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Jalisco, atrasado en la Justicia Digital
PORTADA de México
Jalisco, atrasado en la Justicia Digital: María Eugenia Villalobos Ruvalcaba
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“Sí nos falta muchísimo”, así es como la magistrada María Eugenia Villalobos Ruvalcaba ha calificado el avance de la llamada justicia digital y se lamenta que este tema sólo ha significado comprar más computadoras, aunque advirtió que si Jalisco quiere avanzar hacia un Tribunal digital tendría que esperar a las reformas nacionales, dado que los estados ya carecen de facultades para hacer reformas procesales.
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PORTADA DE MÉXICO entrevistó a la magistrada María Eugenia Villalobos, presidenta de la Tercera Sala Especializada en Materia Civil, sobre temas de pandemia de COVID-19 y la justicia digital.
Recordemos que en medio de la pandemia de coronavirus que vive no solamente México sino el mundo entero, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para modificar el artículo 17 de la Constitución con el fin de garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).
El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, dice el legislador, “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.
Ante ello la integrante del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) manifestó que en tiempos de esta pandemia se han valido de las herramientas digitales como al notificación electrónica, que ha facilitado las fases judiciales en los procedimientos.
No obstante, subrayó, un número importante de abogados se rehúsan a utilizar esta herramienta electrónico, aunque cabe aclarar que muchos de ellos lo hacen por táctica en su procedimiento de defensa. Sostuvo que esta herramienta digital representa sólo un 30 por ciento en los procedimientos porque “es una respuesta social muy baja”.
“Uno de los avances es este sistema de notificación electrónica y ya está autorizado el boletín electrónico aprobado por el Congreso, es otro de los avances que se tiene en la reforma del Boletín Electrónico, eso nos permitirá agilizar los procedimientos”, señaló.
No obstante, la magistrada indicó que desde que ingresó al Poder Judicial, ya que ha llegado al cargo de magistrada dada su carrera judicial, se ha prometido ingresar a la justicia digital y nada.
“Tengo aquí como 28 años y desde que ingresé al Poder Judicial siempre ha sido un tema recurrente y vamos a poner los mejores software del mundo y terminamos con este avance informático comprando computadoras. Pero la computadora no me va a dar un avance de sistema, el avance me lo dan los software”.
Aunque admitió que sí se ha avanzado pero “nos fala muchísimo”.
Recordó que cuando en 1994, en que estaba en el Juzgado Octavo Civil “me llegaron los primeros exhortos y los propios abogados te decían que era una maravilla porque en cuanto llegaba el exhorto, lo imprimían y lo entregaban al litigante y ya venían computarizados”.
Más sin embargo, la entrevistada se lamentó que a diferencia de estados como Aguascalientes, Querétaro, “en Jalisco seguimos con el sistema de turne su expediente para que le hagan el exhorto, turne su expediente para que le elaboren el oficio, entonces sí estamos atrasados”.
Villalobos Ruvalcaba reconoció que los justiciables padecen del viacrucis judicial y “seguimos en el sistema de la libretitis y de todo ese turno interno; creo que debería dejar de existir”.
En su opinión Digitalizar al Poder Judicial sería lo ideal porque “ya tenemos 30 años de la Informática y aquí (STJ) 30 años sin informática”.
No obstante las intenciones de entrar a la justicia digital, “desgraciadamente las reformas de Procedimiento, los estados por una reforma constitucional federal ya no tienen facultades, por lo que los congresos carecen de facultades para hacer reformas procesales”.
Aquí recordó el caso del estado de Coahuila en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de los Decretos 1159 y 1161, publicados el 23 de enero de 2018, por medio de los cuales se reformó el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativos a cómo debe actuar un Juez al considerar que carece de competencia para conocer de una demanda y al plazo para interponer recurso de apelación.
“Sería ideal que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto y proceda a elaborar el Código Procedimientos Nacional Único, pero ya con todo este avance tecnológico. Pero ahora bien una cosa importante: presupuesto, sin dinero no se puede hacer nada, pero antes que dinero se necesita voluntad política”, apuntó.
Ante las iniciativas que se están estudiando en el Congreso de la Unión referentes a la Reforma Judicial, la juzgadora consideró que “la diarrea legislativa es uno de los factores que nos tiene atorados. Antes se hacían las reformas con un sustento real, tomando en cuenta los factores, sociales, políticos y económicas reales para acondicionar la ley a las necesidades de la sociedad y no las
necesidades del legislador que trae una cuota de emitir iniciativas”.
Insistió en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Integral.
“Y debería de aglomerar todo lo que implica el avance del procedimiento con las herramientas tecnológicas. Las herramientas son para servir al derecho, sólo introdúcelas allí”, demandó.
COVID-19 Y LA JUSTICIA
En cuanto al tema de la pandemia de SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad de COVID-19, inició con una pregunta “¿Qué se ha tratado de hacer?” y respondió: “Pues dar la mejor respuesta al justiciable en la medida de lo posible salvaguardando desde luego la salud de las personas y tratando de equilibrarlo con el entendimiento de los artículos 14, 16 y 17, es decir brindar justicia y seguridad a la ciudadanía”.
Hay que recordar desde marzo quedaron suspendidos los términos judiciales y fue hasta el 17 de junio se apertura para recepción de escritos y notificación electrónica pero no corrían términos.
En cuanto al atraso en el sector de la justicia durante la pandemia de coronavirus expuso que “el atraso sería en perjuicio de los derechos de los justiciables”.
Para ejemplificar el atraso en los procedimientos de justicia expuso que “en 2017 en toda la anualidad recibimos 851 apelaciones, en 2018, 786, en 2019, 801, en toda la anualidad. De esa anualidad de enero a julio –porque aperturamos el 17 de junio sin términos y los términos fueron al 3 de agosto- hay un corte a julio, en 2017 recibimos 511, en 2018, 459, en 2019 a julio 451, y en 2020 a julio 244, que prácticamente son con los casos que nos quedamos parados en marzo”.
Abundó: “Si hacemos un análisis comparativo estamos viendo que en lo que no se dio trámite, cuál sería la parte proporcional que de manera más directa sufrió una afectación al paralizarse completamente además de los que se pudieron quedar pendientes de sentencia, estamos hablando de un tercio de lo que nos hubiese llegado”.
No obstante, anotó que “es grave en cuanto a que la sociedad espera una respuesta pronta porque es un derecho fundamental recibir una justicia pronta y expedita, sin embargo la situación fue complicada”.
Por último, explicó que en medio del COVID-19 se trató de equilibrar el derecho fundamental de salud que prevé el artículo 4 Constitucional con el derecho de una justicia pronta y expedita como principio de seguridad jurídica, legalidad, previstos en los artículos primero, 8, 14, 16, 17 y 21, de la Constitución Política de México.
