Anomia Boba #2

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CUESTIÓN DE ESTADO

Democracia, pero no tanto.

JUICIO A LA HISTORIA Las Juntas Militares.

CLASES DE DERECHO Con Juana María.

Año 1 - Número 2 - Abril 2014

¿CUBA LIBRE?

Ucrania entre dos

mundos


CONTENIDO 3

Clase de Derecho con Juana María

9 Ucrania entre dos Mundos

El proyecto de reforma del Código Penal y las angustias de la Señora Senabre

Las tensiones y la complejidad de un conflicto que reedita viejos miedos y alimenta nuevas especulaciones.

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12 El Político, el Científico y el Maestro

La Condición Humana en Contextos de Autoridad

¿Cuánto espacio hay para la individualidad en ámbitos donde la obediencia es virtud?

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Nota de Tapa

¿Cuba Libre?

Publicación mensual digital gratuita - Año

Homenaje a Juan Carlos Portantiero.

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Juicio a la Historia

Fallo y sentencia a las Juntas Militares.

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Editorial

Malvinas. Conmemoración del 2 de Abril - Día del Veterano y Caído en Malvinas.

Cuestión de Estado

Democracia, pero no tanto.

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1 - Número 2 - Abril de 2014 - El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores - Todos los derechos están reservados - Queda prohibida la reproducción total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores - La información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.

Co-Director General

Co-Directora General

Lucas M. Bellotti

Gisela B. Mouzo

José Texidó


Clases de Derecho

con Juana María Por Lucas Bellotti Estudiante de Abogacía Universidad de Buenos Aires. Director de Revista Anomia Boba.

Todo estaba perfecto para retirarse, cuando Juana irrumpió en la oficina al grito de ¡hijos de puta! ¡hijos de puta! ¡amigos de los asesinos, eso son!. Que un cliente entre con ese tipo de palabras al estudio no es algo demasiado anormal, sobre todo después de la regulación de honorarios, pero este no era el caso de nuestra espontánea visitante. Juana María Senabre, de 60 años, era una de esas clientas que atendíamos gratuitamente cuando todavía vivía el bueno de mi ex socio, el Dr. Mario Ramis, un enamorado de las causas nobles, cuyas actitudes desprendidas casi llevan al estudio cuatro veces a la bancarrota. La tarde que llegó Juana a la salita donde atendíamos a nuestros clientes, logró explicar –en medio de un ataque de nervios– que su hijo había sido asesinado sin motivo, cuando volvía a su casa en el remis que manejaba todos los días. Al cabo de cinco años, el juzgado llegó a la conclusión de que el finado en cuestión había muerto a consecuencia de su parecido físico con un infeliz que, asustado por la policía, habló demás en un interrogatorio. Moraleja: 20 años de cárcel. El trámite de la causa fue tan doloroso para esta madre como para cualquiera, pero nuestra amiga tuvo la suerte de dar con Ramis; capaz de hacer las veces de psicólogo, asistente social y cura confesor ante cualquier persona que se acercara derramando unas lágrimas. Imperceptiblemente, la presencia de Juana fue cada vez más usual en el estudio y en algún momento pasó a ser parte habitual del paisaje, tanto como ese potus de mierda que sigue en la mesa ratona de la recepción. Opinaba sobre los clientes, los abordaba en la recepción para hablarle de lo fantástico que era “el dotor Romí” y les consultaba por qué venían, adelantando resultados con los conocimientos que fue adquiriendo por ósmosis luego de tanta estadía entre fotocopias y escritos. La cuestión es que acá estaba de nuevo Juana, a los gritos, entrando a paso decidido a mi despacho con su infaltable y horrible batón. Detrás de ella asomaba la cara de mi secretaria que, con los ojos abiertos como dos platos y desesperada, pedía disculpas encogiéndose de hombros.

–Pase Juana, ¿qué precisa? Cálmese. Hice un gesto con la mano para que la secretaria se retirase. –Preciso que vayamos a un juzgado a que declare ya inconstitucional el nuevo Código Penal. Usted me firma el escrito y me dice dónde hay que dejarlo y mañana a las 7.30 lo presentamos. Juana, que había adquirido un insoportable vocabulario jurídico amateur, insistía en la inconstitucionalidad de cualquier ley que le molestara. Mientras me decía cómo redactar el escrito, blandía un ejemplar del diario de hoy al que señalaba cada vez que quería demostrar que hablaba con certezas. –Y, dígame, qué buena razón tenemos esta vez para pedirle a un Juez que declare inconstitucional una ley. –¡Ah! Qué bueno que pregunta. Esto es una locura por todos lados, acá dice – otra vez señalaba el diario –que se van a abrir todas las cárceles y que el que mate, como me lo mataron al Rúben, le van a decir que haga no se qué carajo de trabajos para la comunidad. También que matar cuarenta veces va a ser lo mismo que matar una. ¿Están todos borrachos estos del congreso o qué? Robar va a ser más fácil que trabajar en este país, dotor. –Eso seguro y hace rato, Juana; sino mire la cantidad de abogados que tenemos. Pero déjeme hacerle unas preguntas para responderle bien. Primero, ¿se acuerda cuando me comentó que Rubén estuvo unos meses preso porque al garito que tenía cayó la policía? –Sí, pero qué tiene que ver eso. No me lo va a comparar al Rúben con un asesino o un violador. La indignación comenzaba a apoderarse de Juana, que apretaba los apoyabrazos de su butaca como un condenado a la silla eléctrica. –Bien, seguramente Rubén sabría que organizar mesas donde se apostaba en juegos de baraja, se servía alcohol hasta cualquier hora y cada tanto aparecía una jovencita en alquiler; era algo no del todo legal. –¡Pero qué…! –Ahora, Juana, con una mano en el corazón ¿Rubén leyó ese mamotreto que es el Código Penal antes de abrir ese antro? Le puedo asegurar que no. La cuantía de las penas le debe


haber resultado bien insignificante como para disuadirlo. Porque, básicamente, todos tenemos la imbécil convicción de ser intocables. Juana todavía estaba elaborando el rosario de puteadas que me estaba por dirigir, por lo cual aproveché para continuar sin su interrupción. –Y bien, Juana querida, ahora le voy a hacer una pregunta extraña. Si yo le digo que tengo encerrado en el baño de atrás al que le disparó a su hijo hace catorce años, ¿Qué haría? –A ese hijo de puta, ¡ay si yo lo agarro! Mire que yo soy cristiana. Pero a esos ni Dios los perdona, mi Rúben, pobrecito, ni treinta años tenía… –Totalmente, y si quiere yo la ayudo. Pero ¿qué respondería a la misma pregunta si mañana la pena por homicidio, digamos, se duplicara? –¡Qué carajo me importa, si yo ya estoy muerta! Me mataron a mí con él. Juana, necesariamente, rompió en llanto. –Exacto, exacto. Ni usted ni yo andamos por la vida midiendo los costos y beneficios de cada una de nuestras acciones. Hay motivaciones raras, inconfesables muchas veces, que nos mueven; Juana. Por esa puerta por la que acaba de pasar usted, entraron muchísimas más mujeres celosas que apuñalan a sus maridos cuando se enteran de su doble vida, que homicidas que salen a matar por deporte. Más imbéciles pegándose por alguna mujer que monstruos golpeadores que duermen a piñas al primero que se les cruce, solo porque sí. Le aseguro que esa mayoría no consulta las leyes penales antes de realizar esos actos. –Usted me quiere convencer de que cualquiera mata,

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cualquiera roba. ¿Acaso usted quiere que los ladrones anden por ahí, entre la gente honrada, caminando por la calle? –Bueno, claro que no. Aunque tampoco estoy convencido de que el día en que no haya más ladrones va a ser el día en que los tengamos a todos encerrados; en principio porque es materialmente imposible. Y luego, porque como bien dijo usted, muchas veces los que llegan al punto de romper la ley lo hacen porque el castigo que podrían merecer –por enorme que sea– es menos angustiante que la vida miserable que llevan. A usted la mataron, dijo, con la muerte de su hijo; intuyo que hay por ahí muchos muertos por el abandono de sus padres, por el hambre, por la droga, qué se yo… por cualquier cosa. Cundió el silencio. Yo también me angustié de pensar en todo eso, y de ver a esta pobre mujer deshecha, que seguía buscando consuelo en el peor de los lugares para hacerlo, como es entre las leyes y, tanto más, las leyes penales. Finalmente se atrevió a romper ese silencio cómplice: –¿Entonces no me va a firmar la planilla para que no salga el código que me dejaron los de Massa? –Por ahora no, Juana. Pero si quiere la acerco hasta su casa con el coche, que ya es tarde para un jueves y mañana tengo dos primeras. –Bueno. Pero la próxima me deja invitarlo a cenar que hace mucho que no viene con su señora a casa. –Trato. ■


LA CONDICIÓN HUMANA EN CONTEXTOS DE Por Antonella Belvedere Estudiante de Psicología. Universidad de Buenos Aires.

C

uidado lector, usted es un torturador en potencia. ¿Hasta dónde podemos atribuir a la individualidad ciertos actos que nos resultan atroces o aberrantes? ¿Dónde comienza y hasta donde se extiende la importancia del contexto social y cultural en la formación y el accionar del ser humano? La compleja trama que se propone es inquietante, puesto que lleva a recapacitar qué sería de nosotros si repentinamente nos halláramos bajo otro tipo de contexto, en el que, por ejemplo, nos viéramos obligados o persuadidos a hacer todo tipo de tareas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, o quizás, a cumplir dictámenes increíblemente violentos para los cuáles nos hacen creer que estamos hechos. Si esto realmente llegara a suceder, es decir, si nos encontráramos nosotros mismos o nuestros pares viviendo una situación de ese estilo, ¿seríamos capaces de descubrirlo por cuenta propia?, ¿podríamos oponernos a este tipo de entorno? Lo que lleva irremediablemente a preguntarnos: ¿hasta dónde es capaz de llegar el sujeto, ligado, atado a un contexto que lo condiciona despiadadamente? Este cuestionamiento obliga a remitir a un experimento sumamente interesante y estrechamente relacionado con el interrogante en juego, realizado en la Universidad de Yale en el año 1961, denominado “El experimento de Milgram”. Dicha experiencia requirió, para ser llevada a cabo, la participación de grupos conformados por tres personas con roles altamente diferenciados: el experimentador (el investigador de la universidad), el maestro (el colaborador que se ofreció voluntariamente a participar) y el alumno (el cuál es, en realidad, cómplice del experimentador pero finge ser participante del experimento). El experimentador, en este caso, se pone en el rol de autoridad máxima y exige al maestro que proporcione descargas eléctricas al alumno cada vez que éste falle en las respuestas a las preguntas dadas. Lo sorprendente es que el maestro, sin saber que todo era un escenario montado, acataba las órdenes al pie de la letra a pesar de las súplicas del alumno, es decir, continuaba dándole “descargas eléctricas” al éste (el cuál fingía recibirlas) cada vez que cometía un error. Cuando el maestro sentía que su rol en el experimento estaba en contra de su propia voluntad y deseo (lo cual no ocurría en todos los casos a prueba), y quería retirarse del mismo, el experimentador utilizaba ciertas frases preparadas, las

AUTORIDAD

cuáles indicaban que el maestro debía continuar ya que era esencial que él finalizara su tarea, por lo que, en la mayoría de los casos, los convocados a cumplir su rol permanecían suministrándole “voltios” al alumno sin razonar demasiado la gravedad de dicha orden. Conclusión: Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios, a pesar de que todos señalaron su insatisfacción con la situación de la que estaban tomando parte. El experimento anteriormente mencionado, sirve para reflexionar acerca de nuestra condición en contextos de autoridad. ¿Seríamos capaces de llegar a tener elecciones autónomas, o pasaríamos prácticamente toda nuestra vida sometiéndonos? ¿Cuándo deja de ser libre una elección para pasar a ser un mandato, el cuál debe ser respetado a rajatabla? Control, dominio, opresión, represión, son todos signos vigentes en épocas autoritarias; por lo que hay que tener el valor de transportarnos a otra incógnita: ¿Cómplices o simples marionetas acatando órdenes? No cuestionar a la autoridad, al titiritero, es el riesgo más grande que se puede llegar a cometer; porque en ese punto exacto, donde el bien y el mal ya no se deliberan, es donde se pierde toda posibilidad de piedad y razonamiento. Ya lo decía Hannah Arendt cuando introdujo a esta polémica cuestión la expresión “banalidad del mal” en su publicación para The Newyorker “Eichmann en Jerusalén”. En sustancial síntesis: Adolf Eichmann era un genocida partícipe de la masacre a judíos llevada a cabo durante la Alemania nazi y Hannah participó en el juicio en que éste fue condenado. Más tarde, empezó a reflexionar sobre el personaje en particular, y llegó a la conclusión de que el condenado no era un sujeto que poseyera características antisemitas previamente a dicho suceso, es decir, su afán de querer ascender en su carrera profesional y el hecho de encontrarse recibiendo constantes órdenes por parte de una figura de autoridad lo motivaron a realizar dichas brutalidades sin vacilar en si este accionar era “bueno” o “malo”. Esto no quiere decir que Eichmann esté libre de culpa ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que estas monstruosidades fueron cometidas porque él no se sentía más que un engranaje de una maquinaria inmensa y atroz. El término “banalidad del mal”, entonces, hace referencia a que algunos sujetos, los cuales pueden parecer perfectamente comunes y corrientes, actúan bajo las órdenes del sistema en el que se encuentran inmersos o de la autoridad demandante, sin recapacitar sobre la amenaza que producen dichos actos; basados en múltiples estímulos que no son

ajenos a ninguno de nosotros: el deseo de triunfar, ascender, ganar mejor, ser recordados, etcétera. Según Arendt, lo primordial es ver realizada dicha orden, siempre y cuando provenga de estamentos superiores, sin importar la brutalidad o el cinismo que haya que implementarse en el trayecto para ejecutarla. Existe cierto placer inconfesable en ver satisfechas las exigencias que emanan de superiores a quienes pretendemos agradar. La representación en carne y hueso de la autoridad, ese retrato, es tan fuerte, tan imponente, que en vez de ponerla en duda, el sujeto es capaz de cuestionar su propia persona, con tal de continuar cumpliendo órdenes para las cuáles cree que fue seleccionado especialmente. La obediencia estricta, es, sin duda alguna, una situación compleja en los contextos ultrautoritaros: El mayor éxito de esos regímenes se asienta en que no sólo la persona de la víctima ha perdido todo valor, sino que el mando medio también. Ninguno de los que forma parte del grupo dominante es valioso en sí mismo, su valor de cara al titiritero está dado por su celo en el cumplimiento de cualquier orden, por absurda o temeraria que parezca. Lo importante a destacar es que la mayoría de las personas creen estar exentas de tal barbarie, hasta podrían afirmar con gran convicción que nunca serían capaces de formar parte de un acto tan siniestro, tan despiadado; con toda certeza, especulan que la propia moral y la bondad en juego no lo permitirían. Sin embargo, muy a nuestro pesar, las pruebas demuestran lo contrario. La realidad es que ningún sujeto puede llegar a saber con exactitud, viviendo la situación en carne propia, qué es lo que haría por simpatizar, por respetar, en un contexto que se rige por órdenes y exigencias, en el cuál la vida de uno mismo se pone por encima de la de otro sujeto. Pregúnteselo, si quiere, a un integrante sinceramente convencido de un proyecto que entiende progresista y que, con alguna compleja lógica, consiente que comunidades aborígenes sean brutalmente masacradas. Al fin y al cabo, todos fuimos, somos y seremos esclavos de nuestro accionar y prisioneros de un determinado entorno, en mayor o menor medida, para bien o para mal. Lo único que podríamos llegar a hacer, en caso de experimentar una situación de esta índole, es no olvidarnos de cuestionar, teniendo en cuenta que rara vez sale algo positivo de seguir al rebaño; podría arriesgarse que de esa manera recuperaríamos parte de nuestra esencia y no dejaríamos que corrompieran totalmente nuestra persona. ■

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NOTA DE TAPA

¿CUBA LIBRE?

Sólo con mencionar al país caribeño, inmediatamente pensamos en las libertades que la revolución socialista conquistó para un pueblo hasta entonces humillado. Llega también el tiempo de ponerse exigentes y ver qué hay detrás de los eslóganes cómodos y los sentimientos de afecto para con modelos que encarnaron, a su tiempo, utopías igualitarias. Por Gisela Mouzo Estudiante de Abogacía Universidad de Buenos Aires Co-directora de Anomia Boba.

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a isla se sustrajo del dominio de Estados Unidos en 1959, cuando la revolución comandada por Fidel Castro puso fin a la dictadura de Batista y alzó las banderas de un nuevo régimen marxista-leninista. La promesa era seductora: llegaba el momento en que todos los esfuerzos habrían de ser mancomunados con miras a la construcción de un provisional Estado Socialista, que dejaría felizmente su lugar a una sociedad comunista, sin clases ni Estado, donde la

desigualdad sería solo un mal recuerdo. Una nación con principios declarados tan elevados; una Constitución que explicita treinta y seis veces que se trata de un Estado Socialista, por y para los trabajadores; y un Código Penal que establece en quince ocasiones que también es socialista, rápidamente nos hace pensar que estamos frente al paraíso donde libertad e igualdad vuelven a hermanarse. Sin embargo, cuando indagamos en las profundidades del Sistema Penal Cubano quedan al descubierto las contradicciones entre las ideas históricas defendidas por el socialismo y los principios que emanan de la ley represiva. Las garantías para el acusado son de marginales a nulas, las posibilidades de


La Constitución se niega a sí misma, cuando establece en su art. 5 que quien dirige y orienta a la sociedad, al Estado y al gobierno es el Partido Comunista de Cuba (PCC). de su condición de Ley Suprema, donde se depositan los mínimos irrenunciables para la construcción de la nueva utopía. Seamos claros: no dice la Carta Magna cubana, en el artículo referido, que la sociedad, el Estado y el gobierno serán guiados por los principios comunistas, en una manifestación de valores como las que se permiten todas las constituciones del mundo. No. Simplemente libra un cheque en blanco a las cabezas futuras del PCC, las cuales podrán actuar repugnando sin más a los mismos objetivos de la Revolución, al ideario socialista, pero quedando siempre facultadas por esa cláusula a hacer lo que se les venga en gana. La Constitución cubana no está en condiciones siquiera de ser la garante de la Revolución del ‘59. No habrá de extrañar, entonces, que la organización de la justicia también se encuentre subordinada al arbitrio del PCC: los tribuna-

incluyen las leyes procesales democráticas, se trata del “carácter garantizador de la independencia judicial. La independencia de los jueces no es una prerrogativa profesional. Se trata, en realidad, de que los ciudadanos, sujetos pasivos de la administración de justicia, tengan la garantía de que la persona que va a administrar algo de tan graves consecuencias como el poder penal del Estado, actúe con total libertad y sin estar sometido a presiones.” (Binder, 2009). Dentro del debido proceso, la defensa del acusado tampoco es una institución independiente, ya que los abogados pertenecen a bufetes, los cuales son regulados por el Estado y es éste el que toma la decisión de designar a quienes ingresar y a quienes no. No obstante ello, no se garantiza al acusado la posibilidad de elegir libremente a su abogado. Las garantías procesales en su mayoría se ven vulneradas en el sistema que nos ocupa. El pe-

La Constitución cubana no está en condiciones siquiera de ser la garante de la Revolución del ‘59.

expresarse libremente están raquíticas, y las penas para algunos delitos están cerca de ser prehistóricas. Es menester, entonces, preguntarse: ¿qué tan socialista es el derecho penal cubano? Marx y Engels enseñaron que, en el capitalismo, Estado y Democracia no son más que medios eficaces al servicio de la clase dominante para imponer sus intereses, obligar a los demás a aceptarlos como naturales y reprimir a quienes protesten o se opongan. Así las cosas, un proyecto socialista –al menos en el mediano plazo– debería abjurar de todo tipo de imposición ideológica, borrar para siempre todo lo que huela a represión y garantizar la plenitud del hombre en un nuevo contexto que le permita poner en acto todas sus potencialidades, otrora imposibilitadas de emerger a consecuencia de la alienación. La primer particularidad que surge cuando empezamos a bucear en ese complejo sistema de leyes cubano, es que la Constitución se niega a sí misma, cuando establece en su art. 5 que quien dirige y orienta a la sociedad, al Estado y al gobierno es el Partido Comunista de Cuba (PCC), es decir que abdica

les dependen de él, al igual que la designación de los jueces, quienes llegan a sus cargos seleccionados a dedo y sin concurso previo. “Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro, y sólo subordinados, jerárquicamente, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”- Artículo 122 Constitución Cubana. El Consejo de Estado es el órgano ejecutivo de Cuba, el cual conforme al art. 72 inc. 2 de la Constitución, es presidido por el jefe de Estado y jefe de Gobierno. Por otro lado es esta misma Constitución, arts. 131 y 132, la que otorga a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el más alto órgano legislativo de Cuba, la facultad de designar y destituir a los miembros del Tribunal Supremo Popular, al fiscal general y a todos los vicefiscales generales. “Los tribunales rinden cuenta de su gestión ante la Asamblea que los eligió, por lo menos una vez al año” - Artículo 128 Constitución Cubana. “La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige” - Artículo 129 Constitución Cubana. No se trata aquí de ofenderse por la mera falta de rigores formales republicanos: detrás de cada garantía que las leyes reconocen a un imputado, hay un individuo expuesto al poder del Estado que siempre tiende a volverse inquisidor. La garantía de juez independiente no es un adorno que alegremente

ríodo de instrucción, –primera parte del proceso donde se realiza la investigación acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la recolección pruebas que acreditan la culpabilidad o la inocencia del acusado– está dirigida por el fiscal y la policía, sin intervención y control de un juez de garantías. Teniendo en cuenta este panorama poco garante de los derechos de quienes han entrado al ámbito de sospecha de las leyes penales, y considerando la política que se lleva a cabo en el declamado país socialista, bien puede afirmarse que el imputado es en Cuba – y en su condición de tal– una suerte de caído en desgracia; al cual el Estado nada tiene que asegurarle. Tal es la gravedad, que Cuba es uno de los pocos países que en la actualidad mantiene como pena máxima la muerte, para aquellos delitos que pongan en peligro la seguridad del Estado Socialista. El código represivo castiga con muerte veintiún conductas tipificadas. Si se toma como dato de la realidad que el Derecho Penal es el arma por excelencia de cualquier Estado para imponer cierta visión del mundo, no será menor destacar, en el Código en estudio, la penalización de la protesta social (art. 100) y la penalización de la difusión de ideas contrarias a lo establecido por el Estado socialista (art. 103). Capítulo aparte merecen las medidas de seguridad pre y post-delictivas.

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NOTA DE TAPA La suerte de la persona sospechada queda librada a la consideración de las autoridades respecto de si debe ser detenida como consecuencia de la posibilidad de llegar a ser socialmente peligroso, o por la propensión en que se halla a cometer delitos demostrada por la conducta anterior. Un enfoque positivista francamente precámbrico, en donde en lugar de juzgar lo que el individuo hizo, se reprocha “lo que es y puede ser”. Sirva el siguiente artículo de ejemplo: “Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” - Artículo 72 Código Penal de Cuba. Y, si aun no corrió angustiado y sintió culpa por disfrutar de las hermosas canciones de Silvio Rodríguez creyendo que con eso bastaba para ser cool y progresista: “Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas; y en el segundo, medidas de seguri-

la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”. Varios organismos de derechos humanos entre ellos Human Rights Watch, se han manifestado sobre este punto, oponiéndose al uso ilegítimo de la detención preventiva, en particular cuando tiene por objeto el control social y cuando evade las garantías procesales mínimas, independientemente del contexto o del gobierno que la implemente con este propósito. Sin embargo, estas auténticas penas anticipadas o extendidas ilegítimamente, se siguen implementando. Un paraíso socialista, donde no haya dueños; donde los odios que al mundo envenenan se encuentren extintos; donde el hombre sea hermano del hombre, e iguales derechos que todos tenga. Tal es la promesa declamada con perfección poética en la Marcha de la Internacional. Todo ello parece, al menos por el momento, un horizonte lejano en las tierras bañadas por el Mar Caribe. Otros comentarios. ■

La suerte de la persona Bibliografía sospechada queda librada Binder, A. M. (2009). Introducción al derea la consideración de las cho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc. autoridades respecto de si debe ser detenida como consecuencia de la posibilidad de llegar a ser socialmente peligroso, o por la propensión en que se halla a cometer delitos demostrada por la conducta anterior. Un enfoque positivista francamente precámbrico, en donde en lugar de juzgar lo que el individuo hizo, se reprocha “lo que es y puede ser”. dad postdelictivas” - Artículo 76.1 Código Penal. Estas normas son el fiel reflejo de la falacia de “peligrosidad” que es, en esencia, una deducción basada en la condición misma de las personas, y su penalización en función de su juzgamiento de cara a una moral determinada (en los tiempos de la Inquisición, la moral católica; en los tiempos de Castro, la moral socialista) . Todo lo cual viene a violar el principio básico y prácticamente indiscutido por todas las naciones modernas, según el cual la ley penal debe centrarse en conductas específicas realizadas con la intención necesaria. La misma la Corte Interamericana, determinó que: “en

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Ucrania entre dos

mundos

Ucrania actualmente atraviesa, tal vez, uno de los momentos más difíciles de su ya complejísima historia: a las más de setenta muertes ocasionadas durante las protestas, se le suman ahora los riesgos de división de su territorio. ¿Qué hay detrás de las pujas que enfrentan a la comunidad internacional?

Por Lucas Tomás Estudiante de Abogacía Universidad de Buenos Aires

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E

l foco del conflicto es la península de Crimea, un territorio de 27 mil km2, habitado mayoritariamente por ciudadanos de origen ruso y que perteneció al enorme país del este europeo hasta 1954, cuando Nikita Jrushchov encontró muy simpático hacerle un homenaje a su origen mitad ucraniano, y cedió todo el territorio hoy en disputa a Ucrania. Una movida que, claramente, no previó la explosión que sufriría la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas al acercarse el fin del Siglo XX. El parlamento ruso no solo ha ratificado el tratado de incorporación de la península a su país, desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, sino que además ya se encuentra considerando introducir una zona económica especial en la península. Como si las preocupaciones y las conjeturas acerca del nuevo concierto internacional fueran pocas, la OTAN advirtió respecto del posible avance de Rusia sobre las zonas de habla rusa no sólo en Ucrania sino también en Moldavia. ¿Estamos a las puertas del largamente acariciado sueño de reconstruir la región paneslava, que infla el pecho de unos y hace temblar de pánico a otros? Es probable. Pareciera que las tibias sanciones internacionales –difícilmente puedan ser de otra magnitud mientras muchos de los actores sigan dependiendo comercialmente de Rusia y de su gas– no afectan a la Federación Rusa, cuyo canciller ya manifestó no preocuparse por la exclusión de Rusia del G8. Teniendo todo esto a la vista se hace obligatorio preguntarse qué quedó del memorando de Budapest de 1994, en el cual Rusia se comprometió a no utilizar la fuerza ni amenazar con emplearla contra la integridad territorial o la autonomía política de Ucrania, ni usar métodos de coerción económica contra el país en interés propio. La respuesta es que solo excusas para violarlo. Así, el gobierno de Putín dice intervenir en defensa de los intereses de los habitantes rusos que habitan Crimea, el más trillado de los recursos justificadores de la ambición imperialista. Dos variables más de análisis deben incorporarse para captar la complejidad del problema: Por un lado, la península en disputa ya se encuentra bajo control militar ruso gracias a la espectacular base naval de Sebastopol, cuyo dominio Rusia se reservó hasta 2042 como contrapartida de reconocer la soberanía ucraniana en la zona.

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Por otro, la población crimea decidió mediante un referéndum su anexión a Rusia por más del 95% de votos a favor, lo que lleva a plantearse nuevamente las tensiones existentes entre dos derechos que toda la comunidad internacional reconoce, como son la libre autodeterminación de los pueblos, y a la integridad territorial del Estado. El origen del problema que hoy nos ocupa se remonta al rechazo que hiciera el ya depuesto presidente de Ucrania Yanukovich, a un acuerdo que ponía al país en el camino de su incorporación a la Unión Europea. La decisión implicaba un claro alineamiento con las aspiraciones rusas y revivió una larga historia de rivalidades y dolores, que incluye el genocidio de entre un millón y medio y diez millones de ucranianos entre 1932 y 1933, a consecuencia de la hambruna a la que sometió Stalin al país en su resistido afán colectivizador. Más allá de las opiniones de ciertos analistas que sostuvieron que la salida del primer mandatario ucraniano “ha sido un golpe de Estado llevado a cabo por militantes de extrema derecha armados hasta los dientes entrenados por Washington” y del rechazo que genera la conducta intervencionista de Rusia que nos remonta al siglo XIX, es interesante analizar hasta dónde le convenía a Ucrania su ingreso la Unión Europea o, en su caso, si le convendrá en un futuro. Si bien es atractivo -sobre todo para los jóvenes- el “free travel and trade” que promete la alianza de naciones del occidente europeo, su cercanía a Rusia y el hecho de ser su mayor socio comercial le plantean a Ucrania un escenario en el que necesariamente habrá costos, que se medirán en materia de libertades si se da la espalda a la Unión Europea, y en dólares si se deja de lado al Kremlin. Lo cierto es que Europa no ofrece bene-

Si bien es atractivo -sobre todo para los jóvenesel “free travel and trade” que promete la alianza de naciones del occidente europeo, su cercanía a Rusia y el hecho de ser su mayor socio comercial le plantean a Ucrania un escenario en el que necesariamente habrá costos, que se medirán en materia de libertades si se da la espalda a la Unión Europea, y en dólares si se deja de lado al Kremlin. ficios inmediatos que puedan compensar las pérdidas que generarían para Ucrania las restricciones al comercio bilateral que Rusia está en condiciones de imponer: las pérdidas se calculan en ocho billones de dólares para fines de este año, una cifra exorbitante si se compara con el magro billón que ofrece como ayuda el occidente europeo; quien tampoco ha comprometido el ingreso del país en crisis al bloque comercial y político con una membrecía plena, sino una incorporación en una suerte de clase B. Por su parte, el mercado del viejo continente difícilmente pueda reemplazar al ruso, que absorbe el 25% de las exportaciones ucranianas; máxime si se tiene en cuenta la merma en la competitividad que sufrirían esos bienes al ingresar a la eurozona. A ello hay que agregar el impacto letal que tendría para la industria del país la liberalización de sus fronteras comerciales, con la consecuente apertura indiscriminada a la importación que exige el ingreso a la Unión. Dato final y para nada menor: Rusia provee el 60% del gas natural de Ucrania y advirtió que tomaría medidas en

Genocido. La hambruna de 1932-1933 en Ucrania.


Mayoría abrumadora. El 97% de los crimeos votó la anexión a Rusia. ese sentido si ésta insiste en su volun- ras difíciles. Y quienes opinamos desde la comodidad de nuestros escritorios, tad de ingresar a la Eurozona. Como advertirá el lector, el panorama debemos exigirnos una evaluación más no puede ser más complejo. El análisis que primó en la mentalidad del depuesto Yanukovich, no es muy distinto al que estamos acostumbrados los habitantes de estas Américas: los pueblos necesitan de democracia y respeto a los Derechos Humanos, pero –para pesar de quienes somos demócratas convencidos– con democracia y Derechos Humanos únicamente, ni se sacia el hambre ni se erradica la miseria. En conclusión, el pueblo Ucraniano deberá prepararse, una vez más, para ho-

rigurosa de los costos y beneficios de las recomendaciones que realizamos para sentirnos más o menos proyankees, más o menos humanistas, más o menos republicanos. ■

El ex lider soviético Jruschov entregó Crimea a Ucrania en 1954.

La Plaza de la Independencia Ucraniana en una manifestación proeuropea.


Elel Polític científico y

el maest

“Yo creo que un intelectual debería definirse por dos dimensiones, no debería abdicar de un conocimiento específico que pudiera ser útil para la política, por ejemplo, pero tampoco debería abdicar de mantener una distancia de la política en el sentido de no enajenar su capacidad crítica.”

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sta frase pertenece a Juan Carlos Portantiero en una entrevista realizada a mediados de los 90, y resume de manera contundente su modo de ver la acción y la teoría. Un maestro en sentido amplio, que nunca quitó el cuerpo para emprendimientos académicos, políticos, culturales o sociales que demandaran su presencia. Un constructor nato. Hay pocos estudiantes de las Ciencias Sociales que no hayan leído en algún momento un texto de Portantiero; un sociólogo recibido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se especializó en materialismo histórico, y sobre todo, en Antonio Gramsci. Por decirlo de alguna manera, un marxista heterodoxo que emprendió el camino de la investigación y la academia con una visión crítica y llegó convertirse en maestro de generaciones de colegas suyos, pero también de politólogos y filósofos. Su visión del movimiento peronista, plasmada en Estudios sobre los orígenes del peronismo (1971), en coautoría con Miguel Murmis, es uno de los grandes aportes a la sociología política de Argentina y un texto de referencia obligada para intelectuales de distintos países. El análisis supera con audacia el cientificismo antiperonista de Gino Germani –maestro de los autores– y centra su atención en el aporte que el peronismo hiciera al ascenso revolucionario de los setenta. Las categorías de análi-

sis marxistas empleadas se enriquecen con los aportes de Gramsci, para formar no solo una obra maestra sino una auténtica prueba de que el alumno puede superar al maestro. “El negro”, como le decían sus amigos y colegas, buscó siempre la intervención política: fue miembro del Partido Comunista hasta su expulsión en 1963, motivada al parecer en su costumbre de llevar siempre la contra. Su participación política más notable, no obstante, se encuentra vinculada al activismo intelectual: Al ejercicio apasionado de la docencia, se le suman el trabajo por la divulgación académica y el desarrollo científico. La fundación, junto a José Aricó, de la revista Pasado y Presente –una saga que hizo época trayendo las renovaciones del marxismo y las lecturas de Gramsci– es quizás la muestra más notable de ello. Con la publicación, además, quedó fundada una sociedad personal y política duradera entre sus creadores que se acercaría a las corrientes revolucionarias que despuntaban por aquellos años en Argentina. Esos acercamientos y su pensamiento marxista lo obligaron, luego del golpe de 1976, a exiliarse en México; donde los gramscianos argentinos mantuvieron los Cuadernos de Pasado y Presente (Siglo XXI), al tiempo que editaban Controversia e impulsaban el Grupo de Discusión Socialista, que acabaría por transformarse en


co,

tro Por Federico García Estudiante de Ciencia Política Universidad de Buenos Aires.

todo un proyecto político e intelectual de la izquierda. Es precisamente a partir de esa forzada estadía en México donde comienza un giro político que Portantiero compartiría con un amplio sector de la intelectualidad que se encontraba en la misma y angustiante situación de exilio: Si antes Gramsci fue el teórico de la alianza de clases revolucionaria, ahora será el sustento epistémico por excelencia para un nuevo y audaz discurso de la alianza democrática. Comenzó con ello la revalorización de la democracia entre sectores que tradicionalmente habían descreído de ella. Las luchas políticas argentinas violentas debían dejar su lugar a la construcción de consensos que emergieran de las tradiciones democráticas insertas en la sociedad. El análisis sociológico, en vez de encontrar en las relaciones sociales las fuentes del antagonismo de clase, debía mostrar los mecanismos

un auténtico hito en la historia de la retórica nacional. La experiencia no fue menor: perfiló una forma moderna y profesional de acercar la intelectualidad a la política y de intervenir en la toma de decisiones en los grandes temas nacionales. Sin lugar a dudas, Portantiero y los demás intelectuales agrupados en la revista La ciudad futura y el Club de Cultura Socialista, se convirtieron en los teóricos de la vuelta a la democracia. Sería injusto, de cara a su condición de graduado de Sociología y profesor universitario, dejar de señalar la labor de Portantiero como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Si antes Gramsci fue el teórico de la alianza de una gestión que combinó sus dotes clases revolucionaria, ahora será el sustento epistémico por de referente de la sociología con excelencia para un nuevo y audaz discurso de la alianza un profundo conocimiento de la facultad. Pero sobre todo un decanato democrática. comprometido con la Casa de Estudios de Ciencias Sociales más imporde la democracia que permitieran superar las tensio- tante del país, en la cual se revitalizó el debate y se puso nes existentes. en relieve la importancia de las Ciencias Sociales en un El retorno de la democracia en Argentina implicó su vuel- momento en que las ideas ta al país, donde empezó una de sus etapas más fructíferas neoliberales arremetían en lo académico y político. En 1984 fundó con José Aricó con todo. Sus ocho años y otros el Club de Cultura Socialista y la revista Ciudad como decano (1990-1998) Futura; espacios ambos desde donde además de tomar- dejaron huella en miles de se posición, se debatían en profundidad los problemas graduados, profesores e políticos del país. Junto a Margarita Graziano, Gabriel investigadores. Kessler, Daniel Lutzky, Emilio De Ipola y Claudia Hilb, formó el Grupo Esmeralda, colectivo intelectual plenamente enrolado en el proyecto político de Raúl Alfonsín, que redactaría el llamado “Discurso de Parque Norte”, Juan Carlos Portantiero


Portantiero, en el exilio, junto a Nicolás Casullo y Segio Bufano.

Sin lugar a dudas, Portantiero y los demás intelectuales agrupados en la revista La ciudad futura y el Club de Cultura Socialista, se convirtieron en los teóricos de la vuelta a la democracia

Sus obras son aún leídas en diferentes carreras, tanto de la casa de estudios que lo vio formarse como de la que lo tuvo como decano, y en un sinfín de universidades nacionales y del exterior. El negro –permítannos llamarlo así también a sus admiradores– fue un intelectual que, tanto desde las aulas como desde sus escritos, intentó que la sociedad debatiera sus problemas, y asumió la difícil tarea de reflexionar él mismo y aportar soluciones para ellos. Un intelectual que no tuvo miedo de comprometerse en política, o un político que prefirió la intelectualidad. ■


DEMOCRACIA,

PERO NO TANTO.

Desde el retorno a la democracia en 1983, poco se ha avanzado en nuevas formas de participación política de la ciudadanía. A pesar de la crisis de representatividad que emerge cíclicamente, la clase política parece no estar dispuesta a renunciar a su monopolio del control sobre el Estado. Por Milton Copparoni Periodista. Diplomado en Periodismo Político.

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uego de la última dictadura militar, la restauración democrática estaba principalmente asentada en la recuperación de las libertades civiles, la restauración del orden republicano y del régimen electoral para la selección de los gobernantes. Las expectativas generadas por el contraste entre el clima de miedo de la dictadura y el clima de libertad recuperada, eran muy grandes. Esto sumado a la promesa alfonsinista de una democracia con sentido social, que en los hechos atravesó numerosas dificultades internas y externas para alcanzar su objetivo de una “democracia con la que se vota, pero también con la que se come, se cura y se educa”. Frente a la pérdida de respaldo del gobierno alfonsinista, consecuencia más de aspectos económicos que políticos, la alternancia partidaria pareció ser la respuesta que renovó la confianza en la institucionalidad partidocrática. Pero el modelo menemista también se agotó, los problemas económicos del modelo neoliberal aplicado con frenesí en nuestro país, y la sospecha de corrupción generalizada en el gobierno terminaron de mellar la confianza en esa democracia que 16 años atrás era todo esperanza. La “Alianza”, como nueva propuesta, generó la expectativa de ser “el gran cambio”, pero es poco lo que en sus dos años de gobierno pudo, supo o quiso hacer para transformar el modelo económico y las prácticas políticas cada vez más evidentes y repudiadas. Así llegamos a la gran crisis de representatividad del 2001, con el “voto bronca”, el “que se vayan todos” y los movimientos piqueteros de desocupados y excluídos. En medio de la crisis, muchos actores empezaron a ensayar alternativas frente a la desacreditada institucionalidad política: las asambleas barriales, los clubes de trueque y los comedores barriales eran respuestas solidarias, participativas y de base frente a un Estado ausente y poco confiable que no daba respuestas. Mientras algunos hablaban del “fracaso de la democracia”, otros empezaron a verla como incompleta, distante, o cooptada por un sistema de partidos que a menudo tenía sus propias dinámicas e intereses, distantes

y poco comprensibles para a una sociedad con otras necesidades y urgencias. Herramientas de Participación Si bien ya desde los años 90, los instrumentos de democracia participativa o semi directa estaban contemplados en la Constitución Nacional y en muchas constituciones provinciales y normas orgánicas locales; fue recién en 2002, con la implementación del Presupuesto Participativo en Rosario, que estas herramientas empezaron a adquirir interés por parte de la clase política, lo que disparó un gran debate: ¿Es la participación directa el reconocimiento del fracaso de la política? ¿Es el discurso de la movilización ciudadana contrario al régimen de partidos? ¿O se trata de una etapa de profundización de la democracia?. Actualmente la implementación del Presupuesto Participativo, las Oficinas de Acceso a la Información Pública, las políticas de “administración abierta”, las Juntas de Participación Vecinal o juntas comunales, las audiencias públicas, etc. parecen ser lugares comunes en las plataformas de gestión o en las propuestas de los gobiernos locales, sobretodo los que se consideran progresistas. Todas estas iniciativas, se enfrentan a muchísimos desafíos y dificultades a la hora de ser puestos en funcionamiento: Los tecnócratas que sienten que no tienen por qué discutir su planificación urbana con un almacenero o una empleada doméstica; los burócratas habituados a un esquema administrativo en el cual las decisiones salen del centro de poder y se “bajan” para su ejecución, o transitan de manera lenta un largo recorrido de “expediente”; los contratistas del Estado, que ven en la transparencia de gestión y el acceso a la información pública, dificultades para ocultar sus sobreprecios, irregularidades en las contrataciones o discrecionalidad en la selección de oferentes, así como nuevos competidores en el juego de influir sobre el Estado, que antes monopolizaban. Pero el enemigo más preocupante y sobre el cual es preciso reflexionar, es el propio político que se siente parte de un grupo social exclusivo: “la clase política”, con acceso a ciertos beneficios de influencia y privilegios frente al gobierno, depositario de un conocimiento ideológico incomprensible para el ciudadano apartidario, y dueño, por principio de representación, del derecho a decidir por la ciudadanía sin necesidad de consul-

tarle nada. Frases como “a mí me eligieron para gobernar” o “llevo 20 años en esto, se perfectamente lo que mi pueblo quiere o necesita”, se pueden escuchar entre quienes abiertamente rechazan estos instrumentos. En otros casos, el boicot es más solapado, los instrumentos se crean, pero no se promueve la participación ciudadana, no se informa en tiempo y forma sobre las instancias de participación, se crean mecanismos engorrosos para el acceso a la información pública o se brinda en un lenguaje o forma poco comprensible para cualquier ciudadano; no se informan las audiencias públicas por medios idóneos para llegar al conjunto de la sociedad, o se realizan en lugares y horarios inaccesibles para los vecinos trabajadores; los presupuestos no se confeccionan en formatos comprensibles más que por contadores o técnicos en economía; se intenta cooptar o manipular las instancias de participación convocando solamente a grupos afines o militantes partidartios, en horarios inconvenientes etc. ¿Es que no se alcanzan a visualizar las virtudes y los aportes que este tipo de instrumentos le otorgan a la gestión? (mayor legitimación de las decisiones, mayor respaldo, comprensión de la ciudadanía de las dificultades para consensuar el gasto frente a recursos limitados, mayor confianza en el gobierno, mejor aprovechamiento de los recursos, fortalecimiento de la democracia, etc), ¿o es que no se deja de ver a la política y a la función pública como un reducto de privilegios simbólicos (o materiales) que no se quieren abrir al resto de la sociedad? La transparencia de la gestión puede ser una tranquilidad para el honesto o un riesgo para el corrupto. Es hora que desde la política se abra un debate profundo y sincero sobre este tipo de prácticas e instrumentos, y se exprese honestamente lo que cada uno piensa de ellas. Solo así, si el compromiso con la profundización de la democracia es cierto, se abordarán las reformas institucionales, los cambios en las prácticas políticas y en la mentalidad de funcionarios, empleados, técnicos y militantes, para que este tipo de prácticas dejen de ser una simulación y puedan ayudar a recuperar el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados. ■

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Reunida y convocada al acuerdo, la Excelentísima Sala Alfa de la Cámara en lo Histórico y Anecdótico Nacional, se avocó a resolver el proceso que se sigue contra el gobierno de facto de Argentina que se desarrolló entre 1976 y 1983. Así dijeron y votaron sus integrantes: Por Alejandro Nievas Estudiante de Ciencia Política Universidad de Buenos Aires.

La Señora Jueza Dra. Doña Libertad Liberoa de Líber dijo: Visto: 1- Que me toca el caso de juzgar el así llamado Proceso de Reorganización Nacional, sus hechos y su papel en la debacle institucional delaNación. Y considerando: 1- Que como antecedente jurídico de la figura del “desaparecido”, aparece el decreto Nachtund Nebel(Noche y Niebla o decreto NN) del 7 de diciembre de 1941 promulgado por Adolfo Hitler, como una política representativa y característica de los regímenes totalitarios. 2- Que fue el proceso culminante de una larga violación institucional y una escalada de violencia a lo largo de más de 40 años comenzado con el golpe de Estado de 1930, producto a su vez de una cultura del conflicto y del antagonismo. Estaríamos equivocados si tratásemos a este suceso como un hecho aislado ignorando el sistema de ideas, creencias y paradigmas que, arraigados en nuestra sociedad y cultura, lo provocaron. El hilo conductor que tiene esta triste cadena de eventos, y cuyo último eslabón es este golpe del cual nos ocupamos, es la violencia política y su catalizador: la anomia crónica que en su forma de irrespeto a la Ley Suprema nos sumergió en una decadencia política que fue de la mano de la negación de las instituciones como reglas de convivencia, como pacto, como punto de articulación de las diferencias, la distintividad y el respeto al otro. Nuestra cultura política, doblegada por la irracionalidad del providencial caudillismo personalista, es el obstáculo a resignificar, repensar y redimensionar para una convivencia más armónica, racional y civilizada. Se dice a menudo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Deberíamos EMILIO MASSERA agregar que los pueblos

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que no están dispuestos a la propia crítica de su historia, a la reevaluación de su cultura y al aprendizaje que el dolor construye, también están condenados. El diálogo que lleva a la construcción de consensos, no puede redundar en falta de gobernabilidad sino por el contrario.La complejidad del Estado moderno exige, más que dogmas ideológicos férreos y sólidos que nos condicionen y nos limiten, modelos flexibles y dialógicos que tiendan puentes de comunicación y nos permitan un mayor acercamiento al otro ideológico y una más inteligente eficacia en nuestras prácticas, tomando siempre como condición sine qua non de que el ser humano y la ley seanlos ejes sobre los cuales gire todo asunto político. 3- Que la cultura anómica que atraviesa toda la historia de nuestro país es el catalizador de este proceso de degradación institucional que culminó con el advenimiento del terrorismo de Estado. 4- Que la Guerra de Malvinas, conflicto que nos hizo retroceder enormemente en materia de diplomacia en pos de la consecución de la devolución de la soberanía sobre las islas, fue perpetrada con el solo objetivo de dar aire a una dictadura brutal y desgastada manipulando los sentimientos nacionalistas de la nación, sin importar las consecuencias políticas y sociales que esto desencadenaría. Tampoco parece haber entrado en consideración de los jerarcas de la dictadura el enorme perjuicio que sufrió la Nación a causa de la declaración de la Guerra y la consecuente derrota en esta empresa, causando además la muerte de 649 combatientes, la mayoría jóvenes de entre 18 y 20 años de edad. 5- Que la anulación de las garantías y derechos constitucionales jamás puede salvar a un pueblo sino condenarlo. 6- Que como metodología de dominación y disciplinamiento utilizaron los Crímenes de Lesa Humanidad y apropiación de menores. 7- Que la deuda externa se incrementó de 7.875 millones de dólares en 1975 a 45.087 millones de dólares en 1983. El índice de pobreza, asimismo, aumentó del 5,8% en 1974 al 12,8% en 1980 y al 37,4% en 1982. 8- Que el llamado Plan Cóndor, importó la represión no sólo en este país sino a nivel regional con las otras dictaduras del continente para la detención, tortura y muerte de los disidentes con los gobiernos autoriROBER tarios por entonces implantados.


En similar orden de destrucción de la tradicional amistad que liga a los pueblos de esta América del Sur, la junta militar estuvo al borde de desatar la guerra con el pueblo hermano de la República de Chile mediante la Operación Soberanía, en la noche del 21 de diciembre de 1978 al no reconocer el laudo británico de 1971 con respecto al diferendo por las islas en el Canal de Beagle. 9- Que es inconmensurable el golpe sustancial que comportó para la cultura la cultura la prohibición de películas, temas periodísticos, publicaciones y libros. 10- Que según la CONADEP, de acuerdo a denuncias de familiares y conocidos registran un número de 8.961 desparecidos, pero los no registrados elevan el número aproximadamente a los 30.000 según organismos de DDHH como Madres de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia. Val- Primera Junta Militar, en el año 1976. ga aclarar que el 80% de los desaparecidos eran jóvenes trabajadores y estudiantes. Por su parte, la cantidad de recién nacidos apropiados oscila entre los 250 y los 500, habiéndose encontrado 110 hasta el día de la fecha. 11- Que en su furia asesina y su desprecio por la heterogeneidad y diversidad, que constituyen inherentemente a la humanidad; el gobierno aquí juzgado persiguió desde homosexuales hasta miembros de distintas etnias o religiones, ensañándose particularmente con la comunidad judía. Ello viene a ser una muestra más de que el modelo represivo estaba inspirado en el nacionalsocialismo alemán, desde la jurisprudencia hasta las prácticas de los grupos de tareas. 12- Que mal pueden dejar de ser considerados los detalles de este proceso siniestro sobre los que echa luz el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; cuyo presidente fuera el recordado escritor y humanista Don Ernesto Sábato. En este informe aparecen miles de testimonios recabados durante 280 días de una investigación que abarcó el país. El resultado es un registro minucioso del repugnante sadismo oficial que guió los procederes del gobierno a cuyo juzgamiento esta magistrada se avoca. Por lo expuesto, fallo: CONDENANDO al Proceso de Reorganización Nacional a la ignominia por haber sido la peor dictadura sufrida por la Nación incurriendo en el genocidio ideológico. ORDENANDO que cada uno de los hombres y mujeres que voluntariamente tomaran parte en la masacre de sus connacionales y en el embate contra las instituciones republicanas en las condiciones descriptas supra; lleven para siempre el fatídico rótulo de infames traidores a la nación, por haber hecho armas contra ella (Conforme art. 103 Constitución Nacional). Así lo voto y propongo al acuerdo.

RTO VIOLA

LEOPOLDO GALTIERI

Comuníquese a los manuales de historia. Dése forma. El Señor Juez Dr. Don Juan Conserva de Rechozo dijo: Visto: 1. Que llega por ante mí el expediente en que se debe de considerar al Proceso de Reorganización Nacional y su actuación en la esfera de la historia argentina. Y considerando: 1. Que este proceso se dio como respuesta al reclamo que la población exigía a causa del caos, la muerte y el terror que las diferentes guerrillas de izquierda, sobre todo las organizaciones Montoneros y ERP, habían sembrado en nuestro país. Lamentablemente, ciertas corrientes revisionistas y cierto relato político olvidan, evitan y esconden el contexto histórico en que este proceso tuvo su génesis, desvirtuando de esta manera el significado real que marcó este período de nuestra historia. Válido es preguntarse qué hubiese ocurrido si los aquí acusados no hubiesen intervenido en los términos que lo hicieron; y tanto más lo es aventurar que el país hubiera tenido otra clase de dictadura, como la que diezmó a la nación Rusa con sus fatales purgas, hambrunas y cacerías humanas. 2. Que el contexto mencionado era de virtual estado de guerra declarado por los grupos subversivos, a partir de su ataque permanente a un Estado institucionalmente debilitado por la corrupción y el desgobierno y superado ampliamente por los eventos sucedidos en esos años. 3. Que eran dos bandos enfrentados que se disputaban el control del Estado y que la palabra guerra no aparece primeramente en boca de los militares involucrados en el proceso, sino en la de los guerrilleros que utilizaban la organización y la disciplina de un ejército regular. 4. Que el número de 30.000 en cuanto se refiere a los detenidos por el proceso, no se corresponde con los datos oficiales recabados en su momento, que hablan de una cifra estimativa de 8.000 personas y que esta clase de distorsiones ideológicas no ayudan al esclarecimiento de la verdad ni la necesaria reconciliación y concordia que tanto anhela nuestro país. 5. Que es un hecho histórico comprobado que parte de las organizaciones de Derechos Humanos, que en ese momento bregaban con razón por la aparición de sus familiares, estaban infiltradas por elementos ideológicos marxistas respondiendo a intereses de la entonces Unión Soviética, cuyo régimen brutal sometió a tantísimos países de Europa oriental, Asia y también a Cuba.

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6. Que en el contexto de la Guerra Fría era lógico y necesario llevar a cabo acciones tendientes a combatir la impresionante expansión comunista que, cabe recordar, proclamaba el ateísmo. Sistema ideológico éste absolutamente foráneo y extranjero al sentir de nuestro pueblo, el cual ha evocado en el preámbulo de su Ley Fundamental a la protección del Altísimo, y vuelve a nombrarlo al reservar a él todo lo que no sea materia justiciable (Artículo 19, Constitución Nacional). No puede dejar de contemplarse, entonces, que los hombres contra los que se sigue este proceso, defendieron los valores cristianos y occidentales como mejor lo creyeron, sostenidos en su visión por el Dogma Católico. 7. Que la orden que emergía de los decretos de aniquilamiento de la subversión –tal el nombre que les otorgó el gobierno democrático de Isabel Martínez–fue llevada a cabo eficientemente por los acusados que hoy nos ocupan, aunque con excesos y errores propios de los que toman acción en momentos desesperados para las naciones. 8. Que la amnistía general a los guerrilleros durante el breve gobierno del Doctor Cámpora no favoreció a la pacificación sino que, muy por el contrario, envalentonó a estos grupos que interpretaron a esta acción como una muestra de debilidad de las instituciones republicanas. 9. Que las revoluciones militares eran un componente de la cultura política argentina, que veía con naturalidad y hasta reclamaba una vuelta al “orden” en momentos difíciles para el país. Desde 1930, la población veía a estas intervenciones militares como parte del reordenamiento de las fluctuaciones, conflictos e inestabilidades propias del sistema político nacional. Recordemos, Reynaldo Bignone. para entender la lógica en la que se desenvolvían estos hechos, que muchos llegaron a denominar al ejército como “el partido militar”. Es duro pero necesario admitir que los golpes de Estado, y aunque suene contradictorio y paradojal, estaban ya “institucionalizados” por usos, costumbres y prácticas políticas que los justificaban y que fueron desarrolladas durante más de cuatro décadas. Por lo expuesto, fallo: ABSOLVIENDO de culpa y cargo a quienes honestamente defendieron a su mejor saber y entender los valores de la civilización occidental y cristiana, aunque con profundos errores como todos aquellos que no esquivan los desafíos que la historia les plantea y actúan en salvaguarda de los sacrosantos intereses de la patria. ACONSEJANDO una mirada que incluya y contemple las condiciones históricas en las cuales el Proceso de Reorganización Nacional surgió y se desarrolló como reacción a influencias externas totalmente ajenas a los tradicionales valores de la argentinidad, para poder entenderlo en toda su dimensión y profundidad. Así lo voto y propongo al acuerdo. Comuníquese a los libros de historia. Dese forma.

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El Señor Juez Dr. Don Revisio José María Clavel dijo: Visto: 1. Que me llega el caso de juzgar a la dictadura más sangrienta que ha tenido la historia argentina y que ha padecido su pueblo: el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, popularmente conocido como El Proceso. Y considerando: 1. Que fue un régimen que convirtió al Estado en un instrumento de represión y muerte si en cuyos centros de detención se torturaba y se asesinaba a esa juventud extraordinaria y solidaria, a esos estudiantes y trabajadores que luchaban por un país mejor. 2. Que la dictadura genocida disciplinó a la sociedad mediante el terror para imponer medidas económicas alineadas con los grandes intereses internacionales en el exterior y con los de siempre dentro del país: la oligarquía cuya bienaventuranza es inversamente proporcional a la del pueblo trabajador. Prueba de esto es que el modelo neoliberal impuesto desde los Estados Unidos fue implementado por el presidente del Consejo Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, apellido terrateniente que aparece desde antaño en la historia argentina ligado a la ocupación y apropiación de tierras indígenas, luego del genocidio de los pueblos originarios. 3. Que el golpe de Estado se dio con el argumento de librar al país de las guerrillas terroristas cuando éstas ya estaban contenidas y prácticamente diezmadas y aniquiladas por las fuerzas del gobierno constitucional. 4. Que fue una dictadura cívicomilitar instaurada desde los centros imperialistas, que mediante el Plan Cóndor en conjunción con varias dictaduras en el continente sudamericano, coordinaron acciones de represión y desaparición forzada de personas, sistematizando de este modo la violación a los Derechos Humanos que caracteriza a todo este período. Todo esto de acuerdo a las directivas de la Doctrina de Seguridad Nacional y al apoyo en la formación de sus cuadros represores provisto por la Escuela de las Américas. 5. Que la Guerra de Malvinas fue a consecuencia de la ideología brutal de la oligarquía argentina que, en su afán de dominar la política y la economía de las próximas décadas, no sólo exterminó a jóvenes militantes políticos, estudiantes y trabajadores; sino también a muchachos humildes de provincias pobres, que aprendieron el horror de la guerra demasiado temprano. Fueron más de 700 vidas ofrendadas en holocausto por la maquiavélica clase dominante argentina. 6. Que inicialmente los acusados no se propusieron una transición hacia la democracia sino hasta que fue muy tarde y a raíz de la antedicha derrota en la guerra. Recordemos que fue el mismo Teniente General Galtieri el que dijo que las urnas estaban bien guardadas. 7. Que la evidencia más no-


toria de los objetivos de la dictadura fue el aumento de la pobreza al 40% de la población, al momento de su retirada. 8. Que, tal como ha señalado mi distinguida colega preopinante, nuestro país estuvo al borde de una guerra fratricida con el pueblo chileno, dominado también por la dictadura genocida y neoliberal de Pinochet. Situación de la que nos sacó la mediación Papal de Su Santidad Juan Pablo II. 9. Que los horrores perpetrados por los acusados deben tenerse especialmente presentes por este Tribunal, en virtud de lo cual cabe remitirse – en lo pertinente– a los considerandos de la Dra. Liberoa de Líber; en honor a la brevedad. 10. Que la dictadura genocida, como es de suponer, se ensañó con los jóvenes estudiantes y trabajadores que hoy nos estarían gobernando. Ello demuestra el plan diabólico y a largo plazo de los genocidas y de la dictadura cívico militar, cuyos jerarcas hoy aquí serán juzgados y condenados. Es de lamentar, no obstante, que los cómplices civiles continúan en la impunidad que da el poder; refugiados en un discurso institucionalista perverso, que ampara a los poderosos que sostienen las instituciones burguesas. 11. Que, finalmente, los 30.000 desaparecidos aún reclaman justicia.

Orlando Ramón Agosti

Por lo expuesto, fallo: CONDENANDO al Proceso de Reorganización Nacional al escarnio ideológico por ser un régimen que, de acuerdo a intereses empresariales, bancarios y agroexportadores, estableció una política de represión de las fuerzas populares cuyo fin pergeñado era el genocidio de esa juventud brillante que encarnaba el anhelo más caro de la patria: la justicia social. Así lo voto. Comuníquese a la historia. Dese forma. Así las cosas, y por mayoría de votos condenatorios, el Tribunal resolvió CONDENAR a la ignominia y el escarnio ideológico a los acusados, ordenando que lleven sobre sí el rótulo de infames traidores a la nación. Todo lo cual habrá de ser oportuna y debidamente informado a los libros de historia. Ello por ante mí, que doy fe. Juan Alberto Archipinche Pereyra Las Heras de Bunge y Anchorena. Secretario. ■

JORGE VIDELA


EDITORIAL Por Rocío Di Loreto Lic. en Ciencia Política Universidad del Salvador

La motivación inicial que dio lugar estas líneas fue la indignación. Y la vergüenza. Se trata del documento publicado y viralizado hace poco tiempo atrás por medios de comunicación y redes sociales, bajo el seductor título de “Una mirada alternativa”, en el cual se trata la cuestión de Malvinas. Si a ello le sumamos la firma de un amplio abanico de figuras tales como Jorge Lanata, Marcos Novaro, Hilda Sabato o Beatriz Sarlo (entre otros), pues bien, nos encontramos ante una propuesta de lectura difícil de rechazar. El mensaje era claro: en nombre del fervor producido por una fiebre nacionalista, se buscaba desvincular el tratamiento de la Cuestión Malvinas de la agenda nacional, que entienden, nada tiene que ver con este asunto. Vea, lector, hay que ser sincero, nos fue necesario releerlo varias veces para asegurarnos de que no se trataba de un artículo propio de algún medio informativo inglés. Fue hasta tragicómico, cuando poco menos de una semana después de la publicación de este documento, un tal Mister Roger Cohen desde su columna del New York Times se refería a la Argentina casi como una niña caprichosa “obsesionada con una perdida pequeña guerra en las Malvinas hace más de tres décadas”. Pues bien, entendemos que obligatorio dedicar estas líneas a aquellas personas que sostienen tales afirmaciones, ya que no podemos aceptar que se incurra en tanta ignorancia –en el mejor de los casos- en torno a un tema de tanta importancia para el pueblo argentino como es el tratamiento de la Cuestión Malvinas. Para ello, y en primer lugar, es necesario realizar una breve revisión sobre aquellas nociones de hecho que, aparentemente, estos renombrados intelectuales desconocen. Los ideólogos que dieron vida a este documento hacen referencia a los conflictos de Malvinas como algo de hace dos siglos, anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aun bajo dominio argentino, por ello, consideran que no hay derecho a avasallar los derechos de quienes viven y trabajan en el archipiélago. En conclusión, los habitantes de las Islas Soledad y Gran Malvina deben ser reconocidos como sujetos con derecho a su libre autodetermi-

nación. Pues bien, la autodeterminación de los pueblos no tiene nada que ver con la decisión de una colonia, inseminada en territorio geográfica e históricamente nacional desde el momento en que Argentina dejó de ser colonia y los territorios antiguamente virreinales españoles pasaron a su jurisdicción. Así lo enseña Bonifacio del Carril: producida la revolución de la independencia de las colonias hispanoaméricanas, el dominio de las islas Malvinas correspondió a la República Argentina por aplicación del principio de uti possidetis. Este hecho no fue discutido sino hasta 1826 cuando en Londres comenzaron a circular las insinuaciones de navegantes respecto de la conveniencia estratégica de poseer las islas. Para ese momento, la Argentina era una joven nación que apenas comenzaba a caminar por sí sola, en tanto que el Imperio Británico se encontraba en pleno apogeo, por lo que, la usurpación de las islas no tardó en llegar: tan solo 7 años después se perpetraba la ocupación. Si de avasallamiento de derechos vamos a hablar, entonces comencemos por el principio y no perdamos de vista el despojo sufrido en 1833. En vistas de esto, no podemos aceptar la apelación a la autodeterminación de un pueblo ya que, además de incurrir en

un error conceptual, estaríamos adoptando un argumento tan desgastado como inglés. ¿Conclusión? En las islas Malvinas no hay pueblo que pueda autodeterminarse. Se trata de una colonia inseminada cumpliendo una misión de población específica, que tal como indica el Informe sobre perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas, carece de posibilidad de incremento en su número. El alto standard de vida de los isleños es fácilmente comprensible una vez que se conocen los recursos que la tierra y el mar de las Islas reportan, tanto para ellos como para su celosa madre. Arrojar luz en puntos como este pasa a ser tan importante como necesario: si no logramos establecer un consenso nacional respecto a puntos clave como este, imposibilitamos que el debate

logre alcanzar una instancia propositiva respecto a los medios y modos de llevar a cabo la descolonización. Sin dudas, es necesario resignificar y ajustar el foco con el que debatimos sobre Malvinas. La dolorosa guerra en la que un gobierno de facto –sustentado en la complicidad y apoyo de varios sectores de la población- nos embarcó en 1982 siempre será un capítulo en nuestra memoria nacional. Pero no el único. La historia de ocupación y usurpación comenzó mucho tiempo antes. Es de vital importancia no perder de vista este recorrido histórico, así también comenzar a pensar en el futuro nacional. ¿Alguna vez pensamos cómo los recursos naturales existentes en Malvinas podrían mejorar la realidad de nuestro país? Coincidimos en la necesidad de elaborar una visión que aporte soluciones, pero ella no será alcanzada mediante la elaboración y publicación de una supuesta visión alternativa basada en el desconocimiento –voluntario o no- de cuestiones de hecho y derecho. El error se encuentra en creer que para construir, se debe destruir. La apuesta debe ir más allá. No es justo ni aceptable que Malvinas sea rehén del escenario binario al que muchos deciden asistir en la actualidad. En este caso, ser oficialista o no, es coyuntural. Ser original no es buscar el camino de la polémica gratuita con tal de resonar en algún titular o en los programas de análisis político. Original fue la cancillería argentina en los tempranos sesenta capitaneada por Zavala Ortiz, que logró hacer cargar al Reino Unido con el fatídico mote de “país colonizador” por decisión de la Asamblea General de la ONU, la cual también exhortó al país de Su Graciosa Majestad a iniciar el inmediato diálogo con Argentina. Original es Alfonsín soportando el mote de venedpatria y cipayo en 1982 (Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia) cuando señaló que el desembarco en el Atlántico Sur era una aventura temeraria hecha por un gobierno decadente para ganar oxígeno; que terminaría echando por tierra todo lo que se había avanzado diplomáticamente. No es necesario aclarar que coincidimos en que el enfoque y tratamiento –nacional e internacional- que se le dio en los últimos años a esta cuestión no fue el más adecuado ni beneficioso para nuestro país, pero no por ello elaboraremos una construcción del tema Malvinas irracional y perjudicial para el interés nacional. Habiendo tantos puntos de objeción y debate coherentes ¿Hasta dónde puede llegar la irracionalidad de unos cuántos con tal de oponerse a? Pues bien, no nos quedan dudas respecto que este documento es una muestra bastante ilustrativa de ello. No solo se dilapidan solos: atrasan. ■


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