DE 35 ANOS YA ERES VIEJO SE SIRVEN CON LA CUCHARA GRANDE

La diputada de la Bancada Naranja presentó iniciativa que propone sancionar a empresas que discriminan la contratación de personas mayores de 35 años. Se solicitó que la Secretaría del Trabajo vigile de cerca los procesos de reclutamiento.Para frenar la discriminación que sufren las personas mayores de 35 años, al momento de buscar empleo, la diputada Natalia Rivera Grijalva, de Movimiento Ciudadano propuso reformas a distintas leyes para sancionar a empresas que excluyan de sus procesos de reclutamiento y contratación por motivos de edad. La legisladora ciudadana señaló que del 2000 a la fecha el segmento de personas de 35 a 65 años ha crecido en más de un 50% y actualmente nueve de cada 10 anuncios de empleo dejan fuera a personas que están en ese rango de edad.

A nombre, también, de sus compañeros de Bancada, Rosa Elena Trujillo, Jorge Russo y Ernesto de Lucas, la diputada Rivera Grijalva, señaló durante la lectura de la iniciativa que organismos interna - cionales cal- boral, los países podrían crecer casi un 20% en su capacidad de producir riqueza. Pese a lo anterior y a que existen prohibiciones expresas en las leyes actuales de no discriminar por edad, preferencia sexual, raza, religión o sexo, las empresas continúan con prácticas discriminatorias por motivos de edad durante la selección y contratación de personal; lo que se hace necesario fortalecer el marco jurídico en este aspecto. La propuesta incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al Código Penal y a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, para establecer nuevas funciones de verificación y sanción para la Secretaría del Trabajo; así como incrementar las multas para quienes discriminen a trabajadores por razones de edad y establecer una figura penal específica para el caso de discriminación laboral. También contempla, por primera vez en la legislación local y nacional, prohibiciones expresas en las distintas etapas de contratación, y no solamente en los anuncios clasificados o convocatorias de empleo. Incluye otorgar facultades específicas a la Secretaría del Trabajo del Estado para vigilar que las empresas cumplan, además de coordinar el primer registro de empresas sancionadas por discriminación laboral en el Estado, junto con la publicación de un informe anual de acciones para evitar actos de discriminación laboral.

Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la subsidiaria CFE Distribución, mantiene una red de nepotismo. El funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a sus tres hijas y a un yerno en la nómina de la empresa estatal en gerencias regionales del estado. Hilda Denisse Nevárez González, una de las hijas del directivo, es supervisora administrativa de calidad y control de gestión en la gerencia regional de Transmisión Norte. Sus ingresos netos anuales como trabajadora de CFE, entre salarios, bonos, aguinaldo y otras prestaciones asciende a 586 mil 472 pesos, según lo reportó en su declaración patrimonial. Su esposo, Rafael Gutiérrez Porras, es jefe de departamento Zona y está encargado de la red eléctrica de subtransmisión, con un ingreso neto anual 787 mil 872 pesos. Otra de sus hijas es Lorena Del Rocío Nevárez González, es supervisora del programa de capacitación en la residencia general de construcción, cuyo ingreso mensual hasta 2022 fue de 601 mil 611 pesos. Hasta el año pasado, su esposo Víctor Manuel Hernández Muñoz, era ingeniero para la supervisión de elaboración e integración de paquetes de licitaciones, también en Chihuahua y percibía un ingreso anual neto de 613 mil 469 pesos. Actualmente, ya no aparece en la nómina transparente del Gobierno federal. Finalmente su hija Claudia Imelda Nevárez González, opera como ingeniera de sistema de gestión de calidad en la central de ciclo combinado Chihuahua; su remuneración neta anual es de 868 mil 982 pesos. En el caso de su marido, José Luis Peinado, no labora dentro de la CFE, pero es fundador y CEO de Grupo Ditelli, que integra cuatro empresas que brindan servicios, y que según su sitio web han trabajado para la CFE, aunque los contratos entre ambas empresas no son públicos. Max Kaiser, académico del ITAM, dijo que Pemex y CFE tendrían que ser vigilados permanentemente para saber a quién le dan contratos, las razones por las cuales se asignan y qué se obtiene con ellos. "CFE debería tener toda la transparencia de cada uno de sus contratos y está obligado a tener plataformas fáciles de consulta y obligado a rendir cuentas de los resultados de los contratos", dijo.

• Hernan Encinas Balderrama es colaborador de este medio. Cel. 6621 738953