DE ZAR DE LA TRANSPARENCIA A EXTORSIONADOR

Acostumbrado a moverse bajo el amparo de una dependencia o supuesta asesoría legislativa, José Luis Moya encontró su modus vivendi en filtraciones carentes de solidez

Israel Mendoza P.

Foto: twItter

José Luis Moyá Moyá es conocido por algunos periodistas, funcionarios, legisladores y personas de relevancia pública a quienes constantemente se les acerca para compartirles información de su interés. Ante ellos se presenta desde hace años como “asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción”. También como “zar de la transparencia” porque supuestamente posee un récord de solicitudes de información.

Sin embargo, su historial ha sido cuestionado más de una vez. Cuando en 2014 los senadores le preguntaron a qué se dedica, de qué vive, y cuáles han sido sus últimos tres empleos, contestó sin pena que hay funcionarios que le pagan por fuera, con nombres falsos para cuidar que no haya actos de corrupción en las dependencias.

Agregó también que hay empresarios que lo contratan cuando se dan cuenta que una licitación está dirigida a determinada empresa. “Yo hago la solicitud de información y yo hago la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando un empresario participa en una licitación en el gobierno de la Ciudad de México se inconforma o presenta una denuncia en la Contraloría, automáticamente lo vetan”, señaló.

Ante tal afirmación el entonces presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero, le respondió tajante: “Eso es un delito”.

—Puede ser un delito, pero es una forma de combatir la corrupción, respondió

Estas declaraciones se dieron en medio de su comparecencia como aspirante a comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Pero ese sería solo un capítulo más de la debacle de Moyá Moyá. En 2006 Isabel Miranda Wallace lo denunció por intento de extorsión y difamación.

Olfatea dinero

En esa ocasión la también presidenta de Alto al Secuestro narró a los medios de comunicación que Moyá le pidió 250 mil dólares para no revelar que Hugo Alberto Wallace, desaparecido desde 2005, sostenía comunicaciones con ella.

Sobre esa acusación José Luis Moyá indicó que se trata de una venganza de la PGR en su contra, ya que según él, tenía pruebas de presuntos actos de corrupción en esa ependencia, lo que ha provocado la parálisis de la investigación.

Pero en días recientes Miranda de Wallace aseguró que, desde hace varios años, el supuesto zar de la transparencia se ha dedicado a extorsionar a diferentes políticos, empresarios y activistas como ella.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, recordó que "él se acercó cuando sucedió lo del secuestro de mi hijo, porque supuestamente quería darme ayuda".

Explicó que era vecino de su hijo y que después de unos días de conocerla le pidió que dejara a su pareja que trabajara con ella, algo que no aceptó Isabel Miranda. "Me pidió que metiera a trabajar a su pareja a mi oficina y me negué, porque el momento que vivía no me permitía tener a extraños en mi círculo cercano", aseguró.

Después de eso, detalló que Moyá Moyá le exigió 250 mil dólares para no perjudicar el caso que estaban investigando sobre el hijo de la activista. "Me amenazó con que conocía a muchos políticos y podía hacerme daño y también con que tenía amigos en la PGR y que entorpecería la investigación", acusó.

Isabel Miranda informó que ella no ha sido la única que ha sufrido un intento de extorsión por parte de José Luis Moyá Moyá. Dijo que también le sucedió a personas como el desaparecido Carlos Abascal o con el exfuncionario de la Ciudad de México, Joel Ortega, además de otros funcionarios.

Extorsión

Hace uno días, la empresa operadora de El Heraldo de México dio a conocer que denunció penalmente a José Luis Moyá Moyá por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro.

Según el documento, el ahora imputado contactó a directivos del periódico, primero vía telefónica y después de manera presencial para exigirles un pago mensual a cambio de no iniciar una campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra El Heraldo o las empresas relacionadas con Grupo Andrade.

Moyá Moyá habría amagado con supuesta- mente revelar información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a todas las empresas relacionadas con el Grupo, entre ellas Integra Arrenda.

Al no aceptar entregarle pago alguno, Moyá Moyá presentó denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, relacionada con los hechos de la denuncia iniciada por El Heraldo de México, con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo, como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal.

Tras darse a conocer la noticia, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró que se va a investigar exhaustivamente a José Luis Moyá Moyá.

En entrevista con Blanca Becerril a través de la señal de Televisión de El Heraldo Media Group detalló el caso lo está atendiendo la Coordinación de Delitos de Alto Impacto y advirtió que “este tema de la extorsión no podemos permitirlo como sociedad”.

Autoridadades

Además, se tiene conocimiento de que diversas autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública han recibido denuncias contra José Luis Moyá en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas a fines en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese tenor, revela la acusación que Continental Automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado a las autoridades hacendarias de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyá Moyá por la cantidad de poco más de 267 mil pesos.

Aunque Moyá Moyá ha negado las acusaciones, su oscuro historial es amplio. Según registros de la Secretaría de la Contraloría General en la Ciudad de México, fue inhabilitado como servidor público en dos ocasiones, primero en 2001, por la Dirección de Normatividad y Situación Patrimonial y después en 2007, por la Secretaría de Desarrollo Social.