SEPTIEMBRE 2020 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ by rafaguava

Septiembre 2020

Centroamérica y Panamá

Desde el año 2000, en Corporate Security Consultants ofrecemos servicios de seguridad integral en Centroamérica, comprometidos con los más altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes

Garantizamos la capacidad y dedicación de nuestro personal en los siguientes servicios

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Corporate Security Consultants Servicio de Estudios Guatemala, 12 de octubre de 2020

Lamentablemente estamos viendo que los peores pronósticos que este boletín ha venido haciendo en anteriores meses se están cumpliendo en los países de Centroamérica. Vemos en Belice cómo los robos se están multiplicando porque el duro golpe que ha recibido la economía del país ha hecho crecer el número de personas sin ingresos. Vemos cómo el descontento social se repite en manifestaciones en El Salvador, en Honduras y, con una violencia inusitada, en Costa Rica. Vemos cómo el crimen organizado, entre violentas disputas, mantiene y, en muchos casos, fortalece su creciente cuota de poder en Guatemala, Honduras o El Salvador. En Costa Rica y Panamá no se reduce el número de homicidios. Los presupuestos públicos de los estados para 2021 ya tienen previsto enfrentar un déﬁcit público ineludible que provocará una reducción del gasto y de la inversión pública. Los servicios públicos de seguridad y de justicia se verán afectados en mayor o menor medida en un momento que se prevé muy delicado para la economía. Las condiciones de seguridad necesarias para un desarrollo económico sostenible se verán afectadas por un incremento de los riesgos, principalmente en cuanto a las amenazas contra la propiedad, y por una previsible debilitación de las defensas. Estoy seguro de que resultarán útiles los análisis de Belice, de El Salvador y Costa Rica, el primero en cuanto a la repercusión social que la crisis económica está teniendo y cómo nos puede servir para vislumbrar en una pequeña escala lo que puede ocurrir, y de hecho ya está ocurriendo, en otros lugares de Centroamérica, y los de El Salvador y Costa Rica para comprender las duras repercusiones de la conﬂictividad social en un momento tan delicado. Espero nuevamente que este análisis sirva para tomar las mejores decisiones en su compañía.

Yuval Eliahou Chief Executive Oﬃcer Corporate Security Consultants, S.A

Contenido

Panorama de Datos y Noticias ............................................................................................6 Guatemala .........................................................................................................................6 Belice ................................................................................................................................17 El Salvador .......................................................................................................................20 Honduras .........................................................................................................................23 Nicaragua .........................................................................................................................26 Costa Rica ........................................................................................................................28 Panamá ............................................................................................................................34 Situación política ................................................................................................................37 Situación económica ..........................................................................................................40

Panorama de Datos y Noticias Guatemala La mayor parte de las restricciones impuestas para frenar la propagación de la Covid-19 han sido levantadas por el gobierno de Guatemala ante la apariencia de una leve mejoría en la evaluación epidemiológica, la sensación de que la población debe convivir con este riesgo y, sobre todo, debido a la necesidad del país de ponerse en marcha y afrontar ahora los efectos económicos de esta pandemia en el mundo y, particularmente, en Centroamérica.

Desde el punto de vista de la seguridad, los focos de tensión que pueden provocar hechos violentos y elevar el nivel de riesgo para los negocios también se han visto afectados directa o indirectamente por las alteraciones provocadas por la pandemia. Ésta y sus diversos efectos en la

seguridad nos mueven a analizar no solamente las estadísticas policiales usuales, sino también otros índices e informaciones. En el cuadro de incidentes acumulados de enero a agosto, que obtenemos a partir de las estadísticas policiales elaboradas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de la República de Guatemala1, comprobamos cómo en los tres índices que utilizamos habitualmente, homicidios, heridos por hecho violento y asaltos, se registran unos números significativamente menores que los correspondientes al mismo periodo de tiempo del año pasado. Ya lo hemos comentado anteriormente, la tendencia desde el 2016, como se ve en la gráfica, es descendente. Las medidas restrictivas de movilidad aceleraron la tendencia. Por otro lado, sí cabe destacar el hecho de que el número de homicidios supere al número de heridos por hecho violento en el año 2019, e incluso, ligeramente, en el 2020, ya que es uno de los indicios de que el crimen organizado, manifestado tanto en el tráfico de drogas como en las extorsiones, está tomando una posición predominante en la escala de criminalidad de Guatemala. Si nos fijamos sólo en la disminución de casos de homicidio, que es el crimen más difícil de esconder en las estadísticas policiales y, por tanto, el más fiable, observamos que de enero a agosto de 2019 la disminución fue del 3.2% respecto de 2018. La disminución entre 2019 y 2020 es del 32%, es decir, podríamos considerar que las restricciones de la pandemia, junto a las acciones policiales que ya se habían tomado antes de la declaración de pandemia han favorecido enormemente la reducción del crimen. Es un hecho incontestable que durante los primeros meses de restricciones se cometieron menos crímenes que con anterioridad. Sin embargo, no podemos decir que las condiciones de seguridad hayan mejorado ya que ese descenso de incidentes se debe, sin duda, a una circunstancia temporal. Si nos fijamos en la evolución de incidentes mes a mes, en el siguiente cuadro, vemos que ese descenso de incidentes, si bien muy significativo de marzo a mayo, comienza a alcanzar números preocupantes, superiores a 200 homicidios, a partir de junio.

Reporte estadístico agosto 2020 (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Guatemala)

Por otro lado, las secuelas de la pandemia, como explicamos a continuación, implicarán más riesgos y éstos, previsiblemente, redundarán en un deterioro de las condiciones de seguridad del país. Hay que advertir en el país de dos inquietantes focos de tensión que ya están ocasionando consecuencias negativas para la seguridad y, en algunos puntos, una desmesurada actividad criminal. En ambos, el narcotráfico y la conflictividad social, de manera directa e indirecta, han incidido las especiales circunstancias provocadas por la pandemia, como ya es de esperar en casi todas las actividades sociales. Un cúmulo de factores desestabilizantes entre los distintos grupos de poder en el oriente del país, cárteles de narcotraficantes, grupos sociales o comunitarios, grupos de intereses económicos y políticos, entre otros, son seguramente la causa de la extraordinaria actividad

criminal en esa área del país, donde se ha registrado un incremento muy preocupante de homicidios1.

Si en el cuadro general de la evolución de incidentes criminales encontramos un descenso de los mismos, en el Departamento de Izabal, en contraste con otros departamentos, la incidencia acumulada de hechos criminales es superior a la de 2019. Este comportamiento es completamente anómalo y no se corresponde con la evolución general de otras regiones del país. Las razones ya las hemos apuntado, de manera indirecta la crisis de la pandemia ha afectado el mercado de estupefacientes y la acumulación de intereses enfrentados en el área, que ya ha sido objeto de medidas urgentes de excepción en los últimos años, se ha sumado a los efectos de la pandemia, agravando la tensión e inseguridad de la zona.

Silencio institucional ante aumento de homicidios en Izabal (El Periódico, GUA)

Ya hace algunos años que el territorio de Centroamérica se convirtió en la principal ruta de la cocaína1,2 desde Sudamérica, donde sigue cultivándose y produciéndose3, hacia los EE.UU. También se utiliza, en ocasiones, algún punto de esta ruta como nudo de transbordo para su traslado a Europa4,5. Es también un hecho contrastado que el consumo interno ha aumentado en Centroamérica6 y en México, por lo que, aun sin datos oficiales, no es difícil concluir que el tráfico aumenta porque se trata de una boyante actividad económica con muy lucrativos márgenes, útiles para comprar voluntades y capaces, al mismo tiempo, de provocar cruentas disputas para mantenerse en el negocio. La implantación de poderosos cárteles en la región oriental de Guatemala perjudica el desarrollo regular de la economía porque el dominio que los cárteles ejercen sobre el territorio puede anular, como así ocurre en algunas áreas, el dominio del estado y, por lo tanto, desaparece la seguridad jurídica que deberían otorgar las instituciones. Desarrollar una actividad mercantil en una zona dominada por un cártel del narcotráfico exige una atención permanente para no generar choques de intereses. Por otro lado, y aunque el narcotráfico no suele entrometerse en otros negocios mientras no interfieran en el suyo y en las zonas donde está implantado suele existir una calma, aunque tensa, real, al ir desapareciendo el estado, se abren las puertas para una delincuencia sumisa al narcotráfico y al mismo tiempo ajena, cuyas acciones pueden perjudicar la regular actividad mercantil. Hay que recordar que en un municipio de Izabal se han disparado alarmantemente los homicidios, nos referimos a Los Amates, que se encuentra en la vía interoceánica de Guatemala que va desde el Puerto San José en el Pacífico hasta Puerto Barrios en el Atlántico.

2019 National Drug Threat Assessment (DEA, EE.UU.)

Tráﬁco de cocaína por Centroamérica hacia Europa y EE.UU. aumenta, revela informe (Prensa Libre, GUA)

Caída de cultivos de coca en Colombia no afectó aumento en producción de cocaína (InSight Crime, Colombia)

Policía investiga de qué zona del país salieron 4.5 toneladas de cocaína incautadas en Holanda (TeleTica, CR)

Entre piñas pretendían trasladar una tonelada de cocaína a Holanda (Once Noticias, HON)

Guatemala ha bajado la guardia para prevenir el consumo de drogas (Prensa Libre, GUA)

La narcoactividad y el peligroso entorno que la rodea constituyen el primer foco de una violencia que se ha desatado en gran parte por los desajustes provocados por un mercado alterado por la pandemia reflejados en los intereses particulares del oriente de Guatemala. El otro foco, del que ya hemos recogido indicios y que, seguramente, se convertirán en problemas, si no hay una actuación efectiva que los enfrente, lo podemos situar en la conflictividad social, entendiendo por conflictividad no solamente las grandes concentraciones de grupos o estratos sociales en áreas urbanas, sino cualquier conflicto provocado por esta distorsión económica que está haciendo que muchos trabajadores y pequeños empresarios hayan perdido sus ingresos. Las grandes aglomeraciones son lo llamativo, las movilizaciones de universitarios sólo son un síntoma1. Ya hablamos en otra ocasión del riesgo de conflictividad causada por la falta de ingresos del transporte público para adaptar el negocio a las nuevas circunstancias y después de varios meses con una paralización de la actividad y pérdida de ingresos2. Pero lo preocupante puede ser, si no hay una recuperación económica o incentivos económicos efectivos, la gran masa de población sin ingresos ni esperanzas de conseguirlos. A estas causas de conflicto, por su cercanía, podemos añadir las manifestaciones relativas a determinadas políticas relativas al control de la pandemia y sus consecuencias3. Haremos, en esta ocasión, un comentario sobre las repercusiones en las fronteras como consecuencia del desajuste general provocado por la pandemia. El celo de las autoridades por reforzar las fronteras ante la propagación de la enfermedad, en un principio al menos, se enfrentó con los intereses de narcotraficantes, contrabandistas y mercaderes de personas que, desde entonces, han querido aprovechar las recientes oportunidades y sortear las nuevas circunstancias para obtener beneficios en medio de un mercado golpeado por las restricciones. No es una anécdota que el Ministerio Público haya intensificado sus actividades en los aeropuertos de Petén y Quetzaltenango4.

Estudiantes universitarios bloquean el paso hacia el Congreso (El Periódico, GUA)

Descartan aumentar tarifa al transporte extraurbano por falta de estudios técnicos (Prensa Libre, GUA)

Pobladores de Puerto Barrios muestran indignación por ﬁesta en discoteca (República, GUA)

MP abre agencias para investigar crimen organizado en terminales aéreas de Petén y Quetzaltenango (Prensa Libre, GUA)

Destacaremos tres actividades delictivas de grave repercusión sobre las condiciones de seguridad y sobre la imagen general del país y, en consecuencia, sobre las condiciones para desarrollar negocios; por un lado, la trata de personas. La frontera se vuelve un instrumento de presión para el tratante. Las restricciones de movimiento refuerzan ese instrumento. Las víctimas suelen ser explotadas en países ajenos a los suyos, donde pueden sentir mayor debilidad e indefensión, miedos que utiliza el delincuente para socavar la voluntad de la víctima. Menores y mujeres que ingresan en Guatemala por los límites con Honduras son explotados en cualquier lugar del país. En los meses de agosto y de septiembre se desarticularon organizaciones en el último destino de las víctimas, en Huehuetenango, cerca de la frontera con México1. Llegar a los EE.UU. suele ser parte de una prometida recompensa para comenzar el proceso de trata o de un chantaje continuado para mantenerlo. Podrían reaparecer o surgir nuevas bandas de secuestradores. El secuestro fue un delito habitual y con grandes incentivos para el delincuente en los años 90, pero hoy las circunstancias son muy diferentes por el desarrollo de los medios de comunicación y, sobre todo, por la adecuada especialización de la unidad contra secuestros de la Policía Nacional Civil. En Chiquimula, en la frontera con Honduras se celebró el mes de septiembre una reunión entre el Vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, funcionarios de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y autoridades municipales2, precisamente para tratar de un delito que se está repitiendo con demasiada frecuencia debilitando así, las condiciones de seguridad, principalmente en las áreas fronterizas. Las sucesivas caravanas que se han ido formando en Honduras para cruzar Guatemala, añadir a los emigrantes que quieran sumarse, cruzar México e intentar llegar a los EE.UU. se convierten en un multiplicador de los riesgos de trata de personas, narcotráﬁco y delincuencia común. Otra de las actividades afectada igualmente por las restricciones y que se ha tenido que reinventar buscando vías alternativas para continuar operando es el contrabando que sigue

PNC reporta 8 capturas y el rescate de dos menores de edad en operativo contra la trata (La Hora, GUA)

Vicepresidente y Svet abordan tema de la trata de personas con alcaldes en Chiquimula (La Hora, GUA)

causando enormes pérdidas a las empresas y al fisco guatemalteco1. La pandemia, por ejemplo, ha hecho que crezca la demanda de medicinas y las organizaciones contrabandistas trafican con medicamentos que, al no contar con las garantías de las instituciones sanitarias del país, pueden causar graves daños ya no sólo a la economía, sino a la salud2. La última actividad delictiva afectada por las restricciones en las fronteras que también ha debido adaptarse a las especiales nuevas circunstancias es el narcotráfico del que ya hemos hablado al inicio de este análisis. Debemos mencionar que, aunque prevista, no deja de ser una notica negativa la inclusión de Guatemala entre los países clasificados en una lista de la Casa Blanca de los EE.UU., elaborada por el Departamento de Estado, en la que se enumeran los principales países de producción y tráfico de estupefacientes3. Respecto de la evolución de las extorsiones en Guatemala, que parecieron mitigadas al comienzo de la pandemia, todos los indicios señalan que se ha recuperado la dinámica previa a las restricciones. Es cierto que la estrategia de seguridad del gobierno comenzó el año con buen pie, que las restricciones de la pandemia, de algún modo, favorecieron este combate al poner un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad en la calle, que se han continuado realizando operativos contra las organizaciones extorsivas tanto fuera4 como dentro de las cárceles5, pero también es cierto que la irrupción del coronavirus trastocó radicalmente los planes del gobierno y que los grupos criminales, lejos de desistir en su empeño por sustituir al estado, continúan consolidando y expandiendo su dominio, principalmente en las áreas urbanas del país. A medida que las restricciones se han relajado, las denuncias por extorsión han

Contrabando de maíz: 50 vehículos entran a Guatemala diariamente con producto ilegal por tres puntos (Prensa Libre, GUA) 2 Allanan inmuebles por expendio de medicamentos presuntamente ingresados de contrabando a GT (La Hora, GUA) 3 Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2021 (White House, EE.UU.) 1

Capturan a ocho personas vinculadas con extorsión en Villa Nueva (República, GUA)

Reos de la Granja Penal Canadá tenían 21 antenas receptoras de señal telefónica y de internet (Prensa Libre, GUA)

aumentado1. La realidad nos muestra a las organizaciones criminales que rebajaron su nivel de exigencia al ver que la actividad económica imposibilitaba a sus víctimas satisfacer las cantidades exigidas. Por ejemplo, el transporte público ha estado meses sin operar y, por lo tanto, sin generar ingresos. El extorsionador era consciente de la imposibilidad de extorsionar a una empresa sin actividad.

Igual que hicimos el mes pasado, queremos mostrar un cuadro con los datos acumulados de enero a agosto de denuncias por robos en residencias y en comercios. La tendencia descendente que estos delitos habían tomado prácticamente desde 2016 se ha roto este año. Ya lo hemos advertido, pero no nos cuesta reiterar que las circunstancias económicas después de esta 1

Las denuncias de extorsión aumentan junto con la reactivación del país (Prensa Libre, GUA)

súbita depresión y el duro golpe a la estructura social que esta crisis puede provocar si se alarga en el tiempo propician que se eleve el riesgo de ataques contra la propiedad. Sólo echar un vistazo al cuadro nos indica la alerta sobre este riesgo que es real y que está empezando a dejar unos números pesimistas y que evidentemente nos avisa de la necesidad de articular una defensa efectiva sobre el patrimonio empresarial y las viviendas.

Finalmente, no queremos dejar de mencionar las noticias de los últimos meses relacionadas con secuestros. El secuestro en Guatemala, como hemos mencionado más arriba, en sus diferentes variantes, tuvo bandas especializadas, que incluso se repartían ciertas potenciales víctimas, en la última década del siglo pasado y los primeros años del actual. Los tiempos cambiaron, las maras irrumpieron en el panorama criminal de la región y, también muy importante, las policías capacitaron cuerpos especializados contra los secuestros cuyas actuaciones ayudaron enormemente en la reducción de este delito. En los últimos meses hemos registrado algunas noticias de secuestros que deben llevarnos a la reﬂexión. Las especiales circunstancias sociales que dejan la crisis económica y el tiempo transcurrido con una muy baja

incidencia del delito cuyas bandas ejecutoras permanecen latentes con sus miembros separados o dedicados a otras actividades, muchas veces delictivas, pueden intentar nuevamente una actividad criminal que, aunque hoy pueda enfrentar mayores diﬁcultades, fue altamente lucrativa para algunas de las bandas. La mayor parte de los secuestros en Guatemala están relacionados con la trata de personas, pero hay casos como el caso del joven asesinado en Santo Domingo, Jalapa1, cuto objetivo parece que era la obtención de un rescate. Conviene estar alerta, evitar recorridos rutinarios, lugares desolados o incluso buscar consejeros especializados en seguridad para modiﬁcar algunos hábitos o modos de actuar que pueden facilitar la selección del secuestrador.

Matan a hombre que fue secuestrado en Jalapa y por quien habían pagado Q25 mil de rescate (Prensa Libre, GUA)

Belice Belice es un escenario idóneo para comprobar fácilmente la evolución de la depresión económica que ya asola a gran parte del mundo, y en particular a los países de Centroamérica. Su tamaño, la población y, sobre todo, la excesiva dependencia de determinadas fuentes de ingresos no diversificadas son quizá un modelo algo exagerado con similares características a las de los países del entorno. Su tamaño es apropiado para comprobar fácilmente el juego de efectos que la crisis puede causar en otros países. En el caso de Belice, prácticamente ninguna de sus principales fuentes de ingreso puede aprovechar las oportunidades que deja una pandemia1 y, sin embargo, son susceptibles de sufrir la mayoría de sus efectos perniciosos. El duro golpe económico, que todavía no ha concluido, obliga al estado a volcarse en la recuperación e impulso de la economía. Esta tarea la emprende el estado hasta donde pueda llegar y con los recursos que pueda conseguir. El endeudamiento, ya de por sí alto en Belice, parece que será la única salida para sortear los embates de esta crisis. Los países pequeños y con vínculos comerciales débiles sufrirán más que los grandes por el grado de dificultad que pueda tener su financiación, que ya se hace imprescindible. El gobierno de Belice se ha lanzado al auxilio de una población golpeada especialmente por el desempleo. La paralización económica, la cancelación de viajes y servicios turísticos ha provocado un aumento extraordinario de las cifras de desempleados a los que el estado está auxiliando con miles de subsidios2,3. Esto devendrá en un mayor déficit presupuestario y seguramente en una mayor dificultad de financiación. Es muy difícil predecir ahora mismo cuánto durará la depresión económica de la que sólo estamos viendo el comienzo. Lo que parece claro es que una economía como la de Belice, y esto se

Ni siquiera la exportación de productos agrícolas pudo aprovechar el momento de demanda en la primera mitad de 2020 (Statistical Institute of Belize) 1

Over 30,000 applications approved for COVID-19 Unemployment Relief (BBN, BEL)

Over 40,000 applications approved for COVID-19 unemployment relief (BBN, BEL)

puede extender, con algunas reservas, a los demás países de Centroamérica, verá debilitado su estado y, por tanto, la calidad de sus servicios públicos, no sólo los primeros que vienen a la mente de sanidad, educación, transporte etc. sino también los de seguridad, que nos interesan especialmente. Los integrantes de las grandes bolsas de población en niveles de subsistencia verán disminuir sus oportunidades y perderán ingresos, motivo por el cual es fácilmente previsible el incremento de los delitos contra la propiedad. Obviamente, en sociedades donde no es muy difícil conseguir armas, como los países de Centroamérica, este tipo de delitos contará con su uso, y así lo estamos viendo ya en Belice con asaltos en viviendas1,2 y comercios3,4 o entidades financieras5, pero también asistiremos a muchos ataques contra la propiedad en modo de hurtos de mayor o menos cuantía y pequeños robos que conlleven un daño de las propiedades. Hay casos significativos, que pueden encontrarse sin dificultad en los otros países centroamericanos y que, seguramente, se multipliquen en los próximos meses, como el robo de $15.00 a un vendedor de tamales que de algún modo fue defendido por un pintor vecino, el cual atacó con su caballete a los ladrones de tan exiguo botín. Del mismo modo se empiezan a encontrar casos de hurtos de alimentos en las tiendas de Belice City y de otros centros urbanos. Aunque el Belize Crime Observatory ha dejado de suministrar estadísticas policiales en informes mensuales regulares, es un hecho que, como consecuencia de la pandemia, el número de homicidios descendió, pero da la impresión de que las actuaciones de las bandas criminales han vuelto a manifestarse como lo hacían con anterioridad a la pandemia6,7. Las condiciones de seguridad de Belice, ya de por sí precarias, se han deteriorado con más rapidez a causa de la

Elderly woman in Placencia robbed at gunpoint in her own home (BBN, BEL)

Three armed men rob a woman at her home in Orange Walk (BBN. BEL)

Three armed thieves rob Supply Plus distributors (BBN, BEL)

Community Supermarket in Corozal robbed at gunpoint last night (BBN. BEL)

MoneyGram’s San Pedro branch robbed (Amandala, BEL)

Armed Thieves Fire at S.P.U. Police in Arenal (News5, BEL)

One dead, one injured in Hattieville shooting (Amandala, BEL)

pandemia. Las perspectivas, si no se realiza una adecuada gestión de esta crisis, muestran una debilitación de las instituciones que pondrá en peligro la seguridad y la economía del país.

El Salvador El inicio del mes de septiembre trajo una bomba informativa sobre las relaciones entre el gobierno y la mara Salvatrucha que todavía se está digiriendo en El Salvador, a pesar de que la mayoría de los salvadoreños barajaba las sospechas de que existía algún tipo de acuerdo entre el gobierno y las maras. Todo lo que ha rodeado a la política de seguridad del presidente Bukele ha estado, desde el principio, rodeado de un aura de espectáculo o, al menos, de sobreactuación en los canales de comunicación con la sociedad. Un renombrado plan con fases clasificadas, la mezcla de presos de maras rivales en los presidios, una ráfaga de fotografías con multitud de internos de esos presidios semidesnudos y exhibiendo tatuajes y crudos rostros marcados por la violencia, ocultación de las estadísticas policiales y anuncios constantes de que los números demostraban la eficacia del Plan Control Territorial, todo esto ha sido la parte más divulgada de la política de seguridad del presidente Bukele desde junio de 2019. Y en septiembre de 2020, el periódico digital El Faro publica un reportaje de investigación en el que se aportan documentos oficiales1 que atestiguan reuniones entre miembros del gobierno y miembros de la mara Salvatrucha2. Las evidencias presentadas y la insistente negativa del gobierno de haber negociado con delincuentes han dejado un reguero de comentarios, tanto dentro como fuera del país, que avivan discusiones y puntos de vista enfrentados. La extrema polarización de la sociedad perjudica una estabilidad más que necesaria en estos momentos, como ha señalado el embajador de los EE.UU. en El Salvador, Ronald Johnson3. No es menos preocupante la debilidad en que queda la economía salvadoreña tras el severo golpe de la pandemia, con una caída de más de 70,000 empleos en la economía formal y un número creciente de jóvenes buscando un primer empleo4, un drástico desplome de la actividad

"Ellos (MS-13) están seguros que se van a apoderar del país por la política": los documentos que prueban la tregua entre Gobierno Bukele y Mara Salvatrucha (La Prensa Gráﬁca, SAL) 1

Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral (El Faro, SAL)

Preocupación por alta polarización en el país (La Prensa Gráﬁca, SAL)

127,000 salvadoreños buscan empleo en la economía más deteriorada de Centroamérica (El Salvador.com, SAL)

productiva en el país, reflejado en una caída prevista del 8.5% del PIB1 y que ya se está dejando sentir en una recaudación fiscal disminuida2 que provocará una déficit presupuestario que deberá suplirse con deuda pública3, probablemente mayor que la anunciada. Las carencias a las que se verá abocado el gobierno ya están empezando a sentirse en la calle en forma de manifestaciones del descontento de la población4,5,6. Los recortes presupuestarios, planificados para el próximo año, ya están causando dificultades de pago hasta en las instituciones encargadas de la seguridad7 y parece que afectarán a la actividad corriente de instituciones imprescindibles para la fiscalización de la acción política o, incluso, una tan importante en la lucha contra el crimen como la Corte Suprema de Justicia8. Este cúmulo de circunstancias adversas afecta cada vez en mayor grado a una importante parte de la población que, como ya indicamos anteriormente, en algunos casos se verá abocada al hurto y al robo de bienes básicos9. Del mismo modo, los mercados informales de estos bienes básicos que frecuentemente son producto del contrabando y de robos perpetrados por organizaciones criminales10 se verán incentivados por el aumento de una demanda cada vez mayor de personas que ven disminuidos sus ingresos. Si las sospechas de acuerdos entre las organizaciones criminales y el gobierno se revelan ciertas, la muestra de debilidad institucional que esto significaría, unida a la debilidad económica causada por la pandemia pueden acercar al país al precipicio de la pérdida de institucionalidad, es decir, acercarse a la pérdida de estado en el sentido moderno. El poder excesivo de las

PIB caerá -8.5% en 2020, la mayor caída desde la guerra civil (Diario1.com, SAL)

Recaudación ﬁscal cae 10.7% hasta agosto (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Gobierno de El Salvador presenta presupuesto con $1,027 millones de deuda (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Empleados municipales salvadoreños cierran carreteras en protesta por fondos (Forbes Centroamérica)

Decenas de agricultores bloquearon carretera Panamericana en protesta por falta de atención gubernamental (La Prensa Gráﬁca, SAL) 5

Empleados judiciales y legislativos sin salario de septiembre porque Hacienda no ha transferido los fondos (la Prensa Gráﬁca, SAL) 6

PNC adeuda $296 mil a 766 nuevos sargentos (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Entes de control con bajo presupuesto para 2021 tras recortes promovidos por Gobierno (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Denuncian hurtos en los mercados (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Denuncian hurtos en zona comercial (La Prensa Gráﬁca, SAL)

organizaciones criminales en todo el territorio de El Salvador y su pulso contra un estado cada vez más débil parece que están poniendo contra las cuerdas a un gobierno que llegó con muy elevadas esperanzas y que todavía mantiene una alta valoración popular, pero que hoy está enfrentado con las propias instituciones del estado1,2, con medios de comunicación3 o con algunos acuerdos regionales4, incluso con la Millennium Challenge Corporation que tiene pendiente una ayuda al desarrollo en El Salvador de unos $300 millones5. En resumen, dos hechos son ciertamente preocupantes en El Salvador y pueden alterar de manera negativa las condiciones de seguridad del país: la fuerza evidente de las organizaciones criminales y la debilidad del estado. No prestar la debida atención a la evolución de ambos factores puede llevarnos a descubrir un estado degradado cuando no haya tiempo suﬁciente para recuperarlo.

Ministro de Seguridad desatiende llamado de diputados por tercera vez para explicar el Plan Control Territorial (El Salvador.com, SAL) 1

Jueces denuncian violaciones a independencia judicial por Nayib Bukele (Forbes Centroamérica)

Bukele eleva su confrontación con medios de El Salvador (En Segundos, PAN)

El Salvador se queda fuera del Acuerdo de Escazú (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Funcionario: Ayuda de EEUU a El Salvador está en riesgo (AP, EE.UU.)

Honduras Las manifestaciones de transportistas en el país acompañadas de bloqueos de carreteras, generalmente con algunos episodios violentos, obligaron al gobierno a autorizar la reanudación de los servicios de transporte. Es cierto que las restricciones de movimiento perjudican la economía del país, pero las decisiones tomadas parecen al menos precipitadas, cuando no erráticas. La realidad es que cualquiera de las decisiones posibles no contentaría a todos y, finalmente, un sector, el del transporte de pasajeros que llevaba más de seis meses paralizado, ha logrado un acuerdo quizá necesario, pero que debilita aún más al gobierno, por cuanto se le obligará a incrementar la subvención al transporte1. El capítulo del transporte es solo un ejemplo de cómo se está afrontando la crisis en Honduras. El gobierno del presidente Hernández viene mostrando una gran debilidad en la toma de decisiones y esto se refleja también en lo que respecta al mantenimiento de las condiciones de seguridad y, particularmente, en el enfrentamiento del gobierno con el crimen organizado. Da la impresión de que la pandemia y sus restricciones frenaron la escalada de homicidios y actos violentos en Honduras2 y esto podría defenderse con los números de las estadísticas policiales3, pero no se puede decir que este descenso se deba a una mejora de las condiciones de seguridad en el país. Incluso parece que este lapso de tiempo ha servido para el fortalecimiento de los grupos crimínales4 y, cuando se han reducido las restricciones, no se ha observado una mejora sustancial en el capítulo de homicidios. Si nos fijamos, por ejemplo, en la línea de los homicidios desde el 4 de septiembre al 4 de octubre podemos comprobar gráficamente que la tónica es la misma y que no se observa ningún un cambio de tendencia. Los números son reales, la criminalidad ha descendido durante los momentos de confinamiento, como ha ocurrido en la gran mayoría de los países, pero una vez que las

Transporte se habilita la próxima semana con el 100% de pasajeros (La Prensa, HON)

Honduras: La pandemia del covid-19 frenó un año que avizoraba ser muy violento (El Heraldo, HON)

Policía registra más de 2,000 homicidios en lo que va de 2020 en Honduras (La Prensa, HON)

Las maras y pandillas se reorganizaron y ganaron territorio en Honduras durante el conﬁnamiento, aﬁrma Hugo Maldonado (Televicentro, HON) 4

restricciones han terminado, los homicidios han retomado el trágico ritmo que tenían antes de la pandemia.

La mayoría de los homicidios están relacionados con el narcotráﬁco, por luchas entre grupos o represalias por tumbes o robos de cargamentos, o con las luchas entre las pandillas o maras por el control de su territorio o por simples venganzas1. Las cifras de homicidios en Honduras son demasiado altas para que una pequeña amortiguación durante la cuarentena pueda servir para determinar la mejora de las condiciones de seguridad. Por su parte, las secuelas de la crisis sanitaria y económica y el desgaste ya excesivo del gobierno no dan ninguna señal positiva para pensar que dichas condiciones mejoren. Los grupos criminales utilizan muchas veces en sus acciones uniformes militares o de la policía y de ese modo logran acercarse más a su objetivo sin llamar la atención o despistando

Hallan dos cadáveres encostalados en una cañera de San Manuel, Cortés (El Heraldo, HON)

sobre las intenciones del grupo1. Así ha actuado tanto la mara Salvatrucha como la mara Barrio 18 para cometer homicidios en disputas internas o entre grupos enfrentados. También han empezado a utilizar este método para cometer robos2. La crisis económica reduce la capacidad de las habituales víctimas de la extorsión para satisfacer la “renta” y los grupos criminales buscarán otros objetivos y otras fuentes de ingresos. Las condiciones de seguridad en Honduras están seriamente deterioradas y las perspectivas que podemos dar para los próximos meses son claramente negativas.

Con indumentaria militar capturan a tres supuestos sicarios de la pandilla 18 (El Heraldo, HON)

Sujetos vestidos como militares roban tres millones de lempiras a distribuidora de alimentos (La Prensa, HON)

Nicaragua El gobierno de Nicaragua no tomó medidas de restricción especiales contra la pandemia de Covid-19, sin embargo, es muy posible que la política de liberación de presos vaya en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad en las prisiones1. Se calcula que durante 2020 casi 7,000 presidiarios con condenas ﬁrmes obtuvieron la libertad condicional, aparentemente a modo de gracia, ya que más 1,600 se liberaron poco antes del aniversario de la revolución, 2,800 el día antes del día de la Madre, 1,700 en Semana Santa y 800 el 12 de septiembre2. El Consejo Superior de la Empresa Privada ha reclamado medidas de seguridad ante la ola de asaltos y el elevado índice de robos y hurtos en Nicaragua3 y ha culpado al gobierno de su política de liberación de presos. El deterioro de las condiciones de seguridad en Nicaragua viene de atrás. En abril de 2018 las protestas populares contra varias decisiones del gobierno sandinista relativas a la reforma del seguro social y la represión de la policía contra dichas manifestaciones fue, si no un inicio, sí una fecha clave para comprender el desgaste del gobierno y sus repercusiones en la seguridad. Esas protestas y su represión tuvieron como consecuencia una mayor inestabilidad social con consecuencias directas en la economía del país. El consiguiente aumento de la pobreza es otra de las causas del incremento de robos. El principal efecto de la pandemia en Nicaragua ha sido económico y de pérdida de empleo. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) preveía una pérdida de entre 25,000 y 89,000 puestos de trabajo en 20204 y, probablemente, la cifra más pesimista se quede corta debido a la persistencia de la crisis no ya en Nicaragua, sino en todo el mundo5.

Incertidumbre por supuestos casos de Covid-19 en la cárcel La Modelo (La Prensa, NIC)

Gobierno de Nicaragua saca de la cárcel a más de 800 reos con condenas ﬁrmes (La Tribuna, HON)

Sector empresarial asocia ola de asaltos en Nicaragua a la ineﬁciencia policial y liberación de presos comunes (100% Noticias, NIC) 3

ONG alerta que 2,4 millones de nicaragüenses terminarán en la pobreza en 2020 (Efe, España)

La recuperación de la crisis del COVID-19 será más larga y lenta de lo previsto, advierte la CEPAL (ONU Noticias)

Si a estas circunstancias se le suma la liberación de presos de este año, el resultado no es difícil calcular. La inseguridad en Nicaragua está afectando directamente a una población sorprendida1, pero también lo está sufriendo la iniciativa empresarial. El 21 de septiembre, un grupo de delincuentes armado con cuchillos robó de una oﬁcina-caja de remesas la cantidad de $5,800.00 además de otros bienes materiales2. En la primera quincena del mes de septiembre se han producido repetidos asaltos en comercios de Managua por individuos que se movilizaban en pickup y que amenazaban a los dependientes con armas de fuego3. El 3 de octubre un grupo de delincuentes mucho mejor organizado sustrajo a punta de pistola productos de telefonía en una tienda de Managua4. La mayoría de estos asaltos es evitable con estrategias de prevención. Lamentablemente la previsión para los próximos meses apunta a que este tipo de incidentes se repita y se multiplique.

Tres de cada diez nicas son víctimas de asaltos: crece clima de inseguridad (Conﬁdencial, NIC)

Tres sujetos asaltan casa de empeño en Managua y se llevan más de 180,000 córdobas y 700 dólares (La Prensa, NIC)

Armados roban gasolinera en Linda Vista, Managua (La Prensa, NIC)

Delincuentes roban 25 mil dólares en productos y accesorios en tienda de celulares (La Prensa, NIC)

Costa Rica La conflictividad social continuada ha sido el incidente más destacable que ha afectado a las condiciones de seguridad del país, junto con el aumento en el número de los delitos contra la propiedad que comentamos el mes pasado y que ligeramente han aumentado también este mes de septiembre. El incremento de homicidios en las áreas en que se está haciendo fuerte el crimen organizado es un motivo de preocupación más antiguo, pero no menos importante. Si Costa Rica enfrentó de un modo muy eficaz la primera ola de la pandemia, el número de contagios sorprendió en la segunda ola por la rápida propagación de la enfermedad. La respuesta médica, sin embargo, está siendo efectiva y la tasa de letalidad, aunque ha subido en relación a la primera ola, se mantiene en un nivel satisfactorio, entendiendo que hay una contención de fallecimientos, siendo éstos siempre lamentables. La segunda ola no parece haber terminado, pero ya podemos decir que, aparte de las consecuencias en la salud, la economía del país, ya lastrada por un excesivo déficit, va a sufrir, como ocurre en todos los países, por el exceso de gasto y la caída en la recaudación. La solución será el endeudamiento de las finanzas públicas y el gobierno de Costa Rica ha sido, por necesidad, ágil en intentar solucionar un problema de liquidez inevitable. Se presentó un preacuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional por 1,750 millones de dólares con unas exigencias de austeridad que parece que terminarían con algunos de los beneficios sociales de los que actualmente goza la población costarricense1. Ese ha sido el motivo principal de las acciones de protesta de la población en las calles de San José y de diversos actos de bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país2,3. El presidente Alvarado anunció el 4 de octubre en un mensaje televisado a la población, ante la avalancha de manifestaciones en las calles y carreteras, que el gobierno abre un tiempo de diálogo para buscar soluciones a la crisis de financiación del país. La solución es muy difícil y contentar a la población y a los acreedores se presume una muy ardua operación que ya ha acarreado hechos violentos en diversos lugares del país. Los bloqueos han afectado de manera negativa al transporte de carga internacional y a la actividad económica tan necesitada de recuperación y estabilidad en estos momentos4.

Manifestantes contra acuerdo con el FMI toman la Avenida Central (El Mundo, CR)

Transportistas cierran pasos fronterizos en norte y sur del país (La Nación, CR)

Costa Rica: tres días de protestas contra posible acuerdo con FMI (Deutsche Welle, Alemania)

Presidente de Costa Rica retira acuerdo con el FMI tras violentas protestas (En Segundos, PAN)

Como ya hemos indicado, la reacción sanitaria del país ante la epidemia ha sido positiva, pero ha generado un costo adicional por el gasto extraordinario de los servicios públicos. Ahora el gobierno debe buscar soluciones para la falta de liquidez, soluciones que pueden pasar por una extremada austeridad y un rápido empobrecimiento o por más deuda pública y un periodo de austeridad largo, pero más tenue, salvo que se encuentren otras soluciones, que parece que no existen. En cualquiera de los casos se debilitará el gobierno en su capacidad de decisión, debido bien a la falta de recursos, bien a la mayor dependencia de ﬁnanciación. Ambos son factores que degradan las condiciones de seguridad. Ya lo estamos viendo con la amenaza real de conﬂictos sociales y políticos que producen violencia y, por lo tanto, inseguridad. No olvidemos que la austeridad en estrecha relación con el empobrecimiento de la población implicará un incremento del riesgo de delitos contra la propiedad, que ya estamos empezando a sufrir1,2,3.

Policías interceptaron a motociclista con millonario botín (CRHoy, CR)

Caen sujetos por cometer delitos contra la propiedad (CRHoy, CR)

OIJ busca joven que amenazó y asaltó a comerciante (CRHoy, CR)

En el cuadro estadístico con los datos del Organismo de Investigación Judicial1 observamos en los delitos que nos ﬁjamos mes a mes, homicidio, asalto y robo, cómo, durante 2020, dos de estos índices han descendido drásticamente como consecuencia de las medidas de restricción. Hay que ﬁjarse, como ya apuntamos el mes pasado, en que los robos, es decir, los delitos contra la propiedad aplicando fuerza contra las cosas, se sitúan ahora por encima de los asaltos, en que la fuerza se aplica sobre las personas. Este hecho nos llama la atención porque parece indicar que en los delitos contra la propiedad priman más ahora los delitos en que no hay ataque a las personas, es decir, los más propios de la delincuencia común más básica. Por otro lado, observamos que el índice con un incremento llamativo es el de homicidio, el más característico de una delincuencia organizada.

Incluimos los cuadros estadísticos de evolución de homicidio, asalto y robo con las cifras de incidentes acumuladas de enero a septiembre de las provincias de Limón y Puntarenas puesto

Estadísticas Policiales Organismo de Investigación Judicial (OIJ, CR)

que son las áreas donde los números parecen indicar una consolidación del crimen organizado, amenaza que, como hemos dicho, crece en Costa Rica desde hace unos años y se consolida como un grave riesgo para la estabilidad y la recuperación del país. El tráfico de estupefacientes en sí no debería afectar a las condiciones de seguridad del país más que en cuanto al lavado de dinero, cuya incidencia tampoco es muy significativa en las condiciones regulares de seguridad. Sin embargo, los cárteles del narcotráfico, para realizar operaciones al margen de la ley en las que necesitan utilizar terrenos físicos y contar con la colaboración de muchas personas, cuentan con unos amplísimos márgenes de beneficio y poder, suficientes para comprar voluntades, para ejercer un dominio sobre territorios y personas, que choca frecuentemente con el dominio estatal, y para valerse de otros grupos criminales en su beneficio. Y es precisamente en este punto en el que el narcotráfico afecta seriamente condiciones de seguridad para el desarrollo regular de la actividad empresarial.

De la misma manera que lo hicimos el mes pasado, queremos presentar con los datos de septiembre la evolución durante 2020 de las denuncias de robo y asalto, es decir, delitos contra la propiedad que experimentaron un descenso repentino como consecuencia de la crisis sanitaria. Este descenso ha hecho que los datos acumulados muestren líneas descendentes en el total anual que no nos deben llevar a la confusión. La caída de incidentes fue drástica desde abril hasta julio. En el mes de agosto se produjo un repunte en los índices. Si no se toman medidas para reducir la incidencia de los delitos patrimoniales, el índice tenderá a subir dadas las circunstancias sociales y económicas en que nos deja la pandemia.

Observamos que el número de incidentes se ha incrementado desde agosto y también lo ha hecho levemente en septiembre. No olvidemos que septiembre tiene un día menos que agosto, por lo que la tasa de robos diaria en agosto es de 30.52 y en septiembre de 30.97. La conclusión, no exclusiva de Costa Rica, es que a medida que la reapertura económica y social se ha producido, también ha repuntado la actividad delictiva. La pandemia está provocando el aumento de un tipo de delincuencia más relacionado con la carestía. Las estadísticas junto con los factores económicos y sociales que ya han aparecido apuntan a que los delitos contra la propiedad aumentarán en los próximos meses.

Panamá El viceministro de Seguridad de Costa Rica, Luis Carlos Castillo Fernández, en un encuentro con su homólogo de Panamá, Ivor Axel Pittí, en el sector fronterizo de Pasó Canoas, a comienzos de septiembre, reconoció que la pandemia no ha detenido al crimen organizado1. Ya lo advertimos en meses pasados, en Panamá y, en menor medida, en Costa Rica, a diferencia de lo países del Triángulo Norte, el crimen organizado, los cárteles del narcotráﬁco principalmente, no han detenido su actividad a causa de la pandemia, ni han postergado deseos de venganza, disputas o demostraciones de fuerza.

Si comparamos los cuadros de homicidios acumulados de enero a septiembre y distribuidos por provincias en 2019 y 2020, comprobamos que el delito no ha decaído. En la provincia Colón, por ejemplo, se registra un incremento de 13 homicidios, un 24% más que en 2019, y en la provincia de

Pandemia de la COVID-19, no ha frenado al crimen organizado, según viceministro tico (Panamá América, PAN)

Panamá Oeste, área con especial incidencia del crimen organizado, el incremento entre los homicidios en 2020 alcanza el 127%.

Parece, por tanto, que los intereses del narcotráﬁco sobrepasan cualquier clase de interés comunitario o social. Los cárteles en una zona estratégica, clave para sus negocios, como el istmo, han sido ajenos a restricciones o miedos provocados por una enfermedad global. Sin embargo, y esto debemos anotarlo, porque se trata de una amenaza, los delitos contra la propiedad se han incrementado y es previsible un mayor crecimiento en la comisión de los mismos. Probablemente Panamá recupere la actividad económica con más rapidez que los otros países de la región y, aunque se reduzca la demanda de servicios a causa de la crisis global, esto no signiﬁcará un colapso del complejo entramado logístico del canal, tan necesario para el comercio mundial. Es evidente, no obstante, que esta crisis económica derivada de la pandemia que está afectando a la región y a todo el planeta, también se dejará notar en Panamá1. El 1

Canal de Panamá proyecta para 2021 importante caída de tonelaje e ingresos por la pandemia (En Segundos, PAN)

gobierno, en diferente medida, tendrá que lidiar con los desajustes presupuestarios que ya se han producido1 y la iniciativa privada deberá adaptarse a la reapertura que se traducirá en más gastos y, en principio, en una posible readecuación de la fuerza laboral. El desempleo y la pobreza inﬂigirán, al igual que en el resto de los países en la región, un duro golpe al equilibrio social2,3. Hurtos o pequeños robos en los comercios4 o instalaciones5, robos internos en las empresas, incremento de asaltos sin gran aparato de organización pueden crear un ambiente propicio para que el crimen organizado también aproveche la ocasión en golpes mejor preparados. Ya se están viendo casos de ataques contra el patrimonio con mayor frecuencia que antes de las restricciones.

Gabinete autoriza designar hasta 75 millones para lucha contra la pandemia (En Segundos, PAN)

Índice de Pobreza Multidimensional identiﬁca los corregimientos más vulnerables del país (En Segundos, PAN)

Evalúan condiciones sociales de familias que viven en precariedad en Panamá Norte y Oeste (En Segundos, PAN)

Detenidos por hurtar en minisúper en Monagrillo (Crítica, PAN)

Al menos 11 escuelas han sido blanco de hurtos durante pandemia (Crítica, PAN)

Situación política Las dificultades forjan a los dirigentes y la excepcionalidad de un mundo sometido a la incierta evolución de una nueva enfermedad mortal está poniendo a prueba a presidentes, ministros, secretarios, directores, generales y a cualquiera que tenga responsabilidades en la cosa pública. Durante el mes de septiembre, los gobiernos de Centroamérica han tenido que ir decidiendo entre la reapertura de los países o el precipicio de la depresión económica1,2,3,4. No ha habido mucho margen de decisión, pero la pericia del político está en obtener los mejores réditos de los márgenes más estrechos. Además, ante la necesidad de reabrir las economías en Centroamérica, las políticas de reapertura, igual que ocurrió con las políticas de confinamientos y restricciones no están teniendo una especial coordinación entre los países de Centroamérica, sino que cada país toma decisiones mirándose al ombligo. Este tipo de prácticas perjudica al transporte y al mercado regional más necesario que nunca de políticas comunes que favorezcan un comercio centroamericano hoy imprescindible para salir de la recesión5. Por otro lado, un factor económico derivado de la pandemia está provocando ya en varios países conflictos sociales y políticos, muchas veces violentos, que pueden multiplicarse y contagiarse entre los países o apaciguarse dependiendo de la habilidad de los gobernantes para actuar en los estrechos márgenes que les han dejado las adversas circunstancias económicas6,7. El momento es muy delicado por la debilidad en la que están quedando los gobiernos y, por extensión, las instituciones de los estados, que verán reducidos sus presupuestos en el año 2021 Giammattei anuncia el fin del estado de Calamidad y llama a cumplir y exigir que se cumplan los protocolos (Prensa Libre, GUA) 1

Comienzan los ingresos por las fronteras de El Salvador (La Prensa Gráﬁca, SAL)

Ministro Sucre realiza llamado a la población ante apertura de más actividades (En Segundos, PAN)

Honduras necesita reabrir más su economía para mitigar efectos de la pandemia (Forbes Centroamérica)

BCIE: Impacto económico de la crisis por coronavirus es tres veces más intenso que por el huracán Mitch (Prensa Libre, GUA)

Transportistas de la región cierran pasos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas (La Nación, CR)

¡Ministro, cumpla la ley!: masiva protesta de empleados municipales frente a Hacienda por pago del FODES (La Prensa Gráﬁca, SAL) 7

y, por tanto, se reducirá también su capacidad de actuación. Durante los momentos de excepción, los gobiernos estuvieron habilitados para tomar decisiones sin los regulares mecanismos de control público, dejando así abiertas las puertas a los actos de corrupción1,2,3. Tres problemas queremos destacar de los que se ha comentado mucho en el mes de septiembre y que merecen una especial atención por lo que puedan implicar en el futuro de Centroamérica. En primer lugar, los intentos de debilitación de la Justicia, poder esencial de la institucionalidad de los estados nos deben preocupar. En Guatemala sigue atrasándose sine die la renovación de magistrados, proceso que comenzó a principios de 2019 y que sigue estancado entre impedimentos burocráticos que han levantado todas las sospechas de una manipulación para manejar la justicia al gusto de grupos de presión cercanos a grupos criminales. En El Salvador, las disputas entre el ejecutivo y el poder judicial están alcanzando niveles peligrosos de confrontación4. En segundo lugar, si no hay una solución pactada con la administración de los EE.UU., y eso dependerá de quién sea presidente de los EE.UU. después de las elecciones de noviembre, el estatus migratorio de más de 250 mil salvadoreños, más de 80 mil hondureños y unos 5000 nicaragüenses, que actualmente se rige según el Estatus de Protección Temporal (TPS) puede terminarse en su actual fecha de caducidad de noviembre 20215. La amenaza del retorno de cientos de miles de emigrantes en los EE.UU. de vuelta a Centroamérica es una potente arma de negociación para los EE.UU. y, por lo tanto, un elemento debilitador para los gobiernos de Centroamérica. El tercer problema, relacionado asimismo con la migración, tiene que ver con las caravanas de migrantes que parten de Honduras con destino a los EE.UU. las circunstancias económicas no propician un clima adecuado para que los políticos resuelvan este problema de una manera

Empresarios acusados por fraude recibieron contratos del Estado durante la pandemia en Honduras (Expediente Público, HON) 1

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satisfactoria para la población necesitada que busca la oportunidad de dejar su país y para que los países articulen estos movimientos migratorios de un modo ágil, formal y que evite las consecuencias perversas que para la seguridad de los países generan estas caravanas, en forma de trata de personas, tráﬁco de personas e incentivaciones al delito1. La noticia recién publicada referente a que el Senado de los EE.UU. ha advertido de una ilegalidad internacional en la actuación de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. en suelo guatemalteco con migrantes hondureños no ayuda en la solución del problema2.

Caravana migrante: Giammattei declara estado de Prevención; hondureños serán detenidos y retornados (Prensa Libre, GUA) 1

Agentes de Estados Unidos detuvieron a migrantes hondureños en Guatemala, según informe oﬁcial (Prensa Libre, GUA)

Situación económica En cuanto a la economía de la región, poco más relevante se puede añadir, relacionado con la seguridad, a lo que hemos aludido en este informe. Los países y las empresas afrontan una reapertura quizá precipitada, pero muy necesaria, con un incremento de costes en sus operaciones, ya no sólo por las obligadas adaptaciones sanitarias, sino porque hay que asumir las pérdidas de negocio acumuladas desde el inicio de la pandemia y la pérdida de recurso humano. Además, esta reapertura será, generalmente, un reinicio en un mercado diferente, mucho más exigente, y que tardará en funcionar al ritmo que tenía antes de la pandemia1. La publicación durante el mes de septiembre del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020 elaborado por la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las comisiones regionales de la ONU, vino a confirmar con datos reales lo que ya todos teníamos en la cabeza2. Si las cifras de crecimiento en la región ya parecían bajas antes de la pandemia, ahora las perspectivas son realmente negativas. Las consecuencias de la crisis se manifestarán, según el informe, en un aumento de la pobreza, del desempleo y en un recrudecimiento de la desigualdad en la región. Los organismos internacionales creados para apoyar financieramente a los países en crisis parece que están dispuestos a ofrecer financiación3, los problemas serán otros, el costo adicional de la financiación4, la distribución que se haga de la misma, puesto que será necesario que la iniciativa privada tenga acceso a financiación a un bajo costo y el peor, la excesiva dependencia que los gobiernos tengan de sus acreedores.

La recuperación de la crisis del COVID-19 será más larga y lenta de lo previsto, advierte la CEPAL (ONU Noticias)

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas ﬁscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19 (CEPAL) 2

BCIE canalizará 15,000 mdd para Centroamérica entre 2020-2024 (Forbes Centroamérica)

Caliﬁcadoras Fitch y S&P prevén mayor costo de ﬁnanciamiento para Costa Rica por atraso en acuerdo con FMI (La Nación, CR) 4

Un buen dato para las perspectivas económicas es el buen comportamiento de las remeses, señal de que el mercado laboral en los EE.UU. se recuperó rápidamente y los connacionales han incrementado envíos.1 Finalmente, y concluyendo lo que se ha mencionado en los análisis de los países, el peor dato económico desde el punto de vista de la seguridad es el del crecimiento del desempleo y las pobres perspectivas de recaudación ﬁscal que diﬁcultarán ayudas públicas. El crecimiento de la pobreza elevará el riesgo de delitos contra el patrimonio.

Por segundo mes consecutivo, remesas superan los USD$ 1 mil millones (La Hora, GUA)

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