¿ En el ‘‘limbo’’ miles de
subcontratados
con recursos federales? POR Israel Mendoza PÉREZ FOTOS: QUEHACER POLÍTICO/ARCHIVO
Se prohíbe la subcontratación, a menos que esté relacionada con servicios especializados o ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Con medidas desiguales entre el sector privado y público, en los últimos días de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se regula al outsourcing.
E
n el mismo, se incluyeron las reformas a la Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Código Fiscal de la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado, y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. De acuerdo con la mismas, se prohíbe la subcontratación, a menos que esté relacionada con servicios especializados o
ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Las mismas ya entraron en vigor para el caso del sector empresarial, por lo que les dieron tres meses a partir del pasado 24 de abril, para apegarse a estas disposiciones; mientras que al sector público le brindó un año para ordenar a las compañías con las que subcontrata.
Como puede observar los plazos son más holgados para el caso de la administración pública federal, sin embargo, justo en este terreno hay importantes signos de alerta por excesos y abusos, en los que los más necesitados, son los más perjudicados. Por ejemplo, el sector limpieza ha sido uno de los más solidarios e importantes de cara a la pandemia de Covid-19. Su labor es más importante que nunca, ya que ayuda a cortar las cadenas de contagio; por esta razón, también se colocan como población de riesgo, no es extraño que hayan sido señalados entre los primeros nichos susceptibles de recibir la vacuna contra el virus, aunque aún sea tarea pendiente. Mientras tanto, continúan su labor al asistir día a día a dependencias como la Secretaría de Salud, que comanda Jorge Alcocer Varela, en donde se contrató para estos fines a Aseo Privado Institucional, por un monto de 407 millones de pesos para las instalaciones de la Ciudad de México, el cual perdurará hasta 2023. Para su limpia son necesarios unos 889 afanadores, y se hace hincapié en la cifra porque al sumarlos con los comprometidos en otras instancias, superan por mucho a los que la empresa tiene contabilizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
