IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA NUEVA NORMA DE LA SBP

de criminales que ni siquiera se encargaron de robarlos.

Ello demuestra que no importan las actividades de las empresas, la industria a la que pertenezcan, su tamaño o ubicación geográfica, e independientemente del ataque utilizado para afectarlas, la meta es el robo de información.

Por estas razones, la protección de datos personales, un derecho ciudadano que brinda la facultad para controlar a voluntad la información personal de cada individuo, que es almacenada, procesada o transmitida por terceros, está en la agenda de Gobierno y empresas.

En anteriores entregas he detallado los principales puntos de la Ley No. 81 del 26 de marzo de 2019, y en esta ocasión haré énfasis a la Política N.65 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sobre este tema, emitida en octubre del año pasado, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente del tratamiento y protección de datos personales de clientes, visitantes, proveedores y titulares de los datos gestionados por esta entidad.

La norma busca brindar, a los propietarios de los datos personales, un mecanismo para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Establece los requerimientos mínimos de seguridad para la gestión y tratamiento de todos los datos personales, así como de las bases de datos que contengan datos personales y sobre los cuales esta entidad actúa como responsable.

La información es fundamental para las operaciones diarias, aunque no siempre es propiedad de las empresas, sobre todo si consideramos que estos datos pueden pertenecer a los clientes o usuarios. Por ello, en los últimos años ha cobrado relevancia la protección de datos personales, que en Panamá lo regula la Ley No. 81 del 26 de marzo de 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo Decreto Ejecutivo No. 285 del 28 de mayo de 2021.

Debido a la importancia de los datos y los beneficios que pueden generarles a los cibercriminales que buscan adueñarse de ellos, continuamente se detectan brechas de seguridad relacionadas con la fuga de información.

Es común leer noticias de casos importantes de robo de datos tanto de empresas como de Gobierno y de redes sociales que afecta a millones de clientes o usuarios.

La revista colombiana Semana publicó en su edición del 4 de febrero que el 2023 comenzó con una explosión de ciberataques a empresas de la salud e instituciones estatales de ese país. Colectivos de hackers, informa la publicación, han logrado infiltrar las redes de empresas reconocidas como Sanitas, Audifarma y EPM, incluso han llegado a infiltrar organismos como la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo: robar los nombres, números de cédula, números de tarjeta, correos electrónicos, fotos de la cédula física, que pueden terminar en manos

Se detalla el tratamiento que se le debe dar a esta información y contempla las limitaciones de este derecho cuando se trata, por ejemplo, del cumplimiento de un objetivo del interés público. Es decir, cuando el procedimiento impida o entorpezca el debido trámite dentro de un proceso administrativo o judicial o por seguridad del Estado, o sea necesario para el ejercicio de las funciones propias de las autoridades.

Los datos sensibles no serán objeto de transferencia, excepto en los casos siguientes:

• Cuando el titular haya dado su autorización explícita, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.

• Para salvaguardar la vida del titular y se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos casos, los acudientes, curadores o quienes tengan la tutela deben dar la autorización.

• Cuando los datos sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso con autorización judicial competente.

• Para una finalidad histórica, estadística o científica. En este caso, deberán adoptarse las medidas conducentes a disociar la identidad de los titulares.

Si tiene dudas respecto a estas regulaciones, en Veló Legal podemos orientarlo o asesorarlo.

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