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La crisis económica de Puerto Rico: restricciones y oportunidades Edwin Irizarry Mora
Por: Edwin Irizarry Mora2
I. Una muy breve mirada al entorno actual Agradezco la oportunidad que se me brinda de compartir estas breves reflexiones sobre un tema de absoluta pertinencia para todos los sectores de nuestra sociedad. No cabe duda de que a lo largo de los pasados catorce años (serán quince en abril de 2021) se ha acumulado una enorme cantidad de datos que confirman la seriedad y profundidad de la crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico. Al principio (después de abril de 2006) los analistas de nuestra economía hablaban de una recesión, pero no cabe duda de que la tendencia de variables macroeconómicas fundamentales ha definido una depresión con todas sus características. Entre las tendencias que crean mayor preocupación se destacan dos: en primer lugar, la reducción, en términos reales, del Producto Nacional Bruto. Se puede afirmar, sin caer en la exageración, que durante los pasados catorce años y medio la economía de Puerto Rico es una quinta parte (poco más de 20%) más pequeña de lo que era al 30 de junio de 2006. La segunda preocupación es que el número de personas empleadas, según los datos de la encuesta de vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), es casi 22% menor de lo que era al 30 de junio de 2007. Este último dato significa que hoy en
1 Ponencia presentada en el foro titulado La Crisis Económica Actual: Retos hacia el futuro en Puerto Rico (enero 2021) auspiciado por la Biblioteca Jesús T. Pinero de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina. 2 Catedrático Jubilado de Economía, UPR, Recinto de Mayagüez.
Por: Edwin Irizarry Mora2
día tenemos alrededor de cuatro quintas partes de los puestos de trabajo que existían en el sector público y en la empresa privada al cierre del año fiscal 2007. El hecho de que durante un periodo tan breve –poco más de catorce años—un país vea reducida su capacidad productiva en más de una quinta parte y de que el número de personas que sale a trabajar a diario se haya reducido más o menos en esa misma proporción en trece años, revela con contundencia que esta depresión es verdaderamente profunda, además de muy prolongada. Se trata, de hecho, de la contracción económica más larga de nuestra historia moderna. Además de los datos sobre producción y empleo, debo destacar la incapacidad del sector gubernamental de aumentar sus recaudos, lo que combinado con el aumento sin precedentes en el endeudamiento público resultó en el impago (en inglés, “default”) que condujo a la quiebra de las finanzas públicas, hecho reconocido forzosamente por la administración del gobernador García Padilla en el 2015. En junio de 2016, el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, firmó la ley PROMESA, mediante la cual se creó una Junta de Supervisión Fiscal que hasta el día de hoy –y en el futuro previsible—administra las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Desde la perspectiva del impacto de la crisis sobre las condiciones de vida de la población, debe destacarse que las estadísticas sobre pobreza son muy reveladoras. En años recientes el Instituto de Desarrollo de la Juventud ha calculado que casi 60% (entre 57% y 58%) de la población de menores de edad residente en Puerto Rico vive bajo condiciones de pobreza. La situación se agrava en los casos en que las familias son dirigidas por madres solteras/trabajadoras y en las que viven personas envejecidas. Los datos más recientes de la Encuesta de la Comunidad del Censo apuntan a que aproximadamente 44% del total de las familias residentes en el país son pobres. Estos datos reflejan la dimensión humana de la crisis económica, tema sobre el cual se habla muy poco en los círculos oficiales. Resulta evidente para los estudiosos del tema que la pandemia del Covid-19 y la situación socioeconómica que resultó del paso de los huracanes de septiembre de 2017, han agravado las condiciones de vida de grandes sectores poblacionales en nuestro país. No debe perderse de vista que, en el caso de las familias de clase media, que incluye asalariados con distintos niveles de ingreso, la situación no es muy diferente a la de las familias empobrecidas. En una alta proporción de las familias asalariadas, o bien se han perdido puestos de trabajo de forma permanente, o se ha reducido el número de horas laborables para uno o más miembros del hogar. Esto implica una reducción absoluta en el ingreso real, lo que se ha traducido en una “venida a menos” de las condiciones materiales de vida de cientos de miles de personas, con la consecuente reducción en la proporción de familias e individuos que se pueden clasificar como de “ingresos medios”. Esta tendencia confirma el aumento en la pobreza al que me referí en el párrafo anterior.
II. Retos mayores en el futuro previsible Existe consenso entre la mayoría de los estudiosos de la economía puertorriqueña en torno al hecho incuestionable de que para salir de forma permanente y sostenida de la crisis económica por la que atraviesa el país, tienen que sentarse las bases para un aumento en la capacidad productiva a nivel agregado. Para lograr dicho aumento es necesario canalizar inversión de capital real –capital fijo, que incluye estructuras en nuevas construcciones, maquinaria y equipo—en combinación con un incremento, también sostenido en el mediano y largo plazo, en el número de personas empleadas en todos y cada uno de los sectores industriales. Este aumento en la producción y en el empleo resultarán, ceteris paribus, en un incremento en el nivel de ingreso nacional y, si se toman las medidas de política económica correctas, en un aumento en la riqueza acumulada. En otras palabras, lograr aumentar la riqueza productiva, generadora de producción, ingresos y empleo, es la clave para que cualquier país que ha atravesado por las condiciones que ha enfrentado Puerto Rico durante la mayor parte del siglo XXI, inicie un proceso de crecimiento que se encamine lo más rápido posible hacia un proceso de desarrollo económico en su acepción más abarcadora. Es obvio que, para que Puerto Rico alcance un ritmo de crecimiento y eventual desarrollo como el descrito, hay que romperle el espinazo a la dependencia en todas sus manifestaciones. Debo enfatizar que el aumento en la capacidad productiva y la acumulación de riqueza a la que debemos aspirar tiene que tomar en consideración la vulnerabilidad de los recursos naturales y el frágil medio ambiente que nos rodea. En otras palabras, las construcciones tienen que ser, más bien, reconstrucciones de infraestructura de vivienda y de edificaciones industriales y comerciales, tanto públicas como privadas, ubicadas en las huellas urbanas. Urge detener la destrucción de recursos botánicos y la construcción en suelos/terrenos que deben utilizarse para la actividad agrícola con un enfoque ecológico/ sustentable, y para la conservación, por su alto valor medioambiental. Por consiguiente, uno de los retos que enfrenta nuestra sociedad es el de lograr armonizar el mejoramiento y reconstrucción de la infraestructura gris con la conservación y ampliación sustancial de la infraestructura verde. Sin esa visión armonizadora no lograríamos el ansiado contexto de país gobernable y manejable a la que aspiramos. Para la mayoría de los economistas y expertos en finanzas públicas lo anterior tiene que ir acompañado de un aumento en la capacidad de recaudos del gobierno central de Puerto Rico. Pero tal aumento tiene que ocurrir en el contexto de una profunda reforma impositiva/contributiva que equilibre la balanza en la redistribución de los ingresos y le haga justicia a la empresa local y a las familias e individuos de ingresos medios y medios-bajos. La reforma que propongo tiene que considerar, por primera vez en nuestra historia, no sólo los aspectos relacionados con los impuestos que pagamos las familias e individuos y la mayoría de los negocios de capital puertorriqueño, sino también todo el andamiaje de leyes que regulan los incentivos económicos/industriales, tanto para las empresas del exterior como para las locales. Es decir, se trataría de una reforma profunda del sistema contributivo. Este es, sin duda, un gran reto, que exige voluntad de consenso entre los diversos sectores de nuestra sociedad. No obstante, la realidad inmediata por la que atraviesa el país tiene como marco inexorable la presencia y control de las finanzas gubernamentales por parte de una Junta de Supervisión Fiscal que aprueba o desaprueba cualquier propuesta de reforma, venga de donde venga. Mientras ese escenario no cambie –algunos estiman que podría extenderse hasta
por cinco años adicionales, aparte de los cuatro que ya lleva la Junta en funciones—las restricciones de naturaleza institucional se impondrán, y será poco lo que pueda ponerse en marcha que no coincida con la visión neoliberal que representan los miembros de dicha entidad. Por otra parte, la tardanza en la llegada de los fondos federales que se comprometieron tras el paso de los huracanes de septiembre de 2017, y el sentido de impotencia que ha perpetuado el modelo económico/político dependiente que “manejan” los administradores públicos, complican la rapidez con que se puedan implementar cambios estructurales necesarios y urgentes. Sin tales cambios las posibilidades de construir sobre la base de una estrategia que responda a los intereses de la mayoría de la población –y de los sectores y grupos que la representan de buena fe—son muy limitadas. En otras palabras, aun suponiendo que las decenas de miles de millones de dólares en fondos federales, de los que tanto se ha hablado, comiencen a llegar con mayor celeridad, si estos no se canalizan en los proyectos, programas, iniciativas y estrategias adecuadas, su efecto será de corto plazo –de un solo golpe—y no contribuirán a la transformación de nuestro sistema económico, de uno dependiente a uno autosostenido. A lo anterior se añade la variable emigración, que continúa resultando en la pérdida de capital humano –por ende, en la pérdida de capacidad productiva a nivel agregado—y en la contracción de los recaudos a los que potencialmente podría acceder el gobierno central a través del sistema contributivo. Ciertamente, más allá de lo que nos dicen las cifras oficiales de los individuos y las familias que abandonan el país por miles anualmente, hay que considerar aspectos como el rompimiento de lazos familiares durante años, décadas o, en ocasiones, permanentemente; el sentido de impotencia de tener que emigrar porque “no consigo trabajo en lo mío”; las condiciones de vida que enfrenta quien emigra en un ambiente que le resulta extraño y, muchas veces, hostil; y las dificultades financieras, sociológicas y psicológicas inherentes a los procesos a los que se exponen las familias e individuos que, de la noche a la mañana, se convirtieron en extranjeros en una tierra donde, en la mayoría de las ocasiones, se habla un idioma distinto y se impone una visión de mundo distinta a la que aprendió en casa. En síntesis, para concluir esta breve reflexión, que no ha pretendido ser, ni de lejos, totalmente abarcadora e inclusiva, podría decirse que Puerto Rico enfrenta, entre otras, las siguientes restricciones: 1. Institucionales: la relación política colonial impide que el país pueda poner en marcha medidas de política económica, tanto fiscales como monetarias, que están y han estado al alcance de otros países y que en el caso de Puerto Rico contribuirían al diseño de planes dirigidos a alterar las condiciones que han definido la crisis económica analizada brevemente en esta reflexión. 2. Presupuestarias: la pregunta básica, aparte de otras que se puedan formular es: ¿cuándo se resolverá el problema de
la deuda pública, de suerte que se pueda articular un enfoque presupuestario que responda a las necesidades de los mejores intereses de país? 3. Estructurales: la incapacidad de acumular riqueza endógena, que sirva como base para incrementar la producción, el ingreso nacional y el empleo. 4. Las que tienen que ver con la ausencia de un plan de desarrollo nacional, que resulte en la erradicación de la pobreza dentro de un periodo de tiempo razonable, que sea inclusivo (que no deje fuera a ningún sector social o productivo), y que sea producto del consenso entre gobierno, empresas, fuerza obrera, estudiantes, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, partidos políticos, instituciones académicas públicas y privadas, y las demás organizaciones e instituciones representativas de nuestra sociedad. En el marco de tales restricciones, que deben destacarse las que, a mi juicio, constituyen oportunidades, tanto coyunturales como de largo plazo (estructurales): 1. La posibilidad de utilizar de manera eficiente, eficaz y productiva el flujo de fondos provenientes de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos como parte de las ayudas para la rehabilitación, y que se supone sean canalizados prioritariamente para la reconstrucción de infraestructura
de todo tipo. 2. La posibilidad de utilizar el conocimiento acumulado, particularmente en el personal del sector público, pero también en el sector privado, para articular un proceso de planificación presupuestaria racional e inclusivo, que se fundamente en las necesidades de la población y en el uso óptimo de todos los recursos a nuestro alcance. 3. Impulsar los cambios estructurales que sean posibles, aun dentro de las restricciones políticas descritas, con el objetivo de lograr mayor autonomía política y económica. 4. Aprender de las experiencias de países con estructuras económicas, sociales y políticas similares a las de Puerto Rico, que en los pasados años han evidenciado mayor progreso material y tasas de crecimiento y desarrollo superiores a los nuestros. 5. Poner en marcha –de nuevo, dentro de las restricciones aludidas—una estrategia de desarrollo que se fundamente en la diversificación de opciones económicas, en la utilización óptima de la tecnología, en la sustitución de importaciones competitivas y en la apertura a todo tipo de iniciativa que impulse nuestra capacidad productiva como pueblo.
