BAZINGA! ¿Ciencia Reproductivista ó ciencia para cambiar la realidad?
Dejar decir,dejar hablar.
CONTRAPUNTOS La mano dura de Maduro vs. Problema serio, enfoque Maduro.
JUICIO A LA HISTORIA En este número: Mariano Moreno.
Año 1 - Número 1 - Marzo 2014
¿POR QUÉ ANOMIA BOBA?
NÚMER
1
O
CONTENIDO
¿Por qué Anomia Boba? Nos presentamos, mucho gusto. Somos Anomia Boba.
Bazzinga! ¿Ciencia reproductivista o ciencia para cambiar la realidad?
Contrapuntos. Dos visiones, el mismo drama: la violencia como paradigma.
Pág. 3
Págs. 4y5
¡Adiós no, Nino! ¿Conoce a Carlos Nino? Casi con certeza que le debe mucho.
Pág. 7
Cuestión de Estado. La burocracia estatal del poskirchnerismo. Qué esperar y a qué atenerse.
Pág. 6
Págs. 8y9
Publicación mensual digital gratuita - Año 1 Número 1 - Marzo de 2014 - El contenido de
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Juicio a la historia. Se sienta en el banquillo de acusados: Mariano Moreno.
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Editorial. De las botas a los votos: qué decir 38 años después.
Co-Director General
Lucas M. Bellotti
Pág. 14
Co-Directora General
Gisela B. Mouzo
Diseño Gráfico/Editorial
José Texidó
¿POR QUÉ ANOMIA BOBA? Por Lucas M. Bellotti (*) La historia de la argentinidad es la historia de la transgresión. Los sociólogos de fines de siglo XIX y principios del XX, que se desvelaban por encontrar ese auténtico espíritu de lo nacional, podrían haberse ahorrado ríos de tinta advirtiendo que el desinterés por lo pautado es el hilo invisible que hilvana toda nuestra historia cultural y nos lleva a frustraciones permanentes, con resultados variables, que van desde la ineficiencia institucional a la tragedia colectiva. Algo pasó en la historia occidental desde aquel Sócrates que eligió morir a manos de la ley injusta hasta nuestros días. Decía el griego que el orden injusto que le daba muerte no podía ser desafiado sin hacer una injusticia mayor: ese nomos era sagrado. Y era sagrado no por haber sido redactado por algún Dios-legislador, idea de la cual es muy amiga la tradición judeocristiana, sino por ser producto del debate racional entre los hombres libres de la polis. Algo pasó, dijimos, y se nos ocurren algunas pistas, que deben rastrearse mucho más cerca de nuestros días. Así, nos recuerda José Luis Romero uno de los paradigmas de la vida colonial en el Río de la Plata, sintetizado en una frase espectacular por su contundencia, “La ley se acata, pero no se cumple”. Al hablar de la ley en ese tiempo, hablamos de las disposiciones que la corona mandaba cumplir desde el otro lado del Atlántico, en un temerario copy-paste de las leyes españolas, verdaderamente inaplicables en estas tierras. Si a eso le sumamos que dichas normas entorpecían los deseos de los funcionarios lanzados a la aventura de Indias con el sueño de volver millonarios y triunfales al reino del cual habían salido con mucho apellido noble y poca fortuna; entenderemos el sentido de la frase: Ningún representante de su majestad era tan rebelde o tan imbécil como para contradecir públicamente las disposiciones reales, desconociendo su pretendida legitimidad de origen (basada ahora sí en un mítico Dios que tenía tiempo suficiente para redactar leyes y comunicárselas al Rey); pero de ahí a dar cumplimiento a la manda real había un camino difícil y poco conveniente por recorrer, lo que tornaba la aplicación de la ley en una cuestión sometida al capricho del que tenía que ejecutarla. Si al lector algo de todo esto le empieza a sonar conocido, es porque vamos bien. El mismo Romero nos señala, un poco más acá en el tiempo, la figura del caudillo: auténtico patrón de estancia, amado y temido en partes iguales, que no tiene otra ley que su voluntad, capaz de hacerse respetar a fuerza de látigo y espada si es necesario. El correlato de una burocracia urbana corrupta y que deja hacer es, en el campo, el hombre fuerte al cual la ley le es plenamente ajena: él premia y castiga, puede aconsejar como padre a la vez que dirigir como militar y administrar como gobierno. Este personaje, con todas sus notas que recuerdan al atraso feudal, será una de las piezas claves en la construcción de la nación argentina: la idea del orden como
algo “para los otros” (para la gilada, habría que decir), el culto a la personalidad y la creencia en cualidades casi sobrenaturales del líder son algunos de los ingredientes que empiezan a sobresalir en el sentir colectivo de sectores cada vez más amplios. Los tiempos de la oligarquía que organizó el Estado muestran una manera corruptamente innovadora de esta costumbre que nos obsesiona: el privilegio. La ley que beneficia a la clase y castiga al disidente. El voto para todos mientras todos voten a los que tienen que votar. El rechazo visceral a la regulación estatal de la economía, a menos que a la mano invisible del mercado haya que ayudarla para que el capital inglés no pierda o no gane poco. El discurso moralista que clausura cabarets en nombre de las buenas costumbres, y la policía que les brinda protección a aquellos que reciben a jueces, funcionarios y hombres de buena sociedad. No nos alcanzarían las páginas de todas las ediciones que saldrán en lo futuro de Anomia Boba –esperemos que sean varias- para relatar con detalle cómo la historia argentina está atravesada por esta práctica que no distingue clases, partidos ni tradiciones. No nos interesa hacerlo tampoco. Mucho menos escribiremos hablando de las virtudes de la obediencia como conducta rayana en la estupidez, necesaria para cualquier autoritarismo. Pongámonos de acuerdo desde ahora, estimado lector: en adelante, cada vez que lea en esta publicación las palabras “ley”, “norma”, “pauta” o alguna similar, nos estaremos refiriendo a las únicas que pueden válidamente reclamar para sí algún tipo de cumplimiento, es decir, las que surgen del amplio debate democrático y son en un todo respetuosas de los derechos que al ser humano el progreso le confirió de una vez y para siempre, que continúan en permanente expansión. Lo que esté por fuera de ello no es, para los que nos hemos embarcado en este proyecto, ley ni nada que se le parezca, sino mero ejercicio bruto del poder, al cual no se le debe obediencia, y contra el cual habrá siempre derecho a resistir. Creemos en la ley como pauta correctora de la desigualdad y de la falta de libertad. Como acuerdo de mínima para que esta realidad sea cada día un poco más vivible. Desde ahí es que venimos a proponer algunas inquietudes: ¿Qué tan útil es insistir en tratar de evadir la norma? ¿Cuán posible es que se esté mejor –como conjunto- fuera de la legalidad que dentro de ella? Creemos que en ambos casos la respuesta está dada por el fabuloso concepto acuñado por Carlos S. Nino y que inspira el nombre de esta revista. No parecen viables la justicia y la paz social por fuera de las leyes, no parece posible el progreso en la ilegalidad. Creemos que la conducta persistente en el desapego a la ley, la anomia, será siempre anomia boba. ◼ (*) Estudiante de Abogacía Universidad de Buenos Aires Co-director de Anomia Boba.
¡Adiós no,
Nino!
Hace ya 30 años, la Argentina transita por el camino hacia la libertad y la igualdad. Un verdadero Estado de Derecho cuya formación colectiva es aún hoy ardua, y que exigió, al momento de la reconstrucción de sus cimientos, esfuerzos de lo mejor de la intelectualidad nacional que merecen ser destacados.
Por Gisela B. Mouzo (*)
N
o era tarea fácil consolidar esa democracia en pañales allá por los ochenta: hubo que refundar las instituciones, dotar de legitimidad el ejercicio del poder y vitalizar la discusión política. Carlos Santiago Nino, jurista y iusfilósofo que por entonces recién cumplía cuarenta años, discípulo de Ambrosio L. Gioja y Luis Jiménez de Asúa; advirtió que podía hacer mucho en pos de ese proyecto. Abandonando la comodidad de las cátedras de Yale y la U.B.A. decidió poner la brillantez de su pensamiento al servicio de aquella refundación moral de la República que implicó la recuperación democrática, convencido de que el Derecho y la Filosofía de las Ciencias Jurídicas eran herramientas indispensables para ello. Si bien no es injusto considerar
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a Nino el arquitecto institucional de la democracia contemporánea argentina, su rol como estratega del Juicio a las Juntas es su obra maestra, la cual vale recordar como la síntesis de su vida y obra. Estamos en 22 de septiembre de 1983, faltan cinco semanas para las elecciones, y un General Bignone, patético como la dictadura en retirada que encabeza, promulga el decreto- ley 22.924 “de pacificación nacional”, que otorga amnistía general a todos los autores, colaboradores, instigadores y partícipes de acciones subversivas y antisubversivas. Asimismo, el perdón alcanza a quienes pudieran ser imputados por delitos militares comunes realizados entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Las implicancias de la autoamnistía (como se la conoció al poco tiempo de ser promulgada) resultan monstruosas y
escandalizan a un pueblo con los ojos ya puestos en la restauración democrática: El juzgamiento de los gravísimos abusos cometidos por los militares deviene simplemente imposible. Cabe aclarar que el artículo 2 de nuestro Código Penal, y los principios internacionales en la materia, obligan a que los imputados por cualquier causa se beneficien por “la ley penal más benigna” existente desde el momento del hecho delictivo, por lo cual ninguna norma dictada por el nuevo gobierno constitucional podría llevar a los estrados a quienes durante más de siete años fueron dueños de la vida y los bienes de toda una nación. La indignación no tarda en mediatizarse hacia el terreno político- jurídico, donde la dicotomía “ruptura o continuidad” adquiere su máxima expresión: Ítalo Lúder, candidato presidencial por el Partido Justicia-
lista (PJ), declara públicamente que considera inviable desde lo jurídico la derogación de la ley en cuestión; en posición similar se alinea Álvaro Alsogaray y su partido Unión del Centro Democrático (UCeDé). La posición rupturista fue encarnada por el candidato radical (UCR) Raúl Alfonsín quien, en una propuesta de alto contenido simbólico, postuló la nulidad del decreto– ley con fundamento en la imposibilidad de construir la nueva Argentina sobre la base de una claudicación moral como sería el respeto a esa autoamnistía. No era un discurso compuesto azarosamente: un grupo de filósofos y juristas se habían acercado al chascomusense , y se desvelaron por encontrar una salida que el Derecho no parecía brindar, al menos sin violentar las garantías constitucionales básicas. Y ahora sí, atentos a la solución hallada porque no sólo es de una sutileza conceptual y claridad fantásticas, sino que encierra una síntesis perfecta entre lo Constitucional y el discurso moral que subyace en nuestra Carta Magna, que puede pasar inadvertido para el lector apurado de la Ley Fundamental. El Dr. Carrió (Genaro, otro titán del que ya vamos a tener el gusto de hablar) señaló la nulidad absoluta e insanable del decreto- ley de cara a su incompatibilidad con el artículo 29 de nuestra Constitución, por cuanto su dictado implicaba el ejercicio de la suma del poder público por parte del presidente. Carlos
Nino sumará a ello la estocada brillante que fulminó de muerte a la aventura legislativa de la tiranía: Su análisis separaba la vigencia de la validez del decreto-ley de auto amnistía. Una norma puede tener fuerza de obligatoriedad, dura lex sed lex, aunque de igual forma puede ser perfectamente una norma inválida. Una ley dictada por un gobierno de facto, como lo era en este caso, puede tener plena vigencia, pero a su vez se trataba de una norma moralmente inválida, por lo cual ningún ciudadano tenía razones para obedecerla. Las normas serán válidas si fueron concebidas mediante la discusión democrática, la única forma de acceder a determinados Principios de Justicia universales o, al menos, acercarse a ellos. La ley de auto-amnistía, entonces, como cualquier otra norma dictada por un gobierno de fuerza, no podía reclamar la dignidad que es propia de una ley con origen democrático. Así las cosas, en diciembre de 1983, a instancias del Poder Ejecutivo de la Nación, llega al Congreso el proyecto de nulidad del decreto-ley 22.924, acompañado de un mensaje donde el presidente explicaba los motivos para impulsar tal propuesta: La imposibilidad de cualquier mandatario de arrogarse facul-
tades legisferantes y judiciales; y la invalidez de una norma dictada por un gobierno de facto. Esta feliz iniciativa tuvo como corolario su aprobación por el Congreso Nacional, siendo esta la primer ley aprobada por el nuevo parlamento democrático. Un acto por demás reivindicativo y promisorio en relación a la etapa que se abría. Quienes elegimos el camino del Derecho, nacimos a la carrera leyendo a Nino, cuyo apellido escuchábamos por primera vez. Lo leímos en los cursos introductorios disertando desde fotocopias sobre las relaciones entre el Derecho y la moral; el iusnaturalismo y el positivismo; etcétera. Más adelante, muchos nos cruzamos con “Ocho
objeción de conciencia, el aborto, la eutanasia, la razón de ser del Derecho Penal, entre otros. Cada vez que esos temas se discuten, los leales de la libertad y de la igualdad, volvemos a encontrar una respuesta sólida en el pensamiento de alguien que dejó anticipadamente este mundo en 1993. Su vigencia hace que no podamos cerrar de una vez y para siempre sus libros para que queden en los estantes de alguna biblioteca elegante. Sus conceptos son del todo útiles para decodificar realidades cada día más complejas. Es bueno que, en lugar de homenajes póstumos, sigamos escribiendo sobre la enorme trascendencia de Nino en la actualidad. Es bueno no tener que decirle adiós, todavía, a quien aportó el brillo de su pensamiento a la conformación de esta República Democrática. ◼
(*) Estudiante de Abogacía Universidad de Buenos Aires Co-directora de Anomia Boba.
lecciones sobre ética y derecho” o “Una teoría de la justicia para la democracia” y nos enamoramos de su ferviente defensa de las libertades cívicas y su preocupación por dar respuestas derivadas de la Constitución Nacional a problemas que hoy nos siguen ocupando como la
OBRAS: • Notas de introducción al Derecho, Buenos Aires, 1973, ampliada con el título Introducción al análisis del Derecho, Buenos Aires, 1980 • Consideraciones sobre la dogmática jurídica, México, 1974 • Algunos modelos metodológicos de “ciencia” jurídica, Valencia, 1980 • Los límites de la responsabilidad penal, Buenos Aires, 1980 • Ética y derechos humanos, Buenos Aires, 1984; traducción inglesa revisada, The Ethics of Human Rights, Oxford, 1991 • El constructivismo ético, Madrid, 1989 • Fundamentos de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992 • El presidencialismo puesto a prueba, Madrid • The Constitution of Deliberative Democracy, Yale, 1993 • Radical Evil on Trial, Yale, 1993 • Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Emece, 1993 (reedición: Ariel, Barcelona, 2005).
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Por Julio Pusterla (*)
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(*) Julio Pusterla es Licenciado en Química por la Universidad Nacional de Córdoba, de donde se graduó con honores. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado.
¿Ciencia reproductivista o ciencia para cambiar la realidad? La ciencia y la técnica, concebidas sin articulación interna alguna y sin articulación con el tejido social sólo sirven, en términos de bienestar social, como un artículo decorativo. ativo. o.
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n los últimos años resulta bastante frecuente escuchar desde las esferas del oficialismo que “la década ganada” representa casi una era fundacional de la ciencia argentina, como si todo lo que hubiese ocurrido en las décadas anteriores fuese despreciable. La demostración más cabal de esta actitud está plasmada en el video institucional que difundió el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) para su 55° aniversario en el año 2013. El video dura 7,44 minutos y solo se habla del periodo 19582003 durante algo más de 3 minutos. Si bien gran parte de la comunidad científica reconoce que hubo avances en materia de ciencia y técnica, fundamentalmente en lo que respecta a la jerarquización del trabajo científico, se hace necesario contribuir al debate alertando sobre los problemas estratégicos que aún permanecen vigentes. En este sentido, la principal pregunta que podemos plantear es, ¿tenemos un sistema científico capaz de contribuir a la solución de los problemas del país? La realidad indica que no. La ciencia nacional actual se encuentra atada a líneas de investigación de moda internacionales que, lejos de potenciar la autonomía, la independencia y el desarrollo del país, refuerzan su dependencia. Argentina tiene la capacidad de formar excelentes científicos y su historia lo demuestra. Sin embargo, esto no repercute en el desarrollo de una ciencia y una tecnología capaces de incidir sobre la realidad social del país. Por el contrario, el sistema científico se muestra incapaz de alimentar el desarrollo del país, incompetente para resolver las problemáticas sociales, económicas o ambientales nacionales. No existe coordinación dentro del sistema científico ni comunica-
ción entre éste y el Estado o la industria. Mucho menos con la propia población, con organizaciones populares, sociales o territoriales. Entonces, ¿para qué y para quiénes producimos? Pensar el desarrollo de un país por fuera de la ciencia es un error. Resulta inconcebible e inaceptable que en la actualidad Argentina continúe dependiendo económicamente de materias primas. El desarrollo agroindustrial en el país es importante, pero en definitiva no permite añadir valor a las exportaciones. No es lo mismo producir y vender carbonato de litio que baterías de litio, y aquí es donde surge el interrogante de si nuestro sistema científico está preparado para cubrir esas expectativas. En lo personal, creo que no. Para citar otros ejemplos, no existen proyectos estratégicos sobre soberanía energética, protección de recursos naturales, producción pública en salud, entre otros. La ciencia y la técnica, concebidas sin articulación interna alguna y sin articulación con el tejido social sólo sirven, en términos de bienestar social, como un artículo decorativo. Esto es válido tanto para las ciencias básicas como para las aplicadas; para las ciencias exactas y naturales como para las sociales. En definitiva, llegamos a la conclusión de que solo estamos contribuyendo al conocimiento “universal” con avances aislados y desarticulados. El procesamiento y utilización de los mismos termina generando productividad y rentabilidad, pero no aquí, sino en centros de investigación de países del primer mundo o empresas multinacionales. Una ciencia como la nuestra, escindida de la realidad social y desarticulada, solo resulta relativamente útil para ciertos polos de poder capaces de desarrollar e invertir en estos conocimientos, pero inútil para el pueblo que financia la formación y el salario de sus investigadores. ◼
Por Federico García (*)
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n Diciembre de 2015, cuando finalice su segundo y último mandato constitucional, la presidente Cristina Fernández de Kirchner culminará un ciclo de doce años y siete meses del mismo frente político a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Será el lapso más largo en la historia moderna argentina, superando al de Carlos Menem y a semejanzas del período radical de 1916 – 1930, aunque no puede dejarse pasar que dicho interregno fue previo a 6 golpes militares, se desarrolló con la participación política femenina vedada y demás restricciones políticas que marcaron el ritmo de aquella democracia popular aun incipiente. Aquellos son datos relevantes si tenemos en cuenta que, en el último tercio de los treinta años de democracia ininterrumpida en nuestro país, se consolidó una estructura de poder en el Ejecutivo Nacional con una ló-
organigrama fue completada por agentes que no ostentan la idoneidad exigible al puesto en que se desempeñan; lo cual se grafica en su máxima expresión en Ministros y Secretarios de Estado que no provienen del área en el cual prestan funciones. Áreas estas que, en algunos casos, requieren conocimientos específicos y vastos. Así las cosas, y por más buenas intenciones, equipos técnicos y programas que tenga el frente político que se alce con el triunfo en las elecciones presidenciales de 2015, debe saber que el desafío de conducir la administración nacional será titánico. Nuestro Estado, en sus distintos niveles de gobierno, es bastante ineficaz. El crecimiento del empleo público se perfila de manera forma progresiva en objeto de debates candentes y numerosos análisis políticos y económicos de cara a los próximos años en la Argentina. Según datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal
La inmensa mayoría del organigrama fue completada por agentes que no ostentan la idoneidad comp exigible al puesto en que se desempeñan; lo cual se i grafica en su máxima expresión en Ministros tro y tr Secretarios de Estado que no provienen del área a en n el cual prestan funciones. gica particular, que paulatinamente fue alcanzando a la burocracia estatal toda: Son más de doce años de ejercicio del poder de la manera en la que lo concibe el kirchnerismo que se suman a la nula profesionalidad exigida para el ingreso a la Administración Gubernamental. La inmensa mayoría del
con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía, entre 2005 y 2011 el empleo público provincial se incrementó en promedio un 30% y el gasto público consolidado sobre el Producto Bruto Interno (PBI) en el último decenio orilla el 50%. Es necesario, sin embargo, que el debate no reco-
rra exclusivamente el carril del crecimiento del empleo público, sino que incluya entre sus dimensiones de análisis la calidad del sistema; lo cual implica analizar las condiciones laborales y los niveles de formación y capacitación en las formas de ingreso y promoción dentro de
pauperizador que posiciona a la Argentina en lugares cada vez más bajos de los rankings elaborados por organismos nacionales e internacionales. A ello hay que sumarle la alarmante deserción escolar que viven las escuelas públicas, junto a la migración efectiva hacia la educación privada en los niveles elemental y secundario. Quienes aspiren a conducir las riendas del Estado deberán preocuparse por cómo hacer de él uno más eficiente, transparente y alejado de las prácticas demagógicas. En definitiva, capaz de
Es necesario, sin embargo, que el debate no recorra exclusivamente el carril del crecimiento del empleo público, sino que incluya entre re sus us dimensiones de análisis la calidad del sistema a las burocracias públicas. Estas dos variables, aumento del empleo público y consolidación de una burocracia establecida durante la “década ganada”, deben ser tenidas en cuenta para el análisis de una nueva noción de Estatalidad, que comprenda un mejoramiento sustantivo en las estructuras gubernamentales a través de la creación de programas claros de ingreso y perfeccionamiento de las mismas, jerarquización de todo el empleo público, ampliado a los docentes y servicios educativos (institucionales, maestranza y administrativos) , las fuerzas armadas y de seguridad, el sistema de salud en su totalidad, etcétera. La mejora sustantiva, entonces, no se dará sólo con una mayor asignación presupuestaria, sino con una mejor ejecución y planificación de la misma. Un ejemplo contundente de ello es el crecimiento de los gastos asignados a educación en los últimos años que, llevados a más del 6% del PBI, no revierten un proceso
pensar y hacer lo mejor para el bien común, razón de ser de aquel Estado moderno, social, e inclusivo del cual habla hace años la clase política. De las buenas acciones no se vive. Se deben estudiar los procesos sociales, políticos, culturales y económicos que se están desarrollando, planificando con precisión acorde al siglo XXI y las herramientas de las que disponemos, la gran reforma que exigirá el Estado de la Argentina poskirchnerista. Debemos exigir a la dirigencia política, social y de las organizaciones intermedias, compromisos reales con un mejor futuro, y tránsito decente durante este presente que se nos hace cuesta arriba infinidad de veces. Estamos en un cambio de época, que no implica el nacimiento de algo nuevo de por sí. Doce años de gobierno son bastantes, sus consecuencias (sin calificativos) muchas más sin dudas. ◼ (*) Estudiante de Ciencia Política Universidad de Buenos Aires.
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CONTRA
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Por María Lucila Acevedo (*)
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uros vientos de violencia azotan a la pobre Venezuela. El asesinato de la ex Miss Venezuela conmociona a la tierra de Bolívar por la crueldad del acto pero, principalmente, porque la víctima era una figura conocida que puso el tema de la violencia y el delito en la agenda ciudadana y, obligadamente, en la del gobierno. En un país en donde el bienestar estaba garantizado, al punto de haber inaugurado el Ministerio de la suprema Felicidad Social del Pueblo, noticias así no son de fácil digestión. Mucho menos de fácil abordaje porque se entienden como cachetada a una descripción de la realidad derivada únicamente desde las verdades del discurso oficial. Así como alguna vez toda América Latina asumió que con la recuperación de las democracias se solucionarían las deudas sociales, Venezuela dió por sentado que, estando tan cercana a lograr el socialismo, nadie actuaría delictivamente sobre la propiedad, sencillamente porque esta dejaría de ser un valor fundante de la sociedad. La mano dura entonces debe ser impuesta para garantizar la vida de quienes conviven en paz y para mostrar en el cuerpo del criminal el empeño que pondrá el gobierno bolivariano en erradicar la inseguridad. Es la pena la que prima porque, desde la visión totalizadora, el crimen no es una falla del cuerpo social per se sino el reflejo de una conducta desviada que conlleva a la violencia social. Eliminadas (o trabajando para) las diferencias de clase, raza y sexo, el delito carece de sentido porque están garantizadas las condiciones para el efectivo desarrollo humano. Mano dura entonces a quien amenaza el camino a la patria socialista. Mano dura entonces a quienes no necesitando nada, van por todo.
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Pero la veracidad del argumento falla, a mi entender, en dos nociones. La primera: Desde el punto de partida, resultante de un prisma ideológico - ideologizante. La segunda: desde lo fáctico. Desde lo ideológico, falla al haber asumido que la declamación de la lucha por el obrero y la instauración de la República Bolivariana aniquilarían las condiciones de desigualdad históricamente surgidas de un modelo de producción capitalista. En un estado caracterizado por la obtención de la riqueza a par-
trasciende opiniones volátiles y relaciones de fuerza temporales. Si el gobierno -desde el Ejecutivo- tiene la facultad de imponer los programas para garantizar la paz social y diagramar las políticas de seguridad, es el Estado quien le marca los límites. Como en un partido de fútbol en donde la cancha es el territorio, los equipos son partidos, el árbitro y jueces de línea son los poderes republicanos y las reglas del juego son la constitución. La adhesión por miedo, la erradicación de la divergencia por
C Como en un partido de fútbol en donde la cancha es el territorio, los equipos son partidos, el árbitro y jueces de línea son los poderes republicanos y las reglas del juego son la constitución. tir del petróleo, huelga saber en qué descansa la ocupación de la mano de obra. Asimismo, la igualdad será el producto de un proceso (y como todo proceso lleva tiempo) derivado de la voluntad de todo el cuerpo social. Esta voluntad, así como la convicción acerca de lo deseable, no puede ser violentada. No emana de la punta de la espada ni a fuerza de decreto, sino que surge de un consenso construido del debate. Adentrándonos en la naturaleza del régimen venezolano, podemos decir que adolece de ser totalizante. La diferencia de un modelo político de estas características y un modelo fundado en valores democráticos, es que estos últimos nacen de la moderación, como directriz opuesta al extremismo, la cual se refleja en el tono del debate y la apertura de la convocatoria. La tolerancia y respeto por la pluralidad instituyen la cooperación como único medio posible para obtener algún resultado efectivo y duradero. A fin de cuentas, es el Estado como entidad fija que
la censura y el convencimiento por repetición, generan una falsa sensación de unicidad y convicción. Destruida la arena de la cooperación y calladas las manifestaciones de divergencia, las posibilidades de un cambio profundo de conciencia nacen truncas y hacen que lo indeseable de la realidad asalte por sorpresa. El crimen en esta instancia es un indicador de que no todo está tan bien y que parte de la sociedad no está profundamente convencida que el Estado sea el proveedor de los bienes y servicios necesarios para una vida plena. La segunda falla que percibo es desde lo numérico. Si partimos del acto criminal como consecuencia de una conciencia individual desviada y por ende, consecuencia de una excepcionalidad, los indicadores de tasa de criminalidad debieran ser bajos. Según datos oficiales del gobierno, Venezuela cerró el 2013 con una tasa de homicidios de 39 por cada 100.000 habitantes, cifra que se duplica si se toma como insumo al Obser-
vatorio Venezolano de Violencia, quien arroja una media de muertes violentas de 79 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, el Observatorio Venezolano de la Violencia midió un incremento del 10% del 2011 al 2012 . Si tomamos como criterio de medición los robos, las violaciones y los secuestros, estos también han aumentado. Lo único que descendió es el hurto. Si consideramos que el nivel de pobreza ha descendido, pasando del 48,6% a 27,8% (CEPAL; Informe Panorama Social de América Latina. 2012.) las condiciones materiales se irguen como secundarias en las causas de la actividad criminal. Quizás sea momento de reflexionar sobre la cultura que acompañó la implementación de las medidas que buscan viabilizar la equidad y analizar el mensaje que emana el espíritu de gobierno. Evidentemente, no solo de pan vive el hombre y lo inmaterial, lo simbólico y los parámetros relacionales tienen algo que ver en el origen del crimen. Si a principios de los ochenta los demócratas pecamos de ingenuos, en el nuevo siglo vemos a Venezuela sucumbir ante la soberbia. Solucionar la piedra en el zapato de la inseguridad en un Estado que instaura desde organismos ministeriales la felicidad social del pueblo, exige medidas extraordinarias y fulminantes. Ello, aún a costa de garantías fundamentales de los individuos que conforman esa sociedad, porque para el igualitarismo autoritario las garantías individuales deben ser y serán siempre burguesas. ◼
(*) Lic. en Ciencias Políticas UBA - Secretaria de Relaciones Lationamericanas. Juventud Radical Argentina.
PUNTOS
s.
Por Carla Leiva (*)
T
ras el asesinato de la ex miss Venezuela, Mónica Spear, el Presidente Nicolás Maduro llamó a la oposición a los fines de coordinar a las Fuerzas de Seguridad de los municipios para prevenir los delitos que azotan a la región, con un nuevo plan de seguridad de claro enfoque interdistrital. A la cita acudieron todos los gobernadores y alcaldes de la zona, incluido el perdedor de la última contienda presidencial, Henrique Capriles, quien aseguró que no consideraba necesaria su presencia pero que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, fue convencido por su equipo de hacerlo. Según el referente de la opositora Mesa de Unidad Democrática venezolana, los gobernantes eran los indicados para coordinar estas cuestiones con el Presidente (Presidente al cual él no reconoce como tal). La convocatoria, agregó, sólo responde a una estrategia que busca acercar a los medios y seducir al pueblo con la imagen de un dialogo carente de toda nece-
Problema serio, enfoque Maduro sidad. En el mismo sentido, se apuró a remarcar que la presencia opositora no pasa de ser una muestra de buena voluntad y que no debía tomarse de ninguna manera como un apoyo a las políticas implementadas o a implementarse por Maduro. Sin embargo es notorio, en este como en otros temas, que la oposición comandada por Capriles utiliza sucesos que conmocionan al país, y los transforman en meros hechos de politiquería barata, con el solo objetivo de generar más odio en la comunidad. Valga el ejemplo:
de propuestas para frenar esta situación por demás compleja que atraviesa Venezuela. Desde la asunción de Maduro, el tema de inseguridad ha sido una preocupación constante, que el Presidente asume con total responsabilidad, como cada una de las adversidades que se le presentan. No obstante, no deja de ser un mal al cual la sociedad venezolana pide pronta solución. El país debe resolver un problema cultural duro, es el del poder mal entendido por encima de los valores supremos de
E El país debe resolver un problema cultural duro, es el del poder mal entendido por encima de los valores supremos de la vida. Tener ner un arma o matar a alguien llegó a dar estatus at s en atus los barrios marginales. la única declaración que ha realizado para los medios el gobernador del Estado de Miranda, ha sido que “tendría que venir otro gobierno para palear esta crisis”. Sin embargo sus críticas nunca han sido acompañadas
la vida. Tener un arma o matar a alguien llegó a dar estatus en los barrios marginales. Por eso, más allá de las medidas que tienen que ver con leyes, reforma policial, desarme, destrucción de armamentos, etcétera; es urgente entender la centralidad del problema cultural, se deben profundizar los valores de vida y paz en contraste a la cultura de la muerte y la violencia, donde una persona llega a matar por trascender. En ello el papel de los medios de comunicación es fundamental y, lamentablemente, desde el inicio del chavismo éstos han actuado desde una posición francamente destructiva, lo que profundiza aún más la desigualdad social y la división de clase. No olvidemos que los medios son manejados por grandes empresas y monopolios que manejan también a la oposición. Claramente las políticas neoliberales también han ayudado para que esta grave crisis esté por encima de las políticas sociales que se implementan con éxito en el país caribeño, mu-
chas de ellas grandes logros del ex presidente Hugo Chávez, como la inserción escolar, los cambios en la justicia, transformaciones en el sistema penitenciario, etcétera. Pero cabe aclarar que en los períodos anteriores al gobierno del PSUV han surgido fuerzas policiales que actuaron o fueron manejadas por verdaderas mafias y que la presidencia trata, hasta la actualidad, de desarticular para dar paso a verdaderos cuerpos de elite que protejan al ciudadano común. El problema, como se dijo, es serio y exige soluciones urgentes; pero tendremos poco que esperar si los representantes de algo menos que la mitad del pueblo venezolano apuestan al obstruccionismo y al pánico social desde los medios de información. ◼
(*) Estudiante de Comunicación Social Universidad de Buenos Aires. Militante kirchnerista.
NOTA: Al momento de cerrarse la edición de este número, aún no se habían desatado en Venezuela los lamentables episodios de los que tuvimos que ser testigos recientemente. Hemos decidido publicar sendas columnas de todos modos, porque entendemos que ilustran acabadamente las tensiones existentes en el hermano país que, desatadas como fueron, dieron lugar a la conmoción política y social. Desde Anomia Boba, nuestro compromiso con la democracia en el más amplio de los sentidos.
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Reunida y llamada al acuerdo, la Excelentísima Sala Alfa de la Cámara en lo Histórico y Anecdótico Nacional, fue sometida a consideración de Vuestras Señorías la vida y obra del Dr. Mariano Moreno. Así votaron ellas: La Señora Jueza Dra. Doña Libertad Liberoa de Líber dijo: Visto: 1Que llega a mi estudio la presente causa en la que debo merituar el paso del Dr. Mariano Moreno por la escena nacional. Y considerando: 1Que se trata en el caso de una figura polémica, que fuera condenada a la intrascendencia por quienes lo han señalado como un revolucionario de escritorio; a la vez que recibió los máximos honores por otros escritores de la historia nacional, llegándoselo a señalar como el alma pensante de la revolución de mayo. Tal disparidad de opiniones, hace merecer el presente decisorio. 2Que la figura aquí puesta en crisis sufrió lo que llamo la tragedia de los decididos con criterio: para los fanáticos del status quo, el Dr. Moreno representa lo peor del revolucionismo radicalizado, algo así como un Robespierre a la criolla. En tanto, para los que reclaman exclusi-
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vamente para sí el concepto de revolución como sinónimo de guerra de la clase, se trata de un mero burgués comprometido con los intereses de aquélla, a cuyo servicio puso sus dotes intelectuales. En definitiva, un tibio con capacidades superiores al común de la gente. 3Que ninguna de las dos interpretaciones arriba señaladas puede tener acogida favorable. No es cierto que pueda hallarse en el Dr. Moreno una sed de sangre opositora, que algunos han intentado fundar en los escritos por él redactados en su tiempo. En primer lugar, tales lecturas hacen un bochornoso esfuerzo por ignorar el clima de época de los hombres de mayo y los intereses que por entonces entraron en disputa. ¿Cuánta moderación les podemos exigir a los que opusieron a la fusta del virrey las garantías de la República? ¿Qué prudencia hay por demostrar cuando un pueblo se debate entre las cadenas de la esclavitud o el bochorno de la tortura y las libertades individuales y los derechos de la dignidad humana? Lanzado a la lucha por la conquista de los bienes más preciados por las naciones civilizadas, el personaje aquí controvertido no ahorró recurso que estuviera a su alcance, y por eso no debemos hacerle crítica alguna sino todos los homenajes que podamos. En segundo término, la idea de Moreno como un revolucionario intolerante cae por su propio peso al observar su actitud luego del triunfo en Mayo. Integrando la denominada Primera Junta de Gobierno, quedó en sincera minoría de poder frente a su adversario Cornelio Saavedra, de tintes bien moderados y con su hegemonía basada en las milicias. Su conducta frente al mayor fracaso en su estrategia política echa por tierra todo lo que alguien pueda decir de Moreno como un fanático: habiendo perdido la discusión respecto de qué debía hacerse con los representantes de los pueblos del interior (creía que su incorporación al ejecutivo tornaría a la Junta en un órgano elefantiásico e inoperante) presentó, callado, su renuncia y siendo esta rechazada, fue enviado a una misión diplomática donde murió a manos asesinas aún no esclarecidas por la historia, pero que muchos no dudan en señalar como pagadas por los adalides de la moderación, el orden y la moral católica.
4Que, muchísimo menos, puede decirse de Mariano Moreno que se trató de un hombre de clase que con su inteligencia destacada contribuyó al mero triunfo de la misma. Por empezar, cabe impugnar esa idea tan genérica de clase a partir de la cual se insiste en definir al individuo ignorando su dimensión de tal. ¿Qué pueden tener de común –por ejemplo- en los ideales, en las luchas, dos mujeres como Mariquita Sánchez de Thompson y Manuelita Rosas? Nada. Y ahí están ambas, burguesas, millonarias y estancieras. Pero, aceptemos por un momento esa idea casi caprichosa de que la clase es lo único que puede definir al hombre y digamos, ¿no era más fácil para un hombre de ascendencia tradicional como Moreno, cultivado en los mejores claustros de la sociedad virreinal, presionar por un ascenso dentro de las mismas estructuras virreinales que se mostraban cada vez más tolerantes a él y los suyos, máxime teniendo en cuenta las dificultades de una corona empobrecida que necesitaba el apoyo de la burguesía comerciante y profesional para subsistir? Se nos podrá decir que todo lo que tenía el viejo régimen para ofrecer era poco comparado con las aspiraciones de los hombres como Moreno. A ello responderemos señalando lo fugaz de su paso por el poder público de trascendencia, del cual se alejó por motivos fuertemente ideológicos. Se nos dirá que su clase necesitaba hacerse del gobierno para terminar el monopolio comercial y dar rienda suelta al libre cambio para expandirse. Diremos que el poder de presión de la burguesía por entonces, sumado a la pobreza del equilibrio que había logrado el poder virreinal luego de la caída de Fernando VII; habría permitido a la clase comerciante arrancar al poder establecido bastantes concesiones en ese sentido, sin tener que problematizar toda la estructura de poder hasta entonces existente. Por lo expuesto, fallo: ABSOLVIENDO al Dr. Mariano Moreno de toda crítica infundada y frívola de la cual fuera objeto y ORDENANDO se lo tenga por padre de las libertades públicas de la Nación Argentina. Comuníquese a los manuales de historia. Dése forma.
El Señor Juez Dr. Don Juan Conserva de Rechozo dijo: Visto: 1. Que vienen a mi consideración estas actuaciones en las cuales se juzga al ciudadano Mariano Moreno en su rol de revolucionario y como uno de los númenes inspiradores de la independencia. Y considerando: 1. Que no comparte el suscripto las opiniones vertidas por su distinguida colegas preopinante por las razones que seguidamente se expondrán. 2. Que su postura jacobina, cabalmente expresada en su Plan de Operaciones, pudo, además de poner en peligro la revolución, haber impedido la construcción de una alianza con los sectores que veían con recelo los excesos sangrientos y que desconfiaban de los cambios profundos; estratos conservadores que Saavedra representaba, y con los cuales necesitaba construir poder para el establecimiento de bases sólidas para la
independencia y la construcción del nuevo Estado. 3. Que una parte de la perspectiva revisionista que se terminó por imponer, y que hace prevalecer una visión caprichosa, selectiva y parcial de la historia, primero lo sindicaba como defensor de los intereses británicos, para después aclamarlo como el alma de la naciente revolución. 4. Que el decreto de Supresión de Honores del secretario Mariano Moreno a partir de un homenaje que se le hiciera a Don Cornelio de Saavedra, estableciendo que se le debe rendir honores a la Junta y no a personas individualmente, fue uno de sus cuantiosos excesos políticos. 5. Que en ese sentido, el fusilamiento de un leal hombre a la causa de la libertad de estas tierras como había demostrado ser Don Santiago de Liniers, repeliendo a las tropas de invasión inglesas, fue una clara sobreactuación devenida, según algunos estudiosos, de una posible paranoia que lo llevaba a una hiperactividad febril e incesante. 6. Su postura filoindigenista, paradójicamente, pudo haberlo hecho tener una visión retrógada con respecto a la implementación de una política que redujera y avanzara sobre las fronteras con el indio en pos de ganar territorio para la civilización, la urbanidad y el desarrollo de una política industrialista. 7. Que el periódico fundado por él, La Gaceta de Buenos Ayres, no era más un periódico que un panfleto de la Junta, destinado a concientizar al pueblo sobre la revolución que se estaba llevando a cabo. 8. Que su posición de debilidad política en la primera Junta demostrada a partir de la incorporación de los diputados provinciales, que le imprimieron una posición de mayor mesura a la revolución como quería Saavedra, apresuraron su salida del gobierno, sólo siete meses después de su formación. 9. Que el ser enviado a Inglaterra como representante del gobierno revolucionario fue un pedido suyo y no fue un demérito y un castigo sino muy por el contrario, un reconocimiento histórico a su labor destacada por la revolución en estas tierras. 10. Que queda en la duda el hecho de que pidiera ir a Inglaterra a comprar armas con la misión de armar al flamante ejército, que respondía al presidente de la Junta, bajo la solapada intención de armarse para combatir a sus enemigos en el país. Dado el nulo apoyo social que tenía Mariano Moreno, apoyo con el que sí contaba Cornelio Saavedra que era visto y respetado como líder, hubiera necesitado de armas y sustento logístico y financiero por parte de Inglaterra o Francia para tener una base de poder real y así hacer frente a sus enemigos internos. 11. Que de su supuesto crimen nunca pudo comprobarse nada y que el capitán del buque Fame, no tenía el motivo para haberlo asesinado, ni siquiera recibiendo un pago de los supuestos asesinos, poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con un país por el que el suyo demostró interés, llegando a invadirlo no en una, sino en dos oportunidades, además de la conveniencia comercial de ser la principal potencia proveedora de armas de la naciente revolución. 12. Que el envío de Mr. Curtis dos semanas después del envío de Moreno a Inglaterra, no despierta suspicacias puesto que se atribuía a una vieja
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práctica estratégica del virreinato, destinada a que los enviados diplomáticos se sintieran vigilados entre ellos y no se dejaran cooptar, y más en el caso de Inglaterra, por los intereses extranjeros. Era un cuidado de lealtades mutuo establecido como salvaguarda política por el país destinatario. 13. Que su exceso de violencia en pos de deshacerse de todos aquéllos que no comulgaban con la revolución, a la vez que ejemplarizar y amedrentar a los que dudaban de su lealtad a la misma y que la Junta representaba, pudo haber desembocado en algo muy similar a la época de El Terror francés, haciendo víctimas a unos y otros, a propios y extraños, a culpables e inocentes, y transformarse finalmente en ese Robespierre cuyo destino sería caer él mismo bajo el signo siniestro de la sangre. Pudo haberse desatado una situación que hubiera sentando un antecedente nefasto para la ya de por sí violenta historia de nuestro país. Por lo expuesto, fallo: CONDENANDO al olvido al Dr. Mariano Moreno por su alma violenta y extremadamente sanguinaria, que puso en riesgo el delicado equilibrio que conlleva el armado de una coalición de diferentes sectores sociales, económicos y políticos necesarios para el éxito de una revolución y la posterior construcción de un estado, montado sobre esa alianza que necesariamente debe ser pre y post revolucionaria. ACONSEJANDO que cada vez que aparezca el nombre del ex secretario de la Primera Junta en las clases de historia del nivel medio, se advierta sobre la peligrosidad y la inutilidad del uso desenfrenado de la violencia, aún en el contexto de una revolución, debido al precedente y las consecuencias que puede ocasionar en una nación. Comuníquese a los manuales de historia. Dése forma.
El Señor Juez Dr. Don Revisio José María Clavel dijo: Visto: 1. Que llegan a mi consideración estos autos en los que se debe juzgar el desempeño del Dr. Mariano Moreno en la Primera Junta de gobierno y en su acción política en general. Y considerando: 1. Que como brillante y calificado representante de los hacendados propició con honestidad intelectual, porque así lo creía conveniente para el triunfo de la revolución, la perspectiva que favorecía esos intereses y que claramente era la apertura comercial a Inglaterra. 2. Que sus ideales igualitarios iluministas lo llevaron a defender ante las propias cortes españolas a indígenas que fueron objeto de abusos y maltratos por parte de los conquistadores en el Alto Perú, denunciando y desafiando al poder abominable que
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sostenía el vejatorio e ignominioso régimen colonial que pesaba sobre estas tierras. 3. Que se le reconoce el haber sido el primero en impugnar la legitimidad de la dominación española, ya que no hubo contrato entre España y los americanos, según el cual éstos consentían ser súbditos del rey, sino un hecho de fuerza y la fuerza, según Rousseau, no da derecho. 4. Que habiendo fundado la Gazeta de Buenos Ayres, lo revela como brillante estratega el hecho de que él mismo dispusiera como secretario de la Junta que se leyera en las iglesias para que la información y el sano adoctrinamiento ideológico pudiera llegar a todos, incluso a aquellos no instruidos ni alfabetizados. 5. Que el fusilamiento de Liniers, fue entendible y justificable, ya que habiendo sido su prestigio bien ganado liderando la resistencia a las invasiones inglesas, el alzamiento contrarrevolucionario protagonizado por el ex Virrey en Córdoba, ponía en riesgo la suerte del flamante pero aún endeble levantamiento criollo contra la Metrópoli. 6. Que su adversario ideológico, el presidente de la Junta, Saavedra, como líder de la milicia, y ostentando un poder concreto, le permitía hacer hasta donde el aquí juzgado pudo, viendo cómo la revolución no avanzaba tan profundamente como él hubiera querido, constriñendo su accionar y perdiendo cada vez más poder. 7. Que el capitán de la fragata Fame, dispuesta por agentes de Saavedra, dio su negación de volver o atracar en Río de Janeiro o Ciudad del Cabo para tratar el malestar de Moreno, y optó, ante la falta de médico, por prepararle él mismo una serie de eméticos, suministrándole la noche del 4 de marzo de 1811 un vaso de agua con 4 gr de antimonio tartarizado, dosis varias veces mortal. Coronado esto por el hecho de lanzar su cuerpo al Atlántico con la imposibilidad de cualquier autopsia, habiéndose consumado así la voluntad de sus enemigos de la cual el mismo Moreno había sido advertido. 8. Que quince días después de la partida de Mariano Moreno, el gobierno de la Junta firma contrato con David Curtis De Forest, en misión similar a la que se le había encomendado al ex secretario: la compra de armas para el ejército en formación. En el contrato firmado especifica en uno de sus artículos que ante el fallecimiento o accidente del Dr. Moreno, deberá presentarse, el señor Curtis, ante un conocido traficante de armas, cuyos servicios ya habían sido solicitados en 1810. Moreno, indudablemente hubiera objetado y se hubiera opuesto ante aquél negociado, haciendo necesaria y esencial su muerte para llevar a cabo los objetivos comerciales ilícitos que sus asesinos habían planificado tiempo antes del envío y de la partida de Moreno. 9. Que sus aparentes contradicciones no lo eran si nos imbuimos en la lógica que conlleva no sólo una
revolución, sino aquélla revolución en su sentido político más específico: España invadida por los franceses; Inglaterra en alianza con España para contrarrestar el dominio militar y comercial napoleónico en el viejo continente; la necesidad de ganarse el favor de Inglaterra soterradamente como parte del proceso que termine de catalizar la revolución y obtener los favores comerciales de la potencia hegemónica de su época, justamente Inglaterra. Su trabajo Representación de los Hacendados no era contradicción para su ideario revolucionario, puesto que sus ideales eran iluministas y republicanos, por ende no hacía una cuestión de dominación de clase. La única frontera que establecía era la de la revolución y a todos aquéllos que no la apoyaran sacarlos del camino, ya que se constituían en un obstáculo peligroso dado lo endeble, cambiante y volátil de la situación, y la posibilidad muy real de que los que en ese momento detentaban el poder en la Junta, al otro día podían ser carne de fusilamiento por algún triunfante movimiento contrarrevolucionario. La contracara de su rigurosidad impiadosa con los enemigos de la revolución, se dio en la defensa legal de los indígenas víctimas de los abusos de los conquistadores en el Alto Perú, acusando además al intendente de Chuquisaca y al alcalde de Chayanta, lo que revela, además de su valentía y coraje, el compromiso con la defensa de las víctimas más directas del perverso régimen colonial, razón por la cual debió regresar a Buenos Aires. Como conclusión de la corta pero intensa vida del personaje en cuestión, nos queda que la pasión y la brillantez con la que abrazó la causa revolucionaria, lo elevó por sobre los hombres de su tiempo, colocándolo en un panteón de prohombres selectos que p p q tuvieron la visión de conciliar la libertad política y económica con la igualdad social, idea ésta por la que tanto padeció nuestro querido país. Fue marcado a fuego por los pensadores iluministas y por el sufrimiento que vivió al ver maltratados hasta la muerte a los indígenas en el Alto Perú, en su época de estudiante. Sufrimiento que tomó en carne propia como su cruz el resto de su vida. En esa edad clave donde las ideas románticas se funden con los sentimientos marcando a fuego el alma, surgió ese Moreno revolucionario, pensando a la vez en la nación y en el padeciente, en aquella víctima
de un poder descarnado. ¿Cómo no iba a tomarse seriamente el compromiso de construir un país donde ya no existieran esas injusticias? Injusticias que al padecerlas el nativo, era símbolo del sometimiento de toda esta tierra, que bajo diferentes máscaras y ropajes hemos sufrido durante cinco siglos. Por lo expuesto, fallo: ABSOLVIENDO al Dr. Mariano Moreno de toda crítica referente a su espíritu de acción profundo y comprometido en pos del éxito de la revolución de independencia, CORRIGIENDO aquella perspectiva en la que se lo juzgó con menoscabo, no sólo por su labor y desempeño en la Junta, sino y lo que es más grave aún, hacia su persona sólo por la clase social a la que representaba, que en ese momento era parte muy marginal de la élite. ACONSEJANDO que se considere y mencione siempre que se hable de él, el coraje y la bravura con que la que obró como hombre y como funcionario al servicio de la flamante Nación y en defensa de los más vulnerables de su época y de las víctimas directas del vasallaje colonial que combatió hasta dar la vida. Comuníquese a los manuales de historia. Dése forma.
Así las cosas, por mayoría de votos resulta absuelto el encausado; quien habrá de ser tenido en lo futuro por Padre de las Libertades Civiles, aconsejando se mencione cada vez que se evoque su figura el coraje y la bravura con que la que obró como hombre y como funcionario al servicio de la flamante Nación. Ello fue así, por ante mí, que doy fe. Juan Alberto Archipinche Pereyra p y Las Heras de Bunge y Anchorena. Secretario. ◼
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ED IT OR IA L De las botas a los votos: qué decir 38 años después. El 24 de marzo de este año cumpliremos 38 años desde la última usurpación militar del poder político argentino. El helicóptero que secuestraba a la inepta presidenta ya depuesta despegaba, y aterrizaba sobre el país un manto de sangre que habría de cubrirla y asfixiarla por los siguientes siete años. Es tanto lo que se ha dicho sobre la última tiranía nacional que queda poco espacio a la innovación cuando uno quiere condenar desde una página los horrores del período 1976-1983. La brillante pluma de Sábato nos dejó un registro minucioso del sadismo oficial y un prólogo que fue cercenado por los cobardes e irrespetuosos que, en las difíciles horas en que hubo que gritar verdades a un país que había elegido la sordera, se quedaron inmóviles paralizados por el miedo o la complicidad. La épica del discurso oficial, como todo relato populista, necesitó de una impugnación del pasado para poder definirse a sí misma y encontró en la cuestión setenta el tópico ideal. Quienes en dictadura se guardaron o enriquecieron, interpretaron nuevamente su historia y se descubrieron militantes aguerridos contra ella, aún no entendemos cómo. Bien podrían integrar muchos de ellos la dantesca sección “juicio a la historia” de esta publicación, con sus listas de cómplices y héroes, con sus juicios púbicos populares y toda una nueva terminología que es de rigor usar y ¡ay del que no lo haga!: El que no se refiera a la dictadura como cívico-militar (término de dudoso rigor histórico que se aplicaría mejor a otras experiencias autoritarias como la que siguió al golpe de 1955) será un defensor de Martínez de Hoz; el que se anime a criticar el actuar de Montoneros o el ERP, será el primer defensor de la despreciable teoría de los dos demonios; y ni se le ocurra, lector, recordarle a algún oficialista el decreto de aniquilamiento de la
subversión que –en pleno mandato democrático de Isabelita- permitió introducir a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ni se le ocurra, porque de alguna manera extraña usted pasará a ser amigo de Videla. Salir de las claudicaciones de los noventa, vemos, tuvo su precio. Parece –no obstante- un precio razonable a pagar, de cara a la insoportable impunidad que esa década pretendió garantizar al mal absoluto. Preferimos la exaltación de un pasado ficticio a la existencia de un presente que nos avergüence. Por ello creemos que la democracia de hoy reclama para sí una definición más exigente que el mero acto de poner un papel en una urna cada dos años. El conformismo es algo que el Estado de Derecho no tolera. Al sangriento recuerdo de los años del plomo y de las botas tendremos que oponer las bondades de un sistema donde la intolerancia sea imposible y el privilegio un mal recuerdo. Un sistema donde la ciudadanía pueda buscar su felicidad sin definiciones preestablecidas. Desde acá, nuestro homenaje a los que dejaron la vida en defensa de aquella utopía. A las madres que no dormían hasta que escuchaban volver a sus hijos a sus casas. A los estudiantes que soportaron requisas porque llevar libros en la mano era ser peligroso. A la bravura de esas mujeres desesperadas que, con un pañuelo en sus cabezas, sensibilizaron a un pueblo que guardaba un silencio rayano en la parálisis. A los abogados que firmaron las acciones de hábeas corpus por los detenidos ilegales sabiendo que era firmarse la propia sentencia de muerte. Al tipo de a pie que durante siete años vivió con miedo, aunque sin tener del todo claro por qué. Nunca más. Revista Anomia Boba.