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Fallas de seguridad en aduanas
Tanto burócratas como la empresa Rapiscan Systems quien desde 2018 y hasta junio de 2020, se encargó de un sistema de detección con Rayos X precisamente en las aduanas han contribuido al desorden administrativo y operativo y por ello no disminuye el contrabando en puntos clave
Convertida en el brazo de persecución de la cuatroté, la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, denunció, en el último año, ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, a 47 funcionarios de aduanas por actos de corrupción y lavado de dinero.
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Por isRaeL MeNdoza PÉRez
FoTos: QUeHaceR PoLÍtico /ArCHIVo
La UIF además ha señalado nexos de 23 empresas con operaciones fiscales ilícitas. Sin embargo, a la fecha no se reportan órdenes de aprehensión contra estos funcionarios o los consorcios.
ENtRe Los seRvidoRes públicos denunciados al menos 10 son mandos y administradores aduanales que fueron destituidos en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Veracruz y Yucatán. Hasta ahora, ninguno ha sido castigado o detenido.
La corrupción en esa área estratégica es de tal magnitud que en julio en 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que los militares tendrían el control administrativo de los puertos y aduanas para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y la corrupción.
Por los dos años y medio de “servicio”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le entregó 3 mil 442 millones 78 mil 337 pesos, IVA incluido, a cambio de la operación y mantenimiento de equipos; la gestión de recursos humanos (dictaminadores); la transmisión, el almacenamiento y el análisis e interpretación de las imágenes generadas por los 42 equipos de rayos X de la marca Rapiscan, propiedad del SAT.
Derivado de diversas anomalías, el Servicio de Administración Tributarias encabezado por Raquel Buenrostro, la penalizó con 7 millones 562 mil 189 pesos.
Las deducciones fueron aplicadas por incumplir la disponibilidad, entrega y calidad del servicio, dio a conocer el propio SAT en respuesta a una solicitud de información.
La Secretaría de la Defensa Nacional estima que alrededor de 200 mil armas entran de contrabando al país cada año.
La empresa Rapiscan Systems quien desde 2018 y hasta junio de 2020, se encargó de un sistema de detección con Rayos X precisamente en las aduanas.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el SAT, entonces bajo el mando de Osvaldo Santín Quiroz, le asignó a la firma el contrato CS-300-AD-I-P-FC-069/17, a través de una adjudicación directa, para la proveeduría del Servicio de Dictamen de Imágenes de Revisión No Intrusiva.
Según da cuenta el expediente de la contratación, a través de una solicitud de cotización, el viernes 22 de diciembre de 2017, la Administración Central de Fideicomisos, pidió a Rapiscan enviar una propuesta económica y técnica en cuatro días naturales, es decir, el martes 26 de diciembre.
Rapiscan le hizo llegar su oferta y el 29 de diciembre, se le comunicó la asignación. El 12 de enero de 2018 las partes formalizaron el instrumento que tenía como principal objetivo fortalecer la seguridad nacional con la detección de armas, dinero o drogas.
La vigencia sería de enero de 2018 a enero de 2020, pero se firmaron dos convenios modificatorios, el CS-300AD-I-P-FC-069/17C01 y el CS-300-AD-I-P-FC069/17C02 para ampliar el plazo hasta junio de 2020.
Manzanillo, uno de los puertos por donde grupos criminales introducen precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.
A ello se agrega que el SAT permitió la subcontratación de personal. Según consta en el contrato, al no contar con personal dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para la prestación del servicio, Rapiscan manifestó que éste se proporcionaría a través de la empresa S2 Screening Solutions S de RL de CV.
Los objetivos eran claros y estaban plenamente identificados en las cláusulas del instrumento: fortalecer la seguridad nacional, con la detección de armas, dinero o drogas. Así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior, protección de la economía del país, la salud pública y el medio ambiente, impidiendo el flujo de mercancías peligrosas o ilegales hacia el territorio nacional.
La empresa no logró contener el tráfico ilícito de mercancías en las aduanas. La Secretaría de la Defensa Nacional estima que alrededor de 200 mil armas entran de contrabando al país cada año. Mientras que de acuerdo con la investigación judicial SZC/0011495/2018, de la que han dado cuenta diversos medios, al menos 80 mil vehículos habrían entrado al país de manera ilegal presuntamente por medio de una red de corrupción.
“Hemos tomado la decisión (…) de que aduanas terrestres y marítimas estarán a cargo de la Secretaría de Defensa y (de la) Marina, y lo mismo en los puertos (…) y se evite la introducción de drogas”, anunció en conferencia de prensa el presidente electo, el 17 de julio de 2020, un mes después de que concluyó el contrato con Rapiscan.
El anuncio del presidente se dio en el marco de una visita a Manzanillo, uno de los puertos por donde grupos criminales introducen precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo, destinadas al mercado estadounidense.
Pese a las evidentes fallas y omisiones de la firma que por al menos los dos últimos años tuvo en sus manos una tarea considerada como de seguridad nacional, fuentes del sector advirtieron que Héctor Sulaimán, empresario y presidente de la fundación de origen religioso Schoolas México, cabildea intensamente y por todos los medios posibles, a favor de Rapiscan para tratar de gestionar su regreso a los puntos fronterizos. P
Héctor Sulaimán, cabildea intensamente y por todos los medios posibles, a favor de Rapiscan.
