UN GOLPEADOR DE MUJERES

El presidente municipal de Empalme, Francisco Javier Genesta Sesma, fue declarado culpable de cometer violencia política hacia la mujer en razón de género en contra de la síndica de dicho municipio, Adriana Margarita Pacheco Espinoza. De manera unánime, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) aprobaron la resolución de la denuncia presentada por la afectada durante el mes de enero. El secretario general Héctor Sigifredo II Cruz Iñiguez informó que el munícipe realizó amenazas físicas y verbales, así como burlas, reducción de personal y presupuesto a la sindicatura y una difamación a través de rueda de prensa. También hizo volantes y programas en el recinto oficial, negó y omitió la entrega de información, recursos públicos y el pago de emolumentos, además de la indebida convocatoria a sesiones de cabildo. “Conductas que actualizan los supuestos normativos de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la denunciante, vulnerando con ello su derecho a una vida libre de violencia y de discriminación, así como su derecho político-electoral a ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo, por lo que se acredita la infracción”, señaló.

Ante ello, el alcalde deberá de tomar y aprobar tres cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) los cuales son enfocados a aprender a convivir de manera respetuosa con las mujeres. Deberá ofrecer una disculpa pública ante el personal del Ayuntamiento, retribuir el dinero que la víctima destinó para llevar a cabo el procedimiento, pagar de inmediato dietas, aguinaldos u otros adeudos que se le tengan a la síndica, entre otros puntos. El caso será turnado al Congreso del Estado, a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Sonorense de la Mujer. En caso de no cumplir en tiempo y forma con lo establecido se hará acreedor a una sanción, además que se le incluirá en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género. “Que esto sirva de ejemplo para otros funcionarios públicos que se vean tentados de ejercer violencia política sobre las mujeres, para que lo piensen dos veces y se inhiban este tipo de conductas, para que finalmente se erradiquen de nuestro sistema político sonorense”, expresó el magistrado presidente, Leopoldo González.

La sangre del periodista

Ricardo Domínguez López nos llena de luto, pero también de indignación, coraje y nos alienta a exigir con toda la fuerza de los periodistas un esclarecimiento inmediato de su crimen y la captura de sus autores materiales e intelectuales.

Nuestro colega, propietario y director general de InfoGuaymas, firmaba sus notas como Ricardo López y era un acreditado comunicador en toda la región de Guaymas y Empalme. Por desgracia esa es una zona de guerra donde las bandas del crimen organizado pelean por el control de la región y no tienen empacho en asesinar a todos quienes consideren contrarios a sus intereses, incluyendo periodistas. Ricardo Domínguez López recibió amenazas en marzo y por ello debió abandonar Guaymas para buscar refugio en Ciudad Obregón; por desgracia los sicarios ya lo tenían en la mira y no descansaron hasta cumplir con su amenaza, justo el día de su cumpleaños. Ricardo López no solamente era un periodista reconocido y apreciado en su comunidad; también era un buen esposo, un cumplido padre de familia y un apreciado amigo de los periodistas en Sonora.

Su artero crimen no solamente es un atentado contra quienes ejercemos el periodismo en Sonora y México; es también la manifestación del desprecio a una sociedad que busca la paz y reza por retomar la tranquilidad. Este crimen, cometido a plena luz del día y con todos los agravantes es el reflejo de la inseguridad que padece toda la sociedad y es la muestra de la facilidad con la cual se puede asesinar a quien sea señalado por el crimen organizado. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. y el Foro Estatal de Periodistas expresa su total indignación y reprueba este hecho que nos vuelve al luto; ni como sociedad ni como gremio periodístico podemos seguir tolerando un estado de indefensión como el actual. Por eso, a la par que exigimos justicia pronta y ágil para resolver este asesinato; nuestro llamado a las autoridades federales, estatales y municipales es para que de inmediato se establezca una mesa donde junto con otros ciudadanos, los periodistas también sean calificados como grupo de alto riesgo y se establezcan verdaderos protocolos de protección. No es suficiente con detener a los responsables del crimen. ¡Ya no! Si las autoridades no pueden cumplir con ese deber de proteger a los ciudadanos, lo único que generan es un estado de barbarie y una sociedad donde impera la ley del más fuerte, del más sanguinario, de quien desprecia la Ley. Eso los convierte en cómplices y los vuelve parte del problema, no de la solución.

Pedimos una investigación para detener a los criminales que le arrebataron la vida. Externamos nuestra solidaridad, aprecio y compartimos el dolor con su familia. A los tres niveles de Gobierno les pedimos que dejen la pasividad y atiendan de inmediato a los periodistas, que los convoquen a una mesa de diálogo para acordar medidas de protección y acciones inmediatas ante amenazas a su persona. No pedimos más, pero no aceptamos menos.