Un Caribe desarrollado, próspero y autónomo

Región Administrativa y de Planificación del Caribe, modelo de integración que permite la autonomía en el territorio.

Con el propósito de avanzar en el proceso de autonomía regional de la zona Caribe, obtener recursos propios y dar atención oportuna a las necesidades de sus habitantes, los depar tamentos de Bolívar, La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, San Andrés y Córdo ba, crearon en 2017 la Región Administrativa y de Planificación (RAP), con la que buscan reducir el centralismo del Estado y lograr la transferencia de competencias, autoridades y recursos del orden Nacional a los territorios para un desarrollo más equitativo.

Históricamente, la región Caribe se ha caracterizado por la incansable lucha que ha librado por alcanzar autonomía administrativa y presupuestal que les permita a los departamentos que la integran agilizar su desarrollo económico y social. Los primeros pasos se dieron en 1919 con la creación de la Liga Costeña, (conformada, entre otros, por Bolívar, Atlántico y Magdalena), a través de la cual se buscaba proteger e impulsar los intereses de esa amplia zona del país. Eso abrió el camino para que empresarios interesados en incrementar el comercio, empujaran la canalización y navegación del río Magdalena y llevaran a la reconexión del pueblo con sus raíces y orígenes.

Pese a que la Constitución Política estableció en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, los territorios se han quejado a lo largo de los últimos años de un excesivo centralismo que les ha impedido progresar como quisieran.

Se consolida un sueño

El sueño comienza a ser realidad, luego de que en el artículo 306 de la Carta Política colombiana, se autoriza la unión de dos o más departamentos para la construcción de una Región Administrativa y de Planeación (RAP), sobre la base de esquemas asociativos “con un marco geográfico, económico, cultural o funcional”. Esto se traduce en personería jurídica y patrimonio propio, con un objetivo claro: el desarrollo económico y social de los territorios. La necesidad de cerrar las brechas de desigualdad, llevó a sus autoridades a pensar en una alternativa de integración que les otorgara autonomía en la aplicación de recursos para superar la pobreza y garantizar un bienestar generalizado a la comunidad. Pero también para fortalecer la inversión y la competitividad, factores esenciales en los esfuerzos que se hacen por caminar hacia un progreso integral. Fue así como se le dio vida a la RAP, la cual permitió el establecimiento de un nuevo marco relacional de la nación con el Caribe, con resultados hasta ahora positivos para su población.

Un cambio de paradigma

El desarrollo económico que ha experimentado el país, ha proyectado al Caribe como un polo comercial y turístico que le augura un futuro próspero y sostenido a los departamentos que conforman la región. La unión de fuerzas les ha permitido alcanzar objetivos de desarrollo común, como generar proyectos en áreas específicas, incluidas las ambientales y productivas, y establecer negocios a partir de la construcción de infraestructura para mejorar la conectividad entre las ciudades y municipios y volver la zona mucho más competitiva a nivel nacional e internacional.

Trabajo mancomunado

El informe de gestión del año 2018, dejó en evidencia el avance que tiene la región en cuanto al planteamiento y diseño de proyectos oportunos y consecuentes con las necesidades de la población. Las siete mesas de trabajo organizadas por departamento, facilitaron el diálogo con la comunidad y la articulación de sus demandas sociales con los programas de gobierno de cada uno de los mandatarios. “Lo más importante en todo este proceso es la participación de los gobernadores de la Costa en el Plan Nacional de Desarrollo, ello es clave porque impulsaremos un paquete de obras con verdadero impacto regional en los sectores vial, energético y agrícola, entre otros”, dijo en febrero 2019 el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien fungía como presidente del Consejo Directivo de la RAP Caribe.

Y es que las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) pueden formular y presentar proyectos en el Sistema General de Regalías e incluso actuar como secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), donde se decide su aprobación. El Gobierno Nacional Podrá asignarles recursos del Presupuesto General de la Nación, con la condición de que los utilicen en proyectos de inversión.

Los retos inmediatos

Aunque el trabajo conjunto les ha traído beneficios a los departamentos costeños, con la ejecución de proyectos que han mejorado las condiciones de vida de sus más de nueve millones de habitantes, en la región Caribe se mantienen necesidades que deben ser atendidas de manera urgente, como una mayor cobertura y calidad en los servicios de energía eléctrica y agua potable. La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ha puesto también a prueba el sistema de salud en la costa norte, donde se requiere de una inyección de recursos importantes para dotar a los hospitales de personal y equipos médicos con el fin de proteger a la población vulnerable y en situación de pobreza de un posible contagio. La seguridad alimentaria es otro de los desafíos que se tienen en el corto y mediano plazo, ante la coyuntura que vive el país por cuenta de la pandemia, que ha obligado a los colombianos a un aislamiento social preventivo y a un cambio en su diario vivir. En un mundo en el que la tecnología se volvió indispensable, la región costeña ocupa los primeros puestos en cobertura en internet, con el Atlántico a la cabeza, lo cual representa un alivio para los estudiantes, que reciben clases virtuales, y para las empresas que han tenido que acudir al teletrabajo, en medio de la crisis. Aplicación de recursos de los fondos territoriales en las necesidades identificadas por los mandatarios.

LOS RICOS: ÚNICOS BENEFICIADOS DE LA DEBACLE ECONÓMICA

Por. David Barguil Senador de la República Partido Conservador

Aestas alturas de la pandemia por el Covid-19 en Colombia, debemos empezar a hacer una reflexión muy importante y prevenir lo que puede pasar. ¿Quiénes van a ser los verdaderos beneficiados de toda esta situación? Si los sectores productivos se van a pique, las empresas se quiebran y las personas se quedan sin empleo, ¿quiénes van a poder comprar estos negocios? ¿quiénes se van a aprovechar de su posición dominante? La respuesta salta a la vista: los más ricos de este país. Y la verdad es que si no hacemos algo desde ya, vamos a terminar en un escenario de mayor desigualdad y concentración de la riqueza que ya de por sí es vergonzoso e inimaginable. No podemos seguir en la falsa dicotomía entre economía y salud. Defender la vida también es defender a los sectores productivos y a quienes viven de la economía informal.

En enero de este año, antes de la expansión del virus, varios organismos económicos internacionales vaticinaban que Colombia sería uno de los países de la región con mayor crecimiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que nuestro país crecería 3,6%

en 2020 gracias a una política monetaria flexible, la solidez del consumo privado, el repunte del gasto público, el programa de infraestructura 4G y la Ley de Financiamiento. Sin embargo, hace una semana, el mismo FMI auguró un escenario de contracción de 5,2% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2020 para las economías de América Latina y el Caribe debido a los efectos de aislamientos, bloqueo y cierres generalizados para prevenir el contagio del Covid-19. Colombia tendría una tasa negativa de 2,4%, ocupando el segundo lugar entre los países que menos sufrirán una reducción de las actividades económicas en la región.

Ahora bien, es sabido que los sectores productivos son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Según cifras de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), en Colombia existen 1’636.280 MiPymes, de las cuales cerca del 72% no se encuentran realizando actividades productivas. Además, el 51% de los empresarios considera que estas decrecerán en más de un 30% y que, sólo durante el primer mes de aislamiento, este sector dejará de aportar a la economía del país cerca de $25,8 billones. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) señala que antes de la crisis tenían 420.000 trabajadores en todo el territorio nacional, pero lamentablemente a mediados de abril ya existían 90.000 personas a las que no les habían podido mantener su trabajo por la compleja coyuntura.

Tenemos que reconocer que atravesamos circunstancias sin precedentes y ningún país del mundo estaba completamente preparado para asumirlo. Por ello, hay que resaltar y aplaudir el inmenso trabajo que ha venido haciendo el Gobierno Nacional con medidas acertadas y oportunas para los colombianos, en especial los más vulnerables. Por ejemplo, se ampliaron programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, adulto mayor y Alimentación Escolar (PAE). También, la devolución del IVA a las personas de menos recursos y el Programa Ingreso Solidario para ayudar a la población que no pertenece a ningún otro programa social del Estado. Así mismo, se abrieron varias líneas especiales de crédito en diferentes entidades. Bancoldex abrió dos líneas por un total de $600.000 millones, y lo propio hicieron el Banco Agrario, Finagro e iNNpulsa, entre otras.

Sin embargo, recientemente, en el debate de control político que realizamos al sector financiero en la Comisión Tercera del Senado, denunciamos que muchas de estas ayudas no estaban llegando a los sectores que realmente lo necesitan. Esto debido, en gran medida, a las actuaciones poco solidarias de los bancos comerciales durante la pandemia. Por un lado, a pesar de que el pasado 27 de marzo el Banco de la República bajó 50 puntos básicos la tasa de intervención del 4,25 al 3,75% (una reducción del 11,7%), en la segunda semana de abril la mayoría de los principales bancos subieron sus tasas de interés para las distintas modalidades de crédito como son créditos de consumo, créditos comerciales ordinarios y preferenciales, y tarjetas de crédito. Industria manufacturera, uno de los sectores que trabaja para mantener a flote la economía del país.

Por otro lado, expusimos algunas quejas frente a que las líneas de crédito de Bancoldex no están llegando a los sectores productivos más necesitados. Se reveló que parte de los recursos se han utilizado para la sustitución de cartera preexistente con establecimientos financieros. Es decir, según las quejas de varios empresarios, los recursos de estos créditos han sido destinados para la refinanciación de los pasivos que las empresas habían adquirido previamente con las instituciones financieras. A esto hay que sumarle que según la misma Asobancaria, entre 2014 y 2018, los créditos otorgados a pequeñas y medianas empresas tuvieron un decrecimiento real del 1,4%, lo que significa que hoy -ante las circunstancias actuales- la cartera de microcrédito se ha deteriorado aún más.

Quizás, de las denuncias más preocupantes, son las que se refieren a la alerta de la Contraloría frente a la línea de crédito Colombia Agro Produce. Allí, de los 226 mil millones que se han entregado hasta el momento, el 94% se ha destinado a grandes empresas agroindustriales, mientras que sólo el 4% se ha asignado a las medianas y 2% a las pequeñas. Como si fuera poco, el 35,6% de los recursos se han concentrado en Bogotá, dejando rezagadas a las regiones y zonas rurales, y el 83% se ha destinado únicamente a 45 clientes. Entonces, aquí es cuando uno se pregunta. ¿Está llegando la financiación a quienes realmente lo necesitan? La verdad es que no. Lo que más nos urge es inyectar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que necesitan el apoyo del Estado y porque, además, es allí donde se concentra el 80% de la generación de empleo formal en Colombia.

Hace poco, el Gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías les anunció a los bancos que va a garantizar entre el 80% y 90% de respaldo a los créditos que se otorguen, así que ya no habría excusas para que los bancos no les presten a las MiPymes. Lo que ha pasado es que la banca comercial dejó solo al Banco Agrario en las ayudas que necesitan estos sectores porque, primero, aducen el alto riesgo y, segundo, porque su negocio no está en los créditos pequeños sino en los grandes que sólo encuentran en aquellas empresas con excelentes estados financieros y casi nula vulnerabilidad en la actual crisis. Por Dios, esa no puede ser la actitud de la banca en estos momentos. He propuesto que emulemos el camino tomado por Chile donde el gobierno y los bancos de ese país llegaron a un acuerdo para reducir las tasas de interés. Si el Estado colombiano va a asumir prácticamente toda la responsabilidad, el paso siguiente es llegar a un gran acuerno nacional para que la banca local disminuya sustancialmente las tasas de interés. El gran dilema al que se enfrentan las Mipymes, elegir entre la salud o la búsqueda de recursos. Lo que más urge es inyectar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que más lo necesitan, según Barguil.

Esta es la realidad de nuestro país: unos sectores productivos que tratan de no morir en cuarentena, suplicando que los bancos les inyecten capital para subsistir, mientras que algunos sectores políticos intentan vendernos a la fuerza el falso dilema entre la salud y la economía, sin percatarse que no puede haber una sin la otra. El Estado ha hecho lo que está en sus manos durante la cuarentena nacional, como mantener abierta la línea de crédito del FMI por 14 mil millones de dólares y la del Banco Mundial por 250 millones de dólares, pero debemos recordar que Colombia es un país “pobre” y su chequera no es infinita. Especialmente, en los municipios los recursos se acaban cuando la gran mayoría de actividades permanecen cerradas. Además, muchos colombianos y empresas no están pagando impuestos precisamente por las dificultades económicas, así que no hay un mecanismo efectivo de financiación para cubrir por tiempo ilimitado las necesidades de nuestro país.

Para terminar, les pongo un último ejemplo. Me contaron hace poco que Avianca llegó a costar 1.000 millones de dólares en su mejor momento, pero hace tres semanas llegó a 35 millones de dólares. De hecho, ya la aerolínea se pronunció manifestando que existe “duda sustancial sobre su habilidad de continuar en funcionamiento”. Esa va a ser la realidad económica de muchas empresas si no hacemos algo al respecto. Tantas empresas que van a desvalorizarse y, en el peor de los escenarios, quebrarse. ¿Quiénes las van a poder comprar? Pues los ricos ricos. Vamos a terminar en un escenario de mayor desigualdad, de mayor concentración de la riqueza en nuestro país y Colombia ya no resiste esto. Mucho cuidado con esos discursos radicales de cerrar indefinidamente. Aquí tenemos que resguardar la vida de los colombianos, pero también protegiendo a los sectores productivos y a los colombianos más vulnerables que viven de la economía informal.

Muchos colombianos y empresas no están pagando impuestos por las dificultades económicas.

El legislador asegura que hay que resguardar la vida de los colombianos, pero también protegiendo a los sectores productivos y a los que viven de la economía informal.

El senador Barguil prevé un desempleo disparado como consecuencia del cierre de empresas.