En el ‘limbo’ miles de subcontratados con recursos federales?

CON RECURsOs fEDERALEs?

SUbCONTRATADOS

Por isRaEL mENdoza PÉREz

FoTos: QUEHacER PoLÍtico/ArCHIVo

Se prohíbe la subcontratación, a menos que esté relacionada con servicios especializados o ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Con medidas desiguales entre el sector privado y público, en los últimos días de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se regula al outsourcing.

EN EL mismo, se incluyeron las reformas a la Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Código Fiscal de la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado, y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

De acuerdo con la mismas, se prohíbe la subcontratación, a menos que esté relacionada con servicios especializados o ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Las mismas ya entraron en vigor para el caso del sector empresarial, por lo que les dieron tres meses a partir del pasado 24 de abril, para apegarse a estas disposiciones; mientras que al sector público le brindó un año para ordenar a las compañías con las que subcontrata.

Como puede observar los plazos son más holgados para el caso de la administración pública federal, sin embargo, justo en este terreno hay importantes signos de alerta por excesos y abusos, en los que los más necesitados, son los más perjudicados.

Por ejemplo, el sector limpieza ha sido uno de los más solidarios e importantes de cara a la pandemia de Covid-19. Su labor es más importante que nunca, ya que ayuda a cortar las cadenas de contagio; por esta razón, también se colocan como población de riesgo, no es extraño que hayan sido señalados entre los primeros nichos susceptibles de recibir la vacuna contra el virus, aunque aún sea tarea pendiente.

Mientras tanto, continúan su labor al asistir día a día a dependencias como la Secretaría de Salud, que comanda Jorge Alcocer Varela, en donde se contrató para estos fines a Aseo Privado Institucional, por un monto de 407 millones de pesos para las instalaciones de la Ciudad de México, el cual perdurará hasta 2023.

Para su limpia son necesarios unos 889 afanadores, y se hace hincapié en la cifra porque al sumarlos con los comprometidos en otras instancias, superan por mucho a los que la empresa tiene contabilizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ahora bien, esta compañía vinculada en el sector con José Juan Reyes Domínguez también fue elegida en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La particularidad de este convenio es que se otorgó por adjudicación directa, modalidad de contratación que ha sido especialmente impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, misma que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha defendido al decir que no es ilegal, ni inmoral.

Así, el acuerdo comenzó vigencia del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2020, después de que se comunicó la decisión del organismo a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, emanada del proceso AD-CS-DNAFSRMS-259/2020.

Para su desarrollo se solicitó a 3 mil 167 trabajadores, motivo por el cual el monto mensual se fijó aproximadamente en 32 millones de pesos. Aunque posteriormente se amplió su plazo, por lo que permanecerá como proveedora hasta el 30 de junio de este año, según confirman fuentes del sector.

Hasta aquí, la suma va en 4 mil 056 colaboradores, todos ellos situados en dependencias estratégicas para la atención de pacientes con y sin la enfermedad. No obstante, Aseo Privado Institucional también fue elegida ganadora de otro convenio en una zona que, de igual forma, se ha colocado en el ojo del huracán debido al tránsito de personas que ahí se suscita.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dirigido por Jesús Romano García, donde el veredicto del 29 de abril de 2021, la favoreció con un acuerdo por 420 millones de pesos, a culminar el 30 de abril de 2023.

El sector limpieza ha sido uno de los más solidarios e importantes de cara a la pandemia de Covid-19

El carro fue completo, ya que debe limpiar las terminales 1 y 2, al disponer de una plantilla de mil 331 afanadores, mismos con los que el acumulado de la compañía asciende a 5 mil 387. Pero aunque todos los contratos exigen la debida afiliación en el Instituto que comanda Zoé Robledo, documentos a los que tuvo acceso este medio de comunicación revelarían una posible falta en este sentido.

Hasta el 7 de mayo anterior, el registro obrero patronal de Aseo Privado Institucional solo daba cuenta de 3 mil 098 empleados, por lo que se desconoce qué ha sucedido con los 2 mil 289 restantes, pues hay que recordar que no solo ellas y ellos dependen de la inscripción, ya que también están sus familias.

Tampoco hay que perder de vista que junto con el de la salud, se pierden otros derechos; y que si la empresa fue señalada por ser parte de un supuesto cártel de limpieza comandado por José Juan Reyes Domínguez.

De acuerdo con la descripción entregada a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que lleva Arturo Herrera, empresas como Cleanium, Servicios y Sistemas Institucionales, Aseo Privado Institucional, Comercializadora Morelos, Grupo Relissa Servicios Corporativos, Limpieza Jored y Servicios Inmobiliarios Iroa, suelen simular competencia en diversos procedimientos federales.

El modus operandi de las mismas consistiría en presentar propuestas económicas con pequeñas diferencias de precio; al coordinarse previamente, lograrían destacar a una de ellas como la más accesible.

Al momento, no ha habido respuesta por parte de la SHCP, no obstante que en el mismo documento también se aludió a que los trabajadores que sí son dados de alta, registrarían sueldos menores a los que perciben en realidad. Son muchas las alertas, pero pocas las respuestas, y todo se entrelaza con este esquema de contratación y su desarrollo en la administración federal. QP