EDUCACION INCLUSIVA

Para aumentar la penalidad por el delito de homicidio infantil, homologándolo al feminicidio, las diputadas que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron el proyecto de dictamen que contiene el Decreto de reforma al Código Penal del Estado de Sonora. La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la Comisión dictaminadora, sometió a consideración la iniciativa con proyecto de Decreto de reforma el artículo 263 TER del Código Penal del Estado de Sonora, presentada el 31 de octubre del 2022 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La legisladora Barreras Samaniego cedió el uso de la palabra a la diputada Sagrario Montaño Palomares, impulsora de la iniciativa quien recordó el trabajo de socialización de la iniciativa mediante el ejercicio del Parlamento Abierto.

Mencionó que el maltrato infantil es una afectación que perdura en los menores para el resto de sus vidas, y cuando ese maltrato tiene como fin el homicidio, deja destrozada una familia y marcada a una sociedad.

“El homicidio es el peor de los delitos que se pueden cometer, especialmente cuando se comete en contra de la mujer y las niñas o los niños, es por ello que esta iniciativa tiene como finalidad modificar al Código Penal de Sonora, para todo aquel que cometa el delito de infanticidio se le imponga de 45 a 70 años de prisión y multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, las niñas y los niños son lo más sagrado que tenemos como sociedad, trabajar por sus derechos, proteger su inocencia y velar por su bienestar debe ser nuestro motor principal”, externó. En Sonora, dijo, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, de 2018 a 2021 se recibieron mil 621 reportes por incidentes relacionados con menores de edad, esto indica agregó, “que, al día, más de 17 niños o niñas son víctima de algún tipo de violencia en Sonora, por lo que al mes se reciben alrededor de 525 denuncias aproximadamente”. En la reunión estuvieron también las diputadas Rosa Elena Trujillo Llanes, Ivana Celeste Taddei Arriola, María Alicia Gaytán Sánchez y María Jesús Castro Urquijo. El proyecto de dictamen será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sea incluido en el orden del día de una próxima sesión de pleno.

Concluye Congreso del Estado consulta en materia de educación inclusiva e indígena. Con la participación de representantes de asociaciones civiles; de la tribu Lipan Apache; de la comunidad Saylam Yoremes; supervisores de educación especial; docentes; madres de familia, alumnas y alumnos con discapacidad; autoridades de los municipios de Magdalena de Kino; San Luis Río Colorado; Plutarco Elías Calles; Imuris; Santa Cruz; Benjamín Hill y sociedad en general; el Congreso del Estado a través de la Comisión de Educación y Cultura concluyó en esta ciudad la consulta pública en materia de educación inclusiva e indígena. Acompañada por Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal de esta ciudad fronteriza, la diputada Beatriz Cota Ponce, presidenta de la citada Comisión, recordó que se realizaron en las ciudades de Hermosillo y Navojoa las consultas de manera regional con una amplia participación en te- mas de educación inclusiva e indígena en donde se recibieron diversas propuestas.

“En cumplimiento a los períodos que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convoca de nuevo a la ciudadanía para hacer un consenso con las personas con discapacidad y los grupos indígenas, sobre la educación inclusiva e indígena para conocer de viva voz sus ideas y propuestas para convertirlo en un producto legislativo que redunde un beneficio los diversos sectores de la sociedad”, expresó. La diputada Cota Ponce destacó la importancia de conocer la opinión y recibir propuestas con el propósito de reformar la Ley de Educación y la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad, ambas de Sonora. La legisladora mencionó que una vez aprobada la Ley General de Educación en el pasado 2019 y, en ese sentido, agregó, diversas organizaciones de grupos étnicos y los grupos de personas con discapacidad promovieron acciones de inconstitucionalidad respecto a la Ley al referir que no han sido consultados.