AMENAZAS Y DIFAMACIONES

Desde hace dos años aproximadamente mi familia y yo hemos sido calumniados y difamados principalmente en redes sociales. Han utilizado fotos que sin nuestro consentimiento o autorización, exhiben públicamente y nos acusan de una serie de barbaridades sin sustento, violentando nuestra privacidad, traspasando los límites de lo público a la vida íntima, derecho consagrado en nuestro marco jurídico. Se han envilecido en contra nuestra de una forma canalla y cobarde digna de gente sin valores y sin escrúpulos, carroñeros como bien dice mi amigo Germán Leyva Aldaco, perversos, cínicos y además traidores. Todo nace de su perversa ambición por querer adjudicarse una medalla que no les corresponde; irrumpieron en un movimiento social como infiltrados con el único propósito de sacar provecho personal y de grupo pero nunca pensando en el bienestar colectivo. Esto tiene nombre y apellido y se trata de dos o tres familias que se apoderaron de la caseta de cobro en Hermosillo.

Haciéndose pasar como activistas pero en realidad son enemigos del pueblo ya que con sus acciones, que abundan por cierto, así lo han demostrado.

En lo que respecta a mi persona y mi familia es demasiado el daño moral que nos han causado ya que inclusive crearon varias páginas en Facebook exclusivamente para difamarnos, amenazarnos e inventar todo tipo de basura y artimañas para desacreditarnos ante la sociedad. Algunos probablemente les han creído sus mentiras pero estoy seguro que la mayoría están del lado de la verdad y, esa la tenemos nosotros porque nuestra lucha es genuina y por convicción, una lucha que iniciamos cientos de ciudadanos a la que ellos llegaron mucho tiempo después para tratar de reventarla y sacar provecho de la situación.

Estamos muy cerca de lograr resultados positivos en donde finalmente veremos justicia en nuestras carreteras, gracias a nuestra perseverancia y al sacrificio de muchas compañeras y compañeros que de manera valiente han abanderado la causa. Gracias al apoyo del gobernador electo Alfonso Durazo y del alcalde electo de Cajeme Javier Lamarque, a la intervención también de SEGOB y su delegado Cervando Flores Castelo, estamos a punto de un logro histórico para los sonorenses.

A los traidores carroñeros la historia se encargará de darles el lugar que se merecen.

Los empresarios Carlos Gutiérrez y Germán Ahumada son propietarios de Artha Capital, una empresa inmobiliaria que a su vez es propietaria del Parque Industrial Logistik en San Luis Potosí. Estos empresarios reciben millonarios recursos del FONADIN, el fideicomiso que administra los recursos que se recaudan en las casetas de cobro en el país por concepto de peaje en autopistas de cuota a cargo de CAPUFE. En un esquema totalmente desproporcionado y abusivo, el FONADIN les transfiere los millonarios recursos bajo el concepto de "fondos de inversión" irrecuperable, es decir les regalan el dinero producto de las casetas de cobro, un esquema por cierto perverso y criminal ya que gracias a la explotación de carreteras patrimonio de los mexicanos, muchos empresarios consentidos amasan incalculables fortunas.

Una vez más el tiempo y los hechos nos dan la razón en el tema de la grave corrupción en concesiones carreteras. Hace un par de días sucedió un aparatoso accidente en la carretera Santa Ana - Altar en Sonora. La falta de señalización y condiciones adecuadas en la rúa provocaron el accidente dejando un saldo de diez personas heridas varios de ellos de gravedad. Con este accidente quedó una vez más al descubierto la irresponsabilidad y corrupción de los concesionarios ya que no había ambulancias, grúas ni paramédicos que prestaran auxilio a las víctimas del accidente. Es una obligación de la empresa concesionaria tener mínimo dichos servicios para casos de emergencia como el sucedido en este tramo carretero a escasos metros de la caseta de cobro. A propósito el costo del peaje en esta casera es de 127 pesos por automóvil compacto que ampara un tramo de 73 kilómetros, siendo uno de los más caros en el país ya que se pagan prácticamente 2 pesos por cada kilómetro transitado.

Con el sólo hecho de no contar con grúas, ambulancias y paramédicos, es motivo suficiente para que la SCT rescinda dicha concesión sin embargo no lo hace por el alto grado de complicidad y corrupción entre funcionarios de la SCT y concesionarios. Por cierto en 2005 siendo gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, emitió un Decreto de Fideicomiso Público, tramo carretero Santa AnaAltar por 30 años, estableciendo que los recursos obtenidos por el pago de la caseta serían invertidos en obras y programas públicos sin embargo en 16 años que lleva de vigencia dicho fideicomiso, el gobierno del Estado de Sonora, jamás ha informado a los sonorenses en donde están esos millonarios recursos.

Se me antoja para que se les haga una auditoría exhaustiva porque además son recursos públicos.