De la hostil disputa por el poder

Y Lo Que Ya No Callan Las Mujeres

Karol Solís Menco

La política es un territorio hostil y violento para las mujeres. Pero ¿no lo es, acaso, para todas las personas que compiten por el recurso limitado que es el poder? En este artículo, primero, planteo la política electoral como un terreno por naturaleza hostil; segundo, me refiero a las formas particulares que adopta dicha hostilidad y que se refleja en la experiencia de las mujeres que deciden hacer parte de estas disputas por el poder, y, tercero, presento un reciente avance legislativo en la región que estimo es positivo en el marco de la imperiosa tarea de combatir la violencia política en contra de las mujeres. En el punto dos y tres, me referiré al caso colombiano, toda vez que es el país en América Latina en donde de forma más reciente, el pasado 24 de mayo, se aprobó una ley que busca prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia basada en género (El Espectador, 2023).

Considero importante profundizar la discusión social en dos líneas que no deben pensarse separadas sino entrelazadas: la importancia de las transformaciones institucionales formales o los ajustes normativos, en paralelo con la transformación cultural, el cómo estos avances en los marcos legales lograrán instalarse mientras que se desinstalan las prácticas culturales machistas y patriarcales enraizadas en ideas, valores y sistemas de creencias.

De la hostilidad de la política.

El poder es un recurso limitado y codiciado. La disputa por este es, entonces, hostil por naturaleza. Para empezar, no hay contiendas electorales sin campañas políticas negativas, entendidas éstas últimas como el simple ejercicio de hablar del oponente político (Geer, 2006). La negatividad en sí misma es deseable si trae al debate público información relevante y verdadera, entregada por las campañas en competencia, que ayude a informar las preferencias de los electores y que de otra forma no conocerían (Mattes y Redlawsk, 2016). No obstante, la negatividad puede adoptar formas indeseables, promover ataques de mayor intensidad y arar un camino de violencia.

Adicionalmente, la dinámica electoral está permeada por la dualidad amigo-enemigo, de la que hablaba Schmitt, en donde las relaciones se caracterizan por antagonismos (Alcalá, 2015), y la arquitectura democrática, a través de la que se asigna el poder, implica que haya múltiples juegos de suma cero ocurriendo en simultáneo, microcosmos de ganancia total o pérdida absoluta de una determinada posición política y de poder.

Así las cosas, que en la competencia electoral haya altos niveles de negatividad y de formas hostiles de competencia, resulta, podría decirse, una consecuencia lógica de las reglas de juego institucionales que, paradójicamente, se formulan para garantizar sociedades más pacíficas. Pero, sumado a lo anterior, es posible identificar que la negatividad, la hostilidad y la violencia presente en los caminos de disputa por el poder, adopta formas particulares cuando las mujeres se hacen parte de la contienda electoral. Surge entonces la categoría y el fenómeno de la violencia política contra las mujeres (Krook, 2017).

Violencia política: la doble hostilidad contra las mujeres.

En occidente, el siglo XX fue el siglo de las mujeres, señala Teresa Valdés (2013), quien sugiere que hubo una transformación sustancial de los lugares que les fueron posibles ocupar en la sociedad a partir de los derechos que empezar a ser reivindicados. En definitiva, en este punto de la historia la oleada de la reivindicación del derecho al voto es la marca más visible, reconocido por vez primera en la región en Ecuador y consagrado en la Constitución de este país en 1929 (Barrancos, 2020). No es posible, desde luego, concebir consignas como “sin mujeres no hay democracia” sin remitirnos a la idea de participación y derecho al voto universal.

Pero, no es posible entender qué ha implicado para las mujeres desde entonces el ejercicio de sus derechos políticos, la posibilidad de participar del debate de lo público en el marco de la reivindicación de su derecho al voto y la posibilidad de no solo elegir, sino también ser elegidas, sin observar este fenómeno: que la política es hostil, pero es dos veces hostil contra las mujeres. Una primera, por su naturaleza, y una segunda, por el género. Y es hostil aún más veces, si se trata de mujeres racializadas, pertenecientes a grupos étnicos, o si su orientación sexual es diversa. Una mirada interseccional permite entonces reconocer en la política un territorio de disputas que se tornan violentas, pero que, además, adopta formas particulares que construyen la categoría ‘violencia política contra las mujeres’, entendida como una forma de violencia basada en género que incluye actos de amenazas, violencia física, sexual, psicológica, económica y/o simbólica que atenta contra el ejercicio de sus derechos políticos y humanos (ONU, 2021).

Veamos algunos ejemplos. Un análisis crítico de los mensajes hostiles que recibieron candidatas mujeres en Gran Bretaña en la plataforma Twitter, indica que, en esta red digital, se despliega hacia las mujeres violencia haciendo particular referencia a su apariencia física y con una carga emocional más fuerte o extrema que la que se dirige a los hombres. Las autoras concluyen que la violencia política contra las mujeres está arraigada en una extendida percepción social, y es que su participación política viola las reglas de la performatividad de género (Esposito y Breeze, 2022).

La literatura encuentra que las respuestas de los votantes a las dinámicas de género son complejas y de naturaleza multifacética. El debate electoral presidencial en los Estados Unidos en 2016 es un ejemplo perfecto de ello. Mientras un estudio que analizó la disputa entre Trump y Clinton encontró que el señalar acciones de Trump como sexistas y machistas movilizó a favor de Clinton un grupo de votantes con un perfil particular: grupos históricamente subrepresentados, demócratas débiles y votantes independientes (Caughell, 2016), un segundo estudio encontró que esos mismos señalamientos también movilizaba a favor de Trump a otro grupo de votantes, con otro perfil particular: los “sexistas hostiles.”

Los sexistas hostiles son descritos en el estudio personas que perciben las relaciones entre hombres y mujeres como un juego de poder y una competencia de suma cero, individuos que consideran que, si las mujeres ganan poder, lo hacen a expensas de los hombres, perciben que las mujeres que compiten electoralmente buscan controlar a los hombres y su reacción es, en consecuencia, adoptar una actitud abier- tamente antagonista hacia las mujeres (Cassese y Holman, 2017, 2019).

Los anteriores, son solo algunos ejemplos sobre la complejidad al incluir la variable género al entender la dinámica electoral y los costos que deben asumir las mujeres tanto si eligen participar y enfrentar formas de violencia política, como si deciden denunciarla en el marco de sus campañas. Entender estas dinámicas es relevante porque, sin duda, la hostilidad y la violencia desplegada en contra de las mujeres en política, busca, en últimas, restringir y disuadir su participación en el debate electoral y representa, en consecuencia, una amenaza a democracias que enfrentan enormes retos para el reconocimiento y la incorporación de las mujeres como actores políticos de pleno derecho (Krook, 2017).

Promover la participación política de las mujeres es, entonces, una moneda con dos caras: en una, está la necesidad de justamente desear y exigir representación de intereses y causas particulares que nos enlazan. Pero, de otra parte, promover la participación de las mujeres es mover una arena y levantar el polvo de nuevas formas de violencia que deben decididamente combatirse y buscar erradicar.

Avances legislativos y retos.

‘¡Paridad ya!’ y ‘¡Sin mujeres no!’, se lee en pancartas y diversas piezas digitales de una campaña nacional en Colombia que promueve una ley que garantice el 50% de participación y representación de las mujeres en cargos públicos, además de ampliar la ley de cuotas del 30 al 50%, y al que le queda un debate en el Congreso para convertirse en ley. Pero campaña nacional en Colombia que promueve una ley de paridad

¿para qué? o, ¿Por qué es importante hablar de una democracia paritaria?

Hablamos de democracia paritaria para, a través de la lengua misma, reconocer la necesidad de libertad e igualdad como un requisito sin el que no es posible hablar de democracia, y para dar cuenta de una lucha que busca un nuevo pacto social, un modelo en donde hay una redistribución de las responsabilidades entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, de manera tal que sea posible gozar de una igualdad sustantiva (Aguirrezabal, 2017) y del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, reivindicados tras siglos de ignominia.

Pero, a la luz de lo planteado en los párrafos anteriores, hablar de democracia paritaria implica, además, hablar de cómo y en qué condiciones las mujeres llegan a jugar en la política electoral. Así las cosas, dos luchas se encuentran y han de avanzar en simultáneo: la lucha por mayor representación y la lucha por erradicar las violencias basadas en género y en particular la violencia política en contra de las mujeres.

En ese orden, también en Colombia, recientemente se logró la aprobación en el Congreso de una nueva ley con la que se busca prevenir, atender y sancionar eventos de violencia política contra las mujeres. Se suma así a países con leyes específicas en esta materia como Bolivia y Perú (MOE, 2023). Algunos de los datos visibilizados en la ponencia que dio viabilidad a esta nueva ley, es que, en este país, 6 de cada 10 mujeres electas reportan ser víctimas de violencia política por ser mujer, y, de acuerdo con la MOE (2022), de 516 vulneraciones en el calendario preelectoral en 2022, el 26.6%, 137, fueron hechos en contra de mujeres y casi una tercera parte fueron agresiones letales, mujeres que perdieron la vida en el ejercicio de sus derechos. Luego, en la promoción de la participación política de las mujeres es inherente una defensa de los derechos humanos y la salvaguarda del primero de los derechos: la vida. Es también, en esa línea, una lucha por cumplir la promesa democrática de que nadie perderá la vida por ejercer un derecho político.

Para combatir la violencia política en contra de las mujeres, las sociedades vienen avanzando en la incorporación de ajustes normativos y desarrollo un nuevo andamiaje legal, además de la implementación de políticas públicas y programas. No obstante, un camino que parece menos discutido y claro es cómo, más allá del ajuste normativo, se logrará erradicar la cultura patriarcal y machista que sostiene esta violencia, cómo desterraremos, por así decirlo, la institucionalidad informal del machismo, como lo dijimos en la introducción a este texto, aquellas prácticas culturales patriarcales que se derivan de un estar enraizadas en ideas, valores y sistemas de creencias.

Los estereotipos sexistas y, en consecuencia, el sesgo machista que permea la evaluación de los cuerpos que participan en política y sus diversos géneros, son factores estructurales de discriminación que trascienden la norma y aquello que la norma puede por sí misma alcanzar a modificar en términos de la percepción y comportamiento de los individuos ¿Cómo lograremos que perfiles como el ‘sexista hostil’ modifiquen la creencia de que la participación política de las mujeres

Referencias

es una amenaza? ¿Cómo podemos lograr que más mujeres denuncien la violencia política sin que se convierta en un arma de doble filo que moviliza en su contra? ¿Cómo, insisto, desraizamos la mirada y las prácticas hostiles contra las mujeres que el ajuste normativo por sí solo no podrá? Son preguntas abiertas para la discusión.

Aguirrezabal, I. (2017). América Latina y la Democracia Paritaria. Política exterior, 31(175), 126-132. ISSN 0213-6856.

Alcalá, A. (2015). La dualidad amigo-enemigo en el propio contexto de Carl Schmitt. Anuario de Filosofía del Derecho (XXXI), pp. 173-202, ISSN: 0518-0872,

Barrancos, D. (2020). Historia mínima de los feminismos en América Latina. Ciudad de México: El Colegio de México.

Caughell, L. (2021). [Review of the book Gender Differences in Public Opinion: Values and Political Consequences, by M.-K. Lizotte]. Perspectives on Politics, 19(1), 271-272. doi:10.1017/ S1537592720004120

Cassese, E. C., & Holman, M. R. (2019). Playing the Woman Card: Ambivalent Sexism in the 2016 U.S. Presidential Race. Political Psychology, 40(1), 55–74. doi:10.1111/pops.12532

Cassese, E. C., & Holman, M. R. (2017). Party and Gender Stereotypes in Campaign Attacks. Political Behavior, 40(3), 785–807.

Esposito, E., & Breeze, R. (2022). Gender and Politics in a Digitalised World: Investigating Online Hostility Against UK Female MPs. Discourse & Society, 33(3), 303–323.

El Espectador. (2023). “Proyecto que sanciona violencia política contra las mujeres se convertirá en ley.” [Mayo 28, 2023] Recuperado de: https://www.elespectador.com/politica/proyecto-que-sanciona-violencia-politica-contra-las-mujeres-se-convertira-en-ley/

Geer, J. G. (2006). In Defense of Negativity: Attack Ads in Presidential Campaigns. Chicago: University of Chicago Press.

Mattes, K., & Redlawsk, D. P. (2014). The Positive Case for Negative Campaigning. Chicago: University of Chicago Press.

MOE (2022). Aumentan las candidaturas de mujeres al Congreso: El mayor reto sigue siendo que resulten electas. [Junio 1, 2023] Recuperado de: https://www.moe.org.co/en/aumentan-las-candidaturas-de-mujeres-al-congreso-el-mayor-reto-sigue-siendo-que-resulten-electas/

MOE (2023). Reformas políticas en América Latina: 10 países de América Latina regulan la violencia política en razón de género. [Mayo 28, 2023] Recuperado de: https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/

Krook, L. (2017). Violence Against Women in Politics. Journal of Democracy, 28(1), 75–89.