Revista Laboral # 12 by ICAL Chile

ISSN 0719-1715

Revista Laboral Ical Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ISSN 0719-1715

Dos años de derecha neoliberal en el gobierno Discusiones en torno al trabajo

Mauricio Muñoz Katia Molina Felipe Valenzuela Pablo Canelo Aportes Internacionales de Jorge Notaro(Uruguay) Julio Gambina(Argentina) Luis Rojas (Paraguay)

Katia Molina - Mauricio Muñoz Editores Nº12 – AÑO 4

Diseño de la portada: Valeria Hevia C. – Elías Valenzuela R. Fotografía: Elías Valenzuela R. Colectivo OMYC Fotografía http://www.flickr.com/photos/omcfotografia/ Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz Ical. Ricardo Cumming 350, Santiago, Chile. http://www.ical.cl comunicaciones@ical.cl Año 2011.

Índice

Editorial

Dos años de derecha neoliberal en el gobierno. Proyecciones políticas sobre el trabajo. Mauricio Muñoz

El sindicalismo en el contexto de un gobierno de derecha. Katia Molina

Los funcionarios públicos y el rol del Estado en el gobierno de Sebastián Piñera. Felipe Valenzuela

Trabajo decente y PYMES: Hacia una política de fomento productivo que beneficie a los trabajadores. Pablo Canelo

La redistribución del ingreso y la riqueza: el debate actual en el Uruguay. Jorge Notaro

El debate ideológico sobre el orden económico. Julio Gambina

Periodos de la economía del Paraguay. Aportes a un debate inconcluso. Luís Rojas

Editorial

La presente edición, es producto del trabajo colectivo de los integrantes del Área Laboral del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, los cuales, a través de las constantes discusiones, paralelos y contrastes, dieron forma a los artículos que acá se presentan. La temática laboral de la revista, en este número, se aborda en el contexto de los casi dos años desde el arribo a la presidencia de la Derecha política. Y la perspectiva desde la cual se da cuenta de esta problemática es el Pensamiento Crítico, un punto de vista contrario al régimen de acumulación capitalista imperante y, por lo mismo, a las condiciones sociales de producción y reproducción del modelo económico, cultural y social hegemónico en el país. Así, distintos cuestionamientos frente a las políticas en torno al trabajo, propuestas en el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera o instaladas en la palestra por las dos Ministras del Trabajo que han asumido en el periodo, y sus impactos o alcances sociopolíticos, son puestos en circulación, a modo introductorio, por Mauricio Muñoz. Por su parte, Katia Molina, desde una visión panorámica en que analiza el impacto en el sindicalismo de las políticas neoliberales implementadas en Chile pasa a un análisis más micro y detallado acerca de lo sucedido en los últimos meses, instalando la tensión entre una radicalización del modelo y las organizaciones sindicales. Tensión atravesada por el desequilibrio de poder en las relaciones laborales. Por otro lado, Felipe Valenzuela, aborda la impronta neoliberal del Estado chileno y su relación con los 3

funcionarios públicos, configurada, con matices, por las administraciones gubernamentales posteriores a la Dictadura Militar, bajo el discurso de la modernización del aparato estatal, y cuyo cenit se alcanza con la actual administración. En el ámbito de las relaciones productivas, Pablo Canelo examina las relaciones laborales en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Tema que la derecha acota al concepto de emprendimiento y evita tocar cuestiones más profundas, como la asimétrica relación entre las grandes empresas y las de menor tamaño, así como también el plantear proyectos de políticas públicas que fomenten la producción y desarrollo de los sectores productivos menores, desfavorecidos por el desarrollo del neoliberalismo y el imperio de las transnacionales. En síntesis, en este número de la Revista Laboral Ical, se articulan, a partir del abordaje de distintas dimensiones, una mirada aguda y crítica, que busca ser un aporte para el pensamiento alternativo, mostrando los conflictos y desigualdades propios del momento actual del capitalismo neoliberal chileno. Finalmente contamos con aportes internacionales que nos entregan una panorámica general respecto de los distintos contextos en los países vecinos. Jorge Notaro, economista uruguayo, nos pone al tanto del debate acerca de la redistribución del ingreso y la riqueza en Uruguay. El académico argentino Julio Gambina, contribuye con un breve pero contundente análisis del debate ideológico sobre el orden económico. Y, finalmente, el investigador paraguayo Luis Rojas, se inmiscuye en el debate acerca de la constitución del actual sistema económico y político de Paraguay. Katia Molina – Mauricio Muñoz Editores

Dos años de derecha neoliberal en el gobierno Proyecciones políticas sobre el trabajo Mauricio Muñoz*

La actual derecha política chilena La Unión Demócrata Independiente (UDI), fue fundada en 1983 por Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución Política de 1980, impuesta en plena Dictadura Militar, y Pablo Longueira, fundamental figura política actual del conglomerado derechista. Por otro lado, Renovación Nacional (RN) fue fundada en 1987 y es un hibrido de descolgado de la UDI, del Movimiento de Unión Nacional 1, del Frente Nacional del Trabajo 2 y viejos militantes del Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Ambos Partidos – UDI y RN – son la resultante política, pero también la plataforma ideológica, del proceso dictatorial mediante el cual se instaló el neoliberalismo en el país. La Coalición por el Cambio, unión política conformada por los dos partidos de derecha antes mencionados, es la alianza que llevó como candidato presidencial a Sebastián Piñera y es, a la vez, la base política de su actual gobierno. Estos partidos aceptan tres cuestiones constitutivas del * Sociólogo. Área Laboral Ical. 1 Protopartido político prodictatorial, fundado en el año 1983 por Andrés Allamand, Francisco Bulnes Sanfuentes, Pedro Ibáñez Ojeda y por otros antiguos militantes y partidarios del Partido Nacional. 2 Fundado por Sergio Onofre Jarpa (Ministro del Interior en Dictadura, entre 1983 y 1985), quién fuere militante del Partido de Acción Nacional (1963 – 1966) y fundador del Partido Nacional (1966 – 1994), tras la debacle de la derecha chilena en las elecciones parlamentarias de 1965, acontecimiento el cual hizo que los partidos Liberal y Conservador se fusionaran.

actual orden socio-económico (Gómez, 2010: 114). En primer lugar, no cuestionan al capitalismo en sus dimensiones económica, política y social; a consecuencia, en segundo lugar, la defensa de la propiedad privada es un axioma, por lo tanto, un principio configurador y, en tercer lugar, aceptan el mercado como un lugar competitivo, desde la perspectiva neoliberal: como aquel lugar de intercambio entre oferta y demanda, donde el equilibrio “natural” de estos términos sólo es posible a partir de la reducción máxima de cualquier intervención 3. Esta derecha, este engendro que tiene como marca de nacimiento el autoritarismo, el terrorismo de Estado en tanto mecanismo-contrarevolucionario-anti-proyecto-popular, que configuró el actual capitalismo neoliberal chileno con sus particularidades económicas, sociales, políticas y culturales; es la que llega al gobierno el 11 de Marzo del 2010, tras 20 años de espera, con el objetivo de, tal como desarrollará Felipe Valenzuela, perfeccionar, enarbolando la bandera modernizante, la impronta neoliberal del Estado chileno. Las propuestas seguridades

del

programa:

Una

sociedad

El objetivo de la Coalición por el Cambio, según su Programa de Gobierno, es “construir una auténtica sociedad de seguridades”. Estos lineamientos, en tanto directrices político-ideológicas, son la guía a seguir durante el periodo por el cual fue electo Sebastián Piñera.

Es necesario advertir que estas mismas premisas son aceptadas por los partidos de Centro Izquierda, quienes administraron el poder posterior a la dictadura, periodo que eufemísticamente se le llamó transición a la democracia y que tuvo su fin en el periodo presidencial de Ricardo Lagos, momento en el cual se arribó a una democracia sui generis, por decirlo de una forma sutil. 3

El nudo central para alcanzar el propósito que la Coalición se plantea en el Programa, es el ámbito laboral. Al respecto el diagnóstico de la derecha es taxativo: 1) Existe una baja proporción de la población que participa en la fuerza de trabajo. 2) Hay una baja capacidad de la economía para generar puestos de trabajo que repercute en el alto desempleo que afecta principalmente a las mujeres y a la población más joven y pobre del país (cuestión que la derecha endosa a la ineficiencia de los gobiernos de la Concertación y a la rigidez impuesta al mercado). 3) Los salarios son bajos y la principal razón es la baja formación y capacitación de los trabajadores. De las tres principales problemáticas que identifica el programa presidencial ninguna está vinculada directamente al mercado, sino que, más bien, lo que se expone son dificultades exógenas a éste, las cuales afectan al “equilibrio natural” que le sería inherente al trabajo, como a cualquier otro mercado. La “mano invisible” liberal continúa siendo el filtro por el cual pasan las miradas de la derecha neoliberal actual. Las soluciones que esgrime el ahora gobierno frente a las problemáticas antes expuestas, están vinculadas principalmente a flexibilizar aún más el mercado laboral, subsidiar gastos que en muchos casos debiesen ser de responsabilidad de los empleadores y reformular el seguro de cesantía. Es pertinente darle hincapié a que estas tres dimensiones –la flexibilización, el subsidio (al empleo juvenil o femenino, por ejemplo) y el seguro de cesantía- son tres directrices que, desde el concierto internacional, la OCDE entrega como recomendaciones de implementación y consolidación a los países que la integran: "Las indemnizaciones son parte de la flexibilidad. Si éstas son muy altas, es menor el apetito de los empresarios por crear empleos (...) Y el problema es 7

que estos instrumentos a quienes más afectan es a quienes están fuera del mercado laboral, así como también a los jóvenes y mujeres" (Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE. Diario El Mercurio, 5 de Abril de 2011). El recurso flexibilidad laboral y su vínculo con el empleo precario Teletrabajo Con respecto a la implementación de mayor flexibilidad, la derecha insinuó en un comienzo la necesidad de promover la modalidad del teletrabajo, es decir, que la actividad productiva que tecnológicamente sea compatible con esta particular forma de organizar la producción, pueda ser realizada desde el domicilio de las personas. Muchos de los publicistas del neoliberalismo, actualmente, ven allí la posibilidad del fin de la enajenación que provoca el trabajo en el capitalismo: “La automatización de procesos que surge de las tecnologías de información, ahora digitalizada y conectada mediante banda ancha, permite un trabajo menos alienante, rutinario y repetitivo. […] No será inusual que el trabajo pueda ahora realizarse desde el hogar, mejorando las opciones laborales de la mujer embarazada o con hijos” (Editorial “Necesidad de una robusta agenda laboral”. Diario El Mercurio, 8 de Mayo de 2011). En la misma línea, Sebastián Piñera, en el mensaje presidencial con el que inicia el proyecto de ley sobre el contrato especial del trabajo a distancia indica que: “La creación de nuevos empleos y de diversas fuentes laborales que en el pasado reciente fueron impensables, también ha traído como consecuencia inmediata nuevas formas de vida, las que cada vez más irán reemplazando a las antiguas. Al efecto, 8

hemos tenido como principal consideración el proveer de un mecanismo que facilite, especialmente, la incorporación de la mujer, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad al mundo laboral, como una forma de promover nuevas fuentes de trabajo. Es decir, la nueva legislación permitirá conciliar de mejor manera el desarrollo de labores remuneradas con la vida familiar, junto a otras actividades culturales, educacionales, deportivas o recreativas, las que contribuyen decisivamente a mejorar la calidad de vida de las personas” (Mensaje presidencial N° 224-358. 20 de Enero de 2010). Esta miopía deliberada, propia de la clase dominante chilena, que da cuenta de lo ordinario y brutal de su discurso ideológico, impide una lectura más compleja de la problemática de la flexibilización y la adaptabilidad de la fuerza de trabajo, a la cual es posible acceder -entre otras causas- gracias al alto desarrollo tecnológico de los medios de producción combinado con una institucionalidad política eunuca; y a la vez, por otro lado, omite cuestiones fundamentales de ser discutidas, como lo son: la radicalización del capitalismo, la desarticulación de colectivos políticos, la precarización de los trabajos, el subempleo encubierto, la deslocalización de la fuerza de trabajo y la invasión de los espacios privados, libres, propios de las personas y las familias, lugares a los que el Capital no tenía acceso y a los cuales, mediante el dispositivo teletrabajo, pretende arribar; por nombrar sólo algunas problemáticas. Subsidios En lo que guarda relación con los subsidios la derecha propone crear una institucionalidad de intermediación laboral dedicada a buscar trabajo a los “trabajadores más vulnerables”, es decir aquellos menos capacitados, caracterizados en los segmentos más jóvenes de la Población Económicamente Activa (PEA) y las mujeres, 9

creando un “bono de intermediación” financiado por el Estado. Para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes, el gobierno ha indicado que, para que las primeras puedan “compatibilizar el trabajo con la vida familiar”, es necesario modificar la actual normativa de salas cunas, haciendo que el Estado financie el 50% de éstas y, por otro lado, flexibilizar el periodo de postnatal, para un determinado sector de la fuerza de trabajo femenina. En relación a los jóvenes, desde la cartera del trabajo se ha indicado que: “Es importante que le demos una oportunidad a los jóvenes, hoy día solamente el 30% de los jóvenes entre 15 y 25 años trabaja, en los países desarrollados esta cifra se eleva al 43%, tenemos mucho por avanzar. Tenemos que darle una oportunidad, porque a ellos esto les permite no solamente tener una remuneración, sino también es parte de su formación como persona y como profesionales” (Camila Merino. Comunicado de prensa. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 12 de Enero de 2011). La entonces ministra Camila Merino, en este contexto, destacó el incremento que tendrá durante el año 2011 el Subsidio al Empleo Joven, que tiene como propósito incentivar la contratación de personas entre 18 y 25 años, con baja calificación laboral, el cual dispondrá de un presupuesto de $47.293 millones, lo que representa un aumento de un 40% respecto al año anterior. Las iniciativas subsidiarias, más que estar marcadas por la mejora sustancial en las condiciones de vida de los trabajadores, estas tienen un denominador común, a saber: ser una prestación pública de carácter económico, que busca aliviar de compromisos a la empresa, neoliberalizando aún más al Estado, poniéndolo al servicio y disposición de los intereses del Capital. 10

Es razonable plantear que si las empresas -sobre todo las grandes empresas- que obtienen elevadas ganancias, sea por la explotación de recursos naturales del país (principalmente mineras, forestales y energéticas) o por el sometimiento extremo de la fuerza de trabajo a través del empleo precario (mandantes que subcontratan personal para actividades relacionadas con el giro principal de la empresa o conglomerados del Retail como Censosud o Falabella (Ruminot, 2010), por nombrar sólo algunas), debiesen actuar dentro de un marco de responsabilidad social que promueva el trabajo decente, entregando condiciones de integración y desarrollo a la comunidad donde está instalada e invirtiendo en los trabajadores que son, en definitiva, los que producen la riqueza. Así, más que subsidios enfocados a hacer crecer las ganancias de la empresa privada, la discusión debería apuntar hacia las políticas de inversión de las propias empresas y su relación con el desarrollo integral y sustentable de la sociedad. Seguro de Cesantía Otra de las propuestas de la derecha es reemplazar el pago por el concepto de indemnizaciones por años de servicios que se les entrega a los trabajadores al momento de ser despedidos, por un Seguro de Cesantía que permita una indemnización a todo evento, es decir, cuando el trabajador, no importando el motivo, cesa sus funciones en una empresa determinada. Los dardos de los neoliberales apuntan a terminar con esta compensación a los trabajadores puesto que, para la derecha, este sería uno de los grandes obstáculos que impiden el dinamismo del mercado del trabajo y, es más, limitaría la contratación. Tratar de equiparar la indemnización por el tiempo que el trabajador prestó servicios en una empresa con el seguro de cesantía, es caer en un error. Someramente podemos decir que la indemnización tiene que ver con una compensación por los años trabajados para una determinada empresa y, 11

por otro lado, un seguro es un contrato por el cual al asegurador se obliga, mediante una cuota estipulada –que en este caso no existe claridad de quien la asumiría-, a indemnizar al asegurado por un daño producido, en el caso de los trabajadores: el despido. En segundo lugar, se debe tener muy claro que priorizar una modalidad de seguro por sobre la de indemnización, es pasar por encima de un derecho ganado por de los trabajadores, y esta decisión sólo puede ser tomada teniendo en cuenta la perspectiva de éstos. Ambos puntos, aquí solamente introducidos, así como las potencialidades y limitaciones tanto del mecanismo de indemnización como el de seguro, la derecha ni siquiera los menciona. Nuevos empleos: Subempleo Finalmente, ya con Evelyn Mattei en la cabeza del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la impronta del gobierno estará dada por la generación de empleos: “superar la meta de 1 millón de nuevos y buenos empleos al 2014” (Evelyn Mattei. Comunicado de Prensa. Ministerio del Trabajo. 21 de Enero de 2011). Sin embargo, ya en Marzo del año 2011, a partir del contraste de la información entregada por el diario El Mercurio4 con otras fuentes, es posible afirmar que el 40% de los “nuevos” puestos de trabajo creados durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera son informales. En tanto que el 70% de esta fracción está integrado por trabajadores independientes, el 19,9% son empleadores o, si se quiere, microempresarios “emprendedores”, y el restante 10,1% son personas enroladas en los servicios domésticos.

El Mercurio, 27 de Marzo de 2011.

Estos paradójicos “nuevos y buenos empleos” no son otra cosa que subempleo, puestos de trabajo precario, en tanto no se da en el marco de la relación laboral clásica empleador/trabajador, su duración es incierta, no está afecto a la legislación laboral, ni cuenta necesariamente con seguridad social. Esto trae consecuencias devastadoras para la clase trabajadora, marcadas por la precarización en las condiciones de vida, la incertidumbre y desprotección, pero también impactando en la desarticulación de los actores sindicales, atomizando estos colectivos, fundamentales para obtener y mantener beneficios frente al Capital. En síntesis Las políticas de la derecha, frente a la problemática del trabajo, buscan acotar lo laboral a lo meramente económico, flexibilizar el trabajo y quitarle cualquier tipo de responsabilidad al Capital. Lo que pretende la tecnocracia de derecha es instalar la flexibilidad laboral como paradigma de desarrollo del mercado del trabajo, localmente propenso a la precariedad. La flexibilidad se concibe sólo como la facilitación de la manipulación de la fuerza de trabajo, sea en el registro de la multifuncionalidad o en el de la desvinculación o despidos, disminuyendo los costos para el empleador y endosándolos al Estado o al propio trabajador, impactando no sólo en la producción sino que también, como apuntará Katia Molina, en la articulación de las organizaciones sindicales, atomizándolas, mediante el desequilibrio de poder en las relaciones laborales. Los discursos del gobierno, en materia laboral, han evitado referirse a políticas de empleo de calidad, a la reinserción y la capacitación de los trabajadores; han omitido cuestiones importantísimas como es el desarrollo del actor sindical, la sindicalización y la negociación colectiva. Por otro lado, 13

vinculado con las relaciones productivas, se han evitado las discusiones en torno a las desigualdades entre las grandes empresas y aquellas de menor tamaño, la “precarización del emprendimiento” que esta asimetría provoca, así como la construcción de una política pública que fomente la producción y el desarrollo de sectores productivos desfavorecidos por el modelo neoliberal. Cuestión última que será abordada por Pablo Canelo en las siguientes páginas. La derecha, en vez de construir una “sociedad de seguridades”, como lo prometió, ha consolidado una configuración social caracterizada por la desigualdad, explotación y precariedad en virtud del acrecentamiento de la tasa de ganancia de las grandes empresas, sobretodo de las multinacionales instaladas en el país. Paralelo a lo anterior, se tiende a encontrar un respiro en modelos de flexiguridad de países europeos, particularmente la experiencia danesa, olvidando la especificidad de ésta y, por lo tanto, la imposibilidad de aplicarla de manera mecánica a una realidad tan distinta como la chilena o la latinoamericana en general. El trabajo, lugar donde se pone en juego la producción y reproducción de una sociedad, en tanto actividad que configura las condiciones materiales en las cuales los actores se desenvuelven, es fuente de ingreso para los trabajadores y a la vez creación de riqueza para las empresas –plusvalía-. De lo equitativo de esta repartición depende directamente el desarrollo económico, social y cultural de un país. Esta simetría sólo es posible alcanzarla a través de la validación de los actores sociales involucrados. La OIT plantea un tripartismo donde estén presentes el Estado, los empresarios y los trabajadores; representados por las organizaciones sindicales. A su vez la 14

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone la creación de una comisión de trabajo decente, en la cual converja la tríada propuesta por la OIT. En este contexto, ¿Qué es lo que proponemos desde la izquierda? Referencias bibliográficas Diario El Mercurio. 2011. Marzo 27. Editorial “Necesidad de una robusta agenda laboral”. 2011. Diario El Mercurio, Mayo 8. Gómez, J. 2010. “La derecha política en la sociedad neoliberal, 1990 – 2010”. Pp. 109-135 en, La ofensiva de las derechas en el cono sur, editado por Marielle Palau. Asunción: BASE-RLS. Gurría, Á. 2011. Diario El Mercurio, Abril 5. Mattei, E. 2011. Comunicado de prensa. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Enero 21. Mensaje presidencial N° 224-358. 2010. Enero 20. Merino, C. 2011. Comunicado de prensa. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Enero 12. Ruminot, N. 2010. El negocio del consumo y las nuevas lógicas de explotación laboral, Cartilla Laboral. Santiago: ICAL.

El sindicalismo en el contexto de un gobierno de derecha Katia Molina *

Es necesario ahondar en los elementos centrales, que nos permitirán desarrollar una mirada frente a la situación del sindicalismo en Chile, a casi dos años de la derecha en el poder y su “nueva forma de gobernar”. Enfatizaremos en los conceptos ideológicos de sustentación del gobierno que impactan en la organización sindical. Entendiendo que la matriz neoliberal, nunca ha dejado de funcionar y el proceso que ha vivido la organización de los trabajadores, debe enfrentar el contexto económico, político, social y cultural originado por esta, además de los factores propios de la dinámica interna que se expresa en el papel que juegan actualmente los sindicatos y su rol frente al capital. Con Sebastián Piñera y su gabinete tecnocrático y empresarial, la democracia liberal de Hayek y el modelo económico logran confluir, disminuyendo la tensión existente en los gobiernos concertacionistas, la derecha como bloque de poder, perspectiva una profundización del sistema económico en pos de la meta: Chile país desarrollado al 2018, de esta forma el acoplamiento de Chile al capitalismo mundial se mantiene y refuerza. La desaceleración del modo de acumulación que vive el capitalismo, “la perdida de dinamismo de la economía” es explicada a partir de las cifras macroeconómicas, que son necesarias de revertir. El diseño de una ruta para alcanzar el desarrollo, define la necesidad de avanzar en un *

Socióloga. Área Laboral Ical.

crecimiento sostenido, volver a crecer a tasas en torno al 6%, mejorar el colapso de la productividad que se encuentra en 0.6% anual y aumentar la inversión hasta un 28% del PIB al año 2014 (Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile, 2010), mantener la inflación en un 4.0 %, entonces se hace necesario para el gobierno, focalizar certeramente las políticas en los intersticios del modelo que aun son necesarios de profundizar. De esta forma, consideramos que el modelo neoliberal continuará intensificándose en el ámbito del trabajo, aspirando a una mayor flexibilidad laboral, tanto interna como externa, polivalencia, de remuneración, de contrato, de jornada, que impacta en la vida de los trabajadores y en sus organizaciones, modificando la propia concepción de sí mismos. Esta tendencia que se venía desarrollando en el país, pasa a un nuevo nivel de profundidad, entonces visibilizar la concepción que tiene la derecha de las organizaciones sindicales se hace relevante, cuando el desequilibrio de poder en las relaciones laborales se acentúa. Se distingue el proceso desarrollado por el movimiento sindical en la recuperación de su protagonismo social a partir de nuevas estrategias y su actual replanteamiento para superar la estrategia utilizada en los gobiernos de la Concertación, que limitó su propio quehacer, debilitándolo y manteniéndolo constreñido a la empresa, postergando las reivindicaciones propias del sector en aras de la transición democrática. La nueva forma de gobernar, perspectivas del impacto en los trabajadores y la organización sindical La derecha gobernante plantea “transformaciones estructurales”, que se sustentan en tres ejes centrales: seguridad, valores y oportunidades, esto se traduce en la agenda Laboral (Diario El Mercurio. 12 de Mayo de 2011) en impulsar Cambios al actual Código Laboral, Modificaciones a las normas Laborales, Previsionales y de 18

Higiene y Seguridad, de esta forma “El Chile país desarrollado, más oportunidades y empleo”, promovido por el gobierno se instala desde la noción de avanzar en mayor flexibilidad, es decir atacar “los factores estructurales que limitan el dinamismo del mercado laboral” y las trabas del emprendimiento, para ello se requiere adecuar la normativa jurídica que limita la flexibilidad deseada. La Coalición por el Cambio, ha insistido frente a esta problemática pues su diagnóstico es que para mejorar la productividad de las empresas se requiere eliminar las distorsiones, restituyéndole la dirección al mercado. El sindicalismo es visto como una rigidez que es necesario superar “la solución flexibilidad- laboral es, por un lado, una especie de antídoto que contrarresta los efectos nocivos que representan las rigidices del mercado del trabajo -cosificadas generalmente en el sindicalismo o en el pago de indemnizaciones de parte de los empleadores“- y por otro lado, es un profiláctico, en tanto que una vez aplicada la cura, sirve para preservar inmune al mercado del trabajo y conservar fuera la enfermedad” (Muñoz, 2011). La acumulación del capital se realiza bajo este paradigma 1. Para los sindicatos la flexibilidad ha significado eliminar múltiples conquista que obtuvieron tras años de lucha, además de un deterioro de los derechos de los trabajadores, sus condiciones laborales y los derechos colectivos, “derechos flexibles para poder disponer de una fuerza de trabajo en función directa a las necesidades del mercado consumidor” (Antunes, 2001) También ha debilitado la organización sindical, fragmentándola e imposibilitando superar la lógica individualista instalada en las subjetividades de los trabajadores. Los efectos políticos de la flexibilidad, siguen siendo la desarticulación del movimiento de trabajadores, buscada racionalmente por la elite dominante. El poder ejecutivo, además, promueve un proyecto de “adaptabilidad pactada”, que impulsa Mesas de Diálogo El modo de acumulación capitalista utiliza la flexibilidad para mejorar la acumulación frente a la crisis del capital. 1

del mercado laboral al interior de las empresas, ampliando la negociación no sólo a las remuneraciones, sino también a las “alternativas que permitan aumentar el bienestar de los trabajadores y la productividad de la empresa”. (Ministerio de Hacienda, 2011) De esta forma, el énfasis está puesto en las “relaciones laborales equilibradas, modernas y constructivas”, esta concepción invisibiliza en el discurso la asimetría del capital, que se inclina a favor del empresariado, pero además pone el acento en la productividad que es necesaria mejorar, la cual descansa directamente en la organización del trabajo para la obtención de un aumento en la plusvalía. Entonces, la derecha sigue privilegiando las relaciones pluri-individuales frente a las colectivas, es en definitiva el trabajador- individuo, nunca la organización sindical la que enfrenta el desequilibrio del capital. Este juego sólo ventajoso para la patronal, inhibe el poder negociador del sindicato. La normativa existente, permite que las Negociaciones Colectivas no sean función exclusiva de la organización sindical, sino que pueden ser desarrolladas fuera de esta, por grupos negociadores. Tal como se presenta hoy, los sindicatos tienen limitadas capacidades de negociación efectiva. La organización sindical dentro del discurso hegemónico no es reconocida, es innombrada, de esta forma los derechos colectivos son vulnerados. En tanto, la productividad que es necesaria mejorar descansa directamente en la organización del trabajo. Los cambios en la organización y gestión empresarial propician un mayor involucramiento de los trabajadores con la empresa, afectando de ese modo la identidad sindical (Aravena, 2007) la identificación del trabajador con los intereses de la empresa, mella sus propios derechos. Identificación que funciona como dispositivo de control o disciplinamiento subjetivo propiciado por la gestión del modelo organizativo empresarial. 20

Las regulaciones laborales retroceden y el papel de la Inspección del Trabajo paulatinamente disminuye. Las Modificación de la Dirección del Trabajo diseñadas, implican una debilidad como órgano fiscalizador. Según los dirigentes sindicales, “ya no se sanciona a la empresa por sus prácticas, siempre prima la mediación”, de ahí que la vulneración de los derechos de los trabajadores será mayor, si le quitan su papel central: fiscalizar. Pero además el sindicalismo es un peligro para el crecimiento económico, esta visión de los empresarios chilenos difiere a la de sus pares de los países de la OCDE, donde la filiación sindical es un indicador del desarrollo que logra un país. “El funcionamiento libre y autónomo de organizaciones sindicales y sociales fuertes, respetadas y gravitantes, es uno de los indicadores fundamental para juzgar si un país cumple con los más altos estándares en valores, principios, prácticas e instituciones democráticas”. (ANEF, 2011) De esta manera la intensificación del modelo neoliberal, mediante modificaciones para procurar mayor flexibilidad y aumentar la acumulación de los capitales, se realizará en desmedro de los trabajadores en condiciones de subcontrato y precarización, esta “nueva forma de gobernar”, impacta en los trabajadores y en la organización sindical. La normativa jurídica que permite la sindicalización hoy y los Conceptos ideológicos que la sustentan La normativa jurídica elaborada por la ideología neoliberal, tuvo por objetivo central: la de-construcción del movimiento sindical, su fragmentación y debilitamiento. Hasta la dictadura militar, las organizaciones de los trabajadores eran actores centrales de las transformaciones sociales, es así que durante el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se fortaleció un proceso político-social de inclusión de amplios 21

sectores sociales, dando forma a la denominada matriz populista conformada por los empresarios mercadointernistas, el Estado y los asalariados organizados, con una idea compartida de desarrollo basada en la industrialización del país. En esta etapa, el proletariado urbano y los empleados públicos, cuentan con un empleo estable, contratos colectivos, influencia en la organización del trabajo de la empresa y una presencia en los partidos políticos. (Moulian, 1997) Los sindicatos realizaban Negociaciones ramales y tenían la capacidad de interlocutar con el Estado, fijar las condiciones laborales directamente, el sueldo mínimo, los despidos, etc. demostrando poder frente a la asimetría del capital. Esta alianza de clases, logró expresión concreta en los gobiernos de la época. Los primeros dispositivos de control utilizados en la dictadura militar, contra los trabajadores y sindicalistas fueron el terror, la persecución y el aniquilamiento de los dirigentes. Junto a este mecanismo fue necesario, construir una legislación pensada en impedir su actuar colectivo, quitarle el protagonismo político y el poder negociador, dejándolo encapsulado en el sindicato de base. Se pasa de un sujeto político a un individuo cooptado. Esto, porque se necesitaban realizar cambios estructurales al modelo de desarrollo que impulsaba la Unidad Popular, sin regresar al modelo de inspiración keynesiana, era la oportunidad de materializar la utopía neoliberal y transitar hacia una economía abierta al mundo. Los antecedentes del Código del Trabajo vigente, lo encontramos en la cosmovisión plasmada en el Plan Laboral de 1979, que sostiene una concepción plagada de neoliberalismo, “para producir y reproducir el capitalismo neoliberal es necesario, entregar las condiciones para alcanzar su objetivo principal: la „libertad‟, la condición para esta, es que se reduzca completamente la coacción sobre el individuo en el ámbito social defendiendo su independencia frente al poder arbitrario de sus semejantes y, por lo tanto, 22

priorizando por la individualización antes que por la constitución de colectivos…” (Muñoz, 2011) Los pilares del Plan Laboral, según su ideólogo José Piñera, son la democracia y la libertad, expresadas en “Plena libertad sindical (de afiliación y de creación de sindicatos), genuina democracia en las decisiones (elección de dirigentes, afiliación a federaciones y confederaciones, votación de la huelga, determinación de las cuotas), existencia de negociación colectiva en cada empresa, huelga sometida a la disciplina del mercado y sin monopolios de los puestos de trabajo, y no intervención estatal en la vida sindical y la negociación colectiva” (Piñera, 1990) Los dirigentes sindicales “vasallos de partidos políticos… terminaban arrastrando a todo el sindicato a estas posiciones”. La postura definida por la elite en el poder es coherente con la visión que la derecha tiene históricamente del movimiento sindical, la ideología mercado-céntrica, impregna el marco regulatorio, donde debe desenvolverse la acción sindical. Es así que, la definición de los sindicatos que se encuentra en el Código del Trabajo establece que estas son organizaciones constituidas por grupos de trabajadores de manera voluntaria (Dirección del Trabajo, 2011), manteniendo de esta forma la conceptualización del Plan Laboral hasta el día de hoy. Esta característica de la filiación ha contribuido a debilitar el sindicalismo. El modo voluntario no incentiva el interés de los trabajadores para asociarse al colectivo, menos aún cuando la participación social, como problema de la “democracia protegida” no fue encarada por los gobiernos durante décadas. La estructura sindical heredada permite que los sindicatos puedan ser de cuatro tipos: de empresa, Inter-empresa, de Trabajadores Independientes y de Trabajadores Eventuales o Transitorios, esta disposición permitió terminar principalmente con las Negociaciones ramales y debilitar la 23

capacidad de la organización quehacer.

sindical, atomizando su

La legislación laboral, no legitimada socialmente, no ofrece incentivos para crear sindicatos, permite la afiliación sindical voluntaria, Paralelismo sindical y admite extender los beneficios obtenidos por el sindicato a los no sindicalizados. Tras el Plan laboral se abrió la posibilidad legal de que existieran grupos organizados de trabajadores aparte del sindicato, el paralelismo sindical fue erosionando las bases de poder y de confianza entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados, trizando la base interna (Morris, 1998). El sindicalismo “moderno” Las reformas al marco legal realizadas en democracia no alteraron el desequilibrio entre el poder del empresario y del trabajador, se sacralizó una legislación laboral débil para no estorbar la apertura democrática y asegurar su éxito. El nuevo tipo de sindicalismo “moderno” impulsado por la Concertación debía ser moderado, responsable, no contestatario y eficaz, con una amplia capacidad de gestión, una nueva clase dirigente, con la fuerza y legitimidad simbólica de su tradición histórica, pero dejando de lado la tradición clasista y popular y acentuando en cambio un nuevo rol como actor nacional (Morris, 1998). Esta cooptación como actor político y social impidió su fortalecimiento para impulsar las transformaciones al marco jurídico y a la matriz neoliberal que aflige a los trabajadores, provocando el debilitamiento general del sindicalismo en el periodo de regreso a la democracia. Las cifras sobre filiación sindical, número de negociaciones colectivas y de huelgas, nos entregan una visión de lo que ha sucedido con el sindicalismo durante veinte años, donde 24

siguió actuando un entramado normativo, enraizado en la dictadura militar, derogatorio de los derechos colectivos. Respecto de la filiación sindical los datos en la década del noventa nos muestran un decrecimiento paulatino de la población afiliada a sindicatos, la información estadística de la Dirección del Trabajo señala que la filiación sindical en 1992 era de 724.065 trabajadores afiliados, pasando a 579.996 trabajadores sindicalizados en 1999. Observamos una tendencia no revertida en los indicadores, mostrando un estancamiento y declinación de los modos de organización sindical del país. El año 2001 la población afiliada a sindicatos es de 599.610, en el año 2007 la cifra aumenta a 724.606 llegando en el año 2009 a 837.055 trabajadores sindicalizados, en el año 2010 los sindicalizados alcanzan sólo a 858.571 personas, siendo la fuerza de trabajo asalariada del sector privado de 4.646.299 trabajadores. Según ENCLA 2008, los trabajadores no se sindicalizan por el temor a sufrir represalias en sus trabajos 47.0 %, y no ven utilidad del sindicato un 18.2% Las causas de la no participación sindical es avalada por las prácticas antisindicales especialmente orientada a obstaculizar la afiliación sindical, lo que implica una erosión del ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical. La violación de los Convenios 98 referido a derecho de sindicación y negociación colectiva y el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho a sindicación de la OIT, correspondientes a derechos humanos de Segunda generación, han sido permanentemente violentados, porque desde la concepción neoliberal, sólo la libertad individual debe ser protegida. Relacionado con la negociación colectiva podemos afirmar que es un instrumento estéril para los trabajadores, porque sólo se puede negociar en condiciones de poder. Según datos de la Dirección del Trabajo, las negociaciones 25

colectivas se comportan del siguiente modo: en 1993 negocian 255.226 trabajadores, en 2007 negocian 232.667 trabajadores y en 2009 logran negociar 227. 282 trabajadores (ENCLA 2008) decrecen paulatinamente el número de trabajadores/as que utiliza los instrumentos colectivos, lo que implica que los trabajadores en la inmensa mayoría de las empresas del país no negocian colectivamente, ni tienen derecho a huelga. La negociación colectiva está restringida al ámbito de la gran empresa y según ENCLA 2008 la negociación se desarrolla sobre todo en empresas que cuentan con sindicato, cuando este no existe, los trabajadores a pesar que pueden utilizar los instrumentos colectivos, no lo hacen. Por otro lado, la huelga es un derecho débil y legalmente desprotegido. La posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga es lo que hace ineficaz el instrumento, además expone a los dirigentes y trabajadores al despido tras su participación en ella. Según datos de la Dirección del Trabajo en 1991 se realizaron 219 huelgas, donde participaron 45.910 trabajadores. En la década del noventa existe un descenso paulatino hasta llegar al 2001 donde se efectuaron 86 huelgas con 11.591 involucrados. Para aumentar a partir del 2006 llegando el 2008 a 134 con 15.602 participantes. Las negociaciones colectivas y el reconocimiento efectivo del derecho a huelga siguen como deuda de la sociedad de derechos que debemos construir, toda vez que el conflicto laboral, legal e ilegal, tiene una ocurrencia baja y la percepción de los trabajadores es tender a su invisibilización. Estrategias y resistencias del sindicalismo El sindicato actúa y se sitúa en un mundo cada vez más complejo, donde las transformaciones y las dinámicas del trabajo han conformado un nuevo contexto que redefine su papel y le impone nuevos desafíos que van más allá de las lógicas corporativistas, individualistas y consumistas del 26

modelo de desarrollo neoliberal, que toca sus límites. El sindicalismo presenta nuevas características, un proceso de recomposición buscando un espacio en la sociedad global actual y no simplemente desvaneciéndose (Aravena, 2011). Indudablemente presentan un estado de debilidad si se le compara con su rol histórico, pero se viene gestado un proceso de luchas desde el año 2003, embrionaria y simbólica. Los niveles de organización mostrada por los trabajadores subcontratistas2 entre 2006 y 2008 implicaron el desarrollo de una serie de movilizaciones masivas, que los visibilizó en la sociedad. Su estrategia: legitimar su acción fuera de la legalidad, dando un salto cualitativo al plantear Negociaciones Colectivas fuera de la empresa y negociar por la vía de los hechos con la mandante. Con el gobierno de derecha, culmina una etapa, la cooptación de los gobiernos de la Concertación concluye. El dispositivo de control implementado por veinte años se afloja, impactando en los empresarios y en los trabajadores, acentuando la asimetría capital/trabajo, a favor cada vez más de los capitalistas. Los empresarios (individuos exitosos no colectivos) con un gobierno que les pertenece, actúan cada vez con mayor impunidad, su principio es “no darle nada a los trabajadores”. Muchas Negociaciones colectivas realizadas en este periodo no benefician a los asalariados y los costos para ellos son significativos, ejemplo de esto son la huelga de 58 días de los mineros de COEMIN en Copiapó en mayo 2010, donde el empresario, primero es renuente a sentarse a negociar y luego sólo ofrece un incremento de 4% al sueldo de los mineros.3

Ubicados en los sectores estratégicos del modelo económico: Minería, forestal, salmón. 3 Los sueldos de los trabajadores oscilaban entre 171.000 y 210.000 pesos, propensos a accidentes mineros porque trabajan en condiciones de seguridad mínima. 2

En el caso de la Huelga de Farmacias Ahumada por más de 22 días, ocurre lo mismo "hemos hecho un llamado por todos los medios para que Casa Saba 4 se siente a conversar con los trabajadores", pero "se ha negado totalmente a dialogar”. O la huelga por 18 días de la Ferretería Imperial, mayo 2011, donde se aplica el artículo 369, que permite que los trabajadores vuelvan a sus trabajos, sin recibir nada y “no es que la empresa no tenga dinero” es que la actitud del capital se torna cada vez más intransigente, se refuerza su lógica, que no tiene contención, con una legislación que los favorece absolutamente y medios de comunicación que invisibilizan los conflictos de los trabajadores. Los dirigentes sindicales dan cuenta del comportamiento de una patronal más soberbia y segura, donde el desequilibrio de poder en las relaciones laborales se ha agudizado, pero además de una actitud despótica expresada en la persecución de los trabajadores afiliados al sindicato y a sus dirigentes, que son despedidos por necesidad de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, una vez terminada la Negociación. Los dispositivos de control de la derecha, se articulan en pos de mayor flexibilización, a pesar que un 80% de trabajadores encuestados prefiere un trabajo con contrato formal en lugar de un trabajo flexible (OIT, 2011). En la sociedad, la confianza en los sindicatos aumenta, según la Encuesta CERC, sube a 44%, mayor que otras instituciones sociales. Los sindicatos alcanzan una legitimidad de 73%, percibidos como “necesarios para la defensa de los derechos de los trabajadores”. Y frente a los instrumentos colectivos, “la Negociación colectiva es preferida” en un 66% que “negociar individualmente con el empleador” (Encuesta CERC, 2011). El replanteamiento de las organizaciones sindicales es avanzar en la acción conjunta de los trabajadores con otros 4

Dueño de la cadena de farmacias.

actores sociales, ligando las demandas contra el modelo de desarrollo neoliberal. Las acciones de los trabajadores del cobre, su llamado a Paro el 11 de julio, en un escenario de multitudinarias movilizaciones estudiantiles “por una educación pública, de calidad y sin lucro”, que se extiendes desde Mayo, dibujan el intento de articulación más allá de lo estrictamente laboral, al igual que el llamado a Paro hecho por la multisindical CUT, que se inscribe en esta lógica. Es necesario leer el nuevo momento en la organización del trabajo y evocar los repertorios de acción aprendidos en la historia de las luchas sindicales a lo largo del siglo veinte, conjugándolos con los nuevos escenarios del presente, para avanzar en la democracia participativa y en modelos de desarrollo sustentable, respetuosos del medioambiente y de la fragilidad de los ecosistemas. Se hace necesario impulsar la democracia y la participación en la organización de los trabajadores, la solidaridad como elemento constitutivo de lo colectivo, la generación de redes y la construcción de la subjetividad política. Sabemos que sin una revolución en materia laboral es imposible la instalación de un nuevo proyecto de sociedad. Referencias bibliográficas Anef. 2011. Informe preliminar. Santiago. Antunes, R. 2001. ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Sao Paulo: Corez Editora. Aravena, A. 2007. “Reflexiones metodológicas para el estudio del sindicalismo en Chile: aportes para un debate necesario”. Alternativa Nº25. Santiago: Ical. Dirección del Trabajo. 2009. ENCLA 2008. Informe de Resultados Sexta Encuesta Laboral. Santiago. 29

Dirección del Trabajo. 2011. “Código del Trabajo”. (http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article95516.html). Encuesta CERC. 2011. Barómetro de la política. (http://www.cerc.cl/pdf/Barometro_de_la_Politica.pdf). Ministerio de Hacienda. 2010. Chile, país desarrollado. Más oportunidades y mejores empleos. Gobierno de Chile: Santiago. Morris, P. 1998. “Sindicato en Receso: La otra cara de la estabilidad sindical”. Aportes al Debate Laboral Nº 4. Santiago: Dirección del Trabajo. (http://www.dt.gob.cl/1601/articles59890_recurso_4_Aporte_al_debate_4.pdf). Moulian, T. 1997. Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago: Lom. Muñoz, M. 2011. La flexibilidad laboral como dispositivo desarticulador de colectivos políticos. Documento de trabajo inédito. Santiago. OIT. 2011. Encuesta III Barómetro Mujer y Trabajo. (http://www.slideshare.net/comunidadmujer/iii-barmetromujer-y-trabajo-2011) Piñera, J. 1990. “La revolución laboral en Chile”. (http://www.josepinera.com/jp/revolucion_laboral.pdf). Rienzi, F. 2011. “Discurso del 21 de Mayo tendrá baterías de anuncios en materia de seguridad laboral” diario El Mercurio, 12 de Mayo.

Los funcionarios públicos y el rol del Estado en el gobierno de Sebastián Piñera Felipe Valenzuela*

Si observamos el programa del actual gobierno, podemos constatar que lo que corresponde al sector estatal, es consecuente con el rol que ha jugado el aparato del Estado desde la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país. Podemos observar en general la existencia de los siguientes cuatro aspectos: 1) Mejorar la gestión para una mejor administración del Estado dirigido a superar los problemas de coordinación, con una mejor asignación de responsabilidades. Para lo que se contempla crear el Ministerio de Desarrollo Social, nuevas agencias de control, entre otras medidas. 2) Para la “modernización” del Estado se considera la capacitación de los funcionarios y colocar fin al tema de los cuoteos políticos, para trabajar con los mejores y no con los elegidos por otro tipo de compromisos. Aplicar el sistema de Alta Dirección Pública hasta el tercer nivel de decisión. 3) Se creará la Agencia Autónoma de Calidad de las Políticas Públicas, con el fin de evaluar los resultados en la aplicación de políticas aplicadas, para mejorar el diseño de los proyectos y asegurar un mejor resultado de las inversiones.

Sociólogo. Área Laboral Ical.

4) Luchar por la probidad en todos los niveles de la administración de los recursos. Otorgándole mayor protagonismo a la Contraloría General de la República Volviendo a nuestro primer comentario, vemos que se sigue hablando de la “modernización” del Estado y este concepto ha tenido variadas aplicaciones durante las últimas tres décadas, desplazándose desde las privatizaciones de las empresas estatales, drásticas reducciones de personal en la gran mayoría de los servicios, traspasando la educación y la salud a la administración local (municipios), políticas agresivas de concesiones que entregaron la construcción y negocio de las autopistas urbanas y espacios públicos como estadios u otros a la iniciativa privada. Por lo tanto queda poco por hacer de novedoso en el Estado chileno, como se puede observar en los ejes del programa de gobierno, que no sea el perfeccionamiento del rol que la teoría neoliberal y la práctica le han asignado, es decir como nos señala por ejemplo Hayek: Los precios, son el mecanismo de transmisión de información por excelencia, para el funcionamiento de una sociedad y para esto la libertad es un requisito fundamental para que el sistema de precios pueda cumplir su función, entonces, dice Hayek, el rol del Estado debe reducirse al mínimo para asegurar la mejor circulación de la información. David Harvey (2005) colocando a Chile como ejemplo a nivel mundial nos comenta lo siguiente: el neoliberalismo es ante todo una teoría de prácticas político-económicas, que para el bienestar humano no debe restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales, caracterizado por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio, para estos efectos, “el papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de éstas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para 32

asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados” (2005: 6). Como podemos observar los esfuerzos para adecuar el Estado en nuestro país por parte de los gobiernos corresponden a lo que nos dice Harvey en el párrafo anterior, especialmente este gobierno: “Construir una auténtica sociedad de seguridades”. En la práctica todos los esfuerzos y presiones desde la política y la empresa no han cesado en asignar un rol al Estado, que represente cada vez menor influencia en el destino de la sociedad, como se puede observar en este tipo de declaraciones hechas por Oscar Guillermo Garretón, en entrevista al Mercurio en Julio del año 2000, que en parte señala: “[Pregunta:] Su pasado político de izquierda siempre sale a colación dado su actual rol de empresario. ¿Cómo visualiza al Estado en el futuro? [Respuesta:] Creo que el Estado tiene que rehacerse a nuevos roles. En general el Estado del futuro debiera ser más chico, más descentralizado y con una forma distinta. Antes el Estado era la cúspide de todo; ahora es parte, un actor complementario. En segundo lugar, el Estado debiera ser un actor más regulador que ejecutor…” (Diario El Mercurio. 2011. Julio 7). Gobierno de Derecha El mes de Marzo del 2010 será recordado por nuestra historia como aquella en que asume en el gobierno de Chile un presidente reconocido como integrante de la derecha chilena, mediante votación popular, después de 52 años, cuando asume la primera magistratura Jorge Alessandri Rodríguez en Diciembre de 1958, en representación de la derecha. Aquel gobierno asumía el control del Estado, 33

cuando éste jugaba un rol preponderante, Chile se encontraba en la fase de la sustitución de importaciones. El gobierno Alessandrista se enfrentaba con la existencia de los funcionarios públicos organizados. “El 5 de mayo de 1943, año en que la humanidad vivía uno de sus momentos bélicos más duros y amargos, un grupo de visionarios chilenos, en un sencillo lugar de la calle Esmeralda, liderados por Don Clotario Blest Riffo, dío vida a la AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF, organización que ha sido decisiva para el movimiento sindical chileno y el destino de los derechos de los trabajadores” (www.anef.cl). Estos dos años de gobierno piñerista se ha diferenciado de aquel lejano gobierno de derecha, no sólo por administrar un modelo de desarrollo diametralmente opuesto, sino que también porque sus principales integrantes, fueron quienes jugaron importantes funciones en el inicio del actual modelo neoliberal durante la dictadura, esta condición ha significado en la relación con los trabajadores del Estado el surgimiento de prácticas y orientaciones que reflejan actitudes de quienes se sienten embestidos como fundadores del modelo. Por tanto si bien es cierto lo que señalábamos más arriba respecto de las características del Estado en los últimos veinte años transcurridos hasta Marzo del 2010, las relaciones con los funcionarios en esas dos décadas, fueron mediadas por el esfuerzo de la aplicación de políticas sociales de mayor impacto en la sociedad, que implicó una mayor participación de los trabajadores públicos. La nueva relación que se ha percibido entre las nuevas autoridades y los trabajadores ha estado caracterizada por los despidos masivos desde el momento el inicio del gobierno.

Los Trabajadores Es, en este escenario donde debaten su vida diaria los trabajadores que son los responsables del funcionamiento del Estado, y que al igual que a los demás trabajadores de nuestro país, el crecimiento sostenido de la economía no los toca de cerca, situación que ha provocado los conflictos que se han verificado durante la aplicación del sistema neoliberal como se señala en el los siguientes datos: “En el Sector Público no se presentan huelgas entre los años 1985 y 1986, pero para los restantes periodos el principal motivo de huelgas es el mismo del Sector Privado, esto es, causas económicas. Entre 1987 y 1989 ésta comprende el 88,9% de las razones para declarar huelga, mientras que el 11,1% restante corresponde a motivos ajenos a la empresa. Para el periodo 1990-1997 la principal causa disminuye a un 83,3%, aumentando los motivos ajenos a un 12,5% y apareciendo una tercera causa de declaración de huelga correspondiente a las relaciones con los superiores que alcanza un 4,2%. Finalmente entre los años 1998 y 2006 si bien sigue predominando la causa económica (70,4%), aparecen dos nuevos motivos: condiciones generales de trabajo e incumplimiento de acuerdos, cada uno concentrando un 7,4%.” (Espinoza, 2007: 6-7) Desde que asume el Presidente Piñera, se han aplicado criterios de ajustes para el funcionamiento del aparato estatal por la vía de los despidos, logrando amedrentar a los funcionarios. Los despidos aunque en cantidades pequeñas de funcionarios siguen produciéndose en este año, luego que se han apagado los ecos de los primeros meses donde fueron masivos y lograron que la sociedad se enterara que 35

las promesas de campaña al respecto, no se estaban cumpliendo. Estos despidos en menores cantidades, son por ejemplo como los que se han producido en Talca en los últimos meses “De la Puente (presidente ANEF) nos explicó que su visita a Talca, tuvo por objeto respaldar a 16 funcionarios públicos que han sido despedidos este 2011 en la seremi de Salud (12) y en Obras Públicas (4). Y además señaló que esta es la única región donde han continuado los despidos durante los meses recién pasados” (Entrevista realizada por María José Muñoz. RedMaule.com. 14 de Marzo de 2011). Las movilizaciones de los funcionarios del Estado a propósito de los despidos del año pasado han cesado y su organización madre la ANEF, se encuentra trabajando en sistematizar el problema de los despidos con la creación de un departamento de exonerados. Como sabemos las movilizaciones y las acciones que impliquen huelgas son ilegales en el sector del Estado, por esa razón la ANEF, también se encontraba desplegando energías para lograr una modificación legal en el Congreso, que tomando en cuenta la inspiración que acompaña a los senadores y que tiene consecuencia con los elementos que se entregan más arriba, produjeron el siguiente resultado hace un par de semanas de acuerdo a la información que nos entrega la pagina electrónica del Senado: “Tras dos jornadas de debate de la iniciativa, la Sala del Senado no alcanzó el quórum requerido de 25 votos para aprobar la idea de legislar. Solo después de un año se podrá volver a insistir con una nueva reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho a huelga de los funcionarios públicos. Ello, luego de que la Sala del Senado rechazara la idea de legislar del proyecto en tal sentido que tuvo su origen en una moción de los senadores Hernán Larraín, José 36

García Ruminot, Juan Pablo Letelier, Hosaín Sabag y Víctor Pérez.” (boletín Nº 7293-07. 2011. Departamento de Prensa. Senado República de Chile. Abril 13). Los esfuerzos de los trabajadores y sus dirigentes están dirigidos a la modificación del “Estatuto Administrativo” que se instala en el siguiente derrotero (Portales, 2010): 1)

La Constitución Política de Chile establece en su artículo 38 que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y sus principios, asegurando la igualdad de oportunidades de ingreso y la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes. 2) En 1986 se dictó la Ley 18.575 relativa a las Bases Generales de la Administración del Estado que establece los principios básicos de la carrera funcionaria, entre ellos las cuestiones relativas al ingreso, derechos y deberes, responsabilidad administrativa, capacitación y cesación de funciones. 3) Los aspectos específicos fueron posteriormente reglados mediante la Ley 18.834 del 23 de septiembre de 1989, denominada Ley del Estatuto Administrativo que establece el marco central de la gestión de recursos humanos en el Estado chileno. La lucha de los trabajadores está centrada en cambiar las condiciones a los que los somete el articulado de la constitución que prohíbe la negociación colectiva y el derecho a huelga, buscando homologarse al convenio 151 de la O I T.1

Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 1

Misión Los trabajadores del Estado, desde el inicio de la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país, han estado en el centro de la discusión que ha tenido que ver con el tamaño de la función pública y de la relación que el número de funcionarios tiene con la eficiencia en la administración estatal, sin embargo el siguiente cuadro revela que Chile no tiene precisamente una cantidad abultada de trabajadores públicos respecto del total de la fuerza de trabajo

Empleo público como porcentaje del empleo total País Noruega Suecia Finlandia Hungría Francia EE.UU. España México Turquía Corea Chile Japón

% 29% 28% 21% 19% 18% 14% 13% 12% 9% 6% 6% 5%

Fuente: OCDE, OIT, Dipres 2007.

El Estado tal como se ha modelado en las últimas décadas ha sido funcional al sistema, sin embargo, producto de las contradicciones que se están verificando en los ámbitos de la educación la salud y la falta de control en las estafas por parte de empresas comerciales en contra de los consumidores, es posible que nos encontremos con una etapa en que se refuercen sus funciones. De hecho en el programa de gobierno, cuando se critica lo hecho por la concertación en los gobiernos anteriores respecto de la modernización del Estado, se reconoce, como bueno, la situación del Servicio de Impuestos Internos. Probablemente desde el gobierno se encuentren observando comentarios como el que sigue: Joseph Stiglitz (Premio Nobel de economía) vincula los escándalos empresariales de la presidencia del segundo George Bush con el peligro que representan los mercados no regulados: ellos han demostrado que los incentivos funcionan, pero no administración pública. Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta reunión.

necesariamente en interés de la economía en su conjunto, ni tampoco del accionista común. Para Stiglitz (Arrau, 2004: 26) son fruto del mismo mantra de desregulación que se promovió en América Latina. La práctica le esta indicando al gobierno que es necesario el desarrollo de mejores formas de regulación, por lo que podemos esperar un escenario en donde los trabajadores del sector público, puedan aprovechar la oportunidad política para movilizarse intentando recuperar la dignidad que les corresponde. Referencias bibliográficas Anef. 2011. “Quienes Somos”. Sitio web oficial de la Asociación. Consultado julio 11, 2011 (http://www.anef.cl/portal/index.php/quienes-somos). Arrau, F. 2004. El debate sobre el tamaño del Estado, los ingresos y gastos del gobierno central en Chile y el costo fiscal de los Tratados de Libre Comercio con el bloque de la Unión Europea y los Estados Unidos. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Diario El Mercurio. 2011. Julio 7. Espinoza, C. 2007. Conflictos Laborales en Chile 1985 2006. Santiago: Consejo asesor presidencial Trabajo y equidad. Harvey, D. 2007. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal. Portales, C. 2010. “Estudio sobre estatuto administrativo, remuneraciones y calificaciones en el personal del gobierno central de Chile”. Pp. 353-401 en Un mejor Estado para Chile, propuestas de modernización y reforma, editado por V. Tomicic y C. Garcia. Santiago: BID – Ministerio del Interior de Chile. 39

RedMaule.com. 2011. Entrevista a Raúl de la Puente realizada por María José Muñoz. Consultado julio 11, 2011 (http://www.redmaule.com/raul-de-la-puente%E2%80%9Clos-funcionarios-publicos-no-hemos-sidoparticipes-del-crecimiento-de-la-economia%E2%80%9D). Senado de la República de Chile. 2011. Departamento de Prensa. Boletín Nº 7293-07. Valparaiso. Consultado julio 11, 2011 (http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/ 20110413/pags/20110413211100.html).

Trabajo decente y PYMES: Hacia una política de fomento productivo que beneficie a los trabajadores Pablo Canelo*

Los cambios producidos en las relaciones laborales a partir de la instalación del modelo de desarrollo neoliberal en nuestro país se ven reflejados en diferentes ámbitos de la producción. En el sector de las empresas de menor tamaño, existe una falta de regulación que ha provocado una exclusión de este sector en el mercado a partir de las desiguales condiciones de competencia en que se encuentran frente al gran empresariado, lo que ha provocado una precarización del emprendimiento. Frente a esta situación, el actual gobierno de la derecha se comprometió recientemente a implementar una Agenda de Impulso Competitivo (AIC), contemplando 24 proyectos de ley que ingresarán al Congreso, además de iniciativas tendientes a la actualización de reglamentos, desarrollo de nuevos programas y mejoras en la gestión pública a fin de aumentar el desarrollo del emprendimiento y la competitividad. Las 50 medidas apuntan en lo que atañe a las empresas de menor tamaño, principalmente a la reducción de las tramitaciones. Como plantea el presidente, “la agenda apunta a lograr una mayor igualdad de oportunidades para los más pequeños que se quedan atrapados en los laberintos de la burocracias… queremos crear 100 mil nuevos emprendedores en el período 2010-2014” (La Nación, 17 de mayo de 2011). Es decir, su objetivo es crear más emprendedores y perfeccionar la capacidad de pago de deudas del Estado con las Pymes. Sin embargo, algunas organizaciones gremiales plantean que, si bien estas *

Sociólogo. Área Laboral Ical.

medidas pueden ser consideradas como avances, no atacan los problemas de fondo que impiden a las Pymes acceder de mejor manera a los mercados. Como plantea Iván Vuskovic, director del Instituto de Empresas de Menor Tamaño perteneciente a la CONUPIA, una de las asociaciones gremiales de pequeños y medianos empresarios más representativa del país: “Las iniciativas se han encauzado a superar el tema de la burocracia con el objetivo de aumentar el emprendimiento en términos cuantitativos. Sin embargo, no es suficiente. Lo principal es el problema de las ventas, las pymes no venden ya que el mecanismo económico en el que funciona el país hay una situación de mayor concentración económica. Las grandes empresas manejan la economía y no se puede competir por ejemplo con los grandes del retail, es una competencia desigual. El modelo económico funciona con un alto grado de monopolización. Los pequeños tienen pocas posibilidades de vender su producción. Siendo así, es evidente que esto es el problema principal” (Entrevista a Iván Vuskovic. 18 de abril de 2011). En efecto, el “exitoso” modelo de desarrollo chileno generó un gran crecimiento en los últimos 15 años, exhibiendo en las estadísticas oficiales grandes ventajas comparativas con el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, esto ha ido de la mano con una excesiva concentración económica, produciendo no sólo desigualdades entre las personas, sino también entre sectores productivos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Existe un trato abusivo y el uso de la posición dominante que sufren los pequeños a manos de las empresas más grandes tanto como proveedores y como clientes. “Otro tema es como facilitar crédito a las Pymes para poder competir. Las Pymes pagan más de 10 veces el nivel de interés que las grandes empresas para 42

acceder al crédito. Nos piden que compitamos, que seamos eficientes, mejores precios, pero con un mercado con restricciones no se puede, sin acceso a financiamiento económico, créditos caros que rayan en la usura, no se pueden.” (Entrevista a Iván Vuskovic. 18 de abril de 2011). De la misma manera, la falta de regulación en las relaciones entre pequeños y grandes empresarios se ve reflejada también en el desinterés por parte de las instituciones de atender a las relaciones laborales al interior de las empresas de menor tamaño. Este hecho se vuelve crítico al reconocer que más del 60% de la población económicamente activa se desempeña en este tipo de empresas. Sin embargo, ninguna de las medidas del actual gobierno para las Pymes está referida a las relaciones laborales. Solo se reconoce la capacidad de generación de empleo de este tipo de empresas. Y punto. Frente a esta realidad, es necesario develar qué es lo que ocurre en las relaciones productivas y laborales al interior de las empresas de menor tamaño, y de esta manera aportar a la construcción de una política pública que fomente la producción y el desarrollo de sectores productivos desfavorecidos por el modelo neoliberal, siempre y cuando esta vaya de la mano con el mejoramiento de las condiciones laborales en dichas empresas. Frente a esto nos hacemos las siguientes preguntas ¿Son contradictorios ambos procesos? ¿Es posible hablar de trabajo decente en las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es el rol que jugarían las empresas de menor tamaño en la superación del modelo económico neoliberal? En Chile, así como en varios países de Latinoamérica, las relaciones de trabajo se caracterizan por muchos factores, entre los cuales destaca su heterogeneidad. Esta se manifiesta en variados aspectos, y uno de ellos es el tamaño de la empresa. Es decir, las relaciones laborales de una empresa grande no serán las mismas que en una de menor tamaño, sea esta pequeña o mediana. Sobre esto, existen varias definiciones de la categoría “pequeña y mediana 43

empresa” dependiendo de la variable utilizada para medir su tamaño (ventas, empleo o capital invertido). La complejidad de esta definición aumenta cuando observamos que junto a las Pymes se encuentran las microempresas y el trabajo familiar (MEF). Este artículo estará referido en términos de análisis solo a las Pymes ya que estas representan un ámbito dimensional crítico en lo que respecta a la vigencia del derecho del trabajo. La microempresa constituye un submundo laboral aún más flexibilizado y desregulado que el resto de las categorías, donde la voluntad unilateral del empleador es la única fuente normativa. Por otro lado, dentro de las características de las microempresas, hay un factor laboral importante y que refleja la principal diferencia con el resto de las empresas de menor tamaño: el trabajo familiar. Estos elementos podrían ser de análisis para futuras investigaciones, y este artículo pretende aportar insumos también en esa dirección. Aproximación conceptual En Chile, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, se considera microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título individual o familiar o como sociedad, y cuyas ventas anuales son inferiores a 2.400 UF ($52.464.000 según valor UF al 20/06/2011). En su producción emplea menos de 10 trabajadores. Luego de la microempresa está la empresa pequeña cuyo nivel de ventas se ubica entre las UF2400 y UF25000, es decir, entre $52.464.000 y $546.500.000, y tienen más de 10 trabajadores y menos de 50. Finalmente la mediana empresa, que vende más de UF25.000 y menos de UF100.000 ($2.186.000.000) y en su actividad remunera entre 50 y 199 empleados. Esto implica que en términos de ventas anuales definimos como PYMES a las empresas que se encuentran en el rango de UF2.400 y UF100.000 y tienen más de 10 trabajadores y menos de 199 (SERCOTEC/OIT, 2010). 44

Dieste (1995) utiliza una definición bastante amplia y que servirá de guía para este análisis. Así, tenemos que una pequeña y mediana empresa (PYME) puede ser definida como aquella que, cualquiera sea su actividad y la forma jurídica que adopte, está dirigida personalmente por sus propietarios, posee personal reducido, no ocupa una posición dominante en su sector, no dispone de elevados recursos económicos, su cifra de facturación anual y su capital son reducidos en relación con el sector económico donde opera, no está vinculada directa o indirectamente con los grandes grupos financieros, y, aunque pueda tener relaciones con otras grandes empresas, no depende jurídicamente de ellas (Dieste, 1995). Respecto a la importancia de este tipo de empresas, se puede afirmar que la participación de las MIPYMES en la economía nacional es significativa tanto por la cantidad de ellas como los trabajadores que ocupa, siendo relevante sobre todo su capacidad creadora de empleo. Los micro, pequeños y medianos empresarios que constituyen la mayoría de las empresas formales (95,9% del total) y están organizados en poco más de 740.000 empresas y seguramente la totalidad de las empresas informales son micro y ocasionalmente pequeñas empresas (son casi 800.000) de Chile. Sin embargo su importancia económica es cada vez menos significativa. Si en 1990 la participación de la MIPYME en las ventas totales del país era de 30%, hoy esta cifra no supera el 13,5%. Este segmento de empresas da trabajo a 3.920.615 personas lo que representa un 68,3% del empleo privado del país (SERCOTEC/OIT, 2010). En resumen, las empresas de menor tamaño tienen gran importancia por la proporción de empresas que representa, de la dinámica de creación de empresas y sobre todo desde la perspectiva del empleo que genera. Además, constituyen desafíos para este segmento de empresas la calidad del empleo y la informalidad, su baja productividad y su participación cada vez menor en las ventas totales. Esto muchas veces hace plantear la necesidad de una mayor competitividad e inserción en los mercados, elementos 45

consustanciales al mejoramiento de la calidad del empleo. Sin embargo, diferentes análisis sobre relaciones laborales en las Pymes plantean que estos elementos no debieran utilizarse como un medio para la desreglamentación de las prácticas de trabajo y la erosión de los derechos de los trabajadores: la creación de puestos de trabajo no puede realizarse a expensas de los derechos sindicales y del bienestar de los trabajadores. Desde una perspectiva sindical, estas empresas deben cumplir con las normas establecidas para sus sectores, incluidas las relativas al salario mínimo y a la higiene y seguridad del trabajo (Dieste, 1995). A pesar de esto último, se reconoce que las Pymes requieren de un tratamiento y una normativa especial que tenga en cuenta su tamaño y sus dificultades en el proceso económico. Si bien deben recibir facilidades de distinto orden, esta ayuda y tratamiento especiales deben ir en el sentido que sean capaces de enfrentar las exigencias de mercado y, fundamentalmente, que puedan cumplir con normativas básicas de nuestro país como son las ambientales, sanitarias y laborales (CENDA, 2007). Realidad laboral en las Pymes Numerosos estudios a nivel latinoamericano plantean de manera sintética, que la calidad en el empleo en las Pymes se puede resumir en cinco características (Dieste, 1995): 1) Remuneración: el nivel de salario de las Pymes es inferior al de las grandes empresas, además de que éste es marcadamente desigual entre un sector y otro de la economía, el género del trabajador y la ubicación geográfica de la empresa. 2) Ventajas sociales. El acceso a la seguridad social, a que tienen derecho todos los trabajadores, no está garantizado en las Pymes, ya que un importante número de empresas evade casi totalmente las contribuciones en este rubro. Muchas veces se 46

contrata personal sin registro en la seguridad social o éste se hace algún tiempo después de iniciada la relación laboral, lo que lleva a que cuando la contingencia de riesgo sobreviene (desocupación total o parcial, enfermedad o accidente), la cobertura sea incompleta. 3) Estabilidad en el empleo: el tipo y calidad del trabajo en las micro y pequeñas empresas generan una menor estabilidad en el empleo que, además, está ligado al índice de desaparición de las empresas recién creadas, a la rotación del personal por el bajo salario o al despido individual que el empleador puede realizar sin complicaciones, dada la ausencia o escasa presencia de sindicatos. 4) Formación profesional: en las empresas grandes se verifica un poco más la intención de desarrollar profesionalmente a los empleados pero, una vez más, por las actividades que se realizan en las Pymes, generalmente no se da importancia al desarrollo profesional de los trabajadores. 5) Ambiente de trabajo. En algunas Pymes existen condiciones de trabajo inadecuadas: jornadas laborales muy largas, infraestructura deficiente y mayor número de accidentes y enfermedades profesionales. La capacidad técnica y financiera de los patrones impide mejorar las condiciones de seguridad e higiene y estas situaciones deben ser aceptadas por los trabajadores porque la posibilidad de cambio es muy baja, al menos en el corto plazo. En Chile no se han realizado estudios profundos respecto de las condiciones laborales en las Pymes. De acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Laboral (ENCLA) del año 2008 que realiza el gobierno, podemos rescatar algunos datos respecto de las Pymes, referidos exclusivamente a remuneraciones, jornada laboral y sindicalización. 47

Remuneraciones Cuadro 1: Distribución de trabajadores por tramos de remuneraciones, según tamaño de empresa (Porcentajes) TRAMOS

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

TOTAL

Menos de 1 sueldo mínimo

6,7

6,1

7,8

6,5

1 a 2 sueldos mínimos

64,9

54,8

55,5

39,6

48,4

2 a 3 sueldos mínimos

11,9

16,1

17,3

19,2

17,6

Más de sueldos mínimos

16,5

33,4

27,6

100

TOTAL

Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)

Si analizamos los tramos de remuneraciones por tamaño de empresa, se observa que en la medida en que aumenta el tamaño de las empresas disminuye la proporción de los trabajadores que se ubican en los tramos inferiores de remuneraciones, y aumentan las proporciones de los que se ubican en los tramos siguientes con algunas excepciones. En la microempresa se destaca el alto porcentaje de trabajadores que gana entre 1 y 2 sueldos mínimos. De acuerdo a datos de años anteriores, este porcentaje ha venido aumentando debido al aumento del sueldo mínimo. Este hecho pone límite al traspaso de la disminución de 48

costos de las empresas hacia los trabajadores, aunque no implica un aumento proporcional de los salarios superiores, por lo cual, el ajuste se tiende a dar en términos del aumento de la cantidad de trabajadores que se ubica en torno del ingresos mínimo. Jornada laboral Las diferencias en el tamaño de las empresas reflejan distintos promedios de horas semanales de trabajo y, por ende, mayor o menor grado de cumplimiento de la nueva jornada máxima semanal: las microempresas declaran tener dificultades para cumplir la reducción legal de horas ordinarias de trabajo, mientras que en promedio las empresas de mayor tamaño declaran cumplirla. Cuadro 2: Promedio de horas semanales de trabajo por tamaño de empresa TAMAÑO EMPRESA

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO

Microempresa

45,7

Pequeña empresa

44,0

Mediana empresa

44,7

Gran empresa

44,5

Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)

Sindicalización y negociación colectiva Respecto a la relación entre sindicalización y tamaño de empresa, de acuerdo a los datos de la ENCLA 2008, a medida que aumenta el tamaño de la empresa aumenta también la existencia de sindicatos en ella. De este modo, mientras en la pequeña empresa apenas el 2,9% de estas cuentan con sindicato, en las grandes empresas esta 49

proporción alcanza más de la mitad del total de empresas (54,1%). Las empresas con mayor número de trabajadores proporcionan un contexto más favorable para la organización sindical y la negociación colectiva, mientras que en el caso de las empresas pequeñas, además de contar con una legislación desfavorable para la sindicalización, se suma el hecho de que los empresarios de este segmento poseen una concepción de la empresa como un espacio constituido por vínculos de carácter primario, lo que a juicio de éstos haría innecesaria la organización de los trabajadores en una lógica de conflicto y de oposición de intereses entre ellos y sus empleadores (Baltera, 2003). A partir de ello, es dable esperar una mayor oposición de estos empresarios a la constitución de sindicatos en su interior. Gráfico Nº1

Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)

Al desagregar por tamaño de empresa, en el Gráfico Nº2 se observa que hay negociación colectiva en todas las empresas. Además, también se da una relación directamente proporcional, en donde a mayor tamaño de empresa mayor cantidad de negociación colectiva.

Gráfico Nº2

Fuente: ENCLA 2009, Dirección del trabajo (2009)

En síntesis, en estas dimensiones de las relaciones laborales, el tamaño de la empresa incide en las características laborales de esta. Mientras más pequeña sea una empresa, más desprotegidos están sus trabajadores y la flexibilidad laboral aumenta. Esto se da porque los costos en que se incurren para cumplir con las regulaciones laborales es proporcionalmente mayor en las grandes empresas, Esto tiene varias consecuencias (Galetovic, Cabrera, Sanhueza y De la Cuadra, 2009). La primera es que muchas empresas eligen evadir la regulación. Sin embargo, evadir es más difícil mientras mayor es el tamaño de la empresa, y por eso las que no cumplen tienden a ser más pequeñas. En segundo lugar, y por la misma razón, las regulaciones penalizan el crecimiento de las empresas más chicas, porque a medida que aumentan su tamaño se va haciendo más difícil evadir la fiscalización. Tercero, el mayor costo proporcional que le imponen las regulaciones a las pyme motiva en parte que a las empresas pequeñas se les exima de algunas obligaciones o se les impongan estándares menos exigentes. En efecto, muchas de las regulaciones existentes en el ámbito laboral, sanitario y 51

tributario, implican que si la empresa crece por sobre un cierto umbral debe cumplir con normativas de las que antes estaba exenta, los estándares que se le exigen son mayores y va a ser objeto de una supervisión mucho más estricta de parte de las autoridades. En síntesis, la mayor regulación y fiscalización a las que están sujetas las grandes empresas, así como también a la mayor ganancia que estas generan respecto de las otras empresas, posibilitaría un contexto más propicio a los beneficios laborales en dichas empresas. Trabajo decente versus fomento productivo Sin embargo, los resultados de una reciente investigación realizada por el autor de este artículo plantean que el modelo de desarrollo económico es el que genera esta contradicción entre trabajo decente y fomento productivo a las empresas de menor tamaño (Canelo, 2010). En esta se plantea a partir de los resultados, que es posible generar mejores condiciones laborales en las Pymes sobre todo en aspectos que no afectan directamente los costos de dichas empresas. De acuerdo a los resultados de la encuesta de caracterización laboral aplicada a 243 Pymes de la comuna de Valparaíso (Canelo, 2010), tenemos que: 1) En la mayoría de estas empresas se han realizado capacitaciones a los trabajadores. 2) La mayoría de las empresas no han sufrido accidentes de trabajo, y tienen acceso a baño y comedor. 3) En la mayor parte de estas empresas, no existen diferencias salariales de género. 4) Los aspectos negativos respecto del trabajo decente tienen que ver con el nivel de remuneraciones, el fortalecimiento sindical y la negociación colectiva. La mayoría de las empresas de este tipo no tienen sindicatos debido a la actitud negativa de sus empleadores; además no han realizado nunca una negociación colectiva.

Estos resultados demuestran por un lado una actitud favorable de los pequeños y medianos empresarios al fomento del trabajo decente. Además, demuestra la necesidad de redefinir la categorización de pequeñas y medianas empresas, de tal manera de exigirle a las Pymes condiciones de trabajo adecuadas a su realidad económica, incluyendo en el marco regulatorio criterios de carácter laboral (Nuevo estatuto MIPYME). Claramente las condiciones de trabajo en una gran empresa no son las mismas que en una de menor tamaño. Como plantea el CENDA (2007), si bien las Pymes deben recibir facilidades de distinto orden, esta ayuda y tratamiento especiales deben ir en el sentido que sean capaces de enfrentar las exigencias del mercado y cumplir principalmente con normativas laborales básicas de nuestro país, como son las ambientales, sanitarias y laborales. Precisamente la investigación realizada ayudó a demostrar la factibilidad de exigir condiciones laborales mínimas de trabajo decente dentro del contexto de las pequeñas y medianas empresas. Como vemos, se han encontrado algunos resultados bastante favorables a las condiciones laborales de los trabajadores, puntos que evidentemente se deben fortalecer y a partir de allí mejorar en todos los aspectos las condiciones de trabajo de las Pymes. Por lo tanto, a partir de este hecho es necesario elaborar una política pública de fomento productivo que, a partir de las características laborales de las Pymes descritas en esta investigación, establezca criterios de apoyo a las empresas de menor tamaño en base a indicadores de trabajo decente mínimos. De esta manera, se podrá avanzar hacia una verdadera política de fomento productivo que beneficie a los trabajadores. ¿Qué dicen las Pymes? Estos hechos no están alejados del discurso y las demandas de las empresas de menor tamaño. Muchas asociaciones gremiales de Pymes plantean que el desarrollo del sector de las empresas de menor tamaño implica una superación del modelo de desarrollo neoliberal. La necesidad de que el 53

Estado regule los mercados para que de esta manera se logre detener el avance desenfrenado de las grandes empresas y transnacionales es una medida que evidentemente favorece a las empresas pequeñas. Por esto que es necesario, dicen, una política de fomento productivo que defina el tipo de Pymes que el país requiere, haciéndose cargo de aquellos sectores públicos donde es necesaria la intervención estatal (como el transporte, la educación, la salud) y fomentando la participación de las Pymes en sectores de la economía que les son de utilidad. Es decir, el Estado debe definir qué sectores de la economía son para las pequeñas, las medianas, las grandes y el sector público. Finalmente, plantean la necesidad de reformular el concepto de pequeña y mediana empresa, por cuanto las diferencias en términos económicos y laborales entre una y otra dan cuenta de realidades bastante segmentadas y heterogéneas. Sin embargo, en términos de políticas de fomento productivo, el Estado no hace grandes diferencias. La situación en que se encuentran muchos empresarios es peor que incluso algunos trabajadores. Los niveles de renta de los pequeños empresarios han sido bajos. Hay un 6% de pequeños y medianos empresarios que se encuentran entre el límite de la indigencia y la pobreza. Hay pocas expectativas de este gobierno, no hay voluntad para preocuparse de los temas principales: acceso a los mercados y acceso al financiamiento, por más que haya mejor eficiencia, la situación de las Pymes seguirán deteriorándose. (Entrevista a Iván Vuskovic, 18 de abril de 2011). A modo de síntesis… Quedan planteadas algunas interrogantes. Si bien algunos indicadores de trabajo decente son positivos en las Pymes de Valparaíso, cabe plantear si quizás los índices de trabajo decente planteados por la OIT miden realmente condiciones de trabajo decente, lo que supondría replantear los criterios para medir dicha variable. Por otro lado, queda pendiente profundizar en las condiciones laborales de la microempresa, donde aparentemente las relaciones de 54

informalidad producirían un submundo laboral mucho más precario. Finalmente, es necesario revisar el nuevo estatuto MIPYME elaborado por el gobierno anterior y ratificado por el actual, atendiendo no solo a criterios económicos para la segmentación de los diferentes tipos de empresas, sino también laborales. De todas maneras, se considera fundamental generar un desarrollo de las empresas de menor tamaño pero siempre enfocado en un desarrollo humano, es decir, la mejora de este sector de la economía tiene necesariamente que implicar una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas. Desde esta perspectiva, una empresa de menor tamaño que no cumpla con requisitos mínimos de trabajo decente no debe ser beneficiada por políticas de desarrollo, por más que presente buenos índices económicos. Por esto es fundamental incluir la variable “trabajo decente” dentro de una estrategia de fomento productivo para las pequeñas y medianas empresas, que permita no sólo un desarrollo económico, sino también humano. Referencias bibliográficas Baltera, P. 2003. Los derechos laborales en la pequeña empresa. Una mirada desde los empresarios. Santiago: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo. Canelo, P. 2010. Condiciones laborales de los trabajadores de las Pymes de la comuna de Valparaíso. Tesis para obtener el título de Sociólogo, Valparaíso: UPLA. CENDA. 2007. Las PYMES y los derechos de los trabajadores. Santiago de Chile: Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). Dieste, J.F. 1995. Relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa. Montevideo: Editorial B de F.

Dirección del Trabajo. 2009. Encuesta laboral 2008, Informe de resultados. Santiago: División de estudios, Dirección del Trabajo. Galetovic, A., Cabrera, A., Sanhueza, R. y De la Cuadra, S. 2009. Las Pyme: quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas. Revista Estudios Públicos Nº 116. SERCOTEC/OIT. 2010. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile. Santiago: Organización Internacional del Trabajo y Servicio de Cooperación Técnica.

La redistribución del ingreso y la riqueza: el debate actual en el Uruguay Jorge Notaro*

La redistribución del ingreso es un punto del programa del Frente Amplio para este segundo gobierno. Los logros del primer gobierno fueron importantes y se pueden destacar el aumento sin precedentes del número de personas ocupadas, la recuperación del salario real al nivel previo a la crisis con el aumento paralelo de las pasividades, las transferencias de ingresos hacia el 20% más pobre de la población, la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tiene un importante impacto redistributivo y la reducción del número de personas pobres del 30 al 20% de la población (un 5% por encima de la situación previa a la crisis de 1999 – 2003). Sin embargo, el acelerado aumento de la actividad económica y en particular, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto concentrador del ingreso y de la riqueza. El programa del FA reconoce que es necesario adoptar medidas con ese objetivo y se discute como, cuando y cuanto se redistribuye; el tema central es político, se trata de elegir entre el riesgo de que no vengan tantos capitales o el de condenar a la pobreza durante más tiempo a más personas que lo inevitable.

Economista Uruguayo. Investigador y docente titular de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Universidad de la República de Uruguay. *

Es útil comenzar por algunos conceptos preliminares y aproximados. Los ingresos se generan principalmente en la actividad económica, por ejemplo, los salarios para los trabajadores en relación de dependencia o las ganancias para el capital; otros ingresos resultan de la intervención del Estado, como las pasividades o las asignaciones familiares. Mejorar la distribución o redistribuir significa modificar esta situación y aumentar los ingresos de los muchos que reciben poco, para lo cual es inevitable recortar los ingresos de los pocos que se apropian de mucho. Un segundo aspecto es la redistribución de la riqueza, que es el resultado de la propiedad de, dando algunos ejemplos en una lista incompleta, tierras, animales, bosques, vehículos, acciones, valores públicos o depósitos bancarios. ¿Cómo redistribuir en el capitalismo dependiente? El Estado, cobrando impuestos al patrimonio, a las rentas del capital y en el Uruguay actual, con impuestos a las exportaciones con baja industrialización como Argentina. Se complementa gastando para mejorar la educación, la salud y la vivienda de los sectores populares, diseñando estrategias que promuevan la organización y la participación. En el siguiente cuadro se presentan los ingresos de los sectores populares como porcentaje del total de ingresos del país que mide el Ingreso Nacional Bruto Disponible INGRESOS DE LOS SECTORES POPULARES Como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD) Grupos Sociales 2006 2007 2008 Obreros y Empleados 19,7 19,6 19,9 CuentaPropia sin local 1,4 1,0 0,7 CuentaPropia con local 8,4 9,1 9,0 Pasividades 9,7 8,6 8,0 Transferencias* 1,4 1,4 1,0 TOTAL 40,7 39,7 38,6 * Transferencias incluye: tarjeta alimentaria, alimentación de menores, asignaciones familiares, seguro de desempleo, compensaciones por accidente, becas y pensión alimenticia. Lo que corresponde al Sistema Nacional Integrado de Salud se incorporó a los salarios.

Fuente: YNBD del BCU y los ingresos de los sectores populares, estimaciones a partir de la ECH del INE.

2009 21,5 0,5 9,4 9,1 1,6 42,1

Como se aprecia, los ingresos de los sectores populares son poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cuatro años tuvieron variaciones irrelevantes. Del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos a la seguridad social e impuestos directos. Los ingresos de los sectores populares integrados por un millón y medio de trabajadores y setecientos mil pasivos, son el 40% del total de ingresos del país; los del capital son un 30% del total, es decir, 14.000 millones de dólares. En segundo lugar, Uruguay cobra menos impuestos al capital y sus ganancias que Argentina y Brasil. El reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno para sus decisiones de política económica, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas contradictorias. Las medidas de luchas del movimiento sindical luchando por mejores salarios desarrollan la organización, la conciencia de clase y en última instancia, la libertad de los trabajadores dando un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital. Durante el primer gobierno del FA se implementó una importante reforma laboral, participativa y regulada, que permitió al movimiento sindical atenuar la dominación del capital. El actual gobierno tuvo el gran acierto de apoyar un importante aumento de los salarios más bajos, los de las trabajadoras del servicio doméstico, en su mayoría pobres o indigentes, con grandes dificultades de organización por la dispersión de los lugares de trabajo; también a los trabajadores del comercio en supermercados y tiendas. Tres aspectos de la política laboral del Poder Ejecutivo no contribuyen a mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza: 59

a) Con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el sector privado a fines de 2009, el gobierno renunció a la facultad de fijar todos los salarios por decreto. Debería haber retomado su papel de mediador entre el capital y el trabajo en los Consejos de Salarios y no definir “lineamientos” que incorporan un tercer punto de vista a la negociación. b) Los lineamientos mejoraron las pautas del período anterior al incorporar indicadores de capacidad de pago de las empresas como criterio para los aumentos de salarios, que se agrega a la inflación. Pero lo relativizan por el aumento de la ocupación, con lo cual los aumentos de salarios reales sólo se pagan si hay aumento de la productividad del trabajo y como consecuencia no hay ningún efecto redistributivo. c) Con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el sector público a fines de 2009 el gobierno se comprometió a negociar las condiciones de trabajo y no lo cumplió incorporando estos aspectos en el presupuesto. Un error como este, el incumplimiento del convenio colectivo de la IMM con ADEOM, creó las condiciones para que la pérdida de credibilidad del FA y la desorientación política arraigara en los trabajadores municipales. Se debería prestar particular atención a mejorar el diálogo con COFE y con AEBU – Banca Oficial. El programa del FA para el actual período de gobierno no propone expropiaciones pero incluye tres puntos relacionados a la redistribución de la riqueza: la entrega de 250.000 hectáreas a pequeños productores, la instalación de un frigorífico y un complejo de barco y planta procesadora de pescado.

Se puede distribuir la riqueza impidiendo una mayor concentración y promoviendo el fortalecimiento de las formas de propiedad compatibles con un proyecto de transformaciones profundas. La preocupación por el aumento de la inversión no puede omitir la dimensión política. Es necesario promover el fortalecimiento de las empresas públicas y de la iniciativa privada con formas de propiedad compatibles con un proyecto de transformaciones profundas implementando políticas de apoyo a los productores familiares agropecuarios, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. En un rápido balance a fines de mayo de 2011, se pueden señalar como las medidas más probables de mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los hogares más pobres y el aumento de los impuestos a las actividades agropecuarias También se puede hacer una lista de los temas pendientes: a) La discusión sobre la redistribución de la riqueza todavía no ha empezado. b) Se produjeron importantes cambios con posterioridad a la aprobación de una Reforma Tributaria en el año 2006 que hay que tener en cuenta para hacer algunos ajustes como parte del proceso de su implementación. i)

en 2007 empezó un acelerado aumento de los precios de las exportaciones uruguayas y los especialistas en el análisis de los mercados internacionales consideran que continuará durante los próximos cinco o diez años.

ii) como resultado de la crisis financiera internacional de 2008 aumentaron los flujos de capital hacia los 61

países dependientes, y sobre todo, hacia los que tienen recursos naturales como tierra apta para el cultivo o minerales. iii) esta tendencia se agudiza con la reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, una tasa menor que la inflación que por lo tanto tiene rendimientos negativos y los capitales en dólares pierden valor. Se suma al objetivo del gobierno norteamericano de devaluar el dólar para aumentar la competitividad de sus exportaciones. Estos dos aspectos, agregado a la inestabilidad del euro, llevan a los inversionistas a buscar bienes materiales y a especular con productos primarios. Este conjunto de cambios permite considerar aumentos de impuestos al capital y a sus ganancias para financiar el gasto público con el objetivo de lograr una mejor distribución del ingreso. Por ejemplo con un impuesto del 6% a la entrada de capital como cobra Brasil o del 35% a las exportaciones con baja industrialización como Argentina. En la sociedad capitalista contemporánea hay que respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Sin tenerle miedo ni olvidar que es imprescindible erosionar su poder progresivamente si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación, con una real igualdad de oportunidades.

El debate ideológico sobre el orden económico Julio Gambina*

Resulta interesante considerar como se hace visible el debate de ideas sobre el orden económico mundial en crisis. A los efectos didácticos, digamos que tres son las posiciones puestas en discusión, que como tales constituyen corrientes intelectuales y políticas que actúa en la conformación de la realidad. Volver al programa liberalizador Una proviene de la ortodoxia neoliberal, que fue afectada en su credibilidad con la explosión de la crisis mundial desde la debacle del 2007/8, y especialmente por la respuesta del salvataje de las grandes empresas con dificultades, que devolvió el intervencionismo estatal a la consideración pública. Cuatro décadas de prédica liberalizadora se estrellaron contra la realidad. Si hasta el titular del FMI pontifica que el Consenso de Washington ha finalizado. Pese a ello, los herederos de Friedrich Von Hayek (18891992 y Nobel de Economía en 1974) y el programa de máxima del gran capital retornan con su discurso por la liberalización desde el encuentro que funciona en estos días Académico argentino. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina. También participa como columnista sobre Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior de este país. *

en Buenos Aires (17 al 20 de abril) y auspiciado por la Sociedad de Mont Pellerín (funciona desde 1947 con su primer encuentro en Suiza y reúne al pensamiento liberal reaccionario contra el socialismo y el keynesianismo). Se proponen discutir en Argentina “El desafío populista para la libertad en América Latina” y será clausurado por Mario Vargas Llosa, que tendrá dos momentos estelares en la semana para enarbolar su propuesta, en este encuentro y en la inauguración de la anual Feria del Libro. El diagnóstico intelectual de esta corriente político ideológica sugiere la necesidad de retomar el rumbo hegemónico de los 80´ y los 90´, con aperturas, flexibilizaciones, privatizaciones y un clima favorable al libre movimiento de mercancías, servicios y capitales. Entre nosotros serán de la partida varios economistas y pensadores asociados a las demandas de las clases dominantes locales, coincidentes con el arco político de la derecha, y no en vano el anfitrión es el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esas ideas son sostenidas en estos días en una columna periodística del inefable Domingo Cavallo, que a 20 años del comienzo de la convertibilidad, se animó a sustentar las políticas económicas que lo tuvo como protagonista importante en los años de la reestructuración regresiva del capitalismo local, en gobiernos dictatoriales como bajo administraciones peronistas y radicales. Hay que sumar a varios argentinos en esta cruzada de reinstalación del pensamiento hegemónico de las últimas décadas del Siglo XX, los cuales serán expositores en el cónclave del Hotel Sheraton, entre ellos al ex Ministro López Murphy, de breve paso por la función ante el rechazo de la movilización popular a su estrategia de ajuste y privatización educativa.

Regular para salvar al capitalismo Una segunda posición con incidencia en la aplicación de las políticas económicas anti crisis asume la necesidad de regular el capitalismo en crisis. Es la corriente que se ha impuesto en estos años de crisis, como modo de salvataje del capitalismo. Es el discurso mayoritario en el G20 y en los cónclaves mundiales que analizan el qué hacer para superar la crisis sin abandonar el rumbo capitalista. Eso explica la presencia de Josepf Stiglitz (nacido en 1943 y Nobel de Economía 2001) en el asesoramiento a la reunión de Naciones Unidas que en Junio del 2010 consideró las políticas para resolver la crisis. Aquella reunión pretendía ser alternativa al antidemocrático G20, en funcionamiento desde fines del 2008 y producto de la crisis mundial. Se trataba del G129 versus el G20, y que mejor que formar una comisión técnica para formular propuestas alternativas, liderada por el Nobel de economía crítico del orden hegemónico hacia la crisis del 2001 y de las ideas dominantes de los 80´ y 90´. Puede ser curioso, pero a comienzos del año y de la presidencia Sarkozy del G20, se encomendó a Stiglitz, asociado al neo keynesiano francés Jean-Paul Fitoussi, la coordinación de una reflexión intelectual sobre el qué hacer ante la crisis. Para ello se convocó a pensadores de diferentes regiones y procedencias ideológicas que sugirieron un conjunto de necesarias regulaciones, en muchos casos con el objeto de resolver la crisis dentro del sistema capitalista. La política del ajuste implementada por Europa era contrarrestada con opiniones tendientes a sostener en el tiempo la política de intervención y regulación estatal para el salvataje del capitalismo. Estas ideas están permeando el clima ideológico en la reunión de primavera del FMI-BM en desarrollo en Washington y que cuentan con la presencia del Ministro de Economía de la Argentina y la Presidenta del Banco Central de la República Argentina. 65

Desde el fin del Consenso de Washington proclamado por el titular del FMI, Dominique Strauss Kahn, socialista francés con aspiraciones de disputar el gobierno de su país, a la preocupación del titular del BM por el posible incremento de 10 millones de pobres si continúa en la coyuntura el alza de los precios internacionales de los alimentos. La pobreza se incrementó en tiempos de crisis en 44 millones de pobres por la suba de precios de comodities, especialmente alimentos, y de continuar esta situación el Presidente del BM Robert Zoellick destaca que el registro subiría a los 54 millones de personas. Son opiniones que encarnan en propuestas de regulación estatal de la economía para evitar una recidiva de la recesión del 2009. Claro que son recetas simultáneas con ajustes del gasto social en aquellos países que ello sea posible, inclusive en EEUU, tal como fue anunciado por Obama en estos días para intentar morigerar el gigantesco déficit fiscal estadounidense, equivalente al 10% de su PBI. Políticas alternativas y anticapitalistas Una tercera posición ideológica, con menor visibilidad propone ir más a fondo que con el salvataje del capitalismo, y pensar en las formas de superar la crisis en simultáneo con la crítica al capitalismo y la sustitución de esa forma del desarrollo y organización económica de la sociedad por otra sustentada en la satisfacción de las necesidades. Algo de ello es lo que ocurre en el Congreso del PC de Cuba a propósito de la discusión sobre el modelo económico de Cuba y la construcción del socialismo. La revolución cubana intenta renovarse y reinventar el socialismo bajo extendida hegemonía capitalista mundial. Algunos pasos relativos a esta posición se asocian a la experiencia de la región nuestramericana en los años recientes de este comienzo del Siglo XXI, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que en sus reformas constitucionales recientes incorporan, especialmente las dos últimas, categorías que recuperan pensamiento 66

ancestral, tal como contemporaneidad. cultura de pueblos de categorías como de Bolívar.

el “buen vivir” en las condiciones de la Es una recreación de pensamiento con originarios que incide en la innovación el socialismo sugerido desde las tierras

En Argentina pasó por estos días un cónclave de pensamiento crítico en el Parlamento, en torno al debate sobre “los derechos humanos y la crisis global de la economía”. La reunión fue animada por parlamentarios de la región junto a redes y movimientos de todo el mundo que denuncian las políticas hegemónicas y especialmente el papel dependiente ejercido por el endeudamiento público para los países del sur del mundo. La búsqueda se orientó en la articulación de propuestas más allá de la crítica al neoliberalismo, para constituir una opinión y subjetividad popular para las transformaciones profundas, de carácter anticapitalista. La polémica constituye tres espacios De este modo, la discusión que atraviesa el rumbo necesario en nuestramérica está condicionada por estas tres variantes, opiniones o corrientes de pensamiento. De un lado la vuelta al programa explícito de la liberalización sustentado en los 80´ y 90´; de otro la crítica a esas políticas, con el impulso de reformas y regulaciones estatales para el salvataje del sistema capitalista, apuntado como el límite de lo posible de sectores radicalizados en tiempos recientes. Finalmente, emerge desde posiciones minoritarias una visión que intenta romper con el posibilismo y cuestiona a la crisis y las políticas anti crisis en curso para indagar y proponer un rumbo anticapitalista, incluso por el socialismo.

Periodos de la economía del Paraguay. Aportes a un debate inconcluso Luís Rojas*

El sistema económico y político vigente en el Paraguay actual, así como las consecuencias económicas y sociales que del mismo emergen, son resultado de largos procesos históricos marcados por confrontaciones permanentes y la decisiva influencia de actores externos. El modelo agroexportador que hoy predomina en el país tiene profundas raíces en la convulsionada historia de esta región del mundo, dominada en un principio, ya hace varios siglos, por diferentes grupos indígenas, posteriormente por los enviados del reino colonizador, hasta una nueva hegemonía de los nacidos en estas tierras, para finalmente caer en manos de las poderosas corporaciones económicas que se adueñaron del mundo a lo largo del siglo XX. En el caso del Paraguay, la estructuración y organización económica y social se ha dado históricamente a partir del uso y la propiedad de los recursos naturales, en especial de la tierra, y el tipo de producción agropecuaria o extractiva desarrollada en cada época, dada la central participación de estas actividades en la economía nacional. La seña de identidad de la economía paraguaya siempre ha sido marcada por el destino que se ha dado a la tierra, para extraer de ella o para crear a partir de ella los productos necesarios tanto para la vida como para la acumulación de riquezas. Y este rasgo distintivo puede verse tanto en la época colonial como en el día de hoy. La posesión de la tierra y las relaciones de producción establecidas a partir de ella han estado en la base constitutiva de la configuración nacional en todos los periodos de su historia. *

Investigador de BASE Investigaciones Sociales.

Una periodización de la economía paraguaya debe responder, más allá de las formas políticas predominantes en cada época, al tipo de organización económica hegemónica en cada caso, y en nuestro caso esta hegemonía deriva del control y el uso que se ha dado al más abundante y disputado recurso del país, que es la tierra, generadora de infinidad de frutos y motivo de disputas interminables. Es necesario apuntar también que una periodización económica no implica una uniformidad en toda la economía nacional en cada periodo establecido, puesto que en cada momento conviven diferentes modos de producción, como ocurre en el presente con el modo de producción indígena que pervive en varias comunidades, y el modo capitalista que predomina en la mayor parte del país. Pero esto no excluye que haya un modo de producción hegemónico en cada época, y es el que referencia y distingue a cada periodo económico establecido. Asumiendo esta posición teórica, podemos dividir a la historia de la economía paraguaya en al menos tres grandes periodos. Época colonial: Economía dependiente (1524-1811)

feudo-mercantilista

La conquista y posterior colonización ejecutada por los europeos en todo el continente americano destruyeron gran parte de la sociedad y las formas de economía indígena, caracterizada por la organización comunitaria, el uso colectivo de los recursos naturales y por relaciones entre sus miembros mayormente de cooperación y complementación. En rigor, el siglo XVI fue principalmente de conquista de nuevos territorios, y ya los siglos XVII y XVIII de consolidación de la nueva economía colonial, dirigida por los intereses de España. Los colonizadores se fueron apropiando de grandes extensiones de tierras, anteriormente utilizadas por los pueblos indígenas, y una vez que aseguraban la posesión de las mismas, las otorgaban en parte a la población que colaboraba y ejecutaba el proyecto colonial, para generar productos que puedan dirigirse al comercio internacional, 70

en gran medida a partir de la explotación del trabajo indígena de diversas formas, como los regímenes laborales conocidos como la mita, la encomienda o el yanaconazgo. Bajo estas formas de explotación de la población nativa en este periodo se produjeron rubros como la yerba mate, tabaco, maíz, algodón y mandioca, parte importante para el comercio exterior. El periodo tuvo una impronta feudal por la explotación de la fuerza de trabajo bajo condiciones de semiesclavitud o de servidumbre, a partir del control del territorio y las emergentes formas políticas, por parte de los colonizadores, quienes dependían de las líneas políticas estratégicas de la metrópolis española, orientada esta última por una lógica mercantil de acumulación de riquezas a partir del comercio exterior. Época independiente: Economía nacional autónoma (1811-1870) A partir de la ruptura de la dependencia del Reino de España mediante los hechos de 1811, además de las instituciones políticas, también la estructura de propiedad y producción fue cambiando progresivamente. Bajo el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia se realizó la recuperación de la mayor parte de las tierras que estaban en manos de los españoles, así como de las órdenes religiosas y de otros propietarios privados, que fueron transferidas a favor del Estado paraguayo. Una parte de esas tierras fueron arrendadas a la población campesina, a cambio de un bajo pago anual, a condición de que las mismas sean trabajadas en actividades agropecuarias, con una fuerte orientación hacia la producción de autoconsumo y la conversión de los terrenos en pasturas. Este proceso de producción a partir de la incorporación de la fuerza de trabajo campesina diversificó la producción nacional, aumentó la actividad productiva y el empleo, garantizó la suficiente disponibilidad de alimentos para toda la población y redujo a márgenes estrechos las desigualdades sociales en el país. No obstante, en algunos sectores se mantuvieron situaciones 71

de exclusión y desigualdad, que afectaban en especial a grupos indígenas y afrodescendientes. En la misma dirección del fortalecimiento del desarrollo productivo autónomo del país, se establecieron en principio más de sesenta “estancias de la patria”, que eran unidades productivas agropecuarias estatales, estratégicamente ubicadas para garantizar la integridad territorial y generar importantes ingresos al Estado, lo que permitió reducir los impuestos sobre la población. El gobierno controlaba la mayor parte del comercio y fomentó el establecimiento de industrias, fortaleciendo el crecimiento económico hacia adentro, priorizando las necesidades de la población local y el mercado interno, antes que las demandas internacionales. Esto puede verse con el caso de la yerba mate, que en la colonia se orientaba principalmente a la exportación, mientras que en el periodo francista se priorizó el mercado local. Como ejemplo, en el año 1808 se exportaron 327.150 arrobas (1 arroba es igual a 11,5 kilos), bajando las exportaciones a tan solo 9.084 arrobas en 1839. Este sistema prosiguió en el periodo de los López, caracterizado por una agricultura parcelario-comunitaria, con un Estado autárquico y solvente, y un importante sesgo hacia la inversión en infraestructuras, en el desarrollo tecnológico, y en la capacidad técnica de la población. Esto quedó patente en la construcción del ferrocarril, el telégrafo, las fundiciones de hierro, astilleros e importantes obras de arquitectura. Y esto fue realizado sin endeudar al país con créditos internacionales, dado que el Estado contaba con los recursos económicos a partir de su participación directa en actividades productivas y comerciales. El Paraguay logró construir una economía nacional y autónoma, orientada hacia el progreso y el desarrollo del país.

Época liberal y autoritaria: Economía capitalista dependiente (1870-2011) El modelo autónomo de desarrollo del periodo independiente entró en contradicción con el expansionismo del capitalismo mundial, pues era muy poco permeable a los flujos de bienes y capitales internacionales. Los grandes capitales ingleses, dominantes en la época, aliados a las burguesías expansionistas del Cono Sur americano, decidieron la destrucción del modelo paraguayo, a fin de evitar su réplica y consolidación, y alinear al país a las necesidades de acumulación internacional. La Triple Alianza arrasó el modelo independiente paraguayo, por medio de un genocidio y la destrucción de la base productiva, e inauguró una nueva colonización del país. Después de la guerra se malvendieron las tierras públicas a favor de grandes capitales extranjeros, dislocando el modelo hacia la producción de materias primas para el mercado externo, desencadenando una fuerte concentración de la tierra, el fortalecimiento de los latifundios y los enclaves de extracción de productos agroforestales. Se justificó esta privatización de las tierras argumentando la necesidad de obtener recursos para enfrentar las deudas y los gastos del Estado, sumando la idea de que el Estado es mal administrador de bienes productivos. Por un decreto del año 1885, Bernardino Caballero ordenó la venta de la totalidad de las tierras públicas. Los campesinos e indígenas no podían comprar las tierras, por lo que tuvieron que emplearse en los enclaves extractivos bajo condiciones de absoluta explotación. Los latifundios tanineros, madereros y yerbateros funcionaban de forma cuasi-feudal, por la autoridad que ejercía el dueño de la propiedad, incluyendo mecanismos de coacción y represión al alcance de los patrones, mecanismos tradicionalmente monopolizados por el Estado. A ello se sumaba la sobreexplotación de los obreros rurales, se trabajaba en los enclaves entre 14 y 16 horas diarias, en las peores condiciones y a cambio de una paga miserable, casi siempre en especies. Así en los años siguientes se consolidaron el 73

modelo dual latifundio-minifundio, la exportación de la riqueza y los excedentes, y la expansión de la pobreza y la dependencia en el país. Un nuevo colonialismo externo e interno se arraigó, acompañado en lo ideológico por el surgimiento del discurso civilizatorio, que contraponía civilización con barbarie, lo moderno con lo atrasado, lo extranjero con lo local. Esta fue la vía oligárquica a un capitalismo dependiente al que fue sometido el Paraguay. A la par de la nueva estructuración económica, se fue formando el Estado oligárquico, construido por la clase dominante para el mantenimiento y la expansión de sus intereses. Dicho Estado fue controlado por décadas por el sector terrateniente rentista vinculado a la tierra, cuyos componentes, apoyados por el poder político y la nueva legislación, establecieron relaciones de producción esclavistas, serviles y capitalistas con la masa de trabajadores, heterogeneidad de relaciones que surgió por el carácter dependiente del capitalismo naciente en el país. Las relaciones de producción comunitarias y de gran autonomía del periodo independiente fueron suplantadas por las relaciones antes mencionadas, lo que expandió de forma masiva el empobrecimiento en el Paraguay. En el país no se desarrolló un proceso de industrialización, por la necesidad exclusivamente de materias primas del mercado internacional y la inexistencia de una acumulación interna de capital, dado el tipo de inversión extranjera que se radicó en el país. La participación paraguaya en el excedente económico generado por las exportaciones fue mínima, a partir de la preeminencia de la inversión extranjera en esta actividad. El modelo de enclaves de exportación entró en crisis después de 5 décadas de su implementación, crisis acelerada por la depresión mundial de 1929, a lo que se sumó la influencia nacionalista desatada en el país con la Guerra del Chaco. En esos años aumentó la presión del campesinado empobrecido, por lo que el Estado se vio obligado a habilitar nuevas colonias y adjudicar tierras, aunque de forma insuficiente. En 1936 alcanza su pico el 74

impulso nacionalista y popular, con la revolución febrerista, que entre otras cosas promulgó una ley para expropiar cerca de 2 millones de hectáreas de tierras sin indemnización, pero la misma apenas pudo implementarse por el golpe militar contra Rafael Franco en 1937. En 1940 se promulgó el Estatuto Agrario, que permitió legalizar algunos asentamientos ocupados y habilitar nuevas colonias, para controlar la presión que iba aumentando desde diversos sectores sociales. No obstante, la estructura concentrada de tenencia de la tierra no fue afectada. En todo ese tiempo no se generalizaron relaciones de producción propiamente capitalistas en la producción agrícola. Primeras experiencias de agricultura capitalizada de tipo farmer (explotaciones medianas, mecanizadas, con insumos modernos, contrataciones temporales de jornaleros y cultivos de renta) se dieron en la década del 30 y 40 de forma muy restringida, por parte de colonos europeos y japoneses en el sur del país. En los años 60 el gobierno dictatorial de Stroessner impulsó el Plan del Trigo, con insumos modernos de la naciente revolución verde y créditos de la Alianza para el Progreso patrocinada por los EE.UU., para expandir el capitalismo en el agro, pero luego de unos años el plan fue abandonado con pocos resultados. El escenario en el campo cambia en la década del 70, cuando se expande la agricultura mecanizada en los estados sureños del Brasil, fenómeno que sobrepasa sus fronteras y penetra fuertemente en el Paraguay, con una numerosa inmigración de brasileños y la inclusión en el país de su rubro estrella, la soja. Esta fue la primera gran oleada de mecanización del campo paraguayo, estimulada por las diferencias de precio de la tierra entre los dos países y la gran permisividad de la legislación y de las autoridades nacionales, lo que dio lugar a un desplazamiento sostenido de la población campesina e indígena paraguaya de la zona fronteriza con el Brasil, acelerándose también la destrucción del medio ambiente. Esta primera expansión de la agricultura mecanizada se estancó a mediados de los 80, 75

por el contexto de crisis económica a nivel externo e interno. A mediados de los 90 recobra impulso la producción de soja por la creciente demanda internacional, y empieza a crecer sostenidamente la superficie cultivada. Con el nuevo milenio aparece la semilla transgénica en el país, lo que da un nuevo impulso al monocultivo, que crece de forma acelerada hasta nuestros días. En esta última etapa emergen como los actores hegemónicos de la agricultura empresarial, ahora llamada agronegocio, las corporaciones transnacionales que se instalaron en el país, las que siguen exportando las riquezas y gran parte de los excedentes generados en el territorio paraguayo. Hoy, ya concluida la primera década del siglo XXI, la propiedad de la tierra sigue siendo determinante en el Paraguay, tanto para la generación de riquezas como en la persistencia y crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la migración interna y externa, la delincuencia y la violencia social, el subempleo y el bajo acceso a los alimentos y bienes básicos para la vida. Referencias bibliográficas Fogel, R. 2001. Las luchas campesinas. Asunción: CERI. García, A. 1982. El minifundio en el proceso agrario del Paraguay, en Estado, campesinos y modernización agrícola. Asunción: CPES. Lara Castro, J. 1985. Paraguay: Luchas sociales y nacimiento del movimiento campesino, en Historia política de los campesinos latinoamericanos. Vol. 3. México: Editorial Siglo XXI. Palau, T. 2004. Capitalismo agrario y expulsión campesina. Asunción: CEIDRA. Pastore, C. 1972. La lucha por la tierra en el Paraguay. Montevideo: Editorial Antequera. 76

Rojas Villagra, L. 2009. Actores del agronegocio Paraguay. Asunción: BASE IS.

White, R. 1984. La primera revolución radical de América. Asunción: Ediciones La República.