sánchez Botero is an anthropologist of the Universidad de los Andes (Colombia) with a PhD from the Law School of the Universiteit van Amsterdam (Holland). National and international consultant for the BID, the Office of the National Attorney General of Colombia, Cooperación Alemana, Ecopetrol, Oleoducto de los Llanos, Oleoducto al Pacífico, Oleoducto BiBIDcentenario. Her lines of research are cultural and normative conflicts. Her latest publications include: “Pautas para el Fortalecimiento del Pluralismo Jurídico étnico y cultural en el Programa Nacional Casas de Justicia.” Bogota: Ministry of Justice and Law, Direction of Alternative Methods of Conflict Solution, ALVI Impresores, 2011; “El peritaje antropológico: Justicia en clave cultural,” Bogota: GTZ, Fiscalía General de la Nación, Embassy of the Federal Republic of Germany, ALVI Impresores, 2010. *
antropologajuridica@gmail.com
Marco Córdova is a political scientist and research professor with FLACSO Ecuador and PhD candidate in Social Sciences, with mention in Andean Studies, by FLACSO Ecuador. Member of the FLACSO Ecuador Research Group on Comparative Public Policies; member of the ALACIP (Asociación Latinoamericana de Ciencia Política) Research Group on Comparative Public Policies. His lines of research are political institutions and urban governance. His latest publications include: (with Alexandra Vallejo) Riesgos urbanos en América Latina: Historia, sociedades y desastres. Quito: FLACSO Ecuador, in press; Influencia del Sistema Electoral y Sistema de Partidos en los procesos de democratización: Análisis comparado entre Chile y Ecuador. Quito: FLACSO Ecuador, Abya Yala, 2011. *
mcordova@flacso.edu.ec
Susan Velasco is a sociologist, associate researcher with FLACSO Ecuador and PhD candidate in Social Sciences, with mention in Andean Studies, by FLACSO Ecuador. Member of the Comparative Public Policy Research Group of FLACSO Ecuador. Associate Professor at Universidad de las Américas in Quito (Ecuador). Her lines of research are: governance, public policy instruments, state reforms, and energy policies. His latest publications include: La nacionalización pactada: una nueva forma de gobernanza sobre el gas boliviano. Quito: FLACSO, 2011; (with Guillaume Fontaine) “La conceptualización de la gobernanza.” In Gobernanza ambiental en Bolivia y Perú. Gobernanza en tres dimensiones: de los recursos naturales, la conservación en áreas protegida y los pueblos indígenas. Quito: FLACSO, UICN, 2011. * velasco_susan@yahoo
50
El perfil del votante anulista en la elección federal de 2009 en México: independencia partidista y movilidad cognitiva Gerardo Isaac Cisneros Instituto Electoral del Distrito Federal (México) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.02 RECIBIDO: 16 de marzo de 2015 APROBADO: 11 de julio de 2015 MODIFICADO: 30 de octubre de 2015
La elección de diputados federales de 2009 en México presentó un fenómeno sin precedente en el país, pues hubo un incremento sustantivo del porcentaje de votos anulados. A diferencia de otras investigaciones a nivel agregado, este estudio se centra en el análisis individual de los votantes y muestra el perfil del elector que anuló su sufragio en dichas elecciones. El artículo enfatiza que el votante anulista se caracteriza por su independencia partidista y alto nivel de movilidad cognitiva. Asimismo se evalúa el efecto diferenciado que tiene esta última variable en el comportamiento electoral de los independientes. Se concluye argumentando sobre la necesidad de incluir la independencia partidista y la movilidad cognitiva en los estudios electorales.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: elecciones • México (Thesaurus) • movilidad cognitiva • independencia partidista • voto nulo • votante anulista • abstención (palabras clave autor)
H El presente artículo surge de los comentarios y revisiones que se hicieron al texto presentado como opción de grado para aspirar al título de Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. El artículo no contó con financiamiento. El autor agradece los comentarios y correcciones de los evaluadores anónimos de Colombia Internacional. Los argumentos y la evidencia de este artículo son responsabilidad del autor. 51
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 51-80
Null Voter Profile in the 2009 Midterm Federal Election in Mexico: Non-Party Affiliation and Cognitive Mobility The 2009 midterm federal congressional election in Mexico showed an unprecedented phenomenon in the country, since there was a substantial increase in the percentage of null votes. Unlike other research at the aggregate level, this study focuses on the individual analysis of the voters and shows a profile of the voter who annulled his or her vote in that election. The article emphasizes the fact that the main characteristics of anulling voters are their independence of political parties and their high level of cognitive mobility. It also evaluates the differentiated effect of the latter variable on the electoral behavior of independent voters, and concludes by arguing for the need to include independence from political parties and cognitive mobility in the analysis of voting behavior.
ABSTRACT:
elections • Mexico (Thesaurus) • cognitive mobility • non-party affiliation • null vote • annulling voter • abstention (author’s keywords)
KEYWORDS:
H
O perfil do eleitor que votou nulo na eleição federal de 2009 no México: independência partidária e mobilidade cognitiva A eleição de deputados federais em 2009 no México apresentou um fenômeno sem precedentes no país, pois houve um aumento substancial da porcentagem de votos anulados. Ao contrário de outras pesquisas a nível agregado, este estudo centra-se na análise individual dos eleitores e mostra o perfil do eleitor que anulou seu voto nessas eleições. O artigo enfatiza que esse eleitor caracterizase por sua independência partidária e por seu alto nível de mobilidade cognitiva. Igualmente, avalia-se o efeito diferenciado que tem essa última variável no comportamento eleitoral dos independentes. Conclui-se argumentando sobre a necessidade de incluir a independência partidária e a mobilidade cognitiva nos estudos eleitorais.
RESUMO:
México (Thesaurus) • eleições • mobilidade cognitiva • independência partidária • voto nulo • eleitor que anulou o voto • abstenção (palavras-chave autor)
PALAVRAS-CHAVE:
52
Introducción Las elecciones son un momento decisivo de la democracia. A diferencia de las dictaduras, en democracia es posible renovar los cargos de gobierno de manera periódica, a partir de la decisión de los electores en las urnas de votación. De esa manera, el voto es un mecanismo para controlar la salida y entrada de gobernantes (Fearon 2002). Sin embargo, en la literatura existe un vacío que no explica por qué en ocasiones el elector, en lugar de hacer uso de su voto para castigar o renovar los cargos de gobierno, lo utiliza para protestar contra el trabajo realizado por todos los representantes políticos. Investigaciones recientes enfatizan este tema y proponen tres enfoques que analizan el voto nulo: socioeconómico, institucional y político (Aldashev y Mastrobuoni 2010; Power y Garand 2007; Uggla 2008).1 Dentro de esta última perspectiva se enfatiza la importancia de la anulación del sufragio como una forma de protesta ante el desempeño de las instituciones políticas, ya sea por deficiencias en su funcionamiento (Carlin 2005; Galatas 2008; Troumponis 2010) o por la ausencia de opciones que representen las posturas de los ciudadanos (Stiefbold 1965; Zulfikarpasic 2001). Por lo anterior, el voto no solo opera como un mecanismo de rendición de cuentas, sino que puede ser usado como instrumento de protesta ante la percepción de un mal funcionamiento del sistema político. Bajo este marco, en las elecciones de diputados federales de 2009 en México ocurrió un fenómeno novedoso y nunca antes visto en la historia política de este país. En varios estados se promovió la anulación del voto como una forma de protesta política ante la percepción de ausencia de representación de los partidos políticos (Aguayo 2009; Crespo 2009). Producto de esta inconformidad, en dichos comicios el voto nulo alcanzó el 5,40% del total de sufragios emitidos, lo cual significó un aumento de casi el 100% de votos nulos con respecto al promedio de 1994 a 2006 (2,85%). Asimismo, en ninguna otra elección previa o posterior se presentó un nivel de sufragios anulados similar al observado en 2009, como puede verse en el cuadro 1. De hecho, las elecciones de 2009 son, hasta la fecha, las que presentan el porcentaje de voto nulo más alto en la historia de México.
1 La perspectiva socioeconómica señala que la estructura social y económica incide en el número de votos nulos. El enfoque institucional acentúa la repercusión que tiene el diseño electoral en las boletas anuladas. El enfoque político resalta que el voto nulo es un acto intencionado del votante, siendo un hecho políticamente lógico. 53
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 51-80
Cuadro 1. Voto nulo nacional 1994-2015 en México Año
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
Voto nulo
3,23
2,84
2,32
3,36
2,51
5,40
4,96
4,88
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012 del IFE.
Hallazgos de la autoridad electoral mexicana muestran que del porcentaje total de sufragios nulos emitidos en 2009, el 64% de ellos fue intencional, mientras que el 36% fue accidental (Instituto Federal Electoral 2010). Además, hay evidencia de que a nivel municipal, los sectores con mayor grado de escolaridad fueron los más propensos a anular el voto intencionalmente (Cisneros 2013). Este dato resulta novedoso, pues desde los comicios de 1994, e incluso en los más recientes de 2015, no se había presentado dicha asociación. La regularidad empírica destacada por la literatura muestra que, en general, una mayor escolaridad está asociada con una menor propensión a anular el voto (Galatas 2008; Power y Garand 2007) de ahí que sea novedoso el fenómeno presentado en la elección de México en 2009. En esta explicación se utiliza la escolaridad como una variable proxy de la presencia o ausencia de protesta política, debido a que en varios países, como México, en el conteo de los votos no se distingue a aquellos que fueron anulados por error de los que fueron nulificados intencionalmente por el elector. Cuando ocurre una asociación negativa entre la escolaridad y el voto nulo, este último se explica como un error de votación, mientras que la relación positiva ha sido interpretada como una señal de protesta contra el sistema político (Cisneros 2013; Galatas 2008; Zulfikarpasic 2001).2 A pesar de la gran contribución de estas investigaciones al estudio del voto nulo, se han enfocado fundamentalmente en el análisis de datos agregados a nivel de estados y municipios3 y no se han centrado en la investigación del comportamiento electoral del votante, limitando el alcance de las inferencias. Por ello, para no caer en la llamada “falacia ecológica”4 es necesario analizar el comportamiento del electorado a nivel individual.
2 Cabe destacar que solo puede ocurrir una de las dos asociaciones en una elección y no pueden ocurrir ambas al mismo tiempo. 3 Por ejemplo, se utilizan indicadores como el grado promedio de escolaridad municipal o estatal. 4 La falacia ecológica consiste en la interpretación errónea de datos estadísticos, en la que se infieren, a partir de datos agregados, características o comportamientos de los individuos (Freedman 1999). 54
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
Además, el presente artículo plantea la hipótesis de que la independencia partidista, junto con la movilidad cognitiva —combinación de un elevado interés en la política y alta escolaridad—, son factores determinantes de la anulación del voto. Se argumenta que la ausencia de lealtad partidista y un nivel alto de movilidad cognitiva aumentan la probabilidad de anular el voto como señal de protesta política. Esto se debe a que al no existir un vínculo con un partido político se facilita que el elector decida escoger una opción no partidista, siendo la abstención una posible consecuencia. Sin embargo, al conjugarse con la movilidad cognitiva, la propensión a la abstención disminuye por el compromiso cívico que genera, incrementando la probabilidad de participar electoralmente, anulando el voto. Para analizar empíricamente estos planteamientos se utiliza la encuesta postelectoral de la elección de México en 2009 del Comparative Study of Electoral Systems. Los resultados del estudio muestran que, en efecto, los electores independientes5 y con alto nivel de movilidad cognitiva fueron los más propensos a anular el voto en la elección federal de 2009 en México, mientras que los independientes con bajo nivel de movilidad tendieron a la abstención. Dicho resultado subraya dos cuestiones: i) las características del elector que es propenso a anular el sufragio en situaciones de protesta y, ii) el efecto diferenciado que genera la movilidad cognitiva en el comportamiento electoral de los independientes.
1. La elección federal de 2009 en México La elección de diputados federales de 2009 en México se caracterizó por el surgimiento de la propuesta de anulación del voto como una forma de mostrar el hartazgo, desencanto y malestar del ciudadano ante la falta de representación política (Alonso 2010; Cisneros 2012). La propuesta generó un intenso debate en torno a la conveniencia o no de anular el sufragio. Los que se pronunciaron a favor argumentaron que un alto número de votos nulos podría “cimbrar” a la clase política, al mandarle un mensaje de pérdida de legitimidad. Por el contrario, quienes rechazaban esta propuesta destacaron lo poco conveniente del llamado, ya que, dadas las características de la ley electoral en México, los votos nulos no se cuentan en el total, y su efecto sería intrascendente, aumentando el impacto electoral de los votos válidos.6 5 A lo largo del artículo se utilizan los términos “independiente” y “no identificado” para hacer referencia a los electores que no simpatizan o no se identifican con algún partido político. 6 La legislación mexicana considera al voto nulo como el acto de no tachar ningún cuadro de la boleta que contenga el emblema de un partido político, o cuando se marcan dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, no teniendo 55
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 51-80
Los promotores del voto nulo replicaron el argumento y señalaron que el objetivo fundamental no era solo obtener un número elevado de sufragios nulos, sino “mover a los partidos a hacer reformas y compartir algo de poder con sus representados” (Crespo 2009, en línea); “un esfuerzo por sacudir las conciencias y lograr que quienes gobiernan en nombre del ciudadano incorporen el bien común en sus consideraciones” (Aguayo 2009, 12). Una de las principales propuestas de los promotores de la anulación del voto recomendaba que para expresar el descontento o la protesta podría ser más efectivo acudir a las urnas y anular el sufragio de alguna manera, en lugar de abstenerse de votar, por la sencilla razón de que al tratarse “de una acción deliberada, se haría más notorio y generaría más impacto que la abstención” (Crespo 2010, 50). Es de destacar que la promoción del voto nulo no se dirigió a los electores con identificación partidaria sino que, de manera indirecta, se convocó a los votantes no identificados con un partido político. Uno de los más visibles promotores del sufragio nulo, el académico José Antonio Crespo, señaló que “el movimiento por el voto nulo no apelaba a los votantes partidistas, sino que convocaba a los potenciales abstencionistas activos, los que por enojo o alejamiento con los partidos pensaban en no acudir a las urnas” (Crespo 2010, 50). Lo anterior podría considerarse contraintuitivo pues, según la literatura clásica sobre independencia partidista, estos electores suelen no asistir a las urnas (Campbell et al. 1965; Green, Palmquist y Schinckler 2002; Lewis-Beck 2008). Sin embargo, el argumento que se enfatiza aquí sugiere la existencia de un tipo de votante independiente con alta movilidad cognitiva, que es activo políticamente y que, dada la ausencia de vínculos partidistas, no tiene motivos para preocuparse de si alguno de los partidos gana o pierde la elección, pero sí desea manifestar su postura política en las elecciones, anulando el voto.7 Al concluir los comicios, los principales promotores del voto nulo señalaron que la propuesta había sido un éxito por el porcentaje obtenido (Aguayo, citado en Cervantes 2009). Los resultados de la contienda mostraron que el voto nulo alcanzó el 5,40% del total de votos emitidos, lo cual representó un aumento de casi el 100% con respecto a los comicios previos, y hubo estados donde
ninguna validez ni efecto jurídico en la conformación de los órganos de gobierno (cámaras legislativas o locales y ejecutivos locales y federal), ni repercusiones en el financiamiento a los partidos políticos (LEGIPE, artículo 288, apartado 2). De lo anterior, la ley electoral mexicana entiende al voto nulo como un sufragio mal realizado o erróneo, y no como una forma de inconformidad con la política. 7 Esto último será resaltado posteriormente, pues es crucial para entender lo ocurrido en la elección de 2009. 56
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
el voto nulo alcanzó más de 7%, como Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, y el Distrito Federal (en este último llegó casi al 11%). Cabe señalar que las asociaciones que promovieron el voto nulo en el país en 2009 formaron la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), que fue la encargada de coordinar las acciones de protesta, pero no de manera centralizada. Se organizaron foros de debate en la sede del Instituto Federal Electoral, donde académicos y simpatizantes en pro y en contra de la propuesta debatieron sus argumentos. Asimismo, se formularon demandas que acompañaron la propuesta de anular el voto, tales como la revocación del mandato, el valor jurídico del voto nulo, el referéndum, las candidaturas independientes y la reducción del financiamiento de los partidos políticos.8 Dichas acciones coordinadas culminaron durante la jornada electoral con movilizaciones en las principales plazas del país. De esa manera, a la luz de los resultados electorales señalados, y por las acciones realizadas, los promotores del voto nulo se pronunciaron acerca del éxito de su propuesta.9
2. Estudios previos sobre voto nulo: ausencia de identificación partidista y de movilidad cognitiva En la literatura sobre voto nulo se han propuesto tres perspectivas a partir de las cuales se analiza este asunto. Los enfoques son i) institucional, ii) socioeconómico y iii) político. El objetivo de este apartado es identificar las variables explicativas del voto nulo según cada enfoque y destacar que ninguno de ellos ha considerado la independencia partidista ni la movilidad cognitiva como factores determinantes para explicar la anulación del voto de manera intencionada. Ambos puntos tienen la intención, por un lado, de resaltar las variables que deben ser controladas en el análisis y, por otro, enfatizar la propuesta que se hace en este artículo, es decir, caracterizar al votante anulista. Dentro de la perspectiva institucional se subraya la importancia que tiene el diseño electoral en el aumento o disminución de los votos nulos. Se pone el foco en variables como el voto obligatorio (Hirczy 1994; Troumponis 2010), la
8 A diferencia de la elección más reciente de diputados federales en México en 2015, en 2009 se crearon en el país más de cuarenta asociaciones que promovieron el sufragio nulo en las calles de diferentes estados de la República. De hecho, se llevaron a cabo acciones, tales como talleres para enseñar a la ciudadanía a anular el voto y “actuaciones o performances” en los semáforos con el objetivo de difundir la propuesta (Cisneros 2012). 9 Es de destacar que en 2015 ninguno de estos factores estuvo presente (la creación de organizaciones en el país, el resurgimiento de la ANCA o la vinculación de un conjunto de demandas al voto nulo), y, por el contrario, surgió con mucho mayor énfasis la propuesta del voto de castigo. 57
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complejidad de la boleta y del acto electoral (Power y Timmons 1995); en la existencia de listas abiertas o cerradas, en el multipartidismo y en el reflejo del voto en la conformación de las cámaras legislativas (Power y Garand 2007). Por ejemplo, se ha encontrado que el factor que incrementa el voto nulo en las democracias latinoamericanas es el voto obligatorio, esto debido a que donde existe esta reglamentación, los ciudadanos se ven forzados a participar aunque no lo deseen, debido a las penalizaciones que implica no hacerlo.10 Sin embargo, el aumento de la participación no implica que se sufrague necesariamente por alguna opción partidista. La evidencia muestra el incremento del número de boletas anuladas y en blanco, las cuales alcanzan porcentajes parecidos al de la abstención en países donde no se obliga a votar. Por ello, se ha argumentado que el voto nulo es “el símil de la abstención en los países con voto obligatorio” (Lavareda 1991). Como se aprecia, ninguna de las variables señaladas pone el acento en las características de los votantes que anulan su sufragio, sino en los factores que a nivel institucional pueden afectar la variación en el voto nulo. De esa manera, ni la independencia partidista ni la movilidad cognitiva son consideradas como variables determinantes dentro de esta perspectiva teórica. Ahora bien, desde la perspectiva socioeconómica, los principales hallazgos muestran que la urbanización y la escolaridad tienen una asociación negativa con el voto nulo (Galatas 2008). Esto significa que mayores grados de escolaridad y urbanización disminuyen el número de boletas anuladas, respectivamente, por cuanto variables como el analfabetismo y la condición de migrante, cada una por separado, aumentan el número de votos nulos (Lutz y Espinoza 2005; McAllister y Makkai 1993). En relación con la escolaridad, hay hallazgos que muestran que los sectores instruidos tienen menor propensión a cometer errores de votación y, por lo tanto, a no anular su voto. Tanto los hallazgos de Power y Garand (2007) para América Latina como los de Galatas (2008) sobre Canadá respaldan la hipótesis de que la mayor cantidad de votos anulados se asocia de manera negativa con el nivel de instrucción. En contraposición a estos resultados, también se ha encontrado que en situaciones de protesta política, la relación esperada por este enfoque puede volverse positiva. En contextos donde existen fuertes críticas al sistema de representación política y de partidos, los votantes con altos niveles de instrucción pueden modificar su comportamiento político y anular el voto, en lugar de votar por un partido político (Alonso 2010). De este modo, la escolaridad se vuelve un factor que incrementa la probabilidad de anular el sufragio, ya que los altos niveles de
10 Por ejemplo, en Argentina, los ciudadanos que no participan deben pagar una multa de 160 dólares. 58
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
educación proporcionan recursos para aprender sobre la política y estar más involucrado e informado sobre esta.11 Así, los cambios en el panorama político pueden acentuar o disminuir la propensión a ciertos comportamientos de los individuos escolarizados (Cisneros 2013; Galatas 2008; Zulfikarpasic 2001). Dicho lo anterior, el enfoque socioeconómico brinda variables por considerar dentro del análisis estadístico posterior, así como elementos para reflexionar sobre las características del votante anulista en un contexto de protesta, reafirmando que, si bien los electores que anulan su voto suelen tener bajos niveles de escolaridad, esta asociación puede modificarse en ciertas coyunturas políticas, debido a su mayor involucramiento político e información acerca del contexto. Desde esta perspectiva, podría esperarse que una de las características principales del elector que anuló su sufragio en la elección de 2009 sea la alta escolaridad. Además, debe resaltarse que esta investigación adiciona a estos enfoques teóricos otros factores explicativos de la incidencia del voto nulo como la independencia partidista y el interés en la política (este último, componente de la movilidad cognitiva). Ambos son factores que deben considerarse por el enfoque político, pues ambas variables son rasgos que se asocian con características de este tipo. La perspectiva política del voto nulo ve la anulación del sufragio como una forma de protesta ciudadana, que es políticamente lógica, y no producto de la falta de habilidad para votar o de apatía de los electores. Desde esta perspectiva, la anulación del sufragio puede ser interpretada como un mecanismo de exigencia a los representantes políticos sobre la legitimidad y satisfacción con su trabajo. Se señala claramente que el voto nulo puede ser un fenómeno intencionado, y no aislado. Sin embargo, al igual que las perspectivas anteriores, este enfoque no considera la independencia partidista ni la movilidad cognitiva como características distintivas del votante que anula su sufragio de manera intencionada. Las variables propuestas por el enfoque político son la competencia partidista (Aldashev y Mastrobuoni 2010), lo cerrado de las elecciones (Galatas 2008; Uggla 2008), la insatisfacción con el desempeño de las instituciones (Troumponis 2010), con la democracia y la clase política (Carlin 2005), y en algunos casos, la violencia (Power y Garand 2007) y la politización (Stiefbold 1965). Respecto a esta última variable, Stiefbold (1965) argumenta que los individuos con mayor interés en la política, y a veces radicales en sus ideas, anulan su voto con mayor frecuencia, debido a que no encuentran un partido político 11 Existe un acuerdo en la literatura acerca de que un mayor nivel de educación está asociado positivamente con el apoyo a los principios democráticos y a una fuerte incidencia política a través de la participación en las elecciones. Los individuos que poseen este recurso tienen una alta propensión a vincularse en asuntos políticos y a tratar de incidir en ellos (Almond y Verba 1970; Mateo y Zovatto 2005; Salazar y Temkin 2007; Tóka 2002; Verba y Nie 1972). 59
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con el cual se identifiquen. Dicho planteamiento da indicios para pensar que los individuos politizados, es decir, altamente interesados en los asuntos públicos, pueden tener mayores posibilidades de anular su sufragio que aquellos que no cuentan con dicha característica. Este señalamiento servirá más adelante para desarrollar la caracterización teórica que se propone sobre el votante anulista. Respecto a las demás variables del enfoque político, se aprecia que algunas de ellas no son características de los votantes, como pueden ser la competencia partidista, la mayor o menor distancia en los resultados electorales y la violencia, sino que están asociadas con el contexto sociopolítico. Por el contrario, la insatisfacción con el desempeño de las instituciones, con la democracia y la clase política son variables de nivel individual que pueden asociarse con la existencia de un voto nulo en las elecciones. En este sentido, dichas variables deben ser incluidas en el análisis para controlar su efecto. En síntesis, existen tres perspectivas teóricas que analizan el tema del voto nulo: institucional, socioeconómica y política. Como se señaló, cada enfoque propone distintas variables que inciden en la variación del voto nulo; sin embargo, ninguno propone la independencia partidista ni la movilidad cognitiva. Si bien las investigaciones señalan que, por separado, la escolaridad y la politización pueden ser factores asociados con la incidencia de votos nulos, en ningún momento se les considera como un componente unificado. Es por ello que la contribución de este artículo a la literatura es sumar al enfoque político dos factores que, combinados, inciden en la ocurrencia de un voto nulo: independencia partidista y movilidad cognitiva.
3. Independencia partidista y movilidad cognitiva: el perfil del votante anulista La anulación intencional del voto implica que el individuo posee ciertas características que lo hacen asistir a las urnas el día de las elecciones, a pesar de que su voto no tendrá repercusión en la conformación de los órganos representativos, para demostrar de manera simbólica su descontento con el sistema político en conjunto.12 A diferencia de la abstención, la anulación intencional no es una acción marginal a la política. A través de ella, los ciudadanos mandan un mensaje de reclamo y de descontento con el desempeño de los representantes y el sistema político, alejándose de una acción apática como sería la abstención,13 mostrando 12 Como ya se señaló, en el caso de México, el número votos nulos no impacta en la conformación de los cargos representativos. 13 No se desestima que la abstención también puede ser la respuesta legítima de muchas personas a la falta de representatividad del sistema democrático, a la percepción de corrupción, u otros factores. Por ello, se pone atención a este fenómeno en el análisis empírico. 60
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
su interés y preocupación por los asuntos políticos.14 En esa medida, la abstención y la anulación intencional del voto son fenómenos generados por electores con distintas características.15 Para analizar a los votantes que anulan su sufragio es pertinente considerar dos dimensiones que han sido tratadas en otras investigaciones: oportunidad y motivación (Batista 2011; Luskin 1990). La primera hace referencia a un elemento externo a los individuos, que no depende de ellos y brinda recursos para aprender sobre la política, como el ingreso, la educación o medios de subsistencia en el hogar, mientras que la segunda expresa el vínculo subjetivo del elector con la política. En términos operativos, el primer aspecto en este estudio se asocia con el nivel de educación (dimensión de oportunidad),16 y el segundo, con el interés en la política (dimensión motivacional). El mayor nivel educativo se relaciona favorablemente con el apoyo y entendimiento de los principios democráticos y con el conocimiento político (Ahern, Cotter y Hall 2012; Batista 2011; Evans y Whitefield 1995). Esto se refuerza si existe una dimensión motivacional, como lo es el interés en la política, que impulsa al elector a aplicar sus recursos cognitivos en ese ámbito. Así, los individuos con alto nivel de educación e interesados en los asuntos políticos tenderán a informarse acerca de lo que ocurre en su entorno y, por consiguiente, a expresarse el día de las elecciones. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué distingue a los votantes que deciden expresarse anulando su voto de aquellos que sufragan a favor de alguna institución partidaria? La principal distinción en ellos se encuentra en su cercanía o lejanía con los partidos políticos. Si carecen de lazo partidista, tienen una mayor tendencia a anular su voto de manera intencionada, pues no les preocupa si algún partido gana o pierde una elección determinada. Esto no sucede con los partidistas, ya que, en su caso, sí se ven afectados por la anulación del voto y prefieren apoyar al partido con el que simpatizan (Campbell et al. 1965; Lewis-Beck 2008).17
14 En refuerzo de este argumento, Crespo (2010, 52) señala que “el voto nulo supone un nivel de politización y compromiso político mayor que el del abstencionista, pues implica pagar el costo de ir a la urna para anular la boleta, en lugar de simplemente no acudir”. 15 El análisis pone énfasis de manera primordial en el votante anulista, y marginalmente en el abstencionista. Asimismo, cabe señalar que en todas las elecciones existe un porcentaje promedio de votos anulados de modo intencional y un porcentaje de votos anulados erróneamente. Cuando se detectan incrementos que superan el promedio de votos nulos de elecciones previas se puede señalar que existe un indicio de factores presentes que pueden alterar la regularidad empírica. Por ejemplo, en 2012 hubo un aumento del voto nulo en ciertos estados del país, pero esto se debió a factores relacionados con el diseño electoral (Aparicio 2012). 16 Se hace esto para seguir con la hipótesis de la movilidad cognitiva. 17 De hecho, en México, alrededor de “nueve de cada 10 partidistas duros se muestran seguros de votar por su partido, proporción que va disminuyendo en cuanto se relaja el lazo partidista” (Moreno 2003, 27). 61
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Una perspectiva de análisis reciente refuerza lo anterior y señala que, como producto de la modernización social,18 más electores son capaces de lidiar con las complejidades políticas y tomar sus propias decisiones dejando de lado referentes externos, como los partidos políticos. Este enfoque pone el acento en los electores independientes y señala que ha surgido un “nuevo tipo” de elector no identificado con un partido político que posee una alta movilidad cognitiva —es decir, un elevado nivel educativo y un alto interés en la política— que le permite desenvolverse sin dependencia del lazo partidario (Dalton 2012, 37). A diferencia de lo planteado por la teoría de la identificación partidista, que enfatiza la existencia de un solo tipo de elector independiente, apático y desinteresado de los asuntos políticos,19 la perspectiva de la movilidad cognitiva considera que es posible distinguir dos tipos de electores independientes, unificando en un solo concepto (movilidad cognitiva) las dos dimensiones señaladas previamente: el componente de oportunidad —educación— y el motivacional —interés en la política—. De hecho, en décadas recientes la independencia partidista ha cobrado mayor relevancia, debido a los fenómenos de “desalineamiento político” presentes en distintas democracias (Clarke y Stweart 1998; Dalton 2012; 2013; Hagopian 1998; Sánchez 2002; Temkin, Solano y Del Tronco 2008), lo cual ha conducido a replantear el estudio de este tipo de votantes. La teoría de la movilidad cognitiva es una muestra de este interés por replantear la perspectiva clásica de la independencia partidaria y enfatizar la existencia de un nuevo tipo de elector independiente escolarizado y motivado políticamente.20 La riqueza de la teoría de la movilidad cognitiva consiste en que permite teorizar y evaluar dos tipos de independientes, uno con alta movilidad cognitiva y otro con baja movilidad. Aquí se argumenta que este último puede ser más propenso a la abstención, y el primero tiene altas posibilidades de anular el voto. El abstencionista se caracterizaría por una baja movilidad cognitiva, y el anulista,
18 Se pone énfasis en el aumento de la habilidad de los individuos para procesar información política como resultado de su alto nivel de educación y de su sofisticación política, y en la expansión de los medios de comunicación y otras fuentes informativas que han reducido los costos de adquirir información política (Dalton 2007, 276). 19 La perspectiva clásica de la escuela de la identificación partidista, pionera en este tema, señala que los votantes independientes son un solo grupo de electores, todos ellos marginales a la política, que no manifiestan cercanía con ningún partido y que están menos involucrados en la política, lo cual muestra un conocimiento pobre o nulo acerca de ella (Campbell et al. 1965, 143). Lo esperado por esta teoría es que los electores independientes se abstengan de participar y, por consiguiente, no sufraguen en ningún sentido. 20 Dada la novedad de este nuevo tipo de elector independiente en América Latina, hace falta profundizar en lo que significa ser independiente y sus consecuencias en el comportamiento político, no solo electoral. 62
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
por su alta movilidad.21 Como se resaltará en la sección de diseño de investigación, para operacionalizar la movilidad cognitiva se realiza un índice aditivo que genera una variable lineal de ocho puntos. En ella se distribuyen puntajes altos y bajos de escolaridad, así como el interés en la política. En los puntajes más altos del índice se encuentran los electores que poseen una combinación de valores elevados en ambas variables, mientras que en los puntajes bajos la mezcla arroja valores mínimos en las dos variables. En el nivel intermedio del índice se encuentran los casos donde existe una discrepancia entre ambos factores, es decir, casos en los que existe un alto puntaje en escolaridad pero poco interés en la política, o, viceversa, un elevado interés en los asuntos políticos y baja escolaridad.22 Al cruzar la movilidad cognitiva con la ausencia o presencia de independencia partidista se generan dos tipos de independientes. Uno con alta movilidad cognitiva y otro con baja movilidad. Siguiendo a Dalton (1984; 2013), el primer grupo, por su bajo nivel de movilidad, no está involucrado en cuestiones relacionadas con la política, lo cual lo emparenta con la definición clásica del votante independiente expuesta por la teoría de la identificación partidista. Por otra parte, el segundo grupo está compuesto por los individuos que no mantienen vínculo con ningún partido político, pero sí se encuentran involucrados en los temas políticos. Debido a su alto nivel de movilidad cognitiva, tienen las habilidades necesarias para orientarse políticamente sin dependencia de las claves partidistas. Este tipo de votante participa tanto en las elecciones como en otras actividades políticas, por lo que puede cambiar el panorama, debido a su comportamiento poco predecible. Además, suele apoyar de manera más débil a algún partido político específico.
21 Berglund et al. (2005) critican la manera como Dalton opera el concepto de movilidad cognitiva, y señalan que en la propuesta —más allá de decir que los dos indicadores operan juntos porque constituyen aspectos de un mismo fenómeno— no existe una justificación teórica o empírica que explique por qué se combina la educación con el interés en la política. Sin embargo, hay investigaciones como la de Luskin (1990) que muestran claramente el amalgamiento de ambos factores. Ahora bien, al hacer la correlación entre la movilidad cognitiva y la identificación partidista, Dalton (1984) encuentra una relación positiva (0,15) entre ambas variables; sin embargo, indica que, además de ser una asociación débil, ambas provienen de distintos procesos causales; un ejemplo por subrayar es la edad. La fuerza del partidismo se incrementa con la edad, pues esta sirve como un indicador de la experiencia electoral acumulada, debido al apoyo repetido a un partido, mientras que la movilidad cognitiva tiene un componente generacional, ya que si la movilidad cognitiva refleja las habilidades y los recursos políticos de los individuos, los jóvenes son el grupo con mayor nivel de educación y están en mayor sintonía con la información que proveen los medios de comunicación. De esta manera, la movilidad cognitiva debe ser más alta en la juventud contemporánea, pues este grupo tiene una experiencia limitada en la política y los procesos electorales. 22 Para evitar controversia respecto al punto de corte entre la baja y la alta movilidad cognitiva, contrario a lo que realiza Dalton (1984), se utilizó el índice original como variable lineal y no dicotómica. 63
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Dicho lo anterior, si el voto nulo intencional es una acción que requiere compromiso, interés por los asuntos públicos y bajos niveles de identificación partidista, cabe esperar que el elector independiente y con alta movilidad cognitiva es el más propenso a anular su voto de manera intencionada, en comparación con cualquier otro perfil electoral. De esa manera, las dos principales características del votante anulista son su independencia partidista y su alta movilidad cognitiva. Por otra parte, se desprende de ello que los rasgos principales del abstencionista son los asociados con un elector marginal a la política, caracterizado entonces por la combinación de una baja movilidad e independencia partidaria.23 Ante ello, lo que se espera observar en el análisis empírico es lo siguiente: i) el elector independiente es más propenso a la anulación del voto que el partidista. ii) el independiente con alta movilidad cognitiva es más propenso a anular el voto de manera intencionada. iii) el independiente con baja movilidad cognitiva es más propenso a abstenerse de votar, en comparación con su contraparte con alta movilidad. Lo implícito en el primer planteamiento es que la independencia partidista es el principal factor diferenciador, mientras que en la segunda y tercera expectativas la movilidad cognitiva es el factor determinante. A continuación se exponen los datos y las variables que se utilizan para evaluar las expectativas señaladas.
4. Datos y variables Para contrastar las hipótesis señaladas se utilizó la encuesta postelectoral del Comparative Study of Electoral Systems (CSES), realizada para la elección federal de 2009 en México. La base de datos es representativa a nivel nacional y tiene como objetivo fundamental analizar el comportamiento electoral de los votantes en los comicios referidos. La variable dependiente de este artículo es la decisión electoral, la cual incluye como una de sus opciones la anulación del sufragio. Según la encuesta del CSES, la decisión electoral en 2009 se distribuyó como se muestra en el cuadro 2.24 Respecto a las variables independientes de interés, la independencia partidista fue medida a través de la pregunta C3020_1: “Más allá del partido por el cual votó en la última elección, en general ¿usted simpatiza con algún partido político en particular?” A los que respondieron que sí, se les clasificó como partidistas 23 Para despejar dudas, es pertinente enfatizar que se está teorizando el índice de movilidad cognitiva, y no las variables de interés en la política y escolaridad que lo componen por separado. 24 Los resultados oficiales mostraron que el 55,39% de los electores se abstuvo de participar, el 39,21% votó por algún partido y el 5,40% anuló su voto (Atlas de resultados del Instituto Federal Electoral 1991-2012). 64
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
Cuadro 2. Decisión electoral en la elección federal de 2009 Decisión electoral
Frecuencia
Porcentaje
Vota por partido [0]
1686
70,84
Vota nulo [1]
150
6,30
Abstención [2]
544
22,86
Total
2380
100,00
Fuente: elaboración propia con datos de CSES 2009.
Cuadro 3. Porcentaje de electores Identificados e Independientes en México en 2009 Identificación partidista
2009
No identificados (independientes)
43,5
Identificados
56,5
Fuente: elaboración propia a partir de datos de CSES México.
(0), y a los que dijeron que no, como independientes (1). Esta variable se incluyó como dummy en el modelo de regresión. La distribución de la variable de independencia partidista en 2009 se muestra en el cuadro 3. En relación con la movilidad cognitiva, siguiendo a Dalton (1984) se construyó un índice aditivo que combinó la escolaridad con el interés en la política. En el primer caso se utilizó la pregunta sobre nivel de educación del encuestado (C2003). En el segundo caso se usó una variable proxy al interés en la política, la cual consistió en el involucramiento en las campañas políticas, esto debido a que la encuesta del CSES no incluye una pregunta que interrogue directamente sobre el interés de los individuos en la política. La pregunta utilizada fue (C3018): “¿Qué tan cercanamente siguió las campañas electorales?” Los puntajes de ambas variables fueron combinados en un índice aditivo, que arrojó la distribución reportada en el cuadro 4.25 Esta variable lineal se introdujo así en el modelo, sin segmentarla en categorías. 25 La variable de escolaridad tuvo las siguientes categorías: 1) Sin estudios, 4,10%; 2) Primaria o menos, 29%; 3) Secundaria o menos, 31,42%; 4) Preparatoria o vocacional, 23,56%; y 5) Universidad o menos, 11,92%. Respecto al interés y seguimiento de las campañas electorales, las categorías fueron las siguientes: 1) Nada cercanamente, 11,28%; 2) No muy cercanamente, 29,91%; 3) Algo cercanamente, 48,92%; y 4) Muy cercanamente, 9,89%. 65
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Cuadro 4. Distribución del índice de movilidad cognitiva en 2009 Índice de movilidad
Porcentaje
2
0,85
3
4,71
4
14,43
5
26,09
6
25,33
7
18,54
8
8,44
9
1,61
Total
100,00
Fuente: elaboración propia a partir de datos de CSES México.
Respecto a las variables de control, se incluyeron todos los factores mencionados por los enfoques teóricos ya señalados. Para controlar el efecto del desempeño del gobierno y de las instituciones políticas (Troumponis 2010) se incluyeron dos variables que valoran el trabajo del presidente (pregunta C3006)26 y la importancia de por quién se vota (pregunta C3005).27 En relación con el efecto de la satisfacción con la clase política y la democracia (Carlin 2005), se introdujeron dos variables adicionales. La primera señala el grado en el que quien está el poder puede hacer la diferencia (pregunta C3004), y la segunda mide el nivel de satisfacción democrática (pregunta C3019).28 Asimismo, se introdujo una variable que controla el efecto del extremismo de los votantes (Stiefbold 1965) a partir de la escala de posicionamiento ideológico (pregunta C3013). Adicionalmente se incluyeron variables socioeconómicas señaladas en la literatura previa, y disponibles en la encuesta, tales como la localidad urbana o rural (Galatas 2008), la región y la edad (Lutz y Espinoza 2005; McAllister y
26 (C3006) Ahora, pensando acerca del desempeño en general del presidente, ¿qué tan bueno o malo crees que ha sido su trabajo? 27 (C3005) Algunos dicen que no importa por quién vote la gente, no hará ninguna diferencia lo que haga. Otros dicen que por quien se vote puede hacer una gran diferencia en lo que ocurra. Usando una escala de uno a cinco, donde uno significa que el voto no hará ninguna diferencia y cinco donde sí habrá diferencia, ¿dónde se posicionaría usted? 28 (C3004) Algunos dicen que no hace diferencia quién está en el poder. Otros dicen que sí hace una gran diferencia quién está en el poder. Usando una escala de uno a cinco, donde uno significa no hace gran diferencia quién está en el poder y cinco significa que sí hace una gran diferencia, ¿dónde se posicionaría usted? Y (C3019), ¿Está usted muy satisfecho, ligeramente satisfecho, no muy satisfecho, para nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia? 66
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
Makkai 1993). Respecto a la escolaridad, se destaca que esta se encuentra incluida en el índice de movilidad cognitiva presentado arriba. Los estadísticos descriptivos de las variables señaladas se observan en el cuadro 5. Cuadro 5. Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el análisis Variable
Observaciones
Media
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Identificación partidista
2368
0,43
0,49
0
1
Movilidad cognitiva
2357
5,68
1,40
2
9
Desempeño del gobierno
2360
1,66
1,20
0
4
Por quién se vota puede hacer diferentes las cosas (importa voto)
2348
3,10
1,19
0
4
Quién está en el poder puede hacer la diferencia (marca diferencia)
2357
3,00
1,25
0
4
Satisfacción con la democracia
2305
1,65
0,84
0
3
Extremismo ideológico
2400
3,27
2,03
0
6
Género [femenino]
2400
0,54
0,49
0
1
Urbano
2400
0,77
0,42
0
1
Edad
2396
21,84
15,73
1
72
Región Norte Centro Oeste Centro Sureste
2400 740 620 700 340
2,26
1,05
1
4
Fuente: elaboración propia con datos del CSES 2009. 67
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Con los datos así construidos se realizó un modelo de regresión logística multinomial. La especificación del modelo es la siguiente:
Y se refiere a la decisión electoral, que en este caso corresponde a votar por un partido, anular el voto o abstenerse de participar. Ip representa la variable de independencia partidista. Mc es el índice de movilidad cognitiva. El modelo controla por factores políticos y socioeconómicos: Dp es una variable lineal sobre la evaluación del desempeño del gobierno. P señala si quien está en el poder puede hacer la diferencia. V es la variable que considera si votar hace diferentes las cosas. Dm es la satisfacción con la democracia. Id es la variable de extremismo ideológico. G es el género del entrevistado. Rg es la variable de región de procedencia. Ed es la edad y Ur es la localidad urbana o rural. Los resultados se muestran en la siguiente sección.
5. Resultados y discusión En el cuadro 6 se observan los resultados del análisis. La variable dependiente tuvo como categoría de referencia el voto por un partido, por lo que la anulación del sufragio y la abstención se resaltaron en el modelo. Se aprecia que de las variables de control, la “evaluación del desempeño del gobierno” no tiene una relación significativa con el voto nulo ni con la abstención, lo cual significa que esta variable no afecta la decisión de los electores en cuanto a anular y/o no asistir a las urnas. Por otra parte, la variable “candidato importa” sí fue significativa estadísticamente y mantuvo una relación negativa tanto para el caso de la anulación del sufragio como para la abstención. Esto quiere decir que cuando el individuo considera que por quien vota la gente puede hacer alguna diferencia disminuye la propensión a anular el voto y a abstenerse de participar. Este resultado está acorde con lo señalado en los estudios previos (Troumponis 2010). Respecto a las variables que controlan el efecto de la “satisfacción con la clase política” y “satisfacción con la democracia”, respectivamente, se encuentra que, acorde con la literatura (Carlin 2005), cuando el individuo considera que “quien está en el poder puede hacer la diferencia” disminuye la propensión a anular el voto y abstenerse de participar, aumentando la probabilidad de votar por un partido político. En relación con la satisfacción con la democracia, los resultados muestran, acorde con investigaciones previas —las cuales señalan la insatisfacción como un indicador de desafección política (Torcal, Montero y Gunther 2003)—, que cuando el individuo está insatisfecho con la democracia tiene 68
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
Cuadro 6. Regresión logística multinomial. Factores determinantes del voto nulo y de la abstención en la elección federal de 2009 en México Base (voto por partido)
Voto nulo
Abstención
Independencia partidista
0,966*** [0,202]
0,731*** [0,116]
Movilidad cognitiva
0,145* [0,077]
-0,148** [0,047]
Desempeño del gobierno
0,020 [0,088]
0,074 [0,053]
Por quién vota la gente puede hacer alguna diferencia (candidato importa)
-0,384*** [0,083]
-0,263*** [0,055]
Quién está en el poder puede hacer la diferencia (marca diferencia)
-0,135* [0,079]
-0,130** [0,051]
Insatisfacción con la democracia
0,313** [0,126]
0,095 [0,075]
Extremismo ideológico
-0,015 [0,050]
-0,058* [0,030]
Edad
0,004 [0,006]
-0,019*** [0,004]
Género [mujer]
0,155 [0,191]
0,091 [0,114]
-0,009 [0,249] -0,364 [0,253] -0,987** [0,408]
0,356** [0,156] 0,004 [0,160] 0,103 [0,188]
Urbano
0,077 [0,249]
0,349** [0,004]
Constante
-2,825*** [0,682]
0,327 [0,414]
Región Centro Oeste Centro Sureste
Observaciones
2164
LR chi2 (26)
309,88
Prob>chi2
0,0000
Pseudo R2
0,097
Log likelihood
-1442,331
Nota: significancia estadística: ***p<0,001; **p<0,05; *p<0,1 Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del CSES México 2009.
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mayor tendencia a anular el voto; sin embargo, para el caso de la abstención, el coeficiente no es significativo estadísticamente. En ese sentido, esta contribución es importante para esos estudios, pues la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia tiene un impacto a favor del voto nulo, y no de la abstención. En lo relativo al extremismo ideológico, no se encontró una asociación con el voto nulo como señaló Stiefbold (1965), pero sorpresivamente sí existe un efecto negativo y significativo en relación con la abstención. Lo anterior significa que cuando el individuo se encuentra en los extremos del espectro ideológico disminuye su propensión a abstenerse de votar y aumenta la tendencia a sufragar por un partido político. Respecto a las variables de control socioeconómicas, se encontró que la edad no tiene un impacto significativo en el voto nulo, pero sí en la abstención. En esta última, a medida que aumenta la edad del individuo disminuye su tendencia a abstenerse de participar. En el mismo sentido, la localidad urbana solo tiene efecto en la abstención, y no en el voto nulo, mostrando que en las localidades urbanas existe una mayor tendencia a la abstención que en las rurales. Por otra parte, el género no mostró relevancia estadística ni en la anulación del sufragio ni en la abstención. De manera opuesta, aunque solo parcialmente, algunas regiones sí tienen un efecto significativo en el voto nulo y en la abstención. En el primer caso, en comparación con la región Norte, en el Sureste mexicano existe una menor propensión a nulificar el voto. Mientras que, a diferencia del Norte, en el Centro-Oeste existe una mayor tendencia a abstenerse de participar. Ambos resultados deben mirarse a la luz de la presencia de movilizaciones anulistas en los estados en 2009. El resto de las categorías de región no fueron significativas estadísticamente. Con respecto a las variables independientes de interés, los resultados son relevantes y acordes con las expectativas planteadas. Como se esperaba, la independencia partidista está asociada positivamente con el voto nulo y con la abstención, lo cual significa que cuando el individuo no se encuentra identificado con algún partido político existe una mayor propensión a anular el voto o abstenerse de participar que cuando es cercano a alguna institución partidista. La independencia partidista es la variable de mayor fuerza explicativa en el modelo y supera a la movilidad cognitiva e incluso a la satisfacción con la democracia. Como se señaló, esto se explica porque, ante la ausencia de identificación partidista, disminuyen los incentivos de que algún partido político gane o pierda la elección, y ello incrementa en estos electores la tendencia a realizar actos de protesta institucional (voto nulo) o de desinterés político (abstención). En relación con la movilidad cognitiva, los resultados son aún más llamativos, pues tiene un efecto diferenciado en la variable dependiente. Se observa que cuando el individuo tiene alta movilidad cognitiva aumenta la propensión a anular el voto, 70
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
pero disminuye la tendencia a la abstención. Este resultado confirma parcialmente la expectativa planteada, ya que muestra que la movilidad cognitiva es un factor diferenciador en la decisión electoral que genera patrones de comportamiento distintos. Para contrastar con mayor firmeza estos resultados se calcularon las probabilidades a partir del modelo estimado. En el cuadro 7 se observa la probabilidad de voto de los independientes y de los partidistas manteniendo el resto de las variables en su valor medio. Conforme a lo esperado, se confirma que los independientes (0,08) son más propensos a anular el voto, lo cual duplica la probabilidad de anulación de los partidistas (0,04). Cuadro 7. Probabilidad de voto de independientes vs. partidistas en la elección federal de 2009 en México Decisión electoral
Independientes
Partidistas
Voto partido
0,65**
0,81**
Abstención
0,27**
0,15**
Voto nulo
0,08**
0,04**
Nota: **p<0,05 Fuente: cálculos propios a partir de CSES México 2009. Modelo logístico multinomial.
Estos resultados muestran que, contrario a la expectativa de la teoría de la identificación partidista, los independientes son propensos no solo a la abstención sino también a la anulación del sufragio. Además, se confirma que el perfil del votante anulista se asocia con un elector independiente, más que con uno identificado con un partido. El cuadro 8 robustece lo anterior, pues destaca que el efecto marginal de ser independiente es significativo estadísticamente y positivo (0,04). Esto confirma que no identificarse con un partido político incrementa la propensión a anular el voto en un 4%. Cuadro 8. Probabilidad de anular el voto y efecto marginal Independiente
0,08**
Partidista
0,04**
Efecto marginal (diferencia independiente y partidista)
+0,04**
Nota: **p<0,05 Fuente: cálculos propios a partir de modelo logístico multinomial.
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Ahora, respecto a la movilidad cognitiva, se aprecia en el cuadro 9 que esta tiene un efecto marginal diferenciado en la decisión de voto de los electores. Se observa que al pasar de un puntaje menor a uno mayor de movilidad cognitiva no hay un impacto significativo en el voto por un partido político, lo cual significa que los cambios en los valores de esa variable no representan una diferencia en la decisión de sufragar o no por un partido político. Sin embargo, esto no ocurre para la abstención y el voto nulo. Cuadro 9. Efectos marginales de la movilidad cognitiva siendo elector independiente Vota partido
0,13
Vota nulo
0,09**
No vota
-0,22**
Nota: **p<0,05 Fuente: cálculos propios a partir de modelo logístico multinomial.
En el primer caso se observa que, acorde con lo esperado, cuando se pasa de un puntaje bajo a uno alto de movilidad, la propensión a la abstención disminuye en un 22%, lo cual significa que los individuos con baja movilidad cognitiva son más propensos a la abstención que los de alta movilidad. De manera opuesta, se observa que cuando se pasa de un puntaje bajo a uno alto de movilidad aumenta la propensión a anular el voto en un 9%, lo que muestra que los individuos con alta movilidad son más propensos a anular la boleta. Estos resultados confirman el efecto diferenciado de la movilidad cognitiva, resaltando que el perfil del anulista no solo se caracteriza por la independencia partidista sino también por su alto nivel de movilidad cognitiva. Para confirmar con contundencia lo anterior se crearon distintos perfiles de votantes, haciendo interactuar la independencia partidista y el nivel de movilidad cognitiva, con el objetivo de verificar si existen diferencias en el comportamiento electoral de los independientes según sus niveles de movilidad cognitiva en el momento de sufragar por un partido político, abstenerse y anular el voto. En el gráfico 1 se observa que cuando el individuo es independiente, el nivel de movilidad cognitiva no tiene un efecto significativo en el voto por un partido político. Esto se aprecia porque las dos curvas de la gráfica se traslapan, resaltando la no significancia del efecto interactivo entre la independencia partidista y el nivel de movilidad cognitiva en el voto por un partido político. En este caso, no importa si el individuo posee un alto o un bajo puntaje de movilidad, pues ello no repercute en el aumento o disminución del voto por un partido. 72
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Gráfico 1. Probabilidad de voto por un partido político de elector independiente, según nivel de movilidad cognitiva
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Probabilidad de votar por un partido político Baja movilidad cognitiva
Alta movilidad cognitiva
Fuente: cálculos propios a partir del modelo logístico multinomial.
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Gráfico 2. Probabilidad de no votar de elector independiente, según nivel de movilidad cognitiva
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.2
.3
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Probabilidad de no votar Baja movilidad cognitiva
Alta movilidad cognitiva
Fuente: cálculos propios a partir del modelo logístico multinomial. 73
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De manera interesante, en el gráfico 2, referente a la abstención, sí se aprecian diferencias sustanciales. Se observa que cuando el individuo es independiente y tiene baja movilidad (línea continua) manifiesta una mayor tendencia a abstenerse de participar que el independiente con alta movilidad (línea punteada). En este caso, como las curvas no se traslapan, el efecto de la movilidad es significativo, por lo que se puede hablar de un comportamiento diferenciado entre los electores independientes con alta y baja movilidad cognitiva, repectivamente. Los de alta movilidad son menos propensos a la abstención que los de baja movilidad. Este hallazgo confirma la expectativa que señalaba que el independiente con baja movilidad cognitiva sería más propenso a abstenerse de votar, en comparación con su contraparte con alta movilidad. Al igual que en el gráfico anterior, en el gráfico 3 también se aprecian distinciones sustanciales, pero ahora en relación con el voto nulo. Se observa que cuando el individuo es independiente y tiene alto puntaje de movilidad cognitiva (línea punteada) se incrementa la probabilidad de anular el sufragio, y, de manera opuesta, cuando el individuo posee un bajo nivel de movilidad cognitiva (línea continua) disminuye su propensión a anular el sufragio. Este hallazgo confirma la expectativa de que el independiente con alta movilidad sería más propenso a
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Gráfico 3. Probabilidad de anular el voto de elector independiente, según nivel de movilidad cognitiva
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.2
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Probabilidad de anular el voto Baja movilidad cognitiva
Alta movilidad cognitiva
Fuente: cálculos propios a partir del modelo logístico multinomial. 74
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anular el voto de manera intencionada que el independiente con baja movilidad, y, además, expone claramente que el votante anulista y el abstencionista son totalmente diferentes. Estos hallazgos confirman que el perfil del elector que anula su voto de manera intencionada está condicionado por dos factores: la independencia partidista y el alto nivel de movilidad cognitiva. Ambos factores combinados producen y distinguen al elector que anula su voto intencionalmente del que se abstiene de votar o sufraga por algún partido político. Lo anterior pone de relieve la consideración de ambas características cuando se haga un análisis del votante y, en concreto, su decisión electoral el día de los comicios, sobre todo cuando se presente un nivel elevado de anulación del sufragio.
Consideraciones finales En este artículo se evaluó el perfil político del elector que anuló su voto en la elección federal de 2009 en México. Se encontró que los electores independientes con alta movilidad cognitiva son más propensos a anular el voto que aquellos con otro perfil electoral. Lo anterior enfatiza que ambas características deben ser consideradas cuando se analiza al elector que anula su voto de manera intencionada. Ambos factores no han sido considerados como cruciales en la caracterización de dicho votante, siendo esta una de las principales contribuciones de este documento a la literatura. Sin embargo, este hallazgo no restringe su impacto de manera exclusiva a la literatura sobre voto nulo, pues muestra también un avance con relación a estudios previos sobre la independencia partidista. En concreto, se muestra que la combinación de la movilidad cognitiva y la no identificación con un partido político repercute no solo en las actitudes políticas (confianza institucional, satisfacción con la democracia, evaluación económica y política) (Dalton 2013; Temkin, Solano y Del Tronco 2008), sino también en el comportamiento político, como la anulación del sufragio. Dependiendo de la combinación de ambas características, el elector tendrá menor o mayor tendencia a anular su voto o abstenerse de participar. En ese sentido, los electores que combinan altos puntajes de movilidad cognitiva con independencia partidista deben mostrar una tendencia favorable a la anulación del voto, más allá de las actitudes y opiniones señaladas en la literatura que aborda el tema. También se puede afirmar, en contraposición a lo argumentado por la teoría de la identificación partidista (Campbell et al. 1965), que dentro del grupo de electores independientes es posible distinguir dos tipos, según su grado de movilidad cognitiva. El primer grupo, con bajos puntajes, se caracteriza por ser 75
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marginal a la política, por estar poco interesado y tender a la abstención, y, el segundo, con altos puntajes, por estar muy interesado en los asuntos públicos, lejano de los partidos pero crítico de su trabajo, lo que lo lleva a expresarse políticamente, anulando su voto de manera intencionada el día de los comicios. Finalmente, es pertinente destacar las tareas pendientes que deja el estudio. En principio, es necesario problematizar el efecto que puede tener la insatisfacción con la democracia, señalada por Torcal, Montero y Gunther (2003), como un síntoma de desafección política y “apartidismo”. En este artículo se encontró que la independencia partidista tiene un efecto mayor que la variable de desafección en la elección de 2009 en México, pero surge un asunto que ha sido señalado por otros autores (Holmberg 2007): la posible existencia de causalidad inversa entre la variable de desafección y la de independencia partidista. Resolver cuál configura a la otra es una tarea pendiente de la ciencia política. Lo anterior genera la necesidad de profundizar en el estudio de la independencia partidista, ya que en la literatura esta ha sido entendida solo como la contraparte de la identificación con un partido. Sin embargo, antes de dar por sentada dicha afirmación habría que evaluar si el independiente pertenece a esa dimensión o podría conformar una dimensión diferente. Por último, esta investigación se enfoca únicamente en el ámbito electoral, lo cual abre la agenda para evaluar si el ciudadano independiente con alta movilidad cognitiva también es propenso a movilizarse en situaciones de protesta no electoral. Colofón: elección de diputados federales de 2015 en México En las elecciones intermedias del pasado 7 de junio de 2015 en México, el porcentaje de voto nulo fue 4,9%, menor que el de 2009 (5,4) y el de 2012 (5,0), pero rebasó la tendencia media desde 1997, la cual ronda el 3,8%. Algunos investigadores han mostrado que la asociación, a nivel estatal, entre el porcentaje de voto nulo y el nivel de escolaridad fue negativa (Cisneros 2015), lo cual da indicios para pensar que en estas elecciones el voto nulo estuvo caracterizado por los errores de votación, y no por una protesta sistemática como la de 2009. Aunque en 2015 también hubo difusión de la propuesta anulista, en esta ocasión no se formaron organizaciones para promover el voto nulo en las calles como la ANCA, y no hubo demandas asociadas con la anulación del voto. En 2009, después de las elecciones, y producto de los resultados, se incluyeron en la legislación electoral las candidaturas independientes y la consulta popular. Pero en esta ocasión (2015) no hubo demandas asociadas con el anulismo. Asimismo, en el debate público, a la par de la propuesta anulista, varios académicos promovieron el voto de castigo y criticaron al voto nulo por sus efectos ineficaces legal y políticamente, además de favorecedor del Partido 76
El perfil del votante anulista Gerardo Isaac Cisneros
Revolucionario Institucional (PRI) (Aparicio 2015; Salazar 2015). En esa medida, ante la poca repercusión política que podría generar la propuesta anulista frente al voto de castigo, no logró el arraigo que consiguió en 2009. Sin embargo, estos resultados son a nivel agregado, por lo que, para no caer en la llamada falacia ecológica, es pertinente evaluar si, de nuevo, en 2015 los electores que anularon su voto fueron independientes con alta movilidad cognitiva. Esta es otra tarea pendiente que deja este artículo.
Referencias 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13.
Aguayo, Sergio. 2009. “Ética y política”. Reforma (blog), junio 24. URL: http:// www.sergioaguayo.org/images/PDF/HISTORICO/REFORMA/2009/Aguayo_ Eticaypolitica_090624.pdf Ahern, Patrick, Neal Cotter y Duncan Hall. 2012. “¿Puede existir una democracia sin partidos políticos? La educación aumenta el apoyo a una democracia basada en partidos en América Latina y el Caribe”. Perspectivas desde el Barómetro de las Américas 83: 1-11. Aldashev, Gani y Giovanni Mastrobuoni. 2010. “Invalid Ballots and Electoral Competition”. Carlo Alberto Notebooks 153 (octubre): 1-39. Almond, Gabriel y Sidney Verba. 1970. La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones. Madrid: Eurámerica. Alonso, Jorge. 2010. “El movimiento anulista en 2009 y la abstención”. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad XIV (47): 9-46. Aparicio, Javier. 2012. “Voto nulo y coaliciones 2012”. Javier Aparicio dot net. julio 15. http://javieraparicio.net/2012/07/15/voto-nulo-coaliciones-2012/ Aparicio, Javier. 2015. “¿Voto nulo o voto de castigo? El debate”. Javier Aparicio dot net. mayo 29. http://javieraparicio.net/2015/05/29/voto-nulo-a-debate/ Batista, Frederico. 2011. “Niveles de conocimiento político a través de la división urbano-rural en América Latina y el Caribe”. Perspectivas desde el Barómetro de las Américas 68: 1-8. Berglund, Frode, Hermann Schmitt, Sören Holmberg y Jacques Thomassen. 2005. “Party Identification and Party Choice”. En The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies, 106-24. Nueva York: Oxford University Press. Campbell, Angus, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes. 1965. The American Voter. Nueva York: John Wiley and Sons. Carlin, Ryan. 2005. “To Vote or Not to Vote... or to Spoil the Ballot: Changing Patterns of Electoral Participation in Post-Authoritarian Chile”. Tesis de Maestría en Ciencia Política, University of North Carolina at Chapel Hill. Cervantes, Jesusa. 2009. “Anulación: a construir algo”. Proceso. México. URL: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=84771 Cisneros, Isaac. 2012. “La movilización por la anulación del voto en 2009: una nueva forma de protesta política”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 215 (agosto): 161-180. URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/ article/view/34660/46903
77
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14. 15.
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24. 25. 26. 27. 28.
29.
78
Cisneros, Isaac. 2013. “Movilización, escolaridad y voto nulo. La elección federal de 2009 en México”. Política y Gobierno XX (1): 39-78. URL: http://www.scielo. org.mx/pdf/pyg/v20n1/v20n1a2.pdf Cisneros, Isaac. 2015. Voto nulo 2015: ¿voto de protesta? (Video). Las elecciones de México 2015: continuidades y rupturas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. https://www.youtube.com/watch?v=TetESNb54gk&feature=youtu.be Clarke, Harold y Marianne Stweart. 1998. “The Decline of Parties in the Minds of Citizen”. Annual Review of Political Science 1 (junio): 357-378. DOI: dx.doi. org/10.1146/annurev.polisci.1.1.357 Crespo, José. 2009. “Nuestra partidocracia crece... y se fortalece”. Excélsior, abril 27. URL: http://democraciamexico.blogspot.mx/2009/04/nuestra-partidocracia-crece-y-se.html Crespo, José. 2010. “México 2009: abstención, voto nulo y triunfo del PRI”. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Dalton, Russell. 1984. “Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies”. The Journal of Politics 46 (1): 264-84. Dalton, Russell. 2007. “Partisan Mobilization, Cognitive Mobilization and the Changing American Electorate”. Electoral Studies 26: 247-286. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2006.04.009 Dalton, Russell. 2012. “Apartisans and the Changing German Electorate”. Electoral Studies 31: 35-45. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2011.06.005 Dalton, Russell. 2013. The Apartisan American: Dealignment and Changing Electoral Politics. Irvine: SAGE, CQ Press. Evans, Geoffrey y Stephen Whitefield. 1995. “The Politics and Economics of Democratic Commintment: Support for Democracy in Transition Societies”. British Journal of Political Science 4 (25): 485-514. DOI: dx.doi.org/10.1017/ S0007123400007328 Fearon, James. 2002. “Control electoral y control de los políticos: la selección de buenos tipos frente a la sanción del mal gobierno”. Zona Abierta 100/101: 137-188. Freedman, David. 1999. “Ecological Inference and the Ecological Fallacy”. Documento preparado para la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Galatas, Steven. 2008. “None of the Above? Casting Blank Ballots in Ontario Provincial Elections”. Politics and Policy 36 (3): 448-473. DOI: dx.doi.org/10.1111/ j.1747-1346.2008.00116.x Green, Donald, Bradley Palmquist y Eric Schinckler. 2002. Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters. Nueva Haven: Yale University Press. Hagopian, Frances. 1998. “Democracy and Political Representation in Latin America in the 1990s: Pause, Reorganization, or Decline?” En Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America, editado por Felipe Agüero y Jeffrey Stark, 99-143. Miami: North-South Center Press. Hirczy, Wolfgang. 1994. “The Impact of Mandatory Voting Laws on Turnout: A Quasi-Experimental Approach”. Electoral Studies 13 (1): 64-76. DOI: dx.doi. org/10.1016/0261-3794(94)90009-4
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38. 39. 40. 41. 42. 43.
44. 45. 46.
Holmberg, Sören. 2007. “Partisanship Reconsidered”. En The Oxford Handbook of Political Behaviour, editado por Russell Dalton y Hans‐Dieter Klingemann, 557-560. Oxford: Oxford University Press. Instituto Federal Electoral. 2010. “Análisis descriptivo sobre las características de los votos nulos y votos por candidatos no registrados emitidos en las elecciones federales de 2009”. México: IFE. Lavareda, José. 1991. A democracia nas urnas: o processo partidário eleitoral brasileiro. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora. Lewis-Beck, Michael. 2008. The American Voter Revisited. Ann Arbor: University of Michigan Press. Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). 2014. Artículo 288, apartado 2. Luskin, Robert. 1990. “Explaining Political Sophistication”. Political Behavior 12 (4): 331-361. DOI: dx.doi.org/10.1007/BF00992793 Lutz, Bruno y Alejandro Espinoza. 2005. “El palimpsesto del abstencionimo electoral en México o la democracia a prueba”. Espacios Públicos 8 (15): 51-76. URL: http://www.redalyc.org/pdf/676/67681505.pdf Mateo, Mercedes y Daniel Zovatto. 2005. “Voter Turnout in Latin America During the Third Wave of Democratization in the Light of Latin American Barometer Data”. Ponencia presentada en la conferencia 10 años de Latinobarómetro, septiembre 19-20. Oxford. McAllister, Ian y Toni Makkai. 1993. “Institutions, Society or Protest? Explaining Invalid Votes in Australia Elections”. Electoral Studies 12 (1): 23-40. DOI: dx.doi. org/10.1016/0261-3794(93)90004-4 Moreno, Alejandro. 2003. El votante mexicano. Democracia, actitudes políticas y conducta electoral. México: Fondo de Cultura Económica. Power, Timothy y James Garand. 2007. “Determinants of Invalid Voting in Latin America”. Electoral Studies 26 (2): 432-444. DOI: dx.doi.org/10.1016/j. electstud.2006.11.001 Power, Timothy y Timmons Roberts. 1995. “Compulsory Voting, Invalid Ballots and Abstention in Brazil”. Political Research Quartely 48 (4): 795-826. DOI: dx. doi.org/10.1177/106591299504800407 Salazar, Rodrigo. 2015. “¿A quién favorece el voto nulo?” HSeldonianos, marzo 28. http://hseldonianos.blogspot.mx/2015/03/a-quien-favorece-el-voto-nulo.html. Salazar, Rodrigo y Benjamín Temkin. 2007. “Abstencionismo, escolaridad y confianza en las instituciones. Las elecciones federales de 2003 en México”. Política y Gobierno XIV (1): 5-42. URL: file:///C:/Users/colombiainternaciona/Downloads/ DOCT2065609_ARTICULO_1.PDF Sánchez, Fernando. 2002. “Desalineamiento electoral en Costa Rica”. Ciencias Sociales IV (98): 29-52. URL: http://www.redalyc.org/pdf/153/15309804.pdf Stiefbold, Rodney. 1965. “The Significance of Void Ballots in Western German Elections”. The American Political Science Review 59 (2): 391-407. DOI: dx.doi. org/10.2307/1953057 Temkin, Benjamín, Sandra Solano y José Del Tronco. 2008. “Explorando el ‘apartidismo’ en México: ¿apartidistas o apolíticos?” América Latina Hoy 50 (diciembre): 119-145. URL: http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/ view/1344/1415
79
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47. 48. 49.
50. 51. 52. 53.
The Comparative Study of Electoral Systems (http://www.cses.org/). CSES MODULE 3 FULL RELEASE [dataset]. Marzo 27, 2013 version. DOI: dx.doi. org/10.7804/cses.module3.2013-03-27 Tóka, Gábor. 2002. “Voter Inequality, Turnout and Information Effects in a Cross National Perspective”. Working Paper 297. Hellen Kellogg Institute. Torcal, Mariano, José Ramón Montero y Richard Gunther. 2003. “Ciudadanos y partidos en el sur de Europa: los sentimientos antipartidistas”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 101: 9-48. URL: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=99717912001 Troumponis, Orestis. 2010. “Institutions, Society or Protest? Explaining Abstention, Blank and Null Voting”. Tesis de Doctorado en Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona. Uggla, Fredrik. 2008. “Incompetence, Alienation, or Calculation? Explaining Levels of Invalid Ballots and Extra Parliamentary Votes”. Comparative Political Studies 41 (8): 1141-1164. DOI: dx.doi.org/10.1177/0010414007301702 Verba, Sidney y Norman Nie. 1972. Participation in America. Political Democracy and Social Equality. Nueva York: Harper & Row Publishers. Zulfikarpasic, Adélaïde. 2001. “Le vote blanc: abstention civique ou expresion politique?” Revue Francaise de Science Politique 2 (1): 247-68. DOI: dx.doi. org/10.3917/rfsp.511.0247
H
Gerardo Isaac Cisneros Yescas es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Investigación en Ciencia Política por la FLACSO, sede México. Actualmente es asesor en el Instituto Electoral del Distrito Federal en México. Sus líneas de investigación son comportamiento político, opinión pública y actitudes políticas en México y América Latina. *
80
isaac.cisneros.ye@gmail.com
Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá María Camila Angulo Amaya Universidad de los Andes (Colombia) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.03 RECIBIDO: 20 de abril de 2015 APROBADO: 8 de julio de 2015 MODIFICADO: 4 de noviembre de 2015
El presente artículo analiza, de manera exploratoria, la relación de mutua causalidad entre el comportamiento electoral y la simpatía partidista de los ciudadanos bogotanos como proxy de su identidad partidista. Específicamente, se plantea cómo la simpatía partidista incide en la decisión de voto de los ciudadanos, y cómo dicha decisión asimismo afecta su simpatía por un partido político. El análisis desarrollado permite concluir que en sistemas políticos con partidos poco disciplinados, el voto programático no es decisivo en los comicios, por lo que es más factible encontrar una mayor fuerza de asociación entre la decisión de voto y la simpatía partidista después de las elecciones, que viceversa.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: elecciones • comportamiento político • voto (Thesaurus) • simpatía
partidista (palabras clave autor)
H Este artículo surge a partir del trabajo de grado sustentado en noviembre de 2014 para optar al título de Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia). El artículo no contó con financiación. 81
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Voting Intention and Party Preference in Bogota This article presents an exploratory analysis of the relationship of mutual causality between electoral behaviour and party preference among the citizens of Bogota as a proxy for partisan identity. Specifically, it shows how party preference affects the voting decision of citizens, as well as how said decision also affects their preference for a particular political party. The analysis developed makes it possible to conclude that in political systems where political parties have little discipline, programmatic voting is not decisive in elections, which is why one is more likely to find a stronger connection between voting decision and party preference than vice versa.
ABSTRACT:
KEYWORDS: elections • political behaviour • voting (Thesaurus) • party identification (author’s keywords)
H
Intenção de voto e simpatia partidária em Bogotá O presente artigo analisa, de maneira exploratória, a relação de mútua causalidade entre o comportamento eleitoral e a simpatia partidária dos cidadãos de Bogotá como proxy de sua identidade partidária. Especificamente, apresenta-se como a simpatia partidária incide na decisão de voto dos cidadãos, e como essa decisão também afeta sua simpatia por um partido político. A análise desenvolvida permite concluir que, em sistemas políticos com partidos pouco disciplinados, o voto programático não é decisivo nas eleições, tornando-se mais provável encontrar uma maior força de associação entre a decisão de voto e a simpatia partidária depois das eleições e vice-versa.
RESUMO:
comportamento político • voto (Thesaurus) • eleições • simpatia partidária (palavras-chave autor)
PALAVRAS-CHAVE:
82
Introducción En las elecciones a la Alcaldía de Bogotá (Colombia) de 2011 se presentaron nueve candidatos para una elección uninominal, cada uno como representante de un partido o movimiento político distinto. Uno de los candidatos, Gina Parody, se lanzó a la Alcaldía como candidato independiente, a través del movimiento Gina Parody Alcaldesa. El Partido Liberal contó con David Luna como candidato, mientras que el Polo Democrático Alternativo postuló a Aurelio Suárez. Los partidos Cambio Radical y Progresistas participaron en los comicios con sus directores respectivos, Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro. Por su parte, el Partido Verde y el Partido de la U formaron una coalición, a pesar de sus diferencias ideológicas, presentando a Enrique Peñalosa como su candidato. Finalmente, el partido MIRA se presentó a las elecciones con Carlos Guevara; el Partido de Integración Nacional postuló a Gustavo Alonso Páez; y el partido Autoridades Indígenas de Colombia compitió por la Alcaldía de la capital con Jaime Castro como su representante. Gustavo Petro (del partido Progresistas) fue elegido alcalde en un contexto típicamente abstencionista, por un número de ciudadanos menor a la mitad de bogotanos habilitados para votar en dichos comicios, convirtiéndose en el tercer alcalde electo de manera consecutiva en la capital que representa a un sector político de izquierda. Las victorias electorales de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro (políticos con carrera pública desde diferentes instituciones pero que confluyen en el partido Polo Democrático) sugieren que la simpatía partidista en la capital ha sido significativa para guiar a estos excandidatos a la victoria en las elecciones a la Alcaldía. Sin embargo, de acuerdo con los datos de García y Botero (2012), el 73,4% de los bogotanos afirma no sentir simpatía por algún partido político. Este escenario permite plantear la siguiente pregunta: ¿De qué forma la simpatía partidista de los ciudadanos guía su comportamiento electoral? En la década de 1960, tras la publicación de The American Voter (Campbell et al. 1960) por parte de la Escuela de Michigan, la identidad partidista adquirió reconocimiento como “el Santo Grial de los estudios sobre el voto” (Holmberg 1994, 93), debido a su potencial como determinante de las actitudes y el comportamiento de los ciudadanos en elecciones presidenciales. Sin embargo, dos décadas después, las críticas teóricas y metodológicas respecto a la identidad partidista ganaron fuerza en este tipo de estudios. En general, estas críticas “tendían a ver la identidad partidista como un fenómeno más endógeno, cercano a la decisión de voto y afectado por fuerzas de corto plazo” (Holmberg 1994, 94). De igual modo, consideraban difícil asignar un componente direccional a la identidad partidista, 83
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dada su falta de estabilidad. Además, postularon que la intención de voto puede presentarse con antelación a la identificación partidista entre los votantes, lo que problematizó la dirección de la causalidad entre los dos fenómenos. A partir de dicha discusión teórica, este artículo exploratorio analiza la relación de (mutua) causalidad entre identidad partidista (tomando la simpatía partidista como proxy de este primer fenómeno) e intención de voto en Bogotá. En este contexto, el sistema electoral favorece al voto personalista sobre el programático (Carey y Shugart 1995) y a movimientos políticos ad hoc (movimientos fundados específicamente para las elecciones en las que participan). Además, se ha visto una proliferación de partidos para cargos uninominales, lo cual hace más compleja la relación de los ciudadanos con los partidos y representantes políticos de su contexto, pues, a mayor cantidad de opciones, puede resultar más difícil elegir. Según los datos de García y Botero (2012), la simpatía partidista de los bogotanos cambia en cortos períodos, y su intención de voto es inestable. Aun así, en las últimas tres elecciones a la Alcaldía de la capital han salido victoriosos candidatos relacionados con partidos de izquierda, manteniéndose altos los niveles de abstencionismo, lo que puede estar relacionado con el elevado porcentaje de personas que reportan no simpatizar con algún partido. Los lineamientos anteriores del escenario electoral bogotano permiten plantear que las dos corrientes teóricas principales que explican la relación entre identidad partidista y voto pueden no reflejar de manera apropiada lo que sucede en la capital colombiana. En ese orden de ideas, este artículo analiza datos correspondientes al comportamiento electoral y la opinión pública de los bogotanos para las elecciones a la Alcaldía de 2011, con el propósito de aportar a la comprensión de la relación entre simpatía partidista e intención de voto.
1. Revisión de literatura En la década de 1960, The American Voter (Campbell et al. 1960) estableció la visión canónica de la identidad partidista. Dicha visión argumenta que el apego de los ciudadanos hacia un partido político determina sus evaluaciones políticas y comportamientos electorales. Como tal, la identidad partidista se conceptualizó como un indicador social de la orientación afectiva de los individuos hacia un partido político (Campbell et al. 1960, 121). Dicha orientación afectiva del concepto corresponde a la base psicosocial a partir de la cual se desarrollaron los lineamientos de la Escuela de Michigan. De manera consecuente, la identidad partidista, como concepto, hacía énfasis en factores psicoafectivos, como el apego emocional, la sensación de pertenencia y el valor emocional ligado a una membrecía (Holmberg 2007). 84
Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá María Camila Angulo Amaya
Dado que la Escuela de Michigan encontró en la socialización temprana de los individuos el surgimiento de su identificación partidista y recalcó que dicho apego es altamente resistente, la identidad partidista se estableció como un unmoved mover (motivador inamovible). En otras palabras, la identidad partidista se definió como una simpatía persistente e intrínsecamente pegajosa1 (Johnston 2006, 329) hacia un partido político, con una serie de predisposiciones psicológicas de largo plazo que moldean las actitudes de los ciudadanos, su comportamiento electoral, y los orientan políticamente (Dalton y Weldon 2007, 179). Aunque el concepto fue muy bien recibido, en especial por la comunidad académica estadounidense, en la década de 1970 las críticas a esta perspectiva toman fuerza y ganan visibilidad, debido al aumento en la proporción de ciudadanos estadounidenses no partidistas. Esta evidencia llevó a cuestionar el principio de inamovilidad otorgado a la identidad partidista, puesto que contextualmente se mostraba cambiante. De manera simultánea, las críticas identificaron una disonancia entre la literatura sobre identidad partidista y la realidad, lo que motivó el desarrollo de una nueva aproximación al concepto, basada en la teoría de elección racional. Dicha aproximación apuntaba a otorgar un carácter político (en vez de psicosocial, como lo hizo la Escuela de Michigan) a la identidad partidista como indicador evolutivo de la relación entre los individuos y los partidos políticos (Fiorina 2002). En ese orden de ideas, […] se veía la identidad partidista como un previo bayesiano, una sumatoria de consideraciones acumuladas a la fecha en la vida del votante (Calvert y MacKuen 1985; Fiorina 1981; Ordeshook 1976). Como tales, las identificaciones son susceptibles de moverse —al menos de presentar un desplazamiento en su intensidad— a corto plazo, de una elección a la siguiente. (Johnston 2006, 333)
De forma más simple, para que la identidad partidista genere comportamientos políticos racionales, esta debe definirse como un índice o referente partidista retrospectivo para los ciudadanos, creado a partir de sus evaluaciones sobre el desempeño pasado de los partidos en su entorno (Fiorina 2002), es decir, como un índice basado en la lógica castigo-recompensa (Fiorina 1981). “Fiorina veía una identidad partidista potencialmente volátil, racional y basada en la política, con una clara posición endógena en el embudo de causalidad” (Holmberg 2007, 559). Dicha endogeneidad explica el cambio de la identidad partidista, mientras que enfatiza la
1 En palabras del autor, intrinsically sticky (Johnston 2006, 329). 85
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causalidad recíproca como un problema potencial, puesto que “la identidad partidista moldea comportamientos, actitudes y percepciones, del mismo modo en que es moldeada por actitudes, percepciones y comportamientos”2 (Holmberg 2007, 562). Estudios sobre identidad partidista en Latinoamérica apuntan a que esta es “principalmente moldeada por factores políticos, no por variables sociales. Y no es un fenómeno especialmente estable. Por ejemplo, tendencias de desalineamiento son visibles en nuevas democracias en Latinoamérica” (Holmberg 2007, 566). Estas tendencias consisten en la ocurrencia de un cambio en los patrones electorales, caracterizado por la “pérdida progresiva de respaldo electoral por parte de los principales grupos políticos [, el] debilitamiento de las lealtades afectivas, habituales, y estables del electorado hacia los partidos, […] aumentos en los niveles de abstencionismo, y […] cambios notables y alzas en la volatilidad en los patrones de votación” (Sánchez 2002, 30-32). En el caso colombiano, el desalineamiento se hace visible por una volatilidad electoral que se ha incrementado desde 1990 (Mainwaring y Zoco 2007, 170) y por el hecho de que los partidos políticos son uno de los grupos públicos de menor confianza entre los ciudadanos (García, Rodríguez y Seligson 2013), lo que va de la mano con una considerable volatilidad en los referentes partidistas en el momento de reportar con cuál partido político simpatizan, como lo muestra la gráfica 1. Además, para 2012 Colombia se situó como el sexto país en Latinoamérica con el menor número de ciudadanos simpatizantes de partidos políticos (Seligson y Rodríguez-Raga 2012, 157), y en 2014 el abstencionismo en las elecciones presidenciales alcanzó niveles del 60% en la primera vuelta y 53% en la segunda (Registraduría Nacional del Estado Civil 2014). Aunque la literatura ha tratado el proceso de desalineamiento en Colombia, no ofrece un análisis sobre la relación entre la identidad partidista y la intención de voto en el país. Para analizar dicho vínculo en el contexto colombiano resulta oportuno contar con un estudio de panel previo y posterior a elecciones presidenciales en el que se reporten la identidad partidista de los ciudadanos y su comportamiento electoral. Desafortunadamente, un estudio de estas características no se ha llevado a cabo a nivel nacional. Sin embargo, García y Botero (2012) desarrollaron un estudio de panel para la capital del país, en el que la simpatía partidista se toma como proxy de identidad partidista, específicamente para las elecciones
2 En contextos distintos al estadounidense se presentó con mayor evidencia el problema de endogeneidad entre identidad partidista e intención de voto, al encontrarse para el caso sueco correlaciones mayores de 0,90 entre ambas variables, por ejemplo, lo cual indica que ambas medidas podían estar captando un mismo fenómeno de relación con el ambiente político; mientras que en Estados Unidos la correlación promedio para las elecciones entre 1952 y 1988 fue de 0,70 (Holmberg 1994). 86
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Gráfica 1. Simpatía partidista reportada por los colombianos al Barómetro de las Américas (2008-2014) 100%
80%
3,0% 2,4% 2,7%
4,1% 0,7% 5,3% 18,9%
17,6% 0,6% 2,6%
31,3%
9,2%
12,4%
2,5% 4,2%
1,4% 4,6%
8,1% 3,0% 2,0% 2,7%
12,3%
27,9% 25,6% 35,0%
15,3%
27,0%
41,9%
60% 12,5%
14,3%
4,8%
40%
20,0%
2,8% 3,5%
6,1%
3,5% 12,4%
13,5%
21,9%
12,9%
5,0%
8,3%
13,4% 20%
41,3%
31,4%
28,1%
38,6%
18,9% 0%
2008
2009
9,5%
39,1%
13,8% 2010
2011
2012
2013
2014
Partido Político Partido Liberal
Partido de la U
Partido Conservador
Cambio Radical
Partido Democrático
Partido Verde
Centro Democrático
Otro
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
a la Alcaldía de 2011. La disponibilidad de estos datos permite explorar la mutua causalidad entre la simpatía partidista y el comportamiento electoral en Bogotá. De acuerdo con la literatura, los comicios en Bogotá se han caracterizado por altos niveles de abstencionismo, así como por la pérdida de fuerza de los dos partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) y por el voto fraccionado3 (Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos
3 Este fenómeno consiste en el desplazamiento del voto de forma indistinta hacia candidatos de diferente origen partidista e ideológico. Este comportamiento electoral puede estar motivado por el voto de opinión, por intereses materiales o por el clientelismo (ver, Instituto Luis Carlos Galán 2001, 175-6). 87
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Galán 2001). Igualmente, la pluralidad partidista y la falta de control de estas agrupaciones sobre sus afiliados se hacen evidentes en la postulación de varias candidaturas desde un mismo partido4 y en la participación de candidatos con movimientos políticos ad hoc o por fuera de los partidos de origen, con el propósito de que su imagen personal les permita eludir el desprestigio de las organizaciones políticas tradicionales.5 En lo referente a la disminución del abstencionismo en la capital, se observa que la votación no ha sido captada exclusivamente por candidaturas de partidos tradicionales ni nuevas alternativas electorales, sino por el voto en blanco y nulo, con porcentajes de 2% y 3%, respectivamente, en 2011, como se puede observar en la tabla 1, y como lo mencionan Reyes Torres (2001) y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán (2001). Esto indica un rechazo de la oferta electoral y el constante debilitamiento de los partidos tradicionales. Lo anterior, sumado a la gran cantidad de microempresas electorales en la oferta de los comicios, ha llevado a identificar al voto de opinión como el decisivo en dichas elecciones (Pasotti 2010). Por ello, se tiene que la simpatía partidista no se postularía como un determinante del comportamiento electoral de los ciudadanos de la capital, ciudad considerada como vital para ganar visibilidad política a nivel nacional e impulsarse en la disputa por la Presidencia de la República (ILCG 2001, 18). Aun así, los tres últimos alcaldes de la ciudad han sido representantes de partidos de izquierda, lo cual señala un realineamiento ideológico y partidista del electorado bogotano, que permite cuestionar si la simpatía partidista ha tenido un papel preponderante en las últimas tres elecciones a la Alcaldía de Bogotá; y si la decisión de voto de los ciudadanos incide en su simpatía partidista.
4 Esto se observa claramente en las elecciones de 1988 y 1997 a la Alcaldía, donde se presentaron siete candidaturas en el Partido Liberal (ver, Instituto Luis Carlos Galán 2001). 5 Ver, Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán (2001, 175). Esto se puede ejemplificar con las candidaturas de Peñalosa para las elecciones de 1997 y 2007, en las que participó desde el Movimiento por la Bogotá que Queremos y Peñalosa Alcalde, respectivamente, aunque fuese conocida su simpatía liberal. Igualmente, este fenómeno se observa en la candidatura de Petro para las elecciones de 2011, en las que se presentó con el Movimiento Progresistas, a pesar de ser conocida su trayectoria política desde el Polo Democrático. 88
Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá María Camila Angulo Amaya
Tabla 1. Elecciones para la Alcaldía de Bogotá, 1988-20116 Año de elección
% abstención
% votos nulos
% voto en blanco
% censo
Candidato electo
Partido electo
Candidatos totales
1988
40,18
0,33
0,33
19,5
Andrés Pastrana
Conservador
21
1990
52,08
0,56
0,16
31,2
Juan Martín Caicedo
Liberal
11
1992
73,75
0,89
11,65
14
Jaime Castro
Liberal
17
1994
70,23
3,12
2,7
18,5
Antanas Mockus
Independiente
3
Movimiento por la Bogotá que Queremos
15
1997
57,27
0,99
4,27
20
Enrique Peñalosa
2000
55,21
1,01
2,39
19
Antanas Mockus
ASIANUPACVisionario
11
2003
56,49
0,85
2,64
20,3
Luis Eduardo Garzón
Polo Democrático Independiente
14
2007
52,13
1,15
4,04
21
Samuel Moreno Rojas
Polo Democrático Alternativo
6
2011
52,59
2,05
3,41
14,7
Gustavo Petro
Progresistas
9
Fuente: información tomada de ILCG (2001) y Registraduría del Estado Civil.
2. Métodos de análisis y datos Para comprender la relación entre simpatía partidista e intención de voto, y considerando que la endogeneidad resaltada por la literatura entre identidad partidista y comportamiento electoral impide analizar su relación mediante modelos estadísticos de manera puntual, se recurre a un análisis de fuerza de asociación entre los 6 Datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán (2001). 89
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dos fenómenos a partir del cálculo de valores Lambda.7 Estos valores se calculan para la relación entre simpatía partidista e intención de voto en distintos tiempos,8 lo que permite conocer en qué momentos es más fuerte la asociación entre las dos variables, así como cuál variable incide con mayor fuerza sobre la otra. Por lo anterior, el cálculo de valores Lambda de Goodman y Kruskal (1954; 1959) resulta propicio para determinar si hay o no una relación de mutua causalidad entre los dos fenómenos, y, en caso de que no se encuentre, los valores permitirán determinar cuál de las dos variables ejerce mayor guía o fuerza de determinación sobre la otra. Estos criterios llevaron a no considerar como métodos de análisis apropiados el desarrollo de regresiones, tablas de contingencia simples o árboles de clasificación para cumplir el objetivo del artículo. Adicionalmente, se propone un análisis por escenarios con una serie de categorías, donde es posible agrupar a los encuestados de acuerdo con las combinaciones posibles de estabilidad o cambio en su simpatía partidista e intención de voto, permitiendo identificar el efecto que tiene la simpatía partidista sobre la decisión de voto de los ciudadanos para aportar a la solución de la mutua causalidad entre estos dos fenómenos. Los datos que se emplean para el desarrollo del artículo provienen del estudio de panel para Bogotá realizado por García y Botero (2012). Dicho estudio recolecta información sociodemográfica de los ciudadanos bogotanos, de su comportamiento electoral y de sus actitudes políticas antes y después de las elecciones a la Alcaldía de 2011. La encuesta es un estudio de panel, cuyas muestras fueron desarrolladas utilizando un diseño probabilístico multi-etápico por clústers (con
7 El Lambda de Goodman y Kruskal es una medida de asociación para variables nominales. Su cálculo se basa en la Reducción Proporcional de Errores, siendo su fórmula Lambda=(E1-E2)/E1, donde E1 equivale al N (total) – N (moda de la variable dependiente), y E2 equivale a Σ (N (categoría) – N (moda por categoría)) (Boston University, Metropolitan College s. f.). “Lambda tiene tres versiones: dos asimétricas (para cuando una de las dos variables se considera independiente y la otra dependiente) y una simétrica (para cuando no existe razón para distinguir entre variable independiente y dependiente) […] Lambda toma valores entre 0 y 1. Un valor de 0 indica que la variable independiente […] no contribuye en absoluto a reducir el error de predicción. Un valor de 1 indica que […] la variable independiente permite predecir con toda precisión a qué categoría de la variable dependiente pertenecen los casos clasificados. Cuando dos variables son estadísticamente independientes, lambda vale 0” (Universidad Complutense de Madrid s. f., 16). Los coeficientes reportados en los resultados corresponden a la versión simétrica de Lambda. Así, se evita asumir la dirección de la fuerza de asociación de manera errónea. 8 Específicamente, se calculan cuatro coeficientes Lambda o medidas de fuerza de asociación. La primera capta la relación entre simpatía partidista e intención de voto, medidas antes de las elecciones. La segunda capta la fuerza de asociación entre los dos fenómenos, medidos después de las elecciones, es decir, entre simpatía partidista y recuerdo de voto como proxy de intención de voto. La tercera medida refleja la fuerza de asociación entre simpatía partidista medida antes de las elecciones y recuerdo de voto reportado después de las elecciones. La cuarta medida muestra la relación entre simpatía reportada después de las elecciones e intención de voto antes de las elecciones. 90
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cuotas a nivel del hogar) y estratificadas por localidad, barrio y zona (urbana y rural). Cuenta con dos olas, realizadas entre septiembre de 2011 y enero de 2012, con una muestra de ciudadanos en edad de votar. La primera ola se realizó cara a cara cuatro semanas antes de las elecciones (las cuales se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011), y se entrevistaron 713 personas. La segunda ola se desarrolló vía telefónica una semana después de los comicios, con una tasa de deserción del 15%. Los datos de este estudio, con un margen de error de 4%, permiten ahondar en la endogeneidad entre los dos fenómenos de interés, puesto que al contar con un t1 y un t2 es posible fracturar la mutua causalidad de los dos fenómenos al establecer cuál se presentó con antelación y de qué modo incidió en el otro. Para captar la simpatía partidista de los bogotanos se tomó la pregunta semiabierta VB11: “¿Con cuál partido político simpatiza usted?” Esta pregunta se formuló en las dos olas del panel y contó con un listado de dieciocho partidos políticos como opciones de respuesta, más las opciones “No sabe, No responde” y “Otro”. Para los propósitos de este artículo, la variable fue recodificada de tal forma que los partidos que no contaron con un candidato en las elecciones analizadas quedaron agrupados como “Otros”, otorgándoles así mayor visibilidad a los partidos con candidatos (Liberal, Conservador, Polo Democrático, Cambio Radical, Progresistas, Partido Verde y Partido de la U). Dicha recodificación se realizó para la variable medida en las dos olas. Con respecto a la intención de voto, su medición se realizó a partir de la pregunta semiabierta COLVBLOC1B: “¿Por qué candidato piensa votar en las elecciones de alcalde de octubre próximo?” Las opciones de respuesta incluían a todos los candidatos a la Alcaldía, más las opciones de respuesta “No sabe, No responde” y “Otro”. Debido a que entre la primera y segunda ola del panel se oficializaron las candidaturas de los principales contendientes, algunos de los personajes incluidos dentro de las opciones de respuesta para esta pregunta en la primera ola debieron ser eliminados en la segunda, como en el caso de Antanas Mockus, quien era un contendiente tentativo a la Alcaldía, antes de las elecciones, pero no formalizó su nominación. Por ello, la variable se recodificó de tal forma que los candidatos durante la primera ola que no participaron en las elecciones, que se postularon como candidatos independientes o acumulaban una intención de voto residual, se agruparon en la opción “Otros”, visibilizando a los candidatos de partidos (Liberal, Conservador, Polo Democrático, Cambio Radical, Progresistas, Partido Verde y Partido de la U). Adicionalmente, dado que resulta necesario medir la intención de voto como previa a la simpatía partidista, en la segunda ola se toma la pregunta COLVBLOC1B_2: “¿Por qué candidato votó en las elecciones de Alcalde de Bogotá del pasado 30 de octubre?” Esta tuvo las mismas opciones de respuesta, como recuerdo de voto, proxy de la intención en t2. 91
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Sobre los datos, es importante resaltar que se emplean por ser los únicos disponibles con la información necesaria para responder a las motivaciones que guían este artículo. Estos datos, sin embargo, por la compleja naturaleza de las elecciones a la Alcaldía de 2011, postulan una serie de obstáculos metódicos para dar respuesta a la pregunta de investigación. Esto justifica la agrupación de categorías ya mencionada, con el propósito simultáneo de trabajar con el mayor número de observaciones posible y reducir el espectro de categorías de análisis, en un intento de simplificar el análisis de datos y el diagnóstico del escenario estudiado.
3. Simpatía Partidista (SP) e Intención de Voto (IV) en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, 2011 El electorado bogotano para los comicios de 2011 puede definirse en su mayoría como ciudadanos sin simpatía partidista y con una intención de voto más volátil que su simpatía partidista, como lo indica la tabla 2. Tabla 2. Electorado bogotano, 2011 Electorado
Porcentajes
Personas con SP
26,6
Personas con SP que cambiaron su SP1*
52,6
Persona con cambios en su reporte de SP2**
21,5
Personas que cambiaron su IV
44,5
Fuente: elaboración propia. Análisis de datos realizado a partir del estudio de panel. * Este porcentaje se calcula a partir del grupo de bogotanos que afirma identificarse con algún partido político. ** Incluye a los ciudadanos que en la primera ola del estudio afirmaron no identificarse con algún partido político, por lo que los cambios en simpatía partidista reportados también consideran a aquellos sin afinidad que pasaron a identificarse con algún partido.
Los porcentajes anteriores permiten cuestionar el potencial de la SP como unmoved mover, la cual parece no encontrarse entre los votantes bogotanos. En este caso se observa que más de la mitad de los ciudadanos con SP afirmaron cambiar su simpatía después de las elecciones (52,6%),9 indicando que dicha afinidad no es inamovible. Al calcular el porcentaje de personas que reportaron
9 Sobre este cambio debe considerarse que una proporción de encuestados después de las elecciones prefirieran afirmar un cambio de simpatía partidista hacia el partido del candidato electo, debido a un sesgo de deseabilidad social, o puede deberse a que algunos votantes no reconozcan la derrota del candidato por el que votaron. 92
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un cambio en su SP (ya sea hacia un partido político distinto o hacia la no identificación), la volatilidad en la identificación disminuye considerablemente, lo que resalta que la mayoría de los bogotanos carecen de una simpatía partidista y que además dicha carencia se mantiene estable. Los cambios en la SP van de la mano con una volatilidad en la IV aún mayor, lo que da una primera evidencia de ausencia de voto programático en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. Estos datos, aunque señalan que la SP es susceptible a cambios a corto plazo, no van completamente en contravía de los postulados de la Escuela de Michigan. Al considerarse la SP como una orientación afectiva duradera, una versión revisionista de la teoría de la Escuela de Michigan retomada por Holmberg (1994) espera que al menos la SP sea más estable que la decisión de voto y que el número de personas que cambie su IV sin cambiar su SP sea mayor que el de las que cambian su SP sin cambiar su IV, lo cual sucede en el caso estudiado. Los cambios en la SP de los bogotanos en la primera ola del estudio muestran que el grupo de bogotanos sin SP es el más estable en cuanto a simpatía partidista, seguidos por los que se identifican con el Partido Liberal, mientras que los ciudadanos que sienten afinidad con el Partido Conservador presentan una SP menos estable. Esto indica que el Partido Liberal cuenta con los simpatizantes más disciplinados entre el electorado bogotano, en comparación con los otros partidos. Sin embargo, ello no implica que sean los simpatizantes más disciplinados en cuanto a decisión de voto. Tan solo el 7,4% de simpatizantes del Partido Liberal reportó haber votado por el candidato de ese partido, David Luna. Aunque este porcentaje es bajo, no es sorprendente, si se considera que Luna, en comparación con los otros candidatos, contaba con una trayectoria y visibilidad políticas más reducidas. En ese orden de ideas, el posible efecto que tendría la etiqueta partidista en el voto de los ciudadanos está mediado por el perfil del candidato del partido en cuestión, así como por la estructura del sistema electoral. Este último permite la participación de un elevado número de candidatos para un distrito uninominal, generando un trade-off entre voto programático y voto personal, donde el perfil del candidato adquiere mayor relevancia que la etiqueta partidista al tomar la decisión de voto (Carey y Shugart 1995). Los cambios en SP en los comicios de 2011 en Bogotá resaltan una actualización de preferencias a corto plazo entre el electorado (entre septiembre y noviembre de 2011) y el hecho de que los partidos políticos son referentes móviles para los ciudadanos. La actualización también es evidente en los porcentajes de personas que cambian su decisión de voto con respecto a su IV antes de las elecciones. Llama la atención que para los dos candidatos de izquierda (Aurelio Suárez y Gustavo Petro), el porcentaje de personas que decide cambiar su IV es 93
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el menor, en comparación con los demás casos, lo que puede apuntar a que la estabilidad en la IV se relacione con cuestiones de índole más ideológica que partidista. A estos dos casos, le sigue el grupo de ciudadanos con IV por Peñalosa antes de las elecciones. Para este grupo, el papel que tiene la etiqueta partidista en su decisión de voto parece menos claro, puesto que Peñalosa se lanzó como candidato de la coalición entre el Partido Verde y el Partido de la U, siendo conocido por su trayectoria política desde el Partido Liberal y por presentarse en elecciones anteriores desde partidos ad hoc como el Movimiento por la Bogotá que Queremos y Peñalosa Alcalde. Los cambios encontrados contribuyen a problematizar cuál teoría permite comprender de manera apropiada la relación entre SP e IV en Bogotá, y dan indicios para sugerir que los planteamientos originales (más estrictos) de la Escuela de Michigan no acogen la situación descrita por los datos anteriores. Por el contrario, una propuesta revisionista de la teoría de la Escuela de Michigan (como la resaltada por Holmberg [1994], en la que los postulados originales disminuyen su rigidez) o la teoría retrospectiva planteada por Fiorina (1981) pueden permitir un mejor acercamiento al caso de estudio. Lo anterior, debido a que tanto la IV como la SP, al presentar cambios en corto tiempo, se moldean como preferencias susceptibles de actualizarse en un sistema partidista como el colombiano, donde el número y la denominación de partidos varían frecuentemente. En ese sentido, se presentan en el entorno de los ciudadanos estímulos que influyen sobre el cambio de ambos fenómenos, lo que implica una relación endógena entre las dos variables.
4. Estimación de la fuerza de asociación entre SP e IV El siguiente punto de interés para este artículo es estimar la fuerza de asociación entre la SP y la IV, teniendo en cuenta su mutua causalidad. Con el propósito de aportar a la aclaración de la relación entre los dos fenómenos se plantea que es posible estimar la fuerza de asociación entre las dos variables, en distintos tiempos, para encontrar en qué sentido la incidencia de una variable sobre la otra es más fuerte, puesto que hasta este punto se ha establecido que la relación causal propuesta por la Escuela de Michigan no se presenta de manera estricta. Para ello, se optó como estrategia de análisis diseñar tablas de contingencia donde se cruzan la SP y la IV en t1 y t2 (antes y después de las elecciones), calculando para cada tabla su coeficiente de asociación respectivo. La tabla 3 resume las medidas de fuerza de asociación calculadas. Considerando que el propósito de este estudio es indagar sobre la relación de mutua causalidad entre simpatía partidista y voto, los dos datos de mayor 94
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Tabla 3. Reporte de coeficientes lambda: fuerza de asociación entre simpatía partidista y decisión de voto en t1 (antes de las elecciones) y t2 (después de las elecciones) Intención de voto t1
Decisión o reporte de voto t2
Simpatía partidista t1
0,5034
0,2754
Simpatía partidista t2
0,4783
0,2833
Fuente: elaboración propia. Datos analizados del estudio de panel.
interés en la tabla 3 son los del cuadrante inferior izquierdo (donde se evalúa la incidencia de la intención de voto sobre la simpatía partidista) y los del cuadrante superior derecho (donde se encuentra la medida de fuerza de asociación entre simpatía partidista antes de las elecciones y voto reportado después de los comicios). En caso tal de presentarse endogeneidad entre ambas variables, se espera encontrar valores más cercanos a 1 en las medidas de asociación entre los dos fenómenos, lo que indica que el postulado propuesto por la teoría del voto retrospectivo de Fiorina (1981) de mutua causalidad entre las dos variables es apropiado para entender el caso aquí estudiado. Sin embargo, estos valores no se encuentran. Por el contrario, como lo muestran los valores en la tabla 3, se aprecia que la mutua causalidad entre los dos fenómenos no es tan estricta como lo plantea la literatura. Además, la asociación entre la intención de voto de los bogotanos en la primera ola del estudio y su simpatía partidista después de los comicios (0,48) es más fuerte que la asociación entre la simpatía partidista de los ciudadanos antes de las elecciones y su decisión de voto reportada (0,28). Lo anterior denota que la incidencia de la intención de voto es mayor sobre la simpatía partidista en t2 que la incidencia que muestra la simpatía partidista en t1 sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos, capturado en su decisión de voto después de las elecciones. Estos resultados permiten sugerir que, aunque el modo en que las dos variables se relacionan en la realidad bogotana no es estrictamente endógeno, como lo plantea la teoría del voto retrospectivo, tampoco resulta bien acogido por la visión canónica de la simpatía partidista postulada por la Escuela de Michigan, pues en este caso la intención de voto tendría la capacidad de “predecir” mejor la simpatía partidista, que viceversa. Los Lambdas obtenidos también muestran que la simpatía partidista experimenta cambios sustanciales en cortos lapsos de tiempo, mientras que la intención de voto de los ciudadanos no se corresponde de manera estable con su comportamiento electoral. Esto, por supuesto, dificulta la comprensión del comportamiento de los ciudadanos y sus opiniones con respecto a los partidos políticos y los 95
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candidatos a elecciones. Adicionalmente, se puede afirmar que para el caso analizado, la temporalidad incide en la fuerza de relación entre los dos fenómenos, puesto que la medida de asociación varía de acuerdo con el momento en que las dos variables fueron medidas (antes o después de los comicios). En ese orden de ideas, las medidas de asociación para las variables captadas previamente a los comicios sugieren que antes de las elecciones la simpatía partidista y la intención de voto son proxy de un mismo fenómeno relacional de los ciudadanos con su medio político. Por su parte, el valor de dicha medida, calculado para los fenómenos medidos luego de los comicios, permite establecer que el reporte de voto de los ciudadanos tiene una asociación fuerte con su simpatía partidista después de elecciones.
5. Análisis descriptivo por escenarios Para profundizar en la comprensión de la asociación entre la IV y la SP, se diseñó un análisis descriptivo por escenarios. En este análisis se planteó una serie de asociaciones en distintos tiempos entre los dos fenómenos de interés, lo que permite establecer la dirección causal entre estos, al identificar la incidencia de la simpatía partidista antes de las elecciones sobre la decisión de voto reportada después de los comicios, y el efecto de la intención de voto antes de las elecciones sobre la simpatía partidista de los ciudadanos después de los comicios. El primer escenario se construyó a partir de criterios de estabilidad en el reporte de SP e intención-decisión de voto en las dos olas del estudio, así como a partir de criterios de congruencia partidista entre la identidad reportada por los encuestados y el partido al que pertenecía el candidato por quien reportaron haber votado o por quien manifestaron su IV antes de las elecciones. Esto permite conocer para cuáles ciudadanos la SP e IV son más estables, así como para quiénes la identidad incide en su decisión de voto, o viceversa. En dicho escenario se espera encontrar a los ciudadanos que manifestaron querer votar por el candidato del partido político con el que se identifican (V1=SP1). Entre este grupo de ciudadanos se pueden presentar dos casos: que dichos bogotanos reporten haber votado por el mismo candidato por quien declararon su intención de voto antes de las elecciones (V1=V2), o que hayan reportado un cambio en su decisión de voto (V1≠V2). Asimismo, estas personas pueden reportar una simpatía partidista estable (SP1=SP2) o cambiante (SP1≠SP2). Gráficamente, este primer escenario se desagrega en las categorías presentadas en el diagrama 1. El grupo de ciudadanos del caso 1.1.1, Electorado congruente, es el que presenta la mayor estabilidad y congruencia en su SP y comportamiento electoral reportados. Entre estas personas se encuentran los bogotanos que, por ejemplo, 96
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Diagrama 1. Primer escenario 2) V1 = SP1 1.1) V2 = V1 1.1.1) SP1 = SP2
Electorado congruente: 29,92%
1.1.2) SP1 ≠ SP2
Electorado con SP volátil: 4,36%
1.2.1) SP1 = SP2
Electorado personalista: 20,45%
1.2) V2 ≠ V1
1.2.2) SP1 ≠ SP2
Electorado ex post: 4,55%
Fuente: elaboración propia.
afirmaron en las dos olas del panel sentirse identificados con el Movimiento Progresistas y decidieron votar por Petro. Igualmente, se encuentran aquellos que en las dos olas afirmaron no tener SP y no participar en los comicios. Así, para el Electorado congruente, la (ausencia de) SP guía el (no) voto. Por otra parte, quienes conforman el caso 1.1.2 experimentan un cambio en su SP que no es explicado por su voto, pero su IV sí se encuentra guiada por su simpatía partidista antes de las elecciones. Este grupo se denomina Electorado con SP volátil. Adicionalmente, a la categoría 1.2.1 se le denomina Electorado personalista, puesto que mantiene su simpatía partidista, pero al votar elige a un candidato de un partido con el que no se identifica, indicando que su decisión de voto está direccionada hacia los candidatos como individuos y no como representantes de partidos. Así que, por ejemplo, en esta categoría se encuentran quienes reportan en las dos olas del panel identificarse con el Partido Liberal o con ningún partido y manifiestan haber votado por Enrique Peñalosa, candidato de otros partidos. Por su parte, antes de las elecciones los miembros del grupo 1.2.2 manifiestan querer votar por el candidato del partido con el que se identifican, pero reportan haber votado por un candidato distinto al inicialmente considerado y haber cambiado su simpatía partidista. Para este caso, se observa que el voto incide en la simpatía partidista de los ciudadanos, por lo que la categoría se denomina Electorado ex post. En este grupo de votantes se presenta una actualización de preferencias, que hace que su decisión de voto y simpatía partidista se determinen por una serie de consideraciones retrospectivas acumuladas para la fecha de la elección. En otras palabras, en esta categoría se encuentran los 97
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ciudadanos que antes de las elecciones manifiestan identificarse con Cambio Radical y querer votar por Carlos Galán, pero después de los comicios reportan haber votado por Gustavo Petro e identificarse con el Movimiento Progresistas. También se encuentran ciudadanos que, por ejemplo, reportaron identificarse con el Partido Verde y querían votar por Enrique Peñalosa, pero después de las elecciones manifestaron no haber votado y pasaron a no identificarse con algún partido político. El segundo escenario de análisis es un reflejo de los criterios del primero, con la excepción de que dichos criterios se derivan a partir del incumplimiento del primer criterio del primer escenario, como se observa en los cuadros más altos de los diagramas 1 y 2. Adicionalmente, se incluyen dos elementos para evaluar la congruencia de los ciudadanos entre su simpatía partidista e intención de voto ((SP2=V2) y (SP2≠V2)), con el objetivo de conocer hasta qué punto la SP guía el voto, y viceversa. El grupo de ciudadanos que conforman las categorías 2.1.1 y 2.2.1.2 se denomina Electorado personalista, puesto que, de manera similar al caso 1.2.1 del primer diagrama, su simpatía partidista permanece estable, pero no guía la Diagrama 2. Segundo escenario 2) V1 ≠ SP1 2.1) V2 = V1 2.1.1) SP1 = SP2
Electorado personalista: 16,67%
2.1.2) SP1 ≠ SP2
2.2) V2 ≠ V1
2.1.2.1) SP2 = V2
Electorado ex post: 4,73%
2.1.2.2) SP2 ≠ V2
Electorado con SP volátil: 3,41%
2.2.1.1) SP2 = V2
Electorado congruente: 6,25%
2.2.1.2) SP2 ≠ V2
Electorado personalista: 5,68%
2.2.2.1) SP2 = V2
Electorado ex post: 0,76%
2.2.2.2) SP2 ≠ V2
Electorado incongruente: 3,22%
2.2.1) SP1 = SP2
2.2.2) SP1 ≠ SP2
Fuente: elaboración propia.
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decisión de voto. Igualmente, el voto de estos bogotanos no incide en su simpatía partidista. Ahora, los casos 2.1.2.1 y 2.2.2.1 se denominan Electorado ex post, puesto que el partido con el que se identifican después de las elecciones coincide con el partido del candidato por el que votaron. Así, se encuentra que el voto incide en la simpatía partidista de los ciudadanos. Por otra parte, los miembros del 2.1.2.2 se consideran como un Electorado con SP volátil, puesto que, de manera similar al caso 1.1.2, el cambio en su identidad no está reforzado por su comportamiento electoral, sino que los dos fenómenos se presentan con una disociación mayor a la de las categorías anteriores. En el caso 2.2.1.1, la simpatía partidista guía la decisión de voto de manera congruente. Por ello, esta categoría se denomina Electorado congruente, del mismo modo que la categoría 1.1.1, debido a que la simpatía partidista termina incidiendo en la decisión de voto, y el voto refuerza la simpatía partidista de este grupo de ciudadanos. La última categoría, 2.2.2.2, agrupa al Electorado incongruente, en el sentido de que tienen una identidad e intención de voto cambiantes, sin que los cambios después de las elecciones sean congruentes en términos partidistas. En este caso, la simpatía partidista no explica el cambio en la intención de voto, y la decisión de voto no explica el cambio en la simpatía partidista. Por ello, este último grupo viene a ser el de mayor inestabilidad en cuanto a simpatía partidista y comportamiento electoral. En la tabla 4 se muestra cómo se dividió electorado bogotano en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá de 2011. Tabla 4. Categorías de análisis, por escenarios Categorías
Porcentaje
Electorado congruente
36,17
Electorado con SP volátil
7,77
Electorado personalista
42,80
Electorado ex post
10,04
Electorado incongruente
3,22
Fuente: elaboración propia. Datos analizados del estudio de panel.
Dentro de las cinco categorías identificadas, dos son de principal importancia para este trabajo: el Electorado congruente y el Electorado ex post. En estas se logra romper la mutua causalidad entre la simpatía partidista y el voto, al observarse que en la primera, la SP guía la IV, mientras que en la segunda sucede lo contrario: la intención de voto guía la SP después de los comicios. 99
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Como ya se mencionó, dentro del Electorado congruente se encuentran tanto los partidistas que tienen una identidad y voto estables como aquellos que no se identifican con algún partido, no saben por quién votar y no participaron en las elecciones. De allí que esta categoría esté compuesta por dos subgrupos: los partidistas congruentes y los apartidistas congruentes. Del 36,17% en la categoría de Electorado congruente, el 86,91% son apartidistas congruentes, puesto que no se identifican con ningún partido, no saben por cuál candidato votar antes de las elecciones, siguen sin simpatía partidista después de los comicios electorales y reportaron no haber votado, no saber por quién votaron o no quisieron reportar su voto. Por su parte, el 13,09% restante son partidistas congruentes, de los cuales el 5,76% se identifica de manera estable con los partidos Verde y U, y manifestaron una intención de voto estable por Peñalosa, candidato de la coalición. A este porcentaje le sigue un 4,19% de personas que se identificaron de manera estable con el Movimiento Progresistas y mantuvieron su decisión de voto por Petro. Los ciudadanos restantes en esta categoría se distribuyen de forma similar entre el Partido Liberal, el Polo Democrático y otros partidos. Así, se tiene que el 36,17% de los bogotanos no cambian su reporte de SP e IV, pero en su gran mayoría, ya sea por desinterés, apatía o rechazo, son bogotanos que no simpatizan con ningún partido y no participan en las elecciones. Es decir que los ciudadanos más estables en cuanto a participación y relación política son los apartidistas congruentes, quienes no sienten simpatía por ningún partido político y que deciden no ejercer su derecho al voto. Además, hay una relación entre no haber participado en las elecciones a la Alcaldía de 2007 y formar parte del Electorado congruente. Esto muestra que la falta de participación política de los ciudadanos en el pasado tiene un efecto sobre su continua falta de simpatía partidista y sobre su decisión de no votar en los comicios. Entre los apartidistas congruentes, la falta de simpatía partidista y participación electoral se refuerzan mutuamente, lo que crea un ciclo inercial de abstencionismo y apatía política. Por ello, se puede sugerir que, aunque el análisis indica que la simpatía partidista en Bogotá tiene poco potencial como determinación de la decisión de voto de los ciudadanos, sí puede cumplir un papel relevante en la decisión de participar o abstenerse en las elecciones. Por otra parte, se tiene que el 10,04% de los bogotanos hacen parte del Electorado ex post. Para ellos, su decisión de voto incide en el cambio de su SP. Es decir, estos bogotanos cambian su simpatía partidista, ya sea de forma tal que coincide con el partido del candidato por el que votaron en las elecciones, o que pierden su simpatía partidista luego de decidir no participar en las elecciones. En este caso, el cambio en la intención de voto coincide con el posicionamiento de los candidatos más predilectos para ganar la Alcaldía: Petro, Peñalosa y Parody. En 100
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cuanto al cambio en la SP de los ciudadanos en esta categoría, se encuentra que, en contados casos, la decisión de voto refuerza la simpatía partidista de forma tal que los votantes pasan a identificarse con el partido político del candidato por el que votaron. Dichos casos corresponden a ciudadanos que votaron por Petro, y después de las elecciones cambiaron su simpatía partidista hacia el Movimiento Progresistas. Lo anterior indica que entre el Electorado ex post no es común el voto programático, pues no votan por un partido sino por un candidato, y tanto su IV como SP están expuestas a cambios a corto plazo, de acuerdo con la actualización de sus preferencias políticas revisadas y acumuladas. Aun así, la mayor cantidad de observaciones para esta categoría se presentó entre ciudadanos que, al no ejercer su derecho al voto, pasaron a no simpatizar con algún partido. Además, los datos muestran que los ciudadanos que reportan una baja confianza en la Alcaldía tienen una mayor probabilidad de pertenecer a esta categoría de votantes. Esto puede concordar con el hecho de que este grupo de votantes actualice sus preferencias de acuerdo con una serie de evaluaciones y consideraciones del desempeño pasado, en este caso, de la Alcaldía. Así, los ciudadanos que reportan una baja confianza en la Alcaldía de Bogotá revaluarán sus preferencias tanto partidistas como de voto. Este resultado también indica que quienes confían poco en la institución tienen una probabilidad considerable de ser parte del Electorado ex post que opta por no participar en los comicios para dicho cargo y por pasar a no simpatizar con algún partido, puesto que el 43,4% de estos votantes reportó no haber votado, y el 49,06% dejó de tener alguna simpatía partidista. Una tercera categoría relevante es la del Electorado personalista. En ella se encuentra la mayoría de los encuestados (42,8%), quienes se caracterizan por una SP estable y deciden votar por un candidato que no es del partido con el que sienten simpatía, o reportan en las dos olas no simpatizar con algún partido, y aun así votaron por algún candidato. En esta categoría, la SP de los ciudadanos no fija su IV por el candidato del partido con el que simpatizan, así como el voto tampoco incide en su identificación. La mayoría de los cambios en IV se reportan entre el grupo de personas que en la primera ola de estudio no sabían por quién votar. El 43,36% de ciudadanos en esta categoría reportó haber decidido votar por Petro, lo cual representa una importante proporción de swing voters para el candidato electo, quien además, de acuerdo con estos porcentajes, demostró ser el candidato con mayor poder de atracción entre los votantes indecisos.10 En este
10 Entre el total de la muestra, el 59,25% no sabía por quién votar antes de las elecciones. De estos, el 54,5% no votó y el 21,6% votó por Petro, siendo este candidato el que obtuvo el porcentaje más alto de votantes entre quienes no sabían por cuál candidato votar antes de las 101
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grupo llama la atención que su IV está dirigida hacia los cuatro candidatos con mayores probabilidades de ganar la Alcaldía (Petro, Peñalosa, Parody y Galán), sin que los partidos a los que estos están afiliados coincidan con la simpatía partidista de los ciudadanos. Se debe resaltar que el 85% del Electorado personalista manifestó, antes de las elecciones, no simpatizar con algún partido. De este modo, en su mayoría son bogotanos sin simpatía política, que se mantienen como tales después de las elecciones, pero que votan en los comicios y se inclinaron por uno de los candidatos que tenían mayor posibilidad de ganar la Alcaldía. Sobre otras categorías, en el Electorado con SP volátil se encuentra un 7,77% de los bogotanos. Este bajo porcentaje corresponde a las personas con cambios atípicos en su SP, dado que tienen una decisión de voto estable y deciden votar por el candidato del partido con el que simpatizan antes de las elecciones, pero cambian su simpatía partidista después de los comicios. La mayoría de esos cambios se presentan hacia no simpatizar con algún partido después de las elecciones, lo que indica que, para estos casos, el ciclo electoral incide en la SP, de modo que esta se puntualiza antes de las elecciones y se pierde después de los comicios. Los datos indican que hay una probabilidad significativa de encontrar ciudadanos con ingresos altos en este grupo. Finalmente, el Electorado incongruente representa un conjunto de votantes atípico, cuyo comportamiento electoral y SP son los más difíciles de discernir. En este grupo se encuentra al 3,22% de los encuestados. Aunque este grupo es pequeño, los cambios en su SP e IV son tales que no hay tendencias identificables. Tan solo cabe mencionar que en este grupo, la mayoría de ciudadanos no se identifican con algún partido después de las elecciones, y Petro se postula como el candidato que acumuló el mayor número de votos.
Conclusiones El análisis anterior hace posible afirmar que, en el caso de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, la simpatía partidista no es un articulador fuerte de los ciudadanos con el ambiente político de la capital. Hay una tendencia al abstencionismo alta, sumada a un importante porcentaje de ciudadanos que no se sienten identificados con ningún partido o movimiento político en el sistema partidista. Aunque solo en el 10% del electorado la decisión de voto incide en la afinidad
elecciones. Sin embargo, es relevante considerar la posibilidad de que estos datos se deban a que los encuestados hayan reportado haber votado por Petro (por haber sido el ganador de la contienda electoral), aunque en realidad hayan votado por otra opción electoral o se hayan abstenido de votar. 102
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partidista (porcentaje que se esperaría fuese mayor al haberse mostrado que la identificación no determina la IV), se encuentra que en sistemas políticos con partidos poco disciplinados y poco diferenciados ideológicamente, el voto programático o partidista no es decisivo en los comicios, por lo que es más factible encontrar una mayor fuerza de asociación entre la decisión de voto y la simpatía partidista después de las elecciones, que viceversa. Para este caso, se tiene que la estructuración del sistema electoral genera incentivos para el voto personalista, como la falta de articulación de programas entre candidatos y partidos, y la constante participación de outsiders políticos en los comicios locales. Si bien tras las reformas electorales de 2003, los incentivos al voto personalista han disminuido (Carey y Shugart 1995; Jaramillo-de la Roche 2008; Hoskin y García 2006), el intercambio entre voto partidista y voto personalista en este contexto hace más común que las personas voten de manera personalista que programática. Con respecto a esto último, el análisis indica que, aunque es poco frecuente, es más común entre los ciudadanos que apoyan a los candidatos de partidos políticos de izquierda. Adicionalmente, el electorado que siente afinidad por estos partidos es el que de manera consistente asiste a las urnas. Esto ayuda a explicar las victorias electorales consecutivas de los candidatos provenientes del Polo Democrático (Garzón, Moreno, e incluso Petro). Los bajos porcentajes de simpatía con algún partido político y la volatilidad en la decisión de voto apuntan al desalineamiento experimentado a nivel regional, de acuerdo con Sánchez (2002). Esta misma tendencia sugiere que los postulados originales de la Escuela de Michigan no acogen de manera apropiada el comportamiento político de los ciudadanos bogotanos, dado que su simpatía partidista no se da como un apego de largo plazo hacia un referente político estable, y dicha simpatía, en la mayoría de casos, no guía el comportamiento electoral de los ciudadanos de la capital. Por ello, el acercamiento retrospectivo propuesto por Fiorina (1981) a la simpatía partidista y el comportamiento electoral permite explicar de manera más flexible los numerosos cambios de los ciudadanos en estas dos cuestiones. Los escenarios de análisis planteados muestran que en un sistema partidista en constante cambio como el colombiano, la presencia de la simpatía partidista importa como guía del comportamiento electoral de un grupo de votantes, mientras que su ausencia propicia el abstencionismo entre electores. Además, se evidencia que la mutua causalidad entre los fenómenos de interés no es tan estricta como lo plantea la literatura derivada de la teoría de la elección racional. Se debe tomar en consideración que las dos corrientes identificadas en la literatura proponen una serie de postulados enfocados en explicar el comportamiento del electorado para comicios presidenciales, en un contexto donde el número de 103
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partidos y candidatos se limita a dos, respectivamente (contexto estadounidense). Dadas las particularidades del caso estudiado, la generalización de los hallazgos presentados es limitada, puesto que se trata de unos comicios donde participaron nueve candidatos y partidos a la Alcaldía, en un sistema que propicia el voto personalista sobre el programático (Carey y Shugart 1995). A pesar de esta limitación en la generalización, se esperaría encontrar resultados similares en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá previas a la de 2011, donde la complejidad de este escenario se mantiene, dado el alto número de candidatos y de ciudadanos abstencionistas. Asimismo, es posible encontrar resultados similares en elecciones a la alcaldía de cascos urbanos colombianos, principalmente capitales departamentales, que se hayan realizado previamente a la Reforma de 2003, asumiendo que antes de dicha reforma el número de candidatos fuese considerablemente alto o similar al de la capital colombiana, y que los niveles de clientelismo, como práctica que tiende a desviar los flujos electorales de su cauce esperado, se asemejen a los de Bogotá. Con el propósito de ampliar el alcance del análisis presentado, se propone como parte de una agenda investigativa llevar el análisis a los comicios presidenciales colombianos, donde el número de candidatos y partidos participantes es menor. Idealmente, un estudio de panel de dos olas para las elecciones presidenciales, representativo a nivel nacional y con una muestra compuesta por colombianos en edad de votar, simplificaría el análisis y permitiría plantear conclusiones de mayor precisión y alcance predictivo. Resultaría propicio incluir en dicho estudio preguntas sobre la cercanía de los ciudadanos a los partidos políticos.11 Así, se puede contar con una medida adicional de afinidad partidista de los ciudadanos que permita trabajar con un mayor número de observaciones propicias para comprender la relación entre simpatía y voto, en un contexto donde parece que la gran mayoría de personas presenta actitudes apáticas hacia los partidos políticos y la participación en elecciones populares. Finalmente, dos puntos que este artículo deja abiertos para futuras indagaciones son la relación entre estabilidad en la intención de voto e ideología, y el papel que cumple la identidad partidista sobre el abstencionismo. Estos dos
11 Tan solo el 26% de los ciudadanos afirmó sentir simpatía por algún partido político, como lo indica la tabla 2. Aun así, todos los encuestados reportaron cierta cercanía con los principales partidos políticos del país, al preguntárseles: “¿qué tan cerca diría usted que se encuentra el Partido Liberal respecto de lo que usted piensa? (1) Muy cerca, (2) Cerca, (3) Ni cerca ni lejos (regular), (4) Lejos, (5) Muy lejos”. Esta pregunta se replicó para el Partido Conservador, Verde, Polo y U en la primera ola del estudio. En la segunda ola tan solo se preguntó por la cercanía de los encuestados al Movimiento Progresistas. En un punto del análisis de datos se planteó trabajar a partir de cercanía partidista, en vez de identificación. Sin embargo, al no haberse incluido estas mismas preguntas en la segunda ola del panel, no era posible hacer seguimiento a la evolución de dicha cercanía. 104
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elementos problematizan, por un lado, el papel de la simpatía partidista como determinante predilecto del comportamiento electoral de los ciudadanos, y por otro, la relevancia de la simpatía partidista, incluso en sistemas partidistas en constante actualización para motivar y estabilizar la participación electoral de los ciudadanos (Holmberg 1994), y superar la tendencia de desalineamiento que atraviesa la región.
Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
11.
12.
Boston University, Metropolitan College (s. f.) “Lambda”. URL: https://learn. bu.edu/bbcswebdav/pid-826908-dt-content-rid-2073693_1/courses/13sprgmetcj702_ol/week05/metcj702_W05S03T03_lambda.html Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes. 1960. The American Voter. Chicago: University of Chicago Press. Carey, John y Matthew S. Shugart. 1995. “Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas”. Electoral Studies 14 (4): 417-439. DOI: dx.doi.org/10.1016/0261-3794(94)00035-2 Dalton, Russell J. y Steven Weldon. 2007. “Partisanship and Party System Institutionalization”. Party Politics SAGE Publications 13 (2): 179-196. DOI: dx.doi. org/10.1177/1354068807073856 Fiorina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American National Elections. Nueva Haven: Yale University Press. Fiorina, Morris P. 2002. “Parties and Partisanship: A 40-Year Retrospective”. Political Behavior 24 (2): 93-115. DOI: dx.doi.org/0190-9320/02/0600-0093/0 García, Miguel y Felipe Botero. 2012. “No Person Is an Island. Political Discussion Networks and Electoral Behavior in a Context of Weak Partisanship”. Ponencia en Reunión Anual de APSA, agosto 30 - septiembre 2. Nueva Orleans. García, Miguel, Juan Carlos Rodríguez Raga y Mitchell Seligson. 2013. “Cultura política de la democracia en Colombia, 2013: actitudes democráticas en el contexto del proceso de paz”. Observatorio de la Democracia. URL: http://www. vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia_Country_Report_2013_W_081414.pdf Goodman, Leo A. y William H. Kruskal. 1954. “Measures of Association for Cross Classifications”. Journal of the American Statistical Association 49 (268): 732-764. URL: http://www.nssl.noaa.gov/users/brooks/public_html/feda/papers/ goodmankruskal1.pdf Goodman, Leo A. y William H. Kruskal. 1959. “Measures of Association for Cross Classifications. II: Further Discussion and References”. Journal of the American Statistical Association, 54 (285): 123-163. URL: http://www.nssl.noaa. gov/users/brooks/public_html/feda/papers/goodmankruskal2.pdf Holmberg, Sören. 1994. “Party Identification Compared Across the Atlantic”. En Elections at Home and Abroad: Essays in Honor of Warren E. Miller, editado por M. Kent Jennings y Thomas E. Mann, 93-121. Ann Arbor: University of Michigan Press. Holmberg, Sören. 2007. “Partisanship Reconsidered”. En The Oxford Handbook of Political Behavior, editado por Russel J. Dalton y Hans-Dieter Klingemann, 557-570. Nueva York: Oxford University Press.
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13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23.
Hoskin, Gary y Miguel García. 2006. La reforma política de 2003. ¿La salvación de los partidos políticos colombianos? Bogotá: Uniandes-CESO. Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán (ILCG). 2001. “Comportamiento electoral en Bogotá, 1982-1997”. Alcaldía Mayor de Bogotá, vol. II. Jaramillo-de la Roche, Sebastián. 2008. “Reputación de partido o reputación personal: los alcances de la reforma política de 2003 en el Concejo de Bogotá”. Papers Política 4 (1): 213-245. Johnston, Richard. 2006. “Party Identification: Unmoved Mover or Sum of Preferences?” Annual Review of Political Science 9: 329-351. DOI: dx.doi.org/10.1146/ annurev.polisci.9.062404.170523 Mainwaring, Scott y Edurne Zoco. 2007. “Political Sequences and the Stabilization of Interparty Competition”. Party Politics. SAGE Publications 13 (2): 155-178. DOI: dx.doi.org/10.1177/1354068807073852 Pasotti, Eleonora. 2010. Political Branding in Cities. The Decline of Machine Politics in Bogotá, Naples, and Chicago. Nueva York: Cambridge University Press. Registraduría Nacional del Estado Civil. 2014. “Histórico de resultados electorales, 2014”. Disponible en http://www.registraduria.gov.co/-Historicode-Resultados-.html Reyes Torres, Francisco José. 2001. “Las elecciones del año 2000 en Bogotá en perspectiva histórica”. En Colombia: elecciones 2000, editado por Fernando Giraldo García, Rodrigo Lozada y Patricia Muñoz, 81-97. Bogotá: CEJA. Sánchez C., Fernando F. 2002. “Desalineamiento electoral en Costa Rica”. Ciencias Sociales (98): 29-56 (IV). URL: http://163.178.170.74/wp-content/revistas/98/03-.pdf Seligson, Mitchell y Juan Carlos Rodríguez-Raga. 2012. “Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas, 2012: hacia la igualdad de oportunidades”. Vanderbilt University. URL: http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/ Colombia_Country_Report_2012_W.pdf Universidad Complutense de Madrid. (s. f.) Capítulo 12. “Análisis de variables categóricas: ‘El procedimiento Tablas de contingencia’”. URL: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/analisis_datosyMultivariable/12contin_SPSS.pdf
H María Camila Angulo Amaya es Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia) y politóloga de la misma universidad con opción en Gobierno de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Ha sido asistente de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en el Observatorio de la Democracia (LAPOP-Colombia) y docente de cátedra en la Universidad de San Buenaventura (Colombia). * mc.angulo491@uniandes.edu.co
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Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista Hernán Fair Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.04 RECIBIDO: 16 de diciembre de 2014 APROBADO: 23 de marzo 2015 MODIFICADO: 23 de octubre de 2015
Durante la década de los noventa, Menem lideró en Argentina una profunda transformación en las políticas públicas, implementando un modelo de acumulación situado en las antípodas del Estado Benefactor de posguerra. Sin embargo, logró conservar el respaldo de una porción mayoritaria de los sectores de tradición peronista y nacional-popular, y reformular, con relativo éxito, las identidades sedimentadas. El presente trabajo analiza las interpelaciones que construyó el Presidente para legitimar la transformación identitaria en dirección a las ideas neoliberal-conservadoras. Desde una perspectiva posfundacional, el artículo discute con los análisis esencialistas y, a su vez, problematiza la cuestión de la performatividad en el pensamiento posfundacional. Plantea una diferenciación analítica entre los planos y niveles del discurso, con el propósito de examinar la eficacia performativa de toda formación hegemónica. Concluye que el análisis de las interpelaciones presidenciales, en conjunción con condicionamientos discursivos no lingüísticos, aportan recursos clave para comprender dicha eficacia y la consolidación del orden neoliberal.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE:
• Argentina (Thesaurus) • menemismo • peronismo • identidades políticas • eficacia performativa • teoría política posfundacional (palabras clave autor)
H Este artículo forma parte de una investigación más amplia de tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires, Argentina), financiada íntegramente por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Agradezco en particular los comentarios, críticas y sugerencias del Dr. Javier Balsa. 107
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From National-Popular Peronism to Neoliberal Peronism: Transformations of Political Identities in Menemist Argentina ABSTRACT: During the 1990s, Menem led a profound transformation in public policies
in Argentina, implementing a model of accumulation positioned at the opposite end of the post-war Welfare State. However, he managed to maintain the support of a majority of the traditional National-Popular and Peronist sectors, and reformulate, with a relative degree of success, the long-established identities. This paper analyzes the interpellations and arguments that the president constructed to legitimize the transformation of identity in the direction of neoliberal-conservative ideas. From a post-foundational perspective, the article argues against essentialist analyses and, at the same time, raises the question of performativity in post-foundational thought. It proposes an analytical differentiation between the planes and levels of discourse, for the purpose of examining the performative efficacy of any hegemonic formation. It concludes that the analysis of presidential interpellations, in conjunction with nonlinguistic discourse conditionings, provides key resources for understanding said efficacy and consolidation of the neoliberal order.
KEYWORDS: Argentina (Thesaurus) • Menemism • Peronism • political identities • performative efficacy • post-foundational political theory (author’s keywords)
H
Do peronismo nacional-popular ao peronismo neoliberal: transformações das identidades políticas na Argentina menemista Durante os anos 1990, Menem liderou na Argentina uma profunda transformação nas políticas públicas, ao implementar um modelo de acumulação situado nas antípodas do Estado Benfeitor do pós-guerra. No entanto, conseguiu conservar o respaldo de uma porção majoritária dos setores de tradição peronista e nacional-popular, e reformular, com relativo sucesso, as identidades sedimentadas. O presente trabalho analisa as interpelações que o Presidente construiu para legitimar a transformação de identidade em direção às ideias neoliberal-conservadoras. A partir de uma perspectiva pós-fundacional, o artigo discute com as análises essencialistas e, por sua vez, problematiza a questão da performatividade no pensamento pósfundacional. Apresenta uma diferenciação analítica entre os planos e os níveis do discurso, com o propósito de examinar a eficácia performativa de toda formação hegemônica. Conclui que a análise das interpelações presidenciais, em conjunto com condicionamentos discursivos não linguísticos, contribui com recursos-chave para compreender essa eficácia e a consolidação da ordem neoliberal.
RESUMO:
PALAVRAS-CHAVE: Argentina (Thesaurus) • Menemismo • Peronismo • identidades políticas • eficácia performativa • teoria política pós-fundacional (palavras-chave autor)
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Introducción Durante la década de los noventa, Carlos Menem lideró en Argentina una profunda transformación política, económica y sociocultural, implementando un modelo de acumulación y un conjunto de alianzas políticas situados en las antípodas del Estado Benefactor del peronismo clásico y de su modelo integrador-social. A pesar de la magnitud de esta transformación estructural, el dirigente de La Rioja logró conservar el respaldo político de una porción mayoritaria de los sectores de tradición peronista y nacional-popular, y transformar, con relativo éxito, las identidades y tradiciones sedimentadas, naturalizando un discurso de sentido común en torno a los valores neoliberal-conservadores. ¿Qué interpelaciones y argumentos construyó el Presidente para legitimar esta profunda transformación identitaria del peronismo y convencer a sus destinatarios de la necesidad de reformular y aggiornar las banderas históricas de nacionalismo económico y movimientismo popular, para asumir las ideas neoliberales y neoconservadoras promovidas por los núcleos del establishment, de tradición liberal y antiperonista? ¿Bajo qué condiciones discursivo-extralingüísticas de relativa estructuralidad se edificó el discurso de Menem? Por último, ¿cómo obtuvo eficacia performativa para transformar las identidades políticas históricamente sedimentadas? El siguiente trabajo procura responder a estos interrogantes clave para comprender el éxito de la hegemonía menemista, las vicisitudes de la formación identitaria del peronismo y las complejidades que asume toda construcción hegemónica. Para ello, se examinan las interpelaciones y estrategias argumentativas del presidente Menem, en interacción con una serie de condiciones discursivo-extralingüísticas de posibilidad, que contribuyeron a dar viabilidad a esta radical transformación político-ideológica y a legitimar el discurso menemista. Desde una perspectiva teórica y epistémica situada dentro del pensamiento político posfundacional (Marchart 2009), el texto discute con los análisis esencialistas, que rechazan o ignoran la capacidad transformativa que presentan las identidades políticas, olvidando la doble dimensión performativa e iterable del orden significante. Al mismo tiempo, busca complejizar los análisis basados en la perspectiva de Laclau, que reducen sus investigaciones al estudio de los aspectos meramente lingüísticos del discurso y asumen una relación de linealidad entre la emisión discursiva y su eficacia performativa. En ese sentido, el texto problematiza la cuestión de la performatividad del orden significante en el pensamiento posfundacional, al examinar la discusión entre la teoría de los actos de habla de Austin y la deconstrucción derridiana. A partir de allí, distingue entre los niveles ónticos y ontológicos de la performatividad, destacando, a partir de los aportes de algunos trabajos de Laclau (1993; 1996; 2014), el papel central de los aspectos “con-textuales” parcialmente estructurados. Con base 109
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en estas contribuciones, se aportan recursos para diferenciar analíticamente los planos y niveles del discurso, con el propósito de examinar la eficacia performativa (potencial) de toda “operación hegemónica” (Laclau 1996, 82).
1. Perspectiva teórica El análisis posfundacional de las identidades políticas parte de la base de la ausencia de identidades esenciales y, por lo tanto, de la contingencia, historicidad y precariedad de lo social. Sin embargo, se distingue también del antifundacionalismo, en el momento en que “no intenta borrar por completo esas figuras del fundamento, sino debilitar su estatus ontológico” (Marchart 2009, 14-15). Desde esta perspectiva, existe la posibilidad de un “fundar parcial” de lo social. De este modo, no se asume la ausencia pura y simple de fundamento, sino que se reconoce la posibilidad de que existan “fijaciones parciales” que muestran las huellas de la contingencia que las penetra (Laclau 2014, 146-147). Desde la teoría política posfundacional de Ernesto Laclau, el discurso construye identidades políticas y transforma el orden social a través de significantes (tendencialmente) vacíos que articulan múltiples demandas sociales y universalizan la inherente particularidad, construyendo operaciones hegemónicas. Sin embargo, toda identidad política se constituye mediante la delimitación de un exterior discursivo, que lo deforma y le impide constituirse plenamente y, al mismo tiempo, se encuentra penetrado por una dislocación ontológica (Laclau 1993; 1996; 2003; 2005; Laclau y Mouffe 1987). En un estudio fundamentado en esta perspectiva teórica, Aboy Carlés (2001) argumenta que para comprender y analizar la dinámica de construcción de las identidades políticas se pueden distinguir tres dimensiones: la dimensión de la representación, asociada a la construcción de un campo de solidaridades y de “homogeneización interna”; la dimensión de la alteridad, vinculada al antagonismo constitutivo y a la delimitación de una “diferenciación externa”; y la dimensión de la tradición, relacionada con las “prácticas sedimentadas” y la construcción discursiva de un pasado mítico y de un “futuro deseado”, en función del presente (Aboy Carlés 2001, 54, 64-70). Con base en esta caracterización, ha destacado que se deben considerar las condiciones estructurales de posibilidad que contribuyen a su conformación. En sus palabras, “ninguna articulación de sentido tiene lugar en el vacío discursivo”, de manera tal que la construcción de toda identidad se constituye sobre determinados campos “parcialmente sedimentados y objetivados”1 (Aboy Carlés 2001, 44). 1 A partir de allí, ha definido a toda identidad política como “el conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo proceso de diferenciación externa 110
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Desde una perspectiva similar, Sebastián Barros refiere a la existencia de una “relativa estructuralidad” en toda identidad política, que marca determinados límites histórico-políticos a su conformación (Barros 2002, 23). Esto implica considerar las “huellas” de la “estructuralidad previa”, que dependen del análisis del contexto en el que surge (Barros 2009, 353).2 En su análisis del discurso de Menem, sostiene que la identidad menemista se caracterizó, desde su conformación, por compartir una relativa estructuralidad con el alfonsinismo (1983-1989), a partir de la defensa del régimen democrático (Barros 2009, 255). Más recientemente, el autor se ha referido a las “condiciones materiales estructurales” de toda identificación popular, que se vinculan tanto a las “condiciones de credibilidad” de las articulaciones como a las percepciones sociales y los “lenguajes disponibles” (Barros 2013, 52-53). También Melo (2013) ha destacado, a partir de su análisis de las identidades políticas en la Argentina de posguerra, la existencia de ciertas “condiciones de producción” de dichas experiencias (Melo 2013, 70). En este trabajo se retoman estas contribuciones y se incorporan algunos elementos adicionales. En primer lugar, se sostiene que en toda dinámica política existen determinados condicionamientos sociales parcialmente sedimentados y objetivados, que restringen el destino de las formaciones hegemónicas, o con pretensiones de hegemonizar el espacio social. En segundo término, se afirma que estos condicionamientos relativamente estructurados se constituyen y adquieren significación social a través del orden simbólico. Sin embargo, adquieren una relativa autonomía (analítica y no ontológica) de los aspectos estrictamente lingüísticos del discurso. Como consecuencia de lo anterior, los elementos no meramente lingüísticos del discurso —prácticas sociales e institucionales, políticas públicas, hechos físicos y biológicos— deben ser distinguidos analíticamente de las interpelaciones y argumentaciones estrictamente lingüísticas (verbales o textuales). Por último, se asume que la delimitación de los factores discursivos no meramente lingüísticos aporta herramientas centrales para el análisis político de las identidades y las operaciones de construcción hegemónica. Esto permite examinar la eficacia performativa, es decir, el impacto de las interpelaciones y argumentaciones en los actores posicionados.3
y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos” (Aboy Carlés 2001, 54). 2 Barros agrega a ello una segunda instancia, vinculada a su capacidad de articulación hegemónica, que consiste en la construcción de una “promesa de plenitud”, entendida como una “promesa de realización de toda comunidad” (Barros 2009, 354). 3 Más adelante se retomará esta discusión, al examinar los debates entre la concepción deconstruccionista de Derrida y la teoría de los actos performativos de Austin. 111
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Lo anterior pretende destacar que el análisis político de los aspectos no lingüísticos del discurso resulta central para comprender el éxito performativo (y los límites históricos) de toda construcción hegemónica o con pretensiones de hegemonizar el espacio social. A partir de allí, la hipótesis principal de este trabajo afirma que el análisis articulado de las interpelaciones presidenciales y los condicionamientos discursivos no meramente lingüísticos de la dinámica política aporta recursos clave para comprender la eficacia performativa del discurso de Menem y la estructuración exitosa del orden neoliberal.4
2. El giro político-ideológico de Menem y las tesis esencialistas de la identidad peronista Frente al sorpresivo giro político e ideológico del “menemato” (Borón 1991) hacia las reformas neoliberales y la alianza “carnal” con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, durante la década de los noventa una porción relevante de la bibliografía especializada se refirió a cómo el menemismo habría roto todo vínculo histórico-político y simbólico con el peronismo de posguerra. En ese sentido, la identidad menemista habría generado un distanciamiento de los símbolos y las formaciones discursivas clásicas del peronismo (Quevedo 1997, 68). Otros autores coinciden en que el discurso de Menem abandonó los “abstractos absolutos” y las entidades imaginarias del discurso de Perón (la patria, los trabajadores, los argentinos, el pueblo), e incluso, “se esforzó por desarticular gran parte del imaginario simbólico del peronismo histórico” (Garay Reyna 2007, s. p.). El menemismo abrazaría así, el “lenguaje liberal que siempre había empleado el antiperonismo”, y abandonaría todo “paliativo de las gratificaciones discursivas” hacia los sectores de tradición peronista (Sidicaro 1995, 149-150). Esta tesis fue asumida y radicalizada también por algunos referentes políticos de tradición nacional-popular,5 tanto desde el campo sindical (Saúl Ubaldini, Víctor De Gennaro) como desde el político-partidario (Germán Abdalá), quienes tempranamente acusaron a Menem de “traicionar” las banderas históricas del peronismo. Lo que caracteriza a estas concepciones, que Altamirano (2011, 129) definió como la creencia en un peronismo “verdadero”, es la adopción de un
4 Para más detalles de la presente propuesta analítica, véase Fair (2013). 5 Aunque la tradición nacional-popular no corresponde a un cuerpo cerrado y homogéneo, en este trabajo se la vincula a una concepción que asume ideas nacionalistas en lo económico y lo político (defensa de la intervención reguladora e integradora del Estado en resguardo de la industria nacional, las empresas públicas, el mercado interno y la soberanía nacional), junto a la defensa de los derechos económicos y sociales (empleo, elevados niveles salariales, seguridad social) para los trabajadores y la movilización popular. 112
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pensamiento fundacionalista de concebir lo social, basado en una visión “descriptivista” y epistemológicamente realista de entender la realidad.6 Aunque estas perspectivas presentan una crítica legítima a los cambios ideológicos y a las profundas transformaciones en el régimen de políticas públicas que se produjeron entre la década del cuarenta y la del noventa —lo que da pie para hablar de una “traición” de Menem al peronismo clásico—, olvidan los argumentos e interpelaciones que construyó el Presidente, en la ardua tarea de convencer a los sectores peronistas de la necesidad de transformar sus identidades, sin abandonar la tradición histórica. Además, al asumir una concepción inmanente de lo social, los análisis esencialistas presentan un problema para dar cuenta de la posibilidad de que las identidades políticas sean reformuladas y transformadas a través del tiempo. Estos trabajos no solo olvidan los cambios en el discurso de Perón a través de los años, su elevado pragmatismo doctrinario y sus sucesivas contradicciones, sino también la posibilidad de que los sectores peronistas transformen sus identidades como producto de nuevas interpelaciones y situaciones histórico-políticas. Como lo han destacado Novaro (1994) y Aboy Carlés (2001, 32), estas concepciones esencialistas consideran que existe una naturaleza de los fenómenos identitarios, lo que impide que puedan ser transformados, sin perder su “esencia”. El problema de esta forma de entender lo social, compartida por perspectivas liberales, funcionalistas y marxistas, es que deja de lado la capacidad transformativa que presenta el discurso en toda dinámica política. De este modo, al analizar el fenómeno del menemismo y sus vínculos ideológicos con el peronismo se asume una visión inmanente y atemporal de las identidades. a. El posfundacionalismo y la capacidad transformativa de las identidades políticas Durante la década de los noventa, el menemismo transformó radicalmente el modelo socialmente incluyente e igualitarista del peronismo de posguerra —centrado en la producción y el desarrollo de la industria nacional, el pleno empleo, la regulación del mercado y los derechos sociales y laborales universales para los trabajadores—, para asumir un modelo de acumulación socialmente excluyente y desigual, centrado en la valorización financiera, la desregulación económica, la privatización sistemática de las empresas públicas y la pérdida de 6 Como lo analizaron Sigal y Verón (2003), el discurso de Perón se constituyó como un omnisciente observador y narrador de la historia, cuya palabra era la expresión objetiva y natural de los verdaderos intereses del “Pueblo” y de la “Patria” en su conjunto. También De Ípola (1983) ha observado que el discurso de Perón se construye, desde la movilización popular del 17 de octubre de 1945, como “la palabra del pueblo” (De Ípola 1983, 184). 113
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los derechos sociolaborales de los trabajadores. Un modelo político y económico, iniciado en la última dictadura cívico-militar, que promovió la concentración económica, la extranjerización y reprimarización de la economía, y que además generó incrementos en los índices de desempleo, pobreza e inequidad social. Sin desconocer estas transformaciones estructurales, que incluyeron alianzas políticas con enemigos históricos del peronismo (como el grupo económico Bunge y Born y el dirigente neoliberal Álvaro Alsogaray), en este trabajo se pretende destacar la capacidad que poseen las identidades políticas de reformularse exitosamente a través del tiempo. En efecto, una aproximación sociológica a las identidades, en clave posfundacional, rechaza la naturalización de las identidades políticas y la búsqueda mítica de su presunto origen o esencia. Ello no implica invalidar plenamente la tesis de la “traición” de Menem a la doctrina peronista, pero sí matizarla y reducirla a las diferencias en el régimen de políticas públicas, sin extenderla, de forma mecánica, a las ideas y creencias políticas de los sectores interpelados de tradición peronista y nacional popular. Como se ha señalado, desde el pensamiento posfundacional se parte de la premisa que no existe una identidad plena o natural, sino que toda identidad es producto de una construcción histórica, de carácter simbólico, que puede ser modificada a través del tiempo. En ese orden de ideas, se deben resaltar dos contribuciones teóricas centrales, vinculadas a la capacidad de “iterabilidad” y de “performatividad” del orden significante. Por un lado, como lo ha analizado Derrida (1997; 2003), el orden significante siempre deja determinadas “huellas” materiales luego de su escritura, que pueden ser retomadas y repetidas posteriormente, en ausencia del emisor original y más allá de la presencia física, el significado determinado o las intenciones del sujeto “empíricamente determinado”. Además, al emplearse en situaciones divergentes, todo signo escrito sufre una “fuerza de ruptura” con su contexto inicial, que se separa del “conjunto de las presencias que organizan el momento desde su inscripción”. A esta capacidad de “diferimiento” (differance) del orden significante Derrida la define como “iterabilidad” (Derrida 2003, 356). Por otra parte, como lo ha examinado Austin (1998), determinadas expresiones del lenguaje tienen la “fuerza perlocutiva” que les permite “hacer cosas con palabras”. Así, bajo ciertas condiciones contextuales de “felicidad” (adecuación atributiva del sujeto que enuncia, circunstancias lingüísticas apropiadas y creencia en la palabra enunciada), ciertos actos “realizativos” del orden simbólico son capaces de transformar materialmente la realidad, a partir de su propia enunciación. Un ejemplo de esto es la declaración verbal del casamiento por parte del sacerdote (“a partir de ahora, los declaro marido y mujer”). 114
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3. Vínculos y tensiones entre la teoría de los actos de habla y la deconstrucción Como señala Mouffe (2005), la escuela postestructuralista y el pragmatismo anglosajón comparten el rechazo a una concepción fundamentalista de la filosofía, que “los coloca del mismo lado en gran número de debates” (Mouffe 2005, 13). También Critchley (2005) ha reconocido las afinidades entre ambas concepciones, en el momento en que el pragmatismo deconstruye todas las formas del fundamentalismo (platonismo, realismo, metafísica, analítica neokantiana, fenomenología preheideggeriana) (Critchley 2005, 45). Dentro del posfundacionalismo, los referentes centrales del postestructuralismo (Derrida, Foucault, Laclau, Mouffe, Butler) coinciden con el pragmatismo anglosajón (Austin, Searle, Rorty) en destacar la relevancia que adquiere la dimensión performativa del orden simbólico.7 Sin embargo, existen algunas divergencias significativas entre los exponentes de estas dos perspectivas. Desde una concepción deconstruccionista, Derrida (2005) ha reconocido la afinidad entre deconstrucción y pragmatismo, a partir de la importancia central de la dimensión performativa (Derrida 2005, 153). No obstante, en otros trabajos (2003) le criticó a Austin el enfoque en exceso “intencionalista” de los actos de habla, destacando la necesidad de limitar, sin abandonar, la intencionalidad del sujeto hablante y el concepto de contexto, en el momento en que la ruptura iterable nunca pierde significación. También cuestionó la concepción austiniana del contexto entendido como ajeno a la construcción discursiva, indicando que ningún contexto es “absolutamente determinable” y que, debido a que no hay un afuera del texto, las condiciones de posibilidad no pueden ser entendidas como extratextuales. Por último, se ha referido al menosprecio a las circunstancias en las que el lenguaje “no se emplea seriamente” (escenas teatrales, poemas), las cuales muestran que no existe un “performativo puro” (Derrida 2003, 351-369). Sin invalidar la crítica de Derrida, este trabajo sostiene que ambos enfoques se complementan, en el momento en que piensan en condiciones y niveles diferentes la crítica a la metafísica de la presencia. La diferencia central radica en que, en el caso de los actos performativos de Austin, el filósofo inglés se centra en las condiciones históricas para que un discurso enunciado oralmente adquiera eficacia (“felicidad”) material. Derrida, en cambio, se concentra en la inherente capacidad iterable que presenta la escritura como un elemento “estructural”, que
7 Existe un antecedente de la teoría de los actos de habla de Austin en un temprano texto de Lacan de 1953, cuando afirma que “el término palabra significa algo que va mucho más allá de lo que nosotros llamamos así. Es también una acción” (Lacan 1958, s. p.). 115
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incluso es válido para todo el campo de la experiencia (Derrida 2003, 358). En otras palabras, Austin piensa en el nivel óntico, distinguiendo implícitamente entre la producción de un speech act y su eficacia performativa, y Derrida, más allá de algunos ejemplos aislados, se concentra en el plano ontológico, destacando que no hay un “afuera” del texto y que toda escritura, más allá de las intenciones y la presencia física del sujeto, tiene una capacidad performativa, como “escritura misma de lo escrito”8 (Derrida 2003, 358). En ese sentido, todo enunciado puede ser “iterabilizado” en otras circunstancias, sin perder por ello su “inteligibilidad” (Derrida 2003, 360). De este modo, el pensador francés presenta una adecuada crítica a la idea de que los contextos deben ser analizados como “con-textos”, que se construyen discursivamente y presentan una dimensión polisémica y no determinista. Pero, al mismo tiempo, Austin realiza un aporte central, al pensar en las condiciones estructurales para que un determinado discurso emitido sea potencialmente eficaz a nivel performativo.9 Una situación concreta tal vez contribuya a disipar esta confusión. Si se piensa en el ejemplo de Austin del cura que realiza un casamiento, podemos conceder a Derrida su parte de razón, tomando en cuenta que la investidura que se atribuye al cura responde a una construcción histórica y contingente. Incluso, podemos suponer, con base en los aportes de Žižek (1992), que la consumación del casamiento no implica necesariamente la creencia en su valor, ya que los afectados pueden descreer “cínicamente” del acto consumado.10 Sin embargo, ello no invalida su eficacia, reconocida institucionalmente por el poder del Estado. Si se analiza este ejemplo desde el plano psíquico, se podría imaginar o soñar libremente con la eficacia performativa. De este modo, reconociendo la parte de razón de la crítica derridiana, resulta plausible pensar o soñar con un acto performativo, como un casamiento, que no cuente con las condiciones de “felicidad” para ser realizativo, en un sentido austiniano, pero que, a pesar de ello, adquiera la fuerza material de un acto performativo. Por ejemplo, es posible soñar
8 En ese sentido, en otros textos Derrida refiere a la capacidad de la escritura de crear promesas que nombran el por-venir, incorporando una concepción ético-política que se encuentra ausente en Austin. 9 Como señala Aboy Carlés (2001, 35-42), aunque el lenguaje presenta una dimensión performativa, la “performatividad retrospectiva de la nominación” necesariamente requiere ciertas condiciones materiales para ser “efectiva”. En Foucault (2008) se hallan algunos párrafos que parecen rechazar la plena iterabilidad, en el momento en que destaca lo “decible” y lo “indecible” del discurso y sostiene que “el enunciado tiene la propiedad de poder ser repetido, pero siempre en condiciones estrictas” (Foucault 2008, 138). 10 Para Žižek (1992), en realidad, la eficacia performativa radica en su núcleo inconsciente, que se encuentra investido de un mandato de goce superyoico, asociado al cumplimiento de determinados mandatos culturales atribuidos por los sujetos interpelados como valiosos y deseables. 116
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que uno mismo (sin tener esa investidura) representa la figura de un cura que declara y, así, valida un matrimonio. Como se puede apreciar, ambas dimensiones del discurso son válidas y no se contraponen entre sí. Por un lado, la performatividad requiere ciertas condiciones materiales no meramente lingüísticas para ser eficaz, condiciones que se encuentran parcialmente sedimentadas y objetivadas. Por el otro, esas condiciones de posibilidad no dejan de ser construcciones discursivas, que no determinan sus potencialidades ni su eficacia. a. La noción de sedimentación de Laclau y el contexto como construcción discursiva extralingüística Ernesto Laclau, uno de los principales exponentes del posfundacionalismo, aporta algunas herramientas centrales para reflexionar sobre el problema de la performatividad del discurso y sus condiciones de efectividad. Si bien no distingue explícitamente entre la construcción hegemónica y su eficacia interpelativa, pone de presente algunas condiciones sociales no meramente lingüísticas para que un discurso opere hegemónicamente. En diversos pasajes destaca que se debe hacer hincapié en el análisis del “contexto”, la “historia contextual”, las “especificaciones contextuales” o el estudio de la “coyuntura particular” para analizar la articulación entre las cadenas equivalenciales11 y determinar qué significante logra universalizar su particularidad, para asumir el papel hegemónico (Laclau 1993; 1996; 2005, 114, 2009; 2014, 37). En efecto, para Laclau “las [cadenas de] equivalencias son siempre contingentes y dependientes del contexto” (Laclau 2003a, 212) o de la “coyuntura particular” (Laclau 1996, 82). En esta línea, el historiador también sostiene que existe un “carácter contextual de las identidades”, que “debe ser mantenido sin restricciones”, y destaca la importancia que adquieren ciertas “condiciones contingentes de emergencia” de las identidades sociales (Laclau 1993, 41 y 53). La segunda contribución clave proviene del concepto de “sedimentación”. En Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Laclau retoma este concepto de la fenomenología husserliana, a través del prisma existencialista de Heidegger, para referirse a las formas de expresión óntica de lo social, a las que define como el “conjunto de objetividades sedimentadas” (Laclau 1993, 177). En ese sentido, lo social, incluido el modo de producción, las prácticas sociales y el marco institucional, es equivalente a lo parcialmente sedimentado, en cuanto 11 Laclau acuña el concepto cadenas equivalenciales, en una lógica similar al concepto de “cadenas significantes” de Lacan, para referirse a la articulación contingente de dos o más significantes mediante una relación de equivalencia. Sin embargo, equivalencia no implica identidad, de manera tal que la lógica de la equivalencia se encuentra en tensión con el carácter diferencial de todo signo. 117
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a un orden “instituido” que “tiende a asumir la mera forma de una presencia objetiva” (Laclau 1993, 51). Sin embargo, esa objetividad y sedimentación necesariamente son “precarias” y “fallidas”, ya que si bien “el orden social existe”, no puede estructurarse como una realidad objetiva y cerrada (Laclau 1993, 77 y 223). Articulando la noción de “juegos del lenguaje” de Wittgenstein con el concepto de “sedimentación” de Husserl, Laclau (1993) asume que la realidad social, entendida como una sedimentación y objetivación parciales, se constituye dentro de un contexto teórico y discursivo, y que, por lo tanto, “la idea de una verdad fuera de todo contexto carece simplemente de sentido” (Laclau 1993, 119; énfasis del autor). Esta afirmación no implica que los “con-textos” sean puramente externos al discurso y al sujeto, o que presenten algún tipo de esencia o determinación social, sino que se trata de la existencia de ciertos contextos discursivamente constituidos que no tienen límites fijos y se encuentran en un proceso constante de cambio y redefinición (Laclau 1993, 229). En trabajos más recientes, Laclau profundiza en la importancia de lo que define como los “contextos políticos”, destacando que depende de cada contexto social o histórico cuáles serán los significantes que llenarán la función de representar un universal vacío (Laclau 2003a, 76; 2003b, 192 y 212). Además, agrega un nuevo elemento, vinculado a los grados de “vaciamiento” y universalización, dependientes también del contexto histórico-social (Laclau 2003b, 194). Mediante estos recursos, Laclau deja en claro la existencia de determinados límites y obliga a analizar ciertas referencias contextuales, que condicionan la formación hegemónica, producto del “sentido ya establecido” (Laclau 2005, 119-121; 2014, 49 y 64). Estos condicionamientos “con-textuales” implican que, en determinadas coyunturas políticas, “algunas equivalencias resultarán posibles, en tanto que otras estarán excluidas de un modo más o menos permanente” (Laclau 2014, 65). Sin embargo, estas restricciones discursivas no determinan lo social, en el momento en que toda realidad solo puede “sedimentarse” mediante una “estructuración relativa” (Laclau 1993, 59), en el marco de su carácter inherentemente contingente, precario y fallido.
4. Las condiciones discursivas de posibilidad no lingüísticas y la transformación identitaria en la Argentina de los noventa Durante la campaña presidencial para las elecciones de 1989, Carlos S. Menem, un histórico dirigente de origen peronista que gobernaba la pequeña provincia de La Rioja, se situaba desde un discurso que, pese a sus ambigüedades, podía ser ubicado dentro de la tradición nacional-popular, afín a las ideas nacionalistas y movimientistas del peronismo de posguerra. Una 118
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vez en el poder, sin dejar de posicionarse dentro de la tradición peronista, Menem lideró la implementación de un modelo de acumulación social ubicado en las antípodas del peronismo histórico.12 A continuación se analizan las interpelaciones ideológicas y los argumentos empleados por el Presidente para construir y legitimar, frente a los sectores de tradición peronista, esta transformación en las identidades sedimentadas, generando un vínculo entre el peronismo y el neoliberalismo. Antes, sin embargo, se deben destacar las condiciones discursivas no meramente lingüísticas que se hallaban relativamente estructuradas, a finales de los años ochenta y comienzos de la década de los noventa, y que contribuyeron a dicha transformación: 1) El “con-texto” de caos social e hiperinflación de finales de los años ochenta y el reclamo de un orden. Durante la primera mitad de 1989 se produjo en Argentina un incremento descontrolado de los índices inflacionarios, que alcanzó cifras mensuales de tres dígitos y elevó la tasa de pobreza y desempleo, perjudicando centralmente a los trabajadores. Esta situación de derrumbe de los indicadores económicos y sociales, acompañada de saqueos a supermercados y comercios, potenció las demandas sociales para alcanzar algún tipo de orden público y superar la situación de caos. 2) Crisis del Estado Social de posguerra. A finales de los años ochenta, el Estado Benefactor funcionaba con profundas fallas estructurales, con inoperancia de los controles aduaneros y regulaciones del mercado que incentivaban transgresiones de las leyes, y una administración pública lenta y ineficiente, basada en prácticas patrimonialistas que lo alejaban del ideal burocrático weberiano y lo acercaban a un “capitalismo aventurero” (Sidicaro 2003, 157). Además, la prestación de los servicios públicos era ineficiente, lo que se materializaba en cortes corrientes de luz, facturas mal imputadas, problemas de conexión telefónica y vuelos atrasados o cancelados, generando un creciente descontento social con el Estado y el sector público. 3) Percepción de fracaso de los planes de estabilización y sedimentación de ideas neoliberales. Luego del fracaso de las experiencias de estabilización del período 1984-1988 (Plan Grinspun, Plan Austral, Plan Primavera), las ideas keynesianas y desarrollistas se hallaban fuertemente desprestigiadas. Bajo ese contexto, materializado en incontrolables aumentos inflacionarios y déficit fiscal, se afianzaba el discurso neoliberal, con antecedentes en la última dictadura cívico-militar, que prometía una solución alternativa y razonable a estos problemas.
12 Por peronismo histórico o clásico se entiende el gobierno de Juan Perón durante el período 1946-1955. 119
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4) Sedimentación de las ideas liberal-democráticas. Desde 1983 se había estructurado en Argentina una cultura democrático-liberal, que rechazaba tanto la lógica dictatorial como las formas movimientistas, estas últimas vinculadas al autoritarismo de la “patota sindical”.13 En el peronismo, las críticas liberal-democráticas se extenderían con el desarrollo de la corriente renovadora y el decreciente poder del sindicalismo, en el contexto de las transformaciones en la estructura económica y social, y el desgaste de los métodos habituales de protesta y movilización social de los trabajadores. 5) Revolución tecnológica y difusión del discurso de la globalización. Bajo los efectos de la revolución mundial en las telecomunicaciones (aumento en la velocidad de las transacciones y mayor diferenciación espacio-temporal, expansión de las empresas transnacionales), el papel condicionante de los organismos multilaterales de crédito y la creciente mundialización comercial, financiera y cultural, favorecida por la caída del Muro de Berlín y del socialismo soviético, desde finales de los años ochenta se generó un fenómeno de mundialización, conocido como globalización. Este contribuyó a la creación de un imaginario social propicio para la integración al nuevo orden internacional y restringió la expresión pública de concepciones de nacionalismo económico y defensa del mercado interno. 6) Tradición personalista y pragmática del peronismo. Este se caracterizó históricamente por ser un partido-movimiento con una ideología pragmática y una larga tradición de verticalismo y disciplinamiento personalista a la figura del líder y a la unidad partidaria. En un escenario donde confluyen grandes empresarios, economistas ortodoxos, banqueros, organismos multilaterales de crédito y dirigentes políticos, la ideología neoliberal se expande y consolida alrededor del planeta. Esto permitirá la difusión de las “virtudes” de las reformas y ajustes estructurales como sinónimos de “modernización”, “progreso”, “crecimiento” y “libertades individuales”, y la propagación de una percepción general de ausencia de alternativas válidas al nuevo orden de globalización (neo)liberal. En esas circunstancias, que limitaban (sin determinar) los márgenes para expresar discursos alternativos a la integración del liberalismo político y económico —y de ambos al fenómeno de la globalización—, el menemismo adopta las tesis neoliberales del Consenso de Washington y las reformula pragmáticamente en función de las circunstancias particulares del escenario local (Fair 2014).
13 Una fracción interna del peronismo que incluía a dirigentes políticos y sindicales, conocida como “la ortodoxia”, se caracterizaba por asumir prácticas sociales y métodos de acción y protesta social violentos y autoritarios, en un sentido liberal del término. 120
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5. Las interpelaciones de Menem a los sectores peronistas La figura de Carlos Menem comenzó a popularizarse desde el retorno del régimen democrático. Sin embargo, presentaba una larga trayectoria como militante político, y luego como gobernador peronista de la pequeña provincia de La Rioja (desde 1958). A su vez, contaba con la atribución de un elevado carisma personal y, en los años ochenta, había logrado difundir una imagen pública de líder campechano, sencillo y popular, que buscaba asemejarlo a los caudillos federales de Argentina (Barros 2002; Novaro 1994). Sin embargo, al acceder a la Presidencia, Menem moderniza su figura con trajes de primera marca, se alía con Estados Unidos y aplica políticas neoliberales que contradicen fácticamente la prédica federalista. A partir del poder simbólico, político e institucional atribuido al cargo presidencial, la larga tradición personalista de Argentina, la elevada capacidad persuasiva y dialógica y su amplio conocimiento de los entramados del poder, Menem conserva un papel político central durante toda la década de los noventa, contribuyendo a realizar una transformación radical de la tradición peronista, para reconducirla desde el nacionalismo popular hacia el nuevo peronismo neoliberal. Desde las interpelaciones dirigidas centralmente a los destinatarios de tradición peronista, dos fueron los ejes clave de su discurso: por un lado, asume un mandato cultural que insta al aggiornamiento, es decir la “actualización” y “modernización” de los elementos centrales de la doctrina peronista, que debía adaptarse a los “nuevos tiempos” de transformación nacional y global. En palabras de Menem: La soberanía política, la independencia económica y la justicia social, son irrenunciables. Pero los instrumentos […] deben adaptarse a los nuevos tiempos. Deben cambiar para cumplir mejor los objetivos, y el imperativo es actualizarlos, ya que, luego de más de cuarenta años, también cambió nuestra Argentina y el mundo. No podemos ser tan ciegos como para ignorar esta realidad. (Ménem 1989, 29-30)14
Como lo expresa durante el Congreso de “Actualización doctrinaria”, realizado en marzo de 1991, la doctrina peronista debía “evolucionar”, tal como lo había hecho el mundo, para estar “a la altura” de los nuevos tiempos:
14 Todos los discursos citados corresponden, salvo expresa aclaración, a alocuciones oficiales del presidente Carlos Menem. 121
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Nuestra doctrina no puede ser una cárcel que nos haga prisioneros de cegueras sectarias, nuestra doctrina tiene que ser un vehículo actualizado y revolucionario al servicio de toda la Nación […]. No es traición estar a la altura de la evolución universal en los umbrales del siglo XXI. Traición sería quedarnos petrificados en 1946, en 1973 o en 1983. (Menem 1991, s. p.)
Lejos de mostrarse antagónico a la tradición de su partido —lo que le habría generado un rechazo de los sectores de fuerte arraigo peronista—, se trata de aggiornar la “idea justicialista”, teniendo en cuenta el proceso de “evolución” mundial, que obliga a adaptar sus principios doctrinarios a los tiempos actuales. En palabras de Menem: “No hemos descuidado la idea y procuramos aggiornar, en base a la prédica, esa idea justicialista. Aquellos que se habían olvidado de esa tónica, del mensaje permanente del general Perón actualizando los principios del justicialismo, no deben olvidar también que los tiempos no transcurren en vano, los cambios no son producto de la casualidad, sino de la causalidad” (Menem 1992, 65). Con base en este discurso evolucionista y epistemológicamente realista, aquellos sectores que aún seguían defendiendo las ideas nacional-populares de posguerra eran descalificados por Menem, acusados de “antiguos”, “atrasados” o directamente “ignorantes”, “incapaces de comprender los inmensos cambios que se registran actualmente en todo el mundo” (Menem 1989, 132). El segundo eje central encadena al modelo económico con una selección de significantes que evocan aspectos sedimentados de la tradición peronista. Desde el discurso de Menem, las reformas de mercado y la inserción acrítica al orden internacional siguen al pie de la letra la doctrina peronista, garantizando la integración a la “comunidad organizada” a escala global, otorgando una participación efectiva a los trabajadores como “protagonistas” y promoviendo la justicia social. En ese sentido, el Presidente se refería a los “éxitos” de lo que definía como un modelo de “economía popular de mercado”, que era una síntesis de las “preciadas banderas” históricas del peronismo, aunque “actualizadas” al presente: ¿Qué es la economía popular de mercado? Es un concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. Una economía popular, es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de mercado, es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria. (Menem 1989, 66)
Mediante esta reformulación político-ideológica, el relato menemista logra integrar al discurso neoliberal la tradicional idea peronista de la economía asociada a la ética social y humanista; aquella economía “humanizada” que, de acuerdo 122
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con los principios históricos de la doctrina, se centra en la creación de empleo y en la garantía de justicia social, al servicio del pueblo y con vistas al bien común: Conduciremos el resurgimiento económico de la Nación con un nuevo sistema de mercado que será popular. Decimos, entonces, economía popular de mercado, que significa que el sistema económico debe estar al servicio del pueblo. Que es una economía ética, una economía que humaniza [...] porque recrea el trabajo, garantiza la justicia social y posibilita la intervención del Estado en vistas del bien común. (Menem 1990, s. p.)
6. Eficacia interpelativa hacia los sectores peronistas a. Las condiciones discursivo-extralingüísticas de posibilidad Se han sintetizado las principales interpelaciones y estrategias argumentativas de Menem tendientes a reformular la tradición peronista para reconducirla hacia las reformas neoliberales y las nuevas alianzas políticas con los enemigos históricos del peronismo. Ahora bien, como se ha expuesto, las interpelaciones no se traducen mecánicamente en hechos performativos. En ese sentido, se debe incorporar al análisis del discurso una serie de condiciones “con-textuales”, parcialmente sedimentadas, que contribuyeron a la exitosa reformulación ideológica del discurso menemista frente a los sectores de tradición peronista: 1) El imaginario del progreso social evolutivo, sedimentado en los discursos peronistas15 y en otros textos de referencia de los sectores de tradición nacional-popular.16 2) El discurso epistemológicamente realista de los pronunciamientos oficiales de Perón.17 3) El hiperpragmatismo ideológico del peronismo histórico, que amalgama significantes de diferentes tradiciones culturales (democráticas, comunitaristas,
15 En palabras de Perón: “nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea para que el paso de una edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios” (discurso de Perón del 1 de mayo de 1952, citado en Perón 1996, 235). 16 Sobre la sedimentación del discurso positivista en la cultura política nacional, véase Altamirano (2011). 17 “Desde que el mundo es mundo, el hombre busca la verdad que no ha encontrado. Nosotros creemos que esa verdad está en los hechos, es decir, que la verdad es un asunto de apreciación objetiva: no está ni en los pensamientos, ni en los discursos, ni en las ideas, que son cuestiones subjetivas. Nosotros tomamos la verdad de los hechos, que es la verdad que nos interesa” (discurso de Perón del 19 de febrero de 1952, citado en Perón 1996, 219). 123
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liberales, conservadoras, socialistas) y estructura una compleja combinación de elementos de orden, conservadores y cristianos (“comunidad organizada”, unidad, paz social), con otros de orden nacional-popular y de ruptura social radical (justicia social, críticas al capitalismo liberal y al imperialismo).18 Además, en particular, desde la conformación de la corriente renovadora (1984), el peronismo sumará nuevos discursos liberales en lo político y lo económico.19 4) La historia política y las vivencias de más de tres décadas de militancia histórica y ejercicio del gobierno (como gobernador de La Rioja) dentro del partido-movimiento, lo que convierte a la figura de Menem, junto a la imagen que proyecta de caudillo popular, en un referente político (insider), cuya voz es autorizada y reconocida socialmente dentro del peronismo. Estos discursos, bajo la no discutida autoridad atribuida por los sectores peronistas a las citas de Perón, actúan como condiciones de posibilidad que contribuyen, sin determinar, a la exitosa actualización menemista de la doctrina peronista. Sin embargo, hay que referirse a una “huella” adicional, que asume un papel central en la operación hegemónica de Menem: los cambios históricos en las políticas públicas. b. La huella de la “actualización” doctrinaria de 1952 Como se analizó, Menem presenta su modelo económico y social como una especie de continuación “evolucionada” de la doctrina peronista. Ahora bien, más allá de la estructuración de este imaginario positivista, se debe recordar que el propio discurso de Perón se caracterizó por ser muy heterogéneo, pragmático y cambiante. En efecto, como lo han destacado Sigal y Verón (2003), los discursos de Perón, materializados en sus diez años iniciales en el poder, y en las vicisitudes de su extenso período de dieciocho años en el exilio forzado (1955-1973), dejaron plasmada una multiplicidad de “huellas” posibles de reapropiación y reformulación, a partir de una retórica que expresaba una amplia diversidad ideológica. Esta multiplicidad de huellas, en algunos casos contradictorias entre sí, bajo el elevado poder performativo del que disponía la voz de Perón como expresión transparente de la Verdad del Pueblo y de la Patria, contribuyen a la difusión
18 Así, las llamadas “Veinte verdades” peronistas refieren al “pueblo” como “soberano” (1°) y al peronismo como un “movimiento popular” (2°), en el que “el trabajo es un derecho” (5°) y el eje se encuentra en la “justicia social” (10° y 17°) y la “economía social” (16°) al servicio del “pueblo libre” (18°), con otras “verdades” que asumen el “anhelo de unidad nacional y no de lucha” (11°), el “amor” (10°) y la “filosofía profundamente cristiana y humanista” (14°) (citado en Perón 1996, 62-63). 19 Sobre las dimensiones de orden y de ruptura del discurso peronista, véanse De Ípola y Portantiero (1989) y Sigal y Verón (2003). Sobre los discursos de la renovación, véase Aboy Carlés (2001). 124
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de discursos peronistas de izquierda que sueñan con un peronismo revolucionario, que “combata” al capital y al imperialismo, y conduzca al movimiento popular al “socialismo nacional”; frente a otros discursos conservadores que rechazan la lucha de clases y promueven la profundización del modelo industrialista y nacionalista de la “tercera posición” (“ni yankees ni marxistas, peronistas”) y el objetivo de la “unidad nacional”. Con el retorno efectivo de Perón al poder, en 1973, las alocuciones del Presidente suman nuevas huellas fácticas, que se inclinan hacia la concepción más conservadora del peronismo (la llamada burocracia sindical), rechazando la lógica combativa de los grupos radicalizados de izquierda (Montoneros, Juventud Peronista)20 (Sigal y Verón 2003). A partir del valor central que mantiene la figura de Perón para los sectores peronistas, la legitimidad presidencial, producto de sus años de militancia política en el partido-movimiento y la tradición verticalista y pragmática del peronismo, Menem logra reapropiarse fácilmente de los ejes que considera más adecuados para validar el profundo cambio en el modelo de acumulación, que inicia en 1989. En ese contexto, sus discursos en el poder van a retomar y amplificar una reprimida huella histórica, que se remonta a los inicios de la segunda presidencia de Perón (1952-1955). En efecto, en diversas oportunidades, este último se había referido a la necesidad de “renovar” y “actualizar” la doctrina justicialista.21 Además, aunque ya desde 1950 había intentado realizar un viraje ideológico frente a los capitales extranjeros, a partir del anuncio del Segundo Plan Quinquenal, en 1952, el entonces Presidente había modificado parcialmente sus políticas mercado-internistas, para promover el ingreso de inversiones extranjeras tendientes a dinamizar y modernizar la industria nacional y garantizar el ingreso de divisas. Poco después, con la sanción de la ley 14.222, su gobierno aprueba en el Congreso un régimen favorable al ingreso de inversiones internacionales (Sidicaro 2003, 85-86).22 A partir de estos cambios, que lo acercan a lo que luego serán las políticas desarrollistas del período 1958-1972, Perón firma un acuerdo inicial con algunas empresas extranjeras (Mercedes Benz y Kaiser Motors) para 20 De hecho, luego de la muerte de Perón (1974), asumió el poder su esposa, María Estela Martínez, quien colocó como ministro de Economía a Celestino Rodrigo, encargado de realizar, en junio de 1975, el “primer gran programa de ajuste propuesto por un gobierno del peronismo” (Sidicaro 2003, 132). 21 “Hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio aceptado como inmutable pierde su actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la conciencia del pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, equivale a sostener una ficción” (discurso de Perón del 27 de enero de 1949, en Perón 1996, 127). 22 La ley establecía que “se permitiría la transferencia al exterior de hasta el 8% de utilidad, libre de impuesto, y la repatriación del capital podría hacerse en cuotas anuales, a partir de 10 años de invertido” (Sidicaro 2003, 86). 125
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el desarrollo de la industria automotriz. A su vez, en 1955, poco antes del golpe de Estado que lo destituyó, realiza un acuerdo con la empresa estadounidense California Petroleum Company, para la explotación de algunas áreas petrolíferas en el suelo nacional (Ferrer 2004, 229).
7. La iterabilidad discursiva de Menem Mediante la reapropiación y reformulación de las “huellas” del liberalismo al cual se acercó Perón,23 Menem logra relegitimar, frente a los sectores peronistas, el relato de la necesidad de actualización y modernización de la doctrina, sin dejar de situarse dentro de la más pura tradición. Lejos de una presunta “traición”, el Presidente solo estaba poniendo en práctica el proceso de reformulación del Estado que había iniciado el general Perón en 1955. En esa dirección: Era necesario ir cambiando en el sentido de la renovación, de la actualización, de la modernización de nuestra doctrina, otra de las grandes enseñanzas del General Perón. Yo les pido a mis compañeros, a aquellos que por ahí dicen: esto no es peronismo, que lean los mensajes del General Perón al Parlamento de la Nación, cuando decía que era necesario actualizar nuestros principios, nuestra doctrina, para estar acorde con los tiempos que vivía Latinoamérica y el mundo. (Menem 1992, 229)
Esta capacidad de difference del discurso, para readaptarlo a los propios requerimientos políticos, le permite a Menem, bajo los “con-textos” particulares de producción señalados, presentarse como un “enunciador segundo”24 de la palabra plena de Perón. En esas circunstancias, desde las alocuciones del Presidente, actualizar los principios del peronismo histórico significa aceptar la necesidad de privatizar las empresas públicas: En este proceso de transformación, he tenido muy en cuenta las palabras de nuestro líder; palabras que expresara en un encuentro con empresarios,
23 Pese a que finalmente el capital internacional no se interesó por el régimen de inversiones propuesto en 1952 (Sidicaro 2003, 86) y el posterior acuerdo con el capital estadounidense quedaría sin efecto, al no ser ratificado por el Congreso (Romero 1994, 167). 24 Sigal y Verón (2003) han mostrado que, en el momento en que Perón se encontraba en el exilio, distintos sectores del peronismo se situaban como “enunciadores segundos” de su palabra. Canelo (2002, 14) afirma, en ese sentido, que Menem legitima su discurso situándose como un “enunciador segundo” de lo que hubiese dicho y hecho Perón, esto es, como el único capaz de interpretar la doctrina peronista. Para ello, cuenta con la “doctrina vacía” que le transfiere el peronismo histórico. 126
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allá en la década del 50, cuando les decía que ya se había cumplido la etapa que sobrevino después de la Segunda Guerra Mundial, donde era fundamental preservar las fuentes de trabajo a partir de las empresas del Estado, pero que les agradecería a los empresarios privados si es que asumieran la responsabilidad de hacerse cargo de esas empresas, que daban pérdidas y que no cumplían con eficacia los servicios que tenían que prestar. El mismo general Perón empezó un proceso de privatización de los hidrocarburos, hasta que vino el Golpe de 1955. (Menem 1993, 121)
En un contexto de profundas transformaciones histórico-políticas y socioculturales, tras el derrumbe del socialismo soviético, el fracaso de las políticas estatistas, la trágica experiencia hiperinflacionaria del período alfonsinista y la expansión del fenómeno de la globalización, el Presidente relegitima el mandato cultural que insta a actualizar la doctrina a los nuevos tiempos, sin ninguna contradicción aparente con la tradición histórica del peronismo.
8. Las palabras y las cosas: la eficacia performativa del discurso menemista Ninguna construcción discursiva obtiene mecánicamente eficacia performativa. En el caso del discurso de Menem, en una primera etapa, entre 1989 y 1991, su éxito performativo fue limitado. Las resistencias se expresaban en la persistencia de discursos antimenemistas que rechazaban la validez de las interpelaciones presidenciales, defendían un discurso peronista nacional-popular y vinculaban a Menem, y a su modelo económico y social, con el neoliberalismo y la “traición” al peronismo histórico de Perón y Evita. Desde los aspectos no lingüísticos del discurso, se debe destacar la masiva movilización popular del 17 de octubre de 1990 contra las privatizaciones de la empresa estatal de teléfonos (Entel) y la aerolínea nacional (Aerolíneas Argentinas). La movilización, liderada por Saúl Ubaldini, reunió a amplios sectores peronistas y de tradición nacional popular en la Plaza de Mayo, quienes reasumieron la tesis de la “traición” menemista al peronismo histórico, al aliarse con los representantes del liberalismo económico (Página 12 1990). Además, en esta primera etapa, el menemismo no logró sancionar sus proyectos de flexibilización laboral, frente a la oposición de la bancada justicialista y una porción mayoritaria del sindicalismo. Sin embargo, en una segunda etapa, que comienza en 1991 y se consolida en 1993, disminuyeron los sectores más combativos del peronismo antimenemista y se amplió, al mismo tiempo, el campo de peronistas menemizados y “posmenemistas”, quienes solo van a criticar aspectos parciales del modelo, desde una 127
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lógica “defensiva” (Fair 2015). Para entender esta transformación político-ideológica, que además se tradujo en una sensible reducción en la cantidad de protestas y movilizaciones sociales contra el modelo económico y en el grado de combatividad política de estas (Gómez, Zéller y Palacios 1996; Schuster et al. 2006), se deben considerar dos condiciones que contribuyeron a la eficacia performativa del discurso menemista: la sanción de la Ley de Convertibilidad y el resultado de las elecciones legislativas de 1991. En primer lugar, se debe mencionar la solución que halló el menemismo al problema hiperinflacionario que acechaba desde los años ochenta, traducido en una fuerte desconfianza en la moneda nacional y en el gobierno del entonces presidente Alfonsín. En ese sentido, se destaca la exitosa creación de un marco general de confianza y certidumbre social, a partir de la implementación de la Ley de Convertibilidad. Esta ley, sancionada en el Congreso a finales de marzo de 1991, estipuló pautas vinculantes que prohibieron la emisión monetaria sin respaldo del Banco Central y la indexación de precios, salarios y alquileres. A partir de un discurso presidencial que asume la inevitabilidad de las reformas neoliberales y destaca la imposibilidad de modificar el modelo económico, y bajo el poder restrictivo de las instituciones formales del Estado, los agentes del mercado dejan de remarcar de forma preventiva los precios, y los depósitos retornan a los bancos, lo que se traduce en una estabilidad fáctica de la moneda. Esta estabilidad monetaria generó un boom de consumo e inversión y una recuperación de la confianza social en el Gobierno. A su vez, permitió el retorno del crédito, lo que fortaleció a la estabilidad económica y la confianza social, incentivando el crecimiento del PBI y contribuyendo a legitimar el discurso de Menem. Un segundo aspecto central para los sectores de tradición nacional-popular y peronista, íntimamente vinculado a la efectiva estabilización económica y sus efectos progresivos sobre los trabajadores y sectores populares, remite a las elecciones legislativas de septiembre de 1991. El contundente resultado de aquellas elecciones de medio término mostró (sin denuncias de corrupción o manipulación de los datos electorales) un masivo apoyo popular a los candidatos menemistas y un simultáneo fracaso de los núcleos antimenemistas. El resultado electoral adverso significó un cimbronazo para los sectores peronistas nacional-populares y antimenemistas, quienes esperaban que el pueblo “castigara” duramente la “traición” de Menem a las banderas históricas del movimiento peronista. Sin embargo, lejos del esperado castigo popular, el menemismo y sus ideas neoliberales logran un amplio apoyo popular, al tiempo que los sectores antimenemistas, liderados por Saúl Ubaldini y Oscar Alende, obtienen resultados paupérrimos.
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Como lo sintetiza Víctor de Gennaro, por entonces titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y fuerte crítico del modelo económico y social, el resultado de las elecciones legislativas de 1991 fue un “batacazo” (sorpresa): El batacazo más grande se produce cuando Menem gana las elecciones en el ’91 […]. La derrota del 24 de marzo [de 1976] fue una derrota por la fuerza: nos habían matado, nos habían reprimido, pero no nos habían convencido nunca. A mí en el ‘91 eso me cayó. Cuando se votó a Menem por segunda vez, fue la primera vez que los argentinos votaron contra su destino. Todas las elecciones anteriores del siglo, cuando el pueblo argentino pudo votar, siempre votó por el que quería […] con Perón en el ‘46 y en el ‘52, o por el que no era el candidato del enemigo: Frondizi contra los “otros”, el voto en blanco, en un momento determinado […] En el ‘89 se votó a Menem que prometía otra cosa. Pero en el ’91 ya no había dudas: se votó a Menem, a Cavallo, a las privatizaciones, la entrega. La crisis había penetrado en nosotros. Y ahí empecé a dudar. (De Gennaro, citado en Gurrera 2002, 9)
Como señala Altamirano, recordando un discurso similar de Germán Abdalá, un exintegrante del grupo de los ocho diputados antimenemistas: “el peronismo verdadero siempre ha conjugado la referencia a una verdad y a una mayoría, que era una mayoría excluida” (2011, 135). En ese sentido, aquellos exponentes de esta visión esencialista no eran capaces de explicar el masivo apoyo de las mayorías populares a un proyecto político y económico que consideraban una lisa y llana manipulación antiperonista de la tradición histórica, puesto que solo recordaban, en consonancia con los referentes combativos de los años sesenta y setenta, el discurso “rupturista” y de izquierda nacional-popular del peronismo del 1945, olvidando sus aspectos conservadores y sus concesiones al liberalismo.
9. “La única verdad es la realidad” Con base en la efectiva estabilidad de los precios, el crecimiento del consumo interno y del PBI y el mejoramiento relativo de los índices de pobreza e indigencia, junto a la modernización tecnológica, materializada y objetivada en las prácticas sociales cotidianas, Menem va a resaltar una y otra vez la “verdad” incuestionable de los hechos realizados y los resultados positivos en términos macroeconómicos. De este modo, la materialidad objetiva de los “hechos concretos” le permite al Presidente relegitimar los “éxitos” de su proceso de transformación nacional:
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Todos sabemos que las palabras no alcanzan. No alcanzan si no van acompañadas de hechos concretos. Concretísimos. Porque es en los hechos desde donde, entre todos, hemos empezado a probar la más irreversible vocación de cambio. Es en los hechos donde se está dando la transformación argentina. (Menem 1991, 65) En sólo cuatro años y medio de gobierno, hemos conseguido esta transformación que, por ejemplo, ha llevado a la República Argentina a colocarse entre los cuatro países que más crecieron en estos últimos tres años, en lo que hace a su Producto Bruto Interno. Ha subido la producción, reitero, ha crecido en forma significativa el consumo, han disminuido los índices de pobreza y se acrecienta la demanda laboral. Estos son los logros que hemos conseguido. (Menem 1993, 176)
A partir de la efectiva estabilización monetaria de mediados de 1991, y luego del masivo apoyo del pueblo en las elecciones legislativas, el Presidente refuerza este discurso de sentido común, basado en la verdad objetiva e incuestionable de la realidad empírica. En este orden de ideas, en sus interpelaciones dirigidas a los sectores peronistas, no duda al descalificar la validez de los argumentos nacional-populares, apelando a frases típicas de Perón y su doctrina, como “mejor que decir es hacer” y “la única verdad es la realidad”. En palabras de Menem: “Pueden continuar agraviándonos, pueden continuar difamándonos. A cada agravio, a cada difamación, a cada insulto, una obra, una realización, un hecho. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. A eso vamos y ése es nuestro futuro, nuestro destino” (Menem 1993, 134). Bajo condiciones de relativa sedimentación de las ideas realistas de Perón, potenciadas por la memoria colectiva, las vivencias históricas, las representaciones imaginarias y las identificaciones afectivas en torno al peronismo, el discurso de sentido común de Menem logra penetrar en los sectores de tradición peronista, reformulando las identidades existentes e imponiendo las premisas y los mandatos del nuevo peronismo neoliberal. A partir de un imaginario social de estabilidad y modernización tecnológica, favorecido por el masivo apoyo popular al menemismo en las contiendas electorales, la articulación entre las interpelaciones de Menem y las circunstancias no meramente lingüísticas refuerza la capacidad performativa del discurso presidencial y contribuye a reprimir la expresión pública de los discursos más combativos.25 25 Ubaldini, quien en 1989-1990 había liderado la oposición al modelo económico menemista desde la CGT sede Azopardo, fue perdiendo poder luego de la derrota en las elecciones 130
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Conclusiones Este artículo analizó algunos ejes centrales del proceso de transformación de las identidades políticas que llevó a cabo el menemismo en los años noventa en Argentina, que reformuló, con relativo éxito, la tradición nacional-popular del peronismo histórico, para reconducirlo a la adopción de las ideas neoliberales, promovidas por los núcleos antiperonistas del establishment local e internacional. Desde una perspectiva teórica y epistémica posfundacional, que destaca la capacidad constructiva, transformativa y potencialmente performativa del orden significante, el trabajo se centró en las interpelaciones y los argumentos del presidente Menem frente a sus destinatarios de tradición peronista. En ese contexto, se discutió, en primer lugar, con los análisis esencialistas de las identidades políticas, destacando la doble dimensión iterable y performativa del orden significante. En segundo término, se debatió con las aproximaciones deconstructivas y se procuró complejizar los análisis laclausianos que reducen sus investigaciones al estudio de los aspectos meramente lingüísticos del discurso y presuponen una relación de linealidad mecánica entre la construcción hegemónica y su eficacia performativa. A partir de las contribuciones teóricas de los textos de Laclau, se incorporaron algunas reflexiones que permiten enfatizar la interacción dialéctica que se establece en toda dinámica política entre las interpelaciones de las figuras políticas claves, los aspectos “con-textuales” y los condicionamientos no meramente lingüísticos del discurso que se encuentran parcialmente sedimentados. Esto aporta herramientas teórico-metodológicas para distinguir analíticamente entre la producción hegemónica y la dimensión de la eficacia performativa y para examinar, desde el análisis político, el impacto hegemónico de los discursos. En la segunda parte se analizó la dinámica de construcción de la hegemonía menemista, colocando el eje en la capacidad performativa del Presidente para transformar las identidades políticas de los sectores peronistas de tradición nacional-popular. Una vez en el poder, Menem adoptó una concepción evolucionista y epistemológicamente realista, que instaba a actualizar y modernizar las ideas doctrinarias del peronismo histórico en dirección a las reformas neoliberales. Desde una lógica de sentido común, el discurso menemista recordaba determinados hechos fácticos (como el derrumbe del Muro de Berlín y del socialismo real, los saqueos a supermercados y la hiperinflación de 1989), y los encadenaba al caos económico y social, al fracaso, la involución y la decadencia nacional.
legislativas de 1991, hasta unificarse en 1992 con los gremios menemistas (ex-CGT San Martín) y negociadores (metalúrgicos de la UOM). 131
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Esta alteridad se contraponía a determinadas transformaciones sociohistóricas en el orden internacional y, en particular desde mediados de 1991, a una selección de datos macroeconómicos positivos (estabilidad de precios, crecimiento del PBI, inversión y consumo popular), articulados al logro de la estabilidad económica y a un imaginario de crecimiento, modernización y avance del país en la senda evolutiva de la Historia. Menem empleaba pragmáticamente estos indicadores para validar el profundo cambio en el régimen de políticas públicas y en las alianzas políticas, que inició desde su arribo al poder. En las interpelaciones dirigidas a los sectores de tradición peronista, este relato positivista neoliberal se encadenaba con algunos significantes típicos de la doctrina peronista, con el objeto de legitimar el nuevo rumbo, sin abandonar los lazos de continuidad con la tradición peronista. Estas interpelaciones interactuaban en la dinámica política con una serie de condiciones discursivas no lingüísticas, que contribuían a la estructuración de la hegemonía menemista y a su eficacia performativa. Se destacaron, en ese sentido, la huella de cierto giro del peronismo en las políticas públicas durante 1952, para abrirse al capital extranjero, la multiplicidad de tradiciones en pugna que cobijó la discursividad peronista desde la posguerra y el masivo apoyo popular al menemismo en las elecciones legislativas de 1991 (luego repetido en 1993), que contribuyeron a la iterabilidad del discurso de Menem. También se hizo mención de la existencia de una estabilidad fáctica de los precios y de la efectiva modernización tecnológica, que se combinaban con un clima general favorable a las reformas neoliberales y a la inserción acrítica al nuevo orden internacional de la globalización. La relativa estructuralidad de estos elementos del discurso, materializados y objetivados en las prácticas sociales cotidianas y en las vivencias de los actores, era empleada por Menem para construir sus discursos. A su vez, le permitía reforzar su capacidad performativa para transformar las identidades y tradiciones parcialmente sedimentadas, y edificar un discurso hegemónico en torno a las ideas neoliberal-conservadoras. En ese sentido, tanto la estructuración como la eficacia interpelativa del discurso menemista, solo pueden comprenderse si se ponen en relación con ciertas condiciones “con-textuales” y estructurales no lingüísticas que se hallaban parcialmente sedimentadas y objetivadas, y le permitían reforzar dialécticamente su discurso de sentido común. Como una prueba de esta exitosa reformulación ideológica, en la etapa de sedimentación del orden neoliberal, en 1993, la tesis de la “traición” de Menem a las banderas históricas del movimiento dejaba de ser mencionada públicamente por los actores políticos clave de tradición peronista, y ya no se encadenaba al menemismo con la aplicación del neoliberalismo antiperonista. Así, a partir de 132
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una pluralidad de transformaciones no meramente lingüísticas, el discurso menemista lograría penetrar en amplios sectores de tradición peronista, convenciéndolos de la necesidad de tener en cuenta la “realidad” de las cosas y realizar el “inevitable” cambio de mentalidad para modernizar y actualizar al peronismo del 45 en dirección a las ideas neoliberales. Poco después, en las elecciones presidenciales de mayo de 1995, Carlos Menem, con su discurso de peronismo neoliberal, no tendrá dificultades para ser reelecto en primera vuelta con casi el 50% de los votos, obteniendo un respaldo popular aun mayor al que había alcanzado en la elección presidencial de 1989.
Referencias Fuentes primarias 1. 2.
Discursos oficiales del Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem. Buenos Aires: Dirección General de Difusión, Secretaría de Medios de Comunicación, años 1989 a 1994. Página 12. Buenos Aires, 1990 y 1994.
Fuentes secundarias 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
Aboy Carlés, Gerardo. 2001. Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Rosario: Homo Sapiens. Altamirano, Carlos. 2011. “El peronismo verdadero”. En Peronismo y cultura de izquierda, 129-138. Buenos Aires: Siglo XXI. Austin, John L. 1998 [Primera edición en español, 1982]. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós. Barros, Sebastián. 2002. Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991. Córdoba: Alción. Barros, Sebastián. 2009. “Las continuidades discursivas de la ruptura menemista”. En El populismo como espejo de la democracia, compilado por Francisco Panizza, 351-381. Buenos Aires: FCE. Barros, Sebastián. 2013. “Despejando la espesura. La distinción entre identificaciones populares y articulaciones políticas populistas”. En Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, compilado por Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo, 41-64. Buenos Aires: UNGS, UNDAV. Borón, Atilio. 1991. “Los axiomas de Anillaco. La visión de la política en el pensamiento de Carlos Saúl Menem”. En El Menemato. Radiografía de dos años de Gobierno de Carlos Menem, 87-143. Buenos Aires: Letra Buena. Canelo, Paula. 2002. “La construcción de lo posible: identidades y política durante el menemismo. Argentina, 1989-1995”. Buenos Aires: FLACSO. Critchley, Simon. 2005 [Primera edición en español, 1998]. “Desconstrucción y pragmatismo. ¿Es Derrida un ironista privado o un liberal público?” En Desconstrucción y pragmatismo, compilado por Chantal Mouffe y traducido por Marcos Mayer, 45-85. Buenos Aires: Paidós. 133
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26. 27.
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De Ípola, Emilio. 1983. “Desde estos mismos balcones”. En Ideología y discurso populista, 175-185. Buenos Aires: Folios. De Ípola, Emilio y Juan Carlos Portantiero. 1989. “Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes”. En Investigaciones políticas, editado por Emilio de Ípola, 21-35. Buenos Aires: Nueva Visión. Derrida, Jacques. 1997. Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad, traducido por Adolfo Barberá y Patricio Peñalver Gómez. Madrid: Tecnos. Derrida, Jacques. 2003 [Primera edición en español, 1998]. “Firma, acontecimiento, contexto”. En Márgenes de la filosofía, traducido por Carmen González Marín, 349-372. Madrid: Cátedra. Derrida, Jacques. 2005 [Primera edición en español, 1998]. “Notas sobre desconstrucción y pragmatismo”. En Desconstrucción y pragmatismo, compilado por Chantal Mouffe y traducido por Marcos Mayer, 151-170. Buenos Aires: Paidós. Fair, Hernán. 2013. “Hegemonía e impacto interpelativo. Análisis de las discursividades público mediáticas en torno al menemismo y las reformas neoliberales en los actores políticos clave de tradición peronista (1993)”. Conflicto Social 6 (10): 12-46. URL: http://www.webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/10/05_Fair.pdf Fair, Hernán. 2014. “La readaptación ideológica del orden neoliberal en la Argentina menemista”. Si Somos Americanos 14 (2): 103-132. DOI: dx.doi.org/10.4067/ S0719-09482014000200005 Fair, Hernán. 2015. “Las formas de resistencia política del sindicalismo no menemista y la ausencia de una hegemonía alternativa en los ‘90. Contribuciones para el análisis de la dinámica política desde la perspectiva de Laclau”. Trabajo y Sociedad 25 (invierno): 149-171. URL: http://www.scielo.org.ar/pdf/ tys/n25/n25a09.pdf Ferrer, Aldo. 2004 [1963]. La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires: FCE. Foucault, Michel. 2008 [Primera edición en español, 1983]. La arqueología del saber, traducido por Aurelio Garzón del Camino. Buenos Aires: Siglo XXI. Garay Reyna, Zenaida. 2007. “Interpretaciones sobre la cultura política del peronismo en Argentina”. Papel Político 12 (2): 347-367. Gómez, Marcelo, Norberto Zéller y Luis Palacios. 1996. “La conflictividad laboral durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina (1991-1995)”. Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental 3: 245-285. Gurrera, María Silvana. 2002. “Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa”. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO. URL: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ ar/libros/becas/2002/mov/gurrera.pdf Lacan, Jacques. 1958. “Lo simbólico, lo imaginario y lo real”. Conferencia pronunciada en el Anfiteatro del Hospital de Sainte-Anne, París, Francia, 8 de julio de 1953. Traducción de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, a cargo de Ricardo E. Rodríguez Ponte, versión crítica, Buenos Aires. Laclau, Ernesto. 1993. Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva visión. Laclau, Ernesto. 1996. Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Ariel.
Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal Hernán Fair
28.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36.
37. 38. 39. 40. 41.
42.
43.
Laclau, Ernesto. 2003a. “Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas”. En Contingencia, hegemonía y universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, compilado por Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, 49-93. México: FCE. Laclau, Ernesto. 2003b, “Estructura, historia y lo político”. En Contingencia, hegemonía y universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, compilado por Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, 185-214. México: FCE. Laclau, Ernesto. 2005 [Primera edición en español, 1998]. “Desconstrucción, pragmatismo, hegemonía”. En Desconstrucción y pragmatismo, compilado por Chantal Mouffe y traducido por Marcos Mayer, 97-136. Buenos Aires: Paidós. Laclau, Ernesto. 2009. “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?” En El populismo como espejo de la democracia, compilado por Francisco Panizza, 51-70. Buenos Aires: FCE. Laclau, Ernesto. 2014. Los fundamentos retóricos de la sociedad. Buenos Aires: FCE. Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. 1987. Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: FCE. Marchart, Oliver. 2009 [Primera edición en inglés, 2007]. El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, traducido por Marta Delfina Álvarez. Buenos Aires: FCE. Melo, Julián. 2013. “La frontera invisible. Reflexión en torno al populismo, el pueblo y las identidades políticas en la Argentina (1946-1949)”. En Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, compilado por Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo, 65-90. Buenos Aires: UNGS, UNDAV. Mouffe, Chantal. 2005 [Primera edición en español, 1998]. “Desconstrucción, pragmatismo y la política de la democracia”. En Desconstrucción y pragmatismo, compilado por Chantal Mouffe y traducido por Marcos Mayer, 13-43. Buenos Aires: Paidós. Novaro, Marcos. 1994. Pilotos de tormentas: crisis de representación y personalización de la política en Argentina. 1989-1993. Buenos Aires: Letra Buena. Perón, Juan Domingo. 1996. Ayer hoy y siempre. Perón en doctrina. Buenos Aires: Mega Libros. Quevedo, Alberto. 1997. “Videopolítica y cultura en la Argentina de los noventa”. En Culturas políticas a fin de siglo, compilado por Rosalía Winocur, 53-78. México: Juan Pablos Editor, FLACSO. Romero, Luis Alberto. 1994. Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires: FCE. Schuster, Federico L., Germán J. Pérez, Sebastián Pereyra, Melchor Armesto, Martín Armelino, Analía García, Ana Natalucci, Melina Vázquez y Patricia Zipcioglu. 2006. “Transformaciones de la protesta social en la Argentina (19892003)”. Documento de trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani, n.° 48 (mayo). Universidad de Buenos Aires. Sidicaro, Ricardo. 1995. “Poder político, liberalismo económico y sectores populares, 1989-1995”. En Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina, editado por Atilio Borón, Manuel Mora y Araújo, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Ricardo Sidicaro, 119-156. Buenos Aires: El Cielo por Asalto. Sidicaro, Ricardo. 2003. Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55; 1973-76; 1989-99. Buenos Aires: Siglo XXI.
135
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 107-136
44. 45.
Sigal, Silvia y Eliseo Verón. 2003 [1986]. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires: Legasa. Žižek, Slavoj. 1992 [1989]. El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: Siglo XXI.
H Hernán Fair es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Magíster en Ciencia Política y Sociología de FLACSO y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) Sus principales líneas de investigación se vinculan a la teoría y sociología política y el análisis político del discurso. * herfair@hotmail.com
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Neomubarakismo: al-Sisi y la nueva cara del autoritarismo en Egipto Rafat Ghotme Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) Nadia García Sicard Universidad Santo Tomás (Colombia) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.05 RECIBIDO: 30 de septiembre de 2015 APROBADO: 1 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 11 de diciembre de 2015
El propósito de este artículo es evidenciar cómo se renovó el autoritarismo en Egipto tras la caída de Mubarak. A través de la reconstrucción de las acciones de los principales actores políticos egipcios se demuestra que las demandas de democratización que surgieron en la “primavera” de 2011 significaron solo un cambio en la personificación del autoritarismo, pero no del autoritarismo institucionalizado de los militares. También se establece que esa estructura ha sido legitimada por el actual presidente al-Sisi mediante la restitución o “corrección” de diversas prácticas de la era Mubarak, recurriendo a medidas más represivas, la reincorporación de las viejas figuras mubarakistas y un discurso nacionalista más agresivo. A estas prácticas se les denomina en este estudio neomubarakismo.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: Egipto • autoritarismo (Thesaurus) • islamismo • mubarakismo • nasserismo (palabras clave autor)
H Este artículo es producto de una investigación titulada “Neo-Mubarakismo: el autoritarismo renovado al servicio de los intereses de la política interna y las relaciones internacionales de Egipto”, registrada en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia). Línea de Investigación: Estudios Internacionales y Políticos. Código: INV-EES-1897. 137
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Neomubarakism: Al-Sisi and the New Authoritarian Façade in Egypt ABSTRACT: The purpose of this article is to show how authoritarianism was renewed in Egypt after the fall of Mubarak. Through a reconstruction of the actions of Egypt’s main political actors, it demonstrates that the demands for democratization which arose in the “spring” of 2011 simply meant a change in the personification of authoritarianism, rather than a change in the institutionalized authoritarianism of the military. Furthermore, it establishes that this structure has been legitimized by current President al-Sisi through the restitution or “correction” of various practices of the Mubarak era, by resorting to repressive measures, reincorporating old Mubarakist methods, and making use of more aggressive nationalistic discourse. In this study, such practices are denominated neomubarakism. KEYWORDS: Egypt • authoritarianism (Thesaurus) • Islamism • Mubarakism • Nasserism (author’s keywords)
H
Neomubarakismo: al-Sisi e a nova cara do autoritarismo no Egito RESUMO: O propósito deste artigo é evidenciar como o autoritarismo foi renovado no Egito após a queda de Mubarak. Por meio da reconstrução das ações dos principais atores políticos egípcios, demonstra-se que as demandas de democratização que surgiram na “primavera” de 2011 significaram somente uma mudança na personificação do autoritarismo, mas não do autoritarismo institucionalizado dos militares. Também se estabelece que essa estrutura vem sendo legitimada pelo atual presidente al-Sisi mediante a restituição ou “correção” de diversas práticas da era Mubarak, que recorrem a medidas mais repressivas, à reincorporação das velhas figuras mubarakistas e a um discurso nacionalista mais agressivo. Neste estudo, essas práticas são denominadas de neomubarakismo.
Egito • autoritarismo (Thesaurus) • islamismo • mubarakismo • nasserismo (palavras-chave autor)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introducción La “primavera árabe” llegó a las calles de Egipto el 25 de enero de 2011. Concentrados inicialmente en la exigencia de contar con un sistema judicial independiente y en la abrogación del estado de emergencia, los manifestantes terminaron demandando no solo la salida de Hosni Mubarak, perpetuado en el poder por más de tres décadas, sino la transición hacia la democracia y la eliminación del orden económico neoliberal imperante en Egipto desde la década de 1980. Al lograr la caída de Mubarak el 11 de febrero de 2011, las enormes masas de protestantes y un sinnúmero de analistas celebraron ese acontecimiento como el inicio de una revolución.1 Sin embargo, los egipcios experimentaron rápidamente una desilusión generalizada con relación a sus demandas de cambio. Los avances conseguidos comenzaron a paralizarse cuando los militares decidieron acumular diversas prerrogativas para administrar la transición. Mohamed Mursi, líder islámico que provenía de las filas de la Hermandad Musulmana y elegido presidente tras la celebración de las primeras elecciones libres, impulsó un plan de reformas que si bien intentaba desconcentrar el poder de los militares para concentrarlo en el Ejecutivo, lo hizo con el mismo telón de fondo de las políticas económicas neoliberales que beneficiaban a la élite empresarial egipcia y occidental. Esta política, además de un supuesto programa de islamización de Egipto, contribuyó a que un amplio sector de la sociedad a finales de junio de 2013 volviera a las calles a protestar. Mursi fue derrocado el 3 julio de 2013 por el ministro de Defensa Abel Fattah al-Sisi, y este sería el golpe de gracia a la “revolución”. El golpe de Estado fue rápidamente legitimado con unas elecciones en junio de 2014, que si bien estuvieron viciadas y fueron poco concurridas, dejaron como ganador al propio al-Sisi. Este último, ante el silencio y posterior reconocimiento de la comunidad internacional (esto es, Estados Unidos y la Unión Europea), comenzó a estabilizar
1 En este artículo se define la “primavera árabe” como un levantamiento o insurrección popular contra el orden poscolonial autocrático y la condición de periferia a la que quedó subordinado el mundo árabe tras la Segunda Guerra Mundial. El término “revolución” se concibe como un cambio en la estructura política, económica o social producido por la presión de los movimientos de masas y el descontento creado por la represión estatal y la marginación social. En algunos países árabes el levantamiento popular logró cambios iniciales de manera relativamente pacífica (Túnez, Egipto y Yemen); otros, aunque lograron dar paso a algunas transformaciones, fueron reprimidos violentamente (Bahréin), y, finalmente, levantamientos que se transformaron en una abierta guerra civil (Libia y Siria). En todos estos casos los levantamientos no llegan a adquirir el carácter de revolución, aunque quizás se deba exceptuar a Túnez. Sobre los términos “revolución” y “primavera árabe”, ver Ramadan (2012) y Achcar (2013). 139
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a Egipto recurriendo a una impresionante maquinaria propagandística de “salvación” y a una represión sistemática contra la Hermandad Musulmana y otros grupos de oposición. El propósito de este artículo es explicar cómo y por qué se llegó a este resultado. A través del uso de distintas fuentes (informes oficiales de organizaciones internacionales, centros de investigación y artículos académicos y de prensa), que recogen las acciones y los discursos de los principales actores políticos egipcios, se pretende demostrar que la transición hacia la democracia en ese país sufrió un verdadero retroceso gracias a dos tipos de factores: en primer lugar, dado que los militares, desde su posición privilegiada de poder, establecieron una estructura conformada por movimientos políticos aliados (o cooptados), aunque supeditados a sus propias reglas de juego, aseguraron que el movimiento político vencedor mantuviera intactos sus intereses en el marco de la transición. En otras palabras, la transición significó solo un cambio en la personificación del autoritarismo, pero no del autoritarismo institucionalizado de los militares. El segundo factor, relacionado con lo anterior, fue el decidido respaldo de Estados Unidos al sector castrense. En este artículo se va a desarrollar el primer elemento.2 En términos específicos, las siguientes secciones pretenden mostrar cómo los militares retomaron algunas prácticas de la era de Mubarak (y de Nasser) para legitimarse en el poder: a) una misión “salvadora”, apoyada en un discurso nacionalista antiislamista; b) cooptación y represión contra la oposición; y c) consolidación del poder político-militar como fuerza determinante de un orden económico neoliberal. Al-Sisi, a diferencia de Mubarak, ha implementado estas prácticas a través del uso de medidas represivas más brutales y un discurso nacionalista más agresivo, incorporando, paradójicamente, al Islam como fuente de legitimación. A todas esas prácticas se les llamará en este estudio neomubarakismo.
1. La caída de Mubarak En muchos sentidos, el presidente Mubarak reprodujo y profundizó el orden autoritario y neoliberal iniciado a fines de la década de 1960 por Nasser y estructurado durante la presidencia de Sadat (1970-1981). El plan de liberalización o Infitah, si bien logró acelerar el crecimiento económico egipcio, a la larga no promovió una economía competitiva o capaz de producir los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la población. Durante la década que antecede a la
2 El rol de Estados Unidos será estudiado y analizado en un trabajo posterior. 140
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crisis de 2011, el gobierno egipcio se vio enfrentado a una enorme ola de protestas y no tuvo más remedio que responder a los movimientos sindicales o juveniles a través de la represión o cooptación. a. Del autoritarismo a las demandas de democratización Mubarak llega al poder tras el asesinato de Sadat en 1981. Uno de sus primeros pasos, en medio de la conmoción interior y el legado de una década de protestas en diversos sectores de la economía, fue decretar el estado de emergencia. Esto le permitió concentrar más poder que su antecesor, y, de hecho, con la ayuda de un Parlamento obediente, estableció en Egipto una especie de sistema “que operaba junto con el aparato legal existente, pero sin la supervisión institucional” (Brown 2014, s. p.). En otras palabras, la Constitución de 1971, a pesar de consagrar la división de poderes, permitía al presidente reproducir el autoritarismo que heredó de sus antecesores: manipular las elecciones y concentrar el poder a través del régimen de excepción con el fin de reprimir, intimidar, acosar o perseguir a los opositores políticos en nombre de la seguridad y la estabilidad (Aoudé 2013; Soliman 2011).3 Con relación a los partidos políticos, estos también se vieron limitados, dada la vigencia de unas normativas que así lo permitían. Los distintos órganos judiciales, de seguridad y administrativos podían interpretar de manera flexible si los movimientos políticos estaban autorizados a participar o no en la vida pública. La “ley de los partidos”, de hecho, fue deliberadamente creada para que los pequeños partidos de la oposición quedaran bajo vigilancia del Comité de Asuntos Políticos, dominado por el partido gobernante, esto es, el Partido Nacional Democrático (Brown 2014). Sin embargo, el régimen egipcio se vio sometido a una fuerte presión derivada de los altos niveles de movilidad social y la aparición de diversos movimientos que fueron tomando fuerza tanto en el mundo político e intelectual como en los sectores sindicales (Amin 2000; 2011). A este impulso se añadió la presión de 3 En este artículo se va a usar la categoría autoritarismo populista/electoral. En ese tipo de régimen existe una autoridad carismática (acompañada de una élite central o burocracia estatal) que intenta mantener el control de la sociedad bajo mecanismos coercitivos. También recurre a prácticas patrimoniales —subsidios— y a un discurso nacionalista para hacer frente a los procesos de consolidación del Estado-nación, al desarrollo económico y la movilidad social acelerados (Hinnebusch 2014). En ese sentido, los regímenes autoritarios permiten cierta redistribución de la riqueza y de servicios a cambio de votos que le permitan legitimarse y perdurar en el poder. También permiten de manera limitada la conformación de ciertos movimientos sociopolíticos, aunque su participación debe darse dentro de un marco legal en el que no pueden ejercer una oposición independiente. Ello genera una especie de fachada democrática o electoral, en la que los ciudadanos pueden ejercer libremente el voto a pesar de la cooptación de los partidos y la falta de garantías de transparencia (Diamond 2002, 27-29). 141
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Estados Unidos para que se llevaran a cabo reformas aperturistas. El gobierno egipcio permitió algún nivel de apertura, pero no por ello abandonó el control y la vigilancia policial en las universidades, los sindicatos y movimientos políticos juveniles, y de hecho, la organización opositora por excelencia, la Hermandad Musulmana, permaneció al margen de la vida política formal (Al-Sayyid 2013, 13). En todo caso, el (re)surgimiento de las organizaciones y del activismo político, que se remonta a 2004, parecía imparable.4 Dos factores regionales también influenciaron este proceso: la indiferencia del gobierno egipcio a la “causa palestina”, que para los árabes y egipcios simboliza la búsqueda de justicia, emancipación e igualdad, y la invasión de Estados Unidos a Irak, que generó una gran ola de movimientos antiimperialistas. Todos estos factores fueron decisivos para que los movimientos sociales salieran a las calles el 25 de enero de 2011, a los que rápidamente se sumarían los jóvenes de la Hermandad Musulmana, el Partido Nacional Unionista Progresista y los comunistas. Estos movimientos demandaron el fin del estado de emergencia y la corrupción en la Policía y el sistema judicial. Con el paso de los días radicalizaron aún más sus demandas, rechazando el tawrith (poder hereditario) a favor del hijo del presidente, Gamal Mubarak, y finalmente exigieron la caída del régimen y la redacción de una nueva constitución democrática (Mossallam 2013, 114-115). b. Economía política de la crisis de 2011 La ola de protestas iniciada el 25 de enero de 2011 fue impulsada por diversos movimientos juveniles que salieron a las calles a demandar simplemente una mayor democratización de Egipto. Sin embargo, la “primavera egipcia” solo adquirió un verdadero carácter de “revolución” (exigencia de un cambio de régimen) cuando entraron en escena los diversos movimientos de trabajadores, desempleados y desposeídos que llevaban una década de agitación popular contra el sistema neoliberal (Selim 2015). Mubarak, al llegar al poder, temía que se produjeran nuevas revueltas masivas como las que ocurrieron en la década del setenta. Por ello declaró que sostendría la política de subsidios y volvería a la planificación económica de los primeros años de Nasser, aunque con una política de “puertas abiertas” a la producción y la inversión. Esta mezcla de paternalismo, proteccionismo y liberalización controlada por el gobierno, a pesar de beneficiar a las industrias públicas y privadas, no iba a estar exenta de dificultades. Los consumidores egipcios
4 Entre los principales movimientos deben ser referenciados Kefaya (Basta), el Comité del 9 de Marzo (integrado principalmente por académicos), el Grupo de Jóvenes por el Cambio (Shabab men agl el taghyr) y el Movimiento 6 de Abril (una organización juvenil de base obrera). 142
Neomubarakismo Rafat Ghotme • Nadia García Sicard
tuvieron que pagar precios más altos para sostener esa política, y, en general, el Estado no tuvo la capacidad para obtener recursos que le permitieran mantener un gasto público elevado (Nagarajan 2013, 29-30). Con la caída de los ingresos, profundizada por el desplome del precio del petróleo, el régimen de Mubarak tuvo que hacer frente al déficit presupuestario negociando la obtención de nuevos créditos con las instituciones financieras internacionales. El mandatario comenzó las negociaciones en 1987 con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y, si bien en un principio acordó implementar el programa de ajuste estructural, no se llegó a un acuerdo sino hasta 1991 (Nagarajan 2013, 30). En medio de una inflación elevada surgieron nuevas protestas en diferentes sectores de la sociedad. Pero Mubarak puso en práctica la ley de emergencia y ordenó más represión. La crisis de la deuda, finalmente, llevó al gobierno egipcio a adoptar el programa de ajuste estructural impuesto por el FMI a cambio de la financiación requerida. La privatización del sector público era la base de este programa, y su corolario incluía el recorte en el gasto público y los subsidios, la liberalización del sector privado y de los mercados financieros, la eliminación del control de precios y el control de la inflación (Aoudé 2013). La política neoliberal (de privatización) adoptada por Mubarak, asimismo, se dio en un clima económico de integración global. Debido a que al final de la era Mubarak los índices macroeconómicos de Egipto experimentaron cierto auge (un crecimiento anual del PIB entre el 4% y 6%, multiplicación del poder adquisitivo, diversificación de las exportaciones, reducción del déficit y de la inflación), las instituciones financieras internacionales calificaron a ese país como un ejemplo exitoso de liberalización y desarrollo. Pero, en realidad, esta política terminó generando una brecha más grande entre ricos y pobres y, en general, produjo un desastroso resultado en cuanto al desarrollo nacional capitalista competitivo. Surgió un conglomerado de familias y asociaciones entre hombres de negocios del sector público y privado, políticamente bien conectados. Con los recursos públicos, la producción y los servicios manejados por estas familias —Osman, Bahgat, Seoudi, Mohamed Mahmoud, y el grupo Orascom y sus socios extranjeros—, la riqueza egipcia quedó concentrada en una pequeña élite que formaba poco más del 5% de la población (Nagarajan 2013, 32). Concentrados el poder y la riqueza entre los militares y los grandes conglomerados capitalistas, en Egipto se consolidó una especie de “capitalismo de amigos”, cultivado a través de interacciones selectivas entre las élites económicas de los sectores de la construcción de lujo, el turismo y las finanzas (Elnur 2013, 131; Nagarajan 2013, 27; Statcher 2012). 143
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Los recursos fueron distribuidos bajo la vieja estructura burocrática estatal (de donde provenían muchos de los nuevos capitalistas), lo cual apuntaba a reforzar la base patrimonialista de las élites y los servidores públicos leales al régimen. La mayor parte de los especuladores capitalistas eran subsidiados por el Estado, y cada vez que surgía una crisis económica o estallaban las protestas, el gobierno apuntalaba las fortunas de los ricos conectados con el sistema político y al mismo tiempo empleaba métodos represivos para garantizar que las manifestaciones no se transformaran en movimientos más amplios de oposición política efectiva (Aoudé 2013). Entre 2005 y 2008, años en que el PIB egipcio llegó a crecer al 6% anual, el programa de ajuste estructural reflejó de manera más aguda los “costos no deseados” (los economistas los llaman externalidades) de esa política: la privatización implicó grandes despidos en el sector público y una menor presencia del Estado a través de la prestación de servicios públicos o subsidios. La población no contaba con suficientes medios de consumo, mientras que los salarios reales se estabilizaban o iban en picada en el sector privado. Asimismo, las clases trabajadoras de ingresos bajos y medios, junto a los más pobres o desposeídos, que veían cómo grandes extensiones de tierras eran cedidas a los grandes conglomerados capitalistas, sufrieron directamente por las diversas alzas en los precios de los alimentos. Entre 2004 y 2010 hubo alrededor de 3.000 manifestaciones o “acciones” de trabajadores y jóvenes activistas en Egipto, siendo la más importante la registrada en el complejo industrial de Al-Mahalla Al-Kubra, donde salieron a manifestar unos treinta mil trabajadores el 6 de abril de 2008 (Aoudé 2013; Selim 2015, 61).5 No debe sorprender, por tanto, que en la antesala de la “primavera” existiera un gran número de egipcios pobres, desempleados y desposeídos que engrosaban las filas de los manifestantes en las calles de ese país. Los cuadros 1 y 2 sirven para ilustrar y corroborar la brecha que generó la estructura neoliberal. Cuadro 1. Tasas de desempleo en Egipto, 2007 y 2011 Tasa de desempleo total
Tasa de desempleo juvenil
Tasa de empleo informal
Tasa de desempleo entre profesionales graduados
2007
10%
25%
50%
---
2011
12%
30%
---
19%
Fuente: Egyptian Center for Economic and Social Rights (2013).
5 La expansión de la educación y de las redes de comunicación influyó en este proceso. Sin embargo, por razones de espacio, estas variables no se desarrollarán. Para profundizar, se recomienda dirigirse a las obras de Assaad y Krafft (2015) y Sakr (2012). 144
Neomubarakismo Rafat Ghotme • Nadia García Sicard
Cuadro 2. Índice de pobreza en Egipto, 1995-2013
Pobreza absoluta
1995
2000
2005
2008/2009
2010/2011
2013
16,7%
19,4%
19,6%
21,6%
25,2%
26,3%
24%
25%
En el umbral de la pobreza Pobreza en el campo
51%
Fuente: elaborado a partir de los datos del Egyptian Center for Economic and Social Rights (2013) y del International Fund for Agricultural Development (IFAD 2014).
En síntesis, la “primavera egipcia”, presentada en los medios occidentales como algo inesperado, fue en realidad el producto de una ola de descontento que venía dándose desde la última mitad del siglo pasado, y más precisamente, desde la primera década del siglo XXI. La transición a la democracia, las demandas de justicia social o de una política de desarrollo económico diferente de la globalización neoliberal, y una política exterior que expresara la voluntad popular, fueron el telón de fondo de las protestas del 25 de enero, en las que se calcula que salieron a las calles de Egipto alrededor de quince millones de personas.
2. La transición militar hacia el poder consensuado Si esos factores estructurales sirvieron como el telón de fondo de la “primavera egipcia”, solo cuando los militares adoptaron el rol de catalizadores la protesta llegó a conseguir un resultado práctico. Los militares, de hecho, se desvincularon de la campaña de represión ordenada por Mubarak, y, al negarle el apoyo requerido, su caída fue inminente (Salih 2013). La cuestión que surge en este punto es responder por qué las Fuerzas Armadas respaldaron a los manifestantes y presionaron la salida de Mubarak. a. El rol de los militares en la sociedad egipcia Las Fuerzas Armadas en Egipto no solo cumplen con la función tradicional de servir como un aparato de defensa nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países árabes comenzaron a independizarse y a construir Estados-naciones, los militares desempeñaron un rol de primer orden en ese proceso. En algunos casos, como el egipcio, los militares se tomaron el poder mediante golpes de Estado, impulsados por un discurso nacionalista o un sentido de misión: proveer estabilidad, 145
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seguridad y preservación de la independencia. Una vez en el poder, estos militares renuncian a la vida castrense para asumir el carácter de gobernantes “civiles”. Sin embargo, inmediatamente les surge un dilema: ¿cómo seguir contando con la lealtad de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo reducir su influencia subordinándolos al nuevo liderazgo “civil”? (Droz-Vincent 2007, 196). Una de las medidas adoptadas fue la concesión de privilegios económicos y el encauzamiento de la mayor parte de los recursos del Estado a las Fuerzas Armadas para que estas se encargaran de poner en marcha los proyectos de industrialización nacional. Esto, sin duda, contribuyó a la modernización económica del país, pero también convirtió a las Fuerzas Armadas en una institución orientada hacia el lucro económico. Los militares, en ese sentido, comenzaron a controlar proyectos que iban desde la recuperación de tierras hasta la fabricación de insumos industriales y agrícolas. Durante el gobierno de Sadat (1970-1981), los intereses de los militares se limitaron a la industria de la defensa, pero cuando Mubarak llegó al poder se las ingeniaron para diversificar sus intereses a través de la consecución de recursos privados o la donación internacional (principalmente de Estados Unidos). El Ministerio de Producción Militar, la Organización Árabe para la Industrialización y la Organización Nacional de Proyectos de Servicio han proveído el marco institucional para controlar numerosas filiales de sociedades de cartera de propiedad estatal y acciones en empresas públicas y privadas; en muchos casos, estas operaciones, aunque normalmente efectuadas a la sombra de la vida pública y con el derecho a mantener secreto sus registros contables, se han hecho con transnacionales de la construcción, el transporte marítimo y la fabricación y exportación de armas (Marshall y Stacher 2012; Marshall 2015). Las Fuerzas Armadas adquirieron mayores capacidades y autonomía gracias a las guerras árabe-israelíes y la posterior ayuda financiera de Estados Unidos, consolidando su posición como actores de la política egipcia (Gotowicki 1999, 106-107; Salih 2015). Esto último creó una especie de estatus en el que los militares podían controlar el aparato estatal en una posición de lealtad al régimen o ejerciendo directamente el poder, pero no de sumisión al gobierno. La desastrosa guerra con Israel de 1967 fue aprovechada por Sadat (y posteriormente por Mubarak) para invertir las relaciones con los militares, adoptando una política que permitiera subordinar o neutralizar al Ejército. Pero solo fue gracias a la combinación de circunstancias externas que los militares vieron peligrar su posición: el retorno económico de sus industrias disminuyó a medida que el Estado egipcio perdía poder de mercado con relación a los inversores privados y los prestamistas internacionales. En otras palabras, la política de liberalización, que implicaba un descenso de las inversiones públicas en el sector defensa 146
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y la entrada en escena de nuevos inversionistas privados, tendería a erosionar la infraestructura económica de los militares (Marshall 2015). Asimismo, Mubarak comenzó a apoyarse en los aparatos de seguridad (Mukhabarat o policía secreta) como una fuerza leal, mientras intentaba relegar a los militares al rol tradicional de la defensa.6 En la antesala de la “revolución” de 2011, por cierto, salieron a flote las fricciones entre Mubarak y el establecimiento militar. Los generales no solo desconfiaban de la estrategia política de Mubarak de dejar vacante la figura de Vicepresidente para abrir el camino a su hijo, Gamal Mubarak, sino que temían al nuevo proyecto neoliberal de privatización y la incorporación de tecnócratas y especialistas a la burocracia estatal (representantes de las nuevas élites financieras y del sector terciario que buscaban controlar el poder político). Para los militares, ello suponía la eliminación paulatina de sus prerrogativas económicas (secreto financiero, inmunidad, privilegios para licitar, entre otros) y quedar relegados de la estructura económica tradicional (Nagarajan 2013; Selim 2015). b. La transición política bajo el mando militar Por más que su posición peligrara, los militares nunca renunciaron al derecho de intervenir cuando surgiera una situación de emergencia. Los dieciocho días que siguieron al movimiento del 25 de enero, en medio de fuertes protestas y diversos incidentes violentos, fueron aprovechados por los militares para deshacerse de Mubarak. Presentándose como “salvadores” de la nación, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), a la cabeza del general Tantawi, anunció el 11 de febrero la “renuncia” definitiva de Mubarak. Ese paso hizo creer a los manifestantes que la transición hacia la democracia estaría respaldada por el referido Consejo. Pero con el paso de los días se hizo evidente que la caída de Mubarak solo significó una (re)configuración del poder, en la que el CSFA pasó a controlar la transición a través de una Junta Militar; una situación que en teoría debía durar hasta la convocatoria a elecciones presidenciales. Durante el año que transcurre antes de las presidenciales de junio de 2012, la Junta Militar se hizo con el control de la Suprema Corte Constitucional y logró concentrar diversas prerrogativas de los poderes ejecutivo y legislativo a través de la Declaración Constitucional transitoria que regía al país desde marzo de 2011. Esa Declaración, junto a algunos cambios introducidos en esta, le permitía a la Junta Militar tener la última palabra en la aprobación de las leyes, imponiendo un nuevo marco legal en el que no solo restringía los poderes 6 En Egipto, los miembros del aparato de seguridad superaban en número a los del Ejército: 1,5 millones de agentes, en comparación con 500.000 soldados (Salih 2013). 147
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del futuro presidente, sino que le permitía controlar las relaciones internacionales, cuyo aspecto más crítico sigue siendo el mantenimiento del statu quo con Estados Unidos e Israel (Ahram 2012). Entre abril y noviembre de 2011, diversas agrupaciones convocaron nuevas protestas contra la Junta Militar, dentro de las que cabe destacar una importante coalición de fuerzas de izquierda (la Alianza de Fuerzas Socialistas) y decenas de organizaciones campesinas, sindicatos independientes y asociaciones comunitarias (Aoudé 2013). Estos movimientos, sin embargo, no lograron captar a los centenares de miles de jóvenes “revolucionarios”, y estos, a su vez, fueron incapaces de crear una estructura política o de liderazgo que canalizara sus aspiraciones. Aparte de que algunas de esas fuerzas terminarían siendo cooptadas, los militares lograron avanzar sin grandes obstáculos en la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, encargada de redactar la nueva Constitución. Esta Cámara, establecida en las elecciones de noviembre de 2011 y enero de 2012, quedó conformada por una mayoría dominada por los Hermanos Musulmanes, seguidos por los salafistas del Partido Nour y los liberales del Nuevo Partido Wafd. Los militares llevaron a cabo el golpe parlamentario bajo el argumento de que estaban siguiendo una orden legal de la Corte Suprema, según la cual más de una tercera parte de los diputados habían sido elegidos ilegalmente. Al mismo tiempo los militares aplicaron una dura ley marcial que les atribuía el derecho a detener y encarcelar por seis meses a las personas que se opusieran a esta decisión (Kirkpatrik 2012; Tawab 2012). Con estos pasos, el estamento castrense quería evitar que la nueva Constitución tuviese un marcado contenido islámico, aunque en realidad lo que pretendían era conservar su poder antes de que se convocaran las elecciones presidenciales, independientemente de la fuerza política que emergiera victoriosa. Los Hermanos Musulmanes aceptaron esa decisión. En ese momento se sentían satisfechos por el solo hecho de haber sido legalizados, aunque también porque su ideología conservadora los acercaba más a la postura del CSFA: temor a los movimientos de masas y simpatía por el proyecto neoliberal.7
3. La incipiente presidencia de Mohamed Mursi Durante la transición, la Junta Militar permitió la puesta en escena de un contexto electoral restringido, y, con ese marco, los egipcios se dirigieron a las
7 Ashraf Khalil, periodista y activista egipcio, manifiesta que las decisiones de los militares estancaron la “revolución”, creando un estado de ánimo desesperanzador entre los egipcios. Para Khalil, ello se debía a que el mubarakismo aún no se había “desprogramado” de la mente de un amplio sector de la sociedad (2012, 240). 148
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urnas a ejercer su derecho al sufragio en el referéndum sobre la Declaración Constitucional, en las elecciones parlamentarias y finalmente en las presidenciales. Los candidatos aprobados por la Junta Militar para los comicios presidenciales de 2012 representaban un variado conjunto de movimientos mubarakistas, independientes, liberales e islámicos. A las elecciones solo concurrió el 46% del electorado, que finalmente fueron definidas en una segunda vuelta entre Mohammed Mursi, como candidato del Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, quien fue el último primer ministro de Mubarak (CIDOB 2012). En la antesala de la elección hubo muestras de desconfianza, descontento, e incluso los militares amenazaron con un ultimátum contra la Hermandad, debido a unas denuncias de fraude. Sin embargo, en parte por presión de Estados Unidos sobre el CSFA y en parte porque el mismo Consejo ansiaba una nueva era de estabilidad y orden, el proceso concluyó pacíficamente con la elección de Mohamed Mursi como el primer presidente electo democráticamente, con un 51,7% de los votos (Selim 2013). Cuadro 3. Preferencias políticas en Egipto, 2011 y 2013
Preferencia del sistema político
2011
2013
Diferencia 2011-2013
Democracia secular
51,0%
69,5%
18,5%
Democracia con Islam
27,1%
15,7%
-11,4%
Autoritarismo secular
11,9%
12,2%
0,3%
Autoritarismo con Islam
10,0%
2,5%
-7,5%
Fuente: The Arab Barometer Project (2014).
Si bien los egipcios se inclinaban más por una democracia secular, los Hermanos Musulmanes terminaron ganando las elecciones gracias a la coalición que forjaron con diversos movimientos islamistas y del espectro liberal. Para esos partidos, la Hermandad era reconocida como una organización que contaba con la ventaja de ser el principal movimiento sociopolítico de oposición en Egipto, a pesar (o como consecuencia) de operar en la ilegalidad. La Hermandad contaba además con una importante base de apoyo vinculada a su importante red de 149
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organizaciones profesionales, de caridad y candidatos “independientes” que los representaban en el Parlamento (ver el cuadro 3). Estas prácticas se complementaban con el uso de un discurso islámico que calaba especialmente en la clase media-baja (Wickham 2003, 207). Al enfatizar en las necesidades materiales, la Hermandad se convirtió en el portavoz de los marginados, que la veían como la mejor alternativa para construir un puente entre la periferia y el centro del poder político.8 a. La relación de fuerzas entre Mursi y los militares Al iniciar su gobierno, Mursi aceptó preservar ciertos privilegios de los militares: secreto de sus finanzas, inmunidad, derecho a la conscripción laboral, mantenimiento de sus industrias y la cesión de algunos proyectos de infraestructura de alto perfil. Los militares, a su vez, levantaron las medidas que prohibían las expresiones religiosas dentro del Ejército y permitieron la institucionalización de una gobernanza civil en la que tuvo cabida el Islam. Esa alianza —tácita o ambigua, según quiera verse— sirvió durante un corto tiempo para reprimir las primeras manifestaciones antigubernamentales (Marshall 2015; Stacher 2012). Pero Mursi manifestó muy pronto que no estaba dispuesto a prolongar una situación en la que los militares tuvieran concentrado el poder. Entre otras medidas, decidió reinstaurar el Parlamento y, en noviembre de 2012, intentó imponer una enmienda constitucional que le atribuía poderes “ilimitados”. Los militares también comenzaron a distanciarse de Mursi cuando este anunció que la ampliación del Canal de Suez, el principal proyecto de infraestructura de Egipto de las últimas décadas, estaría en manos de un solo Director con el rango de Primer Ministro y que rendiría cuentas directamente al Presidente de la República. Consideraron que esa medida buscaba convertir a los militares en un actor más entre los distintos entes que participarían en dicho proyecto y, en consecuencia, reducir el poder que concentraban en la vieja estructura burocrática de la Autoridad del Canal de Suez. No cabe duda de que este paso fue crucial para provocar la ruptura definitiva con la Hermandad (Marshall 2015). Otro tema que generó complicaciones fue la destitución de Mohamed Hussein Tantawi, quien en ese momento servía como ministro de Defensa y había sido un aliado crucial de Mubarak durante más de veinte años (Fahim 2012). Ello se hizo con el fin de renovar la cúpula militar y crear una imagen alejada del mubarakismo. De este modo, Mursi nombró a Abdel Fattah al-Sisi, hasta ese entonces jefe de la inteligencia militar, como ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas.
8 Para un balance sobre las preferencias islámicas antes y durante la transición, ver Tessler (2015). 150
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b. El camino hacia el golpe militar Durante el corto periodo en que Mursi estuvo en el poder, el Estado egipcio se convirtió en una especie de Estado híbrido, un régimen que combina formas de autoritarismo y democracia.9 Sumado a esto, Mursi se topó con serias dificultades para integrar su ideario político a la esencia dual entre secularismo y el apego a los valores del Islam prevaleciente en la historia moderna de Egipto; un patrón recurrente en el que la aplicación de la ley Sharia (islámica) por parte de las autoridades religiosas o seculares se hace sin la necesidad de imponer una Constitución islámica. Este dualismo obedece en parte a las preferencias e identidades de la población y las élites religiosas, y Mursi, a pesar de no distanciarse mucho de ese patrón, estaba inclinado a consolidar o darle prelación a la naturaleza islámica de Egipto. La ambigüedad creada en el sistema político hizo difícil articular las demandas de los distintos sectores políticos. Si por un lado se exacerbaron las diferencias entre la Hermandad y otros islamistas insatisfechos con la moderación de Mursi, que lo acusaron de no cumplir con su promesa de imponer en el país la ley islámica, por otro, la oposición secular le increpaba la naturaleza islamista de su política.10 En parte, esa ambigüedad, junto al estancamiento de la economía y las prácticas corruptas del gobierno, produjo el descontento de un sector de la población, que salió a protestar el 29 de enero de 2013 bajo la denominación de Tamarod (Rebelión) exigiendo la renuncia de Mursi (Witte 2013). Esas manifestaciones surgieron también gracias a los esfuerzos de los militares para debilitar al gobierno, además de su participación directa en el fomento y financiación de las protestas (Marshall 2015).11 Los militares, a la cabeza de al-Sisi, dieron un ultimátum para que el presidente dejara el poder, y si bien Mursi intentó mantenerse valiéndose de canales políticos, la decisión ya estaba tomada, y el 3 de julio se llevó a cabo el golpe (Perry y Fick 2013).12
9 Esto es especialmente recurrente en las fases de transición de un régimen autoritario a uno democrático. Ver, por ejemplo, O´Donnell y Schmitter (1986). 10 Entre esos islamistas estaba el Partido Nour. Otros movimientos islamistas, sin embargo, mantuvieron su alianza con la Hermandad y, de hecho, condenaron el golpe contra Mursi, entre los que figuran el Partido Wasat y el Partido Watan. Por ello, esos partidos están sometidos a duras persecuciones, y algunos de sus líderes han sido encarcelados (Dunne 2015). 11 Esto se descubrió tras la revelación de múltiples cables o conversaciones entre al-Sisi y otros militares, y se presume que estas fueron reveladas por otros militares desafectos. También se conoció cómo al-Sisi y sus seguidores manipularon el sistema legal y los medios de comunicación para condenar a Mursi por traición y desprestigiarlo (estos cables se pueden consultar en Tamimi 2014). 12 Este paso lo dio al-Sisi con la colaboración de Mahmoud Badr, organizador del movimiento Tamarod, y la aprobación de otras fuerzas políticas y religiosas antiislamistas: el 151
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La relación entre Mursi y al-Sisi no se acomodaba al acostumbrado statu quo entre el poder de los “civiles” y las Fuerzas Armadas, que durante décadas habían mantenido una posición de lealtad al gobierno, pero no de sumisión. Los militares, que no estaban dispuestos a ser controlados o a compartir su poder, simplemente concibieron el año de gobierno de Mursi como un periodo de prueba para conocer quiénes podían ser aliados fiables.
4. Del golpe militar al autoritarismo renovado Los oficiales justificaron el golpe con la promesa de recuperar la estabilidad y proteger las reivindicaciones logradas por los manifestantes en 2011. Pero no iba a estar exento de dificultades: los partidarios de la Hermandad y otras agrupaciones aliadas de naturaleza islamista o secular (como el movimiento juvenil 6 de Abril) salieron a las calles a protestar, y el Estado desató una ola de represión que desembocó en un nuevo estado de emergencia. Paralelamente, los perpetradores del golpe juramentaron como presidente interino a Adly Mansour, quien comenzó a tomar decisiones en línea con lo que exigían los militares, como la disolución del Consejo de la Shura (Cámara Alta, de mayoría islamista) y la suspensión de la Constitución de 2012 (que fue reemplazada en 2014, después de un referéndum en el que sectores seculares y de izquierda, como la Alianza Socialista y la Federación Sindical Egipcia, apoyaron este proceso). El CSFA también promocionó a al-Sisi al rango de Mariscal de Campo, la posición militar más alta en Egipto, y al cargo de Viceprimer ministro. Estos pasos presuponían el advenimiento al poder de una nueva generación de oficiales que se cristalizaría con la elección de al-Sisi como nuevo presidente de Egipto. La candidatura de al-Sisi se anunció en abril de 2014. Como ocurrió durante las elecciones presidenciales en la era Mubarak, las autoridades recurrieron a las viejas prácticas autoritarias electorales que las condujeron a una segura elección presidencial.13 No es extraño, por tanto, que al-Sisi emergiera como ganador de las elecciones presidenciales con un 96% de los votos a su favor (Al Jazeera 2014). a. Al-Sisi: la nueva cara del viejo mubarakismo (y del nasserismo) Al-Sisi intentó recuperar la imagen de los militares y legitimarse en el poder después de la matanza y el arresto de miles de seguidores de los Hermanos líder político Mohamed el-Baradei, Teodoro II (papa copto) y Ahmed el-Tayeb (jeque de la Mezquita de Al-Azhar). 13 Mubarak arrasó en las urnas en cinco elecciones presidenciales: 1981, 1987, 1993, 1999 y 2005. En 2005, a pesar de la participación de más partidos, Hosni Mubarak ganó con el 88% de los votos (CIDOB 2012). 152
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Musulmanes entre julio y agosto de 2013. Estas prácticas pueden ser vistas como “correctivos” de las políticas discursivas de la era Mubarak, a las cuales se denomina en este estudio neomubarakismo. Sobresalen cuatro aspectos que merecen ser referenciados: 1. Los líderes de los regímenes autoritarios, como en el caso egipcio, lograron ascender en la escala social y política al generar la suficiente confianza hacia la institución militar; son hombres leales y carismáticos que cuentan con una carrera ejemplar fácil de mostrar a la opinión pública. Esto les facilitó la integración a las redes económicas y les dio mayor legitimidad para gobernar o quedar a la sombra del poder. Al perder su ascendencia —como ocurrió con Mubarak, por los motivos expresados anteriormente—, la personificación del autoritarismo solo sufrió una ligera transformación: el sistema se mantuvo con una nueva cara. Esta nueva faceta tiene en realidad las mismas características de Mubarak, Sadat o Nasser. Al-Sisi, quien cumple con ese perfil, no solo tuvo la habilidad para ascender rápidamente en la escala militar, sino de convencer a Mursi de que él era un oficial profesional poco ambicioso y al mismo tiempo atractivo para el público egipcio.14 2. La omnipresencia o el excesivo uso de la imagen. Al igual que en la era de Mubarak, cada barrio, calle o estación de metro tenía inscrito el nombre o las fotografías que los mostraban como hombres fuertes que nunca envejecían. El movimiento del 29 de junio de 2013, que sirve de puente para llevar a al-Sisi al poder, generó la llamada “fiebre Sisi” tras su presencia multifacética en todas las redes sociales y formas populares, como la elaboración de sus propios dulces, ropa y accesorios (El-Behary 2013). 3. Al-Sisi se presentó ante el público egipcio siguiendo la retórica nacionalista, populista y anti-internacionalista de Nasser, y, de hecho, era frecuente que su imagen apareciera en los afiches junto a la de esa figura icónica. En ese sentido, al-Sisi buscaba “corregir” el débil nacionalismo encarnado por Mubarak. Al-Sisi se presentó como el “salvador” de la nación, con la misión de tomar medidas extremas contra el gobierno impopular de la Hermandad Musulmana y evitar que el movimiento de protestas contra Mursi se transformara en una guerra civil. Al igual que Nasser, quien retrataba a la monarquía egipcia como un agente servil del poder colonial británico, al-Sisi representaba a la Hermanad como una cofradía interesada en promover una agenda panislámica (y no egipcia), y en connivencia con Qatar, Turquía e, incluso, Estados Unidos.15
14 Para los detalles sobre los caracteres y la carrera de al-Sisi, ver Said Aly (2014). 15 Sobre esta práctica discursiva, ver Alghoul (2015) y Dunne (2015). 153
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Debido a que al-Sisi llegó al poder por medio de un golpe de Estado, la relación que creó con la imagen nasserista se hizo con el fin de superar el legado violento que conlleva el golpe y recrear un imaginario del pasado de Egipto en el que también se reprimió, ilegalizó y marginó a los Hermanos Musulmanes del ámbito político en nombre de una “buena” causa “nacional”. En este proceso de personificación del Estado o la creación de un mecanismo psicológico en el que el líder simboliza el nacionalismo egipcio, el régimen recurrió a los medios de comunicación estatales y privados para difundir la imagen de al-Sisi como “salvador”, coartando con ello una especie de cultura política democrática recreada en las nuevas redes sociales. A través de esos medios se ha facilitado la legitimación de líderes con perfiles militares-populistas, de modo tal que la sociedad los percibe como héroes que la salvan del caos (Akl 2013; El-Behary 2013; Dunne 2015).16 Así, tras el golpe militar y la violenta campaña contra los Hermanos Musulmanes y otros grupos de oposición, al-Sisi logró salir fortalecido convirtiéndose en objeto de culto de un amplio sector de la población. 4. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, al-Sisi incorporó una variable nueva al discurso nacionalista: el mensaje religioso. Este discurso, en el que el Presidente se coloca como líder de una revolución moderada del Islam sunita, le permite contrarrestar las posiciones radicales de los islamistas y al mismo tiempo establecer un acercamiento estratégico con las instituciones musulmanas que siguen el patrón de subordinación al Estado secular. Un ejemplo de esto último es la relación establecida con Al-Azhar, un órgano de control de la educación en Egipto que desempeña un rol preponderante en los temas religiosos y legales a través de la interpretación de la Sharia.17 Este acercamiento permite, por un lado, debilitar la influencia y el discurso de los Hermanos Musulmanes, y, por otro, ejercer un mecanismo de control contra los discursos de los Imames (líderes religiosos), quienes tienen gran influencia en la religiosidad popular (Caridi 2015, 4-5). En síntesis, este perfil confirma la tendencia a un autoritarismo disfrazado con una retórica reformista o “salvadora”. Ahora bien, aparte de la personificación de al-Sisi en la figura nacionalista de Nasser, aquel también recurrió, al igual que Mubarak, a los aparatos de seguridad no solo para reproducir el autoritarismo y abrir un nuevo espacio a las viejas figuras mubarakistas, sino para perpetuar la estructura neoliberal vigente desde la década de 1970.
16 Akl (2013) sugiere que los altos niveles de analfabetismo también contribuyeron a generar una cultura popular acrítica. 17 En la Constitución aprobada en 2014, el artículo 2 dice que el Islam es la religión oficial del Estado, y los principios de su legislatura son guiados por la Sharia. De acuerdo con el artículo 7, Al-Azhar está obligado a proveer al Estado lo que necesita para cumplir con sus objetivos (Egypt´s State Information Service 2014). 154
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b. El autoritarismo fortalecido El neomubarakismo también se ha manifestado con la implementación por parte del nuevo régimen de correctivos políticos para enmendar los errores cometidos por Mubarak que lo llevaron a su caída. Al-Sisi, en lugar de permitir una mayor apertura, está completando el autoritarismo hegemónico electoral con la cristalización de un Estado políticamente cerrado, recurriendo a la cooptación o a la formación de alianzas con candidatos nacionalistas multimillonarios (llamados oficialmente “independientes”), la manipulación del sistema electoral y la implementación de métodos más represivos. Los principales actores políticos de los últimos dos años son figuras nacionalistas de la era Mubarak, algunos de ellos excarcelados. Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal, fueron liberados pero no se espera que participen en la política egipcia en el futuro inmediato. Ese rol ha quedado en manos de figuras como Ahmed Ezz, magnate y exsecretario general del Partido Nacional Democrático, el excandidato presidencial y general retirado Ahmed Shafiq, el general retirado Sameh Seif al-Yazal, el exprimer ministro Kamal el-Ganzouri y el exministro de Relaciones Exteriores y secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa (Dunne 2015). En las elecciones al Parlamento de octubre-diciembre de 2015, la atmósfera política fue muy similar a la de las elecciones llevadas a cabo en 2010: elecciones dominadas por candidatos “independientes” cercanos a Mubarak. De hecho, el ganador de las elecciones de 2015 fue el nuevo partido nacionalista, el Partido Libre de Egipto, liderado por Naguib Sawiris, un multimillonario que además es partidario de al-Sisi (El-Fekki 2015). En Egipto, las instituciones electorales sirven como fachada del régimen para presentar una imagen democrática, cuando en realidad perpetúan una estructura en la que los movimientos de oposición no cooptados quedan sin representación alguna. Una manera de legitimar esta política es a través de la cooptación o la coacción: la oposición secular —como los partidos Wafd y Kefaya— se ha manifestado dispuesta a seguir el juego electoral recreado por al-Sisi con el único fin de preservarse, mientras que otros políticos liberales prominentes, como el-Baradei, se vieron obligados a exiliarse.18
18 La ley electoral, decretada en 2014 y modificada en marzo de 2015, creó una compleja conjunción de reglas de juego: por un lado, permite a los partidos políticos ocupar todos los asientos de su distrito si ganan con más del 51% de los votos; por otro lado, favorece la llegada de candidatos “independientes” al nuevo Parlamento, y no de partidos políticos. En este sentido, los partidos que se presenten por lista de candidatos solo pueden aspirar a ocupar una quinta parte de los escaños. Estas reglas, en realidad, se crearon para que los partidos políticos seculares y de izquierda, los menos poderosos y con menores recursos, queden al margen del espectro político (Dunne 2015). 155
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Otra forma de legitimarla es a través de la ilegalización de los partidos o el encarcelamiento de sus activistas, bajo el argumento de que representan una amenaza a la seguridad o al orden. Ese es el caso de la izquierda radical y los movimientos juveniles/sindicales que fueron determinantes en enero de 2011 (como el Movimiento 6 de Abril). También es el caso de los partidos islamistas moderados Watan y Wasat, y sobre todo de la Hermandad Musulmana. Al considerarlos como una amenaza a la seguridad nacional, el régimen impulsó una nueva legislación antiterrorista que le permite manipular la ley sin necesidad de recurrir al estado de emergencia (Yehia 2013). Bajo ese marco, la Hermandad Musulmana fue ilegalizada y posteriormente declarada una organización terrorista, y se persiguió y encarceló sistemáticamente a sus líderes, incluido el propio Mursi (Cunnigham 2013).19 La maquinaria propagandística de al-Sisi sostiene que este llegó al poder para preservar las reivindicaciones del movimiento del 25 de enero, supuestamente vulneradas por Mohamed Mursi. Sin embargo, durante su gobierno ha habido aún más represión que durante los treinta años del gobierno de Mubarak. El Consejo Nacional de Derechos Humanos reveló en su último informe que desde el golpe de 2013 hasta diciembre de 2014 fueron asesinadas por lo menos 2.600 personas, además de un número desconocido de presos que han muerto en medio de su detención, y otro número desconocido de opositores desaparecidos y unos 40.000 presos políticos (Stork 2015; The Economist 2015). El régimen también ha cerrado medios de comunicación y ha encarcelado periodistas que se han “desviado” de la narrativa oficial (Comittee to Protect Journalists 2015). c. Reproducción del orden neoliberal Al-Sisi anunció la puesta en práctica de un paquete de promesas asistencialistas para sacar a Egipto de su estancamiento. Entre otras medidas, prometió la subvención de los alimentos y la energía (algo que hacía recordar la era nasserista) y la implementación de políticas destinadas a reducir los precios de la canasta básica y el desempleo (Samra 2014). Al-Sisi también manifestó que recurriría a la ayuda internacional sin permitir que las instituciones financieras impusieran duras condiciones de austeridad. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que muchas de esas medidas no eran más que promesas electorales. Durante sus primeros meses de gobierno 19 Al-Sisi, como se dijo, también recurrió al Islam para condenar el supuesto terrorismo durante las manifestaciones, una estrategia discursiva que tenía como fin ganarse el apoyo de la población y legitimar la represión que se avecinaba contra los islamistas. El miedo (infundado) y las prácticas represivas, en últimas, terminaron provocando un rápido ascenso de la violencia terrorista en localidades como el Sinaí (Joscelyn 2015). 156
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se han recortado los subsidios a los combustibles, se ha incrementado entre un 40% y un 80% el precio del servicio de luz y calefacción a los hogares, y casi nada ha hecho para evitar el aumento del costo de vida de la población pobre. Junto a la promesa de eliminar gradualmente todas las subvenciones, al-Sisi redujo el límite máximo del impuesto de sociedades del 25% al 22,5%, junto con una reducción del 5% adicional en impuestos a las ventas sobre las herramientas y equipos. Además, ha redirigido importantes sumas de dinero para financiar los proyectos industriales de las Fuerzas Armadas. Por citar dos ejemplos, el Banco Nacional de Egipto desembolsó 20 millones de dólares para subsidiar el proyecto Tharwa Petroleum, y aprobó la transferencia a los militares de la telefónica Vodafone Egypt. El disputado control por el proyecto de ampliación del Canal de Suez también fue zanjado a favor de los militares, aunque con la debida participación de capital internacional.20 Para dar mayor tranquilidad a los reproductores de esta estructura, los militares —tanto durante la transición como durante el gobierno de al-Sisi— han ordenado la aplicación de duras operaciones de represión contra los movimientos sindicales en las zonas donde están invertidos sus capitales y los de sus socios privados (Ramadan y Adly 2015). En ese sentido, al-Sisi ha resultado ser un discípulo neoliberal de Mubarak, y no un discípulo populista/asistencialista de Nasser, como lo presentan sus partidarios y, en general, la maquinaria propagandística del régimen (Naguib 2015). Gracias a ello, y a pesar del descontento de algunos sectores minoritarios dentro de las Fuerzas Armadas, la mayor parte de los militares de alto rango sigue apoyando a al-Sisi. Todo indica que este va a reproducir sin mayores tropiezos la alianza corrupta entre el Estado, los militares y las familias multimillonarias monopolizadoras. Esta es una de las prácticas neomubarakistas que seguirán erosionando las aspiraciones de los manifestantes que claman desde 2011 un cambio estructural en la política egipcia.
Conclusiones y perspectivas La “primavera” egipcia no logró cristalizarse en un sistema democrático como lo exigían los manifestantes en 2011. Esto fue el resultado, principalmente, de la capacidad de las Fuerzas Militares para sostener su poder y reforzar el sistema autoritario a través de la renovación de las prácticas represivas heredadas del mubarakismo (y el nasserismo). El estamento castrense y, especialmente, al-Sisi
20 Para mayores detalles, ver Marshall (2015). 157
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incorporaron a esas prácticas un discurso nacionalista antiislamista que paradójicamente se nutre del Islam, lo que les ayudó a sumar apoyo de las fuerzas seculares y de izquierda cooptadas; los viejos sectores conservadores mubarakistas que seguían dominando las instituciones estatales también sumaron su apoyo, así como los empresarios ricos que no vieron amenazados sus intereses. En últimas, los militares hicieron perder a la revolución los exiguos avances democráticos que se habían conseguido, llevando a Egipto al escenario anterior a 2011: un poder político-militar autoritario como fuerza determinante de un orden económico neoliberal. Esta conjunción de factores fue denominada en este estudio neomubarakismo, una nueva cara con las mismas prácticas represivas y un discurso nacionalista agresivo. Bajo la excusa de recuperar la seguridad y luchar contra los “desestabilizadores” islamistas, los militares anularon cualquier posibilidad de emprender una transición verdadera hacia un régimen democrático, ofreciendo espacios limitados de participación. Al cooptar el sistema electoral y judicial, criminalizaron o marginaron del espectro político a los Hermanos Musulmanes y la izquierda radical, bajo el argumento de que al reprimir cualquier intento de protesta popular se estaría erradicando un mal mayor. Este espectro poco incluyente y ampliamente represivo no ha dejado más alternativa a algunos grupos islamistas que radicalizarse, aunque la Hermandad Musulmana ha decidido no responder a través de métodos violentos. Al no incorporar a los sectores excluidos de la población en el sistema político y laboral, y en lugar de ello reprimirlos, Egipto se estaría encaminando hacia un levantamiento más radical. La peligrosa campaña de división entre grupos políticos, religiosos y sociales que ha impulsado al-Sisi aumenta las posibilidades de una nueva ola de protestas violentas y sectarias. La inestabilidad que se avecina quizás pueda ser aplacada por el régimen en el corto plazo, pero sin una apertura democrática real, el autoritarismo seguirá perpetuándose hasta que una verdadera revolución con resultados exitosos genere el cambio.
Referencias 1. 2.
3.
158
Achcar, Gilbert. 2013. The People Want: A Radical Exploration of Arab Uprising. Berkeley: University of California Press. Ahram Online. 2012. “English Text of SCAF Amended Egypt Constitutional Declaration”. Ahram Online, 18 de junio. URL: http://english.ahram.org.eg/ NewsContent/1/64/45350/Egypt/Politics-/URGENT-English-text-of-SCAF-amended-Egypt-Constitu.aspx Akl, Ziad. 2013. “The Sisi Propaganda”. Daily News Egypt, 27 de julio. URL: http:// www.dailynewsegypt.com/2013/07/27/the-sisi-propaganda/
Neomubarakismo Rafat Ghotme • Nadia García Sicard
Al Jazeera. 2014. “Profile: Abdel Fattah el-Sisi”. Al-Jazeera News, 8 de junio. URL: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201373112752442652.html 5. Alghoul, Diana. 2015. “Is Al-Sisi a Diplomat Extraordinaire or a Puppet?” Middle East Monitor, 19 de junio. URL: https://www.middleeastmonitor.com/articles/ middle-east/19126-is-al-sisi-a-diplomat-extraordinaire-or-a-puppet 6. Al-Sayyid, Kamel Mustafa. 2013. “What Went Wrong with Mubarak´s Regime?” En Egypt´s Tahrir Revolution, editado por Dan Tschirgi, Walid Kazziha y Sean McMahon, 11-28. Boulder: Lynne Rienner Publishers. 7. Amin, Galal. 2011. Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011. El Cairo: The American University in Cairo Press. 8. Amin, Galal. 2000. Whatever Happened to The Egyptians? Changes in Egyptian Society from 1950 to the Present. El Cairo: The American University in Cairo Press. 9. Aoudé, Ibrahim. 2013. “Egypt: Revolutionary Process and Global Capitalist Crisis”. Arab Studies Quarterly 35 (3): 241-254. DOI: dx.doi.org/10.13169/arabstudquar.35.3.0241 10. Arab Barometer. 2014. Arab Barometer Project. URL: http://www.arabbarometer.org/ 11. Assaad, Ragui y Caroline Krafft. 2015. The Egyptian Labor Market in a Era of Revolution. Oxford: Oxford University Press. 12. Brown, Nathan. 2014. “Egypt’s Resurgent Authoritarianism: It’s a Way of Life”. Carnegie Endowment for International Peace, 9 de octubre. URL: http://carnegieendowment.org/2014/10/09/egypt-s-resurgent-authoritarianism-it-s-way-of-life 13. Caridi, Paola. 2015. “Consensus-building in Al-Sisi´s Egypt”. Insight Egypt 7: 1-8. URL: http://www.iai.it/sites/default/files/inegypt_07.pdf 14. CIDOB. 2012. “Elecciones presidenciales Egipto 2012”. Barcelona Center for International Affairs, mayo. URL: http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/ egipto_elecciones_presidenciales_2012/resultados_y_reacciones 15. Comittee to Protect Journalists (CPJ). 2015. “Egypt’s Imprisonment of Journalists Is at an All-time High”, junio. URL: https://cpj.org/reports/2015/06/egypt-imprisonment-of-journalists-is-at-an-all-time-high.php 16. “Constitution of the Arab Republic of Egypt”, 2014, Egypt´s State Information Service, noviembre. URL: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 17. Cunnigham, Erin. 2013. “Egypt´s Military-backed Government Declares Muslim Brotherhood a Terrorist Organization”. The Washington Post, 25 de diciembre. URL: http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-military-backed-government-declares-muslim-brotherhood-a-terrorist-organization/2013/12/25/7cf075ca-6da0-11e3-aecc-85cb037b7236_story.html 18. Diamond, Larry. 2002. “Thinking About Hybrid Regimes”. Journal of Democracy 13 (2): 21-35. DOI: dx.doi.org/10.1353/jod.2002.0025 19. Droz-Vincent, Phillipe. 2007. “From Political to Economic Actors: The Changing Role of Middle Eastern Armies”. En Debating Arab Authoritarism: Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes, editado por Oliver Schlumberger, 195-211. Standford: Standford University Press. 20. Dunne, Michele. 2015. “Egypt’s Nationalists Dominate in a Politics-Free Zone”. Canegie Endowment for International Peace, 15 de abril. URL: http://carnegieendowment.org/2015/04/15/egypt-s-nationalists-dominate-in-politics-free-zone/i7q2 21. Egyptian Center for Economic and Social Rights. 2013. “Egypt”. URL: http:// www.cesr.org/downloads/Egypt.Factsheet.web.pdf?preview=1 4.
159
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22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29.
30. 31.
32.
33. 34.
35.
160
El-Behary, Hend. 2013. “‘Sisi Fever’ Makes Its Mark on Random Egyptian Products”. Egypt Independent, 8 de noviembre. URL: http://www.egyptindependent. com/news/%E2%80%98sisi-fever-makes-its-mark-random-egyptian-products El-Fekki, Amira. 2015. “Independents Majority in Upcoming Parliament”. Daily News Egypt, 15 de diciembre. URL: http://www.dailynewsegypt.com/2015/12/05/ independents-majority-in-upcoming-parliament/ Elnur, Ibrahim. 2013. “The Implosion of Political Patronage Regimes in the Middle East”. En Egypt´s Tahrir Revolution, editado por Dan Tschirgi, Walid Kazziha y Sean McMahon, 131-150. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Fahim, Kareem. 2012. “In Upheaval for Egypt, Morsi Forces Out Military Chiefs”. The New York Times, 12 de agosto. URL: http://www.nytimes.com/2012/08/13/ world/middleeast/egyptian-leader-ousts-military-chiefs.html?hp&_r=0 Gotowicki, Stephen. 1999. “The Military in Egyptian Society”. En Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role, editado por Phebe Marr, 105125. Washington: National Defense University. Hinnebusch, Raymond 2014. “A Historical Sociology Approach to Authoritarian Resilience in Post-Arab Uprising MENA”. Project on Middle East Political Science, 19 de diciembre. URL: http://pomeps.org/2014/12/19/a-historical-sociology-approach-to-authoritarian-resilience/ International Fund for Agricultural Development. 2014. “Investing in Rural People in Egypt”. URL: http://www.ifad.org/operations/projects/regions/PN/ factsheets/eg_e.pdf Joscelyn, Thomas. 2015. “Islamic State´s Sinai ‘Province’ Launches Coordinated Attacks against Egyptian Forces”. Long War Journal, 1 de julio. URL: http://www.longwarjournal.org/archives/2015/07/islamic-states-sinai-province-kills-dozens-in-coordinated-attacks.php Khalil, Ashraf. 2012. Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation. Nueva York: St. Martins. Kirkpatrik, David. 2012. “Blow to Transition as Court Dissolves Egypt’s Parliament”. The New York Times, 14 de junio. URL: http://www.nytimes.com/2012/06/15/ world/middleeast/new-political-showdown-in-egypt-as-court-invalidates-parliament.html?_r=0 Marshall, Shana. 2015. “The Egyptian Armed Forces and the Remaking of an Economic Empire”. Carnegie Endowment for International Peace. URL: http://carnegieendowment.org/2015/04/15/egyptian-armed-forces-and-remaking-of-economic-empire/i7kf. Marshall, Shana y Joshua Stacher. 2012. “Egypt´s Generals and Transnational Capital”. Middle East Research and Information Project. 262. URL: http://www. merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-capital Mossallam, Alia. 2013. “These are Liberated Territories - Everyday Resistance in Egypt: Dismantling State Power, Experimenting with Alternatives and the Growing Movement from 2000-2010”. En Democratic Transition in the Middle East, editado por Larbi Sadiki, Heiko Wimmen y Layla Al-Zubaidi, 109-137. Oxon: Routledge. Nagarajan, K. V. 2013. “Egypt’s Political Economy and the Downfall of the Mubarak Regime”. International Journal of Humanities and Social Science 3 (10): 22-39. URL: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_10_Special_Issue_May_2013/3.pdf
Neomubarakismo Rafat Ghotme • Nadia García Sicard
36. Naguib, Sameh. 2015. “Beneath the Populist Facade, Egypt’s Sisi Is a Neolilberal”. Al-Araby, 13 de marzo. URL: http://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/3/13/beneath-the-populist-facade-egypts-sisi-is-a-neolilberal 37. O’Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 38. Perry, Tom y Maggie Fick. 2013. “Egypt’s President Mohammed Morsi, Army Chiefs Prepare for Showdown Hours Ahead of Ultimatum”. The World Post, 3 de julio. URL: http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/egypt-president-morsi-army-showdown_n_3539548.html?ref=topbar 39. Ramadan, Fatima y Amr Adly. 2015. “Low-Cost Authoritarianism: The Egyptian Regime and Labor Movement Since 2013”. Carnegie Endowment for International Peace. URL: http://carnegie-mec.org/2015/09/17/low-cost-authoritarianism-egyptian-regime-and-labor-movement-since-2013/ihui 40. Ramadan, Tariq. 2012. Islam and the Arab Awakening. Oxford: Oxford University Press. 41. Said Aly, Abdel Monem. 2014. Deciphering Abdel Fattah el-Sisi: President of Egypt’s Third Republic. Crown Center for Middle East Studies, Massachusetts, 82. URL: http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/meb82.html 42. Sakr, Naomi. 2012. “Social Media, Television Talk Shows, and Political Change in Egypt”. Television and New Media SAGE 14 (4): 322-337. DOI: dx.doi. org/10.1177/1527476412463446 43. Salih, Kamal Eldin Osman. 2013. “The Roots and Causes of the 2011 Arab Uprisings”. Arab Studies Quarterly 35 (2): 184-206. DOI: dx.doi.org/10.13169/arabstudquar.35.2.0184 44. Samra, Yasmine. 2014. “Egypt’s Sisi and the Bitter Pill for the Economy”. The Cairo Post, 9 de agosto. URL: http://www.thecairopost.com/news/121269/editors-choice/sisis-bitter-pill-for-the-economy 45. Selim, Gamal. 2015. The International Dimension of Democratization in Egypt. The Limits of External-Induced Change, Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, 11. Heidelberg, Londres: Springer International Publishing. 46. Selim, Gamal. 2013. “The United States and the Arab Spring: the Dynamics of Political Engineering”. Arab Studies Quarterly 35 (3): 255-272. DOI: dx.doi. org/10.13169/arabstudquar.35.3.0255 47. Soliman, Samir. 2011. The Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak. Stanford: Stanford University Press. 48. Statcher, Joshua. 2012. “Why the Generals Back Morsi. The Invisible Hand in Egypt´s Government”. Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/ articles/egypt/2012-12-20/why-generals-back-morsi 49. Stork, Joe. 2015. Egypt’s Political Prisoners. Human Rights Watch. URL: https:// www.hrw.org/news/2015/03/06/egypts-political-prisoners 50. Tamimi, Azzam. 2014. “Egypt’s New Shocking and Potentially Indicting Leaks”. Middle East Monitor. URL: https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/15666-egypts-new-shocking-and-potentially-indicting-leaks 51. Tawab, Ziad. 2012. “The Political Pathology of the Egyptian State”. Cairo Institute for Human Rights Studies. URL: http://www.cihrs.org/?p=2891&lang=en 52. Tessler, Mark. 2015. Islam and the Search for a Political Formula: How Ordinary Citizens in the Muslim Middle East Think about Islam’s Place in Political Life. Bloomington: Indiana University Press.
161
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The Economist. 2015. “Repression in Egypt Worse than Mubarak”. The Economist, 2 de mayo. URL: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21650160-abdel-fattah-al-sisi-has-restored-order-egypt-great-cost-worse 54. Wickham, Carrie. 2003. Mobilizing Islam. Religion, Activism and Political Change in Egypt. Nueva York: Columbia University Press. 55. Witte, Griff. 2013. “Egypt’s Morsi Gets Poor Reviews from Islamists After First Year of Presidency”. The Washington Post, 18 de junio. URL: http:// www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-morsi-gets-poor-reviewsfrom-islamists-after-first-year-of-presidency/2013/06/17/03445ffa-d5c2-11e2-ab723f0d51ec1628_story.html 56. Yehia, Dina. 2013. “Egypt´s Anti-terrorism Legislation”. Madamasr, 24 de noviembre. URL: http://www.madamasr.com/opinion/egypts-anti-terrorism-legislation 53.
H Rafat Ghotme es profesional en Relaciones Internacionales, Magíster en Historia y candidato a Doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Profesor asociado e investigador de la Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia). Su última publicación es el libro titulado Al-Qaeda. Islamismo Revolucionario, Movimiento Antimperial. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, 2015. *
rafat.ghotme@unimilitar.edu.co
Nadia García Sicard es profesional en Relaciones Internacionales y Magíster en Geografía Humana de la Universität Tübingen (Alemania). Investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia). Profesora de la Universidad Santo Tomás (Colombia). Una de sus publicaciones es “Blurred Future in Egypt after the Fall of Mubarak”. En The Political Geography of Religious Radicalism, editado por Rainer Rothfuss y Yakubu Joseph, 122-133. Tubinga: Global Studies Working Papers Institute of Geography, 2014. * nadiagarcia@usantotomas.edu.co
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E DOCUMENTOS F
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica: 200 años después de la Carta de Jamaica Juan Camilo Herrera Universitat Pompeu Fabra Barcelona (España) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.06 RECIBIDO: 16 de enero de 2015 APROBADO: 6 de julio de 2015 MODIFICADO: 18 de noviembre de 2015
Este artículo tiene el propósito de abordar la integración supranacional en América del Sur desde la perspectiva de la internacionalización del derecho constitucional. Para ello, en la primera parte propone una clasificación básica para entender las cláusulas de integración supranacional; cómo son y para qué sirven. En segundo lugar, aplica la clasificación planteada y ofrece una compilación analítica de las (doce) constituciones vigentes en la región. A partir del examen del texto explícito en las disposiciones, identifica características comunes y discordancias, para proceder a plantear consideraciones que podrían contribuir al proceso de integración económica, política y social que está planteando la región.
RESUMEN:
PALABRAS CLAVE: integración regional • América del Sur • derecho constitucional
(Thesaurus) • cláusulas de integración • ius constitucionale commune (palabras clave autor)
H El presente artículo corresponde a la primera parte de una investigación más amplia efectuada durante los estudios de Maestría en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Agradezco a todos los miembros del área de Derecho Constitucional de la UPF y al Equipo Editorial de Colombia Internacional por las ideas y críticas que contribuyeron a dar forma a la versión final del presente texto. 165
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Integration Clauses in the Constitutions of South American Countries: 200 Years After the “Letter from Jamaica” ABSTRACT: The purpose of this article is to address the supranational integration process in South America from the perspective of the internationalization of constitutional law. To do so, the first part proposes a basic classification to understand the supranational integration clauses, what they are and what purpose they serve. The second part applies the categories proposed and provides an analytic compilation of the (twelve) constitutions currently in force in South America. Based on an analysis of the explicit text in these constitutions, it identifies both their common features and the discrepancies, in order to proceed to pose questions that may contribute to the economic, political and social integration of the region. KEYWORDS: regional integration • South America • constitutional law (Thesaurus) •
integration clauses • ius constitucionale commune (author’s keywords)
H
As cláusulas de integração nas constituições da América do Sul: 200 anos depois da Carta da Jamaica Este artigo tem como objetivo abordar a integração supranacional na América do Sul sob a perspectiva da internacionalização do direito constitucional. Para isso, na primeira parte propõe uma classificação básica para entender as cláusulas de integração supranacional, como são e para que servem. Em segundo lugar, aplica a classificação proposta e oferece uma compilação analítica das 12 constituições vigentes na região. A partir da análise do texto explícito nas disposições, identifica características comuns e discordâncias para proceder a apresentar considerações que poderiam contribuir com o processo de integração econômica, política e social que a região está preconizando.
RESUMO:
Integração regional • América do Sul • direito constitucional (Thesaurus) • cláusulas de integração • ius constitucionale commune (palavras do autor)
PALAVRAS-CHAVE:
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Introducción La integración supranacional en América Latina, entendida como utopía o proyecto plausible, ha sido parte intermitente de su historia. Tanto desde la época de las independencias, así como especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, distintas iniciativas han procurado la configuración de entes intergubernamentales, supranacionales y de cooperación. Estos se han enfocado en ductilizar el concepto tradicional de soberanía, mercado, ciudadanía y frontera a lo largo y ancho de una de las regiones con mayor homogeneidad del planeta (Malamud 2004; Saiz Arnaiz 2011).1 Independientemente de cuál de las fórmulas condensadas en la nota al pie sea la correcta o aconsejable, es pertinente preguntarse: ¿a cuánto tiempo estamos de materializar la integración política, social y económica en la región? ¿Es deseable? Si bien el artículo no aborda estos interrogantes como objeto de estudio, parte de la base de que, ya sea en el mediano o en el largo plazo, desde la ingeniería del derecho constitucional y las demás disciplinas sociales, se requiere precisar y fijar las bases que sirvan para sostener la estructura de una eventual integración supranacional. La profundización de la integración bajo el mecanismo y las circunstancias que el proceso determine (Tratado, Acuerdo o Constitución), a diferencia del proceso europeo y aprendiendo de su experiencia, debe contar con mecanismos precisos para que la habilitación y adaptación en los ordenamientos de los Estados se configuren dentro del marco del pluralismo constitucional existente (Torres 2011). De allí que cobre relevancia aprender de la experiencia y los errores cometidos en el proceso de integración del viejo continente, con la claridad que ni se está en la necesidad de empezar de cero, ni caer en el error histórico de “importar por importar del norte” esquemas “puros” (López 2004) o “actualizados” (Rodríguez 2011, 11). Sin pretender calificar o descalificar cuál de las iniciativas existentes es la correcta o señalar cómo o para dónde se debe o no seguir, este trabajo ofrece una
1 Las principales iniciativas en materia de integración y/o cooperación intergubernamental en la región se podrían agrupar en el siguiente listado: Organización de los Estados Americanos (OEA) (1948), Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) (19601980), Parlamento Latinoamericano (1964), Comunidad Andina de Naciones (CAN) (1969), Comunidad del Caribe (CARICOM) (1973), Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (1975), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1980), Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (1991), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (1991), Mesoamérica PPP (2001), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (1994), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (2004), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) (2008), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2010) y la Alianza del Pacífico (2011). 167
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radiografía del texto explícito en la normativa constitucional vigente. Propone una compilación analítica y de diagnóstico en relación con la integración latinoamericana en las doce constituciones de América del Sur, inspirada en la “estatalidad abierta” planteada por Klaus Vogel (1964).2 A partir de esta categoría, se sugiere una clasificación que va de mayor a menor apertura. El objetivo principal es identificar literalmente qué plasmó el poder constituyente de cada nación suramericana, y, con ello, diagnosticar desde el punto de vista normativo, es decir, desde la fuente constitucional, cuál es el interés de los poderes constituyentes de pertenecer a una unión latinoamericana o similar. El lente de este estudio no está puesto sobre la integración desde la perspectiva de los derechos humanos o de la teoría del bloque de constitucionalidad (Uprimny 2006), sino en las herramientas normativas de la integración supranacional comunitaria o, en otras palabras, desde las disposiciones constitucionales que permitirían una integración económica, política y social.3 En septiembre de 2015 se cumplieron doscientos años de la Carta de Jamaica, en la que Simón Bolívar, entre otros aspectos, señalaba la necesidad de una fuerte integración latinoamericana. Dado que la reflexión y la discusión de esa utopía continúan vigentes, este artículo ofrece anotaciones al texto explícito en las constituciones suramericanas, con el fin de comprender las cláusulas de integración supranacional y el Ius cosntitucionale Commune —más allá de la esfera de los derechos fundamentales—. En otras palabras, lo que se pretende es presentar al lector una clasificación, no de las realidades empíricas de la integración regional, sino de su posibilidad desde lo jurídico, a partir de la revisión de las normas constitucionales.
1. Las cláusulas de integración supranacional en Latinoamérica a. Noción y contexto Las cláusulas de integración son las disposiciones normativas que contemplan la posibilidad de ceder parte de la soberanía de un Estado a una institución o ente, ya sea del orden regional o internacional. Se trata eminentemente de una
2 La estatalidad abierta hace referencia a la “permeabilidad” de las constituciones nacionales respecto de la cooperación internacional o de la integración a un bloque. Es decir, en qué medida un ordenamiento jurídico en la esfera nacional se proyecta y acepta el derecho producido por un ente internacional (Huber 2013, 139-140). 3 Respecto de la materia y el alcance de lo que se ha caracterizado como “nuevo regionalismo” de “segunda ola” o “post-hegemónico” pero que en todo caso va más allá de lo económico en materia de integración, se recomienda especialmente la edición 81 de la Revista Colombia Internacional, en lo relacionado con “Procesos de integración política, social y económica”. 168
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disposición de rango constitucional de alta relevancia dentro del cuerpo normativo de las constituciones contemporáneas, ya que, en efecto, corresponde a las materias o zonas en las que la propia Carta Política cede o traspasa sus poderes a una nueva esfera en la que se comparte interdependientemente, con otros actores, la toma de decisiones. Así, los Estados comprometidos en un proceso de integración o de cesión de competencias delegan de forma voluntaria poderes soberanos, en algunas materias, con el objetivo de satisfacer necesidades comunes (Claes 2005). Ante esta cesión facultativa de soberanía y competencias, “los Estados se hallan subordinados a las instituciones que se han convertido en titulares de las mismas” (Negro 2010, 38). Dada la relevancia del acto de ceder o de compartir soberanías, para poder surtir efectos, se somete a un acto jurídico complejo, inicialmente impulsado y elaborado por el poder ejecutivo, el cual, consecuentemente, debe cumplir con la aprobación y el respectivo control político por parte del órgano parlamentario, y, por último, de control abstracto por el órgano de cierre judicial o intérprete de la Constitución. Por medio de la consagración de este tipo de normas, lo que pretenden los poderes constituyentes, originarios y derivados, es la construcción de plataformas que permitan lo que Perotti (2004, 34) ha denominado “la habilitación constitucional a la integración” o puentes entre naciones vecinas o aisladas.4 Lo anterior con el propósito de transformar o ampliar el concepto de soberanía, a cambio de la posibilidad de actuar en conjunto frente a diversos desafíos que afrontan las naciones contemporáneas. En efecto, mediante esta modalidad se actualizan nociones tradicionales de Estado y soberanía; “el viejo concepto de Estado ya no existe en la realidad. Cualquier análisis constitucional debe tener en cuenta este dato” (Bustos 2011, 151). Lo mismo ocurre respecto a la transición del concepto tradicional de Estado soberano nacional al trasnacional, entre otros (Häberle 2014; Innerarity 2015; Krisch 2010; MacCormick 1993; Neves 2013). A partir de la experiencia de la Unión Europea, de la CAN y el MERCOSUR en la región, las cláusulas de trasferencia o habilitación constitucional a la integración han permitido generar obligaciones y deberes vinculantes que sobrepasan la simple cooperación de los tratados internacionales. Esto ha dado lugar a una nueva etapa, de corregulación, por medio de organismos supranacionales que, como una “bisagra”,5 ejercen competencias que tradicionalmente correspondían al Estado. En nuestra región, las primeras asimilaciones que se hicieron de las estructuras supranacionales en Europa fueron percibidas literalmente como
4 Bridging mechanism (Walker 1998). 5 En efecto, es el término usado por el Tribunal Constitucional de España para explicar el concepto. Declaración 1/2004, y sentencias 100/2012 y 14/2004. 169
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“amputación de competencias esenciales” de los Estados nacionales (Moncayo 1962, 176). A los ojos de la doctrina contemporánea, más que una amputación, obedece a una mutación de la teoría clásica o al menos a “una modulación en el ámbito de aplicación de numerosas disposiciones constitucionales”, que si bien son distintas, en la mayoría de los casos no deben ser vistas como retrocesos (Saiz 2005, 58). Aparte de Europa, es América Latina la región que con más seriedad se está preguntando por un proceso de integración en distintos niveles. Como es bien sabido, en el caso europeo, después de dos guerras mundiales y más de dos mil años de conflicto, la integración se inició como una reacción a ese pasado, y el motor de ese cambio —aparte del miedo— fueron la economía y el sector productivo (Haas 1958, 4). América Latina, en términos generales, es una región sin conflictos armados interestatales. Sin embargo, en el plano interno existe un evidente problema común de inequidad y exclusión que es equiparable a los efectos de la guerra. Por ello, el proceso no debe ni tiene que ser similar en sus etapas y bases al de Europa. ¿Podrían contribuir las cláusulas de integración? Por regla general, cada uno de los mecanismos de integración iniciados en la segunda mitad del siglo XX en la región se ha frenado o acelerado bajo distintas gamas de izquierdas y derechas. En consecuencia, esos intentos han variado dependiendo de los proyectos político-ideológicos a nivel nacional e internacional de los distintos gobiernos, y de la forma en que se ha pretendido escribir la integración.6 Por ello, si bien lo económico y los derechos fundamentales son ejes claves, vale la pena preguntarse: ¿se ha dejado de lado el eje social y político desconociendo lo que en principio podría considerarse como un mandato constitucional pro integratione? b. Una propuesta de clasificación Teniendo en cuenta lo expuesto, con el fin de establecer diferencias y de proponer una tipología de comprensión, partiendo del concepto de estatalidad abierta (Vogel 1964, 42), especificado por Morales (2014, 269), las cláusulas de apertura son las que permiten conectar el derecho interno de un Estado con el derecho internacional. Ello aplica para el derecho de los tratados en general, así como para materias claves de la supranacionalidad como los derechos
6 Un ejemplo de esta afirmación corresponde a los movimientos de Venezuela en los últimos años, que han dado lugar a su salida de la CAN, su ingreso al MERCOSUR, el impulso de las organizaciones ALBA, CELAC y UNASUR, a la vez con una actitud de choque con el Sistema Interamericano de la OEA. Por otra parte, la pertenencia de Chile, Colombia y Perú a organismos distintos de los mencionados, aunque por otro lado adelantan un proceso disímil como el de la Alianza del Pacífico. 170
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fundamentales o la integración regional. Dado que la principal intención está orientada a romper el viejo esquema del Estado cerrado, propongo los siguientes niveles de clasificación: i). Mayor apertura. Corresponde a aquellas cláusulas que contemplan un imperativo constitucional en relación con una región específica. Así mismo, en uno o varios apartes del texto constitucional, expone la necesidad o voluntad del constituyente de expandir los preceptos constitucionales en esferas trasnacionales, con el fin de compartir o ceder soberanía. En algunos casos, desde el punto de vista axiológico, las cláusulas se encuentran en el preámbulo, en apartes relativos a las relaciones internacionales o, de manera especial, bajo un capítulo exclusivo del texto constitucional. No existe ni debería existir un arquetipo, ya que el matiz no radica únicamente en la cantidad o repetición del contenido, sino en la vocación de la norma respecto de la integración regional como prioridad y/o mandato constitucional. ii). Apertura intermedia. Es el tipo de normativa que, si bien no hace referencia a un órgano regional concreto, autoriza sesión de soberanía —de manera directa o indirecta— a un ente supranacional abstracto. En otras palabras, la intención del poder constituyente no radica en limitar o auspiciar algún tipo de modelo específico. La abstracción en la redacción es la característica clave de esta categoría, puesto que no se especifica una región o un ente de integración supranacional. En suma, sin que exista referencia expresa frente a la integración supranacional, es posible extraer el nivel de vocación integradora por medio de la generalidad de la redacción. iii). Menor apertura. Se refiere a disposiciones constitucionales que guardan silencio en relación con la integración regional o la posibilidad de pertenecer a un órgano supranacional. Así mismo, contempla escuetamente algún tipo de competencia en abstracto de los órganos (Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial) respecto de tratados internacionales, negociación, aprobación y ratificación, pero con la clara ausencia respecto de la integración frente a un ente o región en concreto. Es necesario aclarar que las categorías descritas se limitan al análisis normativo de la cláusula en sí misma y que, si bien en el caso de las de mayor apertura pueden ser entendidas como de textura abierta en los términos planteados por Vogel, lo mismo no acontece en las de menor apertura, ya que la falta de previsión constitucional no debe asemejarse a la de una estructura cerrada. De allí que prefiera la analogía sistémica en categorías de mayor a menor, en lugar de abierta o cerrada. Un texto constitucional puede establecer una vocación a la integración, pero a la vez una fuerte restricción en relación con la jerarquía de los tratados comunitarios y las normas internas. Lo anterior, según se trate del tradicional 171
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enfoque monista, que concibe el derecho internacional y el interno como un todo, o uno de corte dualista, en el que existen dos sistemas independientes. No obstante, insistir en esta dicotomía, como bien lo señala Von Bogdandy (2008, 400-401), obedece a un enfoque basado en “zombis intelectuales” que han desaparecido en la realidad. A nivel contemporáneo, lo que se propone es entender o, si se prefiere, “deconstruir” el problema bajo el prisma del pluralismo jurídico. Siguiendo las ideas de MacCormick (1999, 104) y Torres (2011, 25), este último puede ser entendido como el conjunto de ordenamientos constitucionales que, sin estar ordenados jerárquicamente, interactúan bajo distintos ejes. Las cláusulas ponen de presente la relevancia que, en un contexto determinado, el poder constituyente ha dado al tema de la integración supranacional. A su vez, otorga elementos de exigibilidad a todos los órganos del Estado y a la ciudadanía, los cuales se materializan en tratados, acuerdos, legislación, jurisprudencia, entre otras herramientas claves para el cumplimiento de imperativos constitucionales.
2. Las “cláusulas latinoamericanas” en las constituciones nacionales de América del Sur El orden del presente análisis se deriva de las categorías descritas en el acápite anterior, relativo a la mayor o menor apertura. En los antecedentes de la integración europea, la mayor parte de las constituciones contemplaban disposiciones que, de forma general o particular, permitieron basar su adhesión en estos preceptos o en “cláusulas europeas” (Claes 2005). Bajo la influencia de la mencionada autora, las denomino “cláusulas latinoamericanas”. Por cuestiones de acotación, se analizaron las constituciones de los (doce) países de América del Sur.7 Para ello, se referencia cada una de las disposiciones constitucionales que permiten colegir algún tipo de vínculo de trasferencia de competencias en general con la región latinoamericana o que eventualmente, desde la ingeniería constitucional, servirían para crear o consolidar una estructura supranacional. a. Cláusulas de mayor apertura. Constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1993), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) Esta sección ha sido organizada conforme al orden cronológico de la expedición de las cartas políticas. En ese sentido, la Constitución de Brasil (1988) contempla en el Art. 4 los principios que rigen las relaciones internacionales del principal motor 7 No se incluye a la Guyana Francesa, ya que corresponde a un territorio ultramarino francés y parte de la UE. 172
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económico de la región. Según la norma, prevalecen la protección de los derechos humanos, cooperación entre los pueblos, independencia, no intervención, igualdad entre Estados, autodeterminación, cooperación, entre otros. Además, se determina expresamente la búsqueda de la integración no solo económica, sino que abarque campos políticos, sociales y culturales de los países latinoamericanos. Conforme al parágrafo único del Art. 4, “a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. Luego, el Art. 5.3 determina que todos aquellos tratados o convenciones que estén relacionados con la protección de derechos fundamentales y que fueren aprobados en cada Cámara del Congreso Nacional, y en dos períodos, por tres quintos de los votos respectivos equivaldrán a una enmienda constitucional. Si bien se trata de una disposición singular, ya que no se repite en otras partes de la Carta Política, se destaca la vocación integracionista. No obstante, la normativa contempla un antagonismo explícito entre el deber de integración latinoamericana, por un lado, y por otro, la ausencia de disposición expresa respecto de la jerarquía normativa. De allí que, incluso, se esté proponiendo una reforma constitucional que permita la inclusión directa de las normas cuyo aspecto debería quedar expreso en el tratado constitutivo (Kerber 2013, 195). El Supremo Tribunal Federal de Brasil, cuando revisó la constitucionalidad del tratado que permitió el ingreso al MERCOSUR, dictaminó que este tipo de acuerdo se ajusta al parágrafo del Art. 4 y no puede ser entendido de forma aislada. Por ser este un tratado dinámico e interactivo con países vecinos, señaló que el Estado brasilero, en cumplimiento de la norma, puede insertarse en una compleja red jurídica latinoamericana, tanto en lo económico como en lo político y social.8 Para los registros históricos quedará como una de las primeras constituciones que plasmó la integración de los pueblos de la América Latina como un todo, y no solo en términos económicos, planteando una unificación política, cultural y social, en adición a la necesidad de configurar una comunidad de naciones latinoamericanas. En suma, es posible sostener que se trata de una disposición normativa de textura abierta. Por otra parte, la Constitución de Colombia (1991) se refiere en distintos apartes a la vocación integradora. De hecho, los constituyentes la plasmaron desde el Preámbulo, ya que contempla el objetivo “[…] de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. En relación con el carácter vinculante del 8 Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sentencia CR 8.279-AGR. Magistrado Ponente: Celso de Mello. 173
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Preámbulo y su alcance, la teoría constitucional (Gonçalves 2008, 622; Rousseau 2008, 104) ha precisado la relevancia que tienen dentro del cuerpo normativo constitucional este acápite y lo que se ha denominado el “carácter vinculante”, puesto que determina el alcance de los principales objetivos o de los principios y valores. Su preeminencia consiste en ser la bitácora de navegación política. En palabras de la Corte Constitucional de Colombia: “El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico […] lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella”.9 Por otro lado, el Art. 9, relativo a la política exterior y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, se orienta “hacia la integración latinoamericana y del Caribe”. De igual modo, se diferencia entre un tratado de integración supranacional y los relacionados con los de derechos fundamentales, en la medida que, conforme al Art. 93, estos últimos prevalecen. Tanto el texto constitucional colombiano como el brasilero establecen la prevalencia constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, no resultan tan claros en lo relativo a la categoría del alcance de los tratados de integración. Tanto así que, como ya se expresó, se propone la necesidad de enmendar la Constitución brasilera en este aspecto. Sin embargo, hay que recordar que el dilema de la jerarquía, como bien lo señala Torres (2011, 25), no ofrece el mejor esquema para estructurar las relaciones entre la esfera nacional y la supranacional. Por otra parte, dentro de las funciones del Congreso de la República, en el Art. 150.16 se establece la función de aprobar o rechazar los tratados en los que se transfieran “parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. En relación con esta específica potestad del Congreso, la norma enfatiza la necesidad de consolidar la integración económica con otras naciones. No obstante, frente a la conformación de un ente supranacional que sobrepase materias de mera integración económica surge el interrogante de si dicho ente estaría cobijado por la literalidad del texto constitucional o deberá entenderse en sentido amplio. A pesar de lo expuesto, el Art. 227 despeja toda duda en cuanto a la definitiva vocación latinoamericana de la Constitución colombiana, y que sirve para responder la pregunta sobre la literalidad del Art. 150.16. En el capítulo de las relaciones internacionales se especifica que el Estado “promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-479 de 1992. Magistrados Ponentes: José Gregorio Hernández Galindo/Alejandro Martínez Caballero. 174
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países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la conformación del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”. Desde el punto de vista histórico, se trata de la primera constitución del “nuevo constitucionalismo latinoamericano” (Viciano y Martínez 2011, 5) que desde el Preámbulo y en distintas secciones del texto hace referencia precisa e inequívoca a la importancia de la integración latinoamericana y del Caribe. De cara a la región, se introduce un elemento clarificador, ya que se especifica que la unión abarca el Caribe. En conclusión, se trata de un claro mandato constitucional con el objetivo de que el Estado colombiano forme parte de la construcción de una eventual comunidad latinoamericana de naciones. Tomando en consideración lo dicho, no sería exagerado concluir que se trata de una cláusula abierta. Del análisis de la línea jurisprudencial de uno de los tribunales más respetados y activos del sur global, se pudo concluir que para la Corte Constitucional de Colombia, en relación con el alcance y factor vinculante de la cláusula en materia de entes supranacionales como la CAN, MERCOSUR o UNASUR, esta ha estado relacionada con la ratio decidendi y ha influido en el sentido del fallo.10 En contraste, en materia de integración económica, la jurisprudencia constitucional se ha limitado a referir la integración como un obiter dictum de la sentencia y ha procedido a repetir tautológicamente el argumento que las cláusulas latinoamericanas no vinculan ni consisten en una “camisa de fuerza”, lo que se traduce en una pérdida de efectividad y poder vinculante frente a la integración (Herrera 2015). El Poder Constituyente originario de Perú (1993) plasmó en el Art. 44 como deberes del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general, la integración, “particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas”. De igual modo, el Art. 55 especifica que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. En el artículo de los deberes del Estado se concibe la necesidad de que la política exterior promueva la integración, en especial la latinoamericana. En adición, los arts. 56.2 y 57 disponen de forma específica que todos aquellos tratados que contemplen la cesión de soberanía tendrán que ser 10 Se estudiaron dieciocho sentencias en materia económica o de acuerdos de libre comercio y nueve providencias en materia de organizaciones supranacionales de integración. En términos generales, la ratio decidendi de una sentencia hace referencia a la razón o el núcleo principal de una decisión judicial. En contraste, obiter dictum constituye una parte no fundamental o accesoria de la sentencia. 175
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ratificados por el Congreso de la República. Este punto de especificidad es exclusivamente exigido por esta Constitución y resulta atípico en comparación con las demás de la región. De la lectura literal del precepto y la extensión del mismo es posible concluir que la norma constitucional interpretada de la mano con lo dispuesto en los arts. 55, 56 y 57, relativos a las formalidades de la competencia y ratificación de un tratado, permite dar vía a la cesión de funciones a un órgano supranacional. Si bien no existe un despliegue normativo amplio, es posible considerarla una cláusula propia de la categoría de mayor apertura que procura la integración con los países del área. No obstante, es plausible que una eventual reforma constitucional o los respectivos desarrollos legislativos recojan las banderas de la Constitución de 1979, que desde el Preámbulo exponía la necesidad de impulsar “la integración de los pueblos latinoamericanos”. En el mismo orden de ideas, el Art. 100 del mencionado texto reafirmaba que Perú “promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”. Adicionalmente, el Art. 106 diferenciaba la jerarquía de los tratados, en especial los “de integración con Estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes”. La Constitución del Perú representa una excepción dentro de la tendencia integracionista de corte amplio, ya que si bien la reforma de 1993 expresamente contempla la integración latinoamericana, comparada con el texto de 1979, se trata de un retroceso (Morales 2012, 265). La Carta Política de Venezuela (1999) replica el esquema mencionado en el caso colombiano y anuncia desde el Preámbulo uno de los pilares constitucionales, ya que estipula la necesidad de impulsar y consolidar “[...] la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, [...]”. Seguidamente, determina que el Estado debe promover la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, “especialmente con los Estados fronterizos”. Concretamente, el Art. 153 enaltece la importancia de promover y favorecer “la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región”. Así mismo, estipula la necesidad de conmutar esfuerzos para la seguridad colectiva de los pueblos. Por otra parte, habilita la posibilidad de pertenecer a organizaciones supranacionales para que, por medio de tratados, se entreguen las competencias necesarias, a fin de materializar el proceso de integración. Además, expande el espectro e incluye la importancia de las relaciones con “Iberoamérica”, lo cual implica otro elemento novedoso, ya que automáticamente pareciera darles un lugar a comunidades 176
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y pueblos como Portugal, España, Cataluña, Euskadi, entre otros. Desde el punto de vista técnico, determina que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente, de aplicación directa y preferente respecto a la legislación interna. El caso de la Constitución actual de Venezuela representa un ejemplo de apertura que no había sido desarrollado en el constitucionalismo de la región en relación con la integración de América Latina. No solo se hace referencia a la integración desde el Preámbulo, sino que introduce el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos como elemento de cohesión. Además, el Art. 153 determina de forma expresa la necesidad de la integración, en la cual nuevamente se incluye al Caribe, y la posibilidad de hacer parte de un órgano supranacional. Adicionalmente, se observa el uso de categorías que sugieren o implican colectividad, ya que propugna la defensa de los postulados económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, tales como los “de la región”, “desarrollo común de nuestras naciones”, “procurando sea una política común de toda nuestra América Latina”. Sobre la base de lo expuesto, resulta indudable que se trata de una cláusula de mayor apertura, muy proclive a la regionalización y delegación de funciones en un órgano supraestatal común. Como ya se esbozó, la Constitución establece de modo expreso que “las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”. En otras palabras, y como elemento de avanzada, el constituyente especificó ex ante la importancia de clarificar que la normativa producida en los entes del edificio trasnacional no solo es parte del ordenamiento interno, sino que tiene mayor jerarquía. En resumen, de todo el estudio comparado, es necesario subrayar que se trata de la Constitución que con mayor vehemencia puntualiza el rango y alcance de las normas comunitarias sobre las nacionales.11 El sumak kawsay, traducido del quechua como “buen vivir” (Houtart 2011), de la reciente Constitución de Ecuador (2008), en honor de la influencia originaria indígena, ha establecido sin lugar a duda la cláusula de mayor apertura que se haya elaborado en una Constitución de la región, y quizá única a nivel global en materia de integración regional. El compromiso del constituyente se
11 En relación con este aspecto, el intérprete de la Constitución venezolana ha manifestado que las normas derivadas de la integración que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son de aplicación directa, integral y preferente respecto a la legislación interna, “como en efecto ocurrió mientras formó parte de la Comunidad Andina; salvo que dichas normas adoptadas fuesen contrarias a los valores y principios consagrados en el texto fundamental venezolano”. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia 2003-0514. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas. 177
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aprecia desde el Preámbulo, cuando afirma que se trata de “un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana”. El Art. 276.5, relativo al desarrollo, subraya la necesidad de promover la integración latinoamericana e insertar la Nación de forma estratégica en el contexto internacional. En materia de relaciones internacionales, el Art. 416.10 promueve la conformación de un orden global multipolar basado en la participación activa de bloques económicos y políticos regionales. Bajo la misma línea argumentativa, el Art. 416.11 incorpora el mandato constitucional diferenciado de la integración política, cultural y económica. Reitera, como lo hace indirectamente la Constitución colombiana, una referencia expresa a la región andina, con el contraste que la Asamblea Constituyente del Ecuador agrega a Latinoamérica y América del Sur. Como complemento, el Art. 423 dedica un capítulo de siete numerales relativos a la forma en que el Estado ecuatoriano debe desarrollar la estrategia integradora de Latinoamérica y del Caribe, de los cuales, valga simplificar, se establecen los principios orientadores: (i) en materia económica, financiera y monetaria; (ii) política económica internacional común; (iii) políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; (iv) el comercio regional, (v) estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural; (vi) la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; (vii) la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; (viii) estrategias coordinadas de soberanía alimentaria; (ix) armonización de las legislaciones en varias materias; (x) diversidad cultural, interculturalidad, conservación del patrimonio cultural y la memoria común; (xi) creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; (xii) libre circulación de personas; (xiii) política común de defensa; y (xiv) consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe. En lo relativo al estatus de los tratados dentro del espectro constitucional, se especifica en el Art. 417 que los tratados internacionales ratificados por Ecuador se ajustarán a lo establecido en la Constitución. Si se trata de derechos humanos, resalta que se aplicará conforme al principio pro homine de los instrumentos internacionales sobre la materia y “de cláusula abierta establecidos en la Constitución”.12 De una lectura sistemática de los arts. 422, 424 y 425, referentes a la jerarquía de tratados de integración, es posible concluir que, si bien se prohíbe la celebración de tratados en los que se otorgue jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, se exceptúan aquellos que determinen “la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por 12 En términos generales, el principio pro homine hace referencia a la interpretación y aplicación más favorable a los derechos humanos. 178
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órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios”. Por tanto, si se trata de controversias con relación a Estados vecinos, sí procede la preeminencia de las decisiones externas en el esquema de jerarquía de normas. Ahora, conforme al Art. 424 de la Carta Política ecuatoriana, prevalecerán “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados” que determinen estándares más altos que los protegidos por la Constitución. De este modo, el Art. 425 establece expresamente el orden jerárquico de las normas y ubica en el segundo renglón a los tratados que no se relacionan con los Derechos Humanos. Adicionalmente, determina que, en caso de controversias, corresponderá no solo a los jueces, sino a los servidores públicos y administrativos, interpretar conforme a la norma jerárquica superior. En conclusión, se trata, de lejos, de la más importante y sui generis cláusula de integración regional. La forma y el detalle bajo los cuales la Constitución irradia las áreas de influencia que pretende dentro de la región denotan un estilo coherente con un mandato constitucional trasnacional, creativo y, sin duda, novedoso.13 En la Constitución de Bolivia (2009) ha sido posible constatar que la normativa constitucional continúa la tendencia de sus pares cercanos de declarar expresamente la intención de ser parte de una comunidad latinoamericana. Si bien no lo estipula en el preámbulo, el Art. 10.I establece la cooperación con los países de la región y el mundo. En consecuencia con lo expuesto, el Art.265 en materia de relaciones internacionales determina la integración con la comunidad internacional en general, no obstante puntualiza la prioridad con América Latina y los pueblos indígenas. En adición, el Art. 266 dispone que los representantes bolivianos ante órganos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración deben ser elegidos mediante sufragio universal. En cuanto al bloque de constitucionalidad, señala en el Art. 410.2 que la legislación comunitaria, así como los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, formarán parte de la legislación interna. No obstante, no se determina explícitamente una jerarquía, por lo que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional determinar dicho alcance. 13 Contrario a lo hasta aquí expuesto, en los asuntos de control abstracto que la Corte Constitucional de Ecuador ha tenido la oportunidad de pronunciarse, hasta la fecha se detecta una tendencia a la mera referencia al texto del tratado en estudio y a la trascripción de la normativa constitucional, mas no a la fijación del alcance o doctrina del tribunal frente a la materia. Por tratarse de una corte intérprete del nuevo ordenamiento constitucional, precisamente se echa de menos una jurisprudencia rica en conceptos que permita fijar las bases de las líneas jurisprudenciales venideras. En cuanto a las sentencias que se han proferido desde la creación del Tribunal, pueden consultarse: en relación con el ALBA, D-0012-09-DTI-CC. Magistrado Ponente: Roberto Bhrunis Lemarie; con la UNASUR, D- 003-09-DTI-CC. Magistrado Ponente: Manuel Viteri Olvera; con el Banco del Sur, D-0008-10-DTI-CC. Magistrado Ponente: Alfonso Luz Yunes; con el protocolo democrático de la UNASUR, Sentencia: D-0014-11. Magistrado Ponente: Patricio Herrera Betancourt. 179
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De la lectura de la norma es posible sostener que, sin duda alguna, se trata de una cláusula de apertura mayor. Incluso, introduce un elemento participativo y democrático para con la región, tanto en el ya mencionado Art. 266 como en el Art. 257.II, donde se establece la obligatoriedad de que todo tratado internacional que implique cuestiones limítrofes, integración económica estructural, monetaria y/o cesión de competencias soberanas a un organismo supranacional deberá ser aprobado mediante referendo popular. Teniendo en cuenta este aspecto expreso y único de las constituciones comparadas, la participación vía referendo de la ciudadanía en una decisión de tal importancia sugiere la necesidad de escuchar las comunidades plurinacionales que conforman el Estado boliviano, como en efecto aconteció de forma voluntaria en algunos Estados de Europa antes de decidir su pertenencia a la UE. No obstante, vale la pena cuestionar la pertinencia de la especificidad y obligatoriedad del referendo frente a la cesión de soberanía a un órgano supranacional latinoamericano y de no haber dejado en abstracto la posibilidad de aplicar la opción potestativa del referendo contemplada en el Art.259.I. De este modo, es posible afirmar que se trata de una normativa reacia al derecho internacional y que expresamente contempla un mecanismo agravado para proceder a la integración económica, política y social. Especialmente, cuando a nivel global y local se están experimentando formas de participación de la ciudadanía en el proceso decisorio como alternativa a las limitaciones del voto e incluso del propio referéndum (Gross et al. 1999, 189-190). b. Cláusulas de apertura intermedia. Constituciones de Uruguay (1830/1967), Paraguay (1992) y Argentina (1853/1994) Pasando al Cono Sur del continente y procediendo a presentar la sección de cláusulas intermedias, la Constitución de Uruguay (1830), reformada en 1967, en lo relativo a los tratados internacionales interpuso una reforma al Art. 6, cuya vigencia establece que “[…] la República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos”. Varios aspectos se desprenden de esta norma. Se trata de la primera Carta Política que hace referencia expresa a las naciones de la América Latina con fines unificatorios. No obstante, focaliza la integración desde la óptica económica y social. En cuanto a lo económico, pone un especial énfasis en la importancia de la defensa de los productos y materias primas del país; en otras palabras, lo mercantil es la prioridad en el momento de la discusión y redacción final. 180
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica Juan Camilo Herrera
La norma superior puntualiza la defensa de los productos, materias primas, y la complementación de sus servicios públicos. De esta lectura inicial es posible afirmar que, si bien no se desarrolla un amplio espectro de la Constitución en relación con la región latinoamericana, tampoco es posible concluir que se trata de un llamado a la no integración. Partiendo de este punto y teniendo en cuenta que el Art. 85.7 contempla la posibilidad abstracta de que el Estado uruguayo celebre con potencias extranjeras “convenciones o contratos de cualquier naturaleza”, es posible concluir que se trata de una cláusula de textura intermedia. En el caso de la República de Paraguay (1992), desde el Preámbulo la Convención Constituyente determina una inclinación por la comunidad internacional en abstracto. Conforme a los arts. 137 y 141, la Constitución es la norma de normas y se impone sobre los tratados internacionales, los cuales, si cumplen con las formalidades debidas, harán parte del ordenamiento interno. El Art. 143 expresamente acepta el derecho internacional sobre la base de principios tales como la solidaridad, la cooperación internacional, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los Estados y la protección internacional de los derechos humanos. Seguidamente, el Art. 144, que trata sobre la renuncia expresa a la guerra, indirectamente hace referencia a los “derechos y obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, o como parte en tratados de integración”. Como se ve, nombra marginalmente a la OEA y a los tratados de integración, tanto así que en el Art. 145 dedica un artículo al orden jurídico supranacional, en el cual admite la integración con cualquier Estado, bajo la salvedad que sea en términos de igualdad y se garantice la vigencia “de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural”. Para ubicar la cláusula de la Constitución paraguaya en la categoría de apertura intermedia se ha tenido en cuenta su evidente interés orientado a la integración. No obstante, a pesar de la referencia indirecta a la OEA en materia de paz, comparada con la cláusula de Brasil (1988), Perú (1979) y Colombia (1991), no es claro su interés respecto de la integración latinoamericana como objetivo concreto sino más bien indirecto. Respecto de la Ley Suprema de Argentina (1853), en la reforma de 1994 se introdujo una disposición de la cual se deduce que es posible la firma de un tratado internacional o similar por medio del cual se concedan funciones a un órgano trasnacional, siempre y cuando se respete el principio democrático. Por un lado, el Art. 27 delega al Gobierno federal la obligación de afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que 181
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estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Por otro, el Art. 75.22 determina que los tratados y concordatos ostentan mayor jerarquía respecto de las leyes ordinarias. Sobre este aspecto, señala Perotti (2004, 619) que el Tribunal Supremo argentino ha sido errático al confundir las doctrinas dualista y monista, e insistir en ellas para resolver el asunto. Además, el Art. 75.24, relativo a las facultades del Congreso, estipula la potestad de aprobar “tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad”, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. De igual forma, se ratifica la jerarquía de las normas derivadas de esta autorización respecto del ordenamiento interno. Hasta aquí, si bien no se establece una disposición abiertamente orientada a la integración latinoamericana, se habilita la posibilidad de formar parte de un órgano trasnacional, ya sea en el continente suramericano o en cualquier parte del globo. Sin embargo, se introduce un elemento único en la normativa sometida a estudio, ya que exige una formalidad al Congreso respecto de las mayorías, conforme al origen de las partes firmantes. El mensaje indirecto induce a obrar con mayor cautela frente a Estados no latinoamericanos, por lo que exige en un primer momento la declaratoria de conveniencia, y en el lapso de ciento veinte (120) días, la procedencia para su eventual aprobación. En suma, se trata de una cláusula intermedia, por dos razones: por un lado, porque contempla la pertenencia a un ente supranacional, no obstante indeterminado, y por otro, porque si bien no declara de manera abierta la intención de ser parte de un órgano transnacional latinoamericano, sí diferencia las reglas formales de la aprobación, siendo flexible precisamente para con la región. c. Cláusulas de menor apertura. Constituciones de Chile (1980), Guyana (1980) y Surinam (1987) ¿Aceptar el reconocimiento de la estatalidad abierta implica reconocer la estatalidad cerrada? En principio, sí. No obstante, resulta difícil sostener el argumento de que la ausencia de cláusulas expresas implique la no integración. Afirmarlo constituiría la configuración de una falacia ex silentio que, aplicada al caso de estudio, se traduce en sostener que algo no es verdadero porque no existen disposiciones normativas que determinen la intención o no de incorporarse a una comunidad de naciones. De hecho, en los casos de los países que hacen parte de esta categoría, y de los ya estudiados, existe la constancia de pertenencia fáctica y de iure a un órgano supranacional de cooperación e integración en construcción, como la UNASUR (Cienfuegos y Sanahuja 2010). 182
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica Juan Camilo Herrera
Las virtudes y desventajas de las previsiones constitucionales han sido abordadas por el profesor Sagüés (2013, 499), quien señala que la ausencia de disposición respecto de la transferencia de competencias está armonizada con una versión contemporánea del Ius gentium en materia internacional. De otro modo, los tratados de integración y todos los esfuerzos alrededor de estas iniciativas quedarían condenados al espectro de lo retórico. Además, ante el paso del tiempo y la llegada de temas y situaciones que el constituyente originario no trató, se presenta el aspecto negativo de la falta de previsión, por lo que generalmente se tiende a visualizar la imprevisión constitucional como un fenómeno negativo. No obstante, ligada a los cambios generacionales, esa imprevisión puede ser equilibrada, ya sea por reformas constitucionales o desarrollos legislativos del constituyente derivado. Así mismo, los poderes públicos cuentan con la interpretación conforme y evolutiva para “actualizar” la Constitución a los retos según el momento histórico específico. En consecuencia, recae en los máximos intérpretes y guardianes de las constituciones la actualización o la fijación de sus alcances, caso en el cual las texturas de las cláusula deberán ser definidas por la jurisprudencia, como se ha visto en algunos de los casos referenciados, o en la comparación del tipo de tratados internacionales ya firmados y puestos en marcha por la nación sometida a estudio. La Constitución de Chile (1980) no presenta una disposición que permita colegir una orientación de la República frente a la región. El Art. 32.15, relativo a las atribuciones del poder presidencial, establece que el Presidente debe “conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país”. Adicionalmente, determina la aprobación por parte del Congreso, conforme a lo dispuesto en el Art. 54.1, y expresa la posibilidad de que las discusiones y deliberaciones sobre estas materias sean secretas, en caso de que el primer mandatario así lo exija. De lo expuesto, corresponde a la Presidencia determinar la conveniencia de la proyección a la integración y la política exterior en general, bajo la aprobación respectiva del poder legislativo. Sin embargo, cuando se aborda lo relacionado con la soberanía, el Art. 4 se refiere a la protección de los derechos “esenciales que emanan de la naturaleza humana”, así “como el de los tratados internacionales ratificados por Chile”. El texto constitucional no hace referencia a ningún órgano de orden supranacional, ni abstracto, ni en relación con una región específica. Sobre la base de los argumentos brevemente expuestos, es evidente que se trata de una cláusula de menor apertura, ya que, si bien no cierra las posibilidades per se, 183
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corresponderá al representante del Ejecutivo la iniciativa de pertenecer o no a un proceso de integración.14 La Constitución de Guyana (1980) contempla una cláusula de baja apertura en relación con un órgano regional de integración. El Art. 37 establece la necesidad de extender relaciones con todos los Estados sobre la base de una soberanía equitativa basada en el respeto por los derechos humanos y la cooperación entre los Estados. Partiendo de este elemento, es posible observar la voluntad del poder constituyente de Guyana para establecer relaciones respecto de todas las naciones, sin una preferencia particular. Por otra parte, el Art. 38, si bien no hace referencia expresa a la posibilidad de pertenecer a un órgano regional supranacional, sí establece como deber del Estado, así como por parte de entes u organizaciones socioeconómicos y cooperativos, procurar el mayor nivel posible de productividad de la economía, con el fin de asegurar la realización de los derechos establecidos por la Constitución. Partiendo de los supuestos anteriores, dado que no se hace referencia expresa, directa o indirecta, frente a la pertenencia de la nación a un proceso de orden supranacional, es posible concluir que se está ante una cláusula de menor apertura. Compaginado con lo expuesto, la Constitución de la República de Surinam (1987) tanto en el Preámbulo como el Art. 7, plantea una ostensible participación en organizaciones internacionales, sin hacer referencia especial a una región o un organismo determinado. Bajo similar esquema, el Art. 103 comparte la misma tipología de la disposición chilena, ya que establece que los tratados con otros poderes u organizaciones de derecho internacional son del resorte del Presidente y deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional. Como se ve, se trata de una cláusula de menor apertura, en la que, si bien no establece un mandato de la estrechez del caso chileno, al menos se aprecia su vocación internacionalista. En la tabla 1 se ilustran la compilación, el análisis y la clasificación que surgen de la proyección integracionista en materia económica, política y social de las constituciones vigentes en América del Sur.
14 Para efectos de ilustrar este aspecto, está la prueba del retiro de la Comunidad Andina de Naciones en 1976 y su reingreso como país miembro meramente asociado en 2006. Así mismo, es de anotar que, desde la perspectiva de la integración económica, se trata de una de las naciones de la zona que más tratados de libre comercio ha promovido en distintas partes; a la fecha ha suscrito veintidós acuerdos comerciales con sesenta países, de los cuales resaltan los contraídos con China, la Unión Europea y Estados Unidos. Hace poco firmó, junto con Perú y nueve países más, lo que puede ser entendido como el mayor acuerdo regional de comercio e inversión de la historia, que afecta el 40% de la economía mundial. Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés). 184
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica Juan Camilo Herrera
Tabla 1. La “cláusula latinoamericana” en las constituciones nacionales de América del Sur
País
Año
Referencia Referenexpresa o cia en el directa a preámLatinoamébulo rica
Referencia Determina indirecta a el alcance un ente su- de los tratapranacional dos
Tipo de apertura de la cláusula
Chile Guyana Surinam
(1830) 1967 1980 1980 1987
Brasil
1988
No
Colombia
1991
Sí
Paraguay
1992
No
Arts. 9 y 227 No
Perú
1993
No
Art. 44
No
Argentina
(1853) 1994
No
Art. 75.24
Art. 75.24
Venezuela
1999
Sí
Art. 153
Art. 153
Ecuador
2008
Sí
Arts. 276.5, 416.10, 416.11 y 423
Arts. 416.10, 416.11, 422 y 423
Arts. 417, 422, 424 y 425 (Gral.)
Mayor
Bolivia
2009
No
Arts. 10I y 265
Art. 257.II.4 y 266
Art. 410.2 (Gral. / Intgron.)
Mayor
Uruguay
No
Art. 6
No
No
Intermedia
No No No
No No No
No Art. 38 Art. 7
Menor Menor Menor
Art. 4
Art. 4 Art. 227 Art. 150.16 Art. 144
No No No Art. 5.3 (DD. HH.) Art. 93 (DD. HH.) Art.137 Arts. 56.2, 55 y 57 (Gral.) Arts. 75.22 y 75.24 (Gral.) Art. 153 (Intgron.)
Intermedia
Mayor Mayor
Mayor Intermedia Mayor
Fuente: elaboración propia, conforme a la normativa vigente a noviembre de 2015.
3. Anotaciones y análisis del texto explícito en las constituciones estudiadas Desde la perspectiva de la ingeniería constitucional y usando como analogía esta disciplina, el estudio ha tenido el propósito de poner en evidencia si las constituciones de los Estados de Suramérica cuentan con puntos de unión mínimos para construir estructuras sólidas que conduzcan a la configuración y legitimación de una eventual “Unión Latinoamericana” en lo económico, político y social. A partir del análisis de las cartas políticas, se encuentran disposiciones comunes en relación con la integración supranacional en materia de garantía de los derechos humanos, igualdad de los Estados, soberanía, orden democrático, reciprocidad, 185
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paz, y disparidad respecto de la superioridad jerárquica de la normativa comunitaria o supranacional frente a la interna. En cuanto a la clasificación de las cláusulas, conforme a las categorías propuestas, ver la tabla 2. Tabla 2. Cláusulas por países *
Mayor apertura: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
*
Apertura intermedia: Argentina, Paraguay y Uruguay.
*
Menor apertura: Chile, Guyana y Surinam. Fuente: elaboración propia.
Dejando claro lo anterior, si en el corto plazo se negociara un tratado de consolidación o de Unión de los Estados del sur de América Latina o, en su defecto, se erigiera una Asamblea Trasnacional para discutir la materia, tal y como están las cláusulas, independientemente de la amplitud, la integración podría ser constitucionalmente viable. Sin embargo, sería una unión ambigua por la presencia de casos con apertura menor e intermedia, fundamentados en modelos clásicos, que chocan con los de mayor apertura, que, en su mayoría, se basan en el nuevo constitucionalismo (Martínez y Tremolada 2014, 145). Para consolidar la Unión Latinoamericana y mantenerla fuerte, precisamente desde las fuentes constitucionales y legales, deberían fortalecerse los elementos que legitimen y respalden la autorización constitucional de cesión y habilitación. Bajo ningún punto de vista puede minimizarse este aspecto. En el propio caso de la Unión Europea, tanto Suecia como Austria ex ante se vieron obligadas a efectuar un ajuste constitucional. En el caso de Bélgica y Portugal, a pesar de la inconstitucionalidad que había implicado no contar con una norma “europea” que habilitara la transferencia de poderes acordada en el Tratado de Maastricht, ex post tuvieron que modificar sus constituciones (Claes 2005, 131). Sumado a ello, los textos constitucionales de Europa, como bien lo señala De Witte (2011, 73), sufren un “déficit europeo”. Por ejemplo, un aspecto de los múltiples que se proponen para la reforma de la Constitución de España (1978) obedece a la necesidad de nombrar a Europa en algunos apartes de la Constitución y de proclamar en el Preámbulo el compromiso activo de participar en la supranacionalidad.15
15 Consejo de Estado de España. Informe sobre modificaciones de la Constitución española, febrero de 2006, 106. 186
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica Juan Camilo Herrera
El proceso de la UE es el referente comparable en materia de integración, y ello trae como consecuencia el problema de “n=1” señalado por Malamud (2012, 77). En palabras del autor, “al existir un único caso, la comparación es imposible”; no obstante, podemos anticipar escenarios. Tal es el ejemplo de los tribunales europeos, que, en los casos de Alemania e Italia, cuestionaron judicialmente la transferencia de poderes que significaba entrar a la UE, y ello dio lugar a una incómoda exequibilidad del tratado y posteriores doctrinas limitativas respecto de la integración (Claes 2005, 144). Dado que en el caso de la “Unión Latinoamericana” no existe un término o forma de prever en qué momento se va a materializar la unión estructural de la región, en los casos de cláusulas menos abiertas e intermedias, e incluso en la de Perú, es plausible y deseable la inclusión del tema integracionista en los debates e iniciativas de reforma constitucional o legislativos. La oportunidad histórica que tiene Chile de actualizar su Constitución al estándar de la región, sin lugar a duda debería contemplar las diversas cláusulas de mayor apertura que se han condensado en este texto (“Bachelet anuncia el inicio de un largo proceso constituyente en Chile”, 2015; “Gobierno de Chile”: “Infografía: Conoce las etapas del proceso constituyente”, 2015). Por razones de extensión, el estudio específico y en detalle de las líneas jurisprudenciales del resto de los países del área desborda los objetivos y límites de esta publicación. No obstante, ello no es óbice para dejar de proponer desde el punto de vista del texto implícito en las normas que los colectivos políticos y sociales propugnen la inclusión de estos mandatos constitucionales en la sombra, para que vean la luz en los debates electorales y planes de gobierno en la región. No hay duda de la relevancia y la necesidad que recaen sobre cancillerías, secretarías y ministerios de Relaciones Exteriores o sus equivalentes, para que materialicen los imperativos constitucionales de dar un trato especial a la integración latinoamericana. Por otra parte, las constituciones de menor apertura (casos de Chile, Surinam y Guyana), así como las intermedias (Uruguay, Argentina y Paraguay), que han dejado en la figura del Presidente el resorte exclusivo para la negociación o no de tratados de integración con Latinoamérica, ponen en riesgo el principio de representación y de la democracia en sí. Desde la perspectiva del texto constitucional ideal, no se debería dejar la iniciativa de manera exclusiva en manos del poder ejecutivo de turno, por lo que debería ser objeto de modificación, no porque eventualmente impida la integración, sino porque la envergadura de este tipo de decisiones no se debería dejar en las esquivas pasiones de un grupo temporal y coyuntural en el poder. Ciertamente, es necesario blindar la integración regional de la volatilidad de los gobernantes de turno y de las tendencias con grados y tonalidades de las derechas e izquierdas del continente, que han sido ampliamente estudiadas (ver, por ejemplo, Colombia Internacional 2007, (66); Orjuela 2007, 33). 187
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Consideraciones finales Según la tradición jurídica latinoamericana, resulta fundamental la declaración expresa de materias de alta relevancia como la integración latinoamericana. En la actualidad es evidente que la discusión en relación con la integración regional atraviesa una etapa que podría llamarse “fría”. En otras palabras, dado que no es parte de los principales titulares, noticias o la agenda política en general, este aspecto negativo representa una ventaja para que los Estados avancen en la configuración del rol que quieran llegar a cumplir en una eventual integración de fondo. La decisión de anclar en una Constitución disposiciones que impliquen cambios estructurales en los Estados requiere tiempo, creatividad y elementos novedosos en contra de la tradición misma de la estructura constitucional, esquema heredado de sucesivos pactos entre élites conservadoras y liberales que determinaron una organización del poder contramayoritaria y con pocas modificaciones esenciales en materia orgánica (Gargarella 2011, 87-108). La declaración expresa de una cláusula de integración trae consigo un valor simbólico y práctico, por lo que su implementación no implica una carga, sino todo lo contrario, un motor de promoción del debate, a sabiendas que la solución y decisión de la integración no están en la redacción o la forma del “derecho positivo” (Zagrebelsky 1995, 9). ¿Es claro qué significa la integración regional en América Latina? ¿Están de verdad los Estados dispuestos a ceder parte de su soberanía y dar el paso a una integración profunda del Sur con el Sur? En cuanto al Sistema Interamericano de protección de DD. HH., el panorama pareciera alentador (Acosta 2015, 300). No obstante, en la esfera de la integración política, económica y social el escenario palidece, puesto que el proceso avanza principalmente al paso de MERCOSUR, CAN, UNASUR y Alianza del Pacífico, y conforme a los límites propios de cada iniciativa. Al mismo tiempo, la integración supranacional de enfoque comercial o mercantil está volcada al arquetipo de los tratados de libre comercio, principalmente Sur-Norte. De este modo, doscientos años después de la Carta de Jamaica y su llamado a la unión, “para completar la obra de nuestra regeneración”, continúa vigente preguntar: ¿Aramos en el mar? Pareciera que sí (Goméz 2015; Malamud 2010, 168-170). Sin embargo, no todo está perdido, y si bien este estudio no analiza las realidades empíricas de la integración, demuestra que la voluntad de la mayoría de los plenipotenciarios en las asambleas constituyentes de América del Sur ha sido precisamente procurar la integración regional. En este orden de ideas, debatir sobre el tema en época de evolución lenta o fría con relación a la integración prevé una plataforma pertinente para contribuir a la creación de un escenario de voluntad política, que podría ayudar a la construcción de un ius cosntitucionale commune, no solo en materia de derechos fundamentales, sino en la esferas económica, política y social. 188
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Referencias Fuentes primarias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18.
Constitución de la Nación Argentina de 1853, última enmienda del 22 de agosto de 1994. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 30 de diciembre de 1999. Constitución de la República de Chile, del 21 de octubre de 1980. Constitución de la República de Colombia, del 7 de julio de 1991. Constitución de la Republica de Guyana, del 20 de febrero de 1980. Constitución de la República de Surinam, del 30 de octubre de 1987. Constitución de la República del Ecuador, del 28 de septiembre de 2008. Constitución de la República del Paraguay, del 20 de junio de 1992. Constitución de la República del Perú, del 29 de diciembre de 1993. Constitución de la República Federativa del Brasil, del 5 de octubre de 1988. Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1830, última enmienda del 15 de febrero de 1967. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, del 9 de febrero de 2009. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-479 de 1992. Magistrados Ponentes: José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional de Ecuador. Sentencias. D-0012-09-DTI-CC. Magistrado Ponente: Roberto Bhrunis Lemarie; D-003-09-DTI-CC. Magistrado Ponente: Manuel Viteri Olvera, y D-0014-11. Magistrado Ponente: Patricio Herrera Betancourt. Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sentencia CR 8.279-AGR. Magistrado Ponente: Celso de Mello. Julgamento em 17-6-1998, Plenário, DJ de 10-8-2000. Tribunal Constitucional de España para explicar el concepto. Declaración 1/2004. Sentencias: 100/2012 y 14/2004. Tribunal Supremo de Justicia (España). Sala Constitucional. Sentencia 2003-0514. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas. Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela). Sala Constitucional. Sentencia 20030514. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas.
Fuentes secundarias 19. 20. 21.
22. 23.
Acosta, Paola. 2015. Diálogo judicial y constitucionalismo multinivel. El caso interamericano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. “Bachelet anuncia el inicio de un largo proceso constituyente en Chile”. 2015. BBC, 15 de octubre. URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_ chile_consitucion_bachelet_az Bogdandy, Armin Von. 2008. “Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say: On the Relationship between International and Domestic Constitutional Law”. International Journal of Constitutional Law 6 (3): 397-413. DOI: dx.doi.org/10.1093/ icon/mon015 Bonilla, Daniel, ed. 2013. Towards a Constitutionalism of the Global South. The Activist Tribunals of India, South Africa, and Colombia. Nueva York: Cambridge University Press. Bustos, Rafael. 2011. “Integración y pluralismo de constituciones. Hacia una red de constituciones o un constitucionalismo en red”. En Las implicaciones constitucionales de los procesos de integración en América Latina: un análisis desde la 189
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38.
190
Unión Europea, coordinado por Alejandro Saiz Arnaiz, Mariela Morales-Antoniazzi y Juan Ignacio Ugartemendia, 149-173. Oñati: IVAP. Cienfuegos, Manuel y José Sanahuja. 2010. Una región en construcción: UNASUR y la integración en América del Sur. Barcelona: Fundació CIDOB. Claes, Mónica. 2005. “Constitucionalizando Europa desde su fuente. Las ‘cláusulas europeas’ en las constituciones nacionales: evolución y tipología”. En Constitución europea y constituciones nacionales, coordinado por Martha Cartabia, Bruno de Witte, Pablo Pérez e Itziar Gómez, 123-190. Valencia: Tirant lo Blanch. Colombia Internacional. 2007. “Nueva izquierda en América Latina”, 66. URL: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/indexar.php?c=Revista+No+66 Colombia Internacional. 2014. “Procesos de integración política, social y económica”, 81. URL: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/indexar. php?c=Revista+No+81 De Witte, Bruno. 2001. “Constitutional Aspects of European Union Membership in the Original Six Member States: Model Solutions for the Applicant Countries?” En EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level, editado por A.E. Kellermann, J. W. de Zwaan y J. Czuczai, 65-79. La Haya: T.M.C. Asser Press. Gargarella, Roberto. 2011. “Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina”. En El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI, coordinado por César Rodríguez, 87-108. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Gobierno de Chile. 2015. Infografía: Conoce las etapas del proceso constituyente, 13 de noviembre. URL: http://www.gob.cl/2015/10/13/infografia-conoce-las-etapas-del-proceso-constituyente/ Gómez, Juan. 2015. La Carta de Jamaica 200 años después, vigencia y memoria de Bolívar. Bogotá: Ediciones B Colombia. Gonçalves, Kildare. 2008. Direito Constitucional. Bello Horizonte: Editora del Rey. Gross, Janice, David Cameron, Richard Simeon y Alan Alexandroff. 1999. “Citizen Engagement in Conflict Resolution: Lessons for Canada in International Experience”. En Referendum Papers: Essays on Secession and National Unity, editado por David Cameron, 144-195. Toronto: University of Toronto Press. Haas, Ernst. 1958. The Uniting of Europe; Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957. Stanford: Stanford University Press. Häberle, Peter. 2014. Pluralismo y Constitución. Traducido por Emilio Mikunda Franco. Madrid: Tecnos. Huber, Peter. 2013. “Estatalidad abierta: Un análisis comparado”. En El derecho constitucional en el espacio jurídico europeo, traducido por Mariela Morales, 69141. Valencia: Tirant lo Blanch. Herrera, Juan. 2015. “La cláusula latinoamericana de integración en Colombia. Entre el ‘Lazo de la Unión’ y la tautología de la ‘camisa de fuerza’”. Ponencia presentada en el XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad Externado de Colombia. (En proceso de publicación). Houtart, François. 2011. “El concepto de sumak kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad”. Revista de Filosofía del Centro de Estudios Filosóficos Adolfo García Díaz 69 (3): 7-33. URL: http://dialnet. unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4235814
Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica Juan Camilo Herrera
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
48.
49. 50.
51.
52. 53. 54. 55.
Innerarity, Daniel. 2015. “Transnational Self-determination. Resetting SelfGovernment in the Age of Interdependence”. JCMS: Journal of Common Market Studies 53 (5): 1061-1076. DOI: dx.doi.org/10.1111/jcms.12251 Kerber, Gilberto. 2013. “Constituições dos Estados-Membros do Mercosul e o Instituto Na Supranacionalidade”. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores 16, (32): 191-202. URL: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87629921012 Krisch, Nico. 2010. Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law. Oxford: Oxford University Press. López, Diego. 2004. Teoría impura del derecho: la transformación de la cultura jurídica latinoamericana. Bogotá: Legis. MacCormick, Neil. 1993. “Beyond the Sovereign State”. The Modern Law Review 56, 1 (18): 1-18. DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1468-2230.1993.tb02851.x MacCormick, Neil. 1999. Questioning Sovereignty: Law, State, and Nation in the European Commonwealth. Oxford: Oxford University Press. Malamud, Andrés. 2004. “Regional Integration in Latin America: Comparative Theories and Institutions”. Sociologia. Problemas e Práticas 44: 135-54. URL: http://hdl.handle.net/10071/376 Malamud, Andrés. 2010. “América Latina: uma região com um brilhante futuro atrás de si”. En Relações Internacionais: Atores, Dinâmicas e Desafios, editado por Laura Ferreira Pereira, 155-170. Lisboa: Prefacio. Malamud, Andrés. 2012. “Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional”. En Las implicaciones constitucionales de los procesos de integración en América Latina: un análisis desde la Unión Europea, coordinado por Alejandro Saiz Arnaiz, Mariela Morales-Antoniazzi y Juan Ignacio Ugartemendia, 55-84. Oñati: IVAP. Martínez, Rubén y Eric Tremolada. 2014. “Integración latinoamericana: democracia y cláusulas de apertura en el nuevo constitucionalismo”. En Los procesos de integración como factor de paz, editado por Eric Tremolada, 119-147. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Moncayo, Guillermo. 1962. “Esquema jurídico de las Comunidades Europeas”. Revista Jurídica de Buenos Aires I-II: 167-194. Morales, Mariela. 2012. “La doble estatalidad abierta y la tutela de los derechos en el constitucionalismo suramericano de la integración”. En La tutela jurisdiccional de los derechos: del constitucionalismo histórico al constitucionalismo de la integración, coordinado por Alejandro Saiz Arnaiz, Mariela Morales-Antoniazzi y Juan Ignacio Ugartemendia, 237-297. Oñati: IVAP. Morales, Mariela. 2014. “El Estado abierto como objetivo del ius constitutionale commune. Aproximación desde el impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En Ius constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, coordinado por Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro y Mariela Morales, 265-300. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Negro, Sandra. 2010. Derecho de la integración: manual. Montevideo: B de F. Neves, Marcelo. 2013. Transconstitutionalism. Oxford: Bloomsbury Publishing. Orjuela, Luis Javier. 2007. “La compleja y ambigua repolitización de América Latina”. Colombia Internacional 66: 16-35. URL: http://colombiainternacional. uniandes.edu.co/view.php/269/index.php?id=269 Perotti, Alejandro. 2004. Habilitación constitucional para la integración comunitaria - Estudio sobre los Estados del Mercosur. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V.
191
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016 • PP. 165-192
56. 57. 58. 59.
60. 61. 62. 63.
64. 65. 66.
Rodríguez, César, coord. 2011. El derecho en América Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Rousseau, Dominique. 2008. Droit du contentieux constitutionnel. París: LGDJ-Montchrestien. Sagüés, Néstor. 2013. “Reflexiones sobre la imprevisión constitucional”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile 1 (1): 487-499. URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2033545 Saiz, Alejandro. 2005. “De primacía, supremacía y derechos fundamentales en la Europa integrada: la declaración del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2004 y el tratado por el que se establece una Constitución para Europa”. En Constitución española y Constitución europea, editado por Antonio López Castillo, Alejandro Saiz y Víctor Ferreres, 51-75. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Saiz, Alejandro, Mariela Morales y Juan Ignacio Ugartemendia, eds. 2011. Las implicaciones constitucionales de los procesos de integración en América Latina: un análisis desde la Unión Europea. Oñati: IVAP. Torres, Aida. 2011. “En defensa del pluralismo constitucional”. En Derecho Constitucional Europeo, editado por Juan Ignacio Ugartemendía y Gurutz Jáuregui, 1-26. Valencia: Tirant lo Blanch. Uprimny, Rodrigo. 2006. Bloque de constitucionalidad, garantías procesales y proceso penal. Bogotá: Escuela Judicial Lara Bonilla, Consejo Superior de la Judicatura. Viciano, Roberto y Rubén Martínez. 2011. “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal”. Revista General de Derecho Público Comparado 9: 1-24. URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=3690557 Vogel, Klaus. 1964. Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für die internationale Zusammenarbeit. Tubinga: Mohr Siebeck. Walker, Neil. 1998. “Sovereignty and Differentiated Integration in the European Union”. European Law Journal 4: 355-388. DOI: dx.doi.org/10.1111/14680386.00058 Zagrebelsky, Gustavo. 1995. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, traducido por Marina Gascón. Madrid: Trotta.
H Juan Camilo Herrera es abogado de la Universidad de Ibagué (Colombia), Magíster Avanzado en Ciencias Jurídicas (LL.M) de la UPF y doctorando en Derecho Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Profesor asistente del área de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). Durante cinco años trabajó para la Corte Constitucional de Colombia. Es miembro del grupo de Derecho Público (GrupLac) de la Universidad de los Andes (Colombia). Sus áreas de interés y experiencia incluyen: Derecho Constitucional, derechos fundamentales y sociales, integración regional y constitucionalización del derecho internacional. * juan.herrera@upf.edu 192
Subjetivación y pensamiento global. A propósito de la obra de Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015) Eguzki Urteaga Universidad del País Vasco DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.07
Michel Wieviorka acaba de publicar su última obra, titulada Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (Vuelta al sentido. Para acabar con el declinismo), en la editorial Robert Laffont. Conviene recordar que este sociólogo galo, que es una de principales figuras de la sociología europea e internacional, es doctor en Letras y Humanidades, director de estudios en la prestigiosa École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París y, desde 2009, administrador de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH). Entre 1993 y 2009 fue director del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS), y entre 2006 y 2010 fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología (AIS-ISA). Además de haber sido, junto con Georges Balandier, codirector de la revista Cahiers Internationaux de Sociologie entre 1991 y 2011, es director de la colección Le monde comme il va en la editorial Robert Laffont, miembro del Comité científico de las Presses de Sciences Po y miembro de redacción de varias revistas científicas internacionales, tales como Journal of Ethnic and Migration Studies, Ethnic and Racial Studies y French Politics, Culture and Society. A lo largo de su dilatada trayectoria académica e investigativa, íntimamente asociada a la figura y el pensamiento de Alain Touraine, quien fue su mentor, se ha interesado por diversas temáticas. Después de una primera fase en la que realizó una serie de investigaciones, junto con Alain Touraine y François Dubet, sobre el movimiento obrero (Touraine, Dubet y Wieviorka 1984) y los nuevos movimientos sociales (Touraine et al. 1978; 1980; 1981), se centró en el análisis del terrorismo (Wieviorka y Wolton 1987; Wieviorka 1988), del racismo (Wieviorka 1990; 1991; 1992; 1993; Wieviorka et al. 1994) y del antisemitismo (Wieviorka 2005; 2008a; 2008b). Con el paso del tiempo, ha profundizado su reflexión sobre la diversidad cultural (Wieviorka y Ohana 2001; Wierviorka 2003) y el multiculturalismo (Wieviorka 1996). Todos estos trabajos se inscriben en el paradigma accionalista, que se ha orientado progresivamente hacia una teoría del sujeto o, mejor dicho, de los procesos de subjetivación y desubjetivación. 193
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Antes de adentrarnos en la presente obra es preciso recordar que este libro es fruto de los textos presentados y discutidos por Michel Wieviorka en el seminario titulado “Sociología del conflicto”, que anima, junto con el demógrafo Hervé Le Bras, en la EHESS. A su vez, algunas de las ideas expuestas han sido progresivamente elaboradas en los múltiples artículos de análisis publicados en los periódicos Le Monde, Libération, Ouest France, La Presse o Vanguardia, así como en los diversos congresos y coloquios en los que ha participado. Por último, ciertos razonamientos presentados han sido objeto de publicaciones previas en revistas científicas anglosajonas, tales como Current Sociology, Ethnic and Racial Studies, The Sociological Review y The Journal of Intercultural Studies (p. 342). La presente obra, que consta de cuatro partes principales,1 incide sobre la necesidad de recrear sentido y acabar con el presentismo y el declinismo. Publicada después de los atentados islamistas del 7 y 9 de enero de 2015 en Francia, el autor constata una pérdida de sentido, un déficit de puntos de referencia y una incapacidad para proyectarse en el futuro (p. 14), que lo conducen a plantear la siguiente pregunta: “¿Cómo, hoy en día, superar la emoción y la encantación, [y] cómo encontrar de nuevo a la vez un pasado y un futuro?” (p. 12). La respuesta a esta pregunta exige alejarse del flujo informativo de los medios de comunicación y adentrarse en el pensamiento sociológico con sus teorías y conceptos, porque “es importante que las ciencias humanas y sociales sigan vivas y que los investigadores, hoy en día reticentes a participar en la vida pública, no se resignen a permanecer en sus nichos, sino que se atrevan a generalizar y a estar conectados con los problemas de su tiempo” (p. 17). Así, en la primera parte del libro, centrada en el universalismo, Wieviorka observa que las ciencias humanas y sociales persiguen la verdad, que es indisociable de proyectos de emancipación individual y colectiva. Parten de la convicción de que el saber eleva la capacidad de acción de los actores y de la sociedad en su conjunto: “Hacen suyas los valores universales, empezando por la razón” (p. 19). En ese sentido, si quieren proponer puntos de referencia pertinentes y producir conocimientos que puedan aclarar el debate público y contribuir a la reflexividad de los actores, es preciso “reencantar” el universalismo y darle un nuevo impulso reformulándolo (p. 19). Esa labor es aún más necesaria, y, hasta la fecha, las ciencias humanas y sociales no han desempeñado un papel relevante en el debate sobre el universalismo, conformándose y apropiándose categorías y análisis provenientes de la filosofía política (p. 31). Enfrentados al relativismo de los años sesenta y setenta del pasado siglo, en un contexto de debilitamiento del 1 Tituladas, respectivamente, “Alegado a favor del universalismo”, “El gran desfase”, “La memoria y la violencia” y “Vuelta al sentido, vuelta a la acción”. 194
Subjetivación y pensamiento global Eguzki Urteaga
funcionalismo norteamericano, han desarrollado una crítica de la ciencia y del progreso, y promovido el constructivismo (p. 33). Ante esta situación, el sociólogo galo estima que, en lugar de abandonar el universalismo, aceptar la fragmentación de las ciencias humanas y sociales, y proseguir con la especialización extrema de las mismas que conduce a la incapacidad para generalizar, “llegó la hora de reconocer la pertinencia de buena parte de las críticas dirigidas al universalismo” (pp. 39-40) integrándolas en una visión renovada del mismo. Con esta finalidad, propone varias soluciones. La primera consiste en abrir el universalismo y concebirlo como un proceso continuo, objeto de una construcción compartida y que exige una confrontación concreta con la alteridad (pp. 40-41). Asimismo, es preciso promover un universalismo no exclusivamente occidental, sabiendo que las nociones de democracia, libertad o justicia social son ampliamente compartidas a través del mundo (Sen 2005; 2010). A su vez, conviene, según Wieviorka, reconocer las “modernidades múltiples”, sabiendo que todas ellas están abiertas a valores universales, aunque sea de manera diferente por razones históricas. Una cuarta vía consiste en interesarse por la cosmopolitización del mundo a partir del momento en que los riesgos se vuelven globales (Beck 2008). Y la quinta pista supone adherirse a un universalismo de liberación que aspire a la emancipación individual y colectiva. Para el sociólogo galo, gracias a la combinación de estas cinco propuestas, los valores universales “reencantados” permitirían la subjetivación individual y el descubrimiento colectivo de nuevas posibilidades (pp. 53-54). Pero, a su entender, en este trabajo de reconstrucción de los valores universales adaptados a los tiempos presentes, la ciencia debe desempeñar un papel relevante, lo que confiere cierta centralidad a la cuestión de su estatus y de sus modos de producción y de difusión (p. 56). En ese sentido, Wieviorka considera que es indispensable confiar en la ciencia, que es una de las expresiones de la razón; aun reconociendo que la relación que mantienen las sociedades contemporáneas con la ciencia es ambivalente y contradictoria (p. 57). Esto significa que el principio de precaución no es la solución a todos los problemas y puede conducir a la parálisis cuando es aplicado sin matices, obstaculizando el avance científico. Pero si se aplica con sabiduría y moderación puede evitar graves daños irreparables (p. 80). Y prosigue: “la idea de control generalizado del riesgo es susceptible de desembocar en unas políticas públicas que frenan la iniciativa, burocratizan la decisión, adormecen el pensamiento crítico y, más aún, el pensamiento creativo” (p. 81). Considera que es posible, sin afectar a la autonomía de la producción científica, introducir en ese ámbito la reflexividad que suponen las exigencias democráticas y éticas. En definitiva, la renovación del universalismo pasa por una confianza renovada en la razón y la ciencia, así como por la renovación 195
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de los métodos y modos de organización en vigor en la producción y difusión del conocimiento (p. 86). Simultáneamente, nos dice Wieviorka, el universalismo debe reconocer todas las personas y realidades emocionales que dependen de la personalidad y de la cultura, ya que “la modernidad no es el triunfo absoluto de la fría razón sobre las identidades y emociones […] sino la tensión permanente entre los dos registros” (p. 87). En ese sentido, se trata de conciliar el universalismo y el reconocimiento de los particularismos culturales. Una de las vías para alcanzar ese fin consiste en promover el diálogo intercultural, aunque suscite críticas parecidas a las recibidas por el multiculturalismo, y sobre todo de los derechos culturales (p. 119). En la segunda parte de la obra, el sociólogo galo constata que el reencantamiento de los valores universales nos orienta hacia dos direcciones aparentemente contradictorias, dado que, “por una parte, debemos interesarnos por lógicas de acción y de funcionamiento de la vida colectiva en una perspectiva global […] y, por otra parte, debemos pensar de otra manera, proponiendo unos modos de razonamiento que integran elementos o registros diferenciados” (p. 125). Estos dos ejes dan cuenta de una renovación del pensamiento en torno a la globalización y a los procesos de subjetivación y de desubjetivación (p. 142), aunque parezcan desarrollarse de manera independiente. Conviene subrayar al respecto que el término globalización viene del exterior del mundo académico y no de su interior, lo que demuestra que las ciencias humanas y sociales son tributarias de categorías difundidas inicialmente en los medios de comunicación. Esto resulta de la reticencia del mundo académico a invertir el debate público. En cualquier caso, pensar lo global consiste en contemplar varios niveles, más o menos conectados en la vida social y política, que van de lo más amplio a lo más local. En ese sentido, pensar lo global significa romper los modos de pensamiento dominantes hasta los años setenta y ochenta del pasado siglo en las ciencias humanas y sociales, que habían nacido y se habían desarrollado en un marco nacional. En otros términos, implica salir del nacionalismo teórico y metodológico (pp. 144-145). A su vez, la globalización divide las ciencias humanas y sociales porque una parte de los profesores-investigadores de estas disciplinas aborda cuestiones sociológicas clásicas en un marco nacional, mientras que otra parte lleva a cabo reflexiones en una óptica global (p. 152). Ante ese riesgo de dislocación es preciso rechazar la fragmentación y articular ambas lógicas, ya que la necesidad de pensar lo global va de la mano de tomar en consideración la subjetividad individual. Forman un todo, y, según el sociólogo galo, “debemos aprender a navegar intelectualmente en el seno de ese espacio” (p. 159). En ese sentido, la solución no pasa por desarrollar perspectivas comparativas, ya que, a menudo, la comparación es 196
Subjetivación y pensamiento global Eguzki Urteaga
prisionera de una categorización previa y toma como punto de referencia un país determinado, lo que no permite tomar en consideración lo que une y divide las experiencias sociales (p. 154). Asimismo, los intelectuales generalistas han dado paso a los nuevos filósofos, que han sido sustituidos, a su vez, por los intelectuales específicos. No en vano, hoy en día, “las ciencias humanas y sociales están sometidas a la dominación de los medios de comunicación, y los intelectuales específicos no constituyen un mundo profesional y poderoso, dotado de su propio mercado interno” (p. 151). Esto no significa la desaparición pura y simple de los intelectuales, ya que se abre la puerta para la formación de nuevas figuras intelectuales que, sobre la base de sus competencias y un saber riguroso, participan en el debate público adoptando ópticas multidisciplinares y se resisten al relativismo cultural. Según Wieviorka, estas nuevas figuras encarnan el reencantamiento de los valores universales y articulan el pensamiento global con la toma en consideración de la subjetividad individual (p. 166). En la tercera parte del libro, Wieviorka subraya que el proyecto de pensar lo global implica conceder una gran importancia al espacio, al territorio y a la dimensión espacial de los fenómenos sociales y culturales (p. 179). Esto no quiere decir que se obvie la transcendencia de la dimensión temporal. A su vez, es preciso pensar las luchas y los conflictos, dadas sus capacidades para imponer las agendas, definir los retos de la vida colectiva y resistir a las distintas formas de dominación y exclusión (p. 203). Para ello, es necesario asegurar la pertinencia de los instrumentos conceptuales utilizados y renovarlos si fuera útil. En esa óptica, Wieviorka es partidario de la sociología accionalista, que concede un lugar preponderante a los conceptos de sujeto y, más aún, a los de subjetivación y desubjetivación (p. 203). A su vez, es indispensable formar científicos que no se limiten a producir conocimientos especializados en círculos cerrados, sino investigadores que, sin perder en profundidad y precisión, sepan vincular conocimientos, generalizar teorías, participar en el debate público y articular objetos de investigación específicos con problemáticas globales (pp. 227-228). En la cuarta parte de la obra, titulada “Vuelta al sentido, vuelta a la acción”, el autor considera que es preciso depositar una mayor confianza en los tiempos actuales y futuros interesándose por los actores que los producen a través de sus luchas (p. 230). A ese respecto, estima que los conceptos puros solo aportan aclaraciones limitadas e incluso peligrosas a las cuestiones planteadas (p. 293), dado que la pureza conceptual es una cosa, y otra la realidad empírica. En ese sentido, las ciencias humanas y sociales poco tienen que ganar al recurrir a conceptos puros que entran en tensión e incluso en oposición con los fenómenos concretos 197
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que pretenden comprender. Por lo cual sería conveniente “utilizar conceptos impuros, cargados de elementos susceptibles de corresponder o estar en continuidad con la realidad concreta […], ya sea social, cultural, económica, política u otra” (p. 296). En una óptica similar, según Wieviorka, en lugar de limitarse al análisis de la crisis y de deplorar la pérdida de sentido, el declive y la falta de puntos de referencia, las ciencias humanas y sociales pueden contribuir a un cierto reencantamiento del mundo aportando los instrumentos que permitan mejorar la capacidad para producir sentido interesándose por la acción colectiva, las luchas y los conflictos (p. 299). Así, el concepto de movimiento representa un valor universal, siempre y cuando cumpla cuatro condiciones (p. 308): si tiene una dimensión global, dado que se ha producido una globalización de las luchas (p. 309); si rechaza el evolucionismo metodológico, según el cual todas las sociedades transcurrirían por las mismas fases; si reconoce el individualismo moderno, y en especial la subjetividad (p. 310); y si evita el determinismo tecnológico. Por lo tanto, los conceptos de movimiento y antimovimiento pueden aportar aclaraciones útiles, sobre todo si se integran teóricamente y si se distinguen analíticamente sus dimensiones sociales, culturales y políticas (p. 324). En definitiva, nos dice Wieviorka, los intelectuales han prácticamente desaparecido de la escena pública, y con ellos, la reflexividad, el distanciamiento y la capacidad para proponer puntos de vista diferenciados (p. 329). Ante esta situación, estima conveniente distanciarse de las perspectivas que ofrece hoy en día la clase política, y de la manera como los partidos, los cargos electos y los militantes, en tándem con los medios de comunicación, formulan sus preocupaciones, definen las nociones, constituyen las agendas y jerarquizan los temas. A su vez, es necesario redefinir los valores universales asumiendo las críticas, a menudo fundamentadas, de las que han sido objeto y que los vinculan con diferentes formas de dominación, exclusión y etnocentrismo. De la misma forma, es preciso involucrarse en una reflexión fundamental que exige integrar simultáneamente la globalización y la complejidad de los problemas contemporáneos, por una parte, y el auge del individualismo en sus dimensiones más cercanas a las lógicas de subjetivación, por otra. Por último, es indispensable dotarse de conceptos a partir de los cuales podamos imaginar que unas formas renovadas de conflictividad dibujen los horizontes, los puntos de referencia y los retos de la vida colectiva (p. 336). En otros términos, Wieviorka considera que para crear puntos de referencia y dar sentido a la vida colectiva es necesario extraerse del presentismo y acabar con el declinismo, reexaminar los valores universales, renovar la confianza en la ciencia y analizar las dificultades existentes para enfrentarse a la diversidad cultural y religiosa. De la misma forma, estima indispensable diseñar un espacio 198
Subjetivación y pensamiento global Eguzki Urteaga
intelectual a partir del momento en que se acepta pensar globalmente y analizar los procesos de subjetivación que se hallan en el centro de la reflexión sociológica (p. 229). Por último, estima imprescindible profundizar en las elecciones epistemológicas que consisten en valorizar el sujeto y los procesos que lo afectan. Al término de la lectura de la última obra de Michel Wieviorka, titulada Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme, el lector valora el esfuerzo intelectual realizado por el autor para enfrentarse a uno de los principales retos de las sociedades contemporáneas (la pérdida de sentido), para reflexionar sobre el papel desempeñado por los investigadores en ciencias humanas y sociales en el debate público, y para integrar la perspectiva global con el análisis del sujeto. A su vez, gracias a su amplio conocimiento de la literatura sociológica a nivel internacional, bebe de diferentes fuentes y hace dialogar distintas tradiciones sociológicas, evitando caer en el nacionalismo teórico y metodológico. De la misma forma, lejos de limitarse a un mero diagnóstico, realiza propuestas concretas que ofrecen puntos de referencia y un horizonte común, planteando así una perspectiva de futuro más esperanzadora. No en vano, y de cara a matizar esta valoración positiva, se echa de menos un mayor distanciamiento hacia el pensamiento de Alain Touraine y la elaboración de una teorización propia, más allá de las diferencias relativas a los objetos de estudio elegidos. A su vez, ciertos apartados del libro están insuficientemente integrados entre sí y no se inscriben plenamente en la tesis principal de la obra. En cualquier caso, la lectura de este texto se antoja ineludible para cualquier pensador e investigador en ciencias humanas y sociales preocupado por los principales retos de las sociedades contemporáneas.
Referencias 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Beck, Ulrich. 2008. World at Risk. Cambridge: Cambridge Polity Press. Sen, Amartya Kumar. 2005. La Démocratie des autres. Pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’Occident. París: Payot. Sen, Amartya Kumar. 2010. L’idée de justice. París: Flammarion. Touraine, Alain, François Dubet, Zsuzsa Hegedus y Michel Wieviorka. 1978. Lutte étudiante. París: Seuil. Touraine, Alain, François Dubet, Zsuzsa Hegedus y Michel Wieviorka. 1980. La prophétie antinucléaire. París: Seuil. Touraine, Alain, François Dubet, Zsuzsa Hegedus y Michel Wieviorka. 1981. Le pays contre l’Etat, luttes occitanes. París: Seuil. Touraine, Alain, François Dubet y Michel Wieviorka. 1984. Le mouvement ouvrier. París: Fayard. Wieviorka, Michel y Dominique Wolton. 1987. Terrorisme à la Une. Médias, démocratie et terrorisme. París: Gallimard. Wieviorka, Michel. 1988. Sociétés et terrorisme. París: Fayard. Wieviorka, Michel. 1990. Le racisme, une introduction. París: La Découverte. 199
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Wieviorka, Michel. 1991. L’espace du racisme. París: Seuil. Wieviorka, Michel, ed. 1992. La France raciste. París: Seuil. Wieviorka, Michel, dir. 1993. Racisme et modernité. París: La Découverte. Wieviorka, Michel, Philippe Bataille, Kristin Couper, Danilo Martuccelli, Angelina Peralva. 1994. Racisme et xénophobie en Europe. Une comparaison internationale. París: La Découverte. Wieviorka, Michel, dir. 1996. Une société fragmentée. Le multiculturalisme en débat. París: La Découverte. Wieviorka, Michel y Jocelyne Ohana, dir. 2001. La différence culturelle. Une reformulation des débats. París: Balland. Wieviorka, Michel. 2005. La tentation antisémite. Haine des Juifs dans la France d’aujourd’hui. París: Robert Laffont. Wieviorka, Michel. 2008a. L’antisémitisme est-il de retour? París: Editions Larousse. Wieviorka, Michel. 2008b. Diversité. Rapport à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. París: Balland. Wieviorka, Michel. 2015. Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme. París: Robert Laffont.
H Eguzki Urteaga es doctor y licenciado en Sociología por la Université Bordeaux II, Victor Segalen (Francia) y licenciado en Historia especialidad Geografía por la Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia). Actualmente es profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco e investigador asociado en el Social and Business Research Laboratory (SBRlab), de la Universitat Rovira i Virgili (España). Es director de Colección en la editorial Mare et Martin y ha sido profesor invitado en varias universidades europeas. Es autor de veintinueve libros, entre los cuales se encuentran: La politique linguistique en Pays Basque (2004), La nouvelle gouvernance en Pays Basque (2004), La coopération transfrontalière en Pays Basque (2007), Las políticas públicas en cuestión (2010), Perceptions sociales de la science et de la technologie en Pays Basque (2010) y El nuevo entorno de la innovación (2011), así como de más de 170 artículos universitarios. * eguzki.urteaga@ehu.es
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E COLOMBIA INTERNACIONAL F
Políticas editoriales
Normas para los autores Tipo de artículos, fechas y modalidades de recepción
Colombia Internacional publica artículos inéditos que presenten resultados de investigación, innovaciones teóricas y/o metodológicas y revisiones bibliográficas en las disciplinas de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales escritos en español, inglés o portugués. Las fechas de recepción de artículos de Tema abierto y/o para los números monográficos se informan en las respectivas convocatorias, las cuales son publicadas en la página web de la Revista y se distribuyen por medio de una lista de correo dispuesta para ello. Si tiene interés en saber cuándo se abren y/o cuáles son los temas de las convocatorias, envíe un correo a colombiainternacional@uniandes.edu.co para ser incluido en la lista especial de correo. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses. Colombia Internacional no cobra los costos de los procesos editoriales a los autores. Colombia Internacional usa una herramienta de detención de plagio para verificar la originalidad de los documentos sometidos a revisión; en caso de comprobarse que el artículo o partes de él fueron extraídos de otros trabajos sin la apropiada referencia, se notificará al autor y se procederá a rechazar el documento. Todos los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la revista: colomb.int. Evaluación de artículos y proceso editorial
Al recibir un artículo el Equipo Editorial revisa si cumple con los requisitos básicos
exigidos por la revista (normas de citación y presentación formal). Posteriormente, los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de dos árbitros anónimos y al concepto del Equipo Editorial. La decisión final de publicar o rechazar los artículos será comunicada al autor en un período inferior a seis meses a partir de la recepción del artículo; esta decisión es enviada por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la revista. Las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo estipulado por la revista. El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, para incluir el texto en Colombia Internacional (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su 203
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autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Al finalizar este proceso, los textos no serán devueltos. Los autores recibirán dos ejemplares de cortesía del número en el que participaron. En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, deberán señalarse claramente los datos de la publicación original en Colombia Internacional, previa autorización solicitada al Equipo Editorial de la revista. Parámetros para la presentación de artículos
A continuación se enumeran las características que deben tener los manuscritos que se presenten para publicación. El Equipo Editorial de la revista pide a los autores tener en cuenta estas recomendaciones para facilitar el proceso de evaluación y de edición.
• El manuscrito debe presentarse en un archivo compatible con Word, en hoja tamaño carta (21,59 cm x 27,54 cm), con márgenes de 3 cm, letra Times New Roman tamaño 12, espacio sencillo, separación entre párrafos de 0 puntos y texto justificado. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman tamaño 10, espacio sencillo y texto justificado. • El manuscrito debe tener una extensión máxima de 10.000 palabras (artículos de más palabras serán considerados excepcionalmente), incluidos el título, resumen, palabras clave, notas al pie, lista de referencia y anexos. • En la primera página, se debe incluir el título, un resumen en español de máximo 100 palabras (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados) y un listado de cuatro a siete palabras clave. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en el Thesaurus de la Unesco (http://databases.unesco.org/ thesso/) para seleccionar estas palabras. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en Thesaurus, debe señalarse.
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• El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés. • Después de esta primera página de presentación, el artículo debe comenzar. Recuerde escribir el documento siguiendo las normas gramaticales y de sintaxis del idioma en el que escribe. Use un lenguaje académico accesible a diferentes públicos. • La información sobre el (los) autor(es) debe incluirse en un documento aparte con la siguiente información: nombre completo, nacionalidad, dirección de correo, títulos académicos, afiliación institucional actual, grupos de investigación, líneas de investigación y publicaciones recientes en libros y/o revistas. En este documento también se debe indicar el origen del artículo y su fuente financiación. • Todas las tablas, gráficas, cuadros o imágenes que se incluyan en los artículos deben ser autoexplicativos, claros y pertinentes; deben estar titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Por motivos de diagramación, recomendamos que las tablas, gráficas y cuadros se adjunten en un documento aparte en formato Excel. Las imágenes se deben entregar en formato digital (.jpg o .riff 300 y dpi 240). Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran. • Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el listado de referencias.
Los manuscritos deben ser enviados al correo colombiainternacional@uniandes.edu. co o remitidos por medio de la herramienta “Presentar artículo” disponible en la página web de la Revista. Reglas de edición
• Las divisiones en el cuerpo del texto (secciones principales) deben ir numeradas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión; las subdivisiones (secciones secundarias) deben ir numeradas con
Políticas editoriales
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letras minúsculas. Recuerde aplicar sangría a cada párrafo. Los términos en latín y las palabras extranjeras deben estar en letra itálica. Evite el uso excesivo de itálicas a lo largo del texto. Recuerde tener en cuenta las reglas ortográficas del idioma en el que escribe. La primera vez que se use una sigla o abreviatura deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o la abreviatura. Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. Las notas de pie de página deben aparecer en números arábigos. Indique claramente en el texto el lugar donde debe ir cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Al final del artículo deben presentarse todas las referencias usadas en el texto. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas en el texto (no incluir títulos no referenciados), enumeradas y dispuestas en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias. Colombia Internacional utiliza el formato autor-año del Chicago Manual of Style, versión 16, para presentar las citas y referencias. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos y la información necesaria requerida.
A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B). Libros: De un solo autor:
T: (Apellido año, páginas) (Sáenz 1992, 100) B: Apellido(s), Nombre. Año. Título completo. Ciudad: Editorial.
Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Nota: no se usa coma entre el apellido y el año; y no se usan las abreviaturas p. o pp. para indicar las páginas. Dos o tres autores:
T: (Apellido y Apellido año, páginas) (Frieden, Williams y Lake 2000, 67-70) B: Apellido(s), Nombre y Nombre Apellido(s). Año. Título completo. Ciudad: Editorial. Frieden, Jeffry, Paul Williams y David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Cuatro o más autores:
T: (Apellido et al. año, página(s)) (Quijano et al. 1995, 21) B: Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Año. Título completo. Ciudad: Editorial. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez y Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilaciones (editor, traductor o compilador) además del autor
T: (Camacho Guizado 2004) B: Apellido(s), Nombre(s), eds./comps. Año. Título completo. Traducido por Nombre Apellido. Ciudad: Editorial. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Capítulo de libro
T: (Gómez y Gamboa 2010, 70) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título capítulo”. En Título libro, editado por Nombre Apellido(s), páginas. Ciudad: Editorial. 205
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Gómez, Hernando José y Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade Policy-Making”. En Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, editado por Ann Capling y Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press. Artículos de revistas académicas (impresa o en línea)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus y Riebow 2004, 645) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título artículo”. Nombre revista Volumen (Número): páginas. DOI o URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113:752-72. DOI: dx.doi. org/10.1086/ahr.113.3.752 Karmaus, Wilfred y John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112 (mayo): 643-47. URL: http://www.jstor. org/stable/3435987
Tesis o disertación:
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título de la tesis”, tesis de maestría/doctorado, Institución, país. Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, tesis de maestría, Universidad de los Andes, Colombia. Publicaciones en internet De sitios virtuales:
T: (“Título [abreviado] de la página”) (“US-Colombia Free Trade”) B: “Título de la página”. Nombre del sitio virtual, última modificación día, mes, año, último acceso día, mes, año, URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, última modificación 21 de octubre de 2011, último acceso 22 de septiembre de 2014, URL: http://www.oxfamamerica.org/ press/us-colombia-free-trade-agreement-astep-back-for-development/
Artículo en prensa
De blogs:
Con autor:
T: (Roa Roa 2015) B: Apellido(s), Nombre (o pseudónimo). Año. “Título de la entrada o comentario”. Nombre del blog (blog), día, mes, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), 5 de marzo, URL: http://nadaflota.blogspot. com.co/2015/03/desde-quibdo-hasta-chiay-no-perder-la.html
T: (Coronell 2014) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título noticia”. Título periódico, fecha publicación, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, 10 de mayo, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3 Sin autor:
T: (“Título [abreviado] del artículo” año) (“Así se cocinó” 2014) B: “Título noticia”. Año. Título periódico, fecha publicación, URL. “Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos”. 2014. Semana, 13 de mayo, URL: http://www. semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/un-acuerdo-entre-progresistas-santos-para-apoyar-el-proceso-de-paz/387230-3 206
Nota: si tiene dudas sobre como referenciar otro tipo de documentos, incluya toda la información necesaria para identificar la fuente. Reseñas:
Se mantiene el mismo formato de citación para reseñas de libro, capítulo de libro, película, álbum de música, exposición, entre otros.
Políticas editoriales
T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título reseña”. Reseña de Título (libro), de Nombre Apellido. Título revista/ periódico, fecha de publicación, páginas. Duque, Juliana. 2008. Reseña de Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Reseña de A Dry White Season (película), dirigida por Euzhan Palcy. New Republic, 9 de octubre: 24-25. Ponencias:
T: (Doyle 2002) B: Apellido(s), Nombre. Año. “Título ponencia”. Ponencia presentada en lugar donde se presentó. Institución, país. Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, Estados Unidos.
• En ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem. • Para documentos legales, sean leyes, resoluciones, decretos, tratados, constituciones, entre otros, se recomienda citarlos en notas al pie con el nombre completo del documento e indicar la fecha exacta en que se expidió. • Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico.
Consulte las “Normas para los autores” en español, inglés y portugués en http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Políticas éticas Publicación y autoría
La revista Colombia Internacional es la publicación académica del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), institución encargada de su soporte financiero. La oficina está ubicada en el Edificio Franco, GB417. La dirección electrónica es http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co y su correo colombiainternacional@uniandes.edu.co. El teléfono de contacto es 3394999, extensión 3036. La revista tiene la siguiente estructura: un equipo editorial —compuesto por un director, un editor y un asistente editorial—, un comité editorial, un comité científico y un equipo de soporte administrativo y técnico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la publicación. Los miembros de los comités son evaluados bianualmente en función de su prestigio en su disciplina de trabajo y su producción académica en otras revistas y publicaciones académicas nacionales e internacionales. Los artículos presentados a Colombia Internacional deben ser originales e inéditos y no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, el equipo editorial espera que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo publicado en la revista quiere incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista, compilación o libro donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, es decir, Colombia Internacional, previa autorización del editor de la revista. Asimismo, cuando la revista tenga interés en reproducir un artículo previamente publicado, se compromete a pedir la 207
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autorización correspondiente a la editorial donde apareció por primera vez. Responsabilidades del autor
Los autores deben remitir sus artículos a través del enlace disponible en la página web de la revista y/o enviarlo al correo electrónico: colombiainternacional@uniandes.edu.co en las fechas establecidas para la recepción de los artículos (convocatorias). La revista tiene pautas para los autores de acceso público, con los requisitos para la presentación de artículos, así como las reglas de edición. Las pautas se pueden consultar en: http://colombiainternacional. uniandes.edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas o al final de la versión impresa de la revista. Aunque el equipo editorial es responsable de aprobar los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta las evaluaciones realizada por pares internacionales, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. También es responsabilidad de los autores asegurarse de tener las autorizaciones para usar, reproducir e imprimir el material que no sea de su propiedad/autoría (cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc.). Los autores aceptan someter los textos a la evaluación de pares externos y se comprometen a tener en cuenta sus observaciones, así como las del equipo editorial, al momento de revisar el documento. Estas modificaciones deberán ser realizadas en el plazo que el equipo editorial le indique al autor. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación definitiva. Cuando los textos sometidos a Colombia Internacional no son aceptados para publicación, el equipo editorial enviará una notificación escrita al autor explicando los motivos de esta 208
decisión. Durante el proceso de edición, el equipo editorial puede consultar a los autores para resolver inquietudes. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico es el medio de comunicación privilegiado entre la revista y los autores. El equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de un artículo y el número en el cual se publicará. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor entregue toda la documentación solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo al documento antes de la publicación. Los autores de los textos aceptados deben autorizar a la Universidad de los Andes a usar los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, para incluir el texto en Colombia Internacional (versión impresa y electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores
Cuando se recibe un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, la calidad y la pertinencia del documento. Después de esta primera revisión, se seleccionan los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos internacionales y al concepto del equipo editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el equipo editorial deberá informar al autor.
Políticas editoriales
Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores internacionales, quienes podrán hacer sugerencias/comentarios al autor y señalar referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución, y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con los temas sobre los que se les pide arbitrar. Ante cualquier duda, se procederá a buscar a otro evaluador. La revista tiene un formato de evaluación que incluye preguntas con criterios cuidadosamente definidos. Los evaluadores tienen la responsabilidad de sugerir la aceptación, rechazo o aprobación con modificación del artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato. Responsabilidades editoriales
El equipo editorial, junto a los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permitan su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la revista mejore y satisfaga las expectativas de la comunidad académica. Así como la revista publica normas editoriales, que se esperan sean cumplidas, también se compromete a publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El equipo editorial es
responsable de seleccionar los mejores artículos para la publicación. Esta selección se hace con base en las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y el proceso de revisión editorial del artículo, en el que se tienen en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad y contribución a la disciplina. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado, la justificación que se le da al autor debe orientarse hacia estos aspectos. El equipo editorial es responsable de vigilar el proceso editorial de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad durante el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo editorial debe responder prontamente de acuerdo a las normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la rápida resolución del problema. Cuando se reconozca una falta de exactitud o un error en un contenido publicado, se consultará al comité editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la revista. Tan pronto un número de la revista sea publicado, el equipo editorial es responsable de la difusión y distribución entre los colaboradores, evaluadores y las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como entre los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el equipo editorial es el encargado de hacer los envíos a los suscriptores activos.
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Editorial Policy
Instructions for Authors Types of articles, submission dates and guidelines
Colombia Internacional publishes unpublished articles which present the results of research, theoretical and/or methodological innovation and bibliographical reviews in the fields of Political Science and International Relations written in Spanish, English or Portuguese. The dates for receiving articles on open topics and/or for special editions will be communicated in the relevant calls for papers, which will be published on the journal’s website and distributed via an email mailing list created for this purpose. If you would like to know when the calls for papers will open and what the topics will be, email colombiainternacional@uniandes.edu.co to be included on the mailing list. Receipt of a text will be acknowledged immediately and the results of its evaluation will be made known within a maximum period of six months. Colombia Internacional does not required any article processing charges from the authors. Colombia Internacional uses a plagiarism detection tool to check the originality of the documents submitted to review; if it is discovered that the article or parts of it have been extracted from other work without the appropriate referencing, the author will be notified and the process of rejecting the document will begin. All the articles published have a DOI identification number which, according to international editorial policies, must be cited by the authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: colomb.int. Peer review and editorial policy
When an article is received, the Editorial Board assesses it to see whether it meets 210
the basic requirements established for publication by the journal. All articles accepted for consideration are subjected to international peer-review process in which the evaluators can also make suggestions to the author regarding the article. The names of the authors and the evaluators will remain anonymous throughout the evaluation process. The final decision to either publish or reject an article is made by the Editorial Board, based on the results of the peer evaluation, and is communicated to the author in writing by the editor of Colombia Internacional. Observations made by the evaluators and by the Editorial Board must be taken into account by the author, who will make the necessary adjustments within the time limit set by the editor. The Editorial Board has the final say regarding the publication of articles and the issue in which each article will be published. The author will be informed of the decision immediately, provided that all required documentation has been presented within the established deadlines. During the editing process, authors may be called on to resolve any doubts that arise, but the journal reserves the right to proofread and correct any minor errors detected in the text. E-mail will normally be used for communicating with the author during the evaluation and editing processes. The authors of approved manuscripts authorize the use of intellectual property rights by signing the ‘Document of authorization of intellectual property rights use’ and the usage of the author’s patrimonial rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to theUniversidad de los Andes, in order to include the text in the journal (both printed and electronic
Editorial Policy
versions). In this same document the authors confirm that they are the authors of the text and that intellectual property rights of third parties are respected in the text. Each author will receive two copies of the issue which includes their article. If an author wishes to include their article in another journal or book in the future, they must request authorization from the director of Colombia Internacional, and the article’s original publication in Colombia Internacional must be clearly referenced. General Presentation of Articles
Below you will find a list of the characteristics required by manuscripts being submitted for publication. The journal’s editorial team asks the authors to keep these recommendations in mind in order to facilitate the evaluation and editing process. • The manuscript should be presented in a file compatible with Word, Letter size paper (21.59 cm x 27.54 cm), with 3 cm margins, using Times New Roman size 12, single spacing, 0 point separation between paragraphs and justified text. Footnotes should be in Times New Roman size 10, with single spacing and justified text. • The manuscript should have a maximum word count of 10,000 words (longer articles will be considered in exceptional cases), including the title, abstract, keywords, footnotes, bibliography and appendices. • The first page should include the title of the article, an abstract with a maximum of 100 words (the abstract should be clear and precise) and a list of four to seven key words. We recommend that you should check the terms and hierarchies established in Unesco’s Thesaurus (http://databases. unesco.org/thesso/) to help you select these words. When a word cannot be found in Thesaurus, it has to be marked • If possible, you should also include the title, abstract and keywords in the Journal’s other two publication languages. • After this first presentation page, the article should begin. Remember to follow
the rules of grammar and syntax of the language in which you are writing the document. Use academic language that will be accessible to different audiences. • The author information should be included in a separate document and should include the following information: full name, nationality, email address, academic titles, current institutional affiliation, research groups, areas of research and recent publications in books and/or journals. In this document you should also indicate the origin of the article and its source of finance. • All tables, graphs, charts and images included in the articles should be self-explanatory, clear and relevant; they should have titles, be listed in a numbered sequence and be accompanied by their respective image credit and source(s). For design purposes, we recommend that the tables, graphs and charts should be attached in a separate Excel document. The images should be submitted in digital format (.jpg o .riff 300 and 240 dpi). It is the responsibility of the author to obtain permission to publish the images required for the article and to submit this permission to the Journal. • When the contents used have a DOI identification number, it should be included in the list of references.
The manuscripts should be emailed to colombiainternacional@uniandes.edu. co or sent using the “Presentar artículo” (Submit article) online tool available on the Journal’s website. Editorial Guidelines
• Divisions in the body of the text (main sections) should be listed with Arabic numerals, except for the introduction and the conclusion; the subdivisions (secondary sections) should be listed with lower case letters. Remember to indent every new paragraph. • Latin terms and foreign words should be written in italics. Avoid the excess use of italics throughout the text.
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• The first time an acronym or abbreviation is used, it should be placed in parentheses immediately following the full form to which it corresponds. On subsequent occasions, the acronym or abbreviation will be used alone. • Textual quotes longer than four lines should be written in long quote form, with single spacing, size 11-point font and reduced margins. • Footnotes should be used with Arabic numerals. • State clearly in the text where each chart/ table/image/graph should be placed. • All the references used in the text should be presented at the end of the article. The bibliography should include all references cited in the text (it should not include any that were not referenced), listed in alphabetical order. It is essential to include the complete names of the authors and/or editors for each of the references. • Colombia Internacional uses the AuthorDates References from Chicago Manual of Style to present quotes and references. You should take into account the details of required punctuation and other necessary information when writing your article.
The following examples are presented to show the differences between the brief parenthetical form of citation to be used within the text (T), and the full form of citation to be used in the bibliography (B). Books: By a single author:
T: (Surname year, pages) (Sáenz 1992, 100) B: Surname(s), Name. Year. Complete title. City: Publisher. Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Note: No punctuation appears between author and date. Abbreviations such as p or pp. for page or multiple pages are omitted. 212
Book by two or three authors:
T: (Surname and Surnam year, pages) (Frieden, Williams and Lake 2000, 67-70) B: Surname(s), Name and Name Surname(s). Year. Complete title. City: Publisher. Frieden, Jeffry, Paul Williams and David Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Book by four or more authors:
T: (Surname et al. year, pages) (Quijano et al. 1995, 21) B: Surname(s), Name, Name Surname(s), Name Surname(s) and Name Surname(s). Year. Complete title. City: Publisher. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez and Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilations (editor, translator or compiler) besides the author
T: (Camacho Guizado 2004) B: Surname(s), Name(s), eds. /comps. Year. Complete title. Translate by Name Surname. City: Publisher. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Book chapter
T: (Gómez and Gamboa 2010, 70) B: Surnames(s), Name. Year. “Complete title”. In Book title, edited by Name Surname(s), pages. City: Publisher. Gómez, Hernando José and Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade PolicyMaking”. In Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally?, edited by Ann Capling and Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press.
Editorial Policy
Article in journal (printed or digital)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus and Riebow 2004, 645) B: Surname(s), Name. Year. “Article title”. Journal Title Vol (No): pages. DOI or URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113:752-72. DOI: dx.doi.org/10.1086/ ahr.113.3.752 Karmaus, Wilfred and John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112 (may): 643-47. URL: http://www.jstor. org/stable/3435987. Press Article With author:
T: (Coronell 2014) B: Surname(s), Name. Year. “Headline”. Publication, date of publication, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, May 10, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3 Without author:
T: (“[abbreviated] Article title” year) (“Así se cocinó” 2014) B: “Headline”. Year. Publication, date of publication, URL. “Así se cocinó el acuerdo ProgresistasSantos”. 2014. Semana, May 13, URL: http:// www.semana.com/nacion/elecciones-2014/ articulo/un-acuerdo-entre-progresistass a nt o s - p a r a - ap oy a r- e l - p r o c e s o - d e paz/387230-3. Thesis or dissertation:
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Surname(s), Name. Year. “Thesis title”, Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Country.
Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, Master`s thesis in, Universidad de los Andes, Colombia. Online publications Websites:
T: (“[abbreviated] Article title”) (“US-Colombia Free Trade”) B: “Title”. Website name, date of publication (day, month, year), Access date (day, month, year), URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, October 21, 2011, Access date September 22, 2014, URL: http://www.oxfamamerica.org/ press/us-colombia-free-trade-agreement-astep-back-for-development/ Blogs:
T: (Roa Roa 2015) B: Surname(s), Name (o pseudonym). Year. “Title of article”. Blog name (blog), day, month, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), March 5, URL: http://nadaflota.blogspot.com. co/2015/03/desde-quibdo-hasta-chia-y-noperder-la.html Note: if you are unsure about how to reference any type of document, include all the information necessary for the source to be identified. Book Review
The same citation form should be maintained for book reviews, chapter reviews, movies reviews, music albums reviews, among others. T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Surname(s), Name. Year. “Review Title”. Review of (book) Title, by Name Surname. Journal/Press Title, publication date, pages. 213
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Duque, Juliana. 2008. Review of Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Review of A Dry White Season (movie), directed by Euzhan Palcy. New Republic, October 9, 24-25. Paper presented at a meeting or conference:
T: (Doyle 2002) B: Surname(s), Name. Year. “Paper title”. Submitted at (where was presented). Institution, country. Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Submitted at the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, United States. • Ibid, ibidem or op. cit. should not be used in these cases. • For legal and public documents, such as cases, constitutions, statutes and other government documents, it is recomended to use footnotes with the complete information (name, date of expedition, etc.) • Articles that include source files should present the references in numbered footnotes, so as to facilitate the reader’s identification of and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate the following: Abbreviation of the name of the file, Section, Source, vol./ leg./t., f. o ff. (place, date and other relevant information). The complete name of the file, followed by its abbreviated form set in parentheses, is used the first time a file is cited; the abbreviation is used alone in subsequent citations. All primary references should be placed on a separate reference list at the end of the text, before the bibliography. • Consult the “Instructions for authors” in Spanish, English and Portuguese on http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co/
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Ethical Guidelines Publications and Authorship
Colombia Internacional is the academic publication of the Department of Political Sciences in the Faculty of Social Sciences at the Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), the institution that provides it with financial support. The journal’s office is located in the Franco Building (GB-417) on the university campus; the website is http:// colombiainternacional.uniandes.edu.co; the email address is http://colombiainternacional. uniandes.edu.co; and the contact telephone number is 3394999, extension 3036. The journal’s structure is as follows: an editorial team —including a general director, a general editor and an editorial assistant—, an editorial committee, a scientific committee and an administrative and technical support team, which together guarantee the quality and relevance of the publication’s content. The members are evaluated biannually based on their prestige in their area of work and their academic output in other national and international journals and academic publications. The articles submitted to Colombia Internacional must be original and unpublished and should not simultaneously be undergoing an evaluation process or have any editorial commitments with another publication. If a manuscript is accepted, the editorial team will expect it to appear in the journal before appearing in any other publication, either partially or entirely. If the author of an article published in the Journal later wishes to include it in another publication, the journal, edited volume or book in question must clearly state the details of its original publication, i.e. Colombia Internacional, after receiving authorization from the journal’s editor. Similarly, when the Journal is interested in reproducing a previously published article, it commits to requesting the relevant
Editorial Policy
authorization from the publisher where it appeared for the first time. Author Responsibilities
The authors must submit their articles using the link available on the journal’s website and/ or by emailing it to colombiainternacional@ uniandes.edu.co during the timeframe established for the submission for articles (call for papers). The journal has publicly available guidelines for authors, with information about the requirements for the presentation of articles as well as editorial rules and instructions. The guidelines can be found at http://colombiainternacional.uniandes.edu. co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas or at the end of the printed version of the Journal. Although the editorial team is responsible for approving the articles based on the criteria of quality, accuracy and thoroughness of research, taking into account the reviews carried out by international peers, the authors are responsible for all the ideas expressed in the articles, as well as for their suitability on an ethicallevel. The authors must explicitly state that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in the article. It is also the author’s responsibility to ensure that they have permission to use, reproduce and print any material that is not owned or created by them (tables, graphs, maps, diagrams, photographs, etc.). The authors agree to submit their texts to an external peer review and commit to take these observations, and those of the editorial team, into account when revising the document. These revisions should be made within the timeframe communicated to the author by the editorial team. After the journal receives the revised article, the author will be informed regarding its definitive approval. If a text submitted to Colombia Internacional is not accepted for publication, the editorial team will send a written notice to the
author explaining the reasons behind this decision. During the editing process, the editorial team may consult the authors to resolve any uncertainties. During the reviewing and editing processes, the main form of contact between the journal and the authors will be by email. The editorial team reserves the right to have the final word regarding the publication of an article and the issue in which it will be published. The article will be published on the stated date as long as the author submits all the required documentation during the established timeframe. The Journal reserves the right to make copyediting changes to the document before publication. The authors of the accepted texts must authorize the Universidad de los Andes to make use of the copyrights (reproduction, public communication, transformation and distribution), by signing the “Use of intellectual property rights authorization document”, in order for the text to be included in Colombia Internacional (printed and electronic versions). On this same document the authors must confirm that the text is of their own authorship and that they respect the intellectual property rights of third parties. Peer Review/ Peer Reviewer Responsibilities
When an article is received, the editorial team evaluates it to see whether it complies with the basic requirements demanded by the Journal. The editorial team establishes the first filtering process; this takes into account aspects such as the format, quality and relevance of the document. After this first review, and based on the comments and suggestions of the members of the editorial and scientific committees, the selected articles will begin a further review process. In this case, the articles are submitted to international peer review, as well as to the views of the editorial team. The result will be communicated to the author within 215
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six months of receiving the article. If the evaluation process lasts longer than this, the editorial team must inform the author. All articles that pass the initial review filter will be submitted to a further judging process carried out by international peer reviewers, who will make suggestions/ comments to the author and highlight significant references that have not been included in the paper. These readers are usually external to the institution, and are chosen on the basis that they should have no conflict of interest in terms of the topics they will be reviewing. If there is any doubt in this area, another reviewer will be found. The Journal has an evaluation form that includes questions with carefully defined criteria. The reviewers are responsible for recommending whether the article under review should be accepted, rejected or approved with changes. During the evaluation process, both the names of the authors and the names of the reviewers are kept strictly anonymous. Editorial Responsibilities
The editorial team, along with the editorial and scientific committees, is responsible for defining the editorial policies in order for the journal to meet the necessary standards to ensure its positioning as a renowned academic publication. The continuous revision of these parameters guarantees that the journal will continue to improve and satisfy the expectations of the academic community. As well as publishing these editorial rules, which authors are expected to follow, the journal commits to publishing any corrections, clarifications, rectifications and justifications as the situation requires. The
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editorial team is responsible for selecting the best articles for publication. This selection process is based on recommendations made during the evaluation process and the process of editing the article, taking into account the criteria of quality, relevance, originality and the contribution it makes to the author’s field. Similarly, if an article is rejected, the justification given to the author must focus on these same aspects. The editorial team is responsible for overseeing the editorial process of all the articles submitted to the journal, and must develop confidentiality mechanisms during the peer review process until the articles are published or rejected. When the journal receives complaints of any kind, the editorial team should respond promptly, in accordance with the rules established by the publication. If the complaint is found to be worthwhile, the editorial team must ensure that an appropriate investigation is carried out in order to rapidly resolve the problem. If a lack of accuracy or an error of published content is identified, the editorial team will be consulted and the relevant corrections and/or clarifications will be made on the journal’s website. As soon as an issue of the journal is published, the editorial team is responsible for disseminating and distributing that issue among its collaborators, reviewers and the entities with which exchange agreements have been established, as well as with the relevant national and international repositories and indexing systems. Additionally, the editorial team is responsible for sending the journal to its active subscribers.
Políticas Editoriais
Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidades de recepção
A Colombia Internacional publica artigos inéditos que apresentarem resultados de pesquisa, inovações teóricas e/ou metodológicas e revisões bibliográficas nas disciplinas da Ciência Política e das Relações Internacionais escritos em espanhol, inglês ou português. As datas de recepção de artigos de Tema Aberto e/ou para os números monográficos são informadas nos respectivos editais, os quais são publicados na página web da revista e distribuem-se por meio de uma lista de e-mails disposta para isso. Se tiver interesse em saber quando são abertos e/ou quais são os temas dos editais, envie um e-mail a colombiainternacional@ uniandes.edu.co para ser incluído na lista especial de e-mails. Os artigos apresentados não devem estar em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. A recepção de um texto será acusada de imediato e os resultados da avaliação serão informados num prazo máximo de seis meses. Colombia Internacional não cobra dos autores os costos dos procesos editoriais. A Colombia Internacional usa uma ferramenta de detecção de plágio para verificar a originalidade dos documentos submetidos à avaliação; caso se comprove que o artigo ou partes dele foram extraídos de outros trabalhos sem a apropriada referência, o autor será notificado e o documento, recusado. Todos os artigos publicados contam com um número de identificação DOI que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, bem como o título abreviado da revista: colomb.int.
Avaliação de artigos e processo editorial
Ao receber um artigo, o Corpo Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista. Em seguida, os artigos são submetidos a um processo de arbitragem sob a responsabilidade de pares avaliadores, os quais podem formular sugestões ao autor. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avaliadores se manterão no anonimato. A decisão final de publicar ou recusar os artigos é tomada pelo Corpo Editorial, com base nos relatórios apresentados pelos avaliadores; essa decisão é comunicada ao autor por meio de um conceito escrito emitido pelo Editor da revista. As observações dos avaliadores, bem como as do Corpo Editorial, deverão ser consideradas pelo autor, o qual fará os ajustes solicitados no prazo estipulado pela revista. A data de publicação informada pelos editores se cumprirá contanto que o autor faça chegar toda a documentação solicitada no prazo indicado. Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver as dúvidas existentes. No entanto, a revista se reserva o direito de fazer revisões de texto menores. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o e-mail constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores. Os autores dos textos aceitos autorizam, mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais autorais (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) à Universidad de Los Andes, Departamento de Ciência Política, para incluir o texto na revista Colombia Internacional (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que nele são respeitados os 217
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direitos de propriedade intelectual de terceiros. Ao finalizar esse processo, os textos não serão devolvidos. Os autores receberão dois exemplares de cortesia do número do qual participaram. Caso queiram incluir o artigo posteriormente em outra publicação, deverão ser indicados claramente os dados da publicação original na Colombia Internacional, com prévia autorização solicitada à Equipe Editorial da revista. Parâmetros para a apresentação de artigos
A seguir, são relacionadas as características que devem ter os manuscritos que se apresentam para publicação. A Equipe Editorial da revista pede aos autores que considerem estas recomendações para facilitar o processo de avaliação e de edição.
• O manuscrito deve ser apresentado num arquivo compatível com Word, em tamanho carta (21,59 cm x 27,54 cm), com margens de 3 cm, letra Times New Roman tamanho 12, entrelinhas simples, separação entre parágrafos de 0 pontos e texto justificado. As notas de rodapé devem estar em Times New Roman tamanho 10, entrelinhas simples e texto justificado. • O texto deve ter uma extensão máxima de 10 mil palavras (artigos com mais palavras serão considerados excepcionalmente), incluídos título, resumo, palavras-chave, notas de rodapé, lista de referência e anexos. • A primeira página deve incluir o título do artigo, um resumo de máximo 100 palavras (o qual deve ser claro e preciso) e uma lista de quatro a sete palavras-chave. Recomenda-se revisar os termos e hierarquias estabelecidos no Thesarurus da Unesco (http://databases.unesco.org/thesso/) para selecionar essas palavras. O resumo, as palavras-chaves e o título devem ser apresentados também em inglês. • Depois dessa primeira página de apresentação, o artigo deve começar. O texto deve estar adequado às normas gramaticais da respectiva língua, mas com uma linguagem acadêmica acessível a diferentes públicos.
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• A informação sobre o(s) autor(es) deve ser incluída num documento separado. Informar: nome completo, nacionalidade, endereço e e-mail, títulos acadêmicos, afiliação institucional atual, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa e publicações recentes em livros e/ou revistas. Nesse documento, também se devem indicar a origem do artigo e sua fonte de financiamento. • Todas as tabelas, gráficos, quadros ou imagens que aparecerem no artigo devem ser autoexplicativos e acompanhados por suas respectivas legenda e fonte. Por motivos de diagramação, recomendamos que as tabelas, gráficos e quadros se anexem num documento separado em formato Excel. As imagens devem ser entregues em formato digital (.jpg ou .riff 300 e dpi 240). O autor é responsável por conseguir e entregar à Revista a permissão para a publicação das imagens utilizadas. • Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.
Os artigos devem ser enviados ao e-mail colombiainternacional@uniandes.edu.co ou remitidos por meio da ferramenta “Presentar artículo” (Apresentar artigo) disponível na página web da revista. Regras de edição
• As divisões no corpo do texto (seções principais) devem ser enumeradas em números arábicos, exceto a introdução e a conclusão; as subdivisões (seções secundárias) devem ser enumeradas com letras minúsculas. Além disso, deve-se aplicar tabulação a cada parágrafo. • Os termos em latim e as palavras estrangeiras devem estar em itálico. Contudo, evite o uso excessivo de itálico ao longo do texto. • Em nenhum caso, são utilizadas as expressões op. cit., ibid. ou ibidem. • A primeira vez que se usar uma abreviatura ou sigla deve estar entre parênteses depois da fórmula completa; nas demais citações, usar somente a abreviatura. • As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas na formatação de citação longa, com
Políticas Editoriais
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entrelinha simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas. As notas de rodapé devem aparecer em números arábicos. Indique claramente no texto o lugar onde deve ir cada quadro/tabela/ imagem/gráfico. Ao final do artigo, devem ser apresentadas todas as referências usadas no texto. A lista bibliográfica deve incluir as referências que foram citadas no texto (não incluir títulos não referenciados), enumeradas e dispostas em ordem alfabética. É indispensável incluir os nomes completos dos autores e/ ou editores em cada uma das referências. A Colombia Internacional utiliza formato autor-data do Chicago Manual of Style para apresentar as citações e referências. Devem ser considerados os detalhes de pontuação exigidos e a informação necessária requerida.
A seguir, apresentam-se alguns exemplos que mostram as diferenças entre a forma de citar no texto (T) e a forma de citar na lista bibliográfica (B). Livro de só um autor:
T: (Sobrenome ano, páginas) (Sáenz 1992, 100) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. Título completo. Cidade: Editora. Sáenz Rovner, Eduardo. 1992. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo. Observação: não se usa vírgula entre o sobrenome e o ano; além disso, não se usam as abreviaturas p. ou pp. para indicar as páginas. Dois ou mais autores
T: (Sobrenome e Sobrenome ano, páginas) (Frieden, Williams e Lake 2000, 67-70) B: Sobrenome(s), Nome e Nome Sobrenome(s). Ano. Título completo. Cidade: Editora. Frieden, Jeffry, Paul Williams e David Lake. 2000. International Political Economy:
Perspectives on Global Power and Wealth. Boston: Bedford. Quatro ou mais autores
T: (Sobrenome et al. ano, páginas) (Quijano et al. 1995, 21) B: Sobrenome(s), Nome, Nome Sobrenome(s), Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s). Ano. Título completo. Cidade: Editora. Quijano, María, Susana Pérez, Julia Tuñón, Sergio Álvarez e Sergio Villarreal. 1995. Educación de historia a finales del siglo XIX. Caracas: Cedro. Compilações (editor, tradutor ou compilador) além do autor
T: (Camacho Guizado 2004) B: Sobrenome(s), Nome(s), eds./comps. Ano. Título completo. Traduzido por Nome Sobrenome. Cidade: Editorial. Camacho Guizado, Álvaro, ed. 2004. Artesanos y disciplina: hacer ciencias humanas en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Capítulo de livro
T: (Gómez e Gamboa 2010, 70) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título capítulo”. Em Título livro, editado por Nome Sobrenome(s), páginas. Cidade: Editora. Gómez, Hernando José e Javier Gamboa. 2010. “Colombia Trade Policy-Making”. Em Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making: Negotiating Preferentially or Multilaterally? editado por Ann Capling e Patrick Low, 63-88. Cambridge: Cambridge University Press. Artigo de revista (impresso ou on-line)
T: (Novak 2008, 770) (Karmaus e Riebow 2004, 645) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título artigo”. Nome jornal Volume (Número): páginas. DOI ou URL. Novak, William J. 2008. “The Myth of the ‘Weak’ American State”. American Historical Review 113 (4):752-72. DOI: dx. doi.org/10.1086/ahr.113.3.752 219
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Artigo de imprensa
B: “Título da página”. Nome do site, última modificação dia, mês, ano, último acesso dia, mês, ano, URL. “US-Colombia Free Trade Agreement a Step Back for Development”. Oxfam America, última modificação 21 out. 2011, último acesso 22 set. 2014, URL: http://www.oxfamamerica. org/press/us-colombia-free-trade-agreementa-step-back-for-development/
Com autor
De blogs
T: (Coronell 2014) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título da notícia”. Título jornal, data publicação, URL. Coronell, Daniel. 2014. “La versión de Jota Jota”. Semana, 10 de maio, URL: http://www. semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-version-de-jota-jota/386784-3
T: (Roa Roa 2015) B: Sobrenome(s), Nome(s) (ou pseudônimo). Ano. “Título da entrada ou comentário”. Nome do blog (blog), dia, mês, URL. Roa Roa, Manuela. 2015. “Desde Quibdó hasta Chía y no perder la ida: sobre el olor de la justicia”. Nada Flota (blog), 5 mar. URL: http://nadaflota.blogspot.com.co/2015/03/ desde-quibdo-hasta-chia-y-no-perder-la.html
Karmaus, Wilfred e John F. Riebow. 2004. “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Enviromental Health Perspectives 112(maio):643-47. URL: http://www.jstor.org/stable/3435987.
Sem autor
T: (“Título [curto] do artigo” ano) (“Así se cocinó” 2014) B: “Título notícia”. Ano. Título jornal, data publicação, URL. “Así se cocinó el acuerdo Progresistas-Santos”. 2014. Semana, 13 de maio, URL: http://www. semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/un-acuerdo-entre-progresistas-santos-para-apoyar-el-proceso-de-paz/387230-3.
Observação: se tiver dúvidas sobre como referenciar outro tipo de documento, inclua toda a informação necessária para identificar a fonte. Resenhas
T: (Bermúdez 2009, 20) B: Sobrenome(s), Nome. Ano. “Título tese”, dissertação de mestrado/ doutorado, instituição, país. Bermúdez, Martha. 2009. “Sinergia y aprendizaje. Un modelo escolar de contacto entre grupos y aprendizaje a través del servicio”, dissertação de mestrado, Universidad de Los Andes, Colômbia.
Mantém-se a mesma formatação de citação para resenhas de livro, capítulo de livro, filme, álbum de música, exposição, entre outros. T: (Duque 2008) (Kauffman 1989) B: Sobrenome(s), Nome(s). Ano. “Título da resenha”. Resenha de Título (livro), de Nome Sobrenome. Título revista/ periódico, data de publicação, páginas. Duque, Juliana. 2008. Resenha de Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Kauffman, Stanley. 1989. Resenha de A Dry White Season (filme), dirigida por Euzhan Palcy. New Republic, 9 out.: 24-25.
Publicações na internet
Palestras/conferência
De sites
T: (Doyle 2002) B: Sobrenome(s), Nome(s). Ano. “Título da palestra”. Palestra apresentada [lugar onde aconteceu]. Instituição, país.
Dissertação ou Tese
T: (“Título [abreviado] da página”) (“US-Colombia Free Trade”) 220
Políticas Editoriais
Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Palestra apresentada no Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago, Estados Unidos da América.
• Para documentos legais (leis, resoluções, decretos, tratados, constituições, entre outros), recomenda-se citá-los em notas de rodapé com o nome completo do documento e indicar a data exata em que foi expedido. • Os artigos que incluírem fontes de arquivo devem apresentar as referências em notas de rodapé numeradas, de maneira que facilitem ao leitor a identificação e o acesso aos documentos no arquivo correspondente. É necessário indicar: siglas do arquivo, seção, fundo, vol./leg./t., f. ou ff. (lugar, data e outros dados pertinentes). Na primeira menção, cita-se o nome completo do arquivo com a abreviatura ou sigla entre parênteses; depois, somente a abreviatura. Ao final do texto, devem ser relacionadas todas as referências primárias numa lista separada da bibliográfica. • Consulte as “Normas para os autores” em espanhol, inglês e português em http://colombiainternacional.uniandes.edu.co
Guia de políticas éticas Publicação e autoria
A Colombia Internacional é a publicação acadêmica do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de Los Andes (Bogotá, Colômbia), instituição encarregada de seu suporte financeiro. O escritório da Revista está localizado no Edifício Franco (GB-417) —campus universitário—; a página web da revista é http://colombiainternacional. uniandes.edu.co; o e-mail é colombiainternacional@uniandes.edu.co e o telefone é o (57 1) 339-4999, ramal 3036.
A revista tem a seguinte estrutura: uma equipe editorial —composta por um diretor(a) geral, um editor(a) geral e um assistente editorial—, um comitê editorial, um comitê científico e uma equipe de suporte administrativo e técnico que garante a qualidade e pertinência dos conteúdos da publicação. Os membros são avaliados bianualmente em função de seu prestígio em sua disciplina de trabalho e sua produção acadêmica em outras revistas e publicações acadêmicas nacionais e internacionais. Os artigos apresentados à Colombia Internacional devem ser originais e inéditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com outra publicação. Se o artigo for aceito, a equipe editorial espera que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial deste. Se o autor de um artigo publicado na revista quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a revista, compilação ou livro em que se publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original, isto é, Colombia Internacional, com autorização prévia do editor da revista. Além disso, quando a revista tiver interesse em reproduzir um artigo previamente publicado, compromete-se a solicitar a autorização correspondente à editora na qual apareceu pela primeira vez. Responsabilidades do autor
Os autores devem enviar os artigos por meio do link disponível na página web da Revista e/ou ao e-mail: colombiainternacional@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas para a recepção dos artigos (editais). A revista tem regras de acesso público para os autores, com os requisitos para a apresentação de artigos e as normas e instruções editorais. Estas podem ser consultadas em: http://colombiainternacional.uniandes. edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas ao final da versão impressa da Revista. 221
Colombia Internacional 86 • Colomb. int. • PP. 236 ISSN 0121-5612 • eISSN 1900-6004 • Enero-abril 2016
Embora a equipe editorial seja a responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considere as avaliações realizadas por pares internacionais, os autores são os responsáveis pelas ideias neles expressas, bem como pela idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e que neste se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é responsabilidade dos autores ter as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não seja de sua propriedade/ autoria (quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.). Os autores aceitam submeter os textos à avaliação de pares externos e comprometem-se a considerar suas observações, bem como as da equipe editorial no momento de revisar o documento. Essas modificações deverão ser realizadas no prazo que a equipe editorial indicar ao autor. Depois que a revista receber o artigo modificado, o autor será informado sobre sua aprovação definitiva. Quando os textos submetidos à Colombia Internacional não são aceitos para publicação, a equipe editorial enviará uma notificação escrita ao autor, na qual se explicarão os motivos dessa decisão. Durante o processo de edição, a equipe editorial pode consultar o autor para resolver dúvidas. No processo de avaliação e de edição, o e-mail é o meio de comunicação privilegiado entre a revista e o autor. A equipe editorial se reserva a última palavra sobre a publicação de um artigo e o número no qual será publicado. Essa data se cumprirá contanto que o autor entregue toda a documentação solicitada no prazo indicado. A revista se reserva o direito de fazer revisão de texto no documento antes de sua publicação. Os autores dos textos aceitos devem autorizar a Universidad de Los Andes a usar os direitos patrimoniais autorais (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição), mediante a assinatura do 222
documento “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, para incluir o texto na Colombia Internacional (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Revisão por pares/responsabilidades dos avaliadores
Quando se receber um artigo, a equipe editorial avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela revista. A equipe editorial estabelece o primeiro filtro; para esse processo, consideram-se aspectos sobre a formatação, a qualidade e a pertinência do documento. Depois dessa primeira revisão e a partir dos comentários e sugestões dos membros do comitê editorial e científico, selecionam-se os artigos que iniciarão o processo de arbitragem. Os textos são, nessa instância, submetidos à avaliação de pares acadêmicos internacionais e ao conceito da equipe editorial. O resultado será comunicado ao autor num período de até seis meses a partir da recepção do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, a equipe editorial deverá informar ao autor. Todos os artigos que passarem o primeiro filtro de avaliação serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de avaliadores internacionais, os quais poderão fazer sugestões/comentários ao autor e indicar referências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em sua eleição, a revista busca que não tenham conflitos de interesse com os temas sobre os quais devem arbitrar. Ante qualquer dúvida, outro avaliador será estabelecido. A revista tem uma formatação de avaliação que inclui perguntas com critérios cuidadosamente definidos. Os avaliadores têm a responsabilidade de sugerir a aceitação, recusa ou aprovação com modificações
Políticas Editoriais
do artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avaliadores serão mantidos em anonimato. Responsabilidades editoriais
A equipe editorial, junto com os comitês editorial e científico, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a revista cumpra com os padrões que permitam seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros garante que a Revista melhore e satisfaça as expectativas da comunidade acadêmica. Assim como a revista publica normas editoriais que se esperam ser cumpridas, também se compromete a publicar correções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando for necessário. A equipe editorial é responsável pela seleção dos melhores artigos para a publicação. Essa seleção se faz com base nas recomendações derivadas do processo de avaliação e do processo de revisão editorial do artigo; consideram-se critérios de qualidade: relevância, originalidade e contribuição para a disciplina. Nesse sentido, quando um artigo é recusado, a justificativa que se dá ao autor deve estar orientada a esses aspectos.
A equipe editorial é responsável por controlar o processo editorial de todos os artigos que forem submetidos à revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade durante o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa. Quando a revista receber reclamações de qualquer tipo, a equipe editorial deve responder brevemente de acordo com as normas estabelecidas pela publicação; caso a reclamação tenha fundamento, a equipe deve garantir que se realize a adequada investigação para que seja resolvido o problema rapidamente. Quando se reconhecer uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo publicado, o comitê editorial será consultado e as correções e/ou esclarecimentos serão divulgados na página web da revista. Assim que um número da revista for publicado, a equipe editorial é responsável pela difusão e distribuição entre os colaboradores, avaliadores e entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como entre os repositórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, a equipe editorial é a encarregada de fazer os envios da revista aos seus assinantes.
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IS S N
2 0 1 1 -0324
No. 16
Mayo - Agosto, 2015
Desigualdades étnico-raciales E st u d i o s s o b r e L a t i n o a mér ica y el C ar ibe c o n p e r s p e c t i v a g lob al
www.icesi.edu.co/revista_cs | cs@icesi.edu.co Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Artículos [ Luis Ernesto Valencia Angulo ] Ambigüedades en dos décadas de paradigma multiculturalista Algunos elementos de la historia inmediata de los Afrocolombianos [ Meyby Ugueto-Ponce ] Mecanismos de inserción sociopolítica en Curiepe, Estado Miranda, Venezuela [ Alen Castaño ] Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial esclavista en el Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII) [ Vicenta Moreno Hurtado y Debaye Mornan] ¿Y el Derecho a la Ciudad? Aproximaciones sobre el racismo, la dominación patriarcal y estrategias feministas de resistencia en Cali, Colombia [ Janeth Mosquera Becerra ] Develando lo que dicen sobre raza y etnia las revistas de salud pública de Colombia
[ Luz Edith Valoyes Chávez ] Los negros no son buenos para las matemáticas: ideologías raciales y prácticas de enseñanza de las matemáticas en Colombia [ Juan Carlos Zuluaga Díaz ] Afrodescendientes, representaciones y movilidad social en Tuluá Documentos [ Henry Arenas Valencia ] Da Guiné-Bissau à Colômbia. Benkos Biohó, resistência e (é) palenque. Um caso da diáspora africana [ Gustavo Emilio Balanta Castilla ] El abrazo por la vida y la libertad Reseñas [ Octávio Sacramento ] Capital, desigualdade e o passado que devora o futuro [ Maria del Pilar Acosta ] Intervención social y el debate sobre lo público
[ Fernando Urrea-Giraldo, Gustavo Bergonzoli Peláez, Bladimir Carabalí Sinisterra y Víctor Hugo Muñoz Villa ] Patrones de mortalidad comparativos entre la población afrodescendiente y la blanca-mestiza para Cali y el Valle del Cauca Calle 18 No. 122-135, Cali-Colombia | Teléfono: 555 2334 | Fax: 555 1441
IssN 0124-4035 •IssNe 2145-5112 dx.doi.org/10.12804/desafios
Desafíos • Número 27-II• pp. 9-332 UNIversIDaD Del rosarIo • Bogotá dx.doi.org/10.12804/desafios27.2.2015
Dossier temático El mundo interno y la política la creatividad en el gobierno de nuestras vidas: reflexiones sobre la maternidad Laura Adrián Lara
freud: gobiernos terminables e interminables Juan Dorado Romero
Democratización de las identidades, transgenerismo y malestares de género Fernando Fdez-Llebrez
Ciudadanos entre estado e imperio Björn Hammar
Comprensión psicoanalítica de la transición política chilena y los movimientos sociales actuales. Una revisión de ‘Tótem y tabú’ en nuestros días Pablo Santander, Ricardo Readi
abrirse al pensamiento, abrirse al otro: una reflexión sobre el respeto y la alteridad en Wilfred r. Bion y emmanuel lévinas Silvina Vázquez
Sección general Colombia y méxico: hacia ¿diplomacias democráticas de baja intensidad? Martha Ardila
el nuevo clientelismo político en el siglo xxi: Colombia y venezuela 1998-2010 Josué Alexandro Barón
Diversificación y autonomía en la política exterior latinoamericana Fabio Forero
Reseña sociología de la acción pública: una mirada a nuevos enfoques Juan David Otálora Sechague
Colombia Internacional U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S • F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A
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La revista Colombia Internacional invita la comunidad académica a participar en su próxima convocatoria para la presentación de artículos. El número monográfico busca contribuir al debate académico sobre Política subnacional en América Latina, coordinado por Margarita Batlle (Universidad Externado de Colombia), Julieta Suárez-Cao (Universidad Católica de Chile), y Laura Wills-Otero (Universidad de los Andes). El periodo de recepción de artículos será entre el 4 de julio y el 15 de agosto de 2016. La política subnacional es un campo de estudio creciente en las Ciencias Sociales contemporáneas. Del mismo modo que en otras regiones del mundo, existe hoy en América Latina un gran interés por entender y explicar las dinámicas y procesos políticos que se desarrollan en el nivel local, así como sus interconexiones con otros niveles (v.g., regional, nacional e internacional). Las y los especialistas en estos temas se están haciendo preguntas sobre la heterogeneidad existente en la configuración del poder político y los niveles de competencia electoral a través de los territorios nacionales; sobre la capacidad estatal de las instituciones locales en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas; y sobre el impacto de las prácticas informales (como el clientelismo y la minería ilegal, por ejemplo) en las dinámicas políticas locales, entre otras cuestiones. Con esta convocatoria invitamos a todos los interesados en las dinámicas políticas subnacionales de los países de América Latina a escribir artículos teóricos y/o empíricos relacionados con los ejes temáticos que se presentan a continuación, y a hacer uso de metodologías variadas para responder sus preguntas de investigación. En este sentido, la convocatoria está abierta a todo tipo de diseños de investigación (tanto experimentales como observacionales, y dentro de estos últimos, estudios de caso y estrategias comparadas) y metodologías (cuantitativas, cualitativas y mixtas). 1. 2. 3. 4. 5.
Ejes temáticos: Competencia electoral: la competencia de partidos nacionales y subnacionales en los niveles regional y local y su coordinación (o no) a través del territorio; configuración del poder político; alianzas electorales entre élites partidistas regionales. Régimen político local: democracia y autoritarismo; representación y participación de grupos minoritarios; capacidad estatal, institucionalización y gobernabilidad. Instituciones informales en el nivel local: clientelismo, corrupción, entre otros. Contextos políticos: movilización, conflictos sociales y armados; condiciones estructurales; interacción entre estructura, agencia y resultados políticos. Carreras políticas: análisis de las carreras políticas desde una perspectiva multinivel, con una mirada sobre los diferentes espacios territoriales de competencia y representación.
Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos o documentos breves de investigación con orientación crítica sobre temas propios de la disciplina en inglés, español y portugués. Les recordamos que también recibimos artículos de interés general para las otras secciones de la Revista. Durante el periodo de la convocatoria podrán remitir sus manuscritos a través del enlace habilitado en la página electrónica de la revista o enviarlos directamente al correo electrónico colombiainternacional@uniandes.edu.co Consulte las normas editoriales y criterios de presentación de artículos disponibles en el sitio web de revista (https:// http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/). Instrucciones para los autores, disponibles en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page. php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas
Colombia Internacional U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S • F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A
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La revista Colombia Internacional invita la comunidad académica a participar en su próxima convocatoria de Tema Libre. Colombia Internacional, publicación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia), anuncia que recibirá artículos de tema libre desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril de 2016. Invitamos a los interesados en participar en esta convocatoria a enviarnos artículos inéditos en español, inglés o portugués, que presenten resultados de investigación e innovaciones teóricas sobre debates propios de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. La Revista también publica reseñas, ensayos bibliográficos o documentos breves de investigación con orientación crítica sobre temas propios de la disciplina. Los originales sometidos a consideración deberán presentarse en formato Word para Windows y estar ajustados a las normas de la revista. Extensión máxima de 10.000 palabras (18–22 páginas aproximadamente), letra Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo, tamaño carta, con márgenes iguales de 3 cm. En la primera página se incluye un resumen de máximo cien palabras y los datos del autor se presentan en un archivo diferente. Para la elaboración de las referencias a pie de página y la bibliografía se debe seguir la adaptación del Chicago manual of style utilizado por la revista. Las normas de presentación de manuscritos pueden consultarse de manera detallada en http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9ticas Durante el periodo de la convocatoria podrán remitir sus manuscritos a través de un enlace habilitado en la página electrónica de la revista o enviarlos al correo electrónico colombiainternacional@uniandes.edu.co Todos los artículos seguirán el siguiente proceso de evaluación: en primera instancia, el comité de la revista verificará si el artículo cumple con los requisitos básicos exigidos, así como su pertinencia para ser incluido en la publicación. Posteriormente, será sometido a la evaluación de dos pares académicos y al concepto del Comité Editorial. El resultado será comunicado al autor en un período inferior a seis meses a partir del cierre de la convocatoria. Los artículos enviados a Colombia Internacional no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.
H Suscripciones Librería Universidad de los Andes Carrera 1ª No. 19-27 Bogotá, Colombia +57 1 339 4949, extensión 2071 http://libreria.uniandes.edu.co
Distribución Siglo del Hombre Editores Carrera 32 No. 25-46 Bogotá, Colombia +57 1 337 7700 www.siglodelhombre.com
H Canjes Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes Carrera 1ª Este No. 18ª-10 Bogotá, Colombia Edificio Franco, oficina GB-417 +57 1 339 4949, extensión 3036 colombiainternacional@uniandes.edu.co H La revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web. Colombia Internacional tiene una periodicidad cuatrimestral de publicación. El tiraje por número es de 300 ejemplares, y cada ejemplar tiene un costo de $ 20.000, sin contar costos de envío. La Revista se imprime en papel Holmenbook Creamy 60 grs, dimensiones de 15 cm x 22,5 cm. Este número tiene 236 páginas. La Revista se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2016